Tinterillos usan hasta datos de abogados muertos para estafar

El Comercio | En el Poder Judicial están pendientes 165 denuncias contra falsos letrados. Jueces y fiscales advierten que sus actos pueden anular partes del proceso

Por Elizabeth Salazar Vega

Más de un siglo después, el vil 'oficio' del tinterillaje sigue burlando a la justicia y a los desesperados que necesitan de ella.

A media cuadra de la Corte Superior de Lima Norte, en plena avenida Carlos Izaguirre, tres jovencitas con cartulinas en la mano nos rodean para ofrecer los servicios de un abogado en la puerta del edificio signado con el 134 . En el tercer piso del inmueble hay cuatro oficinas, pero la más próxima a la escalera pertenece a la 'Doctora Vicky', quien escucha con interés nuestra presunta intención de iniciar un juicio por alimentos.

"Solo tienes que traerme copias de tu DNI, la partida de nacimiento del bebe y la tarjeta de vacunas. Normalmente cobro 250, pero te lo dejaré en 200 soles", dice, mientras saca un trozo de papel para anotar los requisitos, número de teléfono celular y su nombre: Victoria Vargas R. ¿Y cuánto demorará el juicio? "En un mes te lo tengo todo listo. Yo misma voy a llevar el caso".

La 'doctora' nos ofrece resultados en tiempo récord, sobre todo si los comparamos con el promedio de seis meses a un año que les toma a otras madres denunciantes obtener un fallo en los juzgados. Cuando le pedimos identificarse como abogada colegiada, Vargas se excusó diciendo que se le habían acabado las tarjetas de presentación, pero lo cierto es que su nombre no aparece en la base de datos del Colegio de Abogados de Lima (CAL).

Según Nancy Espinoza, administradora de la sede norte del CAL, los distritos de Independencia, Comas y Los Olivos concentran el mayor número de tinterillos de la capital debido a la débil fiscalización de escritos que ingresan a los despachos judiciales, la poca vigilancia policial en los exteriores de las sede y el desconocimiento de la población respecto de cómo identificar a un verdadero abogado.

SE HACEN LOS MUERTOS
Éver Ruiz Vargas, director de Defensa Gremial del CAL, refiere que en los últimos 15 años su gremio ha podido asumir la defensa de 266 personas estafadas por el mismo número de tinterillos, aunque la cifra no refleja la verdadera dimensión del problema, ya que estos sujetos atienden diariamente hasta a cinco clientes, y no todos ellos se atreven a denunciar el engaño. Aun así, algunos procesos obtuvieron una sentencia desfavorable, debido a la falta de pruebas o porque los leguleyos alargaron el proceso lo suficiente como para conseguir la prescripción de su delito, lo cual se da tres años después del hecho. Para tener una idea: de los 35 casos considerados prioritarios el 2007, 12 obtuvieron sentencia y el resto corre el riesgo de prescribir.

"Hasta el momento tenemos en el Poder Judicial 165 denuncias que están, en su mayoría, a la espera de dictamen y fecha de sentencia. Las penas, sin embargo, no implican cárcel efectiva, por lo que estos sujetos siguen captando a víctimas en los exteriores de la carceleta o sedes judiciales", explica Ruiz Vargas.

Según el artículo 363 del Código Penal, el ejercicio ilegal de la profesión se castiga con penas no menores de uno ni mayores de cuatro años de pena privativa.

En las intervenciones que ha podido liderar para detener a estos sujetos, la fiscal de prevención de delito Julita Pachas ha advertido el perfeccionamiento de las modalidades usadas por los falsos abogados. Lo más común, por ejemplo, es que aguarden en los exteriores de la carceleta a personas desesperadas debido a la detención de algún familiar, y que merodeen los juzgados de familia y ofrezcan servicios para tramitar autorizaciones de viaje de menores o juicios por alimentos. Hay quienes han dado un paso más allá y consiguen que el cliente les firme una carta-poder para que se encarguen de ver el juicio. "Ese es un gran problema para nosotros, pues cuando los intervenimos nos muestran la carta-poder que los convierte en parte interesada, por lo que no se puede probar que sean tinterillos. Otro inconveniente es que, por unos soles, algunos malos abogados acceden a firmar escritos traídos por personas que previamente fueron atendidas por tinterillos. Ellos no han hecho el documento, pero lo firman sin importar que esa solicitud judicial no va a prosperar porque está mal elaborada", indica Pachas.

La corrupción en un sector de la abogacía alienta el accionar de los tinterillos, pues estos no solo falsifican el sello y la firma de verdaderos abogados, sino que muchas veces son asistentes o trabajadores de un estudio de abogados y tienen el aval de su jefe, que sí es letrado. "Cuando se les detiene, dicen que solo son jaladores y que todo el trámite lo seguía su jefe, pero es mentira, pues ellos tienen el aval para hacer escritos", agrega.

Además de ello --dice la fiscal-- ha podido identificar que los tinterillos usan el nombre y los datos de abogados muertos para concretar su delito. En efecto, en los registros del CAL se puede encontrar una denuncia del 2007 sobre el uso ilegal del código de colegiatura 1116, perteneciente a Eduardo Rada Jordán, fallecido en el 2003.

ESTAFA LEGAL
Quienes contratan el servicio de un tinterillo pueden pagar hasta un 80% menos de la tarifa normal de un letrado, pero, como explica el titular del Juzgado Penal 7 de Lima Norte, Enrique Pardo del Valle, estos corren el riesgo de que el proceso sea declarado nulo. "Se dan dos situaciones: el tinterillo no presenta nada, simplemente estafa y desaparece; o lleva adelante un proceso con conocimientos empíricos. Cuando se detecta la intervención de un tinterillo se da opción a la parte afectada a que busque otro abogado y el proceso sigue su curso, pero en la mayoría de casos los escritos hechos por estos sujetos se tienen que anular. El caso retrocede".

Éver Ruiz advierte que el tema se agrava cuando se trata de litigios de propiedad, en los cuales la víctima cree que su caso está siendo supervisado por el 'abogado', pero en realidad este no viene ejecutando defensa alguna. "Los plazos corren y la víctima podría perder su casa".

Si las consecuencias son graves, ¿por qué no se frena este delito? Para Natalia Torres, del consorcio Justicia Viva, el problema está en la débil conexión entre los operadores de justicia (policía, jueces y fiscales) para prevenir este hecho, poniendo en práctica un efectivo control de los profesionales que acuden a sedes judiciales. La fiscal Pachas dice que recién hace unos meses se ha hecho extensiva la recomendación para que en mesa de partes ingresen solo documentos suscritos por abogados habilitados, previa verificación en la página web del CAL.

Coordinan acciones conjuntas
Son muchos los factores y descuidos que confluyen para crear un ambiente idóneo para el ejercicio del tinterillaje. Por lo pronto, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha iniciado una campaña contra el ejercicio ilegal de la abogacía y para ello sus representantes vienen sosteniendo reuniones con la Corte Superior de Lima y el Ministerio Público. Una de las primeras medidas será hacer de uso obligatorio la verificación de la habilitación de los colegiados que se acerquen a las dependencias a presentar documentación o averiguar por algún caso.

Sin embargo, entre sus planes no está abordar el problema de los tinterillos que se pasean dentro de las sedes judiciales. La principal excusa de los funcionarios del Poder Judicial es que, al tratarse de un local público, no pueden restringir el libre tránsito de las personas por los pasillos. Bastaría con solicitar la verificación y carnet de quien ingresa diciendo que es abogado; sin embargo, el juez Enrique Pardo del Valle advierte que ello serviría de poco porque el carnet de colegiados sufre constantes cambios, dependiendo de las autoridades que son elegidas.

En la sede de Lima Norte se ha previsto la instalación de rejas en los exteriores para controlar el pase de estas personas, no obstante, aún no se tiene previsto planificar un trabajo de inteligencia coordinado con la PNP para dar con la identidad real y el paradero de estos tinterillos.

A SU SERVICIO
Sepa cómo identificar a los estafadores
A. No acepte la ayuda de las personas
que lo abordan en los exteriores se las sedes judiciales y le ofrecen servicios de abogado si no se identifican con un carnet y le muestran un código de colegiatura.

B. Si tiene dudas, ingrese a la página www.bibliotecal. org.pe/consulta_habilidad/ del Colegio de Abogados de Lima para conocer si el letrado se encuentra habilitado.

C. Esté siempre pendiente de los juicios que ha iniciado y de ser posible acuda usted mismo, junto con su abogado, para ver cómo marchan estos. No les entregue cartas-poder, salvo que sea muy necesario.

D. Si fue víctima de una estafa, denúncielo en el CAL. Llame al 710-6694, al 710-668 o acuda a su sede ubicada en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Ellos asumirán su defensa.

(ANDINA).- La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) impuso en lo que va del año 416 medidas disciplinarias, entre los que se encuentran la destitución de magistrados y trabajadores del Poder Judicial por actos de corrupción e inconducta funcional en el ejercicio de su función.
De acuerdo a las estadísticas proporcionadas a la agencia Andina, la Ocma solicitó un total de 33 pedidos de destituciones en contra de jueces y 49 para auxiliares (trabajadores judiciales).

Los requerimientos contra los magistrados deberán ser resueltos en última instancia por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que es la institución encargada de revisar estos casos.

La Ocma, que preside la vocal suprema, Elcira Vásquez Cortez, dispuso además 33 suspensiones, 237 apercibimientos (llamadas de atención), 61 multas y 3 separaciones de magistrados y trabajadores.

El órgano contralor del Poder Judicial ordenó además 103 abstenciones de magistrados, auxiliares y jueces de paz en lo que va del año, de acuerdo a las cifras oficiales.

El número más alto de abstenciones se observa en casos de los magistrados que llegan a los 38 casos.

Según la función de la Ocma, su labor es velar para que la conducta privada y funcional, así como la idoneidad moral y técnica de los magistrados y auxiliares del Poder Judicial, sean las apropiadas para el desempeño de la función, tal y como la justicia lo exige.

La Oficina de Control fue creada por Decreto Ley 21972 del 25 de octubre de 1977, luego el 26 de octubre de 1988, mediante Ley N° 24912, se le concedió facultades sancionadoras.

El Comercio| Habría faltado quórum en sesión en que se absolvió al magistrado Néstor Pomareda

La integrante del Consorcio Justicia Viva Cruz Silva cuestionó la reciente resolución --no hecha pública aún-- del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) referida a la absolución de los magistrados Ángel Romero Díaz, Néstor Pomareda e Ida Rodríguez, quienes en el 2006 fallaron a favor de la reincorporación de 32 ex trabajadores del Banco Central de Reserva (BCR) que en 1992 se habían acogido a incentivos para su despido voluntario.

Silva dijo que el cuestionamiento se basa en el caso de Pomareda, pues la resolución en mayoría del CNM concluye --con la firma de cuatro de sus consejeros-- que no se le debe sancionar por la acusación de que este magistrado contravino al Tribunal Constitucional al fallar a favor de los ex trabajadores.

"Es unos de los aspectos cuestionables y confusos que harían que el CNM anule su resolución, pues en voto singular dos de los consejeros afirman que Pomareda sí tiene responsabilidad. Esto es contradictorio. Sin embargo, en su voto singular los consejeros Francisco Delgado de la Flor y Edwin Vegas señalan que son tres los consejeros los que decidieron absolver a Pomareda, cuando el quórum requerido para este tipo de decisión es de cuatro consejeros de acuerdo con la normatividad del CNM", manifestó.

Consultado al respecto, el presidente del CNM, Edmundo Peláez, señaló que para los casos de destituciones la normatividad del CNM no exige un quórum de cuatro de sus integrantes.

"Este cuestionamiento lo vamos a dilucidar el próximo lunes 7 de julio, fecha en que recibiremos a los abogados del BCR, quienes también cuestionan nuestra resolución", manifestó Peláez.

Según la Resolución 076-2008 del CNM, se pronunciaron a favor de la absolución de Pomareda los consejeros Peláez, Maximiliano Cárdenas y Efraín Anaya.

Por una sanción menor --es decir, por una suspensión de tres a seis meses del ejercicio de la magistratura-- votaron los consejeros Delgado de la Flor y Vegas.

Por la destitución de Pomareda votaron Aníbal Torres y Carlos Mansilla.

Separan a juez de Tocache que ordenó excarcelacíón de presunto violador

(ANDINA).- La jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), Elcira Vásquez, dispuso hoy separar y abrir proceso disciplinario al juez de Tocache, Edie Noriega Lozano, por haber ordenado la excarcelación de Feliciano Gonzales Tolentino, quien habría ultrajado sexualmente a una niña de 11 años.
El referido juez Noriega Lozano, calificó la denuncia contra Feliciano Gonzales y ordenó su detención en marzo pasado, pero luego varió su mandato y dispuso la comparecencia restringida del inculpado, inclusive confirmó su resolución.

Este caso se dio a conocer por las diversas denuncias periodísticas que informaban sobre el irregular accionar del magistrado, quien dejó en libertad a Gonzales pese a contar con un video de la Policía que registra el preciso momento en que el violador fue detenido cuando pretendía atentar contra la menor.

La intervención del órgano contralor, fue dispuesta por la jefa de la Ocma, inmediatamente después de tomar conocimiento de las denuncias hechas por los medios de comunicación sobre el beneficio al que accedió el inculpado.

De acuerdo a las investigaciones, el procesado Gonzales Tolentino, fue sorprendido cuando pretendía mantener relaciones íntimas con la menor P.M.A.S. de once años de edad en una habitación que él alquiló con dicho propósito.

El separado juez Noriega Lozano será sometido a un proceso disciplinario ante la Oficina de Control que examinará el contenido de sus resoluciones y determinará la sanción que le corresponde en el caso de hallársele responsabilidad.

Actualmente, el presunto violador Gonzales Tolentino, se encuentra detenido en la delegación policial de Tocache, a la espera de su traslado al respectivo centro penitenciario, luego que se ordenara nuevamente su detención tras conocerse estos irregulares hechos.

Órganos de inteligencia se reunirán cada quince días para intercambiar información sobre conflictos sociales

(ANDINA).- Los distintos órganos de inteligencia en el país se reunirán cada quince días para intercambiar información y coordinar acciones que permitan prevenir los conflictos sociales y cualquier alteración al orden público, informó el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz.
Sostuvo que la decisión se ha tomado con la finalidad de coordinar mejor la labor de inteligencia y buscar una respuesta del Estado más eficiente ante cualquier conflicto que pueda surgir en el país.

“Hay que intercambiar información, opiniones, pareceres (…) por eso hemos dispuesto que estas reuniones sean cada 15 días”, indicó en declaraciones al Diario Oficial El Peruano.

Flores-Aráoz dijo también que la mayoría de conflictos sociales actualmente en ciernes “son ratifícales”, y consideró que su intención es “petardear” las inversiones en el Perú.

“Mucho de los conflictos son artificiales porque se quiere petardear la inversión y eso es malo. Nosotros que estamos en una senda de progreso ¿qué buscan que la pobreza subsista?”, se preguntó.

En ese sentido, calificó de “francotiradores contra el progreso” a quienes impulsan este tipo de conflictos

No obstante, admitió que algunos conflictos sociales tienen causas justificadas por lo que consideró que estos deben ser solucionados.

Por ello, consideró necesario otorgar prioridad a aquellos conflictos más urgentes para evitar su desencadenamiento.

Según experto, decisión de magistrados carece de criterio y no es equitativa. Choferes acusados de atropellar a policía siguen presos, pero dos jóvenes ebrios que mataron a tres personas están libres.

Luis Neyra. La República

¿Cuál es la diferencia entre María Paz Martínez, James Alva Choque y los choferes Lisandro Díaz Vigo y Edison Tejada Bravo?

Los dos primeros atropellaron y mataron a inocentes por conducir bajo los efectos del alcohol. A pesar de ello la justicia les dictó orden de comparecencia, en otras palabras, se encuentran libres. María Paz manejaba con 0.5 grados de alcohol en la sangre y sin brevete. En tanto que James, hijo del empresario de Gamarra Diógenes Alva, iba con 1.75 gramos de alcohol por litro de sangre, porcentaje casi 4 veces mayor al máximo permitido por la ley.

En tanto, de Lisando y Edison no se puede decir lo mismo. Si bien no estaban ebrios, fueron detenidos y encarcelados por la muerte de la mujer policía Lady Anaya el pasado 16 de mayo. La joven agente del orden chocó su moto contra un auto por una mala maniobra. Luego fue arrollada. Fue un accidente.

JUSTICIA A CIEGAS

Entonces, ¿por qué siguen detenidos? Para el penalista Luis Lamas Puccio estos hechos contradictorios parten de una falta de "criterio uniforme "por parte de los magistrados para poder plantear una clara posición al problema". "Existe un desorden, en el sentido de que los magistrados no tienen uniformidad para dictar sentencia", dijo. Lamas Puccio agregó que los delitos de accidente de tránsito por conducir en estado de ebriedad "deberían tener otra forma de enfoque en el Código Penal, a fin de dar un mejor mensaje a la ciudadanía y a la opinión pública".

Lamas explicó que el Código Penal establece que si la persona causa la muerte de otra, la pena máxima es de dos años. Esta varía a cuatro años cuando hay más de una víctima. Pero la situación se agrava cuando el responsable está bajo los efectos del alcohol. La pena en este caso es hasta de 8 años.

NO TIENEN LA CULPA

Por su parte, el también penalista Mario Amoretti opinó que el criterio de jueces para disponer la detención de las personas no es la misma para todos. "En el caso de los conductores el hecho no reviste gravedad, no se les ha comprobado su responsabilidad y pese a ello siguen detenidos. Acá el juez debió actuar de oficio y dictar orden de comparecencia, pero no lo ha hecho" lamentó el especialista.

El error, consideró, es que muchos jueces piensan primero en la detención en vez de investigar y establecer responsabilidades. "Hay jueces que aplican mal la ley", sentenció.

¿DISCRIMINACIÓN?

Otra es la opinión de William Ardito, de Aprodeh. El defensor de los derechos humanos señaló que la encarcelación de los choferes se debe a sus humildes condiciones económicas y físicas. Ardito recordó el caso de Thalía Mulanovich, que nunca fue detenida por atropellar a un anciano en la Panamericana Sur el 27 de febrero del 2007. "Es una clara muestra de que estas personas, como Mulanovich, no sufren el rigor de la ley", acotó.

CIFRAS

Muertes. Un total de 292 personas murieron atropelladas, hasta el 31 de mayo, en vías como la Panamericana Sur, Panamericana Norte, Carretera Central y Evitamiento.

Causas. De esa cifra, 19 fallecieron porque el conductor iba en estado de ebriedad.

Denuncias. Solo este año, cerca de 278 conductores fueron denunciados por la Policía por homicidio culposo.

Jueza deniega detención de violador de niño con síndrome de Down en Lurín
El Comercio | Magistrada sustentó improcedencia de pedido porque no se había notificado previamente a depravado

Un menor de 13 años de edad con retardo mental, estudiante del Centro Educativo Básico Especial de Lurín fue violado por un chofer de combi y pese a que la policía denunció el caso junto al Ministerio Público y mostró las pruebas que acreditaban la violación, la jueza Janeth Lastra Ramírez del 25 juzgado penal de Lima declaró improcedente y denegó la detención del violador.

Esta información la hizo pública este mediodía, en el rotafono de RPP, una profesora del menor ultrajado, quien dijo además que el chofer que violó al menor volvió a violentarlo sexualmente en dos ocasiones más.

La maestra del menor narró, indignada, que el 27 de mayo último se hizo la denuncia en la comisaría de Lurín y que luego de confirmarse la violación sexual ante el médico legista se solicitó ese mismo día la detención preliminar del violador, pero que la jueza Lastra Ramírez del 25 juzgado penal de Lima denegó el pedido porque pidió que previamente "se notifique" al depravado sexual.

Estos hechos fueron confirmados por el jefe policial de Lurín, comandante PNP Julio Rojas Briones, quien añadió que la jueza Lastra Ramírez declaró improcedente el pedido de detención del violador porque no se le había notificado previamente al sujeto. El oficial dijo que este era un hecho sin mucha lógica pues, si se le notificaba al violador de su pronta detención, el depravado "podía escapar".

El jefe policial de Lurín indicó que la madre del menor al parecer también sufría de retardo mental y que el padre era muy anciano, trabajaba en el centro de Lima y volvía muy tarde a la casa. "Ellos están indigandos", indicó. "Quisimos detener al sujeto y esto se nos denegó judicialmente. Ahora ya lo hemos notificado y evidentemente el sujeto no se ha presentado", comentó.

Antecedentes similares
En el mes de abril último, la jueza Lastra Ramírez ordenó la liberación en menos de 24 horas de dos sujetos presuntamente implicados en el secuestro de otro niño down de apenas nueve meses de edad, ocurrido en enero pasado.

La División de Secuestros de la PNP había señalado en esa fecha que los sujetos estaban implicados en el plagio del menor Ángel Mateo S.G., pues realizaron consultas a una cuenta bancaria a la que los padres del pequeño debían depositar 15 mil dólares.

En su resolución, la jueza consideró que no hubo delito flagrante en el momento de la detención de las dos personas, ordenando su liberación, hecho que sorprendió a la Policía, pues no se respetó los 15 días de investigaciones correspondientes por ley en estos casos.

El 9 de enero se había producido el secuestro del menor cuando se encontraba al cuidado de su tutora, Maura Margarita Escriba, por parte de un sujeto que ingresó a la vivienda de San Sebastián 198, en La Molina.