La República


Alan García está en caída libre. Al menos así se desprende de los resultados de la última encuesta publicada por CPI, que sitúa la popularidad en Lima del Jefe del Estado un 13.4% menos que en el sondeo realizado a finales de agosto.

Y dicho descenso, según el analista político Sinesio López, continuará imparable en los próximos meses si el gobierno no fija a la mayor brevedad una política distributiva clara que llegue a todos los sectores de la población.

"García debería empezar a preocuparse por las cosas que están pasando. No puede dejar simplemente que la ola vaya sola, él se suba y se duerma sobre ella. Tiene que definir algún tipo de política. Y ésta es una reforma tributaria", sostiene el sociólogo.

Ésta debe empezar por la implementación de una política económica de empleo que permita que las ganancias que está teniendo el país se distribuyan entre todos los niveles sociales. Del mismo modo López considera necesarios cambios en el gabinete en las carteras de Interior, Salud y Economía.

"Hay ministros muy cuestionados en cuyos ministerios ha habido corrupción. Ellos, si no estaban comprometidos, al menos fueron incapaces de controlarla, y lo mínimo que pueden hacer es renunciar. Lo mismo pasa con ese ministro que solo se preocupa de que vayan bien las ganancias empresariales, y no se preocupa un poco por el bienestar del pueblo", manifestó el analista.

El dato

PAN Y POLLO. Sinesio López fija el origen de la bajada de la popularidad de García en la inflación y en la subida del precio del pan y el pollo, ambos productos básicos de la canasta familiar peruana.

Expreso.

Los integrantes del Comité Coordinador de las FF AA y Policía Nacional exigieron ayer al gobierno, la aplicación del Decreto Supremo N° 213 –90 que aprueba las remuneraciones de sus sectores y rechazaron el proyecto de ley del sistema de remuneraciones que está preparando el Ministerio de Defensa, al tener la clara intencionalidad de perjudicar a las tres armas.



El capitán de Fragata (r), Raúl Roca Green, especialista en el tema de remuneraciones y pensiones del comité, explicó que un sector “caviar” del Ministerio de Defensa pretende desaparecer a las FF AA a través de una norma que no tiene por qué existir, debido a que en la primera administración del presidente Alan García se expidió el D.S. 213-90, el cual está vigente y lleva su rúbrica.


“Se rumorea que hay algunas personas interesadas en el Ministerio de Defensa que tienen un pensamiento especial muy ligado al círculo interamericano que vienen a ser los izquierdistas caviares. (...)Se supone que estamos hablando de (la vice ministra) Nuria Sparch y el vice ministro Renzo Chiri, que todo el mundo dice que son caviares y si lo son quiere decir que pertenecen a estas ONG (contrarias a las FF AA), por eso es que inventan estos proyectos de ley que lo unico que hacen es perjudicar a las FF AA”, indicó.Roca sostuvo que el D.S. 213- 90 es un dispositivo completo que desarrolla en forma armónica y orgánica la estructura de los haberes fuera de toda duda, así como prevé y soluciona con antelación los problemas y divergencias económicas que pudieran presentarse en el futuro.
“Es un decreto supremo excelente cuya escala remunerativa está en intis pero que puede modificarse a soles como lo permite el propio dispositivo, lo cual se puede corregir sin necesidad de una ley. Nosotros queremos que se respete la firma de Alan García en el D.S. 213-90, él es el jefe supremo de las FF AA, aparte que la Constitución lo ordena y el ministro es el representante del Presidente”, enfatizó.

Aunque dijo que los oficiales y subalternos de las FF AA están de acuerdo con la escala remunerativa que se precisa en el proyecto de ley que alista el sector Defensa, detalló que anula algunos derechos como por ejemplo el pago de vacaciones, además de desconocer los servicios especiales que prestan los integrantes de las tres armas.

“No consideran que el servicio que ofrecen los miembros de las FF AA es especial, ya que entregan hasta sus propias vidas y no puede ser considerado como el empleado público que entra a las ocho de la mañana y se va a su casa a las seis de la tarde. Tenemos un servicio eterno y completo”, enfatizó.

Sorpresas
El Comité Coordinador agrupa a oficiales de las FF AA y PNP. Fue la única entidad que participó junto a los asesores del Ministerio de Defensa en lo que pensaron sería la actualización del D.S. 213-90, pero terminó siendo un proyecto de ley de remuneraciones.

Al respecto, el comandante de la Marina y secretario del comité, Alfonso Agüero, afirmó que existe una gran preocupación en las FF AA y en la PNP debido a que los aumentos contemplados en la iniciativa del sector Defensa se otorgarían recién en el 2009, año en que esos montos ya estarían devaluados.

“Hemos trabajado con los asesores del ministro de Defensa (Allan Wagner) y a las finales nos sorprenden porque nos dicen que todo lo que hemos trabajado se hará como proyecto de ley. Eso implica tiempo porque con el decreto supremo nos estarían pagando los aumentos en enero de 2008 vía crédito suplementario, en cambio con el proyecto de ley la cosa es distante en el tiempo y toda la familia militar y policial está esperando que sea lo más pronto posible”, puntualizó.

Por Vanessa Ochoa. La República


Hace tan solo unas semanas, la brasileña estatal Petrobras –socio estratégico de Petroperú en proyectos hidrocarburíferos– pedía al gobierno peruano aprobar el marco legal para desarrollar la industria petroquímica y así dar inicio a la construcción de una planta para producir úrea y otros fertilizantes en el sur peruano.

Su invocación tuvo eco y el pasado lunes la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó el proyecto de ley que incentiva el fomento y desarrollo de dicha industria en el Perú.

Petrobrás junto a Petroperú estiman invertir cerca de US$ 1,000 millones. Otras empresas también adelantaron su intención de participar con inversiones similares (Oswal Group de la India y Terra Industries Inc de EEUU). Sin embargo, el dictamen aún no fue redactado y por ende el proceso para que sea incorporado en la agenda del Pleno tampoco se inició, indicó el congresista José Carrasco Távara, miembro de la citada comisión. "El proceso toma tiempo, salvo que se agilice para que ingrese este miércoles 10 al Pleno, pero los plazos son cortos y aún falta debatir algunos puntos", explicó.

El parlamentario aprista recordó que la aprobación del proyecto de ley del Ejecutivo en la comisión fue "pateada" varias veces, desde agosto, por la titular del citado grupo de Trabajo, Cecilia Chacón.

Esto no cobraría tanta importancia si no fuera porque el 18 de octubre el Consorcio Camisea inicia el proceso de adjudicación del suministro de gas natural para el proyecto petroquímico.

César Gutiérrez, presidente de Petroperú, indicó que "el proceso debe realizarse en el marco de ciertas reglas, por lo que se requiere tener promulgada la ley.

"Cualquier grupo que participe quiere saber cuáles son las reglas que regirán el desarrollo de la industria por su naturaleza de inversión intensiva, por lo que la ley debe estar antes de que se entregue la buena pro el próximo 18", apuntó.

Y es que el debate en el Pleno podría dilatar el proceso de aprobación de la ley puesto que aún hay temas que no fueron definidos en la Comisión de Energía y Minas. Entre ellos están el uso de instalaciones nuevas y los beneficios a otorgarse. "Tal como se expone hoy, los beneficios tributarios se otorgan a quien pone una industria petroquímica pero no para el que esté en un complejo petroquímico" , dice Gutiérrez.

¿Y el polo petroquímico?

Carrasco añade que como está aprobado el dictamen, la ley pierde su objetivo principal de incentivar el desarrollo nacional, pues queda bajo el criterio de la empresa petroquímica la ubicación de la planta, dejando a la deriva la idea inicial de establecer el polo petroquímico en la Macrorregión Sur.

En tanto, el proceso sigue. Este 18, en la primera etapa cada postor entregará el sobre con documentación de la empresa para que el próximo 25 proporcionen los sobres de ofertas económicas. Hasta el momento hay 14 postores.

La espera de Petroperú

En el caso del consorcio Petrobras-Petroperú el viernes esperan reunirse con los ejecutivos de Pluspetrol, el operador del Consorcio Camisea, para definir algunos puntos de la base, entre ellos si existe el suficiente suministro de gas para determinado número de postores.

"Es lógico que todas las empresas que participan no se quedarán porque se debe tener en cuenta que el suministro es para 20 años. Además se tiene que tomar en cuenta el mercado local", dijo el titular de la petrolera estatal.

Sin embargo, se conoce que Pluspetrol solo entregaría la buena pro a una sola empresa.

Además falta definir el lugar donde se instalará la planta petroquímica, si es en Pisco donde algunas empresas como Oswal Group de la India y Terra Industries Inc de EEUU pretenden, o si se desa- rrolla un polo petroquímico en la zona de Ilo y Matarani, en la Ma- crorregión Sur, donde apuesta el consorcio integrado por Petrobras y Petroperú.

Reacciones

"El proceso debe realizarse en el marco de ciertas reglas, por lo que se requiere promulgar la ley".

César Gutiérrez Peña
Presidente de PetroPerú

"Hay temas que no fueron definidos en la Comisión de Energía y Minas, entre ellos el uso de instalaciones nuevas".

José Carrasco Távara
Congresista aprista


¿Qué es la petroquímica?

Esta una floreciente industria que busca la elaboración de todos aquellos productos químicos que se derivan de hidrocarburos como el petróleo y el gas natural.

En la petroquímica básica están las empresas que realizan la primera transformación del gas condensado para la obtención de insumo para la industria petroquímica intermedia (metano, etano, propano, etc.).

La petroquímica intermedia involucra a las industrias que transforman los insumos de la petroquímica básica para la petroquímica final( amoniaco, etileno, acetileno, etc.).

La petroquímica final incluye a las que usan insumos petroquímicos destinados a la producción de bienes de consumo final (plásticos, juguetes, botellas, etc.).

Peligra homologación a catedráticos. Profesores universitarios evalúan iniciar paro indefinido.

Por Alfredo Pomareda. La República


Retorna el clima hostil. Al parecer la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de traer a mesa de debate el Decreto de Urgencia 033-2005, que establece subniveles entre los catedráticos, pondría en peligro la prometida homologación para los docentes universitarios con los magistrados del Poder Judicial. Para el congresista nacionalista, Rafael Vásquez, miembro de la Comisión de Presupuesto del Congreso, dicho decreto de urgencia establece subcategorías ilegales. "Según el MEF puede haber distintos tipos de profesores nombrados, lo mismo con los contratados y asociados. Eso burocratiza el sistema", señala Vásquez.

¿La espera desespera?

Sucede que, en obediencia a la Ley de Presupuesto 29035, este año le corresponde al Ejecutivo homologar un 35% de los sueldos de los catedráticos. De proceder el decreto 033-2005, el MEF dilataría para el 2009 el desembolso, pues tendría que reevaluar la condición de cada profesor. "El Estado a inicios de año destinó una partida de 71 millones de soles para cumplir con la homologación. Hasta ahora esperamos", expresó Julio Lazo, presidente de la Federación de Docentes Universitarios (Fendup) y aseguró que de no cumplir el MEF con el aumento de sueldo, los catedráticos iniciarían un paro indefinido nacional y los más perjudicados serían los alumnos. A juicio de Vásquez, "el ministro Carranza está desconociendo los dispositivos legales dictados por el Congreso en una clara intención de ahorcamiento a las universidades públicas".

Solo promesas

Lazo asegura que el congresista Pedro Santos, presidente de la Comisión de Educación del Parlamento, ha prometido coordinar con el Ministerio de Economía para que cumplan con el porcentaje de homologación este año. "Sin embargo, sabemos que el ministro ha presentado en un proyecto de ley la suspensión de nuestra homologación en el presupuesto fiscal 2008". Agregó que es una violación a los derechos del profesorado.

El dato

RECLAMAN JUSTICIA. Según la homologación con un magistrado del PJ, un profesor principal podría llegar a percibir 7 mil soles al mes. En la actualidad el catedrático promedio gana alrededor de 1,500 soles.