Demandan S/. 800 mil por hijos con VIH
• Dicen que harán plantones y vigilias si no son escuchados. De 7 niños infectados en 2004 han muerto 4. Estado sigue ausente.

Por Alfredo Pomareda. La República

Los padres de los bebés infectados con VIH en la Maternidad piden intervención del Presidente.

"Qué haría, señor Presidente, si a su hijo le pasa lo mismo", solloza Bertha Romero. Su hija de solo dos años murió en agosto de 2006 como consecuencia de la rápida evolución del VIH. A esta niña la infectaron en el 2004 en el Instituto Perinatal de Lima, tras practicarle una transfusión de sangre.

"Los doctores de la Maternidad me dijeron que la sangre era de un homosexual. Mínimo debieron hacer pruebas previas", expresa Bertha. Nadie le devolverá a su niña y ahora exige una reparación de 800 mil soles por ella, aunque será siempre irreparable.

Al igual que Romero, los otros seis padres de los niños infectados hace tres años en la Maternidad de Lima –representados por Mario Ríos Barrientos y respaldados por el Foro de la Sociedad Civil en Salud– exigen el mismo monto de indemnización al Estado.

Y si el presidente Alan García obvia su pedido, advierten, ellos realizarán plantones, acudirán a los tribunales del exterior y algunos pernoctarán en el Palacio de Gobierno hasta que el mandatario haga pública la reparación. La indignación es su móvil.

"Nosotros vimos cómo Judith Rivera (la mujer que fue infectada con el VIH en el hospital Carrión) logró que la indemnizaran con 300 mil soles, y con nosotros también debe de suceder", dice Carmen Guevara, madre de C. J, un niño de tres años también infectado con el VIH. Mientras su madre habla, C. J. corre por los pasillos de Forosalud. Aún el virus no se desarrolla en su cuerpo.

"El monto que exigen los padres (ellos mismos lo han fijado asesorados por su abogado) por ley les corresponde", asegura Ana María Acevedo, funcionaria del ForoSalud, tras agregar que el caso de Carmen Guevara se encuentra en la actualidad en la primera instancia, en el 26 Juzgado Penal. El proceso lleva dos años y no ha avanzado mucho. Por la vía judicial Guevara vislumbra tardía su indemnización, por eso apela al presidente García para que obre como lo hizo con Judith Rivera.

También exige ayuda

Otro caso indignante es el de J. F. (17), quien vivió por dos años en el olvido, en un lugar casi inubicable: el asentamiento humano "Corazón de Jesús", situado en las faldas de un cerro en Ventanilla.

J. F. se infectó en el hospital Daniel Alcides Carrión cuando le practicaron una transfusión de sangre. El adolescente fue a tratarse una herida en la pierna y lo infectaron con el VIH.

Su padre, Justo Flores, reclama también una indemnización. Aún no tiene claro el monto, pero sabe que la ley lo respalda. Hasta ahora lo único que el Estado le ha otorgado a J. F. es un seguro integral de salud de por vida.

La reacción

"J. F. era un chico normal, el Estado debe indemnizar a sus padres, pues ellos viven en la pobreza extrema".

María Jesús Tirado Sánchez
Profesora de menor infectado con el VIH

"Denuncien los maltratos"

La Defensoría del Pueblo invocó ayer a la población a dar a conocer sus quejas por la falta de atención adecuada en los hospitales y otros centros del Ministerio de Salud (Minsa). Esta exhortación se formuló en el marco de una nueva etapa de la campaña "Todos tenemos derecho a un buen trato y a estar bien informados sobre nuestra salud", que se inició en agosto.

Además de Lima y Callao, la campaña se desarrolla en Arequipa, Junín, Piura, Lambayeque y Puerto Maldonado. En cada una de dichas ciudades, las Oficinas Defensoriales pueden recibir las quejas de todos aquellos que sientan que sus derechos han sido vulnerados. Muchos casos de maltratos aún no salen a la luz.

• Andrew Bristol, de minera Majaz, dice que esperan que el gobierno los convoque. La Iglesia también estaría presente en la mesa.

Redacción La República.


Luego de que las poblaciones de Alto Piura se pronunciaran sobre Majaz, hay mejores condiciones para conversar con la empresa y el Estado.

Ahora que se conoce cómo piensan la mayoría de pobladores de los distritos de Ayabaca, El Carmen de la Frontera y Pacaipampa, respecto a las actividades de la minera Majaz, los alcaldes de estas localidades se preparan para sentarse a la mesa con el gobierno y la compañía.

Ayer, el ánimo en Piura y sus provincias de la sierra era favorable al diálogo. El alcalde provincial de Ayabaca, Humberto Marchena, uno de los promotores de la consulta popular, dijo estar dispuesto a conversar con el premier Jorge del Castillo, pero pidió que se incluya a las 21 comunidades que el último domingo se expresaron mayoritariamente en contra de Majaz.

Por su parte, el teniente alcalde de Ayabaca, Deyver Flores, ensayó lo que podría ser el esquema inicial de sus conversaciones.

Según Flores, el gobierno debería convocar a los integrantes del Frente para el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, que agrupa a autoridades locales y sociedad civil de las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba, además de sus pares cajamarquinos de Jaén y San Ignacio.

Flores expresó, además, que este organismo se reunirá durante esta semana para definir cuál será su posición ante el gobierno.

Tiempo de calma


Resultados de la consulta al 100%. Haga click en la imagen para ampliar.

Las noticias en El Carmen de la Frontera eran similares a las de Ayabaca. Como ya lo había hecho el domingo, el alcalde de este distrito, Ismael Huamayama, reiteró su intención de reunirse con el jefe del gabinete.

En la otra orilla, el gerente de operaciones de Majaz, Andrew Bristol, sostuvo que su empresa espera el llamado del gobierno para iniciar el diálogo con la población que vive alrededor del área de influencia de su proyecto minero.

Y aunque expresó que su empresa se sentará a la mesa con todos los interlocutores que acrediten los promotores de la consulta popular del último domingo, también señaló que los "actores principales" del diálogo deben ser los representantes de las comunidades Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca).

En opinión de Bristol son estos dos poblados los que recibirán el mayor impacto de las operaciones de Majaz. También dijo que le llamaba la atención que distritos como Pacaipampa se involucraran en la consulta del último domingo, a pesar de que "no tienen relación con el proyecto minero".

"Estamos felices porque el último domingo no hubo violencia. Esto se enmarca en nuestras políticas de no a la confrontación", sostuvo Bristol.

La bendición de Cabrejos

Si el gobierno, Majaz y las autoridades de la serranía piurana buscan un acercamiento, la Iglesia podría convertirse en su aliado. Ayer por la tarde, el presidente de la Conferencia Episcopal, Miguel Cabrejos, manifestó que podrían mediar entre el gobierno y los distritos que organizaron la consulta popular si son requeridos. Adelantó además que hoy se reunirán ocho obispos, en la sede de la Conferencia Episcopal, para pronunciarse sobre el caso Majaz.

Cabrejos también reveló que conversó con el presidente Alan García con el fin de aclarar las críticas de este último contra un sector de la Iglesia. Cabrejos dijo que después de este diálogo todo quedó olvidado.

'Esto es un hecho circunstancial y anecdótico. Nosotros reconocemos la estrecha relación que mantiene el presidente García con la Iglesia. Prueba de ello es la reciente visita del secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone", señaló. Monseñor Cabrejos destacó la labor que cumplen en nuestro país los sacerdotes extranjeros, un sector que fue blanco de las críticas del presidente. También aclaró que radio Cutivalú no es vocero del Consejo Episcopal, ni del Vaticano.

Datos

PRECISIÓN. El domingo también se registró una consulta paralela en la ciudad de Piura. Fue promovida por el Frente Regional Mujeres y Familia. Este acto se llevó a cabo en medio de un clima de confusión. El punto central de la convocatoria fue la Concha Acústica del parque "Miguel Cortés", donde se instalaron tres mesas de sufragio.

PORTÁTIL. Entre los votantes hubo un grupo de madres del programa Juntos, del distrito de Cura Mori, que dijeron que fueron convocadas por el teniente gobernador Luis Silupú Vílchez.

Practicante denuncia por acoso sexual a presidente de Corte Superior de Lima
• Magistrado la habría invitado a subir a su auto y le hizo algunas propuestas de tipo sexual que estudiante de Derecho rechazó.

César Romero.


Investigado. Presidente de la Corte de Lima, Jovino Cabanillas, enfrenta una denuncia que pone en duda su idoneidad.

Una joven estudiante de los últimos ciclos de Derecho y practicante en el despacho de una jueza denunció que fue víctima de acoso sexual del presidente encargado de la Corte Superior de Lima, Jovino Cabanillas Zaldívar.

El magistrado niega el hecho.

La investigación está a cargo de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura (ODICMA), que dirige la vocal Alicia Gómez, pero el caso pasaría a manos de la jefa de OCMA, Elcira Vásquez.

La denunciante, identificada con las iniciales S.H.S., ingresó en la Corte de Lima para realizar prácticas en un programa de atención al litigante, pero Cabanillas la llevó a su despacho para que practique bajo supervisión de su asistenta Erika Ayala.

Allí laboró entre el 2 de julio y el 4 de setiembre del 2007. Supuestamente, el 3 ó 4 de setiembre la joven y el magistrado coincidieron a la salida de la Corte, por lo que Cabanillas se ofreció a llevarla a su casa y durante el trayecto le habría hecho una propuesta de tipo sexual e intentó tocarla.

La joven no aceptó, denunció el acoso a la ODICMA, donde entregó un video, y renunció.

Las investigaciones se realizaban de manera reservada, pero el 10 de setiembre circuló un volante anónimo en las sedes de la Corte de Lima en el que se da cuenta de la denuncia de S.H.S., además de otras supuestas irregularidades en la administración de Jovino Cabanillas.

El descargo


Jefa de Odicma, Alicia Gómez.

La República buscó conversar con los protagonistas de esta historia, pero no fue posible contactar con todos. La víctima S.H.S. cambió de domicilio y prefiere mantener el anonimato.

Cabanillas niega haber tenido algún trato personal con la denunciante. "En la Corte trabajan más de 1,500 trabajadores, no recuerdo a esa joven en particular", indicó. El magistrado asevera que la denuncia es un complot y acusa a la ODICMA de filtrar la denuncia para sacarlo del cargo y controlar la Corte más importante del país.

En la ODICMA se excusaron de hacer declaraciones por tratarse de una investigación reservada. Otros magistrados consultados sobre este hecho descartaron que alguien pueda hacer uso personal de una denuncia de acoso sexual que mancha la imagen de toda la Corte. Con todo, hay un evidente descontento con la administración Cabanillas.




Podría haber más irregularidades

La ODICMA también investiga el uso de un auto y chofer asignado a la presidencia de la Corte de Lima para actos privados de la esposa de Jovino Cabanillas. Éste no niega que el vehículo haya prestado algún apoyo a su cónyuge. Volantes anónimos hablan de otros casos de acoso sexual no denunciados.

Una mayoría de magistrados de Lima cuestiona que Cabanillas mantenga como su asistenta a Erika Ayala, pese a reiterados rumores de que solicita regalos para designar o promover jueces, aunque nunca se han presentado pruebas. Ayala fue investigada por ODICMA y el Consejo Ejecutivo de Lima y no confirmaron nada, por lo que Cabanillas la ratificó.


Comentario

¿Qué hace una practicante de derecho en el despacho del Presidente de la Corte Superior de Lima?