Hallan 200 kilos de cocaína en el Callao
Iban a ser enviados por vía marítima a España. Droga está valorada en 8 millones de Euros. Hay tres narcos detenidos, entre ellos un ciudadano ecuatoriano.
Óscar Chumpitaz. La Repùblica
En uno de los mayores golpes del año contra el narcotráfico, la Policía incautó más de 200 kilos de clorhidrato de cocaína que iban a ser embarcados desde el puerto del Callao con destino a España. Tres agentes del servicio de carga portuaria, entre ellos un ciudadano ecuatoriano, fueron capturados por las autoridades.
El cargamento de droga camuflado en un contenedor que iba a ser enviado a Barcelona, con réplicas de ceramios incaicos, pertenecería a un cartel colombiano, informaron voceros de la Dirandro.
MILLONARIO CARGAMENTO
La banda estaría integrada por peruanos, ecuatrorianos, colombianos y mexicanos. Según las investigaciones preliminares, se dedicaba a introducir cocaína a países de Europa como España, Francia y Reino Unido.
En el mercado negro, la cocaína hubiera significado unos ocho millones de Euros (once millones de dólares, aproximadamente).
HOMBRE DE CONFIANZA
La red tenía un hombre de confianza. Se trata de Luis Eduardo Díaz Montenegro, un ciudadano ecuatoriano de 50 años, que viajaba entre Guayaquil, Lima y Barcelona para dar cuenta de las operaciones a los jefes de la de la mafia.
Este individuo y dos de sus cómplices fueron intervenidos por agentes de la Dirandro y personal de seguridad del barco Elqui, de la compañía naviera CSAV, cuando merodeaban la embarcación.
Los tres son interrogados en la sede de la Dirandro. La Policía tiene identificados a los cabecillas de esta organización criminal que venía operando desde hace un año.
EL DATO
CONFIRMADO. El decomiso de droga fue confirmado por el jefe de la Dirandro, general Miguel Hidalgo, quien, además, anunció que en las próximas horas habría más capturas.
NOTA
Resulta sospechoso la cantidad de droga incautada. Esto implica que desde la selva, donde se produce, hasta el Callao (miles de kilòmetros, garitas de control, peajes, carreteras, policias, ciudadanìa) nadie "vio" nada. ¿quièn està detras de todo esto?
Iban a ser enviados por vía marítima a España. Droga está valorada en 8 millones de Euros. Hay tres narcos detenidos, entre ellos un ciudadano ecuatoriano.
Óscar Chumpitaz. La Repùblica
En uno de los mayores golpes del año contra el narcotráfico, la Policía incautó más de 200 kilos de clorhidrato de cocaína que iban a ser embarcados desde el puerto del Callao con destino a España. Tres agentes del servicio de carga portuaria, entre ellos un ciudadano ecuatoriano, fueron capturados por las autoridades.
El cargamento de droga camuflado en un contenedor que iba a ser enviado a Barcelona, con réplicas de ceramios incaicos, pertenecería a un cartel colombiano, informaron voceros de la Dirandro.
MILLONARIO CARGAMENTO
La banda estaría integrada por peruanos, ecuatrorianos, colombianos y mexicanos. Según las investigaciones preliminares, se dedicaba a introducir cocaína a países de Europa como España, Francia y Reino Unido.
En el mercado negro, la cocaína hubiera significado unos ocho millones de Euros (once millones de dólares, aproximadamente).
HOMBRE DE CONFIANZA
La red tenía un hombre de confianza. Se trata de Luis Eduardo Díaz Montenegro, un ciudadano ecuatoriano de 50 años, que viajaba entre Guayaquil, Lima y Barcelona para dar cuenta de las operaciones a los jefes de la de la mafia.
Este individuo y dos de sus cómplices fueron intervenidos por agentes de la Dirandro y personal de seguridad del barco Elqui, de la compañía naviera CSAV, cuando merodeaban la embarcación.
Los tres son interrogados en la sede de la Dirandro. La Policía tiene identificados a los cabecillas de esta organización criminal que venía operando desde hace un año.
EL DATO
CONFIRMADO. El decomiso de droga fue confirmado por el jefe de la Dirandro, general Miguel Hidalgo, quien, además, anunció que en las próximas horas habría más capturas.
NOTA
Resulta sospechoso la cantidad de droga incautada. Esto implica que desde la selva, donde se produce, hasta el Callao (miles de kilòmetros, garitas de control, peajes, carreteras, policias, ciudadanìa) nadie "vio" nada. ¿quièn està detras de todo esto?
Categoría: Artículos derecho penal
Publicado por: mbermudez
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Dos argentinos demandan a España por llamarles 'sudacas'
Una pareja de bailarines argentinos ha presentado una demanda contra el Estado español ante un tribunal de la ciudad de Córdoba, la segunda en importancia del país, por haber sido maltrados y discriminados cuando llegaron al aeropuerto de Barcelona, donde fueron retenidos durante 48 horas y expulsados del país.
Walter y María Silva son bailarines del ballet oficial de la provincia de Córdoba, y en noviembre pasado habían viajado a Barcelona para asistir a la boda de un familiar, pero la policía no les permitió ingresar en el país y, según los demandantes, les llamaron 'sudacas'.
El abogado Alejandro Severín, que representa a la pareja, afirmó a la prensa que presentó una demanda ante un tribunal federal de la provincia de Córdoba, en la que se pidió un resarcimiento de unos 320.000 euros 'por discriminación y malos tratos'.
En declaraciones a la una emisora de radio, el letrado explicó que se realizó 'una demanda penal en contra de los cuatro policías españoles que dependen de Migraciones, que tenemos identificados por número de placas, por el delito de discriminación'.
'La justicia argentina es competente para hechos ocurridos en territorios del espacio internacional, porque ellos nunca ingresaron a España, y porque fueron privados de su libertad y su documentación durante 48 horas y recién la recuperaron cuando aterrizaron en el aeropuerto de Córdoba', agregó Severín.
A su llegada a Barcelona llevaban 200 euros en efectivo, y tarjetas de crédito internacionales, además de tener toda su documentación en regla.
Según la pareja, a su llegada a Barcelona se iban a alojar en el domicilio de un familiar, en ese momento llevaban 200 euros en efectivo, y tarjetas de crédito internacionales, además de contar con los billetes de regreso a Argentina, además de tener toda su documentación en regla.
El abogado precisó que al llegar al aeropuerto de Barcelona 'son arbitrariamente separados de la fila, llamados despectivamente 'sudacas', como si fueran invasores, y detenidos durante 48 horas en condiciones infrahumanas', y añadió que 'esto es lo que está pasando con los latinoamericanos'.
Pagina del partido Acción por la justicia de España
Una pareja de bailarines argentinos ha presentado una demanda contra el Estado español ante un tribunal de la ciudad de Córdoba, la segunda en importancia del país, por haber sido maltrados y discriminados cuando llegaron al aeropuerto de Barcelona, donde fueron retenidos durante 48 horas y expulsados del país.
Walter y María Silva son bailarines del ballet oficial de la provincia de Córdoba, y en noviembre pasado habían viajado a Barcelona para asistir a la boda de un familiar, pero la policía no les permitió ingresar en el país y, según los demandantes, les llamaron 'sudacas'.
El abogado Alejandro Severín, que representa a la pareja, afirmó a la prensa que presentó una demanda ante un tribunal federal de la provincia de Córdoba, en la que se pidió un resarcimiento de unos 320.000 euros 'por discriminación y malos tratos'.
En declaraciones a la una emisora de radio, el letrado explicó que se realizó 'una demanda penal en contra de los cuatro policías españoles que dependen de Migraciones, que tenemos identificados por número de placas, por el delito de discriminación'.
'La justicia argentina es competente para hechos ocurridos en territorios del espacio internacional, porque ellos nunca ingresaron a España, y porque fueron privados de su libertad y su documentación durante 48 horas y recién la recuperaron cuando aterrizaron en el aeropuerto de Córdoba', agregó Severín.
A su llegada a Barcelona llevaban 200 euros en efectivo, y tarjetas de crédito internacionales, además de tener toda su documentación en regla.
Según la pareja, a su llegada a Barcelona se iban a alojar en el domicilio de un familiar, en ese momento llevaban 200 euros en efectivo, y tarjetas de crédito internacionales, además de contar con los billetes de regreso a Argentina, además de tener toda su documentación en regla.
El abogado precisó que al llegar al aeropuerto de Barcelona 'son arbitrariamente separados de la fila, llamados despectivamente 'sudacas', como si fueran invasores, y detenidos durante 48 horas en condiciones infrahumanas', y añadió que 'esto es lo que está pasando con los latinoamericanos'.
Pagina del partido Acción por la justicia de España
Abogado Nakasaki sostiene que testigos no responsabilizan a Fujimori de crímenes
Lima, ene. 29 (ANDINA).- El abogado César Nakasaki, sostuvo hoy que los ex miembros del grupo Colina que se han presentado en el juicio al ex presidente Alberto Fujimori, no lo responsabilizan de los crímenes contra los derechos humanos .
Señaló que hasta el momento no se ha probado la denuncia fiscal, la cual indica que Fujimori ordenó, en el marco de la aplicación de una guerra de baja intensidad para combatir el terrorismo, perpetrar las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta.
“Lo acusan (a Fujimori) de haber instaurado una política de guerra sucia para combatir al terrorismo y de haber ordenado la matanza, pero ninguno de los testimonios permite establecer guerra sucia”, indicó en CPN Radio.
Los ex miembros del grupo Colina que han testificado en este juicio son José Alarcón Gonzales y Pedro Supo Sánchez.
Nakasaki recordó que las declaraciones formuladas por ambos testigos señalan que dichos comandos decidieron en la misma madrugada del 18 de julio de 1992, eliminar a los nueves estudiantes y al profesor de la Universidad La Cantuta.
Refirió que estos testigos señalaron a Santiago Martin Rivas como la persona que incumplió una orden del entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), Juan Rivero Lazo, de llevar a los universitarios a la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía.
“Que hubo un destacamento dentro del SIE o DINTE, no cabe la menor duda, pero sí marca algunas líneas importantes, primero que (el grupo Colina) era absolutamente clandestino, y por tanto no era de conocimiento del instituto, ni siquiera del Ejército de manera oficial, sino solo de las personas que estaban vinculadas a este grupo”, afirmó.
Lima, ene. 29 (ANDINA).- El abogado César Nakasaki, sostuvo hoy que los ex miembros del grupo Colina que se han presentado en el juicio al ex presidente Alberto Fujimori, no lo responsabilizan de los crímenes contra los derechos humanos .
Señaló que hasta el momento no se ha probado la denuncia fiscal, la cual indica que Fujimori ordenó, en el marco de la aplicación de una guerra de baja intensidad para combatir el terrorismo, perpetrar las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta.
“Lo acusan (a Fujimori) de haber instaurado una política de guerra sucia para combatir al terrorismo y de haber ordenado la matanza, pero ninguno de los testimonios permite establecer guerra sucia”, indicó en CPN Radio.
Los ex miembros del grupo Colina que han testificado en este juicio son José Alarcón Gonzales y Pedro Supo Sánchez.
Nakasaki recordó que las declaraciones formuladas por ambos testigos señalan que dichos comandos decidieron en la misma madrugada del 18 de julio de 1992, eliminar a los nueves estudiantes y al profesor de la Universidad La Cantuta.
Refirió que estos testigos señalaron a Santiago Martin Rivas como la persona que incumplió una orden del entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), Juan Rivero Lazo, de llevar a los universitarios a la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía.
“Que hubo un destacamento dentro del SIE o DINTE, no cabe la menor duda, pero sí marca algunas líneas importantes, primero que (el grupo Colina) era absolutamente clandestino, y por tanto no era de conocimiento del instituto, ni siquiera del Ejército de manera oficial, sino solo de las personas que estaban vinculadas a este grupo”, afirmó.
Detienen a juez en Puno por mafia que legalizaba venta de autos robados
Lima, ene. 24 (ANDINA).- Un grupo de magistrados de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) se constituyó a la sede de la Corte Superior de Justicia de Puno, para investigar denuncias sobre la presunta participación irregular de magistrados en la masiva expedición de mandatos de inscripción de vehículos en los Registros Públicos de esta ciudad.
La delegación presidida por Baltazar Morales, vocal superior Jefe de la Unidad Operativa Móvil de la OCMA, investiga lo relacionado con los hechos que, por el momento, han permitido la intervención y posterior detención del Juez de Paz de única nominación del distrito de Nicasio, Provincia de Lampa, Néstor Mamani Mamani.
Las investigaciones de la Ocma están a cargo de un equipo especial de magistrados que verificarán si estas irregularidades se han producido en otras judicaturas de este distrito judicial.
Morales explicó que a la luz de las primeras investigaciones se trataría de una organización montada en Puno para facilitar la comercialización de vehículos robados o de dudosa procedencia, contando con la aparente complicidad de malos Jueces de Paz que actuaron sin tener competencia y otros de primera instancia cuyas identidades son materia de investigación.
“Por el momento se conoce que hay un juez detenido, dos con mandato de detención y varias denuncias que podrían convertirse en procesos judiciales de resultar ciertas las pesquisas que se realizan en las localidades de Huancané, Lampa y Juliaca a cargo de los magistrados de la Unidad Operativa Móvil de la Ocma” precisó el magistrado.
Las autoridades de las instituciones que tienen que ver con la tramitación de estos registros, en diversas instancias extrajudiciales, tales como el Ministerio Público, Notarios, Abogados, funcionarios de Sunad y de Registros Públicos así como la Policía Nacional, informarán a la comitiva de la Ocma sobre la existencia de estas irregularidades.
Lima, ene. 24 (ANDINA).- Un grupo de magistrados de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) se constituyó a la sede de la Corte Superior de Justicia de Puno, para investigar denuncias sobre la presunta participación irregular de magistrados en la masiva expedición de mandatos de inscripción de vehículos en los Registros Públicos de esta ciudad.
La delegación presidida por Baltazar Morales, vocal superior Jefe de la Unidad Operativa Móvil de la OCMA, investiga lo relacionado con los hechos que, por el momento, han permitido la intervención y posterior detención del Juez de Paz de única nominación del distrito de Nicasio, Provincia de Lampa, Néstor Mamani Mamani.
Las investigaciones de la Ocma están a cargo de un equipo especial de magistrados que verificarán si estas irregularidades se han producido en otras judicaturas de este distrito judicial.
Morales explicó que a la luz de las primeras investigaciones se trataría de una organización montada en Puno para facilitar la comercialización de vehículos robados o de dudosa procedencia, contando con la aparente complicidad de malos Jueces de Paz que actuaron sin tener competencia y otros de primera instancia cuyas identidades son materia de investigación.
“Por el momento se conoce que hay un juez detenido, dos con mandato de detención y varias denuncias que podrían convertirse en procesos judiciales de resultar ciertas las pesquisas que se realizan en las localidades de Huancané, Lampa y Juliaca a cargo de los magistrados de la Unidad Operativa Móvil de la Ocma” precisó el magistrado.
Las autoridades de las instituciones que tienen que ver con la tramitación de estos registros, en diversas instancias extrajudiciales, tales como el Ministerio Público, Notarios, Abogados, funcionarios de Sunad y de Registros Públicos así como la Policía Nacional, informarán a la comitiva de la Ocma sobre la existencia de estas irregularidades.
Categoría: Artículos derecho penal
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Lima, ene. 23 (ANDINA).- El ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, confirmó hoy que el Consejo de Ministros aprobó el pedido de extradición a Alemania de la acusada por terrorismo Mónica Feria Tinta.
Tras concluir la sesión del pleno ministerial en Palacio de Gobierno, García Belaunde precisó que el Poder Judicial cumplió con remitir a la Cancillería el expediente de extradición de la ciudadana peruana, detenida en Alemania por sus supuestos vínculos con Sendero Luminoso.
Desestimó que la situación de refugiada que tiene Feria Tinta vaya a ser un impedimento para que se proceda con dar trámite al cuadernillo de extradición.
“No, espero que no. Creo que se va a proceder de acuerdo a las normas internacionales al respecto y a los acuerdos que tenemos en esa materia”, manifestó el titular de Torre Tagle.
Feria Tinta es procesada en el Perú como autora de los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, en las modalidades de apología del delito y terrorismo en agravio del Estado.
La extradición se ampara en los artículos 525, 526 y 527 de nuestro Código Procesal Penal Vigente y los artículos 6, 7, 8 y 9 del Decreto Supremo 016 – 2006 – JUS referido al comportamiento judicial y gubernamental en materia de extradiciones.
Asimismo, el caso Feria Tinta cumple con el principio de la doble incriminación al encontrarse tipificadas ambas conductas delictivas (apología y terrorismo) tanto en el Código Penal del Perú como en el Código alemán.
El pasado 10 de octubre de 2007, la Fundación Gruber de los Estados Unidos otorgó el "Premio Justicia" a Feria Tinta, lo cual provocó severos cuestionamientos por parte de representantes del gobierno y de la sociedad civil que demandaron el retiro de esa condecoración.
Lima, ene. 22 (ANDINA).- La Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró procedente la extradición de Jesús Mónica Feria Tinta, actualmente detenida en Alemania, por terrorismo en agravio del Estado.
Feria Tinta es procesada en el Perú como autora de los delitos contra la tranquilidad pública, en las modalidades de apología del delito y terrorismo en agravio del Estado.
El tribunal supremo presidido por el vocal Javier Villa Stein e integrado por Duberli Rodríguez Tineo, Mártir Santos Peña, Héctor Rojas Maraví y Jorge Calderón Castillo resolvió en 24 horas este trascendental caso para la justicia peruana.
La extradición se ampara en los artículos 525, 526 y 527 de nuestro Código Procesal Penal Vigente y los artículos 6, 7, 8 y 9 del Decreto Supremo 016 – 2006 – JUS referido al comportamiento judicial y gubernamental en materia de extradiciones.
Asimismo, el caso Feria Tinta cumple con el principio de la doble incriminación al encontrarse tipificadas ambas conductas delictivas (apología y terrorismo) tanto en el Código Penal del Perú como en el Código alemán.
La Sala Suprema precisa del mismo modo, que a la extraditable se la ha imputado la comisión de delito común cuya persecución está exenta de motivaciones políticas, religiosas, de prensa o de opinión, no habiendo prescrito el delito de terrorismo.
El colegiado aclara que respecto al delito de apología, la solicitud de extradición en este extremo resulta improcedente, toda vez que este ya prescribió.
Según el artículo 316 del Código Penal vigente cuando ocurrieron los hechos, en 1992, “si la apología se hace de delito contra la seguridad y tranquilidad públicas, contra el Estado y la defensa nacional, o contra los Poderes del Estado y el orden Constitucional, la pena no será menor de cuatro ni mayor de seis años”.
El presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, recibió la solicitud de extradición a las 18:45 horas y de inmediato la envío a la ministra de Justicia, Rosario Fernández para los fines pertinentes.
Jesús Mónica Feria Tinta fue detenida el 13 de abril de 1992 por efectivos de la Policía Nacional en una vivienda del distrito de La Victoria, donde se incautó propaganda subversiva, manuscritos y documentos mecanográficos alusivos a la agrupación terrorista Sendero Luminoso.
El pasado 10 de octubre de 2007, la Fundación Gruber de los Estados Unidos otorgó el "Premio Justicia" a Feria Tinta, lo cual provocó severos cuestionamientos por parte de representantes del gobierno y de la sociedad civil que demandaron el retiro de esa condecoración.
Además, el gobierno inició el proceso de extradicción de la actualmente detenida en Alemania por el delito de terrorismo.
Nota
Que todo siga su trámite y se ejecute de acuerdo a Ley, pero que la política no intervenga porque ahora solo depende del Ejecutivo el trámite.
Feria Tinta es procesada en el Perú como autora de los delitos contra la tranquilidad pública, en las modalidades de apología del delito y terrorismo en agravio del Estado.
El tribunal supremo presidido por el vocal Javier Villa Stein e integrado por Duberli Rodríguez Tineo, Mártir Santos Peña, Héctor Rojas Maraví y Jorge Calderón Castillo resolvió en 24 horas este trascendental caso para la justicia peruana.
La extradición se ampara en los artículos 525, 526 y 527 de nuestro Código Procesal Penal Vigente y los artículos 6, 7, 8 y 9 del Decreto Supremo 016 – 2006 – JUS referido al comportamiento judicial y gubernamental en materia de extradiciones.
Asimismo, el caso Feria Tinta cumple con el principio de la doble incriminación al encontrarse tipificadas ambas conductas delictivas (apología y terrorismo) tanto en el Código Penal del Perú como en el Código alemán.
La Sala Suprema precisa del mismo modo, que a la extraditable se la ha imputado la comisión de delito común cuya persecución está exenta de motivaciones políticas, religiosas, de prensa o de opinión, no habiendo prescrito el delito de terrorismo.
El colegiado aclara que respecto al delito de apología, la solicitud de extradición en este extremo resulta improcedente, toda vez que este ya prescribió.
Según el artículo 316 del Código Penal vigente cuando ocurrieron los hechos, en 1992, “si la apología se hace de delito contra la seguridad y tranquilidad públicas, contra el Estado y la defensa nacional, o contra los Poderes del Estado y el orden Constitucional, la pena no será menor de cuatro ni mayor de seis años”.
El presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, recibió la solicitud de extradición a las 18:45 horas y de inmediato la envío a la ministra de Justicia, Rosario Fernández para los fines pertinentes.
Jesús Mónica Feria Tinta fue detenida el 13 de abril de 1992 por efectivos de la Policía Nacional en una vivienda del distrito de La Victoria, donde se incautó propaganda subversiva, manuscritos y documentos mecanográficos alusivos a la agrupación terrorista Sendero Luminoso.
El pasado 10 de octubre de 2007, la Fundación Gruber de los Estados Unidos otorgó el "Premio Justicia" a Feria Tinta, lo cual provocó severos cuestionamientos por parte de representantes del gobierno y de la sociedad civil que demandaron el retiro de esa condecoración.
Además, el gobierno inició el proceso de extradicción de la actualmente detenida en Alemania por el delito de terrorismo.
Nota
Que todo siga su trámite y se ejecute de acuerdo a Ley, pero que la política no intervenga porque ahora solo depende del Ejecutivo el trámite.
Congreso venezolano aprueba proyecto que reconoce “beligerancia” de las FARC y del ELN
Lima, ene. 17 (ANDINA).- El Congreso de Venezuela aprobó hoy un proyecto de ley que reconoce la “beligerancia” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército Liberación Nacional (ELN), grupos rebeles a los que el gobierno colombiano califica de terroristas.
El proyecto califica de “movimientos insurgentes” a estos grupos rebeldes y señala que el reconocimiento es una “señal de voluntad para darles un trato político que genere confianza en las futuras negociaciones en el camino a la paz en Colombia”.
Asimismo, indica que la Asamblea Nacional venezolana rechaza “las listas unilaterales interpuestas por el Gobierno de Estados Unidos” y que califican de terroristas a las FARC y al ELN a los cuales califica de “movimientos de liberación no subordinados a la dominación”.
La iniciativa legislativa fue aprobada por 161 de los 168 miembros del Congreso, de mayoría oficialista.
Sólo se registró la abstención de los siete del partido Podemos, recientemente distanciado del gobierno de Chávez.
El presidente de Chávez solicitó recientemente a la comunidad internacional dejar de considerar a las FARC como un grupo terrorista y reconocer su carácter beligerante con la finalidad de iniciar el proceso que culmine en la paz.
La mayoría de países de América Latina y de Europa rechazaron la solicitud y anunciaron que mantendrán la categoría de terrorista para las FARC.
Lima, ene. 17 (ANDINA).- El Congreso de Venezuela aprobó hoy un proyecto de ley que reconoce la “beligerancia” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército Liberación Nacional (ELN), grupos rebeles a los que el gobierno colombiano califica de terroristas.
El proyecto califica de “movimientos insurgentes” a estos grupos rebeldes y señala que el reconocimiento es una “señal de voluntad para darles un trato político que genere confianza en las futuras negociaciones en el camino a la paz en Colombia”.
Asimismo, indica que la Asamblea Nacional venezolana rechaza “las listas unilaterales interpuestas por el Gobierno de Estados Unidos” y que califican de terroristas a las FARC y al ELN a los cuales califica de “movimientos de liberación no subordinados a la dominación”.
La iniciativa legislativa fue aprobada por 161 de los 168 miembros del Congreso, de mayoría oficialista.
Sólo se registró la abstención de los siete del partido Podemos, recientemente distanciado del gobierno de Chávez.
El presidente de Chávez solicitó recientemente a la comunidad internacional dejar de considerar a las FARC como un grupo terrorista y reconocer su carácter beligerante con la finalidad de iniciar el proceso que culmine en la paz.
La mayoría de países de América Latina y de Europa rechazaron la solicitud y anunciaron que mantendrán la categoría de terrorista para las FARC.
Categoría: Artículos derecho penal
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PJ analizará fotografías sobre presencia de Lady Bardales en Máncora
|CPN RADIO 16 ene| La Policía Judicial analizará las fotografías que demostrarían que la ex escolta presidencial, Lady Bardales, se encuentra en el balneario piurano de Máncora pese a estar requerida por la justicia, informó el comandante de dicha institución, Óscar Mendieta.
El alto oficial manifestó que solicitará al periodista y propietario de dichas fotos que le remita los negativos, a fin de determinar si es Bardales Castillo quien aparece junto a un joven, aparentemente extranjero.
El funcionario, señaló que tras haber aparecido estas imágenes en un medio periodístico de nivel nacional, la ex teniente de la policía se ha puesto en advertencia y aseguró que se procederá a su detención.
Lady Bardales, es procesada por el delito de enriquecimiento ilícito y la cuarta Sala Penal para Reos Libres del Poder Judicial ordenó su detención el 26 de noviembre pasado por no presentarse a la lectura de su sentencia.
|CPN RADIO 16 ene| La Policía Judicial analizará las fotografías que demostrarían que la ex escolta presidencial, Lady Bardales, se encuentra en el balneario piurano de Máncora pese a estar requerida por la justicia, informó el comandante de dicha institución, Óscar Mendieta.
El alto oficial manifestó que solicitará al periodista y propietario de dichas fotos que le remita los negativos, a fin de determinar si es Bardales Castillo quien aparece junto a un joven, aparentemente extranjero.
El funcionario, señaló que tras haber aparecido estas imágenes en un medio periodístico de nivel nacional, la ex teniente de la policía se ha puesto en advertencia y aseguró que se procederá a su detención.
Lady Bardales, es procesada por el delito de enriquecimiento ilícito y la cuarta Sala Penal para Reos Libres del Poder Judicial ordenó su detención el 26 de noviembre pasado por no presentarse a la lectura de su sentencia.
Ocma pide destitución de tres jueces que favorecieron a casinos y tragamonedas
Lima, ene. 16 (ANDINA).- La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) propuso la medida disciplinaria de destitución de tres magistrados por haber dictado fallos favorables a empresas dedicadas a la explotación de máquinas tragamonedas.
Se trata de los magistrados Elmer Rodríguez León, del Sexto Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima Norte; Fernando Galarreta Paredes, del Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Cajamarca, y Marcos Gómez Huamán, del Primer Juzgado Mixto de Yauli – La Oroya de la Corte Superior de Junín.
De acuerdo con las investigaciones, los referidos magistrados incumplieron con el precedente vinculante resuelto por el Tribunal Constitucional, que declaró la constitucionalidad de Ley 27153 que regula el funcionamiento de los Casinos y las máquinas tragamonedas.
A través de sus resoluciones, los magistrados dejaron sin efecto normas de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, así como del Tribunal Fiscal, con la evidente intención de favorecer indebidamente a los demandantes, señala la Ocma.
Por ejemplo, el juez Rodríguez León ordenó al Mincetur la suspensión de cualquier acto administrativo que tenga por finalidad limitar las operaciones de las empresas demandantes a nivel nacional.
De esta manera, permitía que estas empresas desarrollen sus actividades empresariales referidas a la explotación de casinos y máquinas tragamonedas, asimismo la importación de bienes para la explotación de dichos juegos.
En otros casos, trabajadores de estas empresas se valieron de las acciones de amparo, que aprobó el juez Galarreta Paredes, para conseguir que se impida la acción de la Sunat.
Dicho magistrado, dispuso que los tragamonedas que cuenten o hayan contado con autorización de Mincetur, se mantengan inalterables en su funcionamiento.
Estos magistrados incurrieron en responsabilidad disciplinaria prevista en el artículo 201, incisos 1, 2 y 6 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, refiere la Ocma.
Adicionalmente la Ocma dispuso que los magistrados se abstengan de seguir laborando en el Poder Judicial en tanto se emita el pronunciamiento definitivo del Consejo Nacional de la Magistratura.
(FIN) NDP/DHH/RES
Lima, ene. 16 (ANDINA).- La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) propuso la medida disciplinaria de destitución de tres magistrados por haber dictado fallos favorables a empresas dedicadas a la explotación de máquinas tragamonedas.
Se trata de los magistrados Elmer Rodríguez León, del Sexto Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima Norte; Fernando Galarreta Paredes, del Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Cajamarca, y Marcos Gómez Huamán, del Primer Juzgado Mixto de Yauli – La Oroya de la Corte Superior de Junín.
De acuerdo con las investigaciones, los referidos magistrados incumplieron con el precedente vinculante resuelto por el Tribunal Constitucional, que declaró la constitucionalidad de Ley 27153 que regula el funcionamiento de los Casinos y las máquinas tragamonedas.
A través de sus resoluciones, los magistrados dejaron sin efecto normas de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, así como del Tribunal Fiscal, con la evidente intención de favorecer indebidamente a los demandantes, señala la Ocma.
Por ejemplo, el juez Rodríguez León ordenó al Mincetur la suspensión de cualquier acto administrativo que tenga por finalidad limitar las operaciones de las empresas demandantes a nivel nacional.
De esta manera, permitía que estas empresas desarrollen sus actividades empresariales referidas a la explotación de casinos y máquinas tragamonedas, asimismo la importación de bienes para la explotación de dichos juegos.
En otros casos, trabajadores de estas empresas se valieron de las acciones de amparo, que aprobó el juez Galarreta Paredes, para conseguir que se impida la acción de la Sunat.
Dicho magistrado, dispuso que los tragamonedas que cuenten o hayan contado con autorización de Mincetur, se mantengan inalterables en su funcionamiento.
Estos magistrados incurrieron en responsabilidad disciplinaria prevista en el artículo 201, incisos 1, 2 y 6 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, refiere la Ocma.
Adicionalmente la Ocma dispuso que los magistrados se abstengan de seguir laborando en el Poder Judicial en tanto se emita el pronunciamiento definitivo del Consejo Nacional de la Magistratura.
(FIN) NDP/DHH/RES
El secretario general del APRA Mauricio Mulder criticó la cerrada defensa que formuló la jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) Carolina Lizàrraga del ex procurador José Ugaz como integrante de su Comisión Consultiva, y se preguntó si en el Perú no existen más personas que puedan ocupar ese cargo
¿Acaso no hay otras personas? Critica posición de Carolina Lizárraga al respecto.
“Hay personas que creen que en el Perú no hay más personas. Hay personas que las convocan para todo y enciman éstas tienen la misma filiación, pero por qué no convocan a otras también”, cuestionó.
El parlamentario oficialista dijo sentirse mortificado porque últimamente cuando se hacen este tipo de convocatorias no llaman a apristas. “¿Qué sucede? Acaso los especialistas en lucha anticorrupción apristas no merecen ser parte de un consejo consultivo de la ONA; creo que la doctora Lizàrraga no debería dejarse llevar solamente por los que salen en los periódicos sino por los que tienen buenos currículos. En el partido aprista también hay personas que tienen condiciones y capacidades para poder integrar ese grupo de trabajo”, comentó.
Mulder Bedoya señaló que si bien respeta que Lizàrraga considere a Ugaz como un funcionario de “lujo” ella debería ser mucho más amplia en su criterio para poder convocar a otras personas. Incluso advirtió el posible sesgamiento que tengan las investigaciones de la ONA en el futuro.
“Probablemente esta designación sesgue las investigaciones porque hay una orientación claramente política. Todas esas personas que integran el Consejo Consultivo siempre han sido antiapristas, siempre han tenido las mismas ideas, los mismos planteamientos. Por eso expreso mi mortificación”, comentó.
Ugaz Sánchez Moreno, continuó, criticó a Alan García y además fue nombrado procurador por Fujimori “por lo que espero que no sólo haya investigaciones contra apristas”.
“Este grupo de personas pertenecen a una determinada tendencia de pensamiento nacional que pretende monopolizar la opinión pública. Por lo que creo que la doctora Lizàrraga debería abrir más el abanico para que entren también personas de otras tendencias”, remarcó.
GUILLERMO CÁCERES Expreso
¿Acaso no hay otras personas? Critica posición de Carolina Lizárraga al respecto.
“Hay personas que creen que en el Perú no hay más personas. Hay personas que las convocan para todo y enciman éstas tienen la misma filiación, pero por qué no convocan a otras también”, cuestionó.
El parlamentario oficialista dijo sentirse mortificado porque últimamente cuando se hacen este tipo de convocatorias no llaman a apristas. “¿Qué sucede? Acaso los especialistas en lucha anticorrupción apristas no merecen ser parte de un consejo consultivo de la ONA; creo que la doctora Lizàrraga no debería dejarse llevar solamente por los que salen en los periódicos sino por los que tienen buenos currículos. En el partido aprista también hay personas que tienen condiciones y capacidades para poder integrar ese grupo de trabajo”, comentó.
Mulder Bedoya señaló que si bien respeta que Lizàrraga considere a Ugaz como un funcionario de “lujo” ella debería ser mucho más amplia en su criterio para poder convocar a otras personas. Incluso advirtió el posible sesgamiento que tengan las investigaciones de la ONA en el futuro.
“Probablemente esta designación sesgue las investigaciones porque hay una orientación claramente política. Todas esas personas que integran el Consejo Consultivo siempre han sido antiapristas, siempre han tenido las mismas ideas, los mismos planteamientos. Por eso expreso mi mortificación”, comentó.
Ugaz Sánchez Moreno, continuó, criticó a Alan García y además fue nombrado procurador por Fujimori “por lo que espero que no sólo haya investigaciones contra apristas”.
“Este grupo de personas pertenecen a una determinada tendencia de pensamiento nacional que pretende monopolizar la opinión pública. Por lo que creo que la doctora Lizàrraga debería abrir más el abanico para que entren también personas de otras tendencias”, remarcó.
GUILLERMO CÁCERES Expreso
Matute exige reajuste en atribuciones de la ONA
La vigencia del decreto supremo que creó la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) puede tener algunas “colisiones” con la Contraloría General de la República, consideró ayer el contralor Genaro Matute, quien por ello pidió realizar las modificaciones necesarias.
El funcionario además aseguró que el propio premier, Jorge del Castillo, ha reconocido en más de una oportunidad que se deben hacer los reajustes necesarios a este decreto, para delimitar las atribuciones de estas instituciones.“Carolina Lizárraga ha definido una forma de trabajar dentro de esa frontera, pero el decreto supremo todavía subsiste, (por lo que) tiene que hacerse algunas modificaciones”, manifestó.
Expreso
La vigencia del decreto supremo que creó la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) puede tener algunas “colisiones” con la Contraloría General de la República, consideró ayer el contralor Genaro Matute, quien por ello pidió realizar las modificaciones necesarias.
El funcionario además aseguró que el propio premier, Jorge del Castillo, ha reconocido en más de una oportunidad que se deben hacer los reajustes necesarios a este decreto, para delimitar las atribuciones de estas instituciones.“Carolina Lizárraga ha definido una forma de trabajar dentro de esa frontera, pero el decreto supremo todavía subsiste, (por lo que) tiene que hacerse algunas modificaciones”, manifestó.
Expreso
08/01/08: Comienzan a salir los fujimontecinistas procesados o sentenciados por delitos de corrupción
Blanca Nélida Colán pide perdón al abandonar penal de Chorrillos
Lima, ene. 08 (ANDINA).- La ex fiscal de la Nación del gobierno fujimorista, Blanca Nélida Colán, salió de prisión esta noche, tras recibir el beneficio de la semilibertad por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
Empero, tiene impedimento de salir del país y deberá cumplir una serie de normas de conducta, de acuerdo a la resolución emitida por los vocales supremos miembros de la referida sala.
La ex magistrada abandonó el penal de mujeres Santa Mónica de Chorrillos a las 20:00 horas, tras cumplir 6 de los 10 años de reclusión impuestos por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.
Colán pidió perdón a la ciudadanía por los delitos cometidos y expresó su deseo de reinsertarse a la sociedad.
“He cambiado, pido perdón por los errores, la negligencia y delitos que cometí”, dijo.
A Colán también se le prohibió ausentarse del lugar donde reside, comparecer personal y obligatoriamente al Juzgado para informar y justificar sus actividades, continuar reparando el daño ocasionado, y le obliga a pernoctar en su domicilio bajo control e inspección de la autoridad penitenciaria y Ministerio Público.
Lima, ene. 08 (ANDINA).- La ex fiscal de la Nación del gobierno fujimorista, Blanca Nélida Colán, salió de prisión esta noche, tras recibir el beneficio de la semilibertad por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
Empero, tiene impedimento de salir del país y deberá cumplir una serie de normas de conducta, de acuerdo a la resolución emitida por los vocales supremos miembros de la referida sala.
La ex magistrada abandonó el penal de mujeres Santa Mónica de Chorrillos a las 20:00 horas, tras cumplir 6 de los 10 años de reclusión impuestos por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.
Colán pidió perdón a la ciudadanía por los delitos cometidos y expresó su deseo de reinsertarse a la sociedad.
“He cambiado, pido perdón por los errores, la negligencia y delitos que cometí”, dijo.
A Colán también se le prohibió ausentarse del lugar donde reside, comparecer personal y obligatoriamente al Juzgado para informar y justificar sus actividades, continuar reparando el daño ocasionado, y le obliga a pernoctar en su domicilio bajo control e inspección de la autoridad penitenciaria y Ministerio Público.
Impulsarán imprescriptibilidad de delitos de corrupción, anuncia Gonzales Posada
El presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, informa a la prensa en compañía del primer ministro, Jorge del Castillo; el contralor general de la República, Genaro Matute y la titular de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), Carolina Lizárraga. Foto: ANDINA/Congreso.
Lima, ene. 07 (ANDINA).- El Congreso con el apoyo del Poder Ejecutivo, el Legislativo, la Procuraduría y la Oficina Nacional Anticorrupción impulsarán decididamente la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción desde sus respectivas áreas, anunció hoy el presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada.
“Así como los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, se impulsará decididamente la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción”, señaló al término de una reunión con los titulares de la Contraloría y la Oficina Nacional Anticorrupción para solucionar diferencias en torno a sus ámbitos de acción.
Gonzales Posada añadió que además de esa medida se impulsará la aprobación de una ley de protección al denunciante, se revisará la Ley de Nepotismo y se modificarán las declaraciones juradas en cuanto a su formato de presentación.
También la creación del Tribunal de Cuentas para sancionar las faltas administrativas y los delitos menores, y el fortalecimiento del Sistema Judicial de Defensa del Estado o la llamada Procuraduría General Pública, para que pueda atender en óptimas condiciones los 350 mil procesos en curso.
“Existe un magnifico entendimiento y voluntad concertadora para que a través de acciones legislativas y de acciones concretas, la política anticorrupción sea una firme política de Estado”, afirmó Gonzales Posada.
Saludó, en ese sentido, el acuerdo entre el contralor Genaro Matute y la jefa de la ONA, Carolina Lizárraga, para precisar mejor sus ámbitos de acción, destacó que las instituciones del Estado no están enfrentadas.
Señaló, por el contrario, que existe una “alianza firme, sólida e irrevocable en la lucha contra la corrupción”, de parte de todas las instituciones del Estado.
El presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, informa a la prensa en compañía del primer ministro, Jorge del Castillo; el contralor general de la República, Genaro Matute y la titular de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), Carolina Lizárraga. Foto: ANDINA/Congreso.
Lima, ene. 07 (ANDINA).- El Congreso con el apoyo del Poder Ejecutivo, el Legislativo, la Procuraduría y la Oficina Nacional Anticorrupción impulsarán decididamente la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción desde sus respectivas áreas, anunció hoy el presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada.
“Así como los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, se impulsará decididamente la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción”, señaló al término de una reunión con los titulares de la Contraloría y la Oficina Nacional Anticorrupción para solucionar diferencias en torno a sus ámbitos de acción.
Gonzales Posada añadió que además de esa medida se impulsará la aprobación de una ley de protección al denunciante, se revisará la Ley de Nepotismo y se modificarán las declaraciones juradas en cuanto a su formato de presentación.
También la creación del Tribunal de Cuentas para sancionar las faltas administrativas y los delitos menores, y el fortalecimiento del Sistema Judicial de Defensa del Estado o la llamada Procuraduría General Pública, para que pueda atender en óptimas condiciones los 350 mil procesos en curso.
“Existe un magnifico entendimiento y voluntad concertadora para que a través de acciones legislativas y de acciones concretas, la política anticorrupción sea una firme política de Estado”, afirmó Gonzales Posada.
Saludó, en ese sentido, el acuerdo entre el contralor Genaro Matute y la jefa de la ONA, Carolina Lizárraga, para precisar mejor sus ámbitos de acción, destacó que las instituciones del Estado no están enfrentadas.
Señaló, por el contrario, que existe una “alianza firme, sólida e irrevocable en la lucha contra la corrupción”, de parte de todas las instituciones del Estado.
Francisco Távara.
Lima, ene. 05 (ANDINA).- Un agresivo proceso de capacitación de magistrados en la implementación del nuevo código Procesal Penal, que reducirá notablemente los casos de corrupción, desarrollará este año el Poder Judicial, anunció hoy el titular de dicho portafolio, Francisco Távara.
“La implementación del nuevo Código Procesal Penal es importantísima para nuestra nación, la experiencia ha demostrado que la vigencia de este nuevo modelo, tanto en Huaura y Trujillo, ha arrojado resultados positivos y alentadores, con menores índices de corrupción. Los procesos que antes duraban años con el anterior proceso, aquí se resuelven en meses o días”, dijo
Manifestó que hasta el año pasado, la implementación de dicho documento debía finalizar en 2011, pero que este gobierno ha decidido diferir la fecha hasta el 2013 y que en ese contexto, este año se han comprometido a “impulsar un proceso agresivo de capacitación de magistrados a nivel nacional”.
Dicho entrenamiento, dijo, se realizará en estrecha coordinación con el Ministerio Público, los colegios de abogados, incluyendo a la Policía Nacional, porque son los actores principales en este nuevo marco legal.
“El nuevo modelo es lo que yo llamo la revolución judicial que puede hacer este gobierno. El área penal de cara al pueblo es importantísima. (…) Creo que el gobierno debe tomar una decisión y decidir que la política de mejorar la justicia sea un política de Estado, tan prioritaria como es Sierra Exportadora o como es el Tratado de Libre de Comercio”, señaló.
Távara refirió que la capacitación de este nuevo código se llevará adelante con los recursos otorgados dentro de su presupuesto y que en lo que tal vez “se requeriría un esfuerzo adicional del gobierno, en la adecuación y construcción de infraestructura inmobiliaria necesaria”.
“No vamos a exigir más de lo que se nos deba dar”, recalcó.
El presidente del Poder Judicial aprovechó para reiterar su agradecimiento al Congreso de la República por su voluntad institucional de apoyar la reforma judicial.
Lima, ene. 05 (ANDINA).- Un agresivo proceso de capacitación de magistrados en la implementación del nuevo código Procesal Penal, que reducirá notablemente los casos de corrupción, desarrollará este año el Poder Judicial, anunció hoy el titular de dicho portafolio, Francisco Távara.
“La implementación del nuevo Código Procesal Penal es importantísima para nuestra nación, la experiencia ha demostrado que la vigencia de este nuevo modelo, tanto en Huaura y Trujillo, ha arrojado resultados positivos y alentadores, con menores índices de corrupción. Los procesos que antes duraban años con el anterior proceso, aquí se resuelven en meses o días”, dijo
Manifestó que hasta el año pasado, la implementación de dicho documento debía finalizar en 2011, pero que este gobierno ha decidido diferir la fecha hasta el 2013 y que en ese contexto, este año se han comprometido a “impulsar un proceso agresivo de capacitación de magistrados a nivel nacional”.
Dicho entrenamiento, dijo, se realizará en estrecha coordinación con el Ministerio Público, los colegios de abogados, incluyendo a la Policía Nacional, porque son los actores principales en este nuevo marco legal.
“El nuevo modelo es lo que yo llamo la revolución judicial que puede hacer este gobierno. El área penal de cara al pueblo es importantísima. (…) Creo que el gobierno debe tomar una decisión y decidir que la política de mejorar la justicia sea un política de Estado, tan prioritaria como es Sierra Exportadora o como es el Tratado de Libre de Comercio”, señaló.
Távara refirió que la capacitación de este nuevo código se llevará adelante con los recursos otorgados dentro de su presupuesto y que en lo que tal vez “se requeriría un esfuerzo adicional del gobierno, en la adecuación y construcción de infraestructura inmobiliaria necesaria”.
“No vamos a exigir más de lo que se nos deba dar”, recalcó.
El presidente del Poder Judicial aprovechó para reiterar su agradecimiento al Congreso de la República por su voluntad institucional de apoyar la reforma judicial.
Ocma propone destitución de cinco magistrados de Corte de Huánuco
Lima, ene. 04 (ANDINA).- La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) propuso la destitución de cinco magistrados de la Corte Superior de Huanuco ante el Consejo Nacional de la Magistratura, al concluir el proceso disciplinario instaurado a raíz de una denuncia formalizada por el Banco Internacional del Perú-Interbank.
La Ocma informó que los magistrados hallados responsables de conducta disfuncional y que están impedidos de laborar en el Poder Judicial son los vocales superiores Orlando Miraval Flores y Pedro Ivan Uceda Magallanes así como los jueces especializados, Yofré Castillo Barreto, Godofredo Loli Rodríguez y Felix Israel Martinez Carrasco.
Al cabo de las investigaciones realizadas, se estableció que dichos magistrados permitieron que una acreencia por concepto de intereses laborales calculados en 92 mil 716 soles se convierta en 838 mil 897 soles valiéndose de medios violatorios al texto expreso de la ley, señala la Ocma.
La investigación concluyó que durante el trámite del expediente 313-2000 por beneficios laborales se registraron conductas sistemáticas, sintomáticas y continuadas por parte de diversos operadores de justicia que tuvieron por finalidad el cobro de intereses elevados a través de actuaciones irregulares en la fase de la liquidación, la aprobación y la ejecución viabilizada a través de una acción de amparo.
La decisión suscrita por Elcira Vásquez Cortez, jefa de la Ocma y vocal titular de la Corte Suprema de Justicia, es la primera de esta envergadura que se adopta con relación a la Corte Superior de Justicia de Huánuco.
NOTA.
A este paso, el CNM debe programar más rapidamente sus concursos y evaluaciones porque se quedarán con mucho trabajo tratando de nombrar a cada denunciado y con pedido de destitución
Lima, ene. 04 (ANDINA).- La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) propuso la destitución de cinco magistrados de la Corte Superior de Huanuco ante el Consejo Nacional de la Magistratura, al concluir el proceso disciplinario instaurado a raíz de una denuncia formalizada por el Banco Internacional del Perú-Interbank.
La Ocma informó que los magistrados hallados responsables de conducta disfuncional y que están impedidos de laborar en el Poder Judicial son los vocales superiores Orlando Miraval Flores y Pedro Ivan Uceda Magallanes así como los jueces especializados, Yofré Castillo Barreto, Godofredo Loli Rodríguez y Felix Israel Martinez Carrasco.
Al cabo de las investigaciones realizadas, se estableció que dichos magistrados permitieron que una acreencia por concepto de intereses laborales calculados en 92 mil 716 soles se convierta en 838 mil 897 soles valiéndose de medios violatorios al texto expreso de la ley, señala la Ocma.
La investigación concluyó que durante el trámite del expediente 313-2000 por beneficios laborales se registraron conductas sistemáticas, sintomáticas y continuadas por parte de diversos operadores de justicia que tuvieron por finalidad el cobro de intereses elevados a través de actuaciones irregulares en la fase de la liquidación, la aprobación y la ejecución viabilizada a través de una acción de amparo.
La decisión suscrita por Elcira Vásquez Cortez, jefa de la Ocma y vocal titular de la Corte Suprema de Justicia, es la primera de esta envergadura que se adopta con relación a la Corte Superior de Justicia de Huánuco.
NOTA.
A este paso, el CNM debe programar más rapidamente sus concursos y evaluaciones porque se quedarán con mucho trabajo tratando de nombrar a cada denunciado y con pedido de destitución
Categoría: Artículos derecho penal
Publicado por: mbermudez
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Poder Judicial destituyó a juez de Chimbote por dar indebidamente medidas cautelares para permisos de pesca
Lima, ene. 01 (ANDINA).- El Ministerio de la Producción informó hoy que la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) destituyó, en primera instancia, al juez del Primer Juzgado Civil de Chimbote (Ancash), Manuel Encarnación Toscano, debido a que concedió indebidamente tres medidas cautelares que ordenaban al ministerio dar permisos de pesca contraviniendo la ley y pese a no tener competencia jurisdiccional.
El citado juez, de acuerdo al dictamen de la Ocma, había cometido grave conducta disfuncional al favorecer irregularmente a los expedientes de Pedro Puescas Galán, Tomás Fiestas Fiestas y Fernando Richard Barreto Paredes.
Asimismo, fueron destituidas las servidoras judiciales Dinorah Valladolid Castillo (jefe de la Central de Distribución General de la Corte Superior), Karin Rojas Tapia y Elizabeth Francisca Gutiérrez Dioses de Castro (expediente N° 3069-2006, demanda de Pedro Puescas Galán).
Esta destitución se debió a una “grave conducta disfuncional al manipular fraudulentamente el sistema informático del Centro de Distribución General para dirigir u orientar los expedientes N° 2904-2006 (demanda de Fernando Barreto Paredes) y N° 3069-2006 (demanda de Pedro Puescas Galán) al Primer Juzgado Civil de Chimbote que despachaba el juez Manuel Encarnación Toscano”.
“Al obrar de eso modo vulneraron el principio del juez natural o juez predeterminado por ley, lo que configura notoria conducta irregular que menoscaba el decoro y respetabilidad del cargo. Igualmente, infringieron los deberes de lealtad, probidad, veracidad y buena fe”, señala el informe de la Ocma.
El ministro de la Producción, Rafael Rey, había puesto en conocimiento de la Ocma la irregularidad de la medida cautelar dictada por este juez para que sea investigado por actuar en contra de su deber.
“La acción de la Ocma honra al Poder Judicial, contribuye a elevar su nivel de credibilidad y es un ejemplo en la lucha contra la corrupción”, indicó el ministro.
Consideró que la destitución del juez Encarnación y de las servidoras judiciales por parte de la Ocma da un claro mensaje a los operadores de justicia para que actúen conforme a sus deberes funcionales y observen los valores éticos de la labor judicial.
La causa del juez Encarnación será vista el 14 de enero y teniendo en cuenta la contundencia de la denuncia, lo más probable es que se confirmará la sanción, respetándose el debido proceso, opinó el Ministerio de la Producción.
Lima, ene. 01 (ANDINA).- El Ministerio de la Producción informó hoy que la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) destituyó, en primera instancia, al juez del Primer Juzgado Civil de Chimbote (Ancash), Manuel Encarnación Toscano, debido a que concedió indebidamente tres medidas cautelares que ordenaban al ministerio dar permisos de pesca contraviniendo la ley y pese a no tener competencia jurisdiccional.
El citado juez, de acuerdo al dictamen de la Ocma, había cometido grave conducta disfuncional al favorecer irregularmente a los expedientes de Pedro Puescas Galán, Tomás Fiestas Fiestas y Fernando Richard Barreto Paredes.
Asimismo, fueron destituidas las servidoras judiciales Dinorah Valladolid Castillo (jefe de la Central de Distribución General de la Corte Superior), Karin Rojas Tapia y Elizabeth Francisca Gutiérrez Dioses de Castro (expediente N° 3069-2006, demanda de Pedro Puescas Galán).
Esta destitución se debió a una “grave conducta disfuncional al manipular fraudulentamente el sistema informático del Centro de Distribución General para dirigir u orientar los expedientes N° 2904-2006 (demanda de Fernando Barreto Paredes) y N° 3069-2006 (demanda de Pedro Puescas Galán) al Primer Juzgado Civil de Chimbote que despachaba el juez Manuel Encarnación Toscano”.
“Al obrar de eso modo vulneraron el principio del juez natural o juez predeterminado por ley, lo que configura notoria conducta irregular que menoscaba el decoro y respetabilidad del cargo. Igualmente, infringieron los deberes de lealtad, probidad, veracidad y buena fe”, señala el informe de la Ocma.
El ministro de la Producción, Rafael Rey, había puesto en conocimiento de la Ocma la irregularidad de la medida cautelar dictada por este juez para que sea investigado por actuar en contra de su deber.
“La acción de la Ocma honra al Poder Judicial, contribuye a elevar su nivel de credibilidad y es un ejemplo en la lucha contra la corrupción”, indicó el ministro.
Consideró que la destitución del juez Encarnación y de las servidoras judiciales por parte de la Ocma da un claro mensaje a los operadores de justicia para que actúen conforme a sus deberes funcionales y observen los valores éticos de la labor judicial.
La causa del juez Encarnación será vista el 14 de enero y teniendo en cuenta la contundencia de la denuncia, lo más probable es que se confirmará la sanción, respetándose el debido proceso, opinó el Ministerio de la Producción.
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A PROPÓSITO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. (5)Derecho a tener un hijo siendo preso (en Inglaterra, sancionan el sistema penitenciario por violatorio de dererechos) (5)Los problemas familiares son imposibles si hay dinero de por medio (el caso de los Tudela) (5)Restitución internacional de niños sustraidos por sus progenitores (5)Descalabro ambiental peruano (todos los municipios son contaminantes) (5)
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