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El Zorro de Abajo
Blog de Sinesio López Jiménez

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Archivos de April 2008


Sinesio López Jiménez

El Estado moderno ha sido visto desde diversas perspectivas: racionalidad e irracionalidad, interés particular dominante e interés general, coerción y consenso, autonomía y subordinación, estamento y nación. Este artículo presenta abreviadamente algunas de estas perspectivas en algunos autores clásicos y contemporáneos. El Estado asume diversas formas que dependen de las modalidades de desarrollo capitalista y de las coaliciones sociales y políticas que pugnan para forjarlas. En este artículo se presentan esas diversas formas para el caso latinoamericano a partir de algunos trabajos de Fernando Henrique Cardoso y de Rosemary Thorp . La relación entre las formas de Estado y los tipos de desarrollo capitalista no es directa sino mediada por clivajes sociales y por los sistemas electorales y los partidos, razón por la cual se plantean una serie de hipótesis de trabajo sobre esas relaciones complejas con la finalidad de desarrollar futuras investigaciones. Por razones de espacio, ha quedado fuera de este artículo el análisis de las transiciones económicas y estatales que son momentos constitutivos de tipos de estado y de desarrollos capitalistas en los que se puede examinar, como en un laboratorio, a los actores, las estrategias y las políticas, los conflictos y las coaliciones, las relaciones entre la economía y la política, las crisis, así como las estructuras y contingencias que les dan origen.

1. El Estado : Perspectivas de Análisis

Cinco han sido los temas principales en torno a los cuales ha girado el debate sobre el Estado moderno: racionalidad e irracionalidad , interés particular dominante e interés general , coerción y consenso , autonomía y subordinación , estamento y nación . Estas perspectivas del Estado han sido presentadas generalmente en forma unilateral o sólo parcialmente articuladas. Un análisis complejo del Estado que ayude a los fines de investigación empírica sobre el tema requiere, por un lado, integrar estas cinco perspectivas y, por otro, concretarlas y operacionalizarlas, teniendo en cuenta las principales investigaciones que se han realizado sobre el mismo. Esto es lo que propongo en el cuadro N. 1.

CUADRO N. 1. DIMENSIONES DEL ESTADO, SEGÚN PERSPECTIVAS DE ANALISIS

Perspectivas de
Análisis Dimensiones para la investigación del Estado
Racionalidad e
Irracionalidad Diferenciación y especialización institucional
Calificación de los funcionarios
Racionalización de las instituciones del Estado
Eficacia de las instituciones

Interés particular e
Interés general Coaliciones que sustentan el Estado
Grado de cerrazón y apertura del Estado
Forma política de apertura
Sistema legal
Igualdad ante la ley
Igualdad de oportunidades
Políticas públicas ( económicas, sociales y culturales)

Coerción y
Consenso
Rol militar y político de las FF.AA.
Presupuestos militares
Importancia y estabilidad de instituciones hegemónicas
Presupuesto dedicado a la educación y cultura

Autonomía y
Subordinación Monopolio de la violencia legítima
Importancia de las FF.AA
Densidad institucional del Estado
Calificación de los funcionarios
Presión tributaria

Estamental y
Nacional Dominio sobre el territorio nacional
Nivel de integración social
Grado de cerrazón y apertura
Forma de apertura política
Reconocimiento y extensión de los derechos ciudadanos
Existencia de garantías a los derechos
Multiculturalidad estatal

Los estudios más relevantes del Estado tanto clásicos como contemporáneos lo han visto como una forma política de dominación social de la época moderna a través de la cual una clase impone su dominio sobre otras apoyándose en la ley, en el monopolio de la violencia legítima y en la burocracia. Marx y Weber hablan de la burguesía y el capitalismo para explicar el Estado; Otto Hintze, de caudillos políticos y de caudillos empresarios; Barrington Moore, de elites rurales y apertura al mercado; Tilly, de coerción y capital, Clauss Offe, de la protección de los intereses colectivos de todos los miembros de una sociedad de clases dominada por el capital, Thedda Skócpol, de autonomía del Estado frente a las clases sociales y a los sistema de estados.

a. Marx: El dominio del capital y el interés general

Dejando de lado los escritos juveniles , Marx define al Estado como la forma política de la dominación burguesa y como condensación o síntesis de la sociedad civil de una época . En el Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, el Estado es definido como la dominación política de los intereses particulares de la burguesía y como expresión de los intereses generales de la sociedad, ambos administrados por la burocracia e impuestos por la fuerza material y espiritual de la represión. Según Marx, el estado moderno como poder centralizado con toda su maquinaria nació con la monarquía absoluta , asumiendo algunos privilegios anteriores, se perfeccionó con las revoluciones burguesas, incrementando la centralización de la autoridad y especializando a la burocracia, y acompañó la transformación de los intereses comunes de la sociedad (que proceden de la división social del trabajo) en intereses generales del Estado, los mismos que son asumidos por la burocracia, dando lugar a su propia y compleja división política del trabajo. Mediante la burocracia y la forma política que el Estado asume, se expresa, según Marx, la dominación de clase de la burguesía, aunque él mismo (el Estado) aspira también a su propio poder absoluto. Y aunque parezca “haber adquirido una completa autonomía”, como en el caso del segundo Bonaparte, “el poder del Estado no flota en el aire”, sino que representa a una clase social . En el examen histórico del caso español, previo al tratamiento de los acontecimientos y al golpe de 1854, Marx señala que la monarquía absoluta no cumplió allí un rol civilizador, que ella no logró una corporización visible y que fue el ejército la única institución estatal que mantuvo la unidad del territorio, transmitiendo, por su intermedio, todas la pulsaciones de la fragmentada sociedad española .

b. Weber: El capital, la coerción, la ley y la administración

La perspectiva weberiana de análisis del Estado lo considera como una forma de dominación social institucionalizada que da sentido a los otros elementos que lo integran: poderes del estado, monopolio de la violencia, monopolio de los medios de administración, la burocracia, jurisdicción territorial y el sistema legal. Según Max Weber, el Estado, desde una óptica racional, sólo se da en Occidente y está estrechamente asociado con el capital dando origen a la burguesía nacional: “De la coalición necesaria del Estado nacional con el capital surgió la clase burguesa nacional, la burguesía en el sentido moderno del vocablo. En consecuencia, es el Estado racional a él ligado el que proporciona al capitalismo las oportunidades de subsistir; así, pues, mientras aquél no ceda el lugar a un estado universal, subsistirá también éste” . Max Weber define al Estado, justamente en el acápite El estado racional como asociación de dominio institucional con el monopolio del poder legítimo, como “aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio –el concepto de “territorio” es esencial a la definición- reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima. Porque lo específico de la actualidad es que a las demás asociaciones o personas individuales sólo se les concede el derecho de la coacción física en la medida en que el Estado lo permite. Éste se considera, pues, como única fuente del “derecho” de coacción” . “El Estado, lo mismo que las demás asociaciones políticas que lo han precedido, es una relación de dominio de hombres sobre hombres basada en el medio de la coacción legítima (es decir, considerada legítima)” precisa M. Weber. El Estado moderno es, pues, una asociación de dominio de tipo institucional que, en el interior de un territorio, monopoliza tanto la coacción física legítima como la administración, luego de expropiarlas a aquellos que la poseían.

En la perspectiva weberiana, el Estado es también una empresa que se encarga de la administración, la dirección política, la burocracia y el sistema legal y que, como tal, acompaña y refuerza el desarrollo capitalista moderno. En el Estado moderno, el verdadero dominio se encuentra necesariamente en manos de la burocracia, tanto militar como civil. La empresa capitalista moderna descansa internamente ante todo en el cálculo y necesita para su existencia una justicia y una administración cuyo funcionamiento pueda calcularse racionalmente. Como empresa moderna el Estado actual reposa, a semejanza del capitalismo, en la separación entre los medios de administración y los administradores .

Siguiendo a Max Weber, Otto Hintze, historiador alemán, sostuvo que los estados modernos fueron construidos por los caudillos políticos, que los capitalismos fueron forjados por los caudillos empresarios y que en algún momento de la historia se produjo un encuentro fortuito pero productivo (afinidad electiva lo llamaron Weber y Hintze, tomando las palabras de Fausto de Goethe) entre ambos tipos de caudillos, dando origen, con el tiempo y las circunstancias, a una estrecha relación estructural entre el capitalismo y el Estado moderno .

a. Barrington Moore: Elites rurales, campesinos y mercado

Barrington Moore trata de comprender "el papel de las clases altas rurales y de los campesinos en las revoluciones burguesas que condujeron a la democracia capitalista, las revoluciones abortadas que condujeron al fascismo y las revoluciones campesinas que condujeron al comunismo" . Según Barrington Moore, las formas como las clases altas rurales y los campesinos reaccionaron al reto de la agricultura comercial fueron factores decisivos para que produjeran determinados resultados políticos pudiendo distinguirse tres grandes vías de tránsito del mundo preindustrial al mundo moderno: las revoluciones democrático-burguesas que dieron origen a los estados liberales, las revoluciones desde arriba que abrieron las puertas a los Estados fascistas y las revoluciones campesinas que culminaron en los estados comunistas .



Para comprender el camino democrático al capitalismo es necesario tomar en cuenta tres puntos fundamentales: el punto de partida feudal, las precondiciones y el proceso mismo. Los puntos de arranque hacia el camino democrático son importantes aunque no de por sí decisivos, pero pueden ser unos más favorables que otros al desenvolvimiento democrático. Esos puntos de partida favorables fueron los siguientes:
1) La inmunidad de ciertos grupos y el derecho de resistir a la autoridad injusta. En China hubo este último, pero no el primero.
2) El contrato como compromiso mutuamente libre. Este no existe ni en el feudalismo de Rusia ni en el de Japón.
3) Equilibrio delicado entre el poder real y el de la aristocracia.

Las precondiciones del camino democrático al capitalismo han sido las siguientes:
a. El proceso de modernización que se expresó en el desarrollo de la soberanía estatal y en la centralización de la autoridad, lo que se produjo con la implantación del absolutismo. El absolutismo del siglo XVI y XVII (Inglaterra, Francia, parcialmente Alemania), en la medida que centralizó el poder feudal y desarrolló el mercantilismo, permitió el inicio de la modernización, refrenó a la nobleza y favoreció a la democracia.
La persistencia, en cambio, del absolutismo en los tiempos modernos creó las condiciones desfavorables a la democracia liberal. Estos son los casos de China, Persia, Alemania.
b. Otra precondición para la democracia moderna ha sido el establecimiento de cierto equilibrio entre la corona y la nobleza en que el poder real predominaba con independencia de la nobleza. Es importante tomar en cuenta las nuevas maneras como se ha forjado la independencia.
1. La guerra que debilitó a la nobleza favorece el equilibrio en la monarquía. Tal cosa sucedió en la guerra de las Dos Rosas en Inglaterra.
2. La presencia de la nobleza sin contrapeso urbano burgués es desfavorable al establecimiento monárquico y al desarrollo de la democracia. Estos son los casos de Rusia y Alemania.

La segunda ruta fue también capitalista, pero asumió un carácter reaccionario: Representa un tipo de revoluciones desde arriba. Los países que siguieron este camino -Japón Alemania e Italia- acabaron en el fascismo. En estos países el impulso burgués fue más débil y cuando él asumió un carácter revolucionario, fue desbarato rápidamente: "Más tarde la relativamente débil clase comercial e industrial contaron con elementos disidentes de las más rancias y aún dominantes clases rectoras, reclutados sobre todo en el campo, para imponer cambios políticos y económicos indispensables para la construcción de una sociedad industrial moderna, bajo los auspicios de un régimen semiparlamentario. El desarrollo industrial, bajo tales auspicios, fue quizás rápido. Pero el resultado, tras un breve e inestable período, fue el fascismo" . Este segundo camino al mundo moderno fue capitalista y reaccionario, pues él avanzó hacia la industria sin producir un cataclismo revolucionario. Esta ruta, que conduce a la sociedad moderna pero bloquea la democracia, asume dos formas:
a) La aristocracia rural mantiene intacta la sociedad agraria preexistente, elevando el excedente como sucedió en el Japón.
b) Reinvención de instituciones nuevas como el esclavismo de plantación o reimplantación del servilismo, tal como sucedió en Alemania.

La revolución desde arriba produjo una racionalización del orden político: autoridad firme, administración uniforme, máquina militar potente, fabricación de ciudadanos en un nuevo tipo de sociedad y lealtad al Estado. Ella trajo y se apoyó en una galaxia de distinguidos líderes políticos: Cavour en Italia, Hindenburg y Bismarck en Alemania y los estadistas de la era Meiji en Japón. El estado alentó la industria ligera, impulsó la acumulación primaria, creó una industria de guerra que motorizó a la industria pesada, sacó recursos de la agricultura y domesticó a la clase obrera.

Las condiciones de éxito de la modernización conservadora fueron las siguientes:
a) Dirigentes hábiles para arrastrar tras sí a las élites rurales en alianza con la corona.
b) Creación de un aparato burocrático poderoso, administrativo, militar y policial para controlar a los extremos. El camino de modernizarse sin cambiar estructuras sociales tiene un costo: el militarismo para frenar a los descontentos de arriba y de abajo.

El fascismo pudo surgir en las siguientes condiciones:
a) En respuesta a tensiones del industrialismo ascendente sin fondo social y cultural específico.
b) Las profundas raíces que encontró en la vida rural tanto a nivel de las élites como de los campesinos.
c) Débil impulso a la democracia parlamentaria frente a la cual surge como reacción vigorosa.
d) Industrialismo pesado apoyado por el capital bancario.
e) Impulso de una violencia extrainstitucional: las centurias negras en Rusia, los fasci en Italia.

El fascismo es, además, inconcebible sin la entrada de las masas en la escena. El fascismo es la tentativa de hacer popular y plebeyo al conservadorismo, exaltando la violencia y la jerarquía e imponiendo la obediencia y la disciplina.

El tercer camino fue el de las revoluciones campesinas victoriosas que culminaron en el comunismo. La contribución revolucionaria del campo es decisiva en Rusia y China, importante en Francia, menor en el Japón e insignificante en la India. Las teorías que tratan de explicar las revoluciones campesinas se apoyan generalmente en un solo factor que los induce a un grave error. Antes que el campesinado hay que fijarse en la sociedad entera. La pregunta clave que es necesario formularse y responder es la siguiente: Qué sociedades agrarias premodernas están más sujetas a la revolución campesina y qué rasgos estructurales las explican?. En el intento de responder esta pregunta hay una hipótesis clave:"Una sociedad muy segmentada que se apoye en sanciones altamente esparcidas para salvaguardar su coherencia y para extraer el excedente campesino es casi inmune a la rebelión campesina, toda vez que la oposición tiende a tomar la forma de un nuevo segmento. En cambio, una burocracia agraria dependiente de un país centralizado, es más vulnerable". El sistema feudal está entre ambos casos.

El éxito o fracaso de la clase alta en el desarrollo de agricultura comercial tiene importantes efectos políticos:
1) Cuando la clase alta rural produce para el mercado y la vida rural se abre a los influjos comerciales, las revoluciones campesinas han tenido poca importancia.
2) Donde la aristocracia rural no ha logrado un impulso comercial poderoso, la revolución campesina es más posible. También puede suceder que la aristocracia rural trate de obtener un mayor excedente rural. Esto sucedió en Francia del siglo XVIII, Rusia y China del siglo XIX y parte del siglo XX. El caso de la revolución de Bauernkrieg de 1524-1525 ilustra estos distintos resultados si se comparan las zonas en donde ella fue avasalladora y aquellas donde apenas se hizo presente. Rusia y China no transitaron a la agricultura comercial ni destruyeron la base campesina. Ellas estuvieron abiertas a las revoluciones campesinas.

Es necesario considerar tres aspectos en las comunidades campesinas que explican su proclividad o no a la revolución: El carácter del vínculo entre la comunidad campesina y la élite rural, la distribución de la tierra y las divisiones de clase en el campo y el grado de solidaridad de la comunidad campesina. Cuando existen vínculos fuertes entre comunidad campesina y la élite rural, la tendencia a la rebelión campesina es débil. Tanto en Rusia como en China los vínculos fueron tenues y las compulsiones campesinas fueron endémicas. En Japón, en cambio, esa relación fue fuerte, razón por la cual no hubo revolución campesina.

En resumen, las causas más importantes de las revoluciones campesinas son:
a) La ausencia de una revolución comercial agraria dirigida por la aristocracia rural.
b) La mantención de instituciones sociales campesinas
c) La debilidad de vínculos institucionales que atan al campesinado con las clases altas rurales.

Los campesinos, por lo demás, nunca han hecho una revolución por sí solos. Necesitan líderes de otras clases. Además, se requieren otras circunstancias para que triunfen. Necesitan otros aliados descontentos que dependen de la fase histórica de la revolución. En Francia de los sans-coulottes, los burgueses; en Rusia, los obreros e intelectuales.

Barrington Moore señala un cuarto camino, de destino incierto, que se caracteriza por el débil impulso hacia la modernización, pero que cuenta con rasgos históricos previos de la democracia occidental tales como un régimen parlamentario más o menos sólido. Este es el caso de la India.

d. Tilly: Coerción y capital

La argumentación central de Tilly es la siguiente: La relación esencial entre coerción y capital se basa en que la guerra y la preparación para la guerra obligaban a los gobernantes a dedicarse a la extracción de los medios bélicos entre aquellos que poseían los recursos esenciales -hombres, armas, dinero para la adquisición- y se resistían a entregarlos sin fuertes presiones o compensaciones. La organización de las grandes clases sociales dentro del territorio de un Estado y sus relaciones con dicho Estado influyeron de modo significativo en las estrategias utilizadas por los gobernantes para extraer recursos, teniendo en cuenta la resistencia que habían de vencer. Dentro de los límites impuestos por otros estados, la extracción y la lucha en torno a los medios para la guerra crearon la estructura organizativa central de los estados. La configuración de las grandes clases sociales y sus relaciones con el Estado, variaban considerablemente entre las regiones de Europa intensivas en coerción (áreas de pocas ciudades y predominio agrícola en donde la coerción directa desempeñaba una función primordial en la producción) y las regiones intensivas en capital (áreas de múltiples ciudades y predominio comercial y predominaba la producción para el mercado). Las estrategias de extracción variaban según estos diversos tipos de regiones (intensivas en coerción o intensivas en capital). En conclusión, las formas organizativas de los estados siguieron trayectorias diferentes en estas diversas partes de Europa.



Los estados europeos difieren considerablemente con respecto a las actividades y organizaciones más sobresalientes. Tres tipos de estado han proliferado en diversas partes de Europa después de 990: imperios receptores de tributos, sistemas de soberanía fragmentada como las ciudades-estado y las federaciones urbanas y los Estados Nacionales. Con el primero se construyó un estado militar y extractivo, pero la mayor parte de la administración local quedaban en manos de poderosos regionales que conservaban una gran autonomía. En los sistemas de soberanía fragmentada, las coaliciones transitorias y las instituciones consultivas desempeñaban una parte significativa en la guerra y la extracción, pero era escaso el aparato de Estado duradero que surgía a escala nacional. Los Estados nacionales unen sustanciales organizaciones militares, extractivas, administrativas e incluso productivas en una estructura central relativamente bien coordinada. La prolongada pervivencia y coexistencia de los tres tipos de Estado es un argumento en contra de un solo proceso unilineal.

No hubo una sola ruta al Estado Nacional sino tres que fueron las siguientes:
1. La vía intensiva de coerción: Los que ejercieron coerción se valieron de manipuladores de capitales para sus propios fines.
2. La vía de coerción capitalizada: Diversas combinaciones de coerción y capital dieron origen a diversos tipos de Estados.
3. La vía intensiva de capital: Las ciudades reaccionaron a alteraciones de capital, pero la organización de la coerción también la afectó.

e. Offe: la dominación sistémica del capital

Offe distingue dos teorías marxistas del Estado que se disocian:
a. Una teoría instrumentalista que sugiere que existe una relación instrumental entre la clase dominante y el aparato del Estado.
b. Una teoría sistémico-marxista. El Estado protege y sanciona un grupo de instituciones y relaciones sociales necesarias para el dominio de la clase capitalista. El Estado garantiza no los intereses particulares de una clase sino los intereses colectivos de todos los miembros de una sociedad de clases dominada por el capital. Offe se inscribe en esta corriente.

Sostiene que el Estado capitalista es una forma institucional de poder político guiado por cuatro condiciones funcionales :

1. La Producción privada que prohibe al poder político organizar la producción de acuerdo a criterios políticos. La propiedad es privada y ella decide el uso de los medios de producción.

2. Las restricciones tributarias, según las cuales el poder político depende indirectamente del volumen de acumulación privada por los mecanismos del sistema impositivo. Los políticos son impotentes para promover cualesquiera metas políticas salvo las que tiene que ver con el impulso a la acumulación.

3. La acumulación hace que los políticos se hallen interesados en promover la acumulación de la que dependen. El auto-interés institucional del Estado en la acumulación se halla condicionado por el hecho que el Estado no cuenta con recursos indispensables para el ejercicio del poder político.

4. La legitimación democrática, según la cual los regímenes políticos democráticos sólo pueden acceder al poder si cuentan con respaldo electoral expresado en elecciones generales. El mecanismo electoral juega el papel clave en disfrazar el hecho que los recursos materiales del Estado dependen primariamente del proceso de acumulación y no del electorado. Hay una determinación dual del poder político moderno: La forma institucional depende de las reglas de juego democrático, pero el contenido material está condicionado por las exigencias del proceso de acumulación. Cómo conciliar la forma y el contenido?, se pregunta Offe. Sugiere que existe una sola forma: Ella es que todos los ciudadanos se conviertan en partícipes estables de relaciones mercantiles. Mientras todos los propietarios de mercancías logren intercambiarlas en el mercado, no hay problema. Este surge cuando las medidas económicas de valor no logran operar en forma mercantil. La forma mercantil es el punto de equilibrio entre el Estado capitalista y la acumulación. El vínculo entre las subestructuras políticas y la subestructuras económicas es la forma mercantil.

El problema surge cuando se produce la parálisis de la forma mercantil. La dinámica del desarrollo capitalista parece exhibir una tendencia constante a paralizar la forma mercantil de valor.

En un mercado autorregulado, la parálisis temporal puede ser una forma de auto-corrección: el propietario de la mercancía que no se vende se verá forzado a bajar el precio y los costos o cambiar de rubro. Una economía plenamente mercantilizada es auto-estabilizadora y autoperpetuadora. La crisis crea condiciones de un nuevo boom.

El denominador común de la política estatal en sociedades capitalistas tardías es el aseguramiento de las relaciones de intercambio entre actores económicos individuales. Las políticas estatales tienen como meta suministrar un máximo de oportunidades de intercambio para el trabajo y el capital, de manera que los individuos de ambas clases puedan entrar en relaciones capitalistas de producción. Las políticas estatales de investigación y desarrollo abren nuevos mercados y escudan la economía doméstica frente a la inversión extranjera.



Frente a esas dificultades, el estado apela a algunas estrategias para manejar el problema estructural de valores que no logran funcionar como mercancías:

a. La estrategia clásica es la inacción, esto es, confiar en el mecanismo autorregulador o autocorrector. Los propietarios de capital y de trabajo vuelven al mercado cuando siente que el desempleo de esos factores es desagradable.

b. La segunda alternativa abierta a la política estatal es una protección de valores mediante subsidios. Los propietarios de las mercancías trabajo y capital vuelven y se reencuentran bajo condiciones creadas artificialmente por el Estado en lo que Offe llama la remercantilización administrativa. El problema de esta estrategia del Estado del Bienestar es que la producción de valores desmercantilizados se hace demasiado costosa en términos fiscales, produciendo la crisis fiscal del Estado. Prestar servicios a propietarios de valores obsoletos como mercancías es especialmente costoso para el Estado, pues implica una categoría de gastos que no son en modo alguno autofinanciados.

Desde una perspectiva crítica, Offe discute los elementos constitutivos de las matrices del poder social y las fuentes de la autoridad política con el marxismo clásico y con el pluralismo, combinando en sus reflexiones el análisis sistémico de Luhman y el marxismo . El marxismo clásico subsumió, según Offe, ambas dimensiones (las matrices del poder social y las fuentes de la autoridad política) en el modelo de la lucha de clases como expresión política de la contraposición entre trabajo asalariado y capital. Las teorías pluralistas, en cambio, han defendido la existencia de una multiplicidad orgánica de núcleos de poder que impediría hablar como tal de una matriz de poder social. En ambos casos, las categorías de análisis político sufren una cierta desvirtuación teórica: Mientras el estado en el marxismo aparece como mero instrumento al servicio de la clase dominante, el pluralismo lo concibe como una agencia neutra destinada a realizar un conjunto de funciones. Los actores también quedan desvirtuados: El marxismo los reduce a actores socio-económicos y el pluralismo los reduce sólo a grupos de intereses.
Offe pretende proporcionar un esquema para el análisis de los límites, las contradicciones y los sesgos de las tareas encomendadas al Estado moderno, así como de las estructuras que modelan las pautas de organización y de conflicto de sus actores colectivos. Offe cuestiona la primacía de las categorías del trabajo para reconstruir las matrices del poder social, lo que marca un distanciamiento del marxismo. El agotamiento del paradigma del trabajo se hace presente en los movimientos disidentes de la sociedad industrial. La hipótesis sobre el rol de las clases medias como sustrato de los nuevos movimientos sociales, sobre el cambio de las jerarquías normativas hacia valores posmaterialistas o la obturación de los diseños neocorporativos para la representación de intereses organizados aproximan los paradigmas del post-industrialismo y del capitalismo tardío en su diagnóstico de las transformaciones de las sociedades modernas: en última instancia, los frentes de organización y del conflicto social se encuentran regulados bajo el primado de la política . Este primado se debe a las funciones asumidas por la autoridad política que van desde la preservación de la paz hasta la obtención de los derechos sociales y políticos garantizaos por el Estado. Esta evolución encuentra en el estado del bienestar su culminación contradictoria. En sus análisis de los problemas estructurales del capitalismo de estado, Offe subrayó la idea del poco potencial explicativo que tiene la propiedad de los medios de producción en las sociedades capitalistas contemporáneas. Su dinámica política no proviene tanto del poder de disponer de ellos como de la manera de disponer de ellos, esto es, de las prioridades, criterios y estrategias empleadas en la configuración institucional de las políticas estatales y en las decisiones privadas de inversión. En este contexto de capitalismo politizado por la intervención estatal el conflicto entre capital y trabajo se expresa en un conflicto entre las funciones de integración social y de integración sistémica, entre los imperativos de acumulación económica y las necesidades de legitimación política.

f. T. Skócpol: La autonomía del Estado

Theda Skócpol postula la consideración de “tres principios de análisis” como alternativa a las prevalecientes teorías sobre las revoluciones sociales: una perspectiva estructural, las estructuras internacionales y la autonomía potencial de los estados como organizaciones administrativas y coactivas. Ella discute con las tradiciones liberal y marxista cuya “diferencia decisiva de opinión es sobre qué medios encarna claramente la arena política: una autoridad legítima fundamentalmente basada en el consenso, o una dominación fundamentalmente coactiva. Y esta diferencia corre paralela a las distintas opiniones acerca de las bases del orden social que mantiene cada tradición teórica” . Discute asimismo con las transformaciones más recientes del marxismo (Ralph Miliband, Nicos Poulantzas, Perry Anderson, Goran Therbom y Claus Offe) que han planteado la cuestión de "la autonomía relativa del Estado ante todo control directo por las clases dominantes”, autonomía que se diluye dentro de la “necesidad de mantener la estructura de clase y el modo de producción en conjunto” .

Theda Skócpol sostiene que “sólo podremos encontrar un sentido a las transformaciones sociorrevolucionarias si tomamos seriamente al Estado como macroestructura. El Estado apropiadamente concebido no sólo es una arena en que se desarrollan las luchas socioeconómicas. Antes bien, es un conjunto de organizaciones administrativas, políticas y militares encabezadas y más o menos bien coordinadas por una autoridad ejecutiva. Cualquier Estado primero y fundamentalmente saca sus recursos de la sociedad y los despliega para crear y apoyar a sus organizaciones coactivas y administrativas. Desde luego, estas básicas organizaciones del Estado se edifican y deben operar dentro del marco de las relaciones socioeconómicas divididas por clase, así como dentro del marco de la dinámica económica nacional e internacional” . Sostiene asimismo que “las organizaciones coactivas y administrativas sólo son parte de los sistemas políticos en general. Estos sistemas tam¬bién pueden contener instituciones a través de las cuales están representados los intereses sociales en la política del Estado, así como instituciones por las cuales se movilizan los actores que no pertenecen al Estado, para participar en la puesta en vigor de la política. Sin embargo, las organizaciones administrativas y coactivas son la base del poder del Estado, como tal.
“Donde existen, estas organizaciones fundamentales del Estado son al menos potencialmente autónomas ante todo control directo de la clase dominante. El grado hasta el cual son en realidad autónomas, y con qué efecto, varía de un caso a otro. Vale la pena indicar que la verdadera extensión y las consecuen¬cias de la autonomía del Estado sólo pueden analizarse y explicarse en términos específicos de tipos particulares de sistemas sociopolíticos y de conjuntos particulares de circuns¬tancias históricas internacionales” .

El estado como organización autónoma se relaciona con las clases sociales y con el sistema internacional de Estados, lo que lo hace “fundamentalmente bifacético, como Jano, con un arraigo intrínsecamente doble en las estructuras socioeconómicas divididas por clase y en un sistema internacio¬nal de Estados” . Skócpol reconoce que su perspectiva de análisis del Estado es tributaria de los enfoques de Weber, Hintze y Tilly.

En trabajos posteriores Theda Skócpol ha reforzado sus puntos de vista sobre la autonomía del Estado reseñando una serie de investigaciones y de resultados de política comparada en diversos lugares del mundo, especialmente en Africa y América Latina . Skócpol sostiene que la resistencia de los pluralistas y de los estrucutral-funcionalistas a hablar de los estados y la reticencia de los neomarxistas a aceptar su autonomía tienen que ver con los inicios de las ciencias sociales modernas en los siglos XVIII y XIX, en los que los fundadores de las mismas situaron el lugar de la dinámica de la sociedad, no en las monarquías anticuadas y superadas, sino en la sociedad civil, entendida como mercado, división industrial del trabajo o relaciones de clase. La inercia se rompió con la revolución keynesiana de los años 30 y con el desarrollo de los movimientos de liberación nacional que relievaron el papel de los estados como "potentes y autónomos actores organizativos" .

Según Skócpol, la autonomía del Estado no es un rasgo estructural de ningún sistema de gobierno sino que es el producto de ciertos factores coyunturales combinados con ciertas posibilidades estructurales tanto nacionales como internacionales que relievan en ciertas circunstancias el papel autónomo de los colectivos de funcionarios estatales.

Las acciones autónomas del Estado no necesariamente tienen un alto grado de racionalidad, especialmente diferente de la que logran otras élites no estatales, pero no hay que descartar la posibilidad de que las acciones total o parcialmente autónomas pueden encontrar salidas más eficaces que las acciones sometidas a transacciones de intereses sociales. Una política autónoma, sin embargo, no puede ser desinteresada. Su interés consiste con frecuencia en reforzar el colectivo de los funcionarios que impulsan la actividad autónoma del estado.

Otra fuente de la autonomía de los estados proviene de sus capacidades que dependen, además de la lealtad y calificación de sus funcionarios, del control total, integral y absoluto del territorio y de la existencia y de la cuantía de sus recursos económicos así como de la densidad y flexibilidad de sus instituciones. Estas fuentes de las capacidades proporcionan a los estados los adecuados instrumentos de actuación política para el logro de sus objetivos.

La autonomía de los estados no niega su relación con lo que Skócpol llama los marcos socio-económicos. Esta perspectiva relacional entre el estado y la sociedad puede asumir dos modalidades: una interna y otra de interdependencia con el sistema mundo. La primera tiene que ver con la capacidad de los estados autónomos para influir en las estructuras y actores no estatales dentro del ámbito nacional y la segunda alude al poder del Estado para la elaborar estrategias que le permiten establecer una relación de interdependencia dentro del sistema-mundo. Estos enfoques que Skócpol llama relacionales suponen romper con los supuestos social-deterministas del pluralismo, del desarrollismo estructural-funcionalista y del neomarxismo.

En el análisis de la autonomía de los estados, Thedda Skócpol apela al camino que ella denomina tocquevilliano puesto que fue Alexis de Tocqueville el primero que lo recorrió en sus conocidos libros La Democracia en América y el Antiguo Régimen y la Revolución. El método tocquevilliano no sólo toma en cuenta la acción de los funcionarios del estado sino también sus estructuras estatales en la medida que las configuraciones organizativas y los modelos globales de acción del estado influyen en la cultura política y fomentan la formación de grupos y de acciones políticas colectivas. Las estructuras estatales y sus efectos en la cultura política y en la acción colectiva están vinculados a las trayectorias históricas propias de cada país. Siguiendo a Nettl, Skócpol afirma que cuando los europeos continentales aluden a la soberanía, piensan en las instituciones administrativas centralizadas; los británicos, en los partidos políticos y en el parlamento; y los norteamericanos, en el Derecho y la Constitución. Del mismo modo, las estructuras de la administración pública y las organizaciones políticas partidarias contribuyen a seleccionar los tipos de cuestiones que se incluirán en la agenda política de una sociedad.

2. AL: Desarrollo del capitalismo y formas de estado

En diversos estudios tanto de Europa como de América Latina, las formas de estado aparecen como el producto de la relación entre la economía y la política, especialmente de la relación entre un determinado tipo de desarrollo capitalista y la correspondiente composición de la coalición social que lo anima. En Europa, las monarquías absolutas, los estados liberales y los estados socialdemócratas han sido analizados como resultados de las interacciones entre los tipos de desarrollo capitalista y las cambiantes coaliciones sociales que los impulsan . Lo mismo sucede en América Latina con los estados oligárquicos, los estados populistas y los estados neoliberales . Pese a la similitud formal entre las formas de estado de Europa y las de AL, existe importantes diferencias entre ellas, las mismas que proceden de las especificidades tanto de los tipos de desarrollo capitalista como de las coaliciones sociales. Estas especificidades no sólo proceden del tiempo en el que se desarrolla el capitalismo –temprano y tardío- sino del carácter dependiente del capitalismo latinoamericano. A su vez, las diversas formas de estado en cada país tienen sus propias peculiaridades que dependen de su inserción particular en el sistema capitalista mundial, de sus clivajes sociales y de su sistema político.

Ninguna economía moderna está limitada a las fronteras de sus países. Constantemente las economías nacionales están envueltas en relaciones económicas a nivel mundial y encuentran—o son forzadas a ello—un lugar en la división internacional del trabajo. Esta integración en la economía transnacional ha tenido un impacto significativo en las estructuras internas de clases, y los intereses del capital internacional se han vuelto un factor significativo en las relaciones internas de clases. Es ampliamente plausible entonces, considerar a las estructuras transnacionales de poder—relaciones internacionales y políticas—como vitalmente importantes para el balance del poder interno de un país y la conformación de los estados .
Los recientes desarrollos de la teoría de la dependencia, que se concentran en las consecuencias de la misma para el desarrollo económico, han llevado a un cambio paradigmático desde sus formas radicales que fueron rígidas y ahistóricas. Las visiones más elaboradas no ven la dependencia como un fenómeno unitario que tiene consecuencias homogéneas—la obstrucción del desarrollo y la creación del subdesarrollo—a través de un amplio rango de situaciones históricas, sino que adopta una más compleja concepción. En esta concepción la dependencia permanece central pero puede tomar diferentes formas, interactuar con desarrollos tecnológicos significativos, puede ser balanceado por el Estado nación, y puede ser dirigida a una variedad de resultados. Esta nueva concepción de dependencia permite la realización de un estudio comparado en términos del su impacto de la misma en la conformación de los estados y de la democracia .
Existe un cierto consenso básico entre los principales historiadores y analistas de las estructuras y procesos latinoamericanos sobre las formas de desarrollo capitalista en América Latina y las correspondientes formas de Estado, pese a que pueden diferir en el análisis de cada etapa, en el examen de los factores que intervienen en cada una de ellas, en el peso que cada uno de esos factores tiene y en las consecuencias de los mismos. Para ilustrar esta hipótesis me propongo examinar brevemente los análisis de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faletto y las muy importantes contribuciones de Rosemary Thorp y su equipo de investigadores sobre el desarrollo latinoamericano . En ambas perspectivas, sin embargo, el Estado no recibe la suficiente atención y no se le considera una variable independiente, salvo en el período de industrialización sustitutiva de importaciones en el que el Estado desempeñó un papel fundamental. En realidad, falta la contraparte estatal de la sólida historia económica de América Latina que han escrito Rosemary Thorp y su equipo de investigadores. El cubrimiento de ese vacío requiere, por un lado, mirar al Estado en sí mismo y en sus diversos grados de autonomía como sistema de dominación, como organización coercitiva y administrativa en cada uno de los países de América Latina y, por otro, analizar desde esa autonomía su relación con la economía, las clases y los partidos.

a. La economía de exportación y el estado oligárquico

La clave interpretativa de Cardoso y Faletto sobre esta etapa es la forma de propiedad y de control del capital en el sector agroexportador (producción nacional controlada y enclave), la capacidad de negociación y de apertura de las élites y el grado de autonomía de los estados, mientras la explicación de Rosemary Thorp reposa en una gama más amplia de factores: La demanda de los países centrales, la entrada de capitales, la diversidad de los productos que podía ofrecer cada país, el volumen de su población, la extensión geográfica y las características sociopolíticas.
En la fase de desarrollo hacia fuera, Cardoso y Faletto han distinguido dos situaciones: la producción nacional controlada y el enclave . En el primer caso, las élites nacionales apostaron a instaurar una nación y un estado nacio¬nal, pero sin poner en peligro sus vínculos con el mercado internacional que garantizaba su propio dominio al mismo tiempo que limitaba sus posibilidades de acción y de decisión. Los sectores hegemónicos de las élites fueron el sector agropastoril exportador y el sector mercantil moderno, los mismos que establecieron conflictos y alianzas con los latifundistas tradicio¬nales. El corte entre esos bloques fue la capacidad empresarial moderna para poner en marcha la producción, pero sus alianzas impregnaron a las instituciones políticas y estatales una serie de ambiguedades y compromisos que limitaban tanto la soberanía como la democracia.

El enclave se caracterizó porque la producción de los países dependientes se constituyó en una prolongación directa de la economía central y porque no existía una vinculación directa con la economía local, pero sí con la sociedad dependien¬te a través del sistema de poder. Cardoso y Faletto han diferen¬ciado dos tipos de enclave: Los que se organizaron por iniciativa directa del capital extranjero y los que se organizaron por expropiación de una élite que ya no podía competir en el merca¬do internacional. En el primer caso, los latifundistas fueron los interlocutores privilegiados de los enclaves, su capacidad de negociación no fue muy grande y los beneficios que pudieron arrancar a los enclaves, para diversificar la estructura económica y social, fueron escasos. Se produjo entonces la paradoja de algunos países que tenían clases dominantes tradicionales y clases dominadas modernas: “Las consecuencias de esa situa¬ción se dejan sentir en forma acentuada cuando, por motivos que veremos más adelante, la presión de las clases medias contra “la dominación de enclave” se intensifica. La denuncia del pacto antinacional hecho por las clases dominantes pasa rápidamente del plano jurídico y moral en que lo colocan las clases medias y los sectores productivos internos, al plano de reivindicaciones económicas y sociales, muchas veces violentas, de los trabajado¬res urbanos y, en situaciones más limitadas, de los asalariados agrícolas, sin que las clases dominantes locales puedan dar solución a estas presiones” . En esta situación la moderniza¬ción es más limitada que la democratización. En el segundo caso “las clases dominantes internas preservan al menos parte de sus funciones económicas. Pueden elaborar políticas de compromi¬so con los enclaves externos, reservándose algunas fajas margi¬nales de la actividad exportadora y pueden reducir y concentrar sus actividades en el comercio, en algunas actividades agrarias, etc.” . El impacto del enclave en la diversificación de la economía y la sociedad fue relativamente importante dando origen a los sectores medios y populares que devinieron un baluarte de las luchas nacionales y democráticas. El sistema de dominación señorial y oligárquico limitó, sin embargo, el proceso de institu¬cionalización del estado así como la democratización de la sociedad, pese a que ésta, como en el caso anterior, se adelantó también a la modernización.

Rosemary Thorp postula que los diversos resultados conseguidos con el crecimiento impulsado por la exportación a principios del siglo XX pueden explicar, en alguna medida, las diferentes experiencias que se dieron en los periodos siguientes de este siglo.
A principios del siglo XX América Latina estaba en medio de una fase de expansión económica inscrita dentro del crecimiento experimentado por la economía mundial: “La demanda de productos básicos y la entrada de capital que esa demanda había generado, al interactuar con las diversas condiciones que presentaban los países, favorecieron cambios”…, “tuvieron un impacto profundo en las diversas estructuras económicas, sociales y políticas de América Latina durante este periodo. Influyeron asimismo, “tanto la lotería de los productos básicos” como el “tamaño”... “en función de la población, el ingreso y la extensión territorial. La geografía, el legado político y las características sociopolíticas subyacentes fueron otros aspectos importantes” .

Rosemary Thorp sostiene que el capital que llegaba a América Latina no estaba relacionado necesariamente con una proyectada expansión de la exportación, su disponibilidad respondía generalmente a coyunturas específicas de los países del centro . Los países que crecieron más rápidamente fueron generalmente los de mayor población: “...Argentina, México, hasta la revolución de 1910, y Chile. ... Es posible que la inestabilidad política de Colombia en el siglo XIX explique su arranque más tardío, aunque luego registró un crecimiento rápido. El caso de Brasil es una excepción parcial compleja... De los países pequeños, tanto Uruguay, que se benefició de la inversión extranjera al mismo tiempo que Argentina, aunque no en igual medida, como los países abiertos a la inversión de Estados Unidos en la actividad azucarera, a saber, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana son las excepciones a la regla” . Pero el interés del inversionista fue determinado también por la geografía, la dotación de recursos naturales, las relaciones políticas y la estabilidad política. El crecimiento significativo estimuló la infraestructura y el desarrollo urbano creando mercados nacionales. También se dieron ejemplos de crecimiento rápido con escaso desarrollo institucional y ninguna diversificación (en las economías azucareras). El crecimiento también agotó recursos destruyendo suelos y bosques.

El tamaño fue importante en Brasil y Colombia porque hizo rentable la reinversión nacional de ganancias en el mercado interno. El tamaño pequeño y la fragmentación condenaron a Ecuador a perder beneficios del auge de la exportación y en Uruguay limitó el interés de inversionistas extranjeros. El tamaño también limitó la negociación de élites regionales entre sí y, cuando estuvo unido a la diversidad, impidió que se lograra la cohesión nacional de las minorías empresariales.

Otra condición importante fue el grado de consolidación estatal y de integración nacional así como la medida en que los recursos necesarios estaban en poder de población indígena, a la que había que arrebatárselos. Surgieron situaciones de conflicto y actitudes sobre la etnicidad y el racismo con efectos a largo plazo y consecuencias importantes en la desigualdad del ingreso.

El tipo de producto primario influyó en los resultados obtenidos: La minería por la intensidad de capital y tecnología le dio ventaja al capital extranjero para apoderarse de recursos y comercializarlos y, además, exigió menos tierra y mano de obra que la producción agrícola, la que, a su vez, planteaba la cuestión de la frontera agraria. Los productos variaban por sus posibilidades de elaboración y el valor agregado potencial así como por la amplitud de enlaces posibles. El banano fue el menos prometedor. Los productos y su distribución geográfica generaron necesidades diferentes de transporte, el que contribuyó o menor medida a fomentar el mercado nacional.

Donde el tipo de producto significaba que la tierra y la mano de obra eran factores importantes, y las poblaciones indígenas controlaban ambos, se les arrebató a la fuerza con repercusiones: “...En Guatemala, México y gran parte de los Andes, la explotación adquirió formas extremas. Aunque los pueblos indios lograron resistir a veces durante algún tiempo, esa resistencia tendió a retardar la penetración capitalista y la construcción del Estado...”

Según la naturaleza del sector de exportación (petróleo, banano, minería), las perturbaciones externas se amortiguaban con la reducción de salarios. La reacción frecuente eran la organización de sindicatos, huelgas y la respuesta eran actos de violencia y represión. Desde el punto de vista político la expansión de las exportaciones reforzó la situación de las minorías terratenientes. Los inversionistas extranjeros no modificaron el monopolio del suelo controlado por las élites terratenientes. La necesidad de establecer arreglos institucionales para obtener mano de obra dócil y barata, hizo que los sistemas tuvieran un respaldo de un prejuicio étnico que legitimaba el maltrato y la desigualdad.

b. La industria sustitutiva de importaciones y el Estado Populista

Tras su creación en 1948, la CEPAL, bajo la dirección de Raúl Prebisch, tenía que demostrar que había una perspectiva latinoamericana válida y su argumento fundamental fue que "...el aumento de la productividad debido al progreso técnico industrial en los países del centro no se reflejaba en precios más bajos sino que se retenía allí, mientras que en los países de la periferia, el aumento de la productividad en el sector primario era de menor magnitud y el excedente de mano de obra contribuía a que el nivel de los salarios se mantuviera bajo.... En consecuencia las economías latinoamericanas necesitaban que el gobierno fomentase la industrialización activamente. El crecimiento de la industria ofrecería independencia frente a un sector exportador de materias primas inestable y nada dinámico..."

Pero nadie se preguntó si depender de fuentes externas para financiar estos cambios estructurales podría limitar la libertad de los gobiernos para formular sus políticas económicas. Se aceptaron medidas de protección y proliferación de los controles en todas las economías en vías de industrialización de América Latina. Se incrementaron las relaciones entre los gobiernos y las empresas. El auge en el comercio intrarregional durante la segunda guerra mundial reanudó el interés en la integración económica. Lamentablemente los niveles de industrialización alcanzados por algunos países hacían que los menos desarrollados temieran salir perdiendo. Se desarrollaron tres iniciativas de integración en los 50s y 60s: El Mercado Común Centroamericano (MCCA), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el Pacto Andino. El caso del MCCA fue el más antiguo y más fructífero de integración debido a que formaban un grupo más homogéneo (menos industrializado). Con el ALALC se lograron adelantos importantes: En 20 años las exportaciones dentro de América Latina se duplicaron como proporción del total exportado. Pero se estancaron las negociaciones cuando la eliminación de barreras al comercio comenzaba a afectar intereses creados. A fines de 60 surge pacto Andino con la intención de funcionar al interior de ALALC: "Los países andinos confiaban en que si negociaban como una sola unidad económica los acuerdos comerciales y arancelarios con Argentina, Brasil y México, el progreso hacia la integración regional podía ser mayor..." . Periodos iniciales de optimismo se vieron superados por los acontecimientos: El golpe en 1973 en Chile hizo que se retire del Pacto Andino en 1976. Aquí podemos ver claramente la influencia de la estabilidad o inestabilidad política en una integración económica que podría generar mayor desarrollo.

Uno de los puntos más acariciados de la agenda pública en este período fueron las reformas agrarias. Las razones que las motivaron en el pensamiento de funcionarios públicos, de la CEPAL y de la Alianza para el Progreso eran las siguientes:
a. La redistribución de la tierra era un camino hacia la modernización que aliviaría abastecimiento de alimentos para población urbana en crecimiento.
b. La reforma agraria influía en el crecimiento del mercado para la industria, gracias al efecto sobre la distribución del ingreso y la pobreza.
c. La reforma agraria, al restarle influencia a las élites terratenientes, cumplía un rol político.
d. Era necesario demostrar que se estaban efectuando reformas efectivas, como la reforma agraria, para acceder a los fondos de la Alianza para el Progreso.

Tras de estos motivos estaba la percepción de que la hacienda tradicional era un tipo de propiedad ineficiente que perpetuaba estructuras sociales desiguales: " Los reformistas sostenían que la culpa de la desigualdad social, de la marginación y del bajo nivel de vida de la mayoría de la población rural de América Latina se encontraba en la concentración de la tierra..." .

Las reformas agrarias más profundas surgieron de las revoluciones sociales: México en 1917, Bolivia en 1952, Cuba en 1959, Nicaragua en 1979. También gobiernos elegidos emprendieron reformas agrarias radicales (Chile en 1964-69 con Frei y 70-73 con Allende) e incluso regímenes militares hicieron reformas agrarias radicales (Perú con Velasco 69-75). En el resto de América Latina hubo reformas agrarias de menor alcance. Argentina fue una excepción por la abundancia de tierras, relativa importancia de propiedades agrícolas familiares y de estancias capitalistas de tamaño medio así como elevado porcentaje de urbanización. En Cuba, Bolivia y México, tres cuartas partes de las familias agrícolas se beneficiaron. En Nicaragua, Perú y Venezuela hubo un tercio de beneficiarios; en El Salvador, un cuarto y en Chile, una quinta parte. Las reformas variaron pero las dificultades vinieron de que la formulación de la reforma agraria en América Latina subestimó la importancia relativa de la agricultura campesina: aparcería y tenencia a cambio de servicios laborales que constituía una economía familiar interna campesina. El papel de la reforma agraria en la modernización y el crecimiento fue pequeño e indirecto. Sólo afectó a los trabajadores asalariados rurales y a los campesinos serviles, dejando fuera a una masa significativa de campesinos minifundistas y sin tierra.

En esta etapa de industria sustitutiva de importancias, el crecimiento fue muy significativo en América Latina:
1. Entre 1945 y 1973 hubo resultados económicos sobresalientes: El PIB creció en 5.3% anual y el PIB per cápita aumenta en casi 3%.
2. Las manufacturas fueron el motor del crecimiento: 6% del crecimiento anual y 26% del PBI en 1973, 8% más que en 1950.
3. La industria avanzó a expensas de la producción primaria.
4. La productividad laboral creció a una tasa de más del 3%, no lejos del 4.3 registrado en los países de reciente industrialización ni del 4.5% de los países desarrollados.
5. La acumulación de capital se dio principalmente en la industria.
6. La agricultura creció pero a un ritmo muy lento como resultado de la protección a la industria.
7. La expansión se dio al mismo tiempo que el crecimiento de las empresas públicas que amplían su papel tradicional en la infraestructura.
8. Existe un diferente grado de industrialización de los distintos países según el momento en el que se industrializaron:
a. Entre el 40 y 50: Brasil, Argentina, México, Chile y Uruguay.
b. Entre 50 y 60: Venezuela, Perú
c. De 60 en adelante: Centroamérica, Caribe, Paraguay, Bolivia y Ecuador.
9. El impulso estuvo en la industria sustitutiva de importaciones: El 36% del PIB industrial es atribuible a la sustitución de importaciones entre 1929 y 1960.
10. Al caer la importación de bienes de consumo hay diversificación horizontal de las empresas.
11. Tras el incremento de la productividad en la manufactura, se encuentran cambios importantes en la organización y la tecnología.
12. Los mercados de exportación de bienes manufacturados en los 60 fueron la base del desarrollo expansivo del capital, en el que participaron también las empresas extranjeras.

El crecimiento económico se acompañó de desequilibrios sobretodo en la balanza de pagos y en el déficit fiscal. La exportación de materias primas no se mantuvo a la par con el crecimiento de la economía. La causa de ello fue la discriminación implícita en la protección industrial por la sobrevaluación del tipo de cambio. El crecimiento de la exportaciones en los 60 tuvo una tasa de 3.5 en 1960 y pasó al 11.3 en 1973. Como porción de lo exportado pasó del 9% en 1952-53 al 12% en 1960 y al 15% en 1970.
1. A medida que crecían las exportaciones industriales de América Latina, aumentaba el proteccionismo en los países desarrollados, afectando el crecimiento industrial.
2. La inversión pública que representaba entre 1/3 y la mitad de la formación del capital, registró un ascenso. Las empresas públicas rara vez contaron con financiamiento propio. Las necesidades del mismo crecieron y generaron una inflación moderada, ésta, a su vez, trajo consigo la estabilización con las recetas discutibles del FMI.
3. El Programa típico de estabilización del FMI en los 50 y los 60, se basaba en el diagnóstico según el cual la causa de la inflación se debía a un exceso de demanda debido al déficit presupuestario, al incremento de la oferta monetaria y a los créditos fáciles. Las políticas aplicadas fueron el sinceramiento de precios y la disminución del gasto público y de la actividad del gobierno. Estas políticas trajeron una mejora en la balanza de pagos por la reducción de las importaciones y por la disminución de los ingresos fiscales
4. Otro desequilibrio es el que se produjo en la relación entre el empleo en el sector formal y el crecimiento de la fuerza de trabajo. La población urbana crece mucho entre 1945 y 70, pero el empleo no tanto. La razón de ello fue el uso intensivo de capital y la alta tecnología. El sector informal crece vertiginosamente: En el caso del Perú y Ecuador este sector es casi un tercio de la PEA entre 1950 y 1970.
5. La industria no cambió la estructura de la demanda sino que se adaptó a ella, la misma que era propia de una estructura con muchas desigualdades. Las reformas agrarias en los 60 tuvieron un impacto limitado en la distribución del ingreso, salvo los casos de Cuba, México y Bolivia. En el caso peruano se distribuyó del 1 al 2 % del ingreso nacional. La reforma agraria pasó por alto la situación de la mujer, no la incluyó, lo mismo pasó con los minifundistas.
6. Las desigualdades se vieron acentuadas por el carácter de la política gubernamental. Los gastos en seguridad social, salud y educación se sesgaron hacia el entorno urbano.
7. Existen 4 tipos de experiencias desiguales en América Latina:
a. Países de fuerte proceso de industrialización orientada al mercado interno: Chile, Brasil, Colombia, Argentina, México y Uruguay.
b. Países con sector exportador de productos básicos como motor de crecimiento económico, pero que orientaron su producción en los 60 hacia la industria: Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y países de Centroamérica.
c. Economía centralmente planificada: Cuba
d. Islas del Caribe: Que establecieron una versión propia para su industrialización.

La estrategia de industrialización hacia adentro potenció el desarrollo de funciones e instrumentos del sector público y del Estado:
8. Surgió una nueva clase de tecnócratas, con conocimientos técnicos de economía, planificación, gestión e ingeniería. Tuvieron papel decisivo en la elaboración de planes estratégicos para desarrollar la infraestructura y en la creación de nuevos organismos de desarrollo.
9. En Brasil, un factor favorable fue la calidad y continuidad de la burocracia. El BNDE (Banco Nacional de Desarrollo Económico) era nombrado por méritos y hubo continuidad en la administración.
10. En Argentina el gobierno de Perón dividió profundamente a la sociedad y la debilidad de las instituciones agravó la falta de confianza que las empresas tenían en el gobierno. No se pudo aprobar la ley de fomento industrial que la pequeña y mediana empresa interpretó como un sesgo a favor de inversionistas extranjeros.
11. En Chile, la industria y la agricultura estuvieron respaldadas por un fuerte desarrollo estatal, sobre todo en materia de transformación de los recursos naturales. Se crearon institutos tecnológicos y las universidades recibieron asistencia. La CORFO tuvo un papel importante de fomento.
12."En toda América Latina durante este periodo el Estado desempeñó el papel principal en la expansión de la infraestructura económica que facilitó la industrialización y el crecimiento global...carreteras, redes telefónicas, abastecimiento de energía...y otros servicios públicos permitieron que se consolidase un verdadero mercado interno. Además, el Estado creó una serie de organismos con el fin de fomentar sectores específicos..."
13. El desarrollo institucional estuvo favorecido por lo que ocurría a nivel continental e internacional: A mediados de los 50 se empezó a ver que hacían falta medidas en campos que el Banco Mundial no tenía en cuenta (educación, salud, vivienda, agua y agricultura).
14. Se presentaron limitaciones al desarrollo institucional: Falta de reforma tributaria, sistemas de control y de rendición de cuentas, falta de control sobre el sistema financiero, faltó estabilidad en las reglas del juego o normas y reglamentos.

Desde la perspectiva de Fernando Henri
Sinesio López Jiménez*

El Estado en el Perú es más pequeño que la sociedad y que el territorio en los que debiera tener jurisdicción. La presión tributaria (15% en el 2007) está por debajo de la media latinoamericana (18%) y ella es insuficiente para atender las crecientes y exigentes demandas sociales, especialmente de los pobres y muy pobres. A eso hay que añadir los bajos niveles de eficacia, la falta de transparencia y la incapacidad de sus poderes, instituciones y cuadros para alcanzar los resultados buscados, especialmente en sus relaciones con la sociedad. Todo ello genera falta de legitimidad del Estado y del gobierno e inestabilidad política. El presente artículo examina en forma sucinta el Estado peruano, sus poderes visibles e invisibles, sus funciones en relación con la economía y la sociedad, la gobernabilidad, las formas que asume y la posibilidad de llegar a ser un Estado-para-la-nación.

1. Los poderes visibles

Cuando la gente común y corriente piensa en el Estado, la imagen que de inmediato le viene a la mente es la de la burocracia pública en cuyas oficinas alguna vez ha recalado para hacer alguna gestión sin éxito, o la de la policía que no siempre le ha brindado la protección y la seguridad ofrecidas, o la de las FF.AA. en cuyas filas estuvo o está alguno de sus familiares como soldado o como oficial, o la de los jueces en cuyos estrados judiciales nunca recibió un trato igualitario, justo y rápido, o en el maestro de las escuelas fiscales en cuyas aulas sus hijos o parientes reciben educación de baja calidad. Estas imágines muestran un Estado, no distante del ciudadano común y corriente ni siquiera neutro, sino efectivamente discriminatorio (ver gráfico N.1 del Anexo).

El ciudadano común y corriente cree, incluso, que el Estado le reconoce derechos diversos, pero al mismo tiempo sabe, especialmente el de los estratos sociales bajos, que es incapaz de garantizárselos o, pudiendo, no le interesa hacerlo(ver Gráfico N.2 del Anexo).

Otra imagen del Estado, aparentemente contradictoria con la anterior, es la de una entidad todopoderosa que puede resolver todos los problemas de la gente y a la que, por eso mismo, es necesario formularle las demandas más importantes. El Estado aparece entonces como poderes del Estado (Ejecutivo, legislativo, judicial) o como poder central, regional o local a los cuales los ciudadanos plantean exigencias de diverso tipo. La primera prioridad del Estado para el 68% de los peruanos es lograr que todas las familias tengan ingresos suficientes; para el 13%, lograr que haya unión entre todos los peruanos; para el 11%, hacer que funcione la competencia para que todos puedan acceder a ingresos; y para el 7.7%, garantizar la libertad individual. La segunda prioridad para el 35.4% es lograr que haya unión de todos los peruanos; para el 26.3%, hacer que funcione la competencia en el mercado para que todos puedan acceder a ingresos; para el 21.7%, garantizar la libertad individual; y para el 16.6%, lograr que todas las familias tengan ingresos suficientes (Ver Gráfico N. 3 del Anexo). Estas

* Profesor principal de las Facultades de Ciencias Sociales de la PUCP y de UNMSM
demandas varían según el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, la procedencia rural o urbana, la actividad principal y la categoría ocupacional (ver Gráfico N. 4 del Anexo). Mientras más se baja en la escala social hay más demanda de un estado distribuidor de ingresos y unificador de todos en una comunidad de peruanos y peruanas, y mientras más se sube en la escala social hay más demanda de un estado que garantice un mercado competitivo y la libertad individual de todos los peruanos.

Una imagen que acompaña a las anteriores, proveniente de la cultura política peruana, es que todas las instancias e instituciones del Estado pueden ser apropiadas por cada uno de los ciudadanos, especialmente por quienes las controlan, sea por derecho (patrimonialismo), sea por la fuerza (sultanismo), y que, por eso mismo, pueden ser puestas al servicio de sus intereses particulares. Esto explica, en gran medida, el alto nivel de permisividad de los peruanos con la corrupción, tal como revelan las encuestas.

2. El poder invisible

Junto a los poderes visibles del Estado, existe un poder invisible que, obviamente, la gente común y corriente no lo percibe, pero que funciona y decide sobre las cosas más importantes del país y de la vida de los ciudadanos: decisiones de inclusión y exclusión política, formas de apertura política, políticas económicas, tipos de políticas sociales. En el Estado visible funcionan los poderes institucionalizados y públicos, elegidos si es un régimen democrático y no elegidos si es régimen no democrático; en el invisible, en cambio, funcionan principalmente los poderes fácticos (que no son elegidos) que provienen del poder económico (nacional e internacional), de las élites sociales y del mismo Estado (las FF.AA. y la alta burocracia) y que se articulan y forman coaliciones con la cúspide (Presidente de la República y algunos ministros) del poder visible del Estado. Entre las cúspides de los diversos subsistemas del país (económico, político y social) se desarrollan intereses y solidaridades más fuertes que con los integrantes de sus respectivos sistemas. Aquí funciona una especie de lo que Robert Michels llamaba ley de hierro de las oligarquías. El Estado invisible opera a través de los poderes e instituciones visibles (burocracia, sistema legal, monopolio de la coerción y de los poderes funcionales y territoriales) y su vida puede ser más corta que muchos de ellos, pero, definitivamente, es más larga que la de los gobiernos y los regímenes políticos (democráticos y no democráticos). Desde que se instaló el Estado Neoliberal a comienzos de los 90 del siglo pasado, el Perú ha vivido dos regímenes políticos, una transición y seis gobiernos.

3. Estado, economía y sociedad

El Estado y sus poderes visibles e invisibles se relacionan con la economía y con la sociedad a través del cumplimiento de diversas funciones. Con respecto a la economía, el Estado busca promover la acumulación privada (garantizando el respeto a la propiedad privada de los medios de producción, el funcionamiento de las leyes del mercado, la inversión creciente, la apropiación privada del producto, la seguridad jurídica y la estabilidad política) y mantener los equilibrios macroeconómicos. La economía, a su vez, ofrece al Estado, para que pueda funcionar, los recursos económicos a través de los impuestos provenientes principalmente de la renta de los empresas, del IGV de de los consumidores y de otros rubros menores. En el 2006, el 62% de los ingresos fiscales provinieron del IGV. El Estado desarrolla estas funciones a través de:



a) La aplicación de diversas políticas: económicas, de inversión en infraestructura, de promoción en investigación y desarrollo (irrelevante en el caso peruano), de recalificación de mano de obra, de subsidios al capital (los convenios de estabilidad tributaria establecidos con las grandes empresas, por ejemplo), tributarias (renta de las empresas, IGV y otros).
b) Establecimiento de diversas leyes, procedimientos y reglas de juego que buscan entre, otras cosas, blindar los aparatos económicos del Estado para protegerlos de las demandas sociales y de algunas decisiones de los gobernantes.

Con respecto a la sociedad, el Estado le asigna bienes y servicios públicos (educación, salud, seguridad, orden) y recibe de ella a cambio legitimidad (tanto de origen a través de las elecciones como de desempeño a través del apoyo de los ciudadanos). En su relación con el Estado, la sociedad desarrolla, a su vez, sistemas de intermediación (la ciudadanía, la esfera pública, la sociedad civil y la cultura política) y sistemas de representación (sistemas de partidos, partidos sin sistemas, políticos sin partido). Para cumplir sus complejas funciones con la sociedad, el Estado despliega:
a) Políticas: sociales, culturales, represivas
b) Establecimiento de leyes, procedimientos y reglas de juego (códigos diversos, sistemas electorales, etc.)

4. Estado y gobernabilidad

El Estado tiene una doble dependencia. Por un lado, depende de la economía a través de los impuestos, sin los cuales no puede funcionar. Por otro lado, depende de la legitimidad que le otorgan la sociedad y los ciudadanos. Un Estado relativamente moderno como el del Perú no puede funcionar sino cuenta con recursos económicos y con la aceptación de la sociedad en la que impera y opera. El Estado, sin embargo, puede ser relativamente autónomo con respecto a los poderes económicos y sociales, nacionales y extranjeros, como sucedió en la época de la dictadura del general Velazco. El grado de dependencia y de autonomía del Estado depende de los siguientes factores: el nivel de calificación de los funcionarios públicos, el grado de funcionamiento de las instituciones estatales, el nivel de presión tributaria, la cantidad de recursos económicos con que cuenta, el grado de dominio en el territorio nacional, el nivel de legitimidad estatal. A medida que los funcionarios son más calificados, las instituciones estatales funcionan bien, los recursos económicos propios son relevantes, el dominio sobre todo el territorio es total, en esa medida el Estado es más autónomo.

La relación entre los sistemas económico, político y social a través de sus funciones y políticas establece el grado de gobernabilidad estructural del país. Un país es gobernable cuando la economía ofrece los recursos necesarios y suficientes al Estado que, gracias a ellos, puede asignar a la sociedad, educación, salud, seguridad y orden, en estándares aceptables de calidad. Este no es caso peruano en el que la presión tributaria (14% en el 2006 y 15% en el 2007, por debajo de 18% que la media latinoamericana) no es suficiente para asignar los bienes y los servicios de calidad a la sociedad, razón por la cual ésta no le otorga al Estado la legitimidad necesaria para que pueda funcionar en forma estable. Además del mal desempeño personal de los gobernantes, estos desequilibrios son la fuente estructural de la desaprobación ciudadana y de la inestabilidad del sistema político y del Estado.

5. El Estado Neoliberal

El Estado asume diversas formas que dependen de la forma de relación entre los sistemas económico, político y social y del tipo de coaliciones sociales que conforman el poder invisible del Estado. Estas coaliciones definen, a su vez, las formas de exclusión e inclusión social, el tipo de apertura política, el tipo de políticas económicas, el grado de control de la violencia política, el tipo de relación de autoridad y el nivel de credibilidad del sistema legal. De acuerdo a la forma de relación entre los sistemas, al tipo de coaliciones y a las políticas que establecen, las principales formas de Estado en el Perú y en América Latina han sido el Estado Oligárquico, el Estado Populista (Velasquista en el Perú) y el Estado Neoliberal.

Ante el agotamiento de la industria sustitutiva de importaciones (ISI) y el colapso del Estado populista a fines de los 80, los organismos financieros internacionales, los inversionistas extranjeros, la burguesía local, el Presidente de la República y un nuevo equipo tecno-político comenzaron a presionar para establecer una economía de mercado y organizar un Estado neoliberal a través de políticas de estabilización (medidas de shock) y de reformas estructurales (apertura de la economía al mercado internacional, desregulación de los mercados y las privatizaciones) . De ese modo se formó una coalición social y política neoliberal que fue reforzada por la participación de los militares después del autogolpe del 5 de abril de 1992. Esta coalición definió una política de inclusión política y
CUADRO N. 1. FORMAS DE ESTADO EN EL PERU Y EN AMERICA LATINA, SEGÚN DIMENSIONES QUE LAS DEFINEN

TIPOS DE ESTADO

DIMENSIONES ESTADO OLIGARQUICO ESTADO
POPULISTA
(Velasquista) ESTADO NEOLIBERAL
Coaliciones
Sociales y políticas Oligarquía,
Gamonalismo,
Capital extranjero,
Militares Militares,
Industriales,
Clases medias,
Sectores populares Organismos económicos internacionales,
Inversión extranjera,
Burguesía local,
Equipo tecno-político
Exclusión-inclusión
Exclusión total Inclusión total (corporativa con Velasco) Inclusión cultural y política,
Exclusión económica y social
Tipo de apertura
Política Liberalización (1900-1931)
Participación
(socio-política, no electoral con Velasco) Liberal-democrática
Tipo de políticas
Económicas Liberales Populistas
Intervencionistas Liberales
Control de la
violencia política Violencia faccionalista Monopolio de la violencia (limitado por SL) Recuperación del Monopolio de la violencia
Tipo de relación
de la autoridad Mediada Directa Directa
Sistema legal Discriminación
institucionalizad Igualdad formal y discriminación efectiva Igualdad formal y discriminación efectiva

cultural, pero de exclusión económica y social, aceptó tanto la competencia liberal como la participación democrática, aplicó políticas económicas ortodoxas (liberales), reestableció el monopolio de la violencia política derrotando a las fuerzas subversivas, aceptó la igualdad formal del sistema legal, pero ha sido incapaz de superar las discriminaciones efectivas.

6. ¿Es posible construir un Estado para todos?

El estado es constitucionalmente de todos, pero, en realidad, es sólo de algunos. La ley no es igual para todos, ni la burocracia es igualmente eficiente para todos, ni la policía ofrece igual protección y seguridad a todos, ni los poderes del Estado atienden las demandas de todos por igual. En realidad, el Estado no funciona bien en todo ni para todos sino que en algunas cosas funciona bien y en otras no y, en todo caso, funciona bien para algunos sectores pero mal para la mayoría de los ciudadanos. El Worl Economic Forum acaba de publicar el último Informe Global de Competitividad (2007) en el que señala que el Perú ocupa el 15 lugar en el mundo en lo que se refiere a la fortaleza de protección de las inversiones y el último lugar (131) en la calidad de la educación primaria. Puesto en blanco y negro, esto significa que el Estado peruano funciona bien para los sectores acomodados, pero mal para los pobres. Si se analiza la relación que el Estado tiene con la economía, por un lado, y con la sociedad, por otro, se puede llegar fácilmente a la conclusión siguiente: El Estado opera más o menos bien en el campo de la economía, pero opera pésimo en lo que refiere a la sociedad. El despliegue de las políticas (macroeconómicas, inversión en infraestructura, subsidios al capital y otras) que tienen que ver con la función estatal de promoción de la inversión privada ha obtenido logros importantes en estos últimos 7 años. Sólo las políticas de investigación científica en desarrollo y la recalificación de la mano de obra no han existido prácticamente en este campo. En cambio, las políticas de seguridad ciudadana, las políticas culturales y, sobre todo, las políticas sociales (educación, salud, lucha contra la pobreza, seguridad) que tienen que ver con la función estatal de asignar bienes y servicios públicos a la sociedad han operado y siguen operando mal y pésimo. En América Latina, el Estado peruano es el que menos gasta en la educación. Jaime Saavedra y Pablo Suárez han mostrado (para el año 2000) que la educación pública no es gratuita, como prescribe la ley, puesto “que la sociedad peruana gasta, en promedio, 200 dólares por cada niño en el sistema público en la primaria, de los cuales 32% corresponde al aporte de las familias. En el caso de la secundaria, el Estado invierte 191 dólares y las familias, en promedio, 94 dólares; es decir, de un total de 285 dólares, las familias aportan 33%” (El financiamiento de la educación pública en el Perú: el rol de las familias, GRADE, Lima, 2002, p.25). Pero lo más grave es que el Estado comete inequidades en la inversión en educación: “sumando el gasto del Estado y el de las familias, un alumno en primaria en el quintil más rico del ingreso que accede a la educación publica recibe 326 dólares, 96% más que lo recibe otro en el quintil más pobre. En el caso de secundaria, un alumno del quintil más rico recibe 374 dólares, 53% más de lo que recibe otro en el quintil más pobre. Es más, existe evidencia de que esta diferencia se encuentra subestimada, ya que el gasto del Estado que llega a los quintiles más pobres es menor que el llega a los quintiles menos pobres…”. (pp.26-27).

¿Se puede construir un Estado de todos o, lo que es lo mismo, un Estado-para-la nación?. Este es un amplio y profundo debate académico y político. Desde la perspectiva académica clásica, que ve al Estado como sistema de dominación social institucionalizada y canalizada a través de la ley, la coerción, la burocracia, es difícil, sino imposible, organizar un Estado para todos. Pese a ello, si el sistema legal y los aparatos judiciales fueran creíbles, transparentes e iguales para todos, si la burocracia fuera eficiente y transparente, si la policía garantizara la seguridad de todos, si los poderes de Estado actuaran con responsabilidad, eficacia y transparencia, si el Estado garantizara efectivamente los derechos que reconoce, si las políticas sociales fueran equitativas, inclusivas y aseguraran la igualdad de oportunidades de todos los peruanos, el Estado peruano se aproximaría a lo que se llama un Estado-para-la-nación.










Sinesio López Jiménez*
“Sólo el APRA salvará al Perú” era una vigorosa consigna que expresaba una ideología fuertemente cerrada y apasionadamente vivida por los fieles seguidores de Haya de la Torre. La consigna revelaba no sólo fe y confianza plena en el partido y en sus líderes sino también dogmatismo e intransigencia. Por eso llama la atención una cierta propensión del APRA a formar coaliciones políticas, incluso con sus enemigos políticos más encarnizados. El hecho es más sorprendente si se toma en cuenta que el APRA fue un partido mayoritario hasta comienzos de la década del 60 y no necesitaba como tal coalición alguna para llegar al poder. En realidad, las coaliciones en las que participó el APRA han sido de diverso tipo: antioligárquicas, oligárquicas y neoliberales. ¿Qué factores explican esta propensión aprista a coaligarse con otras fuerzas y a formar diferentes tipos de coaliciones?. El presente artículo, que no es una historia de las coaliciones apristas sino un análisis político de las mismas, plantea algunas hipótesis que pretenden explicar la conducta coalicionista del Apra.


Las coaliciones políticas dependen, en general, de un conjunto de factores entre los cuales los más importantes son la configuración de los partidos (predominante en un sistema tripartito, pluralismo extremo polarizado, pluralismo polarizado, crisis y colapso de los partidos y pluralismo extremo polarizado en un ciclo semipartidario), el tipo de cerrazón ( total o parcial) o inclusión (corporativa, liberal) que impone el Estado, los tipos estatales de apertura (liberalización limitada sin participación, liberalización limitada y participación limitada, liberación plena y participación limitada, liberalización limitada y participación plena, liberalización plena y participación plena) y las formas mismas del Estado (oligárquico, populista, neoliberal). En este artículo centro mi atención en el primer factor: el tipo de configuración de los partidos.
El sistema político tripartito y las coaliciones antioligárquicas
La emergencia del APRA en los años 30 y los cambios en el conflicto político y en las reglas de juego dieron origen a lo que Denis Gilbert (La oligarquía peruana: historia de tres familias, Editorial Horizonte, Lima, 1982) ha denominado un “sistema político tripartito”. Según Gilbert, el sistema político tripartito se caracterizaba porque el ejército dominaba la política estatal, la oligarquía predominaba en la economía y el Apra tenía hegemonía en la vida política de la sociedad. La emergencia aprista constituyó un desafío para la oligarquía que respondió respaldando a las FF.AA. Desde entonces se instauraría un patrón caracterizado por regímenes que 1) mantuvieron fuertes vínculos con la oligarquía, 2) gobernaron dictatorialmente, 3) reprimieron al Apra, 4) limitaron fuertemente la actividad sindical, 5) e impusieron una economía de laissez faire orientada hacia la exportación. Este patrón, apenas interrumpido en el período 1945-1948, duró hasta los años 60. Desde los 30 se estableció un juego político entre la oligarquía, el APRA y las FF.AA. Con pequeñas disidencias e indisciplinas, estas dos últimas fueron los actores políticos más compactos y homogéneos. Las FF.AA. han actuado a través de caudillos militares hasta los años 50 y en forma institucional después. El juego político de la oligarquía fue más complejo en la medida que, luego de la desaparición de partidos de notables en los años 20, no logró forjar después una

*Doctor en Sociología y analista político, profesor principal de la PUCP y de la UNMSM.
representación política propia. Ella se hizo presente a través de diversos caudillos políticos que expresaron dos tipos de intereses básicos de la oligarquía: una élite urbana
más abierta a las coaliciones y una élite terrateniente cerrada y excluyente. A ellas se sumó el gamonalismo que fue utilizado por las élites oligárquicas y sus caudillos como una fuerza política de apoyo. Empero, el sustento más firme de la oligarquía fue la Fuerza Armada a través de sus jefes institucionales y caudillos. Estos no fueron, sin embargo, simples mascarones de proa sino que tuvieron muchas veces intereses y objetivos propios. Esto no impidió, desde luego, que se formara una coalición básica entre la oligarquía y las FF.AA. contra el APRA.

El APRA respondió a esa coalición entre la oligarquía y las FF.AA buscando forjar también sus propias coaliciones, luego de fracasar en el intento de organizar un juego político propio y autónomo. Este es el caso de la transición bloqueada de 1936. El APRA buscó romper la exclusión, establecida en el artículo 53 de la Constitución de 1933, lanzando la candidatura de Haya de la Torre y movilizando a sus bases y simpatizantes, pero fracasó. Entonces decidió apoyar la candidatura de Luis Antonio Eguiguren buscando establecer una coalición antioligárquica, democrática y nacional. Eguiguren triunfó con el apoyo del APRA, pero el gobierno de Benavides anuló las elecciones y el triunfo de Eguiguren, alegando la ilegal participación aprista. La coalición antioligárquica pudo triunfar en 1945 debido al quiebre de la coalición de la oligarquía con las FF.AA. como producto del desprestigio de todo tipo de dictaduras, luego de la derrota del nazismo y del fascismo en el mundo, y fue resquebrajada y derrotada cuando la tradicional coalición oligárquico-militar se recompuso a través del golpe de Manuel A. Odría y la impaciencia y el sectarismo del APRA se incrementaron. Cuando la coalición oligárquico-militar era sólida e imposibilitaba la formación de una coalición antioligárquica, el APRA y las élites urbanas de la oligarquía tendieron puentes, a pesar de sus conflictos y diferencias de interese, para formar una coalición informal viable de transición semi-competitiva. Este es el caso de las elecciones de 1939 en las que el APRA (del mismo modo que el pequeño Partido Comunista) apoyó y le dio el triunfo a la candidatura de Manuel Prado, pese a las resistencias iniciales.
El pluralismo extremo polarizado y las coaliciones oligárquicas
En los años 50 y 60, el APRA organizó o participó en coaliciones de carácter oligárquico que estuvieron vinculadas a la crisis del anterior sistema político tripartito y al resquebrajamiento de la coalición oligarquico-militar. Esta crisis se debió, a su vez, a la reorientación de las FF. AA en una dirección reformista (debido a la presencia del CAEM y del SIN en los 50) y a la emergencia de nuevos partidos políticos reformistas, principalmente Acción Popular. El APRA dejó de ser un partido mayoritario (predominante en términos de Sartori) y entró a formar parte de un pluralismo extremo polarizado. Todo ello redefinió el conflicto político y las reglas de juego que se hicieron más complejas y competitivas. Para la dirigencia aprista el juego político fue más difícil: tenía que incorporarse al juego institucional en las mejores condiciones y cuidar su propio espacio político amenazado por nuevos competidores, especialmente por Belaúnde y Acción Popular. Todo ello indujo al APRA a elegir entre las fuerzas del orden oligárquico (Lavalle y Prado) a aquella que ofreciera mejores condiciones para su incorporación a la vida política institucionalizada y a combatir a Belaúnde que era una amenaza para la dirigencia aprista, pero era visto con simpatía por sus bases. Triunfó Prado con el apoyo aprista, dando origen al llamado gobierno de la convivencia en 1956. En 1962 se organizó una coalición parecida. Haya de la Torre obtuvo el triunfo entre siete candidatos en las primeras elecciones competitivas de la historia peruana sin alcanzar el tercio electoral exigido por la Constitución, obligándolo a negociar primero con Belaúnde, quien se negó a elegir a Haya presidente en el Congreso, y con Odría, quien, ante el veto de las FF.AA. a la elección presidencial de Haya de la Torre, iba a ser elegido finalmente Presidente de la República. Pero el veto de las FF. AA a Odría como representante de la oligarquía impidió igualmente su elección en el Congreso, dando lugar al primer golpe militar institucionalmente antioligárquico (y reiteradamente antiaprista) que duró un año. En 1963 se reeditó la frustrada coalición apro-odriista que impuso su mayoría en el Congreso, limitando la gobernabilidad de la coalición de Acción Popular con la Democracia Cristiana y del Presidente Belaúnde. El gobierno dividido, paralizado y estéril, culminó con el golpe de los coroneles radicales y de Velazco quien realizó, por la vía de la dictadura, las reformas antioligárquicas que los partidos políticos fueron incapaces de realizar por el camino democrático.

Pluralismo extremo semipartidario polarizado y coalición neoliberal
El primer gobierno de Alan García (1980-1985) llevó hasta el límite la Industria Sustitutiva de Importaciones como modelo de desarrollo, el Estado Populista y la crisis de la representación de los partidos. Con Fujimori y los poderes fácticos se instaló el neoliberalismo como modelo de desarrollo y como forma estatal y colapsaron los partidos políticos, dando origen a nuevas formas de conflicto político y de configuración partidaria (los outsiders o políticos sin partido). Con la caída de Fujimori en el 2000 emerge una nueva configuración partidaria que combina la presencia de algunos partidos (APRA, PPC) con numerosos políticos sin partido. Surge de ese modo un pluralismo extremo semipartidario polarizado en el que se confrontan y alimentan mutuamente el neoliberalismo excluyente y un agresivo nacionalismo y estatismo de los excluidos que demandan más Estado (que los incluya) y una comunidad política (nación) que les de identidad política y los considere como sus miembros. Como por un túnel del tiempo, el Perú y América Latina parecen volver a las épocas de la exclusión oligárquica y a las respuestas estatistas y nacionalistas que dicha exclusión generó. Han reaparecido el terreno y el clima en los que germinaron y crecieron los partidos nacional-populares y las Apras de América Latina de los años 30 del siglo pasado. Pero el APRA de hoy se ubica en el campo neoliberal formando una coalición informal con el fujimorismo y Unidad Nacional. En la primera vuelta de las elecciones del 2006, García se presentó como el candidato antineoliberal que enfrentaba a Lourdes Flores, la candidata de los ricos (en sus propias palabras). En la segunda vuelta, se presentó como el candidato del cambio responsable que luchaba contra el caos y el cambio sin un rumbo claro que representaba supuestamente Ollanta Humala. Ganadas las elecciones en la segunda vuelta con el apoyo de la derecha, se transformó en el Presidente de la continuidad neoliberal. Cada cambio en el discurso y en la acción implicaba un desplazamiento social ascendente: de candidato popular (primera vuelta), a candidato de clase media (segunda vuelta) y a Presidente de los ricos (después el 28 de Julio del 2006).





Sinesio López Jiménez

Un gobierno tiene diversas maneras de enfrentar los cuestionamientos que provienen de los partidos de oposición, de los movimientos sociales, de la sociedad civil y de la opinión pública. Una de las maneras, la más fácil sin duda, es negándolos y seguir adelante hasta llegar al borde del abismo. Otra, la forma que podemos llamar democrática, es reconocer como legítimos tanto los cuestionamientos como los actores que los formulan, mirar hacia adentro del gobierno para detectar las fallas y corregirlas y abrir un diálogo con los cuestionadores para buscar salidas democráticas y empujar al país hacia delante. Una última forma, que podríamos llamar suicida, es sostener que sus políticas son adecuadas, correctas, incuestionables y que los cuestionamientos son inventos de gente malévola y perversa que quiere desestabilizar al gobierno y urde, como respuesta gubernamental, una serie de maniobras para destruir al adversario, al que, además, define como enemigo. Esta ha sido la respuesta del gobierno y, en particular, de García para salir del embrollo en que se han metido tanto él con sus políticas totalmente proempresariales, personalistas y autoritarias y algunos de sus ministros, ineficientes e incapaces, en cuyos ministerios, además, se han cometido actos innegables de corrupción frente a la cual se niegan a asumir la responsabilidad que les corresponde contando, por añadidura, con la protección y el blindaje del Presidente de la República. Para defender lo indefendible, García urde diversas maniobras cuyo objetivo es, además de sostener a sus ministros y políticas, destruir a sus adversarios. Tres han sido las principales maniobras que García y sus escuderos imaginaron para lanzarlas contra sus adversarios. La primera fue la satanización del encuentro, normal entre políticos civilizados, entre el ex_presidente Toledo y Ollanta Humana. Olvidando lo que todos los días hace el gobierno con los fujimoristas del Congreso, los escuderos de García presentaron el encuentro como un complot contra el gobierno y la gobernabilidad del país. Echando mano a las peores tradiciones y consecuencias políticas de la cultura de la confrontación, los líderes apristas definen a todos los competidos políticos como enemigos a los que hay destruir y condenan el diálogo entre las fuerzas políticas que operan en el país. ¿Y qué pasó con la enseñanza de Prialé, un líder histórico del APRA, quien levantó como escudo contra sus perseguidores de toda laya la célebre frase “conversar no es pactar”?. La segunda maniobra ha sido enlodar al ex_ Presidente Toledo para quitarle autoridad moral a él y a sus críticas al gobierno, apelando al albañal y a la escoria que segregan el lado negro de los seres humanos y las sociedades en proceso de descomposición. La maniobra es tan burda y tan mal urdida que, en lugar de destruir a un opositor, termina rebotando contra sus autores que provienen, sin duda, de las más altas esferas del gobierno con la anuencia servil de algunos medios. La tercera maniobra es, no duda cabe, negociar con el Fujimorismo el salvataje de los ministros cuestionados y la recomposición de la alianza magullada por la extradición, a cambio probablemente de concesiones diversas al extraditado Fujimori que pueden ir desde un mejoramiento de las condiciones de encarcelamiento hasta una salida favorable en las futuras sentencias que van a cocinar en las Salas de Apelación en donde la influencia del gobierno es innegable.

De todas estas maniobras, la que parece haber rendido los frutos esperados es la recomposición de la alianza con el Fujimorismo parlamentario cuya capacidad de chantaje y de organización de coaliciones salvadoras del gobierno es indudable. Alva Castro ha logrado conservar temporalmente su puesto en el Ministerio del Interior y los voraces fujimoristas se aprestan a cobrar los favores políticos al gobierno. Con sorpresa hemos escuchado a algunos importantes voceros del gobierno sostener que no se opondrían a que algunos parlamentarios fujimoristas se ciñan la franja ministerial. Hasta ahora se ha visto que algunos simpatizantes fujimoristas –los vicepresidentes de la República y algún ministro oportunista- integren la cúpula del gobierno, pero en adelante García y el APRA están dispuestos, al parecer, a entregar algunos puestos de mando del Estado a algunos dirigentes políticos fujimoristas. Si esto se concretara significaría que García cogobernaría con los representantes del gobierno más corrupto y más criminal de la historia sin taparse la nariz.

Las dos primeras maniobras, por burdas, insensatas y estúpidas, han sido totalmente contraproducentes para el gobierno y, si concretara el cogobierno García-Fujimori, estaríamos asistiendo al suicidio de García y su gobierno. Con todo lo que estamos viendo en el mundo perverso en que se mueven los políticos peruanos, la pregunta que se viene a la mente es la siguiente: ¿ Podrá sobrevivir la política peruana a los políticos que la habitan?. Aristóteles definió al hombre como zoon politicon. Si hubiera conocido a los hombres de la actual jungla política peruana se habría ahorrado el adjetivo. Con las notables excepciones del caso, por supuesto.


Sinesio López Jiménez

A propósito del voto preferencial, no deja de llamar la atención que una dictadura, un régimen cerrado por definición, abra un estado cerrado (el estado oligárquico) y un sistema de partidos cerrados a la participación de los ciudadanos. ¿Qué significa un estado cerrado y un sistema de partidos cerrados?. Un estado es cerrado o tiene una hegemonía cerrada, como llama Robert Dahl a la cerrazón estatal, cuando está encapsulado en sí mismo y no se abre ni a la liberalización y a la competencia política ni a la participación y a la representación de los ciudadanos. Un partido es cerrado cuando, como sostiene Julio Cotler, asume un carácter patrimonial, esto es, cuando los jefes y las camarillas del partido actúan como propietarios del mismo y lo deciden todo, sin la participación decisiva de las bases. ¿Por qué una dictadura democratizó algunas instituciones cerradas? La explicación radica en el hecho que la dictadura de Velazco organizó una forma de estado con inclusión total o, al menos, tuvo esa pretensión con la finalidad de acabar con la exclusión total del Estado oligárquico.

¿Ha funcionado el voto preferencial para abrir los partidos cerrados a la decisión de los ciudadanos?. Si nos atenemos al porcentaje de electores que hace uso del voto preferencial, hay que concluir que ha funcionado quizás mejor de lo que esperaban sus diseñadores. En efecto, en 1978 el 46% usó el voto preferencial para elegir a los constituyentes, en 1990, el 31% eligieron congresistas del mismo modo; en 1992, el 43%; en el 2000, el 44% y en el 2001, el 48%. Perú es uno de los pocos países, si no el único, en donde el voto preferencial ha funcionado más o menos bien. En otros países en donde existe el voto preferencial (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Grecia, Italia), los electores no usan o hacen poco uso de él y, por consiguiente, el impacto del mismo en las listas cerradas y no bloqueadas es relativamente irrelevante. Eso significa que el orden de los candidatos en la lista organizada y presentada por los dirigentes de los partidos se mantiene intacto. En el Perú, en cambio, el orden de las listas ha sido modificado en forma muy sustantiva por la voluntad de los electores, aunque probablemente esa modificación no ha alcanzado los mismos niveles del voto preferencial. Se puede sostener, entonces, que en el Perú el voto preferencial ha sido un factor decisivo en el proceso de democratización de los partidos y de las organizaciones políticas en general. Este es su efecto positivo. Pero el voto preferencial ha producido también algunos efectos negativos sobre la organización de los partidos. En primer lugar, este tipo de elección ha introducido una competencia exacerbada entre los integrantes de la lista de candidatos, afectando seriamente la disciplina partidaria y la solidez organizativa. En segundo lugar, ha generado una especie de mercado persa entre los candidatos para ocupar los lugares más visibles a los electores. En tercer lugar, ha fomentado, en los elegidos, un tipo de patrimonialismo electoral, según el cual los votos obtenidos por el candidato le pertenecen a él y no al partido. En cuarto lugar, ha debilitado la lealtad de los representantes con el partido que los postuló y ha fomentado el transfuguismo debido precisamente al patrimonialismo electoral. Finalmenete, ha creado una situación típica en la que los ciudadanos ya no eligen sino votan puesto que los candidatos con más recursos no son elegidos sino que se hacen elegir, tal como sostenía Schumpeter refiriéndose a la competencia política propia de la democracia moderna diferenciándola de la clásica. En este caso, el voto preferencia habría transformado a los partidos cerrados en partidos elitistas de una democracia elitista, que es justamente lo contrario de lo que ese voto buscaba como diseño electoral. En resumen, el voto preferencial ha democratizado a los partidos políticos, pero también los ha debilitado como organizadores de la representación política y como actores decisivos de la democracia. Puestos en una balanza los efectos positivos y los negativos, es necesario concluir que el voto preferencial ya cumplió su papel democratizador y que es necesario buscarle un sustituto que bien pueden ser, como varios políticos y analistas han sugerido, las elecciones primarias realizadas por los partidos para elegir candidatos bajo la superivisión obligatoria de los organismos electorales del estado, como sucede en los Estados Unidos de Norteamérica. En el caso norteamericana, las elecciones primarias funcionan bien debido a la presencia vinculante del estado. Este cambio en el mecanismo democratizador de los partidos exige realizar algunas modificaciones y ajustes importantes en la ley de partidos que, dicho sea de paso, no viene funcionando adecuadamente.

Es de esperar que estos cambios en el procedimiento de votación y en la ley de partidos contribuyan en forma significativa a su fortalecimiento y a su institucionalización así como a la consolidación de la democracia y a la gobernanza del país. No es necesario comprobar primero que la ley de partidos y las elecciones primarias funcionen adecuadamente para proponer luego el cambio del procedimiento electoral, como ha señalado el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. En realidad, ambos proyectos de ley pueden presentarse y aprobarse simultáneamente.

Sinesio López J

Por lo visto hasta ahora, todo indica que los objetivos del segundo gobierno de García son muy modestos. Ellos consisten, no en realizar sus sueños de reformador, sino en borrar las pesadillas de su primer gobierno. Para alcanzar esos objetivos personales, García no necesita actuar sobre la actual realidad económica y social sino acompañarla y dejarse llevar por la inercia. Tampoco necesita un proyecto ni un programa para subirse a la ola del crecimiento económico, que se formó hace seis años, dejarse arrastrar por ella y desembocar en la playa del éxito, si el viento de las circunstancias internacionales le es favorable y logra mantener esa ola. Las reformas necesarias han sido reemplazadas por los grandes gestos y las pequeñas políticas.

Todo eso es, sin duda, una enorme frustración para un político que cultivó con esmero una gran obsesión: Pasar a la historia como el gran reformador del Perú. El problema es que, ávido de historia, siempre llega tarde a ella. En 1985 quiso cambiar la historia haciendo reformas radicales, le aburría terriblemente la agenda burocrática de todos los días: los aranceles, la política cambiaria, las tasas de interés, la marcha lenta del estado y sus políticas, etc. La situación de entonces era que las reformas estructurales con las que soñaron el APRA de los 30 y los partidos antioligárquicos de los años 50 y los 60 fueron realizadas por el general Velasco por la vía de la dictadura. Para no frustrarse como reformador, ensayó la estatización de la banca y le fue pésimo. En los estertores de su gobierno, impulsó la regionalización, una propuesta interesante, pero finalmente fracasada.

Algo parecido le sucedió en el 2006. Antes de llegar al gobierno expresó su firme voluntad de reformar el modelo neoliberal impuesto por la dictadura de Fujimori bajo el impulso y el monitoreo de los organismos financieros internacionales. Pero, una vez en el gobierno, se encontró con los aparatos económicos del estado secuestrados por grupos empresariales y por los operadores del capitalismo globalizado y con una economía de mercado blindada por leyes, reglas del juego aceptadas, los convenios de estabilidad tributaria, por el peso de los oligopolios y por los miedos de las clases medias y altas ante cualquier cambio que pueda poner en peligro sus pequeños o grandes intereses. García percibe que no es fácil reformar el modelo económico del que en la campaña hizo cera y pabilo. Ante la enormidad de la tarea, en lugar de asumirla como un gran desafío, se amilana y retrocede. Y deja que la derecha y los grandes grupos de interés sigan manejando la economía de mercado, impongan la autorregulación de la misma y excluyan la protección y la autoprotección de la sociedad. Adiós a la reforma tributaria, adiós a la reforma laboral, adiós a las políticas sociales agresivas de lucha contra la pobreza, adiós a la socialdemocracia, adiós, incluso, al liberalismo con equidad.

Vistas así las cosas, las propuestas del gobierno aprista quedan sumamente acotadas y recortadas. Dado que el funcionamiento de la economía, los privilegios, las desigualdades tienen que permanecer intocadas, García se concentra en lo político y en lo social, en lo que tiene impacto, no en el estómago ni en la mente, sino en la pupila de la gente. Pero incluso en estos campos, lo político y lo social, las propuestas son muy limitadas. Tan limitadas que hasta la derecha acicatea al gobierno exigiéndole reformas de fondo y pidiéndole que abandone la pirotecnia verbal. Algunas propuestas, como la venta del avión presidencial, muestran a un Presidente de la República sin ideas y sin brújula. La impresión que queda en la opinión pública es que, con la venta del avión presidencial, García ha querido, en realidad, hacernos el avión. De la reforma del Estado que propondrá el gobierno aprista, sabemos poco. La derecha viene, como siempre, exigiendo un estado chico, barato y abstencionista. Los de abajo quieren, en cambio, un Estado que los reconozca y los incluya como Estado-nación, que los integre a la vida económica y social del país, que funcione con eficacia, eficiencia y transparencia como administración pública y que ofrezca a todos los peruanos garantías e igualdad jurídica como sistema legal.

Sin recursos, sin reforma tributaria, poco se puede hacer en el campo social. ¿Cómo se puede luchar contra la pobreza si se mantienen los convenios de estabilidad tributaria y las exoneraciones impositivas y si la presión tributaria en el Perú no llega al promedio de América Latina? El gobierno aprista ha renunciado a una de las prerrogativas centrales que tiene todo poder político legítimo: el derecho a la extracción de recursos de la población sobre la que tiene jurisdicción. Se ha limitado a pasar el sombrero entre las grandes empresas mineras, de las que ha obtenido la promesa de entregar S/. 2, 500 millones de soles en cinco años, el monto que el gobierno de Fujimori gastaba cada año en agresivas políticas sociales clientelistas desde 1993 en adelante.

El programa necesario de gobierno ha sido reemplazado por la política de los shocks, esto es, por la improvisación y las ocurrencias del momento. El presidente habla del shock de inversiones (públicas y privadas), del shock descentralizador, del shock de inversiones en educación, etc. Espero que de tanta política de shock, los peruanos no amanezcamos un mal día shokeados y traumatizados. La palabra shock en labios de García tiene, además, connotaciones sicoanalíticas cuyo análisis dejo en las sabias manos de mis amigos Max Hernández y Jorge Bruce.


Sinesio López Jiménez

El mundo actual del trabajo es un buen mirador para observar lo que sucede con el capitalismo en los tiempos de García. En efecto, lo que está pasando en el mundo del trabajo dice mucho del capitalismo que tenemos delante en términos del nivel de desarrollo alcanzado, de su escasa capacidad de integración social, del tipo de capitalismo, de las estrategias utilizadas para ahorrar costos laborales y para neutralizar la acción colectiva de los trabajadores, de las expectativas y frustraciones que genera. Pese a que la encuesta de la PUCP no es nacional sino limeña, ella alcanza a revelar algunas características básicas del capitalismo en el Perú en general y en Lima en particular.

Generalmente existe una relación directa entre el nivel de desarrollo y el tamaño del trabajo asalariado: A más desarrollo, más porcentaje del trabajo asalariado y a menos desarrollo, menos trabajo asalariado. Los países desarrollados, a diferencia de los que no lo son, tienen un mayor número de trabajadores asalariados tanto en el campo productivo como en el campo no productivo. Lo que ha pasado en el capitalismo avanzado es que el trabajo no productivo asalariado ha crecido más que el productivo. El tamaño del trabajo asalariado limeño (14% en el sector privado y 5% en el estado, según la última encuesta de la PUCP) es un buen indicador del bajo nivel de desarrollo alcanzado por el capitalismo en el Perú.

El 38% de trabajadores independientes, que debe estar subestimado y escondido en los rubros de ama de casa y de estudiante, revela la poca capacidad de integración social de la economía de mercado y muestra más bien sus características de exclusión económica. Es probable que estemos frente a un capitalismo que es intensivo en capital y muy ahorrador de mano de obra. Esto se expresa en la mayor velocidad del crecimiento del PBI y el débil crecimiento del empleo. En los últimos 5 años el país ha crecido 20% y Lima, 22.1% (Efraín Gonzales de Olarte dixit), pero el empleo no ha crecido en la misma magnitud y con la misma velocidad y, obviamente, tampoco han crecido los sueldos y salarios. Y eso que estamos mostrando lo mejor de la vitrina: Lima. Pero ¿qué pasa con el empleo en regiones que decrecieron en el mismo período -12.6% como Ayacucho?.

El hecho que sólo el 12% de los trabajadores sean considerados estables en planillas, que el 72% de los limeños no tenga seguro, que el 75% no tenga derecho a la jubilación, que sólo el 17% tenga CTS, que el 68% no tenga derecho a vacaciones, que el 74% no tenga derecho a gratificaciones revela que no sólo estamos frente a un capitalismo deficitario sino, sobre todo, salvaje que no le interesan los derechos de los trabajadores y que más bien ha restaurado las épocas ya superadas del capitalismo sin derechos y sin democracia. No es casual, por eso, que una de las reivindicaciones centrales de los trabajadores mineros en estos días sea la eliminación de los llamados services y de la condición de los trabajadores de servicios no personales que reinstalan la servidumbre en el corazón mismo del capitalismo y del estado. En realidad, lo que los mineros están planteando es pasar de un capitalismo salvaje a un capitalismo democrático. No es casual tampoco que, frente a la precariedad actual del empleo, la demanda más sentida de la gente sea la estabilidad en el empleo, sobre todo en los sectores populares y pobres de Lima Metropolitana. A diferencia de lo machaconamente dicen los voceros del gobierno y la prensa conservadora, el 71 % de los limeños, independientemente del género, la edad y el estrato social, creen que los trabajadores peruanos están poco o nada protegidos. En la misma línea de reflexión, es poco alentadora la imagen que la gente tiene de los empresarios peruanos: son poco innovadores (37%), piensan poco en el país (45%), son poco honestos (64%), respetan poco los derechos de los trabajadores (55%).

El rasgo más distintivo del capitalismo actual es, sin embargo, la capacidad que ha tenido para reestructurar el mundo del trabajo y, a través de él, del trabajo asalariado y de la clase obrera. Esta ha sido fragmentada y dividida en una serie de situaciones: asalariados, servicios personales, servicios no personales, trabajadores por contrato a plazo fijo, services, etc. Lo que motiva esta fragmentación es probablemente la disminución de los costos laborales, por un lado, y el bloqueo de la acción colectiva de los trabajadores asalariados, por otro. En efecto, esta fragmentación desarticula los intereses comunes, diversifica los adversarios y los conflictos, rompe la comunicación y hace difícil, sino imposible, la construcción de plataformas comunes de acción colectiva. Todo esto se expresa en el debilitamiento –en la realidad social y política y en la conciencia de la gente- de los sindicatos como instrumentos de defensa de los derechos de los trabajadores.

Pese a que las posibilidades de encontrar trabajo ahora, en comparación con los 5 años anteriores, siguen siendo peores (39%) o iguales (34%), independientemente del género y del estrato social, y que la protección laboral tampoco ha mejorado, los limeños creen que su situación económica ha mejorado y se sienten un poco más optimistas frente al futuro: las expectativas de posible mejora dentro de 12 años han pasado de 28% en 2005 a 49% en el 2007. Estas cifras preocupan porque las frustraciones pueden ser mayores.






Sinesio López Jiménez

La contribución más importante de Nicolás Lynch, en su corta gestión como ministro de Educación (2001-2002), fue la introducción de una nueva concepción de la justicia y de nuevos criterios para ejercerla en el manejo de las instituciones educativas del Perú. Hasta entonces predominaba en éstas una inadecuada y obsoleta concepción de la justicia que se basaba en los criterios tradicionales de antigüedad y en el patrimonialismo cuando no en la corrupción y en la prebenda. Aunque existen actualmente resistencias en el magisterio (más que en la sociedad) sobre este cambio educativo fundamental, me parece que esta es una batalla ganada en beneficio de la educación del país. Para el caso peruano, esta fue una medida revolucionaria, aunque, desde una perspectiva comparada, ella fue sólo una adecuación a los tiempos y a las circunstancias de las sociedades modernas, una de cuyas características más importantes es que sus logros se basan en los desempeños individuales de sus integrantes, ofreciéndoles a todos, desde luego, una igualdad de oportunidades, esto es, una igualación de los puntos de partida en el juego competitivo. Este es justamente (o debiera serlo) el papel decisivo de la educación, además de la salud. Desde los tiempos de la gestión ministerial de Nicolás Lynch el mérito es el principal sino el único criterio de justicia con el que las instituciones educativas asignan beneficios y responsabilidades en el sector (educativo). La suerte del ciudadano en una sociedad moderna (o que quiere ser tal como la peruana) no depende sólo del mercado o de la decisión del gobierno sino también de las asignaciones de las instituciones relativamente autónomas. Este es el caso de las instituciones educativas en todos los niveles (sobre todo en el universitario) en las que se aplica lo que Jon Elster (sociólogo, politólogo y filósofo sueco) un criterio propio de justicia local (en oposición a la justicia nacional y global): el mérito, del mismo modo como en las empresas el criterio de justicia es el número de acciones; la necesidad, en el trasplante de órganos, etc. Michael Walter, destacado filósofo norteamericano, piensa que, en campo de la salud, el criterio de justicia debiera ser la enfermedad (o su prevención) y no el dinero como sucede en la mayoría de los países capitalistas. En el Perú, el enfermo que no tiene dinero se muere. Cada esfera de justicia (justicia local) tiene su propio criterio según la especificidad de bienes que asigna. En eso consiste la justicia y se cometen actos de injusticia cuando “se trasgreden las esferas”, esto es, se aplica el criterio de justicia de una esfera a otra, utilizando, por ejemplo, el dinero o la vinculación partidaria y no el mérito para acceder a un lugar en las instituciones educativas.

El debate actual se concentra en la forma de medir el mérito, confundiendo el criterio de justicia en el campo de las instituciones educativas con las formas de su medición. Una de las formas más comunes de medición es el concurso en el que los participantes compiten sometiéndose a reglas de juego clara, objetiva y previamente establecidas. En ese concurso pueden intervenir el quinto o el tercio superior que sólo son válidos, objetivos y justos si la educación del país está sometida a un sistema reconocido de acreditación. Este no es el caso de la educación peruana. Aquí los egresados de los dos tercios inferiores de una universidad de calidad, la PUCP por ejemplo, pueden ser mejores que los egresados en el tercio superior de otra universidad, la U. de la San Martín de Porres, por ejemplo, de la que el ministro de educación fue rector o de cualquier otro instituto de educación superior. Este hecho decisivo lo invalida como forma de medir el mérito en la educación. La situación se agrava cuando las autoridades del sector lo transforman en la forma decisiva de medición del mérito al señalar que sólo pueden presentarse al concurso aquellos que han ocupado el tercio superior. En este caso, la forma de medición del mérito se transforma en una forma de exclusión no sólo de los menos calificados sino también de algunos sectores más calificados que provienen de instituciones educativas de calidad. En esas condiciones, el tercio superior ya no sólo es una medida inadecuada del mérito si no que se transforma en una medida política que viola los derechos ciudadanos.

Otra cuestión igualmente importante es la forma como se quiere aplicar la medida del tercio superior en las regiones y a los gobiernos regionales. No se trata de la competencia legal que, como política sectorial, le corresponde al Poder Ejecutivo (Javier de Belaúnde dixit), sino de la forma autoritaria de su aplicación: sin haber dialogado con las autoridades legítimamente elegidas, la burocracia gubernamental las amenaza con la cárcel sino aplican sus medidas inconstitucionales. ¿Qué sucede en este caso con la competencia legal del Ejecutivo?. ¿Por qué persiste el gobierno aprista en aplicar a rajatabla una norma cuestionada e inconstitucional?. No se trata sólo de estulticia y autoritarismo del gobierno aprista sino de una medida políticamente perversa: El APRA busca desgastar y destruir la legitimidad de los gobiernos regionales enfrentándolos con los maestros organizados y con la población de sus respectivas regiones si aplican la medida en el primer caso o si no la aplican en el segundo.



Sinesio López Jiménez

Las élites conservadoras del Perú han vivido siempre en el susto permanente. En la colonia, ellas temían a los estallidos indígenas y a las sublevaciones sociales. En el período de la independencia, temían que los negros (que habitaban la capital) aprovecharan la ocasión para liberarse y se abstuvieron por esta razón de participar en la gesta libertadora. En el siglo XIX temían que el mundo andino invadiera y expandiera su pequeña comunidad criolla. En la primera mitad del siglo XX temían a las invasiones de las haciendas y de las ciudades criollas por los andinos, temían al APRA y a la izquierda marxista y sobre todo temían otorgar el sufragio universal. En la segunda mitad del siglo XX temían a Velazco y a todos los que se le parecieran, no como dictaduras (siempre se apoyaron en ellas), sino como gobiernos que pudieran cuestionar sus privilegios. En el siglo XXI se asustan del sufragio universal ejercido cada cinco años, se asustan de Humala y de todos los que se le puedan parecer políticamente. El miedo de las élites es consustancial a la inestabilidad social y política y a su incapacidad de construir un orden basado en la integración, en instituciones compartidas y en pactos políticos relativamente permanentes. Apelan entonces a la fuerza, al engaño, a la dictadura y a alguna institución conservadora que haga llevadero el sufrimiento terrenal de la gente. Otro mecanismo es extender el miedo, democratizarlo y hacer que todos lo compartan, a lo Maquiavelo en su arista conservadora y a lo Hobbes. Todos son unos malandrines decía el lado no republicano de Maquiavelo. Todos son violentos decía Hobbes: Homo homini lupus. Cualesquiera sean los motivos y los mecanismos, el miedo es la base de todos los Estados autoritarios.

¿Por qué asusta el sufragio universal a las élites conservadores peruanas del siglo XXI?. A los actuales conservadores peruanos les está pasando lo que a los liberales de Europa de mediados del siglo XIX. Mientras John Stuart Mill y Alexis de Tocqueville tuvieron miedo a la falsa democracia y a la dictadura de la mayoría que se desarrolla en la sociedad moderna, Carlos Marx vio en el sufragio universal un paso importante en el tránsito al socialismo. Marx creía que la dictadura de la mayoría y la dictadura del proletariado se acercaban. Liberales y marxistas del siglo XIX pensaban, sin embargo, que la democracia y el capitalismo se acompañan, aunque ambos lo hacían ciertamente desde perspectivas diferentes. El siglo XX, sin embargo, mostró cruelmente que existen capitalismos sin democracia (fascismos y nazismos) y que la democracia es difícil en las sociedades rurales. Para explicar el miedo al sufragio universal de los conservadores peruanos sugiero una hipótesis: El sufragio universal ha producido una revolución política en el campo, en los distritos, en las provincias y en las regiones predominantemente rurales o que se siente excluidas en su vida económica y social y que, por esa razón, son pobres o sienten pobres y discriminados y votan por sus propios representantes y contra los candidatos de las elites privilegiadas o vinculados a ellas. Esto es lo que se viene produciendo en la sierra y en la selva. Los principales, como llaman los campesinos a las élites y a las autoridades vinculadas al poder establecido, han sido arrinconados o han emigrado y sus representantes, en forma fragmentada y sin una organización nacional, han ocupado su lugar gracias al sufragio universal.

Y como quieren los conservadores superar sus miedos y curarse en salud frente al sufragio universal?. Su estrategia despliega políticas superficialmente integracionistas y políticas extremadamente perversas. Entre las primeras están la tímida inversión actual en infraestructura y, a partir probablemente, del 2009 o 2010, un agresivo asistencialismo en el campo y en las regiones desafectas a los candidatos conservadores con el beneplácito de toda la derecha, las organizaciones empresariales y los mismos organismos financieros internacionales que estarán dispuestas a abrir temporalmente todas las compuertas que ellos mismos han construido para impedir la distribución social hacia abajo. Entre las segundas, están la exclusión de Ollanta Humala y de todos los Ollantas, tal como lo sugiere una Fiscal probablemente digitada por el APRA o por la derecha más conservadora. Como esta táctica es inviable por incivilizada y contraproducente, otra política perversa es la búsqueda de una mayor fragmentación de la representación de las regiones pobres y excluidas, multiplicando los candidatos que pueden competir efectivamente con Ollanta. La libertad de Antauro y del mismo Fujimori puede ser supeditada a esta política. Pero la propuesta más perversa es la eliminación del sufragio universal y su reemplazo por el llamado sufragio libre. En el contexto peruano actual ésta no es una medida liberal sino excluyente y antidemocrática. Se trata de eliminar a lo que un periodista, habituado a encubrir sus limitaciones intelectuales con el insulto y la patanería, llama el electarado. En realidad, se trata de sacar de la cancha a todos los electores que no piensa como él, vocero de las cavernas políticas del país.





Sinesio López Jiménez

Los analistas estamos obligados a explicar la obsesión de control que García quiere desplegar sobre las ONGs que constituyen un componente importante de la sociedad civil. ¿Qué actividad de estos organismos privados con proyección pública preocupan tanto a García? ¿Por qué quiere echarse abajo un elemento central de control social sobre el gobierno y el Estado? Una rápida revisión a la historia de las ideas y a la historia política de la sociedad civil quizás nos ayuden a entender las obsesiones y prejuicios de García contra la sociedad civil. Desde el momento (1324) en que apareció como idea en Occidente, la sociedad civil se colocó frente al poder establecido para criticarlo y ha mantenido con frecuencia esa posición y ese rol a lo largo de la historia hasta nuestros días para bien de todos, salvo para los autoritarios de toda laya. En realidad, la sociedad civil tiene una historia intelectual y otra social y política. En la historia intelectual, la sociedad civil asumió, en un primer momento, un sentido laico pues su primer teórico, Marsilio de Padua, exigía a la todopoderosa Iglesia Católica de entonces que se dedicara exclusivamente a la salvación de las almas y dejara a la sociedad civil el papel de atender la satisfacción de las necesidades materiales a través de la producción y la distribución de los bienes. Posteriormente la sociedad civil aparece de diversas maneras y en diferentes espacios: sociedad civilizada creada y absorbida por el Estado (Hobbes), asociación fundante del Estado (Locke, Kant, Ferguson), sistema de necesidades atendidas por el mercado y la división del trabajo (Hegel), esfera autoorganizada e independiente del Estado (John Stuart Mill y Tocqueville), relaciones sociales de producción en la estructura económica (Marx), momento cultural y espacio de consenso (Gramsci), nivel institucionalizado del mundo de la vida que ejerce control sobre el sistema político (Habermas). Su historia real es más aleccionadora y deslumbrante tanto en Europa como en América Latina. En Europa germinó silenciosamente en el mundo privado, en donde la monarquía absoluta había colocado a las creencias religiosas, la moral privada, las convicciones íntimas, las ideas de los intelectuales, separado de la relación de autoridad establecida entre el soberano y los súbditos (lo público y político) como estrategia de tolerancia para poner fin a las guerras religiosas de protestantes y católicos. Asumió diversas formas en su desarrollo dentro de ese mundo privado (esfera pública, ilustración, logias, asociaciones), ensanchó ese espacio privado, cambió los linderos que el absolutismo había colocado entre lo público y lo privado, asumió un rostro público social y, como tal, desplegó una crítica radical contra el Estado Absolutista. Las fuerzas interesadas en conseguir influencia en las decisiones del poder estatal apelaron al público pensante para legitimar sus exigencias ante esa nueva tribuna. En el continente europeo la crítica pública se volvió virulenta. Los cafés y los salones de reuniones se transformaron en centros de agitación política. El comentario y la crítica constantes transformaron a las monarquías absolutas en monarquías constitucionales. Su impacto en el poder político fue, sin embargo, desigual: Más fuerte en Inglaterra, menor en Francia y mínimo en Alemania.

En las transiciones democráticas de los países comunistas de Europa Oriental y de América Latina de los 80, las sociedades civiles jugaron un papel central. Sus demandas eran múltiples como los intereses que ellas representaban, pero compartían algunas demandas comunes centrales, entre ellas el respeto a las libertades. Sus movilizaciones produjeron profundas grietas en las dictaduras que comenzaron a liberalizarse y luego a abrirse a los procesos electorales que dieron origen a los gobiernos democráticos. En el Perú, la transición democrática del 2000 no hubiera sido posible sin la crítica valiente de algunos medios de la esfera pública y sin la acción decidida e imaginativa de los ciudadanos y de la sociedad civil. Hasta Febrero de este año, Fujimori creía tener asegurada su segunda reelección anticonstitucional sin tropiezos. La transición democrática era una alternativa muy remota: ni siquiera era muy clara para algunos candidatos de la oposición. Pero a partir de marzo de ese año todo cambió. Los ciudadanos y la sociedad civil autónoma inventaron un candidato en un mes, enmendaron la plana a las fuerzas políticas de oposición que no habían logrado forjar la unidad para enfrentar al autoritarismo y reinventaron las calles y las plazas públicas dejando atrás la videopolítica y el bloqueo informativo de los canales de televisión abierta al servicio del gobierno autoritario. Con el advenimiento de los gobiernos democráticos, las sociedades civiles han jugado un papel de revigilancia, control y fiscalización de las diversas actividades de sus respectivos Estados y gobiernos. El control de la sociedad civil y el rol vigilante de la prensa independiente han frenado la tentación autoritaria y los insanos apetitos de la corrupción.

Sinesio López Jiménez

Marcelo Cavarozzi, destacado politólogo argentino, prefiere hablar de configuraciones partidarias antes que de sistemas de partidos en América Latina y reserva este último concepto para calificar la situación partidaria de algunos países en donde los partidos tienen estructuraciones internas sólidas y se reconocen recíprocamente como competidores legítimos en la arena política. Estos son los casos de Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela y Costa Rica. En los otros países existen partidos sin sistema (México, Argentina, Bolivia y Paraguay) o políticos sin partido (Brasil y Perú). Los sistemas de partidos nacieron en el período oligárquico, hicieron la transición al sistema populista de incorporación de masas, pero en ninguno de ellos (salvo Chile, previo golpe militar) llevaron a cabo una reforma económica neoliberal plena. Con la excepción de la decimonónica Unión Cívica Radical (Argentina), los partidos sin sistema nacieron en el siglo XX y realizaron tanto la transición al sistema populista como la transición al modelo neoliberal. Como bien dice el mismo Cavarozzi, en este caso “la salida de la matriz estado–céntrica y su reemplazo por modelos neoliberales fue llevada a cabo por los mismos partidos que la habían construido”. En los países que cuentan con políticos sin partido, el orden oligárquico no generó partidos sólidos, la configuración partidaria fue extremadamente débil y los partidos fueron incapaces de estructurar tanto la matriz estado-céntrica como las reformas económicas neoliberales. Ambas transiciones – la populista y la neoliberal- fueron realizadas, especialmente en el Perú, por los poderes fácticos militares y empresariales. Pienso que es necesario relativizar la tesis de Cavarozzi en lo que se refiere al Perú pues ella parece encajar mejor para la década de los 90 en que predominó una situación antipartido. Pero ella no funciona para épocas anteriores al 90 ni posteriores al 2,000. En primer lugar, es cierto que los partidos han sido débiles y no han desempeñado ningún papel en las grandes transiciones económicas y políticas del siglo XX, pero no hay que olvidar que la incorporación de las masas a la política en el Perú se realizó a través de uno de los partidos mejor organizados de A. Latina, el APRA, como lo han mostrado David y Ruth Collier en su libro Shaping Political Arena. En segundo lugar, la competencia política electoral entre 1956 y 1989 (excluyendo desde luego la larga dictadura militar de Velasco y de Morales Bermúdez) se desarrolló a través del APRA y de Acción Popular y otros partidos menores en torno cuales giró más del 70% del electorado. En tercer lugar, a partir del 2001 la competencia política se realiza a través de partidos y de outsiders. Si ello es así, la configuración partidaria actual puede ser catalogada como un sistema poco institucionalizado de partidos en el que los problemas fundamentales son la alta volatilidad, la fragmentación y la polarización.

En estos últimos cinco años se han producido significativos cambios políticos en A. Latina que pueden implicar modificaciones sustantivas en la clasificación de la configuración partidaria de Cavarozzi. Alberto Adrianzén, por ejemplo, ha señalado la emergencia de una creciente polarización electoral, política y territorial (con base social) en los recientes procesos electorales de América Latina. Esta polarización podría contribuir a reducir la fragmentación sin afectar la volatilidad ya que ésta depende fundamentalmente de la confianza de los ciudadanos en los partidos y del nivel institucional de éstos. Las elecciones primarias abiertas vinculantes a las que se transfiere el voto preferencial y las cuotas, la eliminación del transfuguismo y el ajuste en la ley de partidos pueden contribuir decisivamente a la institucionalización de los partidos. La recuperación de la confianza en ellos depende principalmente de su desempeño en los diversos cargos que ocupen en el gobierno y en el sistema político. Los diseños institucionales que contribuyen a reducir la fragmentación partidaria se pueden desplegar tanto en las elecciones presidenciales como en las elecciones parlamentarias. Dieter Nohlen sugiere que el mejor diseño para reducir la fragmentación partidaria en las elecciones presidenciales e incrementar la efectividad es el establecimiento de un sistema de pluralidad (de mayoría relativa) con barrera mínima de votación pues tiende a concentrar el voto más que el sistema de pluralidad puro (sin barreras). Nolhen sostiene asimismo que, si hay una segunda vuelta para elegir el presidente, ella debiera realizarse en el parlamento en donde los partidos están obligados a organizar coaliciones para tener éxito, logrando al mismo tiempo legitimidad y gobernabilidad. Esta medida, que propende a la formación de coaliciones, ayuda también a reducir la polarización política. Con la finalidad de reducir la fragmentación en las elecciones parlamentarias se sugirió en la reunión de especialistas y dirigentes partidarios realizada en la PUCP elevar la valla electoral de 4% al 5%. Con esta medida se impulsa también la formación de coaliciones para garantizar una legitimidad de salida. Uno de los temas más difíciles de resolver es el de igualdad de oportunidades en la competencia electoral, especialmente en lo que se refiere al acceso de los medios. El establecimiento de la franja electoral no funciona cuando los partidos no se someten a los topes de gastos en la propaganda electoral que fija la ley. Además del cumplimiento de éste, es necesario imaginar medidas más imaginativas y eficaces que permitan elecciones efectivamente competitivas.




Sinesio López Jiménez

Tengo la impresión que algunas reformas políticas que viene discutiendo el Congreso como la bicameralidad y la eliminación del voto preferencial no son viables en esta coyuntura y que es necesario esperar a que las circunstancias políticas cambien para volver sobre el tema. Insistir en introducirlas en este momento puede ser contraproducente. En política, a veces, hay que saber esperar. Nadie está obligado a librar batallas que, casi con seguridad, va a perder, por más justas o razonables que ellas sean. No se trata, en este caso, de la razonabilidad de las reformas sino del momento político en que ellas son propuestas. La coyuntura política actual está marcada por el enorme desprestigio del Congreso, debido a los escandalosos actos de corrupción cometidos por algunos de sus integrantes, pero que salpican a toda la institución, sobre todo cuando se sospecha que, si se levanta toda la alfombra, el escándalo será mayor. El Congreso actual ha perdido capacidad y credibilidad para llevar a cabo algunas reformas políticas necesarias. En realidad, las corruptelas parlamentarias de hoy son la gota que rebalsa el vaso, pues el desprestigio parlamentario hunde sus raíces en la estructura social actual y tiene que ver con la crisis de representación generalizada en el mundo de hoy, que en el Perú adquiere particularidades dramáticas. Obviamente, en esta crisis lo acompañan los partidos políticos que son los organizadores de la representación en el mundo moderno. Como lo han mostrado Bernard Manin y otros estudiosos del tema, la forma de representación del siglo XX – la representación partidaria definida por la ideología, los programas y la organización- ha entrado en crisis y tiende a ser sustituida por la representación personalizada en la que juegan un papel central los líderes pragmáticos, los medios, las imágenes y el espectáculo. Debido a esa crisis, el parlamento ha dejado de ser un foro público en el que se discuten los grandes problemas nacionales y ha sido sustituido en ese rol por los medios de comunicación de masas que lo hacen peor. La masificación ha convertido a los medios en mediocres, pero felices. Hay que mirar la TV peruana para disipar cualquier duda al respecto. La crisis parlamentaria se extiende también a la renuncia del Congreso a legislar sobre los temas más importantes del país, delegando esa función al Poder Ejecutivo (la reforma tributaria, por ejemplo) y a la banalización de su función fiscalizadora. Todas estas crisis se expresan en forma dramática en la calidad de la representación parlamentaria. No creo equivocarme si afirmo que, en el caso peruano, la representación parlamentaria, cuya historia no es larga ni estable, presenta, con altibajos, altos niveles de calidad hasta el período de la Asamblea Constituyente (1978-1980). Lo que viene después en un árido desierto, con algunos oasis de excepciones notables.

Tengo la sospecha que el profundo desprestigio actual del Congreso contamina toda su actividad parlamentaria. Me parece que en estas graves circunstancias, lo mejor que podría hacer es declararse en emergencia y en reorganización, como sucede con cualquier institución en crisis. No sé si los procedimientos parlamentarios permiten esa salida, pero algo de impacto tiene que hacer para salir del hoyo en que se encuentra. Es necesario un shock parlamentario que lo despierte del letargo y que anuncie a la opinión pública su firme voluntad de autoreformarse. Tiene que promoverlo y hacerlo el mismo Congreso, impulsado por los elementos y las fuerzas sanas y respetables que, sin duda, existen en esa institución. Si no toma la iniciativa el Congreso, otros van a estar tentados de hacerlo como ya lo vienen pregonando algunos voceros del fujimorismo que no les vasta tener un fujimorismo sin Fujimori, sino que quieren hacer de García otro Fujimori. Con la campaña que promueve el cierre del parlamento, los voceros periodísticos del fujimorismo están alentado el golpismo que puede tener acogida en ciertos sectores de la opinión pública cuya situación social no les ofrece razón alguna para apostar a la consolidación de la democracia. La situación se agravaría si esa campaña fuese vista con simpatía, o peor aún, estuviese alentada por algunos elementos vinculados a las altas esferas del poder. Lo que les interesa a los golpistas no es, obviamente, reformar y mejorar el Congreso, sino aprovechar la grave crisis parlamentaria para impulsar un régimen autoritario que frene y acabe con las demandas regionales y sociales que, sin duda, van a ir creciendo y poniendo al descubierto la incapacidad del gobierno de García para resolver los graves problemas de empleo y de pobreza que agobian a la mayoría de peruanos y peruanas. El shock parlamentario tiene que ir más allá de pequeños cambios administrativos y financieros para comprender al Congreso como institución y como organización que es capaz de renovar, actualizar y hacer eficaces y transparentes sus clásicas funciones de representación, de debate público, de legislación y de fiscalización y que se erige, de ese modo, en un real y efectivo contrapeso del poder ejecutivo, del mercado y de los poderes fácticos que agobian actualmente a los ciudadanos.

Sinesio López Jiménez
Lo que está sucediendo en la Residencial San Felipe del distrito de Jesús María es una fiel reproducción en pequeña escala de lo que pasa actualmente en el país en grande: Una empresa (Supermercados Peruanos) que quiere expandir su negocio, afectando el bienestar y la tranquilidad de sus moradores; un alcalde patrimonialista que cree que la propiedad privada de condominio es pública (del estado) para venderla como si fuera su chacra y los residentes de clase media que se han movilizado para frenar la voracidad de la empresa y del alcalde con imaginativas dramatizaciones: cacerolazos diarios a las 8 de la noche, desfiles sabatinos frente a la tienda de Santa Isabel, participación masiva y alegre de los jóvenes y de los niños y acalorados debates en las páginas Web, sazonados con un cierto humor democrático. Todo eso atrae la atención de los medios que ayudan a iluminar los juegos ocultos del poder económico y político local y a potenciar la fuerza de las dramatizaciones de los moradores. Cada actor, como es obvio, tiene sus propias intereses y motivaciones que chocan y definen el escenario del conflicto. Aprovechando la corriente “nacionalista” que emergió en Lima con la venta de las Tiendas Wong a una empresa chilena, Supermercados Peruanos busca crecer aumentando su inversión comercial y sus ganancias, lo que puede ser legítimo. Eso trae consigo, sin embargo, el cambio del carácter residencial de San Felipe y su transformación en zona comercial con todas las incomodidades y pérdidas que eso implica para sus residentes, lo que hace ilegítima la pretensión empresarial. El alcalde apoya el proyecto de Supermercados porque, dice, trae progreso para el distrito y sus moradores y, en nombre de ese supuesto progreso (construcción de la alameda, el ágora, el bulevar y el centro comunal), pretende privatizar la propiedad del condominio de San Felipe, acusando a sus opositores de ser radicales y de politizar el proyecto empresarial. Para llevarlo adelante ha organizado una “pequeña coalición” con Supermercados y ha dejado, de ese modo, de representar los intereses de los ciudadanos (de San Felipe) para defender los de la empresa. Esa coalición ilumina los reales y oscuros intereses del alcalde y compañía. Muchas investigaciones en el Perú y en el mundo han demostrado la estrecha asociación existente entre las privatizaciones y las concesiones y las diversas formas de corrupción de los funcionarios. Ante la resistencia de los moradores, el alcalde pretende legitimar su decisión convocando a una consulta ciudadana con la supervisión de la ONPE y de Transparencia, lo que es legalmente improcedente dado el carácter privado del condominio.

Y ¿qué es lo está en juego por el lado de los residentes? La Residencial San Felipe constituyó, en la década del 60, una forma imaginativa de incorporar a las clases medias al mercado de vivienda. La idea, que seguramente orientó a los creativos arquitectos que la diseñaron, fue construir un conjunto residencial que equilibrara armoniosamente las viviendas con el comercio, los bancos, los servicios, los colegios, los centros de salud y el centro cultural, esto es, establecieron una racional y agradable distribución funcional del espacio urbano. Todo ello acompañado de hermosas áreas verdes que constituyen el pulmón del conjunto residencial y del distrito. Un joven biólogo ha estudiado la fauna que ha emergido de estas áreas verdes y ha encontrado una rica variedad de especies (incluida un pequeña serpiente ciega no venenosa) que forma parte de los atractivos del conjunto residencial. Después de todo, a los moradores nos resulta agradable ser despertados por el trinar competitivo de los pájaros y no por el espantoso rugido motorizado de la chatarra limeña. Lo que los residentes rechazan es la pretensión de Supermercados y del alcalde de quebrar la relación armoniosa y equilibrada de las viviendas con su entorno moderno de servicios y áreas verdes en el Conjunto Residencial San Felipe para instaurar una especie de Mall que seguramente incrementará sus ganancias, pero que vulnerará indefectiblemente la propiedad, el bienestar y la tranquilidad de sus moradores.

Como todo conjunto residencial, la convivencia social plantea algunos problemas que se resuelven a través del diálogo y a veces de debates agitados. Aquí señalo brevemente dos: la tensión entre lo público (que deriva del hecho de vivir en colectividad) y lo privado y la cuestión de la intimidad. No hay linderos precisos entre lo público y lo privado. Ellos son establecidos por la convivencia social misma. He aquí un ejemplo: En un edificio del conjunto residencial, el portero se separó de la esposa. Algunas señoras estaban en contra de esa separación. Asamblea de los residentes y debate público. Acuerdo: Lo que pasa en los departamentos es privado y lo público es la limpieza del edificio, el cuidado de los jardines, la seguridad, el buen trato entre los vecinos. Una señora acusó al portero de enamorar a todas las empleadas del hogar. Acuerdo: si el portero se transforma en el terror de las empleadas del hogar, eso es un asunto público y hay que llamarlo al orden. La intimidad, a su vez, no está totalmente salvada, pero es mejor preservada en los departamentos amplios de San Felipe que en las cajas de fósforo que promueve el Ministerio de Vivienda.




Sinesio López Jiménez

A 180 días del nuevo gobierno, propongo a los lectores la siguiente hipótesis de trabajo para comprender mejor sus características fundamentales: Por su estilo político, el gobierno actual es alanista más que aprista, por su forma política, es un régimen de presidencialismo retórico y por su contenido social es la voz de un estado que expresa el dominio abierto de los ricos en desmedro de los pobres.

Las decisiones gubernamentales y las formas de gestión no provienen del Apra ni de las instituciones estatales sino de Alan García. Este estilo político, más acentuado ahora que en 1986, no anula al partido de gobierno pero lo debilita. El nombramiento de ministros, viceministros y altos funcionarios así como las políticas públicas que no tienen que ver con la economía están en manos de García, pero el APRA es la encargada de llevar a cabo la política estatal de clientela, esto es, de copar la administración central del Estado con apristas, especialmente ahora que ha perdido muchos gobiernos regionales y locales.

El alanismo no sólo define el estilo político gubernamental sino también el
régimen político de gobierno. En efecto, los seis meses de gobierno han mostrado que el régimen político actual, más allá de las irrelevantes incrustaciones semipresidencialistas de la Constitución, es, en realidad, un presidencialismo exacerbado y asfixiante. Aunque se pueden formular algunas observaciones a la manera cómo fue elegido García, el régimen político actual es, sin duda, democrático en su origen, pero tiende a no serlo en su funcionamiento por los valores que promueve García, las reglas de juego que quiere imponer y las estructuras de decisión política en las que se asienta. Los valores que mueven a García no son democráticos ni republicanos, pese a su énfasis verbal en la austeridad gubernamental y en los deberes de los ciudadanos. García no es, con toda seguridad, Jefferson que entró millonario al gobierno y salió quebrado por servir desinteresadamente a sus ciudadanos. Los valores profundos que mueven a García, como a la mayoría de los presidentes peruanos y quizás latinoamericanos, provienen del patrimonialismo como cultura política predominante. El se siente dueño de pelota (el gobierno y el poder) y no la quiere repartir ni a sus propios compañeros de partido.

Algunas políticas promovidas por García, tales como la pena de muerte, el control de las ONGs y otras, revelan la voluntad de cambiar las reglas de juego democrático y constitucional para imponer otras de carácter plebiscitario y autoritario. Las políticas económicas revelan que las estructuras de decisión del régimen político no están constituidas por los poderes formales de un Estado democrático sino por una coalición del Presidente de la República con los grandes poderes empresariales que, para esquivar toda presión social y el escrutinio público, han blindado y secuestrado la economía de mercado y administran los aparatos económicos del Estado a través de sus representantes sociales y políticos, apoyados por los grandes medios de comunicación. Esta coalición social y política muestra el corazón del Estado entendido, no sólo como administración pública y como sistema legal, sino también y principalmente como sistema institucionalizado de dominación social. Como es obvio, esta coalición gobierna para los ricos en desmedro de los pobres. Aparte de los grandes gestos y las pequeñas medidas de alivio temporal de la pobreza, ¿existe alguna política del gobierno alanista que mejore el empleo, reduzca la pobreza y combate la desigualdad social?.

En el primer gobierno aprista, García ejerció un presidencialismo plebiscitario. Fue un decisionista que obtenía su legitimidad de la plaza pública, de las masas y de los famosos balconazos. Su decisionismo era de izquierda para enfrentar la crisis económica de entonces y de derecha para enfrentar el terrorismo. En el actual gobierno aprista, García, en cambio, ejerce un presidencialismo retórico de derecha que obtiene su legitimidad, no de la plaza pública, sino de su inserción en la política como espectáculo y de su capacidad para convencer al auditorio a través de los medios de comunicación que, en su mayoría, se han puesto a su servicio. Tanto el presidencialismo plebiscitario como el retórico proceden de y se emparentan con el tronco autoritario y se caracterizan por el desprecio de las instituciones y por cierto desapego a la ley.

GOBIERNO Y PARTIDO DE GOBIERNO
Sinesio López Jiménez

En el Perú (y probablemente en América Latina) un partido, cuando triunfa en las elecciones, cree firmemente que ha ganado, no el gobierno, sino el Estado y se prepara para coparlo de inmediato. Por desgracia, ésta no es sólo una firme creencia de los partidos sino también de la gente común y corriente que tolera el copamiento con un permisivo “ya le tocó”. Esa creencia forma parte de la cultura política patrimonialista que nos envuelve, en mayor o menor medida, a todos y que nos predispone a manejar los asuntos públicos como si fueran privados, apelando a algún derecho. Eso, por un lado. Por otro, muchas veces se confunde el gobierno con el Estado, dejando de lado la clara diferencia que existe entre ellos. El gobierno está constituido sólo por los puestos de mando que ponen en marcha al Estado y, por extensión, comprende también al elenco de personas que ocupan esos puestos de mando. El estado, en cambio, es un complejo político e institucional que abarca el sistema institucionalizado de dominación social, el estado-para-la nación, la administración pública, los aparatos coercitivos y el sistema legal.

Este rasgo patrimonialista de la cultura política peruana puede ir retrocediendo lentamente, gracias a la marcación estricta que han establecido los medios sobre el partido de gobierno desde el 2001 en adelante, justamente cuando Perú Posible no tenía capacidad alguna para copar el Estado. Esos mismos medios, sin embargo, no dijeron esta boca es mía precisamente cuando se produjo el máximo copamiento del Estado que se conoce en la historia durante el primer gobierno de García (1985-1990). Pero la capacidad de copamiento del Estado no depende sólo de la cultura patrimonialista y del nivel de vigilancia de los medios sino, sobre todo, del nivel de institucionalización y de organización de los partidos, como lo ha demostrado Piero Corvetto en una excelente tesis para obtener el grado de magíster en Ciencia Política en la PUCP. En realidad, lo que Corvetto demostró, estudiando los gobiernos peruanos de 1980 hasta la primera mitad del gobierno de Toledo, es que existen tres tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno: el partido de gobierno que influye en el gobierno, el gobierno que se impone sobre el partido de gobierno y un cierto equilibrio entre ambos.

¿De qué dependen estos diversos tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno? La tesis de Corvetto demuestra que esos tipos de relación dependen del nivel de institucionalización y de organización de los partidos y despliega su demostración en tres campos: en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en la aplicación de políticas públicas y en la política de clientela para acceder a la administración pública. Esto significa que los partidos de gobierno con mayor nivel de institucionalización influyen más en el gobierno que los poco institucionalizados en los tres aspectos señalados, que los partidos de gobierno menos institucionalizados le abren un espacio al dominio del gobierno en esos mismos campos y los partidos de gobierno medianamente institucionalizados establecen un cierto equilibrio con el gobierno. En el segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985), los partidos de gobierno (AP y PPC) influyeron un poco más del 50% (cito de memoria) en la designación de ministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En el primer gobierno de García, en cambio, la influencia del APRA fue decisiva, especialmente en el copamiento de la administración pública por la militancia aprista. Pese al nefasto caudillismo avasallador de García, el APRA pudo ponerle límites como en el caso de la estatización de la banca y logró influir en más del 90% de la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En este caso, el copamiento del estado es un efecto perverso (que es necesario controlar) generado, en gran medida, por un fenómeno político positivo como es la institucionalización de los partidos.

La situación se invirtió con Fujimori, quien no tenía un partido sino etiquetas cambiantes de partido, y con Toledo, cuyo partido era un pequeño y frágil agrupamiento político. Perú Posible, en efecto, pudo apenas influir en menos del 30% de la designación de las altas autoridades del estado, de la aplicación de políticas públicas y de la política de clientela. El peso de Fujimori y Toledo fue indiscutible en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, importante en el manejo de las políticas sociales y limitado en el diseño e implementación de políticas económicas, en las que sólo eran un socio más de los organismos económicos internacionales, de los grupos empresariales y de los operadores tecnocráticos del capitalismo globalizado, dejando a sus modestos movimientos partidarios un cierto margen de maniobra en el manejo de las políticas de clientela.

En los seis primeros meses de su gobierno, García ha seguido la misma ruta de Fujimori y Toledo con la notable diferencia de la capacidad indudable del APRA para copar los aparatos del Estado. Esa capacidad se incrementará y avanzará hasta influir también en la designación de las altas autoridades del gobierno a medida que el presidencialismo retórico de García se agote y llegue a fatigar el imaginario y la paciencia de los ciudadanos. Y eso ya comenzó.

UNA NUEVA CONVIVENCIA
Sinesio López Jiménez

El azar existe en la historia y en la política, pero me parece que todo el enredo del “caso Pandolfi” es una maniobra consciente y calculadamente planificada por García, el Presidente de la República, con el expreso objetivo de debilitar al Primer Ministro, a quien, en público, le dice, sin embargo, te necesito y el país te necesita, y de redefinir las coaliciones políticas en las que se sustenta su gobierno. Mi hipótesis es que el gobierno de García se parece cada vez más al de Fujimori y que puede llegar a ser un fujimorismo sin Fujimori. He aquí algunos elementos para comparar similitudes y acercamientos: un presidencialismo exacerbado, retórico y autoritario, la voluntad de manejar gabinetes sumisos, la organización de un gobierno de los ricos con el apoyo de los pobres (la aspiración más acariciada de García), el asomo de un manejo perverso de los medios (un ministro que despotrica de la prensa democrática y financia a la corrupta), un desprecio por las instituciones, la sociedad civil (a la que García pretende controlar) y los partidos, la apelación a la austeridad como coartada (el problema no es que los ricos no paguen los impuestos que deben pagar sino que los parlamentarios, los altos funcionarios y los alcaldes se la llevan toda), un manejo cínico de la política (la inclusión en el gobierno de personajes cuestionados y corruptos y la amenaza del secretario general del APRA a la oposición con cerrar el parlamento recurriendo a nunca usados mecanismos constitucionales del semipresidencialismo), la conformación de coaliciones políticas sin ningún criterio ético (desde la integración de la plancha presidencial hasta la constitución de la mayoría parlamentaria).

Lo que está pasando ahora tiene una pequeña historia que es necesario recordar. García pasó ajustadamente a la segunda vuelta, pero su representación parlamentaria, elegida en la primera vuelta, era una segunda minoría. El triunfo electoral en la segunda vuelta, le dio legitimidad para gobernar pero no subsanó la carencia de una mayoría parlamentaria que le diera gobernabilidad. Esta es una de las desventajas de las segundas vueltas mediante elecciones generales. Si la segunda vuelta se hubiera llevado a cabo en el Congreso como sucedía hasta 1962, García hubiera obtenido al mismo tiempo legitimidad y gobernabilidad y se hubiera visto obligado a formar, no alianzas vergonzantes e informales, sino una coalición formal y a la luz del día que sustentara su gobierno. La carencia de una mayoría parlamentaria obligó al gobierno aprista a organizar una coalición informal con la derecha decente de unidad nacional y con la corrupta del fujimorismo. La informalidad de la coalición no niega, sin embargo, que ésta exista y se exprese en las votaciones congresales sobre los asuntos importantes del gobierno y en la elaboración de las agendas públicas. La coalición se expresa también en la conformación del equipo de gobierno, especialmente del equipo económico, con el que, al parecer, se sienten identificados, en mayor o menor medida, los apristas, los de Unidad Nacional y los fujimoristas. Se expresa también en la aplicación de las políticas públicas, especialmente de las políticas económicas y sobre todo en las ridículas e irrelevantes acusaciones de corrupción al gobierno de Toledo para encubrir la gigantesca corrupción del gobierno de Fujimori. La informalidad de la coalición permite, sin embargo, a sus integrantes defender su autonomía y alegar que sus acuerdos expresados en el equipo de gobierno y en las políticas públicas son meras coincidencias.

Mutatis mutandis, esta nueva coalición tiene ciertos aires de familia con la de 1956 en el contenido y en la forma. Entonces la oligarquía conformó una alianza con el APRA. La oligarquía estaba al mando y el APRA, subordinada, a la inversa de lo que pasa ahora. Como ahora, la coalición era informal, pero tenía plena vigencia en las Cámaras legislativas y en la política en general. Cuando la oposición de entonces acusaba al APRA de traición, ésta alegaba que no había tal alianza porque no existía un acuerdo oleado y sacramentado al respecto. Esa coalición fue bautizada por la oposición como el gobierno de la convivencia, un nombre que pasó a la historia y que se prolongó, con pequeñas variantes, hasta 1968. Esa convivencia bloqueó todas las reformas reclamadas masivamente por las nuevas fuerzas sociales, pero permitió un pequeño y languideciente oasis democrático dentro del excluyente Estado Oligárquico de entonces.

La oligarquía pasada y sus voceros han sido reemplazados ahora por el capital extranjero y local y por sus representantes sociales y políticos, configurando una nueva convivencia que, sin duda, define el contenido de las políticas públicas del gobierno actual. Si los rasgos políticos que acercan cada vez más a García con el gobierno y el estilo fujimoristas se acentúan es probable que la alianza del APRA con los representantes del extraditable se consolide y que Unidad Nacional tome distancias de la misma. Me parece que esta reconfiguración de coaliciones políticas en el gobierno ya comenzó a producirse a partir del caso Pandolfi.
LA AUSTERIDAD COMO COARTADA

Sinesio López Jiménez

Me resulta difícil imaginar a García enfundándose en el uniforme de gladiador y arriesgando su vida y la de sus hijos, como Maximus (Russell Crowe), en heroica lucha contra el emperador Comodus y en defensa de la República romana. Eso supone un nivel de heroísmo que nadie le reconoce. Pero García insiste en presentarse, en sus discursos, como un consumado republicano de acuerdo a los más exigentes cánones ciceronianos. ¿Puede un populista devenir con el tiempo y las circunstancias un republicano cívico? O para decirles en términos comunes y corrientes: ¿Puede un político que sueña con el gasto público expansivo y con el shock de inversiones ser un gobernante austero?. ¿Puede un político que gobernó como gobernó entre 1985 y el 2000 alardear de austero republicano?. O para decirlo más directamente: ¿Puede el señor García que hizo del fisco lo que quiso en su primer gobierno presentarse hoy impunemente como un virginal republicano?.

El republicanismo cívico es una vieja y venerable corriente del pensamiento político que levanta las banderas de la defensa del bien común, de la entrega desinteresada a él y de la ciudadanía activa (que no se limita a formular demandas sino que se asume también responsabilidades) y que se organiza como gobierno representativo de una comunidad política pequeña y homogénea. Esos fueron los discursos y la forma política de Esparta y de Roma republicanas, de las ciudades-repúblicas italianas que sobrevivieron como oasis republicanos en medio de la pugna entre el imperio feudal y el Papado, de la revolución inglesa que, bajo la inspiración de Harrington, instaló la república en 1648, de la revolución independentista norteamericana que, con Jefferson a la cabeza, proclamó la república en1776. La tarea posterior de los federalistas fue compatibilizar la tradición republicana con la extensa geografía, la complejidad social y la densa historia norteamericana. Además de los mencionados, los militantes más eximios del republicanismo cívico fueron Maquiavelo, Guiciardini, Savonarola, Rousseau, el joven Hegel. ¿Puede García acompañar a esta insigne galería de intelectuales y políticos republicanos? Pese a las importantes contribuciones que ha hecho la historiadora Carmen McEvoy en sus investigaciones sobre el pensamiento republicano peruano del siglo XIX, el Perú no ha sido una tierra fértil en donde germinara y se desarrollara con amplitud el republicanismo, inspirando la formación de organizaciones y partidos republicanos. Si así hubiera sido, habríamos tenido en estos lares una mayor tradición de accountability (rendición de cuentas) tanto horizontal (de instituciones) como vertical (de la esfera pública y la sociedad civil) y una menor cantidad de élites políticas corruptas. En el Perú del siglo XIX predominaron más bien el patrimonialismo, el comunitarismo conservador y el liberalismo, a los que se agregaron en el siglo XX el anarquismo, el socialcristianismo y el marxismo.

Por todas estas razones teóricas e históricas, me parece que la política de austeridad republicana de García es una coartada para varias cosas. En primer lugar, García busca no tocar y quiere más bien proteger los intereses de los ricos. Según el discurso de la austeridad, el problema no es que el Estado carezca de recursos para atender las urgentes necesidades de los pobres, sino que los altos funcionarios, los parlamentarios y los alcaldes se la llevan toda. Ergo, no es necesario desplegar una política impositiva que grave a los que más tienen, aunque tengan boyantes ganancias extraordinarias: Lo que hay que hacer –y es lo que se ha hecho- es recortar los sueldos de los que se la llevan toda. En una simple evaluación de costos y beneficios, las medidas de austeridad son una política ineficaz: lo ahorrado mediante la política de austeridad es una propina, comparado con lo que debieran haber pagado las empresas mineras mediante un impuesto a las ganancias extraordinarias. Se ha reemplazado el impuesto por una donación voluntaria que, además de ser poco significativa, se presta para todo, especialmente abre las puertas a la corrupción: la generosidad de los mineros no es política ni legalmente transparente, no está normada y, por consiguiente, no está sometida a la accountability vertical que es vinculante. En segundo lugar, García quiere, apelando a la austeridad, incrementar su poder interviniendo arbitrariamente instituciones que, por ley, son autónomas. Tal es el caso de los municipios que, bajo el pretexto de corregir los altos sueldos de algunos alcaldes, fueron intervenidos violando la autonomía municipal. Aunque satisfaga el ego y el poder de García, la medida es absurda: el salario de un chofer de Palacio de gobierno, que no tiene responsabilidad política alguna, es igual o más que el de algunos alcaldes distritales de Lima y el doble que el de algunos alcaldes de provincias.

En tercer lugar, García quiere limpiar su imagen y borrar las acusaciones de corrupción que se hicieron a su primer gobierno, apareciendo hoy como un gobernante honesto y austero, un republicano a carta cabal. En ciertos casos, sobre todo cuando los políticos y los funcionarios no son efectivamente republicanos, las medidas de austeridad generan lo que en política se llama efectos perversos, esto es, terminan produciendo lo contrario a lo buscado: con esa medida no se ahorra los fondos públicos sino que más bien se dilapidan mediante la corrupción política que trata de recuperar con creces lo perdido por la aplicación de las medidas de austeridad, como ya lo han advertido algunos medios.

EL CALENTAMIENTO SOCIAL
Sinesio López Jiménez

Contrastando con el enfriamiento climático, el calentamiento social crece día a día. Por los datos que recoge, organiza y distribuye eficientemente La Defensoría del Pueblo, sabemos que la protesta social se empina desde 4 casos activos en mayo del 2006 hasta 32 en mayo del 2007 y que los casos que la misma Defensoría llama latentes llegan a 45. La mayoría (39%) de estos conflictos (activos y latentes) ha surgido este año y el resto distribuye su aparición por igual (19%) en los años 2006, 2005 y 2004 y sólo el 4% apareció en el año 2003 o antes. El sismo social, que no alcanza aún la intensidad de un terremoto, cubre prácticamente todo el territorio, pero el epicentro se ubica en las zonas cocaleras y, sobre todo, en las regiones mineras en donde se desarrollan el 39% de los conflictos en torno a problemas socio-ambientales. Otro conflicto que cubre a varias regiones, las de la selva, es el que se refiere a las exoneraciones tributarias, un hueso duro de roer para el gobierno. Por ahora, los únicos movimientos capaces de producir conflictos de alcance nacional son la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos (que ya paralizó sus actividades a fines de abril y comienzos de mayo y que amenaza volver a paralizar en solidaridad con los trabajadores de Casapalca) y el SUTEP que entró ayer a la huelga general. A todos estos conflictos de mayor amplitud, hay que agregar los conflictos menores y locales: el 29% que cuestionan el desempeño de los alcaldes provinciales y distritales y la legitimidad de un presidente regional (el de Huancavelica), el 10% que se producen entre comunidades y el 9% por demandas gremiales. En resumen, el sismo social tiene varias ondas expansivas que van desde lo local hasta lo nacional pasando por lo regional y lo pluriregional. Un dato revelador que proporciona la Defensoría del Pueblo es el siguiente: la mayoría (29%) de los conflictos se producen en las zonas muy pobres, el 27% en las zonas pobres, el 8% en las zonas de extrema pobreza y sólo el 13% se desarrollan en las zonas no pobres. La pobreza es, pues, el escenario principal en el que se desarrollan los conflictos sociales. Tres son los principales motivos que inducen a la protesta social: Conflictos de linderos, recursos y decisiones de las autoridades, enfrentamientos por el riesgo de contaminación ambiental y cuestionamiento de las autoridades por presuntas irregularidades. La mayoría (65%) de los movimientos de protesta despliegan un cierto nivel de violencia: enfrentamientos con la policía, toma de locales públicos, bloqueo de carreteras, secuestro de personas.

Cualquiera sea el nivel de violencia de estos movimientos de protesta, incluidos los más agresivos, ellos no buscan destruir el sistema sino que quieren hacerlo funcionar, como apuntó agudamente el politólogo norteamericano James Payne, analizando los movimientos sindicales radicales de los 60 del siglo pasado. Comentando el libro de Payne, Labor and Politics in Perú, G. A. Almond y G.B. Powell en su libro ya clásico de ciencia política, Política Comparada, sostienen una tesis que puede sorprender: “Más que constituir una amenaza para el funcionamiento habitual del sistema, la violencia de masas forma parte del patrón normal de desarrollo; es un canal estructurado de acceso al sistema político” en algunas sociedades poco estructuradas, para advertir luego el peligro de caminar por la cornisa del sistema político puesto que “siempre existe el riesgo del descontrol, la posibilidad de que quienes la promueven no pueden contener el ímpetu de las masas, lo cual puede significar una amenaza para la vida y la propiedad de quienes utilizan este medio”. En realidad, muchos de estos actos de violencia social son dramatizaciones que buscan colocar sus problemas y demandas en la agenda pública, pues las élites empresariales y los gobernantes son ciegos y sordos a las exigencias que vienen de las clases populares y pobres. Las agendas públicas, por lo general, vienen desde arriba, desde el poder económico, el poder político y desde los medios. Colocar un tema, un problema o una demanda en la agenda pública desde abajo de la escala social exige dramatizaciones a veces extremas, con consecuencias muchas veces funestas. Pero sólo entonces las autoridades de turno, acostumbradas a mirar siempre hacia arriba, se dignan mirar hacia abajo, negociar y, si los reclamantes tienen suerte, resolver el problema. La situación se agrava cuando, debido a la ausencia de partidos políticos que canalicen las demandas y dramatizaciones y que contribuyan a buscar salidas a los problemas, son los mismos movimientos de protesta los que se enfrentan al poder político a través de un tipo de relación sociopolítica que Jurgen Habermas ha llamado el modelo de asedio: el poder se siente cercado, controlado en sus movimientos e iluminado en sus actividades (a veces ocultas) por múltiples faros sociales.

Es indudable que el movimientismo genera ingobernabilidad. Hace más de un siglo y medio Tocqueville, el más brillante de los sociólogos franceses, sostuvo una gran verdad: Cuando una sociedad produce más movimientos que instituciones genera inestabilidad. Pero también el presidencialismo retórico, que no respeta las instituciones, y las mismas instituciones mal diseñadas generan ingobernabilidad. Y desde luego, las condiciones de pobreza, de desigualdad, de poco desarrollo, de un estado ineficiente y poco transparente son la fuente principal de la ingobernabilidad. No son, pues, “la demagogia que engaña, el apetito político que divide y el desorden que destruye” los que producen ingobernabilidad, como sostiene García, sino la injusticia imperante, el presidencialismo retórico inoperante y el movimientismo desesperado que desborda todas las instituciones.

LA CORRUPCION
Sinesio López Jiménez

La última encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP) de la PUCP sobre la corrupción trae algunas cosas nuevas y confirma otras ya más o menos conocidas. Pese a que la corrupción en el Perú es un fenómeno reconocido por la mayoría (75%) como muy grave, ella ocupa (en otras encuestas) el cuarto lugar de los problemas más importantes del país, después del desempleo, la pobreza y la situación económica. Desde una perspectiva comparada, el Perú es percibido como uno de los países latinoamericanos más corruptos juntamente con Guatemala, Nicaragua, Jamaica y Ecuador, como lo señala una reciente publicación del IEP sobre la cultura política de la democracia en el Perú. Algo que llama la atención es que ella no tiene el mismo sentido para las personas encuestadas en Lima Metropolitana. Para la mayoría de los hombres y para los estratos medios y altos, la corrupción tiene un sentido patrimonialista (conseguir beneficios particulares aprovechando el cargo público que se ostenta y usar la ley para beneficio propio). En cambio, las mujeres y los estratos populares, pobres y muy pobres tienden a darle un significado no patrimonialista (asaltar y robar y no cumplir las promesas electorales). Esto significa que para los estratos medios y altos el patrimonialismo es simple y llanamente corrupción mientras que para los estratos populares y pobres es una forma de cultura política.

La encuesta revela un bajo nivel de autoestima de los limeños. En efecto, la mayoría (56%) cree que los peruanos son poco honestos y el 17% cree que son nada honestos, sobre todo los de más edad y los estratos populares, los pobres y los muy pobres. Si los limeños creen que los peruanos son poco o nada honestos entonces están dispuestos a ser tratados como tales. La mayoría de los limeños son pesimistas respecto al presente, pero son relativamente optimistas respecto al futuro: El 41% cree que ahora hay más corrupción que hace doce meses, sobre todo en los estratos populares, pobres y muy pobres y sólo el 24% piensa que hay menos corrupción, especialmente los estratos medios y altos; pero el 39% cree que la corrupción será menor en el futuro, especialmente estos últimos estratos y sólo el 22% cree que la corrupción será peor, especialmente en los sectores populares. Los estratos medios y altos tienden a ser más optimistas tanto en el presente como en el futuro de la corrupción mientras que los sectores populares y pobres mantienen un terco pesimismo al respecto. En la evaluación de la corrupción en los diversos gobiernos, Fujimori se lleva la palma de lejos como el gobierno más corrupto (56%), seguido por el primer gobierno de García (el 22%) y por el de Toledo (17%). A medida que se baja en la escala social, menor es el porcentaje de la población que juzga al gobierno de Fujimori como el más corrupto, lo que revela una cierta permisividad de los sectores populares y pobres con la corrupción de ese gobierno. Esos mismos estratos tienden a creer que los gobiernos de García y de Toledo fueron más corruptos. Esta peculiar evaluación de la corrupción de los gobiernos por parte de los sectores menos favorecidos del país tiene que ver probablemente con la agresiva política social desplegada por Fujimori entre 1993 y el 2000. El actual gobierno de García queda mejor librado pues el 52% de los limeños piensa que es menos corrupto que los otros, sobre todo en los estratos altos y medios, pero los estratos populares y pobres creen que es tan corrupto como los otros. Para los limeños la política es el escenario en el que impera la corrupción, pero la mayoría, especialmente los sectores medios y altos, piensa que se puede trabajar en el campo político sin corromperse. Los estratos populares y pobres, en cambio, son más escépticos al respecto. La mayoría de los sectores medios y alto, cree que el Estado ofrece los flancos más débiles a la corrupción en relación con la empresa privada. En cambio, los sectores populares y pobres tienden a pensar que la corrupción se da en ambos espacios. Las instituciones peruanas más corruptas, en opinión de los limeños, son el Congreso, la policía, el Poder Judicial, los partidos políticos, en ese orden, y, por eso, sorprende que le otorguen al Poder Judicial y al gobierno la capacidad de luchar contra la corrupción a través de diversas políticas: educación en valores, leyes y sanciones muy altas.

Por todo lo expuesto hasta ahora, sabemos que el conocimiento, el sentido, la percepción y la evaluación de la corrupción depende de varios factores como la edad, el género, el nivel de educación y sobre todo el estrato social de la población. Pero ¿qué la explica?. ¿Y cuáles son sus consecuencias en el campo de la política y en especial en el régimen democrático? Por desgracia, ninguna encuesta trata el tema de las causas y consecuencias. Aquí sugiero algunas hipótesis sobre la base de diversas investigaciones sobre el tema. La corrupción depende de la vigencia de la cultura patrimonialista, del nivel de control (accountability) horizontal (instituciones), vertical (electores) y social (ciudadanos, sociedad civil y esfera pública) y del nivel de pobreza que relativiza los valores de integridad moral de los ciudadanos. A mayor vigencia de cultura patrimonialista, mayor corrupción; a mayor control horizontal, vertical y social, menor corrupción y a más pobreza, más relativización de los valores y más permisividad con la corrupción. El impacto de la corrupción en el sistema política y en la democracia es calamitoso: la pérdida de confianza en las instituciones del estado, la insatisfacción con la democracia y la falta de gobernabilidad.
LA DEMOCRACIA EN CUESTION
Sinesio López Jiménez

Julio es un mes de evaluaciones políticas, de aprobaciones y de desaprobaciones por parte de los ciudadanos. García ha salido desaprobado en su primer año de gobierno, pese al buen desempeño de la economía (que no es obra suya) o quizás por eso mismo: la gente de a pie no siente en el bolsillo (o siente que es insuficiente lo poco que le toca) las boyantes cifras de las empresas y de la macroeconomía. También ha salido desaprobada la democracia: El 65% de los peruanos cree que el Perú es poco o nada democrático, según la encuesta de julio del Instituto de Opinión Pública de la PUCP. La desaprobación es mayor en las regiones, especialmente en el norte, centro y sur del país en donde el 71% cree que el Perú es poco o nada democrático. Es probable también que la desaprobación sea mayor en los estratos populares, pobres y muy pobres del Perú. La desafección con la democracia es asimismo alta: El 63% de los peruanos se siente insatisfecho y muy insatisfecho con la democracia, especialmente en las regiones sur y centro en donde la insatisfacción se empina hasta el 78%. ¿Existe alguna conexión entre la desaprobación del gobierno, la insatisfacción y la desaprobación de la democracia?. Por supuesto que existe. A medida que la desaprobación del gobierno (elegido democráticamente) crece, se incrementa también la insatisfacción y la desaprobación de la democracia: si el gobierno (democrático) no resuelve los problemas angustiosos de la gente, entonces ¿de qué democracia hablamos?. ¿Para quién funciona la democracia?. El gran economista Albert O. Hirschamn definió alguna vez la democracia como capacidad de espera y Julio Cotler, destacado sociólogo peruano, suele decir que la democracia es saber hacer la cola. Es probable que las tesis de Hirschmann y de Cotler funcionen en las clases medias y altas, pero no en los estratos populares que ya se cansaron de esperar y de hacer la cola.

¿Qué pasa en los países como el Perú en donde coexisten una economía boyante, un gobierno desaprobado y la mayoría de ciudadanos insatisfechos? Pueden pasar varias cosas. En primer lugar, esa coexistencia no puede durar mucho tiempo porque la desaprobación del gobierno se transforma en ingobernabilidad, la insatisfacción en impaciencia y la economía puede comenzar a caer. En segundo lugar, se puede incrementar la presión distributiva desde abajo y desde las regiones justamente aprovechando la democracia (que se desaprueba y que, en este caso, muestra para que y para quien sirve también) y el sostenido crecimiento de la economía. En tercer lugar, puede emerger un Pacto Social de verdad en el que estén presentes los empresarios (la CONFIEP y otros organizaciones empresariales), los trabajadores organizados (la CGTP), los gobiernos regionales y un representante (con poder) del gobierno central para hacer compatible el desarrollo económico (crecimiento, productividad) con la democracia (distribución e igualdad), creando las políticas (reforma tributaria, capacitaciones), los mecanismos (mantención del equilibrio macroeconómico, derechos sociales) y sistemas institucionales (organismos estatales que garanticen los acuerdos del pacto social). Si lo anterior no se hace o no es posible hacer, puede pasar cualquier cosa, la más probable es que se organice un gobierno abiertamente autoritario al servicio del gran capital con el apoyo de las clases medias conservadoras.

Pese a la insatisfacción y a la desaprobación de la democracia, la mayoría de los peruanos (60%) cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, especialmente en Lima y Callao (65%) y en el norte (57%). Pero lo que más llama la atención en este caso es que casi la mitad de los ciudadanos que viven en el sur, centro y oriente creen que a veces es necesario un gobierno autoritario, una dictadura o les da lo mismo cualquier forma de gobierno. Y es también muy probable que los sectores populares, pobres y muy pobres de todas las regiones hayan llegado a desechar la democracia como la mejor forma de gobierno. ¿Existe una relación entre la insatisfacción, la desaprobación y la falta de apoyo a la democracia como forma de gobierno?. Esa relación es innegable: A medida que se incrementa la insatisfacción y la desaprobación de la democracia, aumenta también la falta de apoyo a la democracia como forma de gobierno. Esto significa que para un sector importante de los sectores populares la democracia no es o ya no es la mejor forma de gobierno. Si eso es así, entonces se están desarrollando las bases sociales para salidas desesperadas o para gobiernos dictatoriales. El Perú ha llegado a una situación en la que ya no se puede concentrar el poder en la cúpula (el presidente, el ministro de economía, la tecnoburocracia y la coalición social y política que está detrás) evitando la presión social y el escrutinio público y en la que, si se quiere mantener la democracia y hacerla compatible el desarrollo, tiene que abrirse un juego político y social complejo hacia las clases populares. Hemos llegado a una situación social y política en la que ya no se puede mantener el juego anterior en donde muy pocos ganan y la inmensa mayoría pierde. Ya no estamos en los 90 del siglo pasado. Ya no estamos en los tiempos de Fujimori. Felizmente.

LA DEMOCRACIA DE PARTIDOS
Sinesio López Jiménez

La encuesta de julio del IOP de la PUCP revela algunos datos interesantes que merecen algunas reflexiones: La evaluación de la democracia ha bajado significativamente, la insatisfacción y la desafección con ella se han incrementado, pero la apuesta por ella, como forma deseada de gobierno, se mantiene, aunque en franco descenso especialmente en las regiones el centro, sur y oriente en donde casi el 50% simpatiza con una forma no democrática de gobierno y/o no le interesa la forma de gobierno. Estos datos revelan procesos cognitivos, afectivos y de apuesta política sobre la democracia. Desde una perspectiva cognitiva, la mayoría de la gente, sobre todo de los sectores populares, pobres y muy pobres, percibe que la democracia tiene un nulo desempeño en la solución de sus problemas y, por ende, la desaprueba como ejercicio efectivo de gobierno. Pero si queremos profundizar en el tema es necesario preguntarse qué es lo que realmente no funciona. ¿Es la democracia?, ¿es el Estado en el que opera la democracia?, ¿son los partidos que organizan la representación en la democracia?, ¿son los ciudadanos pasivos que se niegan asumir un papel activo y responsable?. Gullermo O´Donnell, destacado politólogo argentino y profesor de la Universidad de Notre Dame (USA), se planteó algunas de estas preguntas para explicar la fragilidad de las democracias latinoamericanas y sugirió algunas respuestas que apuntan más a responsabilizar al tipo de ciudadanos y a la ineficiencia de los Estado que a la democracia como régimen político. O´Donnell sostiene, en síntesis, que los ciudadanos latinoamericanos, a diferencia de los ciudadanos de los países del norte, son principalmente políticos y no civiles (que no valoran la libertad, la autonomía ni la iniciativa individual) ni sociales (que no participan en el bienestar que producen sus sociedades) y que la exclusiva ciudadanía política no es sólido soporte de la democracia. Sostiene asimismo que los estados latinoamericanos no funcionan ni como sistemas legales, ni como burocracias, ni como seguridad ciudadana, ni como distribución funcional (poderes del estado) ni territorial (descentralización) del poder, ni como estados-para-la-nación. O´Donnell olvidó señalar que lo único que funciona es la forma-estado, esto es, el estado como sistema institucionalizado de dominación social (Weber) que organiza, entre otras cosas, el monopolio de la coerción, la relación inclusión-exclusión y las políticas económicas. Olvidó asimismo señalar las deficiencias de los partidos como organizadores de la representación democrática. Lamentablemente la encuesta del IOP tampoco formula preguntas que permitan conocer la percepción ciudadana sobre la actividad y el desempeño de los partidos actuales y medir el grado de insatisfacción y de desafección con ellos pues se limita a preguntar sobre la evaluación de la relación de los partidos con la democracia. Ello no obstante, los datos revelan que el 65% de los peruanos cree que la existencia de los partidos es importante, muy importante y extremadamente importante para el funcionamiento de la democracia, sobre todo en Lima y Callao (67%) y en el norte (66%) y en menor medida en el sur (61%) y en el oriente (61%), pero la región centro (55%) tiene una posición anti-partido pues cree que los partidos son poco o nada importantes para la vigencia de la democracia. Estas respuestas son concordantes con la creencia mayoritaria (56%) de todas las regiones según la cual “sin partidos políticos no puede haber democracia”, con la notoria excepción del centro del país. Más de un tercio de los peruanos (37%) cree, sin embargo, que la democracia puede funcionar sin partidos políticos.

Esta apuesta por los partidos como sustento de la democracia no deja de sorprender sobre todo cuando se conoce por otras encuestas (Latinobarómetro 2003) el bajo nivel de confianza de los peruanos en los partidos (8.0%), nivel que está por debajo de la media (8.4)% de los países andinos, un poco más arriba de Bolivia y Ecuador, muy por debajo de Colombia (17.3%) , Venezuela (20.1%), de los países latinoamericanos no andinos (22%) y de los países de Europa Occidental (24.6%). Estos datos expresan la profunda crisis de representación de los partidos políticos en el mundo, ciertamente en unos más que en otros. Lo que está en cuestión, como lo han analizado Scott Mainwaring, profesor de la Universidad de Notre Dame, y otros, es el lazo representativo entre los ciudadanos como titulares del poder (principales los llama Mainwaring) y los partidos políticos (agentes de la representación). Este cuestionamiento atraviesa por varias etapas que van desde la desaprobación de su desempeño hasta el colapso pasando por la insatisfacción, la desafección, la desconfianza, el rechazo y la erupción, configurando un proceso gradual de ruptura. ¿Cómo explicar esta crisis de representación?. Las respuestas van desde las que responsabilizan de la crisis representativa al mal diseño institucional de los partidos hasta las deficiencias del Estado, pasando por el mal desempeño de la democracia. Es probable que, en este caso, cada uno de estos factores tenga su propia cuota de responsabilidad.


UN ESTADO INEFICIENTE
Sinesio López Jiménez


Para comprender al estado peruano hay que mirarlo desde el terremoto del 15 de Agosto. Este fue un examen de desempeño que el Estado desaprobó. Ese fracaso era algo esperable para todos los que en algún momento de sus vidas se han visto envueltos en sus pesadas y mohosas redes. Si el estado no funciona en los tranquilos períodos de una aburrida normalidad, ¿porqué tiene que funcionar adecuadamente en los dramáticos períodos de desastres inesperados?. En estos períodos, por el contrario, salen a flote las virtudes y los defectos, las grandezas y las miserias, las generosidades y las mezquindades de los hombres (sobre todo de los hombres públicos), de las sociedades y de sus instituciones. El terremoto de Ica es un enorme espejo en el que todos tenemos que mirarnos y mirar en él, sobre todo, a los hombres públicos con sus capacidades y deficiencias para desempeñar el papel que les toca: enfrentar y resolver los graves problemas producidos por el desastre. El Presidente García exhibió todo lo que podía dar de sí en los diversos actos del drama: Desinformado en un primer momento (felizmente el terremoto no ha tenido graves consecuencias, dijo), incomunicado (dependiente sólo los intereses privados de la Telefónica y sin canales alternativos de comunicación), preocupado (desplazándose al lugar de los hechos), sereno (tratando de calmar a la gente damnificada, angustiada y desesperada) y desafiante (casi conminando a las ONGs, a la CGTP a la solidaridad activa para ocultar su propia incapacidad y las deficiencias del Estado que hoy comanda). Algo parecido sucedía con los ministros presentes en el escenario del drama: Todos ellos o casi todos ellos son personas de buena voluntad que se mostraban, ante la magnitud y la gravedad de los hechos, desconcertados, impotentes y afectados por una parálisis decisoria. Sincera e irritante al mismo tiempo fue la confesión del Ministro de Salud: Necesitados unas doscientas ambulancias, pero el Ministerio de Salud sólo tiene doce en estado operativo. Le faltó añadir con igual sinceridad: Tenemos los fondos necesarios, pero hasta ahora no podemos adquirirlas. El Primer Ministro soltó una afirmación del mismo calibre con pasmosa ingenuidad: No podemos llegar oportunamente con la ayuda a los damnificados porque se ha interrumpido la carretera y tenemos que ir por Arequipa. Una pregunta igualmente ingenua: ¿Era una tarea imposible construir un tramo de emergencia (de doscientos metros) de la carretera y habilitar el puente San Clemente?.

Pero ha sido la inoperancia del Estado la más escandalosa y dramática en la etapa de emergencia. No estaba presente un modesto burócrata para que entregue oportunamente un papel de defunción. Los fiscales necesarios para el levantamiento de los cadáveres brillaban por su ausencia. Los destacamentos de la policía y de las FF.AA. (las mismas que García quiso sacar de sus cuarteles para reprimir las huelgas del mes de julio) para garantizar la seguridad de los ciudadanos tampoco estaban presentes, pese a las exigencias desesperadas de los damnificados. El IDECI no tenía iniciativas, ni previsiones ni los aditamentos necesarios (carpas, frazadas, agua, etc) para atender a los damnificados en períodos de emergencia. La solidaridad de adentro y de afuera lo desbordó y se mostró incapaz para distribuir con la urgencia necesaria la generosa ayuda a los damnificados. El Ministerio de Salud no contaba con las ambulancias necesarias para el traslado de los heridos a los hospitales y Centros de Salud de Lima. El MINSA tampoco estaba en condiciones de dar un tratamiento adecuado (cámaras de refrigeración) a los cadáveres amontonados que se descomponían en la plaza pública. El Ministerio de Transportes se mostró incapaz para habilitar un tramo de urgencia de doscientos metros y un puente, medidas que hubieran aliviado el atascado tránsito de los primeros días, inmediatamente después de la catástrofe. Un insensible Ministerio de Economía y Finanzas, incapaz de imaginar situaciones de emergencia de la población y de librar los fondos necesarios para atenderlas. Engorrosos procedimientos impiden a los Ministros y a la alta burocracia tomar decisiones rápidas para resolver problemas de emergencia. Los organismos estatales de control paralizan a la tímida burocracia en la toma urgente de decisiones, amenazándola con procesos administrativos y judiciales si no se someten a los kafkianos procedimientos diseñados, al parecer, por una mano malévola para que todas las instituciones del Estado sean ineficientes. ¿Aprenderemos la lección que nos deja el terremoto del 15 de agosto?. Veremos. Una primera indicación de que hemos encontrado el camino de salida la tendremos en la etapa de reconstrucción y una segunda será la capacidad de diseñar un Estado de Emergencia que entre a funcionar cada vez que tengamos catástrofes como la del 15 de agosto.



LOGICA DE GUERRA
Sinesio López Jiménez

Entre el insulto, la sorna y el desafío, García ha formulado la siguiente pregunta:¿qué hacen por el Perú el picón, el criticón y el comechado?. Aceptando el desafío y asumiendo mi rol de crítico del gobierno de García me permito, previamente, devolverle la pregunta: ¿Qué hizo el presidente García entre 1985 y 1990 y que hace hoy por el Perú?. Sería interesante que él mismo respondiera, pero, como sé que no lo va a hacer, yo mismo voy a asumir esa ingrata tarea. He aquí un breve listado de las hazañas realizadas por García en su primer gobierno: Disparó los precios 22,000 veces, achicharró las remuneraciones reales en 53%, redujo el ingreso per cápita de 2,800 dólares en 1985 a 1,900 dólares en 1990, quebró al estado bajando la presión tributaria del 14% al 4%, multiplicó el número de pobres (en Lima Metropolitana) pasando de 16.9% al 44.3%, destruyó un millón de empleos adecuados e incrementó el desempleo de 42.5% al 73.1% (en Lima Metropolitana). Esta es la gran faena de García por el Perú en su primer gobierno. Puso al Perú y a los peruanos al borde del abismo. A esas hazañas económicas y sociales hay que agregar la violación sistemática de los derechos humanos (masacre de los penales, de Cayara, los paramilitares autodenominados Rodrigo Franco, etc.) y la corrupción generalizada (el 22% de los limeños cree que el primer gobierno es el más corrupto, después de Fujimori). He aquí un rápido recuento de su modesto desempeño en un año de su segundo gobierno: la austeridad como coartada para evadir la reforma tributaria, la desafiliación mediatizada de las AFP, la eliminación del Consejo Nacional de Descentralización (CND), la racionalización administrativa de las políticas sociales, la evaluación de los maestros, el shock fracasado de inversiones, la ley del control de las ONGs, la fusión de algunas OPDs, la negociación (rechazada cuando era candidato) del TLC , la reciente ley de la carrera pública magisterial. Nada de nada que tenga que ver con el trabajo, la distribución de la riqueza que producen los trabajadores gracias a la generosidad de los recursos naturales que pertenecen a todos los peruanos, la desigualdad creciente y la pobreza. Las medidas más importantes son las que se refieren a la educación (la evaluación de los profesores y la ley de la carrera magisterial), pero que han sido políticamente mal conducidas y sin obedecer a un plan previamente elaborado de una reforma educativa integral, lo que pone en duda su viabilidad. Sin este plan integral explícito se da la impresión, evidentemente errónea e injusta, de que toda la responsabilidad de la pésima calidad de la educación es sólo de los maestros y del SUTEP. ¿Y cuál es la responsabilidad de los ministros de educación, de los gobiernos que incumplen el Acuerdo Nacional de dedicar el 6% del PBI a la educación y que han hecho y hacen de la escuela pública, no un espacio de igualdad de oportunidades, sino un mecanismo más de discriminación (en donde sólo se educan los pobres y los cholos), de los misérrimos salarios que paga el Estado a los maestros, de las instituciones estatales que tienen que ver con la educación y que no funcionan?.

García puede sostener que su segundo gobierno es la autocrítica práctica de su desastroso primer gobierno. Pero en este caso su autocrítica es parcial y unilateral: es sólo un mea culpa frente al capital. ¿Y el mundo del trabajo no se merece una disculpa y una autocrítica práctica?. ¿Olvidó acaso las tesis primigenias del APRA de conciliar el capital y el trabajo?. Pero más allá de la ideología, la conducta política de García y de su gobierno obliga a preguntarse: ¿ Por qué los gobernantes no pueden mantener una lógica del equilibrio político y social?. ¿De que depende esa incapacidad?, ¿Es una cuestión de sicología, de la cultura política o de la estructura social?. Puede ser una combinación de las tres cosas. García, al parecer, es un hombre que se desborda así mismo, que quiere avasallar a los demás y que no ama la mesura, guiado quizás por la idea de Trotski de que la prudencia nada grande ha producido en la historia. Pero y ¿Del Castillo?, ¿Qué pasó con el prudente y mesurado del Castillo?. Ambos, presidente y primer ministro, parecían en estos días dos generales dirigiendo una guerra, provocando, insultando, inventando molinos de viento. La política fue definida como guerra, como en los viejos tiempos en los que los militares pensaban que la única forma de mantener el orden era acabando con el APRA y ésta creía que la única forma de realizar los cambios era acabando con los militares. Pero esta vez, el papel de los militares ha sido desempeñado por el APRA y el de ésta, por los sectores sociales descontentos y movilizados. Esta es la vieja cultura de la confrontación que rechaza la negociación y el diálogo y que privilegia la violencia. Los griegos que habitaban la polis, amantes de la lexis y la praxis (el diálogo y la acción), afirmaban que la violencia era muda. Y Hannah Arendt, una de las más destacadas filósofas del siglo XX, sostenía que la violencia surge cuando se trata al otro como cosa, como medio para conseguir algún fin. Sicologías desbordantes y culturas políticas confrontacionales se alimentan de una estructura social polarizada de ricos satisfechos (los menos) y de pobres descontentos e irritados (los más). ¿Es difícil para los menos (el gobierno, la derecha, los ricos, los medios) entender que los más ( las clases populares, los pobres y las izquierdas) están insatisfechos (según las últimas encuestas) y por eso protestan y se movilizan?. ¿Podrán entender los menos que los más no están locos sino disconformes con la actual situación de injusticia y con la política del gobierno? Espero que para su propio bien y para la sobrevivencia de la democracia logren entenderlo.

EL PACTO SOCIAL
Sinesio López Jiménez

García saca “instituciones” de su sesera como el prestidigitador saca conejos de la manga. Este es el caso del pacto social cuyos únicos elementos que se conocen son sus objetivos (el salario mínimo) y los convocados (grandes, medianas y pequeñas empresas, formales e informales), pero nada más. No se conocen ni el más elemental diseño, ni las reglas, ni los procedimientos, ni los incentivos, ni las sanciones ni el señalamiento básico de la estrategia para construirla, ni las relaciones con el complejo institucional (estatal, paraestatal), especialmente con otras similares que ya existen (El Acuerdo Nacional y el Consejo Nacional del Trabajo) con los que duplica sus funciones. Los ministros se enteraron del nacimiento de la criatura en el momento mismo del mensaje presidencial y están haciendo malabares para que termine de nacer. Una de las características de los presidencialismos plebiscitarios y los retóricos de AL. es su total desapego de las instituciones, a diferencia de los presidencialismos que se sientan en vigorosas coaliciones sociales y políticas y que se manejan con instituciones estables y gobernables. ¿Cómo explicar entonces la propuesta “institucional” de García?.

Mi hipótesis es que el pacto social de García no es una propuesta institucional seria sino una maniobra para burlar la presión distributiva que se viene con fuerza. El problema no es sólo el salario mínimo sino toda la estructura salarial que ha quedado brutalmente rezagada con respecto a las utilidades empresariales como lo viene demostrando Humberto Campodónico en su excelente columna diaria de La República: Algunas empresas recuperarán su inversión en el cortísimo período de tres años mientras los salarios no logran salir del abismo en el que los dejó el primer gobierno de García. Más aún: junto a los salarios está el problema del empleo: la calidad del empleo, el subempleo, la precarización y los mal llamados services, esto es, todas las formas laborales (sin derechos) impuestas por el capitalismo salvaje de 1990 en adelante. Enfrentar los problemas de los salarios y del empleo es la mejor manera de atacar los desafíos de la pobreza y la desigualdad. En la historia conflictiva entre el trabajo y el capital se han imaginado diversas fórmulas institucionales que han permitido su coexistencia productiva. De ellas voy a reseñar brevemente las tres más importantes: la autoprotección social del liberalismo del siglo XIX, el compromiso entre el capital y el trabajo de la socialdemocracia del siglo XX y las actuales reformas institucionales que se vienen desarrollando en Europa para aligerar el pesado estado socialdemócrata. Todas las historias sociales cuentan las duras resistencias que ofrecieron los campesinos para transformarse en obreros en los capitalismos originarios después del siglo XVIII. Las causas de esas resistencias no eran económicas (los obreros ganaban más que los campesinos) sino sociales: el abandono de la familia, la ruptura con la localidad de origen y de su cultura, el establecimiento de nuevas formas de disciplinamiento social y laboral, en fin, todo un conjunto de problemas derivados de lo que Karl Polanyi ha llamado el dislocamiento social. Estos problemas se agravaron en el siglo XIX cuando se impusieron en toda la línea la economía liberal y la autorregulación del mercado que buscaban transformar a todos los factores de producción en mercancías, incluidas las que Polanyi denomina ficticias (la fuerza de trabajo, el dinero y los recursos naturales) puesto que devienen tales por una decisión cultural. La resistencia de los trabajadores fue mayúscula y cedió sólo cuando, junto a la autoregulación del mercado, se estableció la autoprotección de la sociedad (jornada de ocho horas, mejores condiciones de trabajo, salarios dignos,etc) gracias a los sindicatos y organizaciones de los trabajadores y a las garantías que ofreció el Estado liberal. El liberalismo del siglo XIX pudo funcionar gracias a la tensión equilibradota entre economía de mercado y autoprotección de la sociedad. Todo eso colapsó con el crack de 1929.

En el siglo XX, gracias al crecimiento sostenido de Europa, a la sólida organización de los obreros, a la existencia de partidos socialdemócratas y liberales, se logró establecer lo que Adam Przeworski ha llamado una política de compromiso entre los obreros y los empresarios bajo el impulso y la garantía del Estado socialdemócrata. Los trabajadores aceptaron que la acumulación capitalista era legítima y los empresarios, a su vez, aceptaron que era asimismo legítima la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza que ellos producían. La fórmula que asumió este compromiso fue una reforma tributaria, el reconocimiento de los derechos sociales y la organización de los aparatos estatales adecuados para garantizarlos. La socialdemocracia llegó a esta fórmula de humanización del capitalismo, luego de amenazar con destruirlo a través de estatizaciones y nacionalizaciones en el siglo XIX, de superar una serie de dilemas que le planteaba la integración institucional al sistema vigente y de aplicar las políticas keynesianas en los años 30. En la década de 1980 apareció un creciente consenso con respecto al fracaso institucional del estado de bienestar y la aceptación del hecho de que, dadas las perspectivas económicas, no había muchas probabilidades de remediar la situación con la asignación de más recursos a la misma red institucional. Se han buscado fórmulas en el Reino Unido y en los países nórdicos para combinar el financiamiento y la asignación de recursos a la educación y la salud por parte del Estado con los mercados o cuasi-mercados (tercerización) y con la sociedad civil (publicización) en la gerencia y gestión de esos servicios. Estas diversas experiencias sugieren que un mayor predominio de las “fuerzas del mercado” puede significar, en realidad, un mayor protagonismo para el Estado, en particular en el terreno de la regulación. ¿En cuál de estas tradiciones se basa la propuesta de García?. Nadie lo sabe ni él mismo.

GARCIA QUIERE MATAR AL PERRO POR INANICION
Sinesio López Jiménez

Nunca segundas partes fueron buenas. Si el primer artículo de García era malo, el último es peor. El primero tenía, al menos, la virtud de la provocación porque invitaba al debate intelectual y político. El último, en cambio, es tecnoburocrático y aburrido. Es un pequeño misil tierra a tierra. Hay, para comenzar, una contradicción entre el título (receta para acabar con el perro del hortelano) y el contenido (modestos cambios institucionales del Estado para estimular la inversión privada y favorecer a los empresarios). Con estas medidas García va a engordar a los propietarios de los grandes huertos y, de carambola, puede quizás acabar con el perro del hortelano (como lo desea) por inanición. Todas las medidas que propone (quitar al Estado la obsesión de del control total, estimular al empleado público que presta el mejor servicio, liberar los bienes que el Estado no usa ni trabaja, abrir a la producción y al trabajo las áreas sin uso que tiene el país, nuevos procedimientos para fomentar la inversión) tienen como exclusivo propósito estimular y garantizar la inversión privada. No propone una sola medida que tenga que ver con el perro del hortelano: empleo, el ingreso, la educación, la salud y el bienestar de los peruanos. Esta sería la mejor manera de acabar con todos los perros del hortelano. A esto habría que añadir las medidas de protección del medio ambiente para redondear la faena. Pero nada de esto ha sido propuesto. Todo para el capital, nada para la sociedad ni para el medio ambiente. El Estado, financiado por el IGV de todos (62%), está siendo puesto una vez más al servicio de los dueños del huerto. Si los perros aludidos no mueren por inanición (como espero) van a seguir ladrando fuerte (protestando). No se trata de uno sino de varios. Es casi una jauría. Señalo brevemente a los más impacientes. Están en primer lugar los que viven aplastados por el capitalismo salvaje (precarización del empleo, bajos salarios, malas condiciones de trabajo, services, contratos). Vienen luego los campesinos a los que se quiere despojar de sus tierras para entregarlas a las corporaciones mineras o los que ya se ven afectados por éstas en sus recursos naturales (agua, cultivos, medio ambiente, etc). Sigue el enorme contingente de desempleados y subempleados de las ciudades que buscan empleo y mejores condiciones de vida. Culmina este desfile de perros contestarios la enorme masa de los excluidos económica y socialmente de las regiones, especialmente de la sierra y de la selva. Según revelan las encuestas, éstos son los que demandan más Estado (que los incluya) a pesar del Estado actual (que los excluye). Demandan también una comunidad política (nación) que los incorpore y los considere como sus miembros. Estatismo y nacionalismo (que tanto asustan a los propietarios de los grandes huertos y a sus guardianes) son demandas, no de un conjunto de locos desfasados y desactualizados, sino de amplios sectores sociales que se sienten excluidos. Son las formas a través de las cuales ellos creen que pueden resolver sus problemas fundamentales y pueden ser incluidos en la vida económica y social del país. Son productos inevitables del neoliberalismo excluyente de América Latina. En unos países más que en otros. Neoliberalismo agresivo y estatistmo y nacionalismo son hermanos enemigos que se alimentan mutuamente. Como por un túnel del tiempo, el Perú y América Latina parecen volver a las épocas de la exclusión oligárquica y a las respuestas estatistas y nacionalistas que dicha exclusión generó. Han reaparecido el terreno y el clima en los que germinaron y crecieron los partidos nacional populares y las Apras de América Latina de los años 30 del siglo pasado.

Las recetas presidenciales no curan para nada el estatismo ni el sectarismo, a los que García confunde con el patrimonialismo. Más chamba para Hugo Neira. En una clase de sociología y política al paso Hugo tiene que explicar a García en qué consiste el patrimonialismo (Max Weber). Puedo contribuir gratuitamente con un pequeño adelanto. Patrimnialismo es lo que hace el APRA cuando gana las elecciones: copa al Estado con sus militantes, lo administra como si fuera su chacra apelando al derecho que supuestamente le otorga el triunfo electoral. Si García quiere acabar efectivamente con el perro del hortelano para que pueda funcionar sin sobresaltos la economía de mercado autorregulada tiene que hacer por lo menos dos cosas. Primero, proteger la sociedad y el mundo del trabajo acabando con el capitalismo salvaje y organismo un capitalismo con derechos (empleo de calidad, salarios dignos, jornada de ocho horas, condiciones adecuadas de trabajo, seguridad social de los trabajadores, etc, etc,). Segundo, proteger el medio ambiente y los recursos naturales cuyo deterioro nos afecta a todos y no sólo a los campesinos. La


Sinesio López Jiménez

Maquiavelo sostenía que el político, para tener éxito, tenía que adecuar su acción al tiempo y a las circunstancias que son cambiantes, manteniendo, sin embargo, su apuesta en el proyecto (de construir un Estado republicano en el caso del florentino). Por eso Rousseau afirmó que Maquiavelo, fingiendo dar lecciones a los príncipes, las dio, en realidad, más grandes a los pueblos. García no es un maquiaveliano ni en el proyecto (republicano) ni en la estrategia o, en todo caso, es un maquiaveliano a medias: cambia su acción de acuerdo al tiempo y las circunstancias, pero cambia también de proyecto. En la primera vuelta, García se presentó como el candidato antineoliberal que enfrentaba a Lourdes Flores, la candidata de los ricos (en sus propias palabras). En la segunda vuelta, se presentó como el candidato del cambio responsable que luchaba contra el caos y el cambio sin un rumbo claro que representaba supuestamente Ollanta Humala. Ganadas las elecciones en la segunda vuelta con el apoyo de la derecha, se transformó en el Presidente de la continuidad neoliberal. Cada cambio en el discurso y en la acción implicaba un desplazamiento social ascendente: de candidato popular (primera vuelta), a candidato de clase media (segunda vuelta) y a Presidente de los ricos (después el 28 de Julio del 2006).

Aplicando sus propias creencias según las cuales en política no hay que ser ingenuos, en la primera vuelta García se presentó con un discurso popular, pero con una fórmula presidencial vinculada al fujimorismo que representa la derecha rudimentaria y corrupta. Esa fórmula era un guiño a los electores fujimoristas (que carecían de una candidatura fuerte) y anunciaba, dado el caso, las futuras coaliciones políticas para contar con una mayoría parlamentaria y tener gobernabilidad. García es al mismo tiempo un caudillo nacionalmente devaluado (la mayoría ya no cree en él) y un caudillo respetado en el partido aprista al que le otorga un sentido instrumental y el que se siente poco o nada sin él. Por esas razones, García impuso al Apra esa fórmula presidencial y colocó también en los primeros puestos a sus propios candidatos al Congreso. Constitucionalmente, García es el Jefe de Estado y representa a la nación, pero, en realidad, es el Presidente de los ricos y, a partir de sus tesis sobre el Síndrome del perro del hortelano, quiere ser y se perfila como el jefe de la derecha en el Perú.

Si se tiene en cuenta los cambios en las relaciones de fuerza entre los actores sociales, políticos y los poderes fácticos, los cambios institucionales y las políticas se puede establecer la siguiente periodización en los dieciocho meses transcurridos del gobierno aprista:
1. La conformación de una coalición de derecha y la fragmentación de las oposiciones (de julio a noviembre del 2006).
2. El shock de las inversiones y la emergencia de una oposición social y regional (de diciembre del 2006 a diciembre del 2007)
a. El calentamiento social o el choque entre el gobierno y la oposición social y regional (primer semestre del 2007).
b. El rentismo como modelo de desarrollo, la liberalización comercial y la confrontación política (segundo semestre del 2007).





1. Coalición de derecha y fragmentación de las oposiciones

En este período García y el APRA logran organizar una coalición política de gobierno y una mayoría que le da gobernabilidad al mismo tiempo que las oposiciones de derecha y de izquierda nacionalista se fragmentan. García pasó ajustadamente a la segunda vuelta, pero su representación parlamentaria, elegida en la primera vuelta, era una segunda minoría. El triunfo electoral en la segunda vuelta, le dio legitimidad para gobernar pero no subsanó la carencia de una mayoría parlamentaria que le diera gobernabilidad. La carencia de una mayoría parlamentaria obligó al gobierno aprista a organizar una coalición informal con la derecha decente de unidad nacional y con la corrupta del fujimorismo. La coalición se expresa en las votaciones congresales sobre los asuntos importantes del gobierno, en la conformación del equipo de gobierno, especialmente del equipo económico, (con el que, al parecer, se sienten identificados, en mayor o menor medida, los apristas, los de Unidad Nacional y los fujimoristas) y en la aplicación de las políticas públicas, especialmente de las políticas económicas. La informalidad de la coalición permite, sin embargo, a sus integrantes defender su autonomía y alegar que sus acuerdos expresados en el equipo de gobierno y en las políticas públicas son meras coincidencias. Al mismo tiempo que se formaba la coalición informal mayoritaria, se disgregaba la primera minoría humalista, dando lugar a tránsfugas y un sector de congresistas (UPP) más tolerante con el gobierno del García. Este, a su vez, se encargó de romper la pequeña coalición de la derechista Unidad Nacional ofreciendo cargos ministeriales a algunos de sus representantes.

Una vez en el gobierno, García se encontró con una economía de mercado blindada por leyes, reglas de juego aceptadas, mecanismos de equilibrio macroeconómico, el peso de los oligopolios, los convenios de estabilidad tributaria, las presiones de los grupos de interés y los miedos de las clases medias y altas ante cualquier cambio que pueda poner en peligro sus pequeños o grandes intereses. Ante esta situación que no quiso cambiar o que se sintió impotente para cambiar, García estableció pragmáticamente una división política de trabajo en el gobierno. En primer lugar, dejó que la derecha, los grandes grupos empresariales y la tecnoburocracia cosmopolita siguieran manejando, desde los aparatos económicos del Estado, la economía de mercado autorregulada. Esto implicó una coalición política de García con los poderes fácticos que manejan la economía. En segundo lugar, García se concentró en lo político y en lo social, pero incluso en estos campos, las propuestas eran tan limitadas que la misma derecha exigía al gobierno reformas en lugar de pirotecnia verbal.

Desde sus inicios, el gobierno fue y es más alanista que aprista en su estilo político y se organizó como un régimen de presidencialismo retórico en su forma política. El nombramiento de ministros, viceministros y altos funcionarios así como las políticas públicas que no tienen que ver con la economía están en manos de García, pero el APRA es la encargada de copar la administración central del Estado con apristas. El alanismo no sólo define el estilo político gubernamental sino que incide también en la forma de gobierno. Más allá de las irrelevantes incrustaciones semipresidencialistas de la Constitución, el gobierno actual es exacerbadamente presidencialista si se le compara con el primer gobierno aprista. En éste, García ejerció un presidencialismo plebiscitario. Fue un decisionista que obtenía su legitimidad de la plaza pública, de las masas y de los famosos balconazos. En el actual, García, en cambio, ejerce un presidencialismo retórico que obtiene su legitimidad, no de la plaza pública, sino de su inserción en la política como espectáculo y de su capacidad para convencer al auditorio a través de los medios de comunicación que, en su mayoría, fueron y son generosos con él. Una de las preocupaciones de García en el primer período era poner la agenda del día o la semana para impedir que los medios se la impongan. Tanto el presidencialismo plebiscitario como el retórico proceden de y se emparentan con el decisionismo y se caracterizan por el desprecio de las instituciones y por cierto desapego de la ley.

Algunas políticas promovidas por García en esta etapa, tales como la pena de muerte y el control de las ONGs, revelaban la voluntad de cambiar las reglas de juego democrático y constitucional para imponer otras de carácter plebiscitario y autoritario. Pero las políticas de más impacto tienen que ver con la descentralización, con las medidas de austeridad, con los vagos anuncios de reforma judicial y de reforma del Estado y con la evaluación de los profesores con la finalidad de mejorar la calidad de la educación y de quebrar al mismo tiempo al Sutep. El chorreo, que fue tan criticado en la campaña electoral, siguió siendo la única política de distribución. García renunció a una de las prerrogativas que tiene todo poder político legítimo: el derecho a la extracción de recursos de las ganancias extraordinarias de las corporaciones mineras o petroleras, como lo venían haciendo Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela.

Este período se cierra con la derrota del APRA en las elecciones regionales y municipales de noviembre en las que la corriente nacionalista de Ollanta Humala tampoco logró mantener su alta votación presidencial. Los 12 gobiernos regionales que tenía el APRA se redujeron a 1 y la alta votación presidencial de Ollanta se redujo también a 1 gobierno regional. Sin embargo, los presidentes elegidos en la mayoría de los gobiernos regionales de la sierra y de la selva tenían una trayectoria de izquierda y compartían o radicalizaban las posiciones nacionalistas de Ollanta Humala.

2. El shock de inversiones y la emergencia de una oposición social y regional

Las elecciones de noviembre del 2006 alentaron la emergencia de una oposición social y regional de izquierda que le dió sentido político a este período. García buscó mantener la iniciativa ofreciendo una serie de medidas de shock político y social, pero la oposición social y regional, pese a que no contaba aún con una centralización política y una representación nacional, hizo tambalear a un desconcertado García, quien perdió también, según las encuestas, el apoyo de la opinión pública.

Apoyándose en la boyante caja fiscal y en las crecientes transferencias a las regiones y al gobierno central (del canon a las regiones, de regalías y de excedentes del Fondoempleo) gracias al incremento significativo de los precios de los minerales en el mercado internacional desde el 2004 en adelante, García propone a las regiones y al gobierno central acelerar las inversiones públicas en diversos proyectos, pero encuentra la principal traba en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del MEF. En el 2004 se transfirieron 451 millones de nuevos soles, en el 2005, S/.1,153; en el 2,006, S/. 2,113 millones de nuevos soles y en el 2007, S/. 4,160 millones de nuevos. Esto significa que en el lapso de cuatro años aumentaron 10 veces las transferencias de las empresas mineras a las regiones y al gobierno central. Sin embargo, las ganancias extraordinarias de las empresas mineras fueron mucho más altas que las transferencias y, sin embargo, lejos de gravarlas como han hecho la mayoría de los países de América Latina, García les pidió un óbolo voluntario.

Las pugnas en torno al SNIP mostraron varios escenarios de conflicto: en el gobierno, en la coalición social y política que manda y corta el jamón y en el escenario social y regional. Luego de un Decreto de Urgencia (el 014), de un forcejeo y negociaciones de García, representante de la nación, con el Ministro Carranza, representante del capital, apoyándose y tensando al mismo tiempo con las regiones, el Presidente logró aflojar ligeramente los nudos creados por la tecnoburocracia que obtiene su poder político de un supuesto saber técnico, amarrando las inversiones públicas. En la pugna de fondo se enfrentaron la oposición social y regional con el poder político y el poder económico en su conjunto. Lo que los gobiernos regionales planteaban no era sólo la transferencia de mayor cantidad de recursos financieros para el desarrollo y para atender las urgentes necesidades de sus regiones sino también una descentralización del SNIP para actuar con mayor flexibilidad y celeridad. El juego de García era doble en este plano: Por un lado, utilizaba a los movimientos sociales y a los gobiernos regionales para presionar a Carranza en el gobierno y en la coalición social y política dominante y, por otro, negociaba con ellos para hacerles algunas concesiones y limitarlos en sus demandas y atribuciones, buscando preservar para sí un rol importante en el manejo de los fondos arrancados al MEF. Ha sido el escenario social y regional el que dinamizaba los juegos de poder en los otros escenarios. Este rol dinamizador ha ido creciendo a medida que la presión distributiva se incrementaba y los acicateados gobiernos regionales y las regiones se vayan convirtiendo en epicentro de la política.

El gobierno encontró otra valla que le impedía avanzar exitosamente en la aplicación del shock de inversiones: la poca calidad de los funcionarios del Estado central, incluidos los ministros (que no podían comprar ambulancias ni patrulleros), y de los gobiernos regionales y su incapacidad para formular, impulsar e implementar proyectos de inversión. Todo eso se tradujo en incapacidad del gasto, lo que sirvió a los voceros de las empresas y de la derecha para sostener que no eran necesarios más impuestos a las ganancias extraordinarias de las mineras porque el Estado ya recibía muchos recursos que era incapaz de gastar. Esta misma ineficacia motivó la necesidad de una reforma del Estado que García redujo a la fusión de OPDs que duplicaban sus funciones, a la desactivación del CND y al fortalecimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros, a la ley del silencio administrativo. La disolución del CND indujo a los gobiernos regionales a establecer una coordinación directa entre ellos que ha favorecido, a su turno, el desarrollo de algunos intentos de reagrupamiento político por parte de diversos presidentes de las regiones.

a. El calentamiento social

El desinterés del gobierno en negociar con las empresas mineras para obtener una mayor renta gravando sus ganancias extraordinarias, las trabas del SNIP para bloquear la inversión pública y la poca o nula calificación de los funcionarios del Estado para gastar bien los dineros públicos llevaron inevitablemente al fracaso del shock de inversiones y desataron las contenidas iras de los movimientos sociales y de los gobiernos regionales.

Por los datos que recoge, organiza y distribuye eficientemente La Defensoría del Pueblo, sabemos que la protesta social se empinó desde 4 casos activos en mayo del 2006 hasta 32 en mayo del 2007 y que los casos que la misma Defensoría llama latentes llegaron a 45. La mayoría (39%) de estos conflictos (activos y latentes) surgió en el 2007 y el resto distribuye su aparición por igual (19%) en los años 2006, 2005 y 2004 y sólo el 4% apareció en el año 2003 o antes. El sismo social de julio del 2007, que no alcanzó aún la intensidad de un terremoto, cubrió prácticamente todo el territorio, pero el epicentro se ubicó en las zonas cocaleras y, sobre todo, en las regiones mineras en donde se desarrollaron el 39% de los conflictos en torno a problemas socio-ambientales. Otro conflicto que cubrió a varias regiones, las de la selva, fue el de las exoneraciones tributarias, un hueso duro de roer para el gobierno. Los únicos movimientos que tuvieron un alcance nacional fueron la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos (que ya había paralizado sus actividades a fines de abril y comienzos de mayo y que amenazaba volver a paralizar en solidaridad con los trabajadores de Casapalca) y el SUTEP que entró a la huelga general. A todos estos conflictos de mayor amplitud, hay que agregar los conflictos menores y locales: el 29% que cuestionaban el desempeño de los alcaldes provinciales y distritales y la legitimidad de un presidente regional (el de Huancavelica), el 10% que se producían entre comunidades y el 9% por demandas gremiales. En resumen, el sismo social tuvo varias ondas expansivas que iban desde lo local hasta lo nacional pasando por lo regional y lo pluriregional. Un dato revelador que proporcionó la Defensoría del Pueblo fue el siguiente: la mayoría (29%) de los conflictos se produjeron en las zonas muy pobres, el 27% en las zonas pobres, el 8% en las zonas de extrema pobreza y sólo el 13% se desarrollaron en las zonas no pobres. La pobreza fue el escenario principal en el que se desarrollaron los conflictos sociales. Tres fueron los principales motivos que indujeron a la protesta social: Conflictos de linderos, recursos y decisiones de las autoridades, enfrentamientos por el riesgo de contaminación ambiental y cuestionamiento de las autoridades por presuntas irregularidades. La mayoría (65%) de los movimientos de protesta desplegaron un cierto nivel de violencia: enfrentamientos con la policía, toma de locales públicos, bloqueo de carreteras, secuestro de personas.

Cualquiera haya sido el nivel de violencia de estos movimientos de protesta, incluidos los más agresivos, ellos no buscaban destruir el sistema sino que querían hacerlo funcionar, como apuntó agudamente el politólogo norteamericano James Payne, analizando los movimientos sindicales radicales de los 60 del siglo pasado. En realidad, muchos de estos actos de violencia social eran dramatizaciones que buscaban colocar sus problemas y demandas en la agenda pública, pues las élites empresariales y los gobernantes eran ciegos y sordos a las exigencias que provenían de las clases populares y pobres. Las agendas públicas, por lo general, vienen desde arriba, desde el poder económico, el poder político y desde los medios. Colocar un tema, un problema o una demanda en la agenda pública desde abajo de la escala social exige dramatizaciones a veces extremas, con consecuencias muchas veces funestas. Pero sólo entonces las autoridades de turno, acostumbradas a mirar siempre hacia arriba, se dignan mirar hacia abajo, negociar y, si los reclamantes tienen suerte, resolver el problema. La situación se agrava cuando, debido a la ausencia de partidos políticos que canalicen las demandas y dramatizaciones y que contribuyan a buscar salidas a los problemas, son los mismos movimientos de protesta los que se enfrentan al poder político a través de un tipo de relación sociopolítica que Jurgen Habermas ha llamado el modelo de asedio: el poder se siente cercado, controlado en sus movimientos e iluminado en sus actividades (a veces ocultas) por múltiples faros sociales.

Además de denunciar a “la demagogia que engaña, al apetito político que divide y al desorden que destruye”, García apeló a las amenazas y también a los acuerdos para neutralizar las protestas sociales y regionales. A los presidentes regionales los amenazó con el desafuero y la cárcel si encabezaban movimientos de protesta de sus propias regiones. A los movimientos sociales y al país les propuso un pacto social (que murió casi al nacer) para discutir el salario mínimo. Ese pacto no era una propuesta institucional seria sino una maniobra para burlar la presión distributiva que venía con fuerza. El problema no era sólo el salario mínimo sino toda la estructura salarial que ha quedado brutalmente rezagada con respecto a las utilidades empresariales. Humberto Campodónico ha señalado que algunas empresas recuperarían su inversión en el cortísimo período de tres años mientras los salarios no han logrado salir del abismo en el que los dejó el primer gobierno de García.

b. El rentismo, la liberalización comercial y la confrontación política

Con la finalidad de retomar la iniciativa política que los movimientos sociales y regionales le habían hecho perder, García propuso (en un artículo publicado en el diario El Comercio y que titula El síndrome del perro del hortelano) que las industrias extractivas, principalmente la minería y el gas, sean los pivotes del desarrollo peruano. Se trata de privatizar los bosques amazónicos, vender las tierras comunales, expropiar a los campesinos y pobladores sus tierras para entregar el subsuelo a las grandes corporaciones extranjeras. García cree que el gobierno aprista y él mismo como presidente no pueden impulsar ese proyecto porque tienen la férrea oposición del perro del hortelano (l@s peruan@s que no piensan como él). Lo que allí dice García lo ubica en el polo opuesto de El antiimperialismo y el APRA y de otros escritos fundacionales del partido de Alfonso de Ugarte. Todas las medidas que propone (quitar al Estado la obsesión del control total, estimular al empleado público que presta el mejor servicio, liberar los bienes que el Estado no usa ni trabaja, abrir a la producción y al trabajo las áreas sin uso que tiene el país, establecer nuevos procedimientos para fomentar la inversión) tienen como exclusivo propósito estimular y garantizar la inversión privada. No propone una sola medida que tenga que ver con el perro del hortelano: empleo, el ingreso, la educación, la salud y el bienestar de los peruanos. Tampoco propone medidas de protección del medio ambiente. Todo para el capital, nada para la sociedad ni para el medio ambiente.

Diversas investigaciones (Terry Karl) sobre el tema planteado por García sostienen que los países con industrias extractivas tienen dos grandes retos: la negociación de la renta que deben dejar las grandes empresas internacionales (privadas y estatales) a los países propietarios de los recursos minerales y petroleros y la administración y distribución justa de la misma (renta) entre los diversos sectores sociales de estos países. Las soluciones de estos retos dependen, por un lado, de la capacidad de negociación de los gobiernos con las grandes compañías y, por otro, de las tensiones y negociaciones de los gobiernos con sus respectivas sociedades civiles. Sostiene asimismo que estos países sufren lo que los economistas llaman la maldición de los recursos: A más abundancia de recursos, menos desarrollo. Entre 1970 y 1993 los países más pobres en recursos naturales crecieron cuatro veces más rápido que aquellos que los tenían en abundancia. La historia muestra que ningún país petrolero ha alcanzado el desarrollo y que sólo algunos países que explotan sus recursos minerales (Chile, Malasia, Indonesia, Botswana) han tenido un relativo éxito en su camino al desarrollo.

La corrupción hace parte de la maldición de los recursos. Como bien lo ha señalado Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, cuando en un contrato entre el Estado y las corporaciones se precisan claramente las sanciones que debe pagar aquel si incumple determinadas cláusulas y no se señala, en cambio, la mayor participación estatal cuando los precios internacionales mejoran sustantivamente, esa omisión no es producto de la ignorancia sino que es un síntoma claro de corrupción. Lo mismo sucede cuando, en lugar de renegociar la renta con las compañías extranjeras pretextando la violación de los contratos, el Estado se limita a pasar el sombrero para recibir “contribuciones voluntarias” o cuando el Ministro de Economía propone bajar los impuestos para estimular la reinversión de las compañías mineras cuando éstas no lo necesitan porque los altos precios de los minerales en el mercado internacional son su mejor estímulo.

Acompañando la propuesta rentista de García, el gobierno acentuó en esta etapa su política de liberalización comercial (ingreso libre de varios productos industriales, aprobación del TLC con los EE.UU y con Canadá y búsqueda de aprobación de un TLC con China), desatando la protesta de empresarios industriales, de las organizaciones agrarias y de algunas centrales sindicales, los mismos que se verían afectados por los nuevos convenios establecidos. Para proteger a sus propios trabajadoras los demócratas norteamericanos obligaron al gobierno aprista a respetar los derechos laborales de los peruanos y a establecer medidas de protección del medio ambiente, previa aprobación del TLC. Con la fe del converso neoliberal, García ha planteado a la Unión Europea un TLC sólo con el Perú, instando a dejar de lado a los países “que no creen en el libre comercio”. Esta traición a los países andinos, cuando el Perú más los necesita para enfrentar su diferendo marítimo con Chile, muestra que García ha buscado la solución en la Corte Internacional de la Haya arrastrando los pies.

La liberalización comercial no ha sido un obstáculo para el endurecimiento de la política represiva y confrontacional (permisividad en el uso de las armas a las fuerzas armadas y policiales) contra los movimientos sociales y los gobiernos regionales bajo el pretexto de combatir a las bandas armadas del narcotráfico y a los remanentes del terrorismo que se han mostrado muy activos en el 2007 sin que el gobierno haya logrado éxitos importantes en ese combate.

El shock de inversiones y las políticas fiscales y monetarias del gobierno han incrementado la demanda interna en casi 12%, han acelerado las tasas de crecimiento (8.3 en el 2007), han aumentando las importaciones y han favorecido la emergencia de preocupantes presiones inflacionarias (3.9). Esta difícil situación y la recesión de la economía norteamericana pueden inducir al gobierno a desplegar políticas restrictivas, a reducir los montos inversión en las regiones, dando lugar a renovadas protestas sociales y recomposiciones políticas en el tercer período político que ya se inició.

A un año y medio de gobierno, la caída de García en la valoración ciudadana es acelerada e incontenible: Más de dos tercios de los peruanos y peruanas lo desaprueban, especialmente en el oriente, sur y centro en donde el rechazo se empina hasta el 84%. La desaprobación va acompañada de la pérdida de confianza y credibilidad: El 75% no tiene confianza o tiene poca confianza en el gobierno de García. Las regiones más renuentes a otorgarle un voto de confianza son el centro, el sur y el oriente en donde la mitad de sus poblaciones no le tiene ninguna confianza. Evaluando el desempeño del actual gobierno aprista y sus políticas, la gente se siente igual o peor en lo que se refiere a la creación de empleo (79%), en el control de la inflación (84%), en sueldos y salarios (86%), en la calidad de la educación pública (82%), en el acceso a los servicios de salud (80%), en el acceso al agua y al desagüe (71%), en los problemas de delincuencia e inseguridad (92%), en la reforma del poder judicial (87%), en la lucha contra la corrupción (87%). Las mejoras sólo se sienten en lo que se refiere a los acuerdos comerciales internacionales (37%) y en la promoción de la inversión privada (28%). Todo esto significa que, en opinión de enorme mayoría de la gente, García es desaprobado en la aplicación de las políticas sociales, en las políticas de seguridad ciudadana y en la lucha contra la corrupción y que sólo una tercera parte lo aprueba en las políticas económicas que favorecen, en mayor medida, al empresariado y al capital. El único caso de política social en el que la gente siente una cierta mejora es en el acceso al agua y al desagüe: el 26% cree que su situación ha mejorado en este rubro. Todo esto significa que la mayoría del país cree que García está gobernando para los sectores sociales más acomodados en desmedro de los pobres. Visto desde la legitimidad y desde la gobernabilidad, esto implica que García y su gobierno han perdido legitimidad por desempeño, aunque mantiene, obviamente, la legitimidad de origen. Es probable que esa pérdida sea mayor en las clases populares y pobres de las diversas regiones del país, incluida Lima, la más conservadora de las regiones. Pese a ello, la gente es suficientemente sensata para creer que su segundo gobierno es mejor que el primero. Sorprende, sin embargo, que para la mitad del país el actual gobierno aprista sea igual o peor que el de 1985-1990. En este alto porcentaje están probablemente los pobres de siempre cuya situación de pobreza sigue igual o peor desde el primer gobierno de García o desde antes. Este es el núcleo duro que no le reconoce mérito alguno al Presidente. Dado este sombrío panorama, los recientes cambios ministeriales son notoriamente insuficientes. La mayoría quiere no sólo un cambio de personas sino también de políticas.

Sinesio López Jiménez

En el Perú, al parecer, estamos condenados a cambiar el pasado y no el provenir. García, por ejemplo, está empeñado en mantener el presente para cambiar su pasado. El tenía otras opciones, pero ha preferido la más conservadora que, sin embargo, tiene sus riesgos. En efecto, el éxito de esa opción, que tiene un fuerte componente en favor de los ricos, no depende de él, como actor, ni de su partido, sino de las circunstancias internacionales. ¿Logrará cambiar su pasado?. Es difícil saberlo, especialmente cuando casi todo depende del azar y de la libertad de otros actores. Lo que sí se puede afirmar con un cierto nivel de certidumbre es que, cuando se escriba la historia desde los de abajo (como lo intentaron varios autores de diversas orientaciones políticas en la década del 80 del siglo pasado), García se diluirá como una pequeña pompa de jabón. En verdad, lo que se ha propuesto García es más una tarea de historiadores que de políticos. García es el único conservador que no puede decir que todo tiempo pasado fue mejor.

La historiadora que sí ha logrado cambiar el pasado del Perú, especialmente el del siglo XIX, es Carmen Mc Evoy en dos sentidos. En primer lugar, sus notables investigaciones y publicaciones sobre las ideas y proyectos políticos de ese siglo (La Utopia Republicana, Un Proyecto Nacional del siglo XIX, Forjando la nación) han sido corrientes de aire fresco en la asfixiante perspectiva economicista que predominaba hasta hace poco en la historiografía peruana. En segundo lugar, sus exploraciones en torno a la idea republicana, al gobierno representativo y a las virtudes cívicas (el bien común, la defensa del mismo aún sacrificando los intereses propios, la ciudadanía activa, la austeridad, la moderación, etc.) han puesto en cuestión el predominio de las ideas liberales en el proceso independentista y en la historia de las ideas del siglo XIX. En realidad, esta nueva perspectiva forma parte de una revolución copernicana en la historia de las ideas que, realizada por la escuela de Cambridge (John G.A. Pocock, John Dunn, Quentin Skinner) a partir de los 70 del siglo pasado, desplazó al liberalismo de su rol protagónico en esa historia y en el impacto sobre la política de algunos países (Inglaterra y Estados Unidos). La monumental obra de Pocock (El momento maquiaveliano. El pensamiento político florentino y la tradición republicana atlántica) logró “mostrar a los Estados Unidos menos como el primer acto revolucionario de la Ilustración y más como el último gran acto del Renacimiento”, como recientemente lo ha recordado el politólogo mejicano José Antonio Aguilar. En una notable publicación hecha por el IEP ( La república Peregrina, hombres de armas y letras en América del Sur, 1800-1884), Carmen Mc Evoy y la historiadora chilena Ana María Stuven (editoras) extienden esta perspectiva a la mayoría de los países sudamericanos. Varios historiadores investigan el tránsito de los países de América del Sur desde la república de las letras a la república posible. Este tránsito aparece como un peregrinaje, no sólo porque muchos de estos personajes (algunos de ellos extranjeros) se desplazan por diversos países latinoamericanos, sino también por el carácter incierto y riesgoso que implica todo peregrinaje. Los peregrinos son más o menos conocidos: Simón Bolívar, Jaime Zudánes, Juan José Castelli, Juan Crisóstomo Lafinur, Simón Rodríguez, Andrés Santa Cruz, Los hermanos Arboleda, los hermanos Bilbao, Domingo Faustino Sarmiento, Benjamín Vicuña Mackenna. Citando a Elías Palti, profesor de Universidad de Quilmes, las editoras y autoras asumen el paradigma de los modelos y las desviaciones, presentando a los primeros como parte de la historia intelectual de Occidente y a las segundas como “yerros” de la periferie, productos de una cultura tradicional y jerárquica.

En el breve espacio que dispongo, me gustaría discutir esta tesis central que inspira y da forma al libro de Mc Evoy y Stuven. El republicanismo se expresa en varios modelos: el clásico (Esparta y Roma) que combinó el gobierno representativo con las virtudes cívicas; el de las ciudades-republica italianas que recogieron Maquiavelo, Guiciardini, Savonarola y otros de la tradición romana republicana; el de Harrington que combinó la tradición romana y maquiaveliana con algunos elementos liberales para el caso inglés; el de Rousseau que asumió el modelo romano y el de las ciudades-república italianas, pero sin el gobierno representativo, el de Jefferson que hizo suyo el modelo rousseauniano, pero con el gobierno representativo, el del joven Hegel que asumió el modelo maquiaveliano. ¿Qué modelo o qué modelos republicanos asumieron los hombres de armas y letras de América del Sur?. Lamentablemente el libro que comento no explora este tema que, a mi juicio, es central para ir más allá de un republicanismo epidérmico que se impuso porque no había otra alternativa frente a la monarquía. El único caso que se investiga es el de Manuel Arredondo, jurista español y regente de las audiencias de Buenos Aires y Lima, en cuya biblioteca no se encuentran evidencias de una influencia republicana. Eso era esperable puesto que en España predominó, no una tradición maquiaveliana, sino escolástica. ¿Por qué los casos latinoamericanos son desviaciones o yerros?. ¿Por qué el caso norteamericano no es un yerro si está al otro lado del Atlántico?. Como se sabe, la revolución norteamericana dio origen, no a una democracia, sino a una república o a unas repúblicas y, sólo a partir del debate constitucional de 1787, los federalistas (Madison, Hamilton y Jay) plantean la forma de combinar la tradición republicana, propia de comunidades pequeñas, homogéneas y unánimes, con la enorme geografía y la compleja historia norteamericanas. Este modelo norteamericano combinó el republicanismo con el liberalismo y la democracia dando origen a la republica democrática. Más que yerros habría que analizar las experiencias sudamericanas como variantes republicanas, algunas de las cuales pegaron más que otras en el chúcaro escenario latinoamericano.
Sinesio López Jiménez

Si algo debiera haber aprendido García en su larga carrera hacia el poder es que la política es el campo de la incertidumbre, que la Presidencia de la República no otorga el don de la infalibilidad a quien la ejerce y que, por eso mismo, los errores hay que reconocerlos y corregirlos. Eso es lo que hace grande a un político. La persistencia en el error revela un orgullo mal entendido y una pequeñez de espíritu. La terquedad en mantener el vapuleado tercio superior induce a pensar que no es sólo un error sino también una defensa de intereses mezquinos lo que está de por medio: la presencia en el magisterio de militantes apristas que se educan en mediocres universidades públicas y privadas e institutos de educación superior en donde ocupan el tercio superior. Esa misma pertinacia en el error en otras políticas educativas hace que la educación no sea una herramienta de igualación de oportunidades sino una forma de reproducir las desigualdades. En un estudio realizado en 18 países latinoamericanos, la CEPAL (Una década de desarrollo social en América Latina, 1990-1999, Santiago de Chile, 2004) ha demostrado que la educación, pese a su masificación, ha sido incapaz de torcerle el cuello a la desigualdad social. El 75% de los jóvenes provienen de hogares en donde los padres tienen menos de 10 años de estudios y más del 45% no alcanza el umbral educativo (12 años como promedio) para acceder al bienestar (empleos bien remunerados y adecuado nivel de vida). La situación en las áreas rurales es aún más dramática: El 80% de los jóvenes no logra acumular el capital educativo mínimo para acceder al bienestar, aún considerando umbrales más bajos que los urbanos. La proporción de jóvenes que superan significativamente el nivel educativo de los padres es baja, pese a la ampliación de la cobertura educativa entre ambas generaciones. Los años promedio de estudio de los jóvenes se han elevado de 7.1% a 10.4 en las zonas urbanas y de 3 a 6.8 % en las rurales, pero sólo el 30% de los jóvenes urbanos y el 20% de los jóvenes rurales han logrado superar significativamente el nivel de educación de sus padres. Los jóvenes de estratos sociales bajos tienen escasas posibilidades de lograr un nivel de educación que les permita alcanzar un nivel mínimo de bienestar. Sólo el 30% de los jóvenes cuyos padres no han terminado la primaria logran terminar el ciclo secundario. En cambio, el 75% de los hijos de padres que han cursado al menos 10 años de estudios termina la secundaria. Esto significa que la desigualdad se reproduce de generación en generación y que la educación actual no es un canal de movilidad social en AL porque no logra romper las cadenas de la desigualdad social.

La transmisión intergeneracional de las desigualdades educacionales es importante porque ahora el ciclo secundario concluido es el umbral necesario para situarse fuera de las garras de la pobreza. Hay drásticas diferencias en la proporción de jóvenes con más de 12 años de estudio según el nivel de educación de los padres. En los países con más bajos niveles de educación secundaria (Bolivia, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Venezuela) “sólo uno de tres jóvenes cuyos padres tienen menos de seis años de educación llega a completar la enseñanza media. En cambio, tres de cada cuatro jóvenes cuyos padres tienen más de 12 años de estudio alcanzan, como mínimo, ese nivel”. La diferencia en el nivel educacional de los jóvenes con respecto al de sus padres también existe en los países con tasas más altas de matricula en la secundaria (Argentina, Chile, Panamá, Perú y Uruguay): “En estos países la proporción de los jóvenes urbanos que cursan 12 o más años de estudio alcanza en promedio a 60%, cifra que supera el promedio correspondiente del primer grupo de países, donde llega a 53%. Esta distancia también se registra en las zonas rurales (37% frente a 11%). Sin embargo, si bien en estos países sólo 36% de los hijos de padres con menos de seis años de estudio terminan la educación secundaria, más del 90% de los hijos de padres que completaron la secundaria alcanzan dicho nivel”.

El excelente estudio de la CEPAL constata que los esfuerzos por ampliar la cobertura de la educación no se han traducido, en la última década, en una reducción de la distancia que separa a los jóvenes de los distintos estratos sociales: en 15 países de AL, las diferencias en la proporción de jóvenes de 20 a 24 años de edad con más de 12 años de estudio que provienen de hogares con distinto nivel educativo, prácticamente no ha variado. Esto significa que en AL el capital educativo de los hijos depende del capital educativo y del nivel socioeconómico de los padres: Es muy probable que los jóvenes que cursan sólo ocho años de estudio reproduzcan la pobreza de su hogar de origen. La situación se torna más dramática si se tiene en cuenta que la calidad de la educación que reciben los jóvenes depende del estrato social del que provienen: Los que provienen de estratos sociales medios y altos y que se educan generalmente en colegios privados reciben una educación de mayor calidad que los provenientes de estaros populares y pobres.


Sinesio López Jiménez

Los economistas llaman maldición del diablo a la condición según la cual los países que poseen una mayor dependencia de los recursos naturales tienen asimismo un menor grado de desarrollo. Si las cosas son así, entonces García con el cuento del perro del hortelano nos quiere vender gato por liebre: quiere ofrecer la maldición del diablo como si fuera una bendición de Dios. Historiadores, economistas, sociólogos y politólogos han realizado imaginativas investigaciones con la finalidad de determinar los factores y señalar las diversas rutas que han seguido los diferentes países para lograr el desarrollo y la democracia. Barrington Moore, el más brillante de todos, examinó el papel de las élites rurales frente al mercado y a los campesinos y encontró que cuando ellas produjeron para el mercado (nacional e internacional) y liberaron a los campesinos dieron origen al capitalismo democrático, que cuando se abrieron al mercado, pero mantuvieron sometidos a los campesinos y reinventaron la esclavitud, sentaron las bases del nazismo y del fascismo y que cuando ellas no se abrieron al mercado o fracasaron al intentarlo, abrieron las puertas a futuras revoluciones campesinas que, en su mayoría, terminaron en el comunismo. Alexander Gerschenkron analizó el tiempo y los actores de la industrialización y sostuvo que, cuando ésta se desarrolló en una etapa temprana, fue impulsada por capitalistas individuales (que invirtieron en industrias de bienes de consumo inmediato) y favoreció el tránsito de las monarquías absolutas a las monarquías constitucionales (Inglaterra y Francia) y que cuando ella se desarrolló, en cambio, en una etapa tardía fue promovida por los bancos (que invirtieron en la industria pesada), impulsada por un gran acelerón y facilitada por el despliegue del autoritarismo en los países que la experimentaron (Alemania, Japón y el norte de Italia). Para explicar la industrialización en Europa del Sur y de América Latina, Albert O. Hirschman añadió a la propuesta de Gerschenkron el concepto de industrialización postardía que, impulsada por el Estado, desarrolló la industria de bienes de consumo inmediato y duradero, manteniendo sus compromisos con los sectores sociales tradicionales. Para explicar el caso latinoamericano Cardoso y Faletto sostuvieron que cuando las oligarquías controlaron la producción agroexportadora, sin poner en peligro sus vínculos con el mercado internacional que garantizaba su propio dominio al mismo tiempo que limitaba sus posibilidades de acción y de decisión, apostaron a la instauración de un estado nacio¬nal, pero sus alianzas con los sectores tradicionales impregnaron a las instituciones políticas y estatales una serie de ambigüedades y compromisos que limitaban tanto el desarrollo como la democracia. Esas limitaciones fueron mayores cuando los inversores extranjeros establecieron enclaves que eran prolongaciones directas de las economías desarrolladas sin vínculos con las economías locales, pero con relaciones con las sociedades dependientes a través de los sistemas de poder. Guillermo O´ Donnell sostuvo que, ante el agotamiento de la Industria Sustitutiva de Importaciones y la reactivación de las clases populares, las élites económicas, políticas y militares de los países del Cono Sur decidieron profundizar la industrialización disciplinando el consumo y la mano de obra e instalando la mano invisible del mercado y la mano de hierro de la dictadura.

En una investigación que brinda muchas luces sobre los procesos económicos y políticos de nuestro país, Terry Lynn Karl, destacada profesora de la Universidad de Stanfor, ha estudiado las industrias extractivas (petróleo y minerales) y su impacto en los procesos de desarrollo y de democratización de los países emergentes. Ella sostiene que estos países tiene dos grandes retos: la negociación de la renta que deben dejar las grandes empresas internacionales (privadas y estatales) a los países propietarios de los recursos minerales y petroleros y la administración y distribución justa de la misma (renta) entre los diversos sectores sociales de estos países. Las soluciones de estos retos dependen, por un lado, de la capacidad de negociación de los gobiernos con las grandes compañías y, por otro, de las tensiones y negociaciones de los gobiernos con sus respectivas sociedades civiles. Sostiene asimismo que estos países sufren lo que los economistas (Rosemary Thorp) llaman la maldición del diablo: Entre 1970 y 1993 los países más pobres en recursos naturales crecieron cuatro veces más rápido que aquellos que los tenían en abundancia. La historia muestra que ningún país petrolero ha alcanzado el desarrollo y que sólo algunos países que explotan sus recursos minerales (Chile, Malasia, Indonesia, Botswana) han tenido un relativo éxito en su camino al desarrollo. Terry Karl va más allá que los economistas al sostener que la maldición del diablo se expresa también en autoritarismo, ineficacia y corrupción. Sobre estos temas volveremos en el próximo artículo.






RENTISMO MINERO Y Sinesio López Jiménez

Hace más de seis años que la economía peruana viene creciendo en forma sostenida y es probable que siga creciendo en un futuro indeterminado que depende de la demanda internacional y del azar. En el 2007 el PBI ha crecido en 8.3 y entre el 2001 y el 2007 el ingreso per capita casi se ha duplicado, bordeando los 4, 000 dólares, cifra que representa, sin embargo, dos tercios del ingreso per capita de Uruguay y de Argentina y la mitad del ingreso per cápita de Chile. El crecimiento sostenido y el incremento del ingreso per capita constituyen, sin duda, logros que, sin embargo, se encuentran limitados por las características del motor que arrastra los vagones de la economía, por la pésima negociación que realizan los gobiernos con las empresas mineras sobre el monto de la renta que éstas deben dejar para el país y por el injusto reparto entre los peruanos de la renta obtenida. Si bien la minería muestra un mejor desempeño que el petróleo, ella no es el mejor motor para impulsar el crecimiento y el desarrollo sostenido debido a una serie de limitaciones que ella presenta. En primer lugar, son recursos relativamente agotables que, aunque proporcionaran al país una renta significativa, no cuentan con el tiempo económico necesario para la consolidación del desarrollo. En segundo lugar, la intensidad de la actividad minera y su rentabilidad depende de los vaivenes de la azarosa coyuntura internacional: Los picos más altos de los precios de los minerales están estrechamente asociados a la guerra de Corea en los 50, a la de Vietnam en los 60 y 70 y a la de Iraq del 2001 en adelante. En tercer lugar, la explotación de la renta minera está en manos de corporaciones internacionales cuyo interés fundamental es, no el desarrollo del país, sino su propia ganancia. En cuarto lugar, la actividad minera no genera poderosos eslabonamientos internos (en la región y en el país) capaces de generar otras actividades productivas que puedan contribuir a un crecimiento sostenido ni los gobiernos despliegan políticas que ayuden a generar esos eslabonamientos. Todas estas limitaciones debieran obligar a los gobiernos a concentrar su fuerza, su imaginación y su capacidad de negociación en la obtención de la mayor renta posible. Revirtiendo las políticas de liberalización de los 90, los países latinoamericanos están revisando los contratos y los regímenes de impuestos para asegurar un mayor reparto de las ganancias extraordinarias que resultan de mejores precios o de mayor control sobre las ganancias sobre las industrias extractivas. Pese a que los países de América Latina han negociado mejor que los países mineros y petroleros del Asia y del Africa, el Perú y Colombia, de acuerdo a la investigación de Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford, son los países que se han mostrado más concesivos y dadivosos en sus negociaciones de la renta minera con las grandes corporaciones internacionales. Mientras Venezuela ha tomado un control mayoritario de las ganancias manejadas por las compañías extranjeras y ha dado a PDVSA un mayor reparto equitativo, Bolivia ha convertido los desfavorables contratos de producción en contratos de operación nacionalizando sus recursos de petróleo y gas, Chile ha renegociado e incrementado la renta imponible teniendo en cuenta la bonanza internacional y Argentina ha aumentado los impuestos sobre las exportaciones de gas de 20 a 45%, Colombia ha privatizado parte de ECOPETROL y ha reducido los impuestos a las industrias extractivas de de 38.5% al 33% en 2008 y Perú ha pedido a las compañías mineras “contribuciones voluntarias” para el desarrollo social con la finalidad de eludir el incremento de los impuestos. El proceso de negociación es distorsionado brutalmente por la corrupción de los gobernantes de turno. La falta de la transparencia hace muy difíciles los repartos justos. En el Perú, los ingresos por impuestos provenientes de las minas fueron muy pequeños durante los años 90, pero entre 2000 y 2006, a medida que los precios subieron, el ingreso anual de los impuestos creció significativamente, sin que existiera negociación alguna, como en el caso chileno. Como bien lo ha señalado Stiglitz, el premio Nobel de Economía, cuando en un contrato entre el Estado y las corporaciones se precisan claramente las sanciones que debe pagar aquel si incumple determinadas cláusulas y no se señala, sin embargo, la mayor participación estatal cuando los precios internacionales mejoran sustantivamente, esa omisión no es producto de la ignorancia sino que es un síntoma claro de corrupción. Lo mismo sucede cuando en lugar de renegociar la renta con las compañías extranjeras, alegando el pretexto de violación de los contratos, el Estado se limita a pasar el sombrero para recibir “contribuciones voluntarias” o cuando un Ministro de Economía propone bajar los impuestos para estimular la reinversión de las compañías mineras cuando éstas no lo necesitan si se tienen en cuenta los altos precios de los minerales. La situación se torna más grave si se considera el injusto reparto de la renta en el país: ¿A cuántos peruanos se les ha duplicado el ingreso anual entre el 2001 y el 2007 como sugiere el vertiginoso crecimiento del ingreso per capita de los últimos seis años?.

Sinesio López Jiménez

La politica tiene sus leyes. Una de ellas es la siguiente: A más control, menos corrupción y a menos control, más corrupción. Esto es lo que sucedió precisamente en el gobierno de Alberto Fujimori. Y no sucedió por casualidad sino que fue una política desplegada en forma sistemática que tenía como objetivo el desmontaje de los ya débiles controles que existían en el Perú. La hipótesis que sugiero aquí es que Fujimori y sus socios desmontaron en forma deliberada y sistemática las instituciones encargadas del control para cometer delitos sin que los acuse de nada y sin que los alcance el brazo de la ley. Asociada a esta hipótesis sugiero otra: Este desmontaje sistemático no se podía hacer dentro de las reglas de un juego democrático sino que sólo era viable dentro del funcionamiento propio de un gobierno autoritario. El corolario que se deriva de esta última hipótesis es claro y preciso: El autogolpe de estado del 5 de abril fue hecho con el expreso propósito de encubrir las fechorías de todo tipo de Fujimori y su mafia. Sé que este corolario es polémico por diversas razones. No faltan las hipótesis utilitaristas (que son compartidas por muchos investigadores serios) que sostienen que el golpe de Fujimori tuvo como objetivo la realización de una doble y difícil transición: de la agotada industrialización sustitutiva de importaciones a la economía neoliberal y el tránsito del estado populista al estado neoliberal. Esta hipótesis es falsa como en su momento varios analistas tratamos de demostrar. Fujimori, sus aliados no tenían resistencia alguna para realizar esta doble transición porque prácticamente todas las fuerzas políticas (que para entonces eran ya muy débiles) se habían allanado a la aplicación de los dos programas que produjeron esa doble transición: la estabilización y las reformas estructurales. Más aún: No existían fuerzas económicas, sociales, políticas que pudieran resistir esos cambios. El Perú era una pampa y cualquier cosa se podía hacer en ella. ¡Qué diferencia con la situación política que recibió Belaúnde en su segundo gobierno!. Belaúnde y Ulloa no pudieron realizar el mismo proyecto de la doble transición porque tuvieron la férrea resistencia APRA, de la izquierda, de los sindicatos y movimientos sociales, de la sociedad civil y de varios medios. La única forma de imponer la doble transición en esa difícil situación política hubiera sido un golpe que no sólo no era deseado por ellos (Belaúnde y Ulloa) sino que era inviable porque se estaba saliendo de la dictadura de Velazco y de Morales Bermúdez. Tampoco faltan las hipótesis de la gobernabilidad que buscan explicar el golpe por la necesidad de acabar con el terrorismo y de construir un nuevo orden político. Esta hipótesis de origen schmittiano (de Carl Scmitt, el más brillante teórico del pensamiento reaccionario) sostiene que no era posible acabar con la guerra interna, desatada por el terrorismo, usando los métodos propios de la democracia ni apelando al Estado de Excepción (que ésta acepta) sino que era necesario un golpe de estado. Esta es una hipótesis más atendible. En efecto, cuando en noviembre de 1991 las fuerzas políticas de la oposición rechazaron una parte del paquete de más de 30 medidas antiterroristas se desató una etapa tensión y de negociación entre algunos representantes del gobierno y algunos dirigentes de la oposición. Cuando estas negociaciones fracasan allí se decide el golpe del 5 de abril. Pero estas negociaciones fracasan porque Fujimori, Montesinos y sus aliados estaban tercamente interesados en imponer lo que entonces se llamó un golpe blanco y ese punto era no negociable.










































































La democracia tiene muchos defectos pero también presenta grandes virtudes. Una de estas es la rendición de cuentas. Gracias a ella los gobernantes y representantes están obligados a rendir cuentas ante los ciudadanos, éstos tienen el derecho de exigirles la rendición de cuentas de su gestión y de sus funciones de representación y el gobierno tiene que garantizar la existencia y el funcionamiento de instituciones encargadas de efectuar el control. Todo esto esto no surge de la noche a la mañana sino que es un proceso que está vinculada a ciertas tradiciones democráticas y a cierta cultura política, como lo señalado el politólogo argentino Guillermo O´Donnell.




Sinesio López Jiménez

La última encuesta de Apoyo sorprende o, para decirlo con más precisión, nos quiere sorprender. Digo esto con todo el respeto intelectual, profesional y personal que tengo por los amigos de Apoyo. “Apoyo a la reforma del Estado” es mucho decir porque lo que los encuestados y las encuestadas realmente apoyan es sólo la reforma de la administración pública y la manera de gestionarla, además de algunas orientaciones del gasto estatal y de reformas parciales (educación, salud, judicial) cuyo contenido preciso la mayoría del país desconoce. No es ninguna novedad que ella apoye la reforma de una administración pública patrimonialista, caótica, ineficaz, ineficiente, corrupta y poco transparente. Por eso, está bien que la mayoría apoye esa reforma, pero afirmar que ella apoya la reforma del Estado es más que un salto olímpico de garrocha. En efecto, la administración pública, con toda la importancia que tiene, es sólo una dimensión del Estado. Hay otras dimensiones del Estado (el sistema legal con sus operadores, los jueces; el monopolio de la violencia con sus funcionarios, los militares y la policía; las funciones estatales; el estado-para-la nación [identidad y representación] y el sistema institucionalizado de dominación social que están totalmente ausentes de la encuesta.

Algunas de estas dimensiones (las funciones estatales y el sistema institucionalizado de dominación social) son tanto o más importantes que la administración pública, pero los que cortan el jamón se niegan a incluirlas en la agenda del debate político. ¿Por qué? Propongo una hipótesis para entender el silencio de García y de su corte palaciega: Las respuestas de la inmensa mayoría del país a las preguntas sobre estos dos temas cuestionan profundamente al Estado Neoliberal, la forma de Estado que se nos impuso con alevosía y ventaja durante la dictadura de Fujimori, luego del desastre que nos dejó el primer gobierno de García. Apoyándome en dos encuestas realizadas en todo el país (de Imasen realizada para el Instituto de Diálogo y Propuesta en 1997 y de la UNI hecha para la Biblioteca Nacional del Perú en el 2004) quiero mostrar la otra cara de la medalla: la demanda de la gente común y corriente de una forma de estado incluyente que la reconozca, la integre a la vida económica, social y política del país, la defienda, la represente y resuelva los graves problemas que la agobian. En verdad, estas encuestas revelan, no pasajeros estados de ánimo, sino lo que Monstesquieu llamaba l´esprit d´une nation, esto es, la cultura política nacional.

En las dos encuestas nacionales se le pidió a la gente que señalara las dos principales obligaciones del Estado, ofreciéndole un abanico de posibles respuestas. El 71.6% en la primera (2,000 encuestados) y el 67.0 % en la segunda (20,000 encuestados) dijeron que la obligación más importante del Estado era lograr que todas las familias tengan ingresos suficientes y el 40.7% en la primera encuesta y el 35.4% en la segunda declararon que la otra obligación importante del Estado era velar por la unión de todos los peruanos. Los que afirman ambas cosas a la vez pueden ser denominados comunitaristas-estatistas y constituyen la mayoría del país con el 45.4% en la primera encuesta y al 39% en la segunda. En el polo opuesto se ubican los peruanos y peruanas que afirman que la obligación más importante del Estado (7.6% en la primera y 11.5% en la segunda encuesta) es hacer que funcione un mercado competitivo que permita a todos conseguir sus ingresos y que la otra obligación más importante es garantizar la libertad individual de todos (24% en la primera encuesta y 21.8% en la segunda). Los y las que afirman ambas cosas a la vez pueden ser denominados liberales puros y apenas alcanzan el modesto porcentaje del 3.1% en la primera encuesta y al 6% en la segunda.

Entre los polos se presentan dos situaciones intermedias. Una, que combina la obligación estatal de lograr que todos puedan acceder a ingresos con las obligaciones de garantizar tanto la existencia de un mercado competitivo como la vigencia de la libertad individual, puede ser denominada estatista-liberal y alcanza el 43.1% en la primera encuesta y el 45.0% en la segunda. La otra, que combina la obligación estatal de velar por la unión de todos los peruanos con las obligaciones de garantizar tanto la existencia de un mercado competitivo como la vigencia de la libertad individual, puede ser denominada comunitarista-liberal y alcanza el 8.3% en la primera encuesta y el 10.0% en la segunda.

La existencia y la dinámica de estos diversos tipos de ciudadanos (comunitaristas-estatistas, estatistas-liberales, comunitaristas-liberales y liberales puros), que probablemente existan en todos los países latinoamericanos con distintos pesos y desigual importancia, están estrechamente ligadas, por un lado, a una arraigada tradición comunitarista que le atribuye un rol activo al Estado en diversos campos y, por otro, a la situación económica y social. A medida que más se desciende en la escala social, se encuentran más comunitaristas y estatistas y a medida que más se asciende en ella se puede topar con más liberales hasta llegar a los liberales puros. Si los peruanos y peruanas demandan un Estado distributivista no lo hacen porque son unos cochinos populistas, como piensan los liberales puros, sino porque la economía de mercado no los incluye y porque el actual Estado neoliberal no les ofrece una salida. ¿Por qué razón, entonces, un puñado de liberales puros quiere imponer a la inmensa mayoría del país un excluyente Estado Neoliberal y legitimarlo con pequeñas reformas de la administración pública sin tocar los problemas de fondo? ¿Con qué derecho, con qué moral y con qué sentido de libertad y de justicia?. ¿Por qué razones el APRA, que proviene de tradiciones populistas y hasta socialdemócratas, se deja arrastrar de la nariz al matadero del Estado neoliberal?. Si el APRA se quiere suicidar políticamente que se suicide sola: no tiene porque arrastrar consigo a todos los peruanos. Quince años de estado neoliberal excluyente, ineficaz, ineficiente y corrupto son más que suficientes para la sufriente mayoría del país. Quince años son un cuarto de vida (o de muerte lenta) para los individuos (sobre todos para los pobres), aunque para la sociedad (el Perú) son apenas un suspiro.






Sinesio López Jiménez

Uno de los hallazgos más importantes de las recientes investigaciones sobre el mal funcionamiento de las democracias en América Latina (O´Donnell) y sobre la crisis de representación de los partidos (Mainwaring y otros) es que el factor explicativo central en ambos casos radica más en la inoperancia del Estado que en los diseños institucionales. Por esta razón, me parece un acierto la propuesta de Reforma del Estado y reforma política que viene impulsando desde el año pasado Henry Pease, dentro de los marcos institucionales de la PUCP, con la finalidad de realizar un evento internacional sobre el tema en noviembre de este año. En realidad, es legítimo plantearse reformas parciales tanto del Estado como del sistema político, pero puede ser más productivo articular la reforma del Estado con la reforma política (sistema electoral, partidos y sistema de partidos, formas de gobierno, etc,).Siguiendo esta orientación, hace un mes se realizó un seminario taller sobre la reforma electoral y el pasado fin de semana se llevó a cabo otro sobre los partidos políticos y el sistema de partidos en el Perú con la participación de especialistas y de representantes de las diversas organizaciones políticas del país. La discusión fue animada por la presentación de documentos de Henry Pease (Los partidos políticos, una mirada desde el cambio de época), Alberto Adrianzén (Partidos, sistema político y elecciones regionales) y Edson Baldeón (Partidos y sistema de partidos en el Perú, fragmentación, polarización y volatilidad) y la presentación de una agenda de debate a cargo del autor de este artículo. Un primer tema de discusión apunta a las posibilidades y límites de las reformas políticas y, obviamente, de la reforma del estado. Es necesario superar el optimismo de los enfoques institucionalistas (como el desarrollado en Ingeniería Constitucional de Sartori) que sostienen que un buen diseño institucional funciona aquí, en China y en Cochinchina, dejando de lado las características de los contextos en los que dichos diseños buscan funcionar. La relación de diseños institucionales y contextos es la perspectiva histórico-empírica que defiende Dieter Nohlen, destacado politólogo alemán que nos visitó la semana pasada. Cuando se discute la reforma de los partidos, los diseños institucionales se centran principalmente en la representación y en la capacidad que pueden tener los partidos de agregar y combinar intereses, pero dejan de lado los problemas de la representabilidad (Touraine) que aluden a las dificultades que presentan algunos estratos sociales (pobres y pobres extremos) para ser representados en la política puesto que ellos tienen más necesidades que intereses. La volatilidad económica y social que caracteriza a los pobres y a los muy pobres dificulta la representación política institucionalizada y, junto con el sufragio universal obligatorio, abre las puertas a las representaciones plebiscitarias y, añadiendo la conciencia de exclusión a los factores anteriores, puede dar pie a las representaciones políticas que se mueven en los límites del sistema y del antisistema, al rechazo de toda representación política (actitudes antipartido), al enclaustramiento en culturas parroquiales (Almond y Verba) y/o en diversas formas de representación social.

En la discusión sobre la reforma de los partidos es necesario ver a éstos como instituciones y como sistema. Como instituciones, los temas y problemas a considerar en la reforma partidaria son la democracia interna, el nivel de institucionalidad y la transparencia y como sistemas los problemas que hay que resolver son los problemas de fragmentación (excesivo número de partidos), la polarización (el confrontacionismo) y la volatilidad (la inestabilidad electoral y partidaria). Por ahora me voy a concentrar en las reformas de los partidos como instituciones. La propuesta compartida para resolver los problemas de democracia interna fue que la ONPE se encargara de elecciones primarias obligatorias y abiertas de todos los partidos y que ellas absorbieran el voto preferencial y la ley de cuotas. Algunas investigaciones de elecciones primarias cerradas en AL (Colomer) muestran que los militantes eligen con frecuencia candidatos de su confianza que son incapaces, sin embargo, de ganar una elección general en su país. La propuesta de elecciones primarias abiertas busca resolver este problema. Para contribuir al desarrollo de la institucionalidad de los partidos casi todos los participantes estuvieron de acuerdo en hacer ajustes a la ley de partidos (monitoreo, incentivos y sanciones efectivas) y en eliminar el transfuguismo. Uno de los problemas más difíciles de resolver es la falta de la transparencia, sobre todo la que se refiere al financiamiento y a los gastos de los partidos. Es necesario que los partidos informen con veracidad, bajo responsabilidad, sobre el financiamiento de sus cuadros y actividades en los períodos electorales y, sobre todo, es absolutamente necesario que se cumpla la ley de financiamiento de los partidos que es una práctica generalizada en la mayoría de los países de América Latina. ¿Qué corona tiene el señor García para incumplir una ley de la república?.





Sinesio López Jiménez

El estado es constitucionalmente de todos, pero, en realidad, es sólo de algunos. Lo que me preocupa (y nos debiera preocupar a todos) es que García y su gobierno parecen estar de acuerdo con esta brecha entre la ley justa y la realidad injusta. Para recuperar el optimismo, el lunes de esta semana se abrió, bajo el lema de un Estado para todos, la primera mesa de debate del Seminario sobre la Reforma del Estado que, bajo la dirección de Henry Pease, concluye hoy en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El lema es una crítica implícita a un estado que no funciona en todo ni para todos sino que en algunas cosas funciona y en otras no y que funciona bien para algunos sectores pero mal para la mayoría de los ciudadanos. El Worl Economic Forum acaba de publicar el último Informe Global de Competitividad en el que señala, para vergüenza de los gobernantes, que el Perú ocupa el 15 lugar en el mundo en la fortaleza de protección de las inversiones y el último lugar (131) en la calidad de la educación primaria. Puesto en blanco y negro, esto significa que el Estado peruano funciona bien para los ricos, pero pésimo para los pobres. Si se analiza la relación que el Estado tiene con la economía, por un lado, y con la sociedad, por otro, se puede llegar fácilmente a la conclusión siguiente: El Estado opera más o menos bien en el campo de la economía, pero opera pésimo en lo que refiere a la sociedad. El despliegue de las políticas (macroeconómicas, inversión en infraestructura, subsidios al capital y otras) que tienen que ver con la función estatal de promoción de la inversión privada ha obtenido logros importantes en estos últimos 7 años. Sólo las políticas de investigación científica en desarrollo y la remercantilización de la mano de obra no han funcionado en este campo. En cambio, las políticas de seguridad ciudadana, las políticas culturales y, sobre todo, las políticas sociales (educación, salud, lucha contra la pobreza) que tienen que ver con la función estatal de asignar bienes y servicios públicos a la sociedad han operado y siguen operando mal y pésimo.

El Estado depende, sin embargo, para desempeñarse con eficacia, por un lado, de la economía a través de los impuestos y, por otro, de la sociedad a través de la legitimad que ésta le otorga. Pero, ¿qué sucede en este campo?. En el caso peruano, el Estado es financiado por dos fuentes importantes: la renta de de los empresarios y el IGV de los consumidores. El 62% de los ingresos fiscales provienen de los consumidores en el 2006. Hablando en forma clara y precisa, esto significa que todos los peruanos financiamos un Estado que sólo sirve a unos pocos: los ricos. En otras palabras, el nuestro es un estado de los ricos, financiado por todos, incluidos los pobres que, proporcionalmente, son los que más pagan si se considera el bajísimo nivel de sus ingresos. Esta situación injusta alcanzará ribetes de escándalo si se aprueba la reducción del impuesto a la renta al capital que se invierte, propuesta por el Ministro de Economía que, en este como en otros casos, se muestra como el verdadero ministro del capital. Este tipo de políticas podría implicar una reducción significativa de la presión tributaria (15%) que está por debajo de la media latinoamericana y muy debajo de países latinoamericanos como Brasil y Chile. Es obvio que, con esos montos, no se puede brindar a la sociedad una educación ni una salud de calidad ni tampoco una seguridad ciudadana medianamente aceptable. La respuesta esperada de la sociedad es obvia: la desaprobación de las instituciones estatales y de las autoridades gubernamentales. Con este tipo de políticas que favorecen a los ricos y que perjudican a las clases populares y a los pobres los gobiernos pierden legitimidad. Lo que quiero decir es que, en este caso, la pérdida de legitimidad no tiene que ver sólo con el mal desempeño de los gobernantes que se muestran incapaces de corregir estos injustos desequilibrios sino que se funda principalmente en la dinámica misma de estos desequilibrios estructurales que hay que corregir con adecuadas políticas impositivas si se quiere salir de esta fuente estructural de injusticias.

¿Se puede construir un Estado de todos?. Este es un amplio y profundo debate académico y político. Desde la perspectiva académica clásica que ve al Estado como sistema de dominación social institucionalizada (Marx, Weber y otros) que se canaliza a través de la ley, la coerción, la burocracia es difícil, sino imposible, organizar un Estado para todos. Pero en otra perspectiva académica (Theda Skócpol), teóricamente sólida también, el Estado puede ser autónomo con respecto a las clases dominantes privilegiadas y a otros Estados si cuenta con un cuerpo calificado de funcionarios, si las instituciones estatales son densas y eficaces, si el sistema legal ofrece efectivamente a todos los ciudadanos tanto igualdad ante la ley como igualdad de oportunidades, si el Estado domina en todo el territorio y si tiene la adecuada presión tributaria para atender las necesidades sociales. A todo ello puede contribuir una Reforma del Estado bien pensada y mejor diseñada. En este sentido, me parece importante la presencia del Primer Ministro, del Ministro de Defensa, del Presidente de la Corte Suprema y de otros altos funcionarios porque ella muestra su sincera preocupación por este tema fundamental.



Sinesio López Jiménez

Entre el insulto, la sorna y el desafío, García ha formulado la siguiente pregunta:¿qué hacen por el Perú el picón, el criticón y el comechado?. Aceptando el desafío y asumiendo mi rol de crítico del gobierno de García me permito, previamente, devolverle la pregunta: ¿Qué hizo el presidente García entre 1985 y 1990 y que hace hoy por el Perú?. Sería interesante que él mismo respondiera, pero, como sé que no lo va a hacer, yo mismo voy a asumir esa ingrata tarea. He aquí un breve listado de las hazañas realizadas por García en su primer gobierno: Disparó los precios 22,000 veces, achicharró las remuneraciones reales en 53%, redujo el ingreso per cápita de 2,800 dólares en 1985 a 1,900 dólares en 1990, quebró al estado bajando la presión tributaria del 14% al 4%, multiplicó el número de pobres (en Lima Metropolitana) pasando de 16.9% al 44.3%, destruyó un millón de empleos adecuados e incrementó el desempleo de 42.5% al 73.1% (en Lima Metropolitana). Esta es la gran faena de García por el Perú en su primer gobierno. Puso al Perú y a los peruanos al borde del abismo. A esas hazañas económicas y sociales hay que agregar la violación sistemática de los derechos humanos (masacre de los penales, de Cayara, los paramilitares autodenominados Rodrigo Franco, etc.) y la corrupción generalizada (el 22% de los limeños cree que el primer gobierno es el más corrupto, después de Fujimori). He aquí un rápido recuento de su modesto desempeño en un año de su segundo gobierno: la austeridad como coartada para evadir la reforma tributaria, la desafiliación mediatizada de las AFP, la eliminación del Consejo Nacional de Descentralización (CND), la racionalización administrativa de las políticas sociales, la evaluación de los maestros, el shock fracasado de inversiones, la ley del control de las ONGs, la fusión de algunas OPDs, la negociación (rechazada cuando era candidato) del TLC , la reciente ley de la carrera pública magisterial. Nada de nada que tenga que ver con el trabajo, la distribución de la riqueza que producen los trabajadores gracias a la generosidad de los recursos naturales que pertenecen a todos los peruanos, la desigualdad creciente y la pobreza. Las medidas más importantes son las que se refieren a la educación (la evaluación de los profesores y la ley de la carrera magisterial), pero que han sido políticamente mal conducidas y sin obedecer a un plan previamente elaborado de una reforma educativa integral, lo que pone en duda su viabilidad. Sin este plan integral explícito se da la impresión, evidentemente errónea e injusta, de que toda la responsabilidad de la pésima calidad de la educación es sólo de los maestros y del SUTEP. ¿Y cuál es la responsabilidad de los ministros de educación, de los gobiernos que incumplen el Acuerdo Nacional de dedicar el 6% del PBI a la educación y que han hecho y hacen de la escuela pública, no un espacio de igualdad de oportunidades, sino un mecanismo más de discriminación (en donde sólo se educan los pobres y los cholos), de los misérrimos salarios que paga el Estado a los maestros, de las instituciones estatales que tienen que ver con la educación y que no funcionan?.

García puede sostener que su segundo gobierno es la autocrítica práctica de su desastroso primer gobierno. Pero en este caso su autocrítica es parcial y unilateral: es sólo un mea culpa frente al capital. ¿Y el mundo del trabajo no se merece una disculpa y una autocrítica práctica?. ¿Olvidó acaso las tesis primigenias del APRA de conciliar el capital y el trabajo?. Pero más allá de la ideología, la conducta política de García y de su gobierno obliga a preguntarse: ¿ Por qué los gobernantes no pueden mantener una lógica del equilibrio político y social?. ¿De que depende esa incapacidad?, ¿Es una cuestión de sicología, de la cultura política o de la estructura social?. Puede ser una combinación de las tres cosas. García, al parecer, es un hombre que se desborda así mismo, que quiere avasallar a los demás y que no ama la mesura, guiado quizás por la idea de Trotski de que la prudencia nada grande ha producido en la historia. Pero y ¿Del Castillo?, ¿Qué pasó con el prudente y mesurado del Castillo?. Ambos, presidente y primer ministro, parecían en estos días dos generales dirigiendo una guerra, provocando, insultando, inventando molinos de viento. La política fue definida como guerra, como en los viejos tiempos en los que los militares pensaban que la única forma de mantener el orden era acabando con el APRA y ésta creía que la única forma de realizar los cambios era acabando con los militares. Pero esta vez, el papel de los militares ha sido desempeñado por el APRA y el de ésta, por los sectores sociales descontentos y movilizados. Esta es la vieja cultura de la confrontación que rechaza la negociación y el diálogo y que privilegia la violencia. Los griegos que habitaban la polis, amantes de la lexis y la praxis (el diálogo y la acción), afirmaban que la violencia era muda. Y Hannah Arendt, una de las más destacadas filósofas del siglo XX, sostenía que la violencia surge cuando se trata al otro como cosa, como medio para conseguir algún fin. Sicologías desbordantes y culturas políticas confrontacionales se alimentan de una estructura social polarizada de ricos satisfechos (los menos) y de pobres descontentos e irritados (los más). ¿Es difícil para los menos (el gobierno, la derecha, los ricos, los medios) entender que los más ( las clases populares, los pobres y las izquierdas) están insatisfechos (según las últimas encuestas) y por eso protestan y se movilizan?. ¿Podrán entender los menos que los más no están locos sino disconformes con la actual situación de injusticia y con la política del gobierno? Espero que para su propio bien y para la sobrevivencia de la democracia logren entenderlo.


Sinesio López Jiménez

América Latina es una y diversa. Su unidad proviene de la vinculación al mercado mundial, de sus peculiaridades estructurales de atraso y también de algunas herencias culturales comunes. Su diversidad, en cambio, procede de la forma como se vincula a la globalización y a la dinámica del capitalismo mundial. Contrariamente a lo que se piensa, la globalización no es una máquina aplanadora que homogeniza a todos los países del mundo por los que atraviesa. Tampoco el capitalismo neoliberal es un buldózer homogenizador de economías y sociedades. Casi todos los países latinoamericanos comparten el mismo tipo de economía de mercado, pero ésta no funciona ni es gestionada de la misma manera en todos ellos. ¿De qué depende la diferente inserción de los países en la globalización y en el modelo neoliberal? La respuesta depende de los enfoques de los autores que han analizado este tema. Aquí sólo quiero referirme a Fernando Henrique Cardoso, destacado sociólogo de AL y ex Presidente de Brasil y a Rosemary Thorp, economista de primera línea y profesora de la Universidad de Oxford. La clave interpretativa de Cardoso y Faletto para explicar las formas de inserción de AL en el mercado mundial en la etapa de las economías de exportación es el tipo de propiedad y de control del capital en el sector agro-minero-exportador (producción nacional controlada y enclave), la capacidad de negociación y de apertura de las élites y el grado de autonomía de los estados, mientras la explicación de Rosemary Thorp reposa en una gama más amplia de factores: La demanda de los países centrales, la entrada de capitales, la diversidad de los productos que podía ofrecer cada país, el volumen de su población, la extensión geográfica y las características sociopolíticas de los países latinoamericanos. Para los recientes cambios neoliberales Roseamy Thorp ha diferenciado cinco modalidades de inserción: los países que buscaron aprovechar el cambio de paradigma (Chile, Argentina, Uruguay y México); los países a los que se les impuso una estabilización y una reforma radicales (Perú y Bolivia); los conversos renuentes (Brasil, Colombia y Costa Rica); los casos inconsistentes de sufrimiento para nada (Venezuela, Ecuador, Paraguay y Centroamérica); y los de mayor vulnerabilidad (El Caribe). Los resultados son diferentes, según estas diversas formas de inserción. También los problemas, los desafíos y las contradicciones. Los países andinos concentran y condensan todos problemas y contradicciones que genera el modelo neoliberal extremo (Perú y Bolivia) y el modelo neoliberal inconsistente que aplicó drásticas reformas estructurales sin resultados positivos a la vista (Venezuela y Ecuador). Colombia es, según Rosemary Thorp, un converso renuente desde la perspectiva del modelo neoliberal y de la globalización.

Qué es el modelo neoliberal extremo?. Efraín Gonzales de Olarte denomina así al modelo neoliberal que se aplicó en países cuya economía y cuyo estado habían colapsado (Perú y Bolivia), cuyas las élites locales (débiles y también colapsadas) tuvieron poca capacidad para negociar con los organismos internacionales los términos de su aplicación y que, por eso mismo, superpuso prácticamente las reformas estructurales (para destronar al Estado y entronar al mercado en la asignación de recursos para el desarrollo) a las políticas de estabilización (para acabar con la hiperinflación y controlar el déficit fiscal) generando altos costos sociales en los países en que se aplicó. El modelo neoliberal inconsistente se aplicó en aquellos países (Venezuela, Ecuador) en los que la importancia desmesurada de “el regalo del diablo” (el petróleo) distorsionó el manejo de las políticas, las reformas no tuvieron el apoyo político necesario y no existió un previo desarrollo institucional del Estado que las hiciera viables. En ambos modelos los resultados son prácticamente los mismos: una polarización social, política, electoral y geográfica que genera inestabilidad política e ingobernabilidad. Esa polarización oculta en realidad dos batallas: una de clases y otra nacional. La de clases enfrenta a los sectores populares modernos del país con el capitalismo salvaje (sin derechos para los trabajadores). La nacional enfrenta a los excluidos (o que se sienten excluidos) con el Estado que los excluye. En el Perú, las élites locales (con el apoyo de las élites globales) y las clases medias han logrado conservar el modelo neoliberal extremo y mantener a raya (por ahora) a los excluidos de las diversas regiones del país, especialmente de la Sierra y de la Selva. En los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, son los sectores excluidos los que han logrado (por ahora que quieren transformar en para siempre a través de reformas constitucionales) controlar el gobierno y la situación, apelando al nacionalismo y al estatismo.

Esta polarización entre el modelo neoliberal extremo y el nacionalismo y el estatismo a mi no me alegra sino que me preocupa porque la veo estéril y que, en todo caso, puede resolverse en una situación difícil y excepcional (entendida a lo Schmitt) mediante un decisionismo de derecha o un decisionismo de izquierda. Creo que esto es lo que se preanuncia en los países andinos en la coyuntura que estamos viviendo. Falta una síntesis creadora y una izquierda imaginativa y democrática que enfrente y resuelva esta amenazante polarización.


Sinesio López Jiménez

América Latina es una y diversa. Su unidad proviene de la vinculación al mercado mundial, de sus peculiaridades estructurales de atraso y también de algunas herencias culturales comunes. Su diversidad, en cambio, procede de la forma como se vincula a la globalización y a la dinámica del capitalismo mundial. Contrariamente a lo que se piensa, la globalización no es una máquina aplanadora que homogeniza a todos los países del mundo por los que atraviesa. Tampoco el capitalismo neoliberal es un buldózer homogenizador de economías y sociedades. Casi todos los países latinoamericanos comparten el mismo tipo de economía de mercado, pero ésta no funciona ni es gestionada de la misma manera en todos ellos. ¿De qué depende la diferente inserción de los países en la globalización y en el modelo neoliberal? La respuesta depende de los enfoques de los autores que han analizado este tema. Aquí sólo quiero referirme a Fernando Henrique Cardoso, destacado sociólogo de AL y ex Presidente de Brasil y a Rosemary Thorp, economista de primera línea y profesora de la Universidad de Oxford. La clave interpretativa de Cardoso y Faletto para explicar las formas de inserción de AL en el mercado mundial en la etapa de las economías de exportación es el tipo de propiedad y de control del capital en el sector agro-minero-exportador (producción nacional controlada y enclave), la capacidad de negociación y de apertura de las élites y el grado de autonomía de los estados, mientras la explicación de Rosemary Thorp reposa en una gama más amplia de factores: La demanda de los países centrales, la entrada de capitales, la diversidad de los productos que podía ofrecer cada país, el volumen de su población, la extensión geográfica y las características sociopolíticas de los países latinoamericanos. Para los recientes cambios neoliberales Roseamy Thorp ha diferenciado cinco modalidades de inserción: los países que buscaron aprovechar el cambio de paradigma (Chile, Argentina, Uruguay y México); los países a los que se les impuso una estabilización y una reforma radicales (Perú y Bolivia); los conversos renuentes (Brasil, Colombia y Costa Rica); los casos inconsistentes de sufrimiento para nada (Venezuela, Ecuador, Paraguay y Centroamérica); y los de mayor vulnerabilidad (El Caribe). Los resultados son diferentes, según estas diversas formas de inserción. También los problemas, los desafíos y las contradicciones. Los países andinos concentran y condensan todos problemas y contradicciones que genera el modelo neoliberal extremo (Perú y Bolivia) y el modelo neoliberal inconsistente que aplicó drásticas reformas estructurales sin resultados positivos a la vista (Venezuela y Ecuador). Colombia es, según Rosemary Thorp, un converso renuente desde la perspectiva del modelo neoliberal y de la globalización.

Qué es el modelo neoliberal extremo?. Efraín Gonzales de Olarte denomina así al modelo neoliberal que se aplicó en países cuya economía y cuyo estado habían colapsado (Perú y Bolivia), cuyas las élites locales (débiles y también colapsadas) tuvieron poca capacidad para negociar con los organismos internacionales los términos de su aplicación y que, por eso mismo, superpuso prácticamente las reformas estructurales (para destronar al Estado y entronar al mercado en la asignación de recursos para el desarrollo) a las políticas de estabilización (para acabar con la hiperinflación y controlar el déficit fiscal) generando altos costos sociales en los países en que se aplicó. El modelo neoliberal inconsistente se aplicó en aquellos países (Venezuela, Ecuador) en los que la importancia desmesurada de “el regalo del diablo” (el petróleo) distorsionó el manejo de las políticas, las reformas no tuvieron el apoyo político necesario y no existió un previo desarrollo institucional del Estado que las hiciera viables. En ambos modelos los resultados son prácticamente los mismos: una polarización social, política, electoral y geográfica que genera inestabilidad política e ingobernabilidad. Esa polarización oculta en realidad dos batallas: una de clases y otra nacional. La de clases enfrenta a los sectores populares modernos del país con el capitalismo salvaje (sin derechos para los trabajadores). La nacional enfrenta a los excluidos (o que se sienten excluidos) con el Estado que los excluye. En el Perú, las élites locales (con el apoyo de las élites globales) y las clases medias han logrado conservar el modelo neoliberal extremo y mantener a raya (por ahora) a los excluidos de las diversas regiones del país, especialmente de la Sierra y de la Selva. En los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, son los sectores excluidos los que han logrado (por ahora que quieren transformar en para siempre a través de reformas constitucionales) controlar el gobierno y la situación, apelando al nacionalismo y al estatismo.

Esta polarización entre el modelo neoliberal extremo y el nacionalismo y el estatismo a mi no me alegra sino que me preocupa porque la veo estéril y que, en todo caso, puede resolverse en una situación difícil y excepcional (entendida a lo Schmitt) mediante un decisionismo de derecha o un decisionismo de izquierda. Creo que esto es lo que se preanuncia en los países andinos en la coyuntura que estamos viviendo. Falta una síntesis creadora y una izquierda imaginativa y democrática que enfrente y resuelva esta amenazante polarización.



Sinesio López Jiménez

Del reciente mensaje al país de García, me parece que es útil rescatar dos cosas para dialogar con los lectores. La primera, su voluntad de rendir cuentas a los ciudadanos que son -hay que recordárselo a cada instante- los soberanos, esto es, los titulares del poder en una democracia. La segunda, la forma sobria, didáctica, profesoral de su presentación. García dejó de lado momentáneamente el bochinche, la confrontación, la discordia que han marcado estos seis primeros meses de gobierno para asumir una cierta pose de estadista. Después de escucharlo, verlo y leerlo casi todos los días en casi todos los medios, especialmente en el canal 7 hasta el cansancio, yo había llegado a la siguiente conclusión: La máxima tranquilidad de los ciudadanos depende del silencio de García.

Lo más discutible del mensaje presidencial es, desde luego, su contenido. Es necesario discutir, uno a uno, sus objetivos y sus logros. Aquí lo haremos en sucesivas entregas. Por ahora quiero plantear tres razones generales para discutir su contenido. La primera, la intención expresa de confundir el informe de lo realizado en los seis primeros meses de gobierno con las propuestas a realizar en el año 2007. Sugiero la siguiente hipótesis para entender esta confusión voluntaria de hechos y expectativas: Ante la conciencia de la modestia de sus realizaciones en estos seis primeros meses, García decidió mezclarlas con las propuestas del año que viene en un típico juego de ilusionista para impactar a los ciudadanos. Este juego puede ser, sin embargo, contraproducente porque puede terminar falseando los hechos mismos que aparecen entonces como “recuerdos, mentiras del pasado”, mezclados con las “esperanzas, mentiras venideras”, como decía el poeta Augusto Salaverry (si no mal recuerdo).

La segunda razón que induce a discutir el mensaje presidencial es la cuestión de los créditos de lo que García juzga como el logro más importante y que es, además, el primer objetivo de su gobierno: el crecimiento económico. Este aparece como un logro exclusivamente suyo y eso, obviamente, no es así. Todos sabemos que la economía experimentó una fase recesiva entre 1997 y el 2000 y que la reactivación comenzó en el 2001 y se ha mantenido ininterrumpida y crecientemente hasta ahora. García nada tuvo que ver en 5 años de crecimiento continuo. Este es, en todo caso, un mérito del gobierno de Toledo al que acompañaron circunstancias internacionales favorables que, generosamente, siguen acompañando también a García. ¿Cómo explicar esta creencia, a lo mejor sincera, de García que lo induce a sentirse el exclusivo autor de este, según él, logro mayor? Sugiero la siguiente hipótesis: Todas las personas que se sienten grandes protagonistas tienden a confundir su biografía con la historia del país en el que viven e ingenuamente creen que ella (la historia) comienza con ellos. Alexis de Tocqueville, destacado sociólogo y politólogo francés del siglo XIX, sugirió esta hipótesis para explicar tanto el predominio de las continuidades sobre las rupturas en la historia de Francia como las creencias y actitudes de los revolucionarios franceses de fines del siglo XVIII, pero yo pienso modestamente que ella puede extenderse a todos los que se sienten grandes protagonistas de la historia, lo sean o no efectivamente y sean o no revolucionarios.

Una tercera razón que nos lleva a discutir el contenido de su mensaje es el silencio de hechos (ataques contra las ONGs) y propuestas (pena de muerte para terrorista y violadores de niños) que García formuló y que llevaron al país a opinar a favor o en contra de las iniciativas presidenciales durante varios días de los seis primeros meses de gobierno alanista. Los silencios son algunas veces más elocuentes que las palabras. ¿Significa el silencio sobre estos hechos que reconoce los errores, pero que no se atreve a hacerlo en público?. ¿O el manto actual de silencio que cubre sus propuestas polémicas ha sido desplegado sólo para la ocasión de un mensaje que pretende ser consensual?. ¿O significa que algunas de sus propuestas no eran otra cosa que maniobras diversionistas para distraer a las oposiciones?.

Finalmente, ¿el Perú avanza como lo reitera machaconamente el mensaje de García?. Depende. Avanza ahora y es probable que avance en el futuro hasta cierto límite por el camino del crecimiento económico, no por García, sino por inercia que viene de atrás y porque Dios es peruano. En lo que el Perú no avanza y no va a avanzar es en la ruta democrática. En este caso es posible, por el contrario, que el Perú, como el cangrejo, retroceda a las cavernas autoritarias, sobre todo si se aplican las recetas de García silenciadas en el mensaje. El Perú tampoco va a avanzar en la ruta de la justicia social. Independientemente de lo que pase con la pobreza, incluso si disminuyera, la desigualdad social se va a profundizar, como ha sucedido en Chile, el país en donde ha tenido más éxito el modelo neoliberal. Pese a todo, el Perú avanza gracias al punche sostenido y admirable de los de abajo. Rengueando, ziczagueando, jadeando, protestando y esperando, el Perú avanza. A pesar de García.


Sinesio López Jiménez

Nunca segundas partes fueron buenas. Si el primer artículo de García era malo, el último es peor. El primero tenía, al menos, la virtud de la provocación porque invitaba al debate intelectual y político. El último, en cambio, es tecnoburocrático y aburrido. Es un pequeño misil tierra a tierra. Hay, para comenzar, una contradicción entre el título (receta para acabar con el perro del hortelano) y el contenido (modestos cambios institucionales del Estado para estimular la inversión privada y favorecer a los empresarios). Con estas medidas García va a engordar a los propietarios de los grandes huertos y, de carambola, puede quizás acabar con el perro del hortelano (como lo desea) por inanición. Todas las medidas que propone (quitar al Estado la obsesión de del control total, estimular al empleado público que presta el mejor servicio, liberar los bienes que el Estado no usa ni trabaja, abrir a la producción y al trabajo las áreas sin uso que tiene el país, nuevos procedimientos para fomentar la inversión) tienen como exclusivo propósito estimular y garantizar la inversión privada. No propone una sola medida que tenga que ver con el perro del hortelano: empleo, el ingreso, la educación, la salud y el bienestar de los peruanos. Esta sería la mejor manera de acabar con todos los perros del hortelano. A esto habría que añadir las medidas de protección del medio ambiente para redondear la faena. Pero nada de esto ha sido propuesto. Todo para el capital, nada para la sociedad ni para el medio ambiente. El Estado, financiado por el IGV de todos (62%), está siendo puesto una vez más al servicio de los dueños del huerto. Si los perros aludidos no mueren por inanición (como espero) van a seguir ladrando fuerte (protestando). No se trata de uno sino de varios. Es casi una jauría. Señalo brevemente a los más impacientes. Están en primer lugar los que viven aplastados por el capitalismo salvaje (precarización del empleo, bajos salarios, malas condiciones de trabajo, services, contratos). Vienen luego los campesinos a los que se quiere despojar de sus tierras para entregarlas a las corporaciones mineras o los que ya se ven afectados por éstas en sus recursos naturales (agua, cultivos, medio ambiente, etc). Sigue el enorme contingente de desempleados y subempleados de las ciudades que buscan empleo y mejores condiciones de vida. Culmina este desfile de perros contestarios la enorme masa de los excluidos económica y socialmente de las regiones, especialmente de la sierra y de la selva. Según revelan las encuestas, éstos son los que demandan más Estado (que los incluya) a pesar del Estado actual (que los excluye). Demandan también una comunidad política (nación) que los incorpore y los considere como sus miembros. Estatismo y nacionalismo (que tanto asustan a los propietarios de los grandes huertos y a sus guardianes) son demandas, no de un conjunto de locos desfasados y desactualizados, sino de amplios sectores sociales que se sienten excluidos. Son las formas a través de las cuales ellos creen que pueden resolver sus problemas fundamentales y pueden ser incluidos en la vida económica y social del país. Son productos inevitables del neoliberalismo excluyente de América Latina. En unos países más que en otros. Neoliberalismo agresivo y estatistmo y nacionalismo son hermanos enemigos que se alimentan mutuamente. Como por un túnel del tiempo, el Perú y América Latina parecen volver a las épocas de la exclusión oligárquica y a las respuestas estatistas y nacionalistas que dicha exclusión generó. Han reaparecido el terreno y el clima en los que germinaron y crecieron los partidos nacional populares y las Apras de América Latina de los años 30 del siglo pasado.

Las recetas presidenciales no curan para nada el estatismo ni el sectarismo, a los que García confunde con el patrimonialismo. Más chamba para Hugo Neira. En una clase de sociología y política al paso Hugo tiene que explicar a García en qué consiste el patrimonialismo (Max Weber). Puedo contribuir gratuitamente con un pequeño adelanto. Patrimnialismo es lo que hace el APRA cuando gana las elecciones: copa al Estado con sus militantes, lo administra como si fuera su chacra apelando al derecho que supuestamente le otorga el triunfo electoral. Si García quiere acabar efectivamente con el perro del hortelano para que pueda funcionar sin sobresaltos la economía de mercado autorregulada tiene que hacer por lo menos dos cosas. Primero, proteger la sociedad y el mundo del trabajo acabando con el capitalismo salvaje y organismo un capitalismo con derechos (empleo de calidad, salarios dignos, jornada de ocho horas, condiciones adecuadas de trabajo, seguridad social de los trabajadores, etc, etc,). Segundo, proteger el medio ambiente y los recursos naturales cuyo deterioro nos afecta a todos y no sólo a los campesinos. La autorregulación del mercado puede funcionar, a estas alturas de los tiempos, si va acompañada por la autoprotección de la sociedad y por la protección del medio ambiente. Nada extraordinario. Este no es un programa socialista ni maximalista. Se mueve sólo en el horizonte de un capitalismo con rostro humano. Es puro liberalismo con equidad.


Sinesio López Jiménez

El perro de García no es como el perro de Rousseau: fiel, leal y cariñoso. Por esa razón lo escogió como su único acompañante cuando los gobiernos de Francia y Suiza lo perseguían para encarcelarlo (por haber escrito La nueva Eloísa, Emilio y El Contrato Social) y el filósofo inglés David Hume le ofreció asilo en Inglaterra para protegerlo. Por el contrario, el perro de García es, por propia confesión, como el del hortelano: no come ni deja comer. Cada uno tiene el perro que se merece. Esta es la conclusión a la que llegué después de leer el extenso artículo que García publicó en el decano. Me sorprendió, en primer lugar, que García escribiera en El Comercio y que éste acogiera con evidente simpatía su artículo, dada la enemistad histórica que ha existido entre el APRA y el decano de la prensa nacional. Más allá de la sorpresa, me parece bien para el Perú y para la política peruana que dos enemigos históricos pasen de la enemistad a la reconciliación. Me llamó también la atención lo escrito por García porque lo que allí dice lo ubica en el polo opuesto de El antiimperialismo y el APRA y otros escritos fundacionales del partido de Alfonso de Ugarte. Esta negación de Haya de la Torre por Alan García es un asunto que concierte a los apristas y a los simpatizantes del APRA. Ellos tienen que confirmar o desautorizar esta negación doctrinaria del APRA por parte de García. El viraje ideológico a la derecha, que venía expresándose en las políticas del gobierno, aparece ahora dicho en blanco y negro como una negación explicita de la doctrina auroral del APRA. Me sorprendió asimismo que García escribiera como si estuviera descubriendo la pólvora cuando en realidad está repitiendo lo que ha pensado la derecha desde siempre, particularmente la oligarquía.

El modelo de desarrollo de la oligarquía fue la economía de exportación basada en la explotación de los abundantes, diversos y ricos recursos naturales, extraídos por la mano de obra que no siempre fue asalariada (porque los rentistas utilizaron extensamente el trabajo servil) y que siempre fue barata. ¿Cuál es la diferencia entre modelo económico oligárquico y el que propone García? . En realidad, casi ninguna. Lo que propone García es la profundización del mismo modelo con pocas y superficiales novedades. El trabajo servil de antes será ahora reemplazado por los services y por los contratos, típicas modalidades de trabajo (que utiliza el capitalismo salvaje para elevar desmesuradamente sus ganancias) contra las cuales insurgió la candidatura de García en el 2001 y en el 2006. La propuesta de García es privatizar los bosques amazónicos, vender las tierras comunales, expropiar a los campesinos y pobladores sus tierras para entregar el subsuelo a las grandes corporaciones extranjeras. García cree que este modelo de desarrollo hará del Perú, sino un paraíso, al menos un país con bienestar, pero que el gobierno aprista y él mismo como presidente no pueden impulsarlo porque tienen la férrea oposición del perro del hortelano.

Me pregunto si el perro del que habla - el del hortelano- al que le atribuye un enorme poder, no le asiste alguna razón frente a lo planteado por García. Después de todo, no hay que pensar que el perro del hortelano siempre está equivocado. Puede suceder que en algunas ocasiones su acción sea la correcta. Estamos acostumbrados a pensar que el perro del hortelano actúa siempre mal porque actúa por envidia que es considerada generalmente un sentimiento negativo. Tocqueville, el más brillante pensador político del siglo XIX, creía, sin embargo, que la envidia era un sentimiento democrático porque ayuda a combatir la desigualdad y estimula la búsqueda de la igualdad. Lo que sucede es que García comparte con Burke, un preclaro representante del pensamiento reaccionario, el mismo sentido de la envidia: “siendo desesperadamente pobres –escribió Burke refiriéndose a los curas pobres de la representación del clero en vísperas de la Revolución Francesa- no podían considerar la propiedad, tanto secular como eclesiástica, sino con ojos de envidia”. ¡Qué parecidos son esos curas franceses de los que habla Burke a los campesinos pobres a los que se refiere García y a los cuales quiere despojar de su propiedad para entregarla a las grandes corporaciones extranjeras!. Si de eso se trata, entonces el perro del hortelano tiene razón y no es tan diferente del perro de Rousseau.







Sinesio López Jiménez

Si nunca segundas partes fueron buenas, según Cervantes, ¿qué diría de las terceras?.. He dudado mucho en escribir una crítica al último artículo de García publicado en El Comercio. No he encontrado una idea seria que valga la pena discutir. Creo que este artículo es un material, no para analistas políticos o sociales, sino para sicoanalistas. Resulta que, según García, la pobreza no es producto de la explotación, ni de la dominación, ni de los capitalistas voraces, ni la desigualdad social creciente, ni de la incapacidad del Estado para combatirla con adecuadas políticas sociales y con los recursos necesarios, sino… de la pobreza intelectual del perro del hortelano. Por eso quizás el caricaturista de El Comercio ha resumido simplistamente el peculiar argumento de García con la figura de un perro rojo que se muerde la cola. El sicoanalista tendría que analizar tanto al perro del hortelano que se muerde la cola como al poderoso guardián (García) de los hortelanos. Me parece que el perro del hortelano, con perdón de mis amigos sicoanalistas por meterme en su campo, ha sufrido una metamorfosis y se ha convertido en el chivo expiatorio del fracaso de García y de su desaprobación mayoritaria por la ciudadanía. ¿ Y en qué consiste la pobreza intelectual del perro del hortelano?. García la resume en cuatro puntos: la lucha irracional e irrealista contra el exitoso capitalismo (neoliberal), la acusación al gobierno de no hacer nada para reducir la pobreza, el señalamiento de la desarticulación de los programas sociales y la repetición de la letanía que sostiene “que todo capital es un robo del trabajo ajeno y que la inversión siempre es explotación y dominación”, además de ser un perro provinciano y acomplejado. La primera parte es, en realidad, una pequeña biografía política de García: Su tránsito de desaforado populista y estatista (durante su primer gobierno) a fervoroso neoliberal (en lo que va de su segundo gobierno). Hay allí también la confesión sincera de su defección: “la realidad ha derrotado al perro del hortelano”. Lo que no me parece cierto ni justo es que confunda su biografía personal con la de todos los perros del hortelano del Perú y de América Latina que, en forma creciente y sostenida, siguen ladrando contra el neoliberalismo por excluyente e injusto.

La segunda parte es una crítica severa al perro del hortelano que se niega a ver el éxito de los programas y políticas sociales y el alto monto de recursos que se les asigna. García silencia la crítica de fondo: la separación perversa entre políticas económicas (para los ricos) y políticas sociales (para los pobres), olvidando que la mejor política social es una buena política económica. Uno de los caminos más seguros para salir de la pobreza es el que conduce a la generación de empleos de calidad y de salarios dignos. Eso obliga a repensar, cuestionar y reajustar el modelo neoliberal exclusivamente rentista que García celebra e impulsa. El asistencialismo de más de la mitad de los programas sociales puede mitigar la situación miserable de los pobres, pero no resolverla. El eje de las políticas sociales debiera ser el desarrollo de capacidades. Ese el papel de los programas de salud y de una reforma de la educación seria, integral y viable. Todo eso requiere invertir, no S/. 0.70 al día por cada pobre (Pedro Francke dixit), sino una ingente cantidad de recursos que se obtienen, no por óbolos que propician la corrupción, sino aplicando (a las ganancias extraordinarias, por ejemplo) la capacidad impositiva (extracción de impuestos) que tiene todo Estado soberano.

La tercera parte critica la objeción del perro hortelano a la forma de gestión de los programas sociales “con prioridades organizadas científicamente”, aprendida, no en las mejores maestrías de gerencia, gestión y políticas públicas, sino “en el modelo propuesto por Sembrando”, institución privada dirigida por la esposa de García. Lo que se cuestiona, sin embargo, no es sólo las deficiencias en la gerencia, gestión y administración de los programas sociales, sino la cosificación de los pobres que dichos programas implican. A los pobres se les trata, no como personas, sino como cosas. La pobreza es, sin duda, una situación destructora de los seres humanos, de su autoestima, de sus capacidades y potencialidades, pero, en medio de los despojos humanos que ella genera, encontramos una base mínima de reconstitución: la dignidad humana. Esta es la plataforma básica de igualdad de los seres humanos que los mismos pobres reivindican cuando se les pregunta por sus derechos: Ellos exigen ser tratados con dignidad. Esta constituye un valor inmaterialista primario que permite al pobre mismo, a través de su acción, recomponer los valores humanos materiales, corporales e inmateriales. En la cuarta parte, García censura al perro del hortelano que critica al capitalismo neoliberal victorioso y que promueve la protesta social. Lo que García defiende en esta parte es, como todo converso, el pensamiento único del credo neoliberal y la alta dosis de autoritarismo que eso implica, aunque ello signifique la negación arrogante de todo lo que las ciencias sociales han escrito sobre el capitalismo y su historia poco edificante.



Sinesio López Jiménez

Invito al lector a imaginar a Ricardo Palma, un hombre que amó los libros como nadie en el Perú, dirigiéndose un día de enero de 1881 a la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y encontrar uno de los productos más preciados de la cultura y de la civilización, invadida por la barbarie, la soldadesca y los caballos. ¿Qué sintió Palma al ver a la BNP ocupada, saqueada, robada y mercantilizada por los invasores?. Es probable que en esas circunstancias lo invadieron todos los sentimientos fuertes a la vez: Humillación, ira, amor, odio. En esos momentos y en el resto de los años que vivió, Palma tuvo una doble pasión: la del sufrimiento y la de la agonía. Pasión en el primigenio sentido latino de sufrimiento profundo y agonía en el sentido griego de pugna, de lucha.

Ocupada la Biblioteca Nacional del Perú por el ejército chileno al mando del general Lagos en enero de 1881, la reacción altiva de Palma no se dejó esperar y se expresó en una indignada carta de protesta firmada por él y Odriozola. El gesto digno fue respondido con la persecución y el arresto durante 12 días en una embarcación chilena. Nombrado Director de la BNP en noviembre de 1883, inició la larga batalla por reconstruirla y por recuperar el patrimonio bibliográfico y documental robado por los invasores. A los diez días de nombrado, envía un informe al Ministro de Justicia e Instrucción Pública sobre la deplorable situación en que había encontrado la BNP en el momento en que asumió su cargo. Una de sus primeras acciones fue reparar el viejo local de la institución cuyos salones habían sido convertidos en cuartel y en caballeriza. Al mismo tiempo desplegó una agresiva campaña para recuperar los materiales bibliográficos que, según su Memoria de 1912, “andaban dispersos en las bodegas, donde los soldados los vendieron a trueque de copas de licor”. A pedido de Palma, se emitió el 16 de Noviembre de 1884 un bando prefectural que ordenaba “que los poseedores de libros con el sello de la Biblioteca los devolviesen al establecimiento”. De ese modo pudo recuperar, de acuerdo a la Memoria de 1884, 8,315 volúmenes que estaban en el Mercado Central (antiguamente Mercado de la Concepción), en chinganas, en jabonerías, en casas particulares y en manos de vendedores de libros antiguos.

En esa misma Memoria, Palma afirma haber recibido 624 tomos devueltos por Chile, gracias a la intervención del presidente Santa María que era su amigo. En 1888 hace un breve balance de lo recuperado: “Hasta el 28 de Julio de 1884, en que se inauguró el establecimiento, habíanse recogido del poder de particulares 8,315 volúmenes con el sello de la antigua biblioteca. En los cuatro años trascurridos se han recobrado 5,844 volúmenes más. La más importante de las devoluciones ha sido la que de dos cajones de libros muy notables hizo, por intermedio del Dr. D. Manuel Alvarez Calderón, un caballero francés, residente en Chile”. En total, Palma logró recuperar alrrededor de 15 mil volúmenes tanto de manos de particulares como de manos de los usurpadores que se llevaron, sin duda, lo más valioso de la colección. ¿Cuántos volúmes de la BNP se llevó el ejército chileno como si fuese botín de guerra?. Es difícil saberlo porque no se conoce el catálogo de la BNP de entonces. Lo único que se sabe por el mismo Palma, es que ella contaba, sin considerar los documentos, obras de arte y otros materiales que también fueron robados, con 56, 000 volúmenes en el momento de la ocupación y se quedó con 700 cuando la tropa chilena abandonó el local.

Palma no logró todo lo que quería para la BNP, pero abrió la ruta por la que hemos transitado la mayoría de sus directores. En lo que a mí respecta eso es precisamente lo que hice cuando el 10 de marzo del 2002 puse el tema de la devolución de los libros ante todo el cuerpo directivo de la Biblioteca Nacional de Chile a la que había sido invitado por Clara Butnik, la directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIRBAM) de entonces. Entre tensiones, negaciones y conversaciones la puerta se fue abriendo, especialmente cuando, con Nicolás Lynch, planteamos a mediados del 2003 el tema a Sergio Bitar, Ministro de Educación de Chile. Extraoficialmente se sabe que, a partir de entonces, se nombró una comisión que, culminada su tarea, emitió un informe reconociendo la existencia, en la BN de Chile, de los libros peruanos robados y salieron a la luz en los medios chilenos y peruanos a comienzos del 2005 hechos desconocidos hasta entonces como la catalogación de los libros sustraídos realizada por Domeyko a pedido del gobierno chileno. Todo esto fue debidamente informado a los cancilleres peruanos, a su pedido, en 2003 y 2005. El anuncio de Nivia Palma, directora actual de la DIRBAM de Chile y mujer del entorno de la presidente Bachelet, en el que expresa la voluntad de su institución y del gobierno chileno de devolver los libros robados a la BNP es la culminación de la doble pasión de Ricardo Palma. Que descanse en paz.

Sinesio López Jiménez

García saca “instituciones” de su sesera como el prestidigitador saca conejos de la manga. Este es el caso del pacto social cuyos únicos elementos que se conocen son sus objetivos (el salario mínimo) y los convocados (grandes, medianas y pequeñas empresas, formales e informales), pero nada más. No se conocen ni el más elemental diseño, ni las reglas, ni los procedimientos, ni los incentivos, ni las sanciones ni el señalamiento básico de la estrategia para construirla, ni las relaciones con el complejo institucional (estatal, paraestatal), especialmente con otras similares que ya existen (El Acuerdo Nacional y el Consejo Nacional del Trabajo) con los que duplica sus funciones. Los ministros se enteraron del nacimiento de la criatura en el momento mismo del mensaje presidencial y están haciendo malabares para que termine de nacer. Una de las características de los presidencialismos plebiscitarios y los retóricos de AL. es su total desapego de las instituciones, a diferencia de los presidencialismos que se sientan en vigorosas coaliciones sociales y políticas y que se manejan con instituciones estables y gobernables. ¿Cómo explicar entonces la propuesta “institucional” de García?.

Mi hipótesis es que el pacto social de García no es una propuesta institucional seria sino una maniobra para burlar la presión distributiva que se viene con fuerza. El problema no es sólo el salario mínimo sino toda la estructura salarial que ha quedado brutalmente rezagada con respecto a las utilidades empresariales como lo viene demostrando Humberto Campodónico en su excelente columna diaria de La República: Algunas empresas recuperarán su inversión en el cortísimo período de tres años mientras los salarios no logran salir del abismo en el que los dejó el primer gobierno de García. Más aún: junto a los salarios está el problema del empleo: la calidad del empleo, el subempleo, la precarización y los mal llamados services, esto es, todas las formas laborales (sin derechos) impuestas por el capitalismo salvaje de 1990 en adelante. Enfrentar los problemas de los salarios y del empleo es la mejor manera de atacar los desafíos de la pobreza y la desigualdad. En la historia conflictiva entre el trabajo y el capital se han imaginado diversas fórmulas institucionales que han permitido su coexistencia productiva. De ellas voy a reseñar brevemente las tres más importantes: la autoprotección social del liberalismo del siglo XIX, el compromiso entre el capital y el trabajo de la socialdemocracia del siglo XX y las actuales reformas institucionales que se vienen desarrollando en Europa para aligerar el pesado estado socialdemócrata. Todas las historias sociales cuentan las duras resistencias que ofrecieron los campesinos para transformarse en obreros en los capitalismos originarios después del siglo XVIII. Las causas de esas resistencias no eran económicas (los obreros ganaban más que los campesinos) sino sociales: el abandono de la familia, la ruptura con la localidad de origen y de su cultura, el establecimiento de nuevas formas de disciplinamiento social y laboral, en fin, todo un conjunto de problemas derivados de lo que Karl Polanyi ha llamado el dislocamiento social. Estos problemas se agravaron en el siglo XIX cuando se impusieron en toda la línea la economía liberal y la autorregulación del mercado que buscaban transformar a todos los factores de producción en mercancías, incluidas las que Polanyi denomina ficticias (la fuerza de trabajo, el dinero y los recursos naturales) puesto que devienen tales por una decisión cultural. La resistencia de los trabajadores fue mayúscula y cedió sólo cuando, junto a la autoregulación del mercado, se estableció la autoprotección de la sociedad (jornada de ocho horas, mejores condiciones de trabajo, salarios dignos,etc) gracias a los sindicatos y organizaciones de los trabajadores y a las garantías que ofreció el Estado liberal. El liberalismo del siglo XIX pudo funcionar gracias a la tensión equilibradota entre economía de mercado y autoprotección de la sociedad. Todo eso colapsó con el crack de 1929.

En el siglo XX, gracias al crecimiento sostenido de Europa, a la sólida organización de los obreros, a la existencia de partidos socialdemócratas y liberales, se logró establecer lo que Adam Przeworski ha llamado una política de compromiso entre los obreros y los empresarios bajo el impulso y la garantía del Estado socialdemócrata. Los trabajadores aceptaron que la acumulación capitalista era legítima y los empresarios, a su vez, aceptaron que era asimismo legítima la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza que ellos producían. La fórmula que asumió este compromiso fue una reforma tributaria, el reconocimiento de los derechos sociales y la organización de los aparatos estatales adecuados para garantizarlos. La socialdemocracia llegó a esta fórmula de humanización del capitalismo, luego de amenazar con destruirlo a través de estatizaciones y nacionalizaciones en el siglo XIX, de superar una serie de dilemas que le planteaba la integración institucional al sistema vigente y de aplicar las políticas keynesianas en los años 30. En la década de 1980 apareció un creciente consenso con respecto al fracaso institucional del estado de bienestar y la aceptación del hecho de que, dadas las perspectivas económicas, no había muchas probabilidades de remediar la situación con la asignación de más recursos a la misma red institucional. Se han buscado fórmulas en el Reino Unido y en los países nórdicos para combinar el financiamiento y la asignación de recursos a la educación y la salud por parte del Estado con los mercados o cuasi-mercados (tercerización) y con la sociedad civil (publicización) en la gerencia y gestión de esos servicios. Estas diversas experiencias sugieren que un mayor predominio de las “fuerzas del mercado” puede significar, en realidad, un mayor protagonismo para el Estado, en particular en el terreno de la regulación. ¿En cuál de estas tradiciones se basa la propuesta de García?. Nadie lo sabe ni él mismo.






Sinesio López Jiménez

Un nuevo fantasma recorre América Latina: el optimismo. Después de más de 20 años de estruendosos fracasos del modelo económico neoliberal, asoman tímidamente 4 años seguidos de éxitos en la marcha de la economía latinoamericana. Los informes de los organismos económicos internacionales sobre la actual situación económica y social de América Latina y sus perspectivas trasuntan ese optimismo relativamente contagiante. En su informe del 2006, la CEPAL sostiene, por ejemplo, que “el último cuatrienio (2003-2006) puede calificarse como el de mejor desempeño económico y social de América Latina en los últimos 25 años. El avance en la reducción de la pobreza, la disminución del desempleo, la mejora en la distribución del ingreso en algunos países y un aumento importante del número de puestos de trabajo son los principales factores que marcaron una tendencia positiva en varios países de la región”. El Banco Mundial no se queda atrás en el derroche de optimismo en lo que se refiere al crecimiento económico, pero lo modera al analizar el modesto impacto de ese crecimiento en el campo de la pobreza y la desigualdad en el caso peruano: “Sin embargo, a pesar de este extraordinario desempeño (se refiere al crecimiento económico del Perú en los últimos 5 años), el crecimiento no ha generado suficientes puestos de trabajo, no ha reducido la pobreza de forma significativa, y depende aún de la depredación de los recursos naturales. Después de todo, uno de cada dos peruanos sigue siendo pobre. Mientras que en el año 1970 el ingreso per cápita del Perú era más alto que el de Chile, actualmente es menos de la mitad que el de su vecino del sur”.

Habría que preguntarse si el optimismo de los organismo internacionales es compartido por la élites latinoamericanas, qué sentido le dan y hasta dónde lo comparten. Estrechamente vinculada a la interrogante anterior hay que preguntase también en qué medida el éxito económico se traduce en optimismo social. Si es así, ¿cuál es la amplitud social del optimismo? ¿Qué sectores sociales se ven contagiados por él? Los datos del Latinobarómetro no son desgraciadamente precisos al respecto puesto que no presentan la distribución social del optimismo por estratos. Solo señalan que, en la percepción de la población, la situación económica personal y la del país han mejorado entre 2001 y 2005. La percepción de mejora económica personal ha subido en ese periodo de 23% a 31% y la de mejora económica del país se ha elevado de 14% a 24% en el mismo lapso. La misma dinámica han seguido las expectativas tanto las personales como las del país. En el 2005, los países más esperanzados en el progreso eran Chile (62%), Venezuela (54%), Argentina (45%), Colombia (43%), Brasil (40%) y Uruguay (39%). El menos optimista era el Ecuador con sólo el 11% que creía que el país había progresado. Los datos muestran que el Perú es más pesimista que optimista: Sólo el 22% de los peruanos creía que el Perú progresaba en el 2005. Pese a la creencia en el progreso personal y colectivo de ciertos sectores sociales de América Latina, la mayoría cree que el tiempo pasado fue mejor: el 55% de los latinoamericanos, en efecto, creen que sus padres vivían mejor que ellos. La añoranza del pasado es más alta en Paraguay (75%), Ecuador (68%), Perú (67%) Nicaragua (66%). En Chile, en cambio, son menos nostálgicos con el pasado pues sólo el 35% cree que ese pasado fue mejor. Es probable que el optimismo se concentre en los sectores medios y altos de las sociedades latinoamericanas y que los sectores populares, pobres y muy pobres sean presa del escepticismo y del pesimismo, no porque son tontos y desinformados, sino más bien porque tienen la certeza de que los beneficios del crecimiento que ellos producen con su trabajo no llega a sus bolsillos ni a sus estómagos.

Pese a las mejoras que la gente percibe en la situación económica de su familia entre Febrero del 2006 y Febrero del 2007, la mayoría de los peruanos se siente insatisfecha (47%) y muy insatisfecha (6%) con su situación económica familiar y la mayoría (53%) cree que el próximo año la situación económica de su familia se mantendrá igual o empeorará (14%), según la última encuesta de la PUCP. La cosa cambia con respecto a las expectativas de la gente sobre el futuro de la economía peruana: El 52% cree, en Febrero de 2007, que la economía del país mejorará algo frente al 37% que creía lo mismo en Febrero del año pasado. La razón de este crecimiento de expectativas es simple: Los que se abstuvieron de opinar sobre el asunto (22%) en el 2006 esperan esta vez que la economía mejore algo en el próximo año.

¿A qué se debe este desfase entre las expectativas sobre la economía familiar y las que se refieren a la economía del país?. ¿Por qué la gente cree que a ella le va ir peor que a la economía del país?. Es probable que ello se deba, no a que son ignorantes y locos, sino, por el contrario, a que saben perfectamente que el crecimiento económico no llega a sus bolsillos y que, por eso, no reduce significativamente la pobreza ni acorta la desigualdad. Sin haber leído sus mamotretos, la gente está afirmando lo mismo que sostiene el Banco Mundial. Y ¿cuáles son las probables consecuencias sociales y políticas de este desfase de expectativas?. La respuesta a esta pregunta tiene algo que ver con la aguda y famosa pregunta que se formuló Alexis de Toqueville para explicar la revolución francesa: ¿Por qué la revolución no se produjo en Alemania, en Italia o en otro país de Europa continental sino en Francia que era un país más desarrollado, con más crecimiento económico y más libre?. Volveremos sobre este tema en otra oportunidad.


















Sinesio López Jiménez

El Perú colonial y republicano ha sido fundamentalmente un país minero. En un trecho importante del siglo XX fue también un país petrolero. Sin embargo, nunca conoció el desarrollo ni la democracia que es un fenómeno relativamente reciente. En este sentido el actual boom gasífero y minero tiene mucho de continuidad y poco de ruptura con el pasado. Salvo el petróleo, el Perú de hoy ofrece la misma abundancia de recursos naturales, explotados casi por las mismas corporaciones, negociados con el mismo servilismo de los gobernantes de turno (salvo la dictadura de Velazco), gestionados casi por las mismas instituciones patrimonialistas del Estado, manejados con las mismas políticas dadivosas, pensados con las mismas ideas rentistas y utilizados como una fuente inagotable de enriquecimiento ilícito de políticos y gobernantes. Si todo lo dicho es así, ¿por qué el actual boom minero, cuyo futuro depende de la azarosa coyuntura internacional, va a conducir al Perú al desarrollo y a la democracia? ¿ Por qué la abundancia de recursos naturales ha sido y es un regalo del diablo para la mayoría de los peruanos?. ¿Puede cambiar la historia?. Si, pero eso requiere otra política, otras ideas, otro Estado, otros políticos, otros gobernantes, otras negociaciones, otras gestiones, otras formas de distribución de la renta y transparencia para tratar quizás con las mismas corporaciones. La política, otra política, no la de García, puede torcerle el cuello a la historia poco edificante que ha tenido el Perú colonial y republicano.

La maldición de los recursos no es un patrimonio peruano como lo han demostrado economistas y politólogos. Ella alcanza a varios países de América Latina, del Africa y de Asia principalmente y ha sido y es letal para el desarrollo y la democracia de los países petroleros, salvo Noruega como lo ha analizado Terry Karl. En el caso de noruego la lluvia de millones de dólares cayó en un país con una estructura social cohesionada, con una cultura homogénea, con un estado extenso pero eficiente y con una democracia consolidada con altos niveles de participación popular. Todo ello permitió a los noruegos filtrar, administrar y orientar las ganancias a través de políticas bien pensadas y de largo aliento. En los otros países, en cambio, el petróleo está asociado con el dominio autoritario. De los 20 mayores exportadores en el 2000, sólo México y Venezuela eran democracias, pero ambos han experimentado prolongados períodos de dominio autoritario. Según Terry Karl, el petróleo obstruye la democracia pues rompe el vínculo entre la política impositiva, las presiones por la representación y la accountability, el trinomio que dio origen a la independencia y a la república norteamericanas y a la guerra que se produjo luego entre EE.UU. e Inglaterra. Los regímenes represivos de estos países presentan muy bajos niveles de gobernabilidad, no respetan el Estado de derecho ni los derechos humanos, violan los derechos laborales, despilfarran la renta y son generalmente corruptos. Los países petroleros dan lugar con frecuencia a regímenes longevos (Saddan Hussein duró 35 años en el gobierno) y sobre todo son belicistas: Los países petroleros tienen más guerras civiles que los países pobres en recursos naturales.

La experiencia peruana muestra que no existe tampoco una relación entre la minería, el desarrollo y la democracia. ¿Como explicar la falta de relación entre estos procesos económicos y políticos?. Aquí sugiero una hipótesis, inspirada en la lectura de diversos estudios sobre el tema, según la cual la no relación entre la minería, el desarrollo y la democracia tiene que ver con la debilidad institucional y la falta de autonomía del Estado peruano, por un lado, con la forma inadecuada y concesiva como éste ha negociado y negocia la explotación y la renta con las grandes corporaciones mineras, por otro, y finalmente con la forma injusta e ineficaz como se ha distribuido entre los peruanos la poca renta obtenida. Si el Perú hubiera tenido y tuviera gobernantes y funcionarios capaces y transparentes y vigorosas instituciones estatales que sean eficaces y funcionen, entonces se hubiera negociado en mejores términos y condiciones la forma de explotación (con respeto a los derechos de propiedad de los campesinos, a los derechos laborales de los trabajadores mineros y la defensa del medio ambiente) y el monto de la renta que las corporaciones cosechan sin sembrar y que pertenece a todos los peruanos. Se hubiera administrado, gestionado, distribuido y gastado mejor la justa renta obtenida entre las diversas regiones y gobiernos locales dando lugar a procesos sociales (élites empresariales con iniciativa, clases medias vigorosas, una clase obrera organizada, un campesinado cuya propiedad se respeta) e institucionales (Estado de derecho, ciudadanía integral, sociedad civil autónoma, sistemas representativos y de partidos) que impulsen el desarrollo y la democracia. Tendríamos entonces capitalismo con democracia. El capitalismo es necesario, pero no suficiente para que exista la democracia. Esta exige además los señalados factores sociales e institucionales.



Sinesio López Jiménez



La ley 2423 del 4 de Agosto de 1917 gravó la exportación de petróleo crudo y derivados de su destilación con un impuesto progresivo en dólares. Verdad es que la exportación de petróleo no progresó en la medida de los otros productos nacionales en los años siguientes y la Lobitos Oilfield pidió la derogatoria de esa ley. La ley 4498 del 1 de Marzo de 1922 establece que el petróleo y sus componentes, los productos derivados de su destilación y los hidrocarburos análogos sin excepción alguna, pagarán como derecho de exportación el impuesto fijo de 3 soles 50 centavos por tonelada métrica, peso neto, derogándose la ley anterior; lo que evidentemente favorecía la producción. Pero aún más: esta ley estatuyó que el impuesto de exportación no podría aumentar durante veinte años, de acuerdo con la ley de petróleo N. 4425 del 2 de enero de 1925 que en su art. 40 había establecido que los productos de la industria petrolífera estarán sujetos al pago de los derechos de exportación sin que se pueda aumentar la escala vigente en el momento de la concesión durante veinte años. Si mereció protección la producción del petróleo, fue inaudito esta prohibición del Estado a sí mismo, cuando el aumento de la exportación de petróleo es fantástico: de 381,082 toneladas en 1921, a 951,412 toneladas en 1925, de 2´928,783 Lp en 1921 a
5´826,139 Lp en 1925, aumentando más o menos en un millón de libras anuales en contraste con las oscilaciones del algodón y del azúcar.
Además es curioso el pago anual de jornales, suministrado por las compañías, que inserta el ingeniero Oscar Quiroga en su estudio Movimiento económico de la industria minera del Perú en 1924, 2da. Parte, pág. 91. Se ve en este cuadro que mientras aumenta la producción, mientras más ganacias obtiene las compañías favorecidas por la ley de producción del petróleo, el trabajador nacional recibe jornales y sueldos más pequeños. Las ganancias de las compañías petroleriferas son, así, incalculables. El sistema de subdivisión de una misma gran empresa como la Standard Oil, permite diversas especulaciones obteniéndose mayores gancias efectivas, que las oficialmente señaladas; además del regreso que a la misma compañía realiza buena parte del dinero gastado en sueldos o jornales porque los empleados y obreros los utilizan en la compra de artículos de los almacenes de la misma empresa, bien provistos con la ayuda de barcos especiales.



“Y estas compañías (se refiere a la Internacional Petroleum y a las compañías mineras) cuyo aporte al Erario y al factor hombre han ido disminuyendo a medida que aumentaban sus ganancias, contribuyeron a desnivelar la balanza comercial del Perú del Perú; junto los servicios de los empréstitos, las sumas enviadas a los peruanos en el extranjero, etc.
Sinesio López Jiménez

Montesquieu (1689-1755), el pensador que hizo de la política una ciencia, escribió que los sentimientos eran el motor de la política, que el impulso de la república democrática era la virtud (cívica), que el honor lo era de la aristocracia y el miedo, de la tiranía. Aquí en el Perú, sin embargo, el miedo dio a luz, no a una tiranía, sino al Presidente García, quien no es obviamente un tirano, pero tiene pasta para serlo. En el 2006 el miedo de las clases medias y altas a Ollanta Humala los llevó a elegir al mal menor, esto es, a García. En el lapso de un año, el miedo ha experimentado una metamorfosis afectiva. En un primer momento se transformó en expectativa y luego asumió diversas formas: confianza condicionada en una parte importante de las clases altas y medias y desconfianza abierta en las clases populares, pobres y muy pobres y también en un sector de las clases acomodadas. La desconfianza de las clases populares y pobres ha devenido rápidamente descontento y éste, desaprobación. Las encuestas realizadas a lo largo del año transcurrido de gobierno muestran la historia de esta metamorfosis. En Julio de este año más de la mitad de los peruanos, incluida la conservadora Lima, lo desaprobaba en las encuestas y lo rechazaba en las calles. La última encuesta de Octubre del IOP de la PUCP es más decidora: El 63% de los limeños, principalmente de las clases populares y pobres, lo desaprueba. Sólo el 30%, principalmente de las clases altas y medias, lo aprueba. Si la encuesta se hubiera aplicado en todo el territorio nacional, las cifras serían para hacer llorar de miedo a García. El hombre que ascendió al gobierno explotando el miedo de la gente hoy baja aceleradamente del poder, presa de miedo a fracasar: Quien a miedo sube, a miedo baja.

Pero el descenso de García no implica el ascenso de los líderes de la oposición. Casi todos han sido desaprobados en la encuesta. Esto significa que hasta la fecha no aparece en el país, al menos para los limeños, un liderazgo alternativo a García Habría que ver si una encuesta nacional confirma o no este vacío de liderazgo opositor. Este dato tiene diversas lecturas. Una primera lectura es que los ciudadanos no observan en el panorama político nacional una alternativa confiable al gobierno de García. Una secunda lectura es que las pocas simpatías que tienen los limeños por los políticos se reparten desigualmente entre algunos líderes que ya compitieron en el proceso electoral pasado. Una tercera es que la caída de García arrastra a todos los líderes que están en el escenario político, tal como sucedió en los estertores de su primer gobierno. Una cuarta es que el país está frente a una crisis de la política que se expresa en desconfianza en los políticos, en la desvalorización de sus instituciones y en poca o nula credibilidad de la gente en la capacidad de los políticos, del gobierno y de la democracia para resolver los problemas más sentidos de la gente. Las instituciones políticas (gobierno, Congreso, Poder Judicial y partidos políticos) son las más vapuleadas en la encuesta. Tampoco se salvan los medios de comunicación que, gracias a la generosidad y a la permisividad con el gobierno de García, son vistos con poca (35%) o con ninguna (17%) confianza por los limeños. Nadie valora la situación política como muy buena y muy pocos la ven como buena. La inmensa mayoría la califica como regular nomás (62%) y como mala (22%). Las miradas más pesimistas vienen de las clases populares, pobres y muy pobres y las más optimistas de las capas más acomodadas de la sociedad limeña. Lo mismo sucede con las expectativas sobre la situación política futura. Quizá lo más grave de este descalabro de García en las encuestas es que arrastra también a la democracia como régimen político. El 64% de los limeños no está para nada satisfecho con la democracia: La mayoría de siente insatisfecha o muy insatisfecha. Y la insatisfacción viene desde abajo. En este caso sucede algo curioso: la insatisfacción es mayor en las clases populares (70%) que en los sectores pobres y muy pobres (63%). El desempeño negativo de García con respecto a las clases populares y pobres, termina siendo pagado por la democracia. El despeñadero toca fondo político con el 39% de los limeños que están dispuestos a aceptar una dictadura o que les importa un comino la forma de gobierno. Este porcentaje se empina a casi el 50% de los encuestados en las regiones del centro, del sur y del oriente, conforme lo reveló la encuesta nacional que el IOP de la PUCP aplicó en julio de este año.

Quiero concluir este rápido análisis político de las encuestas de Octubre con dos breves conclusiones. La primera es la siguiente: El APRA ha dejado de ser un partido de los inconformes y los constestatarios para convertirse en el partido de los acomodados y de los satisfechos. García y su segundo gobierno han completado la faena del viraje conservador que otros comenzaron. La segunda conclusión es que el descalabro de García puede quebrar el lento ascenso del ciclo partidario que se inició el 2001 para dar lugar a un nuevo ciclo antipartido en el 2001, como el del decenio fujimorista.



Sinesio López Jiménez

El gobierno de García ha mostrado hasta ahora una sorprendente habilidad para pasar piola y concentrar toda la responsabilidad de la mala situación de la educación pública en los maestros. Casi todas las políticas que despliega el gobierno tienen que ver con tareas que deben realizar los maestros para mejorar la educación pública, pero casi ninguna que apunte a las responsabilidades que debe asumir el estado para obtener los mismos resultados. La opinión pública, en cambio, es más abierta en el señalamiento de los problemas que afectan a la educación. Si bien el 28% cree también que la mala formación de los maestros es el principal problema que enfrenta la educación en el Perú, el 25% opina que la falta de presupuesto en el sector educación es uno de los problemas principales, el 21% apunta con razón a la mala voluntad de los políticos y los gobiernos para enfrentar los problemas de la educación y el 10% achaca los problemas al inadecuado y desactualizado contenido educativo de los cursos. La mayoría de los medios acompaña la visión unilateral del problema educativo que tiene el gobierno y presta poca o ninguna atención a la visión más amplia de la opinión pública.

La encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP) de la PUCP presenta una contradicción en la opinión de los limeños que exige alguna explicación: La mayoría coloca una nota aprobatoria a la educación, pero cree al mismo tiempo que ella no prepara a los jóvenes para conseguir buenos empleos ni contribuye a formar mejores ciudadanos. La educación ha dejado de ser una canal de movilidad social y un mecanismo de formación de ciudadanos como en otras décadas (la del 60 y la del 70 por ejemplo). En esas décadas un padre de familia podía decirle a su hijo lo siguiente: No tengo fortuna que ofrecerte, pero la mejor herencia que puedo dejarte es una buena educación. La ciudadanía política (más que la civil y la social) en el Perú y casi en toda AL del siglo XX fue un resultado de la educación más que del cambio en las reglas de juego electoral. Con el sufragio universal, la educación ha dejado de cumplir un papel importante en la emergencia de los ciudadanos, aunque puede jugar un papel decisivo en la calidad de los mismos. Pero eso exige también una educación de calidad. Quizá la aprobación de la educación por parte de la opinión pública tiene que ver más con un cierto prestigio y autoestima que ella otorga (o con el desprestigio que implica la situación de analfabetismo y la carencia de algún nivel de educación) que con su utilidad. En forma concordante con su diagnóstico, los limeños creen que las principales medidas para superar la crisis de la educación son: la capacitación de los docentes (41%), la mayor inversión en el sector educación (16%), la evaluación de los docentes (8%), el mayor interés en el tema educativo por parte del gobierno (6%) y el aumento de los sueldos de los maestros (6%). Esa perspectiva más amplia explica quizás la unanimidad en la exigencia al Estado para dedique más recursos a la educación de los más pobres así como sobre la gratuidad de la educación pública. La exigencia es muy justa si tiene en cuenta que el Perú es uno de los Estados de AL que menos gasta en la educación y si se considera que existe una muy alta correlación entre el nivel de inversión en la educación con la alta calidad de la misma. Jaime Saavedra y Pablo Suárez han mostrado (para el año 2000) que la educación pública no es gratuita puesto “que la sociedad peruana gasta, en promedio, 200 dólares por cada niño en el sistema público en la primaria, de los cuales 32% corresponde al aporte de las familias. En el caso de la secundaria, el Estado invierte 191 dólares y las familias, en promedio, 94 dólares; es decir, de un total de 285 dólares, las familias aportan 33%” (El financiamiento de la educación pública en el Perú: el rol de las familias, GRADE, Lima, 2002, p.25). Pero lo más grave es que el Estado comete inequidades en la inversión en educación: “sumando el gasto del Estado y el de las familias, un alumno en primaria en el quintil más rico del ingreso que accede a la educación publica recibe 326 dólares, 96% más que lo recibe otro en el quintil más pobre. En el caso de secundaria, un alumno del quintil más rico recibe 374 dólares, 53% más de lo que recibe otro en el quintil más pobre. Es más, existe evidencia de que esta diferencia se encuentra subestimada, ya que el gasto del Estado que llega a los quintiles más pobres es menor que el llega a los quintiles menos pobres…”. La baja inversión en la educación y la inequidad de la misma colocan al Estado en la picota. Si el gobierno de García no asume esta responsabilidad, las exigencias de calidad a los maestros, siendo justas, puede parecer una coartada.

Pese al despliegue publicitario que hace el gobierno sobre las políticas educativas, sólo un tercio de los limeños valora como positivas o muy positivas esas medidas, otro tercio las ve más bien como negativas y muy negativas. Sorprende la drástica caída de la aprobación del ministro de educación en el lapso de un año: En marzo de este año la aprobación (46%) y la desaprobación (43%) casi se empatan frente al 61% de aprobación y al 20% de desaprobación en marzo del 2007.. Sorprende también el realismo de los limeños en la gestión educativa atribuyendo la principal responsabilidad de la fiscalización de la calidad de la educación al Ministerio de Educación (61%), la demanda de participación de los padres de familia en el nombramiento de cada colegio y en la participación del director en la nominación de los profesores su plantel, pero un desacuerdo mayoritario (59%) en que los padres de familia participa en el nombramiento de profesores en cada colegio y en que los colegios pasen a manos de los municipios (56%).




Sinesio López Jiménez

Entre el insulto, la sorna y el desafío, García ha formulado la siguiente pregunta:¿qué hacen por el Perú el picón, el criticón y el comechado?. Aceptando el desafío y asumiendo mi rol de crítico del gobierno de García me permito, previamente, devolverle la pregunta: ¿Qué hizo el presidente García entre 1985 y 1990 y que hace hoy por el Perú?. Sería interesante que él mismo respondiera, pero, como sé que no lo va a hacer, yo mismo voy a asumir esa ingrata tarea. He aquí un breve listado de las hazañas realizadas por García en su primer gobierno: Disparó los precios 22,000 veces, achicharró las remuneraciones reales en 53%, redujo el ingreso per cápita de 2,800 dólares en 1985 a 1,900 dólares en 1990, quebró al estado bajando la presión tributaria del 14% al 4%, multiplicó el número de pobres (en Lima Metropolitana) pasando de 16.9% al 44.3%, destruyó un millón de empleos adecuados e incrementó el desempleo de 42.5% al 73.1% (en Lima Metropolitana). Esta es la gran faena de García por el Perú en su primer gobierno. Puso al Perú y a los peruanos al borde del abismo. A esas hazañas económicas y sociales hay que agregar la violación sistemática de los derechos humanos (masacre de los penales, de Cayara, los paramilitares autodenominados Rodrigo Franco, etc.) y la corrupción generalizada (el 22% de los limeños cree que el primer gobierno es el más corrupto, después de Fujimori). He aquí un rápido recuento de su modesto desempeño en un año de su segundo gobierno: la austeridad como coartada para evadir la reforma tributaria, la desafiliación mediatizada de las AFP, la eliminación del Consejo Nacional de Descentralización (CND), la racionalización administrativa de las políticas sociales, la evaluación de los maestros, el shock fracasado de inversiones, la ley del control de las ONGs, la fusión de algunas OPDs, la negociación (rechazada cuando era candidato) del TLC , la reciente ley de la carrera pública magisterial. Nada de nada que tenga que ver con el trabajo, la distribución de la riqueza que producen los trabajadores gracias a la generosidad de los recursos naturales que pertenecen a todos los peruanos, la desigualdad creciente y la pobreza. Las medidas más importantes son las que se refieren a la educación (la evaluación de los profesores y la ley de la carrera magisterial), pero que han sido políticamente mal conducidas y sin obedecer a un plan previamente elaborado de una reforma educativa integral, lo que pone en duda su viabilidad. Sin este plan integral explícito se da la impresión, evidentemente errónea e injusta, de que toda la responsabilidad de la pésima calidad de la educación es sólo de los maestros y del SUTEP. ¿Y cuál es la responsabilidad de los ministros de educación, de los gobiernos que incumplen el Acuerdo Nacional de dedicar el 6% del PBI a la educación y que han hecho y hacen de la escuela pública, no un espacio de igualdad de oportunidades, sino un mecanismo más de discriminación (en donde sólo se educan los pobres y los cholos), de los misérrimos salarios que paga el Estado a los maestros, de las instituciones estatales que tienen que ver con la educación y que no funcionan?.

García puede sostener que su segundo gobierno es la autocrítica práctica de su desastroso primer gobierno. Pero en este caso su autocrítica es parcial y unilateral: es sólo un mea culpa frente al capital. ¿Y el mundo del trabajo no se merece una disculpa y una autocrítica práctica?. ¿Olvidó acaso las tesis primigenias del APRA de conciliar el capital y el trabajo?. Pero más allá de la ideología, la conducta política de García y de su gobierno obliga a preguntarse: ¿ Por qué los gobernantes no pueden mantener una lógica del equilibrio político y social?. ¿De que depende esa incapacidad?, ¿Es una cuestión de sicología, de la cultura política o de la estructura social?. Puede ser una combinación de las tres cosas. García, al parecer, es un hombre que se desborda así mismo, que quiere avasallar a los demás y que no ama la mesura, guiado quizás por la idea de Trotski de que la prudencia nada grande ha producido en la historia. Pero y ¿Del Castillo?, ¿Qué pasó con el prudente y mesurado del Castillo?. Ambos, presidente y primer ministro, parecían en estos días dos generales dirigiendo una guerra, provocando, insultando, inventando molinos de viento. La política fue definida como guerra, como en los viejos tiempos en los que los militares pensaban que la única forma de mantener el orden era acabando con el APRA y ésta creía que la única forma de realizar los cambios era acabando con los militares. Pero esta vez, el papel de los militares ha sido desempeñado por el APRA y el de ésta, por los sectores sociales descontentos y movilizados. Esta es la vieja cultura de la confrontación que rechaza la negociación y el diálogo y que privilegia la violencia. Los griegos que habitaban la polis, amantes de la lexis y la praxis (el diálogo y la acción), afirmaban que la violencia era muda. Y Hannah Arendt, una de las más destacadas filósofas del siglo XX, sostenía que la violencia surge cuando se trata al otro como cosa, como medio para conseguir algún fin. Sicologías desbordantes y culturas políticas confrontacionales se alimentan de una estructura social polarizada de ricos satisfechos (los menos) y de pobres descontentos e irritados (los más). ¿Es difícil para los menos (el gobierno, la derecha, los ricos, los medios) entender que los más ( las clases populares, los pobres y las izquierdas) están insatisfechos (según las últimas encuestas) y por eso protestan y se movilizan?. ¿Podrán entender los menos que los más no están locos sino disconformes con la actual situación de injusticia y con la política del gobierno? Espero que para su propio bien y para la sobrevivencia de la democracia logren entenderlo.

Sinesio López Jiménez

Algo está pasando en el Apra luego de la publicación de los artículos de García sobre el perro del hortelano. No conozco la profundidad ni la amplitud del descontento y de las discrepancias en el viejo partido de Alfonso Ugarte, pero algo se mueve allí. De lo contrario, García no se hubiera visto prácticamente obligado a publicar un pequeño libro que está dedicado a los militantes apristas a los que trata de explicar (y justificar) sus actuales posiciones conservadoras. El pequeño libro, casi un folleto, tiene 132 páginas y tres partes claramente definidas. La primera, la más larga de todas (p. 25- 97.), tiene como objetivo mostrar que Haya también (como él) llegó a ser un conservador a través de un largo proceso de maduración intelectual y político. Presenta tres etapas históricas [la etapa de la exportación y el feudalismo (1895-1930), la de la industrialización y la urbanización (1930-1970), y la de la recesión, el endeudamiento y la informalidad (1970-1990)] a través de las cuales las ideas de Haya tanto en la teoría como en la política se fueron afinando y cambiando. Esta parte está llena de citas, justamente las más conservadoras de los escritos de Haya, porque, como todo autor complejo, es posible señalar otras menos involutivas de sus primigenias posiciones políticas, más reformistas, pero García selecciona cuidadosamente las más conservadoras (de Haya) para legitimar las propias (de García) ante la militancia. Las abundantes citas están acompañadas de comentarios rimbombantes cuya hojarasca oculta y opaca el brillo de alguna idea por allí suelta al desgaire. La tesis central de esta parte es que la radicalidad de Haya se expresó en la primera versión de El Antiimperialismo del Apra de 1926 y que, en las versiones posteriores de 1930 y 1936, Haya de la Torre planteó posiciones más moderadas porque fue percibiendo a medida que maduraba en la edad y en el pensamiento nuevas realidades e inéditos cambios que justificaban sus “renovadas” ideas y sus planteamientos menos radicales. Sostiene asimismo que las críticas, tanto desde dentro del Partido como desde fuera, obedecen a que los críticos se han congelado en las posiciones de 1926, se han negado a percibir los grandes cambios internos y externos del capitalismo y califican como conservadoras las ideas y las posiciones políticas que no hacen sino expresar esos cambios. García acompaña esta explicación conceptual con un componente sicológico que repite como un estribillo a lo largo del libro y que se seguramente forma parte importante de su biografía política: Todo cambio de las tesis apristas primigenias “se hace sin el complejo de los débiles que no buscan su guía en el pensamiento de Haya, sino en el “qué dirán” del extremismo”. En la parte final de las aburridas e infundadas citas conservadoras de Haya y de las parrafadas oratorias de García, se pueden encontrar algunas penetrantes ideas (de García) sobre las cambiantes correlaciones materiales y políticas de fuerzas que explican tanto el diseño institucional de la Constitución de 1979 como su rápido agotamiento.

Encuentro una segunda parte en lo que García llama “Reflexión autocrítica sobre el gobierno aprista” (1985-1990). Para mí estas nueve páginas son las más interesantes del texto. La tesis central de García es que el Apra entre 1980 y 1990 no fue hayista sino velasquista, que la oposición aprista al gobierno liberal de Belaúnde (1980-1985) se hizo en defensa de las reformas de Velasco y que su primer gobierno se realizó bajo la orientación política según la cual el Apra no podía dar marcha atrás en las reformas velasquistas porque la mayoría de los militantes apristas creían que Velasco había realizado las reformas que el Apra había venido predicando desde 1931. Es la primera vez, creo, que García hace una crítica sincera de su desastroso primer gobierno y señala las razones de su fracaso. Lo que García está reconociendo es que el Apra fracasó en el primer gobierno porque no aplicó en esa etapa las ideas neoliberales que hoy aplica sin ruborizarse porque no es débil sino valiente pues no se guía por el “que dirán” de los extremistas. Estos, para un neoliberal converso como García, son todos los que no comparten sus ideas.

La tercera parte presenta, en el más puro estilo de la política china a la que admiró tanto Haya y que admira García, las siete modernizaciones que se propone realizar el Apra en este segundo gobierno. Para un partido de gobierno, estas son orientaciones de política demasiado generales y vagas. Eso explica quizás que muchas propuestas de políticas provengan de sus repentinas inspiraciones que, sin embargo, pretende convertir rápidamente en leyes.

En conclusión, el nuevo librito de García tiene la virtud de mostrar, además de viejas ideas y una sorprendente autocrítica, las aguas movidas en el viejo partido de Haya de la Torre, el mismo que, pese a su antigüedad y a su ritualismo, epur si muove.











Sinesio López Jiménez

Ahora que están de moda las evaluaciones, propongo aplicar una a los políticos, especialmente a los que hoy cortan el jamón y a los que pelean por cortarlo, no para desplegar un vasto programa de capacitación dedicado a estos ilustres e ilustrados personajes, sino con la finalidad de conocer el nivel de entrenamiento que tienen para jugar el partido de fondo: la reforma del Estado. Tengo la impresión que, cuando hablan de este tema, los políticos no se están refiriendo a la misma cosa. Y es normal que eso suceda no sólo por los diferentes niveles de conocimiento que existen entre ellos acerca el Estado, sino, sobre todo, por sus diferentes orientaciones ideológicas y políticas. Los patrimonialistas no piensan lo mismo sobre el Estado ni esperan lo mismo de él que los liberales, ni éstos tienen las mismas ideas y aspiraciones estatales que los socialdemócratas. Es probable, sin embargo, que en algunos aspectos de la reforma estatal los políticos de diferentes ideologías coincidan y que en otros difieran radicalmente. Esto significa que es muy posible que todos los políticos estén de acuerdo en contar con un estado que despliegue una gerencia y una gestión eficaces, eficientes y transparentes, pero es también muy posible que discrepen sobre las funciones que debe tener el Estado.

El desnivel en los conocimientos sobre el Estado se puede corregir con el debate, las lecturas y la capacitación formal. Lo que no es fácil ni deseable superar o eliminar son las diferencias ideológicas y políticas sobre el Estado. Estas, como sostenían los federalistas norteamericanos (Madison, Hamilton y Jay) refiriéndose a las facciones, son producto tanto de la diversidad social y cultural del país como de la vigencia de las libertades. Por eso, es mejor para la salud personal de los políticos y para la salud social y política del país que nadie (ni el gobierno ni las oposiciones) sueñe con imponer sus puntos de vista sobre algunos aspectos del Estado (las funciones, por ejemplo) como si fueran la verdad única e irrefutable, disfrazándolos con un supuesto ropaje técnico, sino que se acostumbre a establecer acuerdos parciales y políticas de compromiso, teniendo en cuenta las correlaciones sociales y políticas de las fuerzas que operan en el país. A este respecto, es necesario señalar que, de acuerdo a las encuestas que se han aplicado sobre el tema en el Perú y a las que volveré en otra oportunidad, existe una fuerte diferencia entre lo que piensa y quiere la gente común y corriente sobre las funciones del Estado y lo que quiere, sino la mayoría, al menos una parte significativa de los políticos. Este es un dato clave a tener en cuenta cuando se discute la reforma del Estado.

Quizá la deficiencia más importante del actual debate sobre la reforma del estado es el hecho de no contar con una propuesta global de la misma. Ni el gobierno, sobre todo el Ejecutivo, ni ninguna fuerza de oposición (es un decir) han presentado una propuesta global de reforma que muestre el horizonte del cambio estatal, las dimensiones que comprende, las estrategias y acciones a desplegar, los procesos que implica, las capacidades a mejorar, las formas institucionales a diseñar, etc. Una propuesta global daría sentido a las propuestas parciales (la fusión de los Organismos Públicos Descentralizados, por ejemplo, o la reforma del Poder Ejecutivo, o la del Poder Judicial). Una medida parcial de reforma del estado tiene sentido en la medida que ella hace parte de una propuesta global, que señala lo que busca en términos de resultados, que muestra desde donde parte y hasta donde quiere llegar, en qué plazos se va a llevar a cabo, cuáles son los costos que se van a ejecutar y cuáles los beneficios que se van a obtener.

Para aplicarles su propia medicina a los evaluadores, les propongo responder a las siguientes preguntas sencillas y precisas sobre el Estado: ¿Qué es el Estado?, ¿qué elementos lo integran?, ¿forman parte del estado las cambiantes formas institucionalizadas de dominación social?, ¿cuáles son las funciones del Estado?, ¿cómo se gestiona y cómo opera el Estado?, ¿cuál es la diferencia entre los conceptos de Estado, régimen político y gobierno?, ¿qué relaciones existen entre el Estado y el sistema político?, ¿cuál es la diferencia entre la forma de Estado y la forma de gobierno?, ¿cuáles son las principales formas de Estado que ha tenido el Perú en su historia republicana?, ¿qué diferencias existen entre las formas de Estado latinoamericanas y las formas de Estado clásicas de Europa?, ¿cómo ha pasado el Perú de un forma de Estado a otra?,¿qué continuidades y que rupturas se han producido con los cambios de las formas de Estado en el Perú?,¿cómo se produjeron las reformas de primera generación que dieron origen al actual Estado Neoliberal?. Y, finalmente, me permito formularle dos preguntas directas al Presidente García, quien no sólo corta el jamón sino quien se siente también dueño del chifa: Su propuesta de reforma estatal, si la tiene, ¿ busca mejorar al actual Estado Neoliberal o cambiarlo por otra forma de Estado?. Si busca esto último, ¿cuál es esa nueva forma de Estado?. Para invitarlo a responder le recuerdo al Presidente las desafiantes palabras del buey a la rana fanfarrona de la fábula de Esopo: Hic Rodhus, hic salta. O para decirlo en buen romance: Este es el problema de fondo, resuélvalo García.




Sinesio López Jiménez

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) no es sólo un asunto técnico, sino también político. De lo que se trata no es sólo de garantizar una inversión pública de calidad (cuánto, cómo, en qué, en donde, con qué prioridades, con qué resultados), sino también de resolver el problema de quien decide y quien controla esa inversión. ¿Van a seguir teniendo el candado y la llave los tecnoburócratas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)?¿Van a sacar un duplicado para García y para los integrantes del gabinete?¿Van a tener también un duplicado los gobiernos regionales? ¿O García y su gobierno van a tener el coraje y la fuerza suficiente para quitarle el control al MEF que opera como celoso guardián de la caja fiscal para entregarla a otro organismo que piense y actúe en términos de desarrollo del país?. Me parece que este el es problema de fondo que ha emergido debido a la presión de las regiones y al fracaso del llamado shock de inversiones y su penosa transformación en un show de inversiones.

Visto desde la política, el SNIP constituye una arena política en la que se desarrollan diversos juegos de poder en distintos planos con diferentes actores, objetivos e intereses. En un primer plano- el oficial- están, por un lado, el presidente García y todo su gabinete y, por otro, el solitario Ministro Carranza del MEF. Aquí se enfrentan la urgencia política con el saber técnico. Lo que está en juego es quien decide la inversión pública y cual es la naturaleza del candado a la que ella debe someterse. Lo que García y el gabinete plantean es compartir la decisión: Que el MEF siga controlando la gran inversión con los candados actuales y que la mediana y pequeña inversión no tenga candados (o tenga candados muy permisivos) y sea decidida por el presidente y sus ministros en alianza con los gobiernos regionales. En esta pugna, el presidente y sus aliados han actuado con alevosía y ventaja: Han esperado tener primero el visto bueno del FMI sobre la marcha de la economía, le han arrebatado dos aliados más o menos seguros en el gabinete (los ministros de Vivienda y de Transportes) al titular del MEF y han roto el candado del SNIP (a través del Decreto de Urgencia 014) cuando éste había terminado de perfilar la deuda externa en el Club de París y estaba volviendo al Perú. Carranza se parapeta en el saber técnico y en la calidad de la inversión pública y recibe el apoyo de la derecha y de la mayoría de los medios que levantan el cuco del populismo y despiertan a los fantasmas del desastroso primer gobierno de García. El primer Ministro busca, por su parte, legitimar el Decreto de Urgencia y asustar al Ministro Carranza y a otros poderosos actores que están detrás de este primer plano con el desborde social que empujaría al gobierno a un populismo inevitable. En un segundo plano – el de las representaciones sociales y políticas- están, por un lado, el Ministro Carranza, pero ya no es el solitario Ministro de Economía con todas sus prerrogativas políticas sino el todopoderoso representante directo de los organismos económicos internacionales, de los inversores extranjeros y de la burguesía local y, por otro, el presidente García, representante de las clases medias y otros sectores sociales y del país mismo. Aquí chocan la economía con la política. Este escenario opaco y duro es una especie de molino satánico en donde se articulan la economía, la política y las clases sociales, asumiendo la forma de una coalición social y política que organiza el estado neoliberal y sus políticas públicas (incluido el SNIP) y que manda en el país más allá de los gobiernos y de los regímenes políticos. Lo que García está planteando en este plano es tener una cuota mayor de poder en esta coalición para decidir ahora sobre la inversión pública y después sobre otros aspectos de la política económica (la reforma tributaria, por ejemplo). Es probable que en este plano los organismos económicos internacionales, los inversionistas extranjeros y el capital local hagan sentir al presidente García el peso de su poder económico y le hagan saber hasta donde están dispuestos a ceder.

Finalmente hay un tercer plano – el social, regional y mediático - en donde se ubican, por un lado, los actores sociales y los gobiernos regionales y, por otro, el gobierno central y la mayoría de los medios. Aquí se enfrentan la presión distributiva y la urgencia social y regional con el poder político. Lo que los gobiernos regionales plantean no es sólo la transferencia de mayor cantidad de recursos financieros para el desarrollo y para atender las urgentes necesidades de sus regiones sino también una descentralización del SNIP para actuar con mayor flexibilidad y celeridad. El juego del gobierno es doble en este plano: Por un lado, utiliza a los movimientos sociales y a los gobiernos regionales para presionar a Carranza en el primer plano y a la coalición social y política dominante en el segundo plano y, por otro, negocia con ellos para hacerles concesiones y limitarlos en sus demandas y capacidades buscando preservar para García un rol importante en el manejo de los fondos liberados de las garras del MEF. Este es el plano que dinamiza los juegos de poder en los otros planos, incidiendo directamente en el primer plano e indirectamente en el segundo. Este rol dinamizador va ir creciendo a medida que la presión distributiva se incremente y los acicateados gobiernos regionales y las regiones se conviertan en epicentro de la política.


Sinesio López Jiménez

Hace más de seis años que la economía peruana viene creciendo en forma sostenida y es probable que siga creciendo en un futuro indeterminado que depende de la demanda internacional y del azar. En el 2007 el PBI ha crecido en 8.3 y entre el 2001 y el 2007 el ingreso per capita casi se ha duplicado, bordeando los 4, 000 dólares, cifra que representa, sin embargo, dos tercios del ingreso per capita de Uruguay y de Argentina y la mitad del ingreso per cápita de Chile. El crecimiento sostenido y el incremento del ingreso per capita constituyen, sin duda, logros que, sin embargo, se encuentran limitados por las características del motor que arrastra los vagones de la economía, por la pésima negociación que realizan los gobiernos con las empresas mineras sobre el monto de la renta que éstas deben dejar para el país y por el injusto reparto entre los peruanos de la renta obtenida. Si bien la minería muestra un mejor desempeño que el petróleo, ella no es el mejor motor para impulsar el crecimiento y el desarrollo sostenido debido a una serie de limitaciones que ella presenta. En primer lugar, son recursos relativamente agotables que, aunque proporcionaran al país una renta significativa, no cuentan con el tiempo económico necesario para la consolidación del desarrollo. En segundo lugar, la intensidad de la actividad minera y su rentabilidad depende de los vaivenes de la azarosa coyuntura internacional: Los picos más altos de los precios de los minerales están estrechamente asociados a la guerra de Corea en los 50, a la de Vietnam en los 60 y 70 y a la de Iraq del 2001 en adelante. En tercer lugar, la explotación de la renta minera está en manos de corporaciones internacionales cuyo interés fundamental es, no el desarrollo del país, sino su propia ganancia. En cuarto lugar, la actividad minera no genera poderosos eslabonamientos internos (en la región y en el país) capaces de generar otras actividades productivas que puedan contribuir a un crecimiento sostenido ni los gobiernos despliegan políticas que ayuden a generar esos eslabonamientos. Todas estas limitaciones debieran obligar a los gobiernos a concentrar su fuerza, su imaginación y su capacidad de negociación en la obtención de la mayor renta posible. Revirtiendo las políticas de liberalización de los 90, los países latinoamericanos están revisando los contratos y los regímenes de impuestos para asegurar un mayor reparto de las ganancias extraordinarias que resultan de mejores precios o de mayor control sobre las ganancias sobre las industrias extractivas. Pese a que los países de América Latina han negociado mejor que los países mineros y petroleros del Asia y del Africa, el Perú y Colombia, de acuerdo a la investigación de Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford, son los países que se han mostrado más concesivos y dadivosos en sus negociaciones de la renta minera con las grandes corporaciones internacionales. Mientras Venezuela ha tomado un control mayoritario de las ganancias manejadas por las compañías extranjeras y ha dado a PDVSA un mayor reparto equitativo, Bolivia ha convertido los desfavorables contratos de producción en contratos de operación nacionalizando sus recursos de petróleo y gas, Chile ha renegociado e incrementado la renta imponible teniendo en cuenta la bonanza internacional y Argentina ha aumentado los impuestos sobre las exportaciones de gas de 20 a 45%, Colombia ha privatizado parte de ECOPETROL y ha reducido los impuestos a las industrias extractivas de de 38.5% al 33% en 2008 y Perú ha pedido a las compañías mineras “contribuciones voluntarias” para el desarrollo social con la finalidad de eludir el incremento de los impuestos. El proceso de negociación es distorsionado brutalmente por la corrupción de los gobernantes de turno. La falta de la transparencia hace muy difíciles los repartos justos. En el Perú, los ingresos por impuestos provenientes de las minas fueron muy pequeños durante los años 90, pero entre 2000 y 2006, a medida que los precios subieron, el ingreso anual de los impuestos creció significativamente, sin que existiera negociación alguna, como en el caso chileno. Como bien lo ha señalado Stigliz, el premio Nobel de Economía, cuando en un contrato entre el Estado y las corporaciones se precisan claramente las sanciones que debe pagar aquel si incumple determinadas cláusulas y no se señala, sin embargo, la mayor participación estatal cuando los precios internacionales mejoran sustantivamente, esa omisión no es producto de la ignorancia sino que es un síntoma claro de corrupción. Lo mismo sucede cuando en lugar de renegociar la renta con las compañías extranjeras, alegando el pretexto de violación de los contratos, el Estado se limita a pasar el sombrero para recibir “contribuciones voluntarias” o cuando un Ministro de Economía propone bajar los impuestos para estimular la reinversión de las compañías mineras cuando éstas no lo necesitan si se tienen en cuenta los altos precios de los minerales. La situación se torna más grave si se considera el injusto reparto de la renta en el país: ¿A cuántos peruanos se les ha duplicado el ingreso anual entre el 2001 y el 2007 como sugiere el vertiginoso crecimiento del ingreso per capita de los últimos seis años?.

Sinesio López Jiménez

La política tiene sus leyes. Una de ellas es la siguiente: A más control, menos corrupción y a menos control, más corrupción. Esto último es lo que pasó precisamente en el gobierno de Alberto Fujimori. Y no sucedió por casualidad sino que fue una política desplegada en forma sistemática que tenía como objetivo el desmontaje de los ya débiles controles que existían en el Perú. La hipótesis que sugiero aquí es que Fujimori y sus socios desmontaron en forma deliberada y sistemática las instituciones encargadas del control para cometer delitos sin que nadie los acuse de nada y sin que los alcance el brazo de la ley. Asociada a esta hipótesis sugiero otra: Este desmontaje sistemático no se podía hacer dentro de las reglas de un juego democrático sino que sólo era viable dentro del funcionamiento propio de un gobierno autoritario. El corolario que se deriva de esta última hipótesis es claro y preciso: El autogolpe de estado del 5 de abril fue hecho con el expreso propósito de encubrir las fechorías de todo tipo de Fujimori y su mafia. Sé que este corolario es polémico por diversas razones. No faltan las hipótesis utilitaristas (que son compartidas por muchos investigadores serios) que sostienen que el golpe de Fujimori tuvo como objetivo la realización de una doble y difícil transición: la de la agotada industrialización sustitutiva de importaciones a la economía neoliberal y la del estado populista al estado neoliberal. Esta hipótesis es falsa como en su momento varios analistas tratamos de demostrar. Fujimori y sus aliados no tenían resistencia alguna para realizar esta doble transición porque prácticamente todas las fuerzas políticas (que para entonces eran ya muy débiles) se habían allanado a la aplicación de los dos programas que produjeron esa doble transición: la estabilización y las reformas estructurales. Más aún: No existían fuerzas económicas, sociales, políticas que pudieran resistir esos cambios. El Perú era una pampa y cualquier cosa se podía hacer en ella. ¡Qué diferencia con la situación política que recibió Belaúnde (1980) en su segundo gobierno!. Belaúnde y Ulloa no pudieron realizar el mismo proyecto de la doble transición porque tuvieron la férrea resistencia APRA, de la izquierda, de los sindicatos y movimientos sociales, de la sociedad civil y de varios medios. La única forma de imponer la doble transición en esa difícil situación política hubiera sido un golpe que no sólo no era deseado por ellos (Belaúnde y Ulloa) sino que era inviable porque el país estaba saliendo de la dictadura de Velazco y de Morales Bermúdez. Tampoco faltan las hipótesis de la gobernabilidad que buscan explicar el golpe por la necesidad de acabar con el terrorismo y de construir un nuevo orden político. Esta hipótesis de origen schmittiano (de Carl Scmitt, el más brillante teórico del pensamiento reaccionario) sostiene que no era posible acabar con la guerra interna, desatada por el terrorismo, usando los métodos propios de la democracia ni apelando al Estado de Excepción (que ésta acepta) sino que era necesario un golpe de estado. Esta es una hipótesis atendible y discutible. En efecto, cuando en noviembre de 1991 las fuerzas políticas de la oposición rechazaron una parte del paquete de más de 30 medidas antiterroristas, se desató una etapa tensión y de negociación entre algunos representantes del gobierno y algunos dirigentes de la oposición. Cuando estas negociaciones fracasaron, entonces se decidió, al parecer, el golpe del 5 de abril. Pero estas negociaciones fracasaron porque Fujimori, Montesinos y sus aliados estaban tercamente interesados en imponer lo que entonces se llamó un golpe blanco y ese punto era, para ellos, no negociable. Entonces sostuve y sigo sosteniendo que era posible aún una salida democrática para derrotar al terrorismo y conseguir la paz y el orden.
Acompañando la posición de fuerzas democráticas de entonces, mi tesis era y sigue siendo ahora que la democracia podía derrotar al terrorismo. Había una serie de evidencias (las rondas campesinas, uso de los servicios de inteligencia, etc.) que mostraban que ese camino era posible. En todo caso, esos medios fueron los que, al final, produjeron los mejores resultados. Se impuso, sin embargo, la tesis schmittiana del golpe militar. Pero lo que no era schmittiana era la política del remate de terroristas rendidos y de gente indefensa, sospechosa de ser terrorista, que practicó la dictadura de Fujimori. Esta política expresa la tesis de la enemistad absoluta que mezcla la política con la ética y que hace que todo enemigo sea malo y que, por consiguiente, hay que aniquilarlo. De acuerdo con esa tesis el mejor enemigo es el enemigo muerto. La enemistad absoluta, a diferencia de la enemistad relativa (que apoya Schmitt), postula una guerra sin reglas, justamente la que practicó el gobierno de Fujimori y su mafia.


Sinesio López Jiménez

En el Perú (y probablemente en América Latina) un partido, cuando triunfa en las elecciones, cree firmemente que ha ganado, no el gobierno, sino el Estado y se prepara para coparlo de inmediato. Por desgracia, ésta no es sólo una firme creencia de los partidos sino también de la gente común y corriente que tolera el copamiento con un permisivo “ya le tocó”. Esa creencia forma parte de la cultura política patrimonialista que nos envuelve, en mayor o menor medida, a todos y que nos predispone a manejar los asuntos públicos como si fueran privados, apelando a algún derecho. Eso, por un lado. Por otro, muchas veces se confunde el gobierno con el Estado, dejando de lado la clara diferencia que existe entre ellos. El gobierno está constituido sólo por los puestos de mando que ponen en marcha al Estado y, por extensión, comprende también al elenco de personas que ocupan esos puestos de mando. El estado, en cambio, es un complejo político e institucional que abarca el sistema institucionalizado de dominación social, el estado-para-la nación, la administración pública, los aparatos coercitivos y el sistema legal.

Este rasgo patrimonialista de la cultura política peruana puede ir retrocediendo lentamente, gracias a la marcación estricta que han establecido los medios sobre el partido de gobierno desde el 2001 en adelante, justamente cuando Perú Posible no tenía capacidad alguna para copar el Estado. Esos mismos medios, sin embargo, no dijeron esta boca es mía precisamente cuando se produjo el máximo copamiento del Estado que se conoce en la historia durante el primer gobierno de García (1985-1990). Pero la capacidad de copamiento del Estado no depende sólo de la cultura patrimonialista y del nivel de vigilancia de los medios sino, sobre todo, del nivel de institucionalización y de organización de los partidos, como lo ha demostrado Piero Corvetto en una excelente tesis para obtener el grado de magíster en Ciencia Política en la PUCP. En realidad, lo que Corvetto demostró, estudiando los gobiernos peruanos de 1980 hasta la primera mitad del gobierno de Toledo, es que existen tres tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno: el partido de gobierno que influye en el gobierno, el gobierno que se impone sobre el partido de gobierno y un cierto equilibrio entre ambos.

¿De qué dependen estos diversos tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno? La tesis de Corvetto demuestra que esos tipos de relación dependen del nivel de institucionalización y de organización de los partidos y despliega su demostración en tres campos: en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en la aplicación de políticas públicas y en la política de clientela para acceder a la administración pública. Esto significa que los partidos de gobierno con mayor nivel de institucionalización influyen más en el gobierno que los poco institucionalizados en los tres aspectos señalados, que los partidos de gobierno menos institucionalizados le abren un espacio al dominio del gobierno en esos mismos campos y los partidos de gobierno medianamente institucionalizados establecen un cierto equilibrio con el gobierno. En el segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985), los partidos de gobierno (AP y PPC) influyeron un poco más del 50% (cito de memoria) en la designación de ministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En el primer gobierno de García, en cambio, la influencia del APRA fue decisiva, especialmente en el copamiento de la administración pública por la militancia aprista. Pese al nefasto caudillismo avasallador de García, el APRA pudo ponerle límites como en el caso de la estatización de la banca y logró influir en más del 90% de la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En este caso, el copamiento del estado es un efecto perverso (que es necesario controlar) generado, en gran medida, por un fenómeno político positivo como es la institucionalización de los partidos.

La situación se invirtió con Fujimori, quien no tenía un partido sino etiquetas cambiantes de partido, y con Toledo, cuyo partido era un pequeño y frágil agrupamiento político. Perú Posible, en efecto, pudo apenas influir en menos del 30% de la designación de las altas autoridades del estado, de la aplicación de políticas públicas y de la política de clientela. El peso de Fujimori y Toledo fue indiscutible en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, importante en el manejo de las políticas sociales y limitado en el diseño e implementación de políticas económicas, en las que sólo eran un socio más de los organismos económicos internacionales, de los grupos empresariales y de los operadores tecnocráticos del capitalismo globalizado, dejando a sus modestos movimientos partidarios un cierto margen de maniobra en el manejo de las políticas de clientela.

En los seis primeros meses de su gobierno, García ha seguido la misma ruta de Fujimori y Toledo con la notable diferencia de la capacidad indudable del APRA para copar los aparatos del Estado. Esa capacidad se incrementará y avanzará hasta influir también en la designación de las altas autoridades del gobierno a medida que el presidencialismo retórico de García se agote y llegue a fatigar el imaginario y la paciencia de los ciudadanos. Y eso ya comenzó.





Sinesio López Jiménez

En el Perú, y probablemente en América Latina, cuando un partido triunfa en las elecciones cree firmemente que ha ganado, no el gobierno, sino el Estado y se prepara de inmediato para coparlo. Por desgracia, ésta no es sólo una acendrada creencia de los partidos sino también de la gente común y corriente que tolera el copamiento con un permisivo “ya le tocó”. Esa creencia forma parte de la cultura política patrimonialista que nos envuelve, en mayor o menor medida, a todos. Eso, por un lado. Por otro, muchas veces se confunde el gobierno con el Estado, dejando de lado la clara diferencia que existe entre ellos. El gobierno está constituido sólo por los puestos de mando que ponen en marcha al Estado y, por extensión, comprende también al elenco de personas que ocupan esos puestos de mando. El estado, en cambio, es un complejo social, político e institucional que abarca el sistema institucionalizado de dominación social, el estado-para-la nación, la administración pública, los aparatos coercitivos y el sistema legal.

Este rasgo patrimonialista de la cultura política peruana puede ir cambiando lentamente, gracias a la marcación estricta de los medios sobre el partido de gobierno desde el 2001 en adelante, justamente cuando Perú Posible no tenía capacidad alguna para copar el Estado. Esos mismos medios, sin embargo, no dijeron esta boca es mía precisamente cuando se produjo el máximo copamiento del Estado que se conoce en la historia durante el primer gobierno de García (1985-1990). Pero la capacidad de copamiento del Estado no depende sólo de la cultura patrimonialista y del nivel de vigilancia de los medios sino, sobre todo, del nivel de institucionalización y de organización de los partidos, como lo demostró Piero Crovetto en una excelente tesis para obtener el grado de magíster en Ciencia Política en la PUCP. En realidad, lo que Crovetto demostró, estudiando los gobiernos peruanos de 1980 hasta la primera mitad del gobierno de Toledo, es que existen tres tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno: el partido de gobierno que influye en el gobierno, el gobierno que se impone sobre el partido de gobierno y un cierto equilibrio entre ambos.

¿De qué dependen estos diversos tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno? La tesis de Crovetto demuestra que los tipos de relación dependen del nivel de institucionalización de los partidos y despliega su demostración en tres campos: en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en la aplicación de políticas públicas y en la política de clientela para acceder al Estado. Esto significa que los partidos de gobierno más institucionalizados influyen más en el gobierno que los poco institucionalizados en los tres temas señalados, que los partidos de gobierno menos institucionalizados le abren un espacio al dominio del gobierno en esos mismos campos y los partidos de gobierno medianamente institucionalizados establecen un cierto equilibrio con el gobierno. En el segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985), los partidos de gobierno (AP y PPC) influyeron un poco más del 50% (cito de memoria) en la designación de ministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En el primer gobierno de García, en cambio, la influencia del APRA fue decisiva, especialmente en el copamiento del estado por la militancia aprista. Pese al nefasto caudillismo avasallador de García, el APRA pudo ponerle límites como en caso de la estatización de la banca y logró influir en más del 90% de la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En este caso, el copamiento del estado es un efecto perverso (que es necesario controlar) de un fenómeno político positivo como es la institucionalización de los partidos. El problema se invirtió con Fujimori, quien no tenía un partido sino etiquetas cambiantes de partido, y con Toledo, cuyo partido era un pequeño y frágil agrupamiento político. Perú Posible, en efecto, pudo apenas influir en menos del 30% de la designación de las altas autoridades del estado, de la aplicación de políticas públicas y de la política de clientela.

El peso de Fujimori y Toledo fue indiscutible en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, importante en el manejo de las políticas sociales y limitado en el diseño e implementación de políticas económicas, en las que sólo eran un socio más de los organismos económicos internacionales, de los grupos empresariales y de los tecnócratas cosmopolitas, felices operadores del capitalismo globalizado, dejando a sus modestas organizaciones partidarias un cierto margen de maniobra en el manejo de las políticas de clientela. En los seis primeros meses de su gobierno, García ha mostrado que sigue la misma ruta de Toledo y Fujimori. La diferencia radica en la indudable gravitación del partido en el manejo de la política de clientela para copar los aparatos del Estado. El peso partidario se incrementará y avanzará hacia la designación de las altas autoridades del gobierno a medida que el presidencialismo retórico de García se agote.





Sinesio López Jiménez

En el Perú, y probablemente en América Latina, cuando un partido triunfa en las elecciones cree firmemente que ha ganado, no el gobierno, sino el Estado y se prepara de inmediato para coparlo. Por desgracia, ésta no es sólo una acendrada creencia de los partidos sino también de la gente común y corriente que tolera el copamiento con un permisivo “ya le tocó”. Esa creencia forma parte de la cultura política patrimonialista que nos envuelve, en mayor o menor medida, a todos. Eso, por un lado. Por otro, muchas veces se confunde el gobierno con el Estado, dejando de lado la clara diferencia que existe entre ellos. El gobierno está constituido sólo por los puestos de mando que ponen en marcha al Estado y, por extensión, comprende también al elenco de personas que ocupan esos puestos de mando. El estado, en cambio, es un complejo social, político e institucional que abarca el sistema institucionalizado de dominación social, el estado-para-la nación, la administración pública, los aparatos coercitivos y el sistema legal.

Este rasgo patrimonialista de la cultura política peruana puede ir cambiando lentamente, gracias a la marcación estricta de los medios sobre el partido de gobierno desde el 2001 en adelante, justamente cuando Perú Posible no tenía capacidad alguna para copar el Estado. Esos mismos medios, sin embargo, no dijeron esta boca es mía precisamente cuando se produjo el máximo copamiento del Estado que se conoce en la historia durante el primer gobierno de García (1985-1990). Pero la capacidad de copamiento del Estado no depende sólo de la cultura patrimonialista y del nivel de vigilancia de los medios sino, sobre todo, del nivel de institucionalización y de organización de los partidos, como lo demostró Piero Crovetto en una excelente tesis para obtener el grado de magíster en Ciencia Política en la PUCP. En realidad, lo que Crovetto demostró, estudiando los gobiernos peruanos de 1980 hasta la primera mitad del gobierno de Toledo, es que existen tres tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno: el partido de gobierno que influye en el gobierno, el gobierno que se impone sobre el partido de gobierno y un cierto equilibrio entre ambos.

¿De qué dependen estos diversos tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno? La tesis de Crovetto demuestra que los tipos de relación dependen del nivel de institucionalización de los partidos y despliega su demostración en tres campos: en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en la aplicación de políticas públicas y en la política de clientela para acceder al Estado. Esto significa que los partidos de gobierno más institucionalizados influyen más en el gobierno que los poco institucionalizados en los tres temas señalados, que los partidos de gobierno menos institucionalizados le abren un espacio al dominio del gobierno en esos mismos campos y los partidos de gobierno medianamente institucionalizados establecen un cierto equilibrio con el gobierno. En el segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985), los partidos de gobierno (AP y PPC) influyeron un poco más del 50% (cito de memoria) en la designación de ministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En el primer gobierno de García, en cambio, la influencia del APRA fue decisiva, especialmente en el copamiento del estado por la militancia aprista. Pese al nefasto caudillismo avasallador de García, el APRA pudo ponerle límites como en caso de la estatización de la banca y logró influir en más del 90% de la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En este caso, el copamiento del estado es un efecto perverso (que es necesario controlar) de un fenómeno político positivo como es la institucionalización de los partidos. El problema se invirtió con Fujimori, quien no tenía un partido sino etiquetas cambiantes de partido, y con Toledo, cuyo partido era un pequeño y frágil agrupamiento político. Perú Posible, en efecto, pudo apenas influir en menos del 30% de la designación de las altas autoridades del estado, de la aplicación de políticas públicas y de la política de clientela.

El peso de Fujimori y Toledo fue indiscutible en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, importante en el manejo de las políticas sociales y limitado en el diseño e implementación de políticas económicas, en las que sólo eran un socio más de los organismos económicos internacionales, de los grupos empresariales y de los tecnócratas cosmopolitas, felices operadores del capitalismo globalizado, dejando a sus modestas organizaciones partidarias un cierto margen de maniobra en el manejo de las políticas de clientela. En los seis primeros meses de su gobierno, García ha mostrado que sigue la misma ruta de Toledo y Fujimori. La diferencia radica en la indudable gravitación del partido en el manejo de la política de clientela para copar los aparatos del Estado. El peso partidario se incrementará y avanzará hacia la designación de las altas autoridades del gobierno a medida que el presidencialismo retórico de García se agote.





Sinesio López Jiménez

Hace mucho tiempo que no veo los múltiples e inflados rostros de García porque ya no veo el canal 7 y sólo escucho todos días en RPP su voz caserita y familiar que, confieso querido Raúl, ya me está aburriendo como me aburren terriblemente los sermones domingueros de Monseñor Cipriani. En este artículo, que es una pequeña parte de uno más extenso que va publicar la revista Coyuntura de la PUCP, quiero ir más allá de su rostro y de su voz para examinar el espíritu del político (sus nuevas ideas, sus cambiantes proyectos, sus políticas) y sugerir, para comprender mejor a García y su gobierno, una aproximativa periodización política del año y medio de gestión. Maquiavelo sostenía que el político, para tener éxito, tenía que adecuar su acción al tiempo y a las circunstancias que son cambiantes, manteniendo, sin embargo, el proyecto (de construir un Estado republicano en el caso del florentino). Por eso Rousseau afirmó que Maquiavelo, fingiendo dar lecciones a los príncipes, las dio, en realidad, más grandes a los pueblos. García no es un maquiaveliano ni en el proyecto (republicano) ni en la estrategia o, en todo caso, es un maquiaveliano a media caña: cambia su acción de acuerdo al tiempo y las circunstancias, pero cambia también de proyecto. En la primera vuelta, García se presentó como el candidato antineoliberal que enfrentaba a Lourdes Flores, la candidata de los ricos (en sus propias palabras). En la segunda vuelta, se presentó como el candidato del cambio responsable que luchaba contra el caos y el cambio sin un rumbo claro que representaba supuestamente Ollanta Humala. Ganadas las elecciones en la segunda vuelta con el apoyo de la derecha, se transformó en el Presidente de la continuidad neoliberal. Cada cambio en el discurso y en la acción implicaba un desplazamiento social ascendente: de candidato popular (primera vuelta), a candidato de clase media (segunda vuelta) y a Presidente de los ricos (después el 28 de Julio del 2006).

Aplicando sus propias creencias según las cuales en política no hay que ser ingenuos, en la primera vuelta García se presentó con un discurso popular, pero con una fórmula presidencial vinculada al fujimorismo que representa la derecha rudimentaria y corrupta. Esa fórmula era un guiño a los electores fujimoristas (que carecían de una candidatura fuerte) y anunciaba, dado el caso, las futuras coaliciones políticas para contar con una mayoría parlamentaria y tener gobernabilidad. García es al mismo tiempo un caudillo nacionalmente devaluado (la mayoría ya no cree en él) y un caudillo respetado en el partido aprista al que le otorga un sentido instrumental y el que se siente poco o nada sin él. Por esas razones, García impuso al Apra esa fórmula presidencial y colocó también en los primeros puestos a sus propios candidatos al Congreso. Constitucionalmente, García es el Jefe de Estado y representa a la nación, pero, en realidad, es el Presidente de los ricos y, a partir de sus tesis sobre el Síndrome del perro del hortelano, quiere ser y se perfila como el jefe de la derecha en el Perú.

Si se tiene en cuenta los cambios en las relaciones de fuerza entre los actores sociales, políticos y los poderes fácticos, los cambios institucionales y las políticas que García despliega en el tiempo, se puede establecer la siguiente periodización en los dieciocho meses transcurridos del gobierno:
1. La conformación de una coalición de derecha y la fragmentación de las oposiciones (de julio a noviembre del 2006). Este es también el período del presidencialismo retórico y de la decisión política de la continuidad neoliberal.
2. El shock de las inversiones y la emergencia de una oposición social y regional (de diciembre del 2006 a diciembre del 2007). Este es el periodo de la boyante caja fiscal gracias, no a la política de austeridad de García, sino a los altos precios de los minerales, de pérdida temprana de la iniciativa política y del favor de la opinión pública y del jaque al gobierno por la oposición social y regional. Este período comprende dos momentos políticos relevantes:
a. El calentamiento social o el choque entre el gobierno y la oposición social y regional (primer semestre del 2007). En este momento la oposición social y regional plantea una embrionaria agenda política propia y García amenaza, se desespera y ofrece también un pacto social que muere casi al nacer.
b. El rentismo como modelo de desarrollo, la liberalización comercial y la confrontación política (segundo semestre del 2007). Este el momento del explícito viraje ideológico con su ya famoso artículo en El Comercio, El Síndrome del perro del hortelano, en el que propone un modelo rentista de desarrollo, de los TLC, de la apertura a los productos industriales.
Esta mezcla de fiesta y conflicto durante el 2007 acaba con el cambio parcial de ministros y con la desaprobación general de García y su gobierno. El shock de inversiones y las políticas fiscales y monetarias del gobierno han incrementado la demanda interna en casi 12%, han acelerado las tasas de crecimiento (8.3 en el 2007), han aumentando las importaciones y han favorecido la emergencia de preocupantes presiones inflacionarias (3.9). Esta difícil situación y la recesión de la economía norteamericana pueden inducir al gobierno a desplegar políticas restrictivas, a reducir los montos inversión en las regiones, dando lugar a renovadas protestas sociales y recomposiciones políticas en el tercer período político que ya se inició.







Sinesio López Jiménez

A un año y medio de gobierno, la caída de García en la valoración ciudadana es acelerada e incontenible: Más de dos tercios de los peruanos y peruanas lo desaprueban, especialmente en el oriente, sur y centro en donde el rechazo se empina hasta el 84%. La desaprobación va acompañada de la pérdida de confianza y credibilidad: El 75% no tiene confianza en el gobierno de García o le tiene poca confianza. Las regiones más renuentes a otorgarle un voto de confianza son el centro, el sur y el oriente en donde la mitad de sus poblaciones no le tiene ninguna confianza. Evaluando el desempeño del actual gobierno aprista y sus políticas, la gente se siente igual o peor en lo que se refiere a la creación de empleo (79%), en el control de la inflación (84%), en sueldos y salarios (86%), en la calidad de la educación pública (82%), en el acceso a los servicios de salud (80%), en el acceso al agua y al desagüe (71%), en los problemas de delincuencia e inseguridad (92%), en la reforma del poder judicial (87%), en la lucha contra la corrupción (87%). Las mejoras sólo se sienten en lo que se refiere a los acuerdos comerciales internacionales (37%), en la promoción de la inversión privada (28%). Todo esto significa que, en opinión de enorme mayoría de la gente, García es desaprobado en la aplicación de las políticas sociales, en las políticas de seguridad ciudadana y en la lucha contra la corrupción y que sólo una tercera parte lo aprueba en las políticas económicas que favorecen, en mayor medida, al empresariado y al capital. El único caso de política social en que la gente siente una cierta mejora es en el acceso al agua y al desagüe: el 26% cree que su situación ha mejorado en este rubro. Para decirlo directamente con todas sus letras: la mayoría del país cree que García está gobernando para los ricos en desmedro de los pobres. Visto desde la legitimidad y desde la gobernabilidad, todo esto significa que García y su gobierno han perdido legitimidad por desempeño, aunque mantiene, obviamente, la legitimidad de origen. Es probable que esa pérdida sea mayor en las clases populares y pobres de las diversas regiones del país, incluida Lima, la más conservadora de las regiones. Pese a ello, la gente es suficientemente sensata para creer que su segundo gobierno es mejor que el primero. Sorprende, sin embargo, que para la mitad del país el actual gobierno aprista sea igual o peor que el de 1985-1990. En este alto porcentaje están probablemente los pobres de siempre cuya situación de pobreza sigue igual o peor desde el primer gobierno de García o desde antes. Este es el núcleo duro que no le reconoce mérito alguno al Presidente.

Dado este sombrío panorama para el gobierno, hay que preguntarse si los cambios en el gabinete que se han producido ayer significan una toma de conciencia y un propósito de enmienda de sus errores y de sus políticas nefastas. Una rápida revisión de los ministros que se van, de los que se quedan y de los que entran lleva a concluir que se trata más de lo mismo. De poco o nada sirven los cambios de ministros si se mantienen las mismas políticas del gobierno. Cuando la gente exige un cambio de ministros, lo que generalmente quiere, ilusamente quizás, es un cambio de políticas. Esto no niega que la gente pida, además, el reemplazo de los ministros ineficientes y corruptos. Pero García se ha negado a atender esta demanda limitada manteniendo en su puesto al cuestionado ministro del Interior. Llama la atención, en cambio, la salida de Alan Wagner, un correcto y eficiente ministro de Defensa que logró plantear en términos democráticos la relación entre los civiles y los militares. García tiene que explicar a la opinión pública qué hace en el Ministerio de Justicia una abogada a la que todos vimos defender con uñas y dientes la empresa televisora de un corrupto. Los pequeños maquillajes ministeriales remozan al gabinete gastado que preside Jorge del Castillo, pero no lo cambian ni cambian las políticas que García viene desplegando al servicio de los dueños de huerto. Por el contrario, las confirma.

Algo que llama la atención de las encuestas es la contradicción entre la situación política y las expectativas económicas de la gente: El 87% cree que la situación política general es regular, mala y muy mala en todas las regiones del país, pero el 43% piensa que su situación económica y la de su familia mejorará en el 2008, salvo el centro que es la región más pesimista con respecto a su futuro inmediata: Sólo el 16% sospecha que su situación económica puede mejorar. Más aún: El 39% siente ahora que su situación económica y la de su familia han mejorado. Nuevamente las regiones más pesimistas son el centro (16%) y el sur (28%). Pese a las expectativas económicas crecientes de la gente, García es mirado con sospecha y desconfianza. Por algo será.

Sinesio López Jiménez

La mayoría de los medios, de los políticos y de los analistas sostienen que no se debe politizar los juicios a los que será sometido Fujimori, que los jueces no deben ser sometidos a presiones políticas y que sólo ellos, sin interferencias de ninguna clase, deben decidir de acuerdo a la ley. Sólo los fujimoristas creen que pueden salvar a su líder politizando los juicios. Mi impresión es que es difícil separar el escenario de los estrados judiciales del escenario político por varias razones. En primer lugar, los delitos de los que se acusa a Fujimori fueron cometidos por él como autor mediato o, en todo caso, cuando él era gobernante. En segundo lugar, el fujimorismo se expresa a través de una pequeña fuerza política parlamentaria que, como diría Sartori, cuenta porque tiene capacidad de chantaque y puede organizar coaliciones para dar mayoría a la primera minoría gubernamental. En tercer lugar, el gobierno va a ser tocado tanto en la cúpula del Ejecutivo (sus vicepresidentes fujimoristas) como en el congreso en el que el Apra tiene que confirmar o desmontar su alianza con el fujimorismo. En cuarto lugar, los medios, sobre todo los de oposición (que son pocos pero son), no pueden, más allá de sus declaraciones, dejar de relacionar lo que pasa en los estrados judiciales con lo que pasa en la política. Finalmente, los parlamentarios fujimoristas han expresado su voluntad explícita de polítizar los juicios. Pese a que es difícil separar lo judicial de lo político en el caso de Fujimori, es necesario, sin embargo, diferenciar la lógica de los crímenes y del derecho penal de la lógica del poder y de la política. Esta diferenciación es lo que garantiza un juicio justo, objetivo e imparcial. ¿Cuáles son las armas a las que apelan los fujimoristas para politizar los juicios?. Tres son los argumentos fundamentales que esgrimen en defensa de su líder. En primer lugar, sostienen que Fujimori fue un buen gobernante que enfrento con éxito la crisis económica de los 80 y que acabó con el terrorismo. En segundo lugar, que Fujimori no es el autor de los delitos de lo que se le acusa y que no sabía nada de los asesinatos ni de la corrupción. En tercer lugar, que las acusaciones hechas a Fujimori constituyen, en realidad, una persecución política. Todas estas “tesis” son francamente deleznables, particularmente la segunda y la tercera. Los expedientes de los diversos juicios contienen evidencias fácticas que muestran que Fujimori no sólo sabía de los crímenes de lesa humanidad que cometía el Grupo Colina sino que los apoyaba premiando a sus autores. Lo mismo sucede con los expedientes de la corrupción. Ahora viene a mi memoria la justificación y defensa que Fujimori hizo de Montesinos cuando César Hildebrant publicó las primeras evidencias de la corrupción de Montesinos mostrando los millonarios depósitos en el Banco Wiese. Fujimori sostuvo entonces que Montesinos eran un abogado exitoso y que por eso recibía elevados honorarios profesionales. En el supuesto negado de que no sabía nada de los asesinatos y de los robos cometidos durante su gobierno, ¿ qué buen gobernante era ese que no sabía nada de lo que pasaba en su entorno más inmediato?. Si efectivamente no sabía nada, entonces no estaríamos frente a un buen gobernante sino frente a un idiota superlativo. Por todo lo que los peruanos sabemos, Fujimori era todo menos un idiota. La acusación de persecución política tampoco tiene algún asidero. ¿Quien persigue a Fujimori?. ¿El gobierno aprista acaso?. Todos sabemos que el presidente García no movió un dedo para extraditar a Fujimori. La justificación para su inactividad en el proceso de extradición de Fujimori era el respeto a los fueros del poder judicial de Chile, olvidando que el Perú y el gobierno del Perú eran parte interesa en ese juicio de extradición.

Creo que es necesario discutir también la tesis de Fujimori buen gobernante. Ese es un mito, construido por los medios y los empresarios fujimoristas, que es necesario desmontar. En efecto, los medios comprados por Fujimori y por Montesinos y los empresarios que se beneficiaron con su gobierno nos han vendido la imagen de Fujimori como gobernante exitoso y han personalizado los supuestos éxitos de su gobierno (la solución de la crisis económica y la pacificación) en él. Los analistas tienen que desplegar un examen serio y exhaustivo desde la perspectiva de la economía política para entender y explicar objetivamente las transiciones económica y estatal que se produjeron en los primeros años de los 90, estudiar los actores y las coaliciones que las impulsaron, examinar el contexto en que se produjeron, precisar sus características y señalar sus logros y sus limitaciones y, desde luego, presentar el papel de Fujimori en esas transiciones. En lo que se refiere al proceso de pacificación, pienso que la Comisión de la Verdad ha desempeñado una tarea esclarecedora que todos debiéramos agradecer. Sólo falta resumirla y divulgar para que llegue a las escuelas, a las familias y a la opinión pública.
Sinesio López Jiménez

Fujimori no es, por cierto, Luis Bonaparte, pero se le parece, no en el aspecto físico obviamente, sino en la fisonomía política y en la contextura moral, que son dimensiones vitales que cuentan para la política y para la historia. El fujimorismo no es el bonapartismo, pero ambos tienen un cierto aire de familia en lo que se refiere al personaje, al contexto político y a la atmósfera espiritual que los envuelve. Como Luis Bonaparte, Fujimori no tenía un proyecto para el país, sino una obsesión: asaltar el fisco (para pagar sus deudas de jugador tramposo en el caso de Bonaparte y para vivir a cuerpo de rey en el caso de Fujimori). Y tuvo también su sociedad 10 de Diciembre (su asociación ilícita para delinquir jefaturada por Vladimiro Montesinos), una parte de la cual está ahora presa en el penal de San Jorge. Y contó asimismo con su general Magnan (Hermoza, el general victorioso) para cerrar el parlamento y apoderarse del poder total el 5 de abril de 1992. No sabemos cuánto le costó el asalto: A Bonaparte, en cambio, el golpe del 2 de diciembre de 1851 le costó un millón de francos que cobró el general Magnan y 15 francos, cada soldado, previo robo al Banco de Francia de 25 millones de francos. Sin embargo, todos sabemos hoy, por los juzgados anticorrupción, que el general victorioso cobró (es un decir) más de 14 millones de dólares por los servicios prestados a Fujimori. El Chino nació políticamente, no de una revolución abortada como Luis Bonaparte, sino del terror (que creía hacer una revolución y que, en realidad, produjo una contrarrevolución) y del voluntarismo de un presidente inexperto e irresponsable que creía que la economía no tenía leyes, patrones, reglas a las que los políticos tienen que prestar atención para mantenerla o para cambiarla. Del mismo modo que la revolución francesa de 1848 destruía a los partidos y a las instituciones estatales a medida que retrocedía, aquí el terror y el colapso económico arrasaban con la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones estatales, la serenidad y el buen juicio de los ciudadanos a medida que avanzaban. Sin sociedad civil, sin partidos políticos, sin instituciones estatales, el Perú quedó desguarnecido, irrepresentado, desprotegido y disponible para que cualquier aventurero pudiera apoderarse de él. Fujimori no hizo nada importante que le permitiera ganar el poder. Este le cayó del cielo lleno de nubarrones impredecibles. En efecto, Fujimori apareció en el escenario político sobre los hombros de una masa electoral que, angustiada por la profunda crisis económica, asustada por la desquiciada violencia terrorista y decepcionada de todos los partidos políticos, lo catapultó al primer plano de la política, eligiéndolo para que compita en la segunda vuelta electoral con Mario Vargas Llosa. Fue ungido Presidente de la República con el voto idiotizado de los militantes y simpatizantes del APRA y de las izquierdas para frenar al novelista que amenazaba con un temible shock que, sin embargo, hubiera sido probablemente agua de malvas si se lo compara con el que Fujimori aplicó, instruido y guiado por los organismos económicos internacionales y por el capital nacional e internacional. En efecto, el shock estabilizador y las reformas estructurales, que casi se superpusieron, fueron, como se dijo en su momento, operaciones con hacha y sin anestesia. Hay que ser muy fujimoristas (y muy otras cosas) para creer que esas operaciones fueron obra del genio de Fujimori. Ningún modelo económico se implanta si una coalición social y política no lo organiza y lo sostiene, si un equipo tecnopolítico no lo gerencia y lo gestiona, si la vieja coalición social y política que sustenta el viejo modelo no está derrotada, si el antiguo modelo económico (a ser reemplazado) no experimenta una profunda y destructiva crisis de agotamiento y si la correlación internacional de fuerzas económicas y políticas no lo respalda. Fujimori sólo fue un socio más (pasajero por cierto) de esa coalición triunfante que alumbró mellizos: la economía de mercado y el estado neoliberal. Y ¿el terrorismo?, ¿Quién acabó con el terrorismo?. ¿Fue acaso Fujimori, el estratega?. Sin desconocer la acción valiente de los oficiales y los soldados que se batieron heroicamente contra el terrorismo, poniendo el pecho a las balas y respetando los derechos humanos, es necesario reconocer el papel decisivo que jugaron los servicios de inteligencia, sobre todo la inteligencia policial, y las rondas campesinas en la derrota de Sendero Luminoso y del MRTA. El mismo día en que Fujimori pescaba mojarritas en la Selva, la Dircote apresaba al pez gordo (Abimael Guzmán) del terrorismo en Lima.

La hoja de vida (o prontuario) de Fujimori contiene dos hazañas más, quizás las más perversas: la organización de un gobierno autoritario y corrupto (que le permitió gobernar para los ricos con el apoyo de los pobres) y el establecimiento de la era del cinismo. Producido el autogolpe del 5 de abril de 1992, Fujimori procedió, por un lado, a controlar y desmontar sistemáticamente los organismos institucionalizados de control horizontal (Congreso, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Contraloría, etc) y, por otro, a comprar y sobornar a los medios, especialmente a la TV, con la finalidad de eliminar todo control vertical y social. De ese modo, allanó el terreno para el asalto y el saqueo sistemático y organizado a las arcas fiscales. Fujimori instauró la era del cinismo como clima cultural irrespirable en el que todo valía: la farsa, la mentira, el engaño, la infamia como forma de gobierno .






Sinesio López Jiménez

Leer es un proceso complejo. Leer en el Perú y en América Latina es un proceso más complejo aún. Asumido por algunos medios, tengo la impresión que el tema, lejos de ser esclarecido, ha sido más bien maltratado y distorsionado. Para entendernos, propongo un esquema básico de análisis que comprende tres elementos centrales: la fenomenología de la lectura, las determinaciones causales y las consecuencias. Dejando para otra ocasión los dos últimos temas, en esta oportunidad voy a escribir sobre la fenomenología de la lectura que es rescatada generalmente por las encuestas especializadas y que alude a los siguientes componentes: el sentido (qué significa leer?), los motivos (las razones por las que se lee), los estímulos (familia, escuela, amigos, etc que inducen a leer), el nivel (el porcentaje de gente que lee), el contenido (los temas leídos), el soporte ( libro, revista, internet, periódico, etc. en que se lee), la densidad (número de libros, periódicos, temas leídos en diversos soportes), la intensidad (días a la semana y horas al día o a la semana dedicadas a la lectura), el lugar en donde se lee (casa, biblioteca, etc.), la forma como se lee (en silencio, en alta voz), el contexto socio-histórico (sociedad ágrafa, caligráfica, etc.) y la comprensión lectora (aplicación de técnicas y nivel de comprensión). Los datos que sirven para presentar esta fenomenología de la lectura se basan en una encuesta representativa en el nivel nacional y departamental hecha a 20 mil personas por la Biblioteca Nacional del Perú y por la Universidad Nacional de Ingeniería a fines del 2004.

¿Qué sentido tiene leer?. Descartes sostenía que leer es dialogar con los hombres más eminentes de la inteligencia. Proust subrayaba, en cambio, la asimilación de ideas y el acto de reflexión individual. Descartes enfatizaba el sentido crítico de la lectura y Proust, el desarrollo personal. La gente de a pie identifica, en cambio, el sentido con el motivo de la lectura. En el Perú, el 28% lee por entretenimiento o gusto; el 21.2%, por estudio; el 19.5%, por desarrollo personal y el 1l 16.0%, por cultura general. ¿En dónde encontró la gente los estímulos para leer?. El 44% lee por iniciativa propia; el 27.9%, por consejo de sus profesores y el 20.1% fue inducido por la familia. ¿Cuántos peruanos leen?. Casi 19 millones de peruanos pueden leer y escribir, pero sólo leen 15 millones (79%) y 4 millones (21%) no leen, pese a que pueden hacerlo. Estos últimos son analfabetos funcionales. El 7.3% de los peruanos debiera leer, pero no puede hacerlo porque es analfabeto, según la Encuesta Nacional de Hogares. Sin embargo, el dato peruano del siglo XX es el repliegue del analfabetismo (57.6% en 1940, 38.9% en 1961, 18.1% en 1981, 12.8% en 1993, 7.3% en 2004). ¿ Cuántas personas leen en cada hogar?. De 3 a 4 personas (50.9%), de 1 a 2 personas (25.7%) y de 5 a más personas (23.4%) ¿Qué leen los peruanos o en que soporte leen?. La respuesta es múltiple. El 71.6% leen periódicos; el 55.0%, libros; el 36.1%, revistas; el 24.2%, internet (en Lima, el 34.6% en 2004 y casi el 50%, en 2007, según la ultima encuesta de la PUCP, leen en internet), el 20.1%, la Biblia. ¿Qué temas leen los peruanos?. La respuesta es también múltiple: Arte y cultura, el 32.2%; lengua y literatura, el 27.8%; deporte, el 23.8%; política, el 21.7%; historia y geografía, el 13.3%; economía, el 7.3%; religión, el 7.3%.

¿Cuánto tiempo le dedican los peruanos a la lectura?. El 29% lee todos los días; el 31.6%, interdiario y el 30.4%, los fines de semana. En términos de horas, el 49.2% lee de 1 a 3 horas; el 31.5%, de 4 a 7 horas y el 18.4%, más de 8 horas. ¿Cuántos libros han leído los peruanos en los últimos tres meses?. El 18.9% ha leído un libro; el 10.9%, 2 libros; el 5.2%, 3 libros; el 2.5%, 4 libros y el 4% más de 5 libros. Vista la lectura en una perspectiva comparada, el promedio de libros leídos por los peruanos llega a 3.6 al año en el 2004, mientras en Colombia se leía 2.4 libros promedio en el 2000 (DANE, Encuesta Nacional de Hogares). Esta cifra debe haber cambiado significativamente en el caso colombiano después de 7 años. ¿En dónde leen los peruanos?. En su casa (79.3%), en cualquier lugar (10.8%), en su centro de estudios (3.1%) y en las bibliotecas en donde no encuentra generalmente los libros que buscan (1.4%). Y ¿de donde provienen los libros qué leen?. El 33.6% son libros propios, el 5% son libros prestados por particulares y 2.8% son prestados por las bibliotecas (lo que constituye una vergüenza porque las bibliotecas son renuentes prestar libros a domicilio y no cuentan con lo fondos necesarios para adquirir libros). Si se consideran los libros propios leídos como 100%, el 66.6% son libros originales; el 17.4% son fotocopiados y el 15% provienen de ediciones piratas: Un poco más de un millón de libros leídos provienen de la piratería. Y ¿cómo leen los peruanos? La mayoría (79.3%) prefiere leer en silencio, el 10.9%, en voz alta y el 8.2%, está abierto a las dos formas de lectura, dependiendo de los temas que lea. ¿Cómo debe ser el ambiente en el que se desarrolla la lectura? . La mayoría (71.8%) prefiere un silencio monacal, el 12.8% lee gusta escuchar música (espero que no sea rock duro) mientras lee y al 11.1% le es indiferente el ambiente.

El tema más difícil de todo este complejo lector es el que se refiere a la comprensión lectora: ¿Entienden los peruanos lo que leen?. Es difícil saberlo por medio de una encuesta como ésta, pero sí sabemos los métodos utilizados por los lectores peruanos para comprender mejor lo que leen. El 34.7% aplican diversas técnicas para comprender lo que leen: (el 19.4% subraya los textos, el 8.1% hace resúmenes y el 0.8% recurre a esquemas sinópticos). Y cuando encuentran en la lectura una palabra que no entienden, el 19% pregunta por su significado, el 54% acude a un diccionario, el 8.1% lo deduce del contexto, el 14.7% continúa leyendo y el 1.9% se rinde y abandona la lectura.

Sinesio López Jiménez

Pese a que nuestra cultura política es profundamente estatista, como lo muestran todas las encuestas que tocan el tema, la reforma del estado, considerada en sí misma y en forma aislada, es un asunto frío, casi gélido. Ella no despierta, en efecto, las pasiones de los gobernantes ni las de los gobernados. Eso explica que, para colocarlo en la agenda pública, hay que asociarlo a un tema caliente que ya está de antemano allí movilizando conciencias, suscitando debates, desplegando iniciativas, etc, como lo demuestra el excelente libro de Juan Carlos Cortázar Velarde que lleva por título “La reforma de la Administración Pública Peruana (1990-1997), conflicto y estrategias divergentes en la elaboración de políticas”.

Cortázar sostiene que las propuestas de reforma de la administración pública en el Perú pasaron por dos ciclos entre 1990 y 1997. El primero, que fue relativamente exitoso, tenía que ver con la reducción del tamaño del Estado y con la creación de entidades autónomas como la SUNAT y el FONCODES, temas que se debieron asociar con la estabilización (para acabar con el déficit fiscal y con la inflación) y con la privatización de las empresas públicas (con la finalidad de destronar al Estado y entronar al mercado en la asignación de recursos para el desarrollo) para que fueran discutidas como un paquete único. En la práctica, estos primeros temas de la reforma de la administración pública formaron parte de lo que los técnicos de los organismos internacionales llaman reformas de primera generación y que los académicos, desde una perspectiva clásica y no empirista del Estado, llaman cambio en la forma de Estado puesto que se transita del Estado Populista al Estado Neoliberal. Este es el eje central de la carreta del estado que da sentido y organiza las reformas parciales del estado. Cortázar demuestra también que la reforma de la administración pública no es sólo un asunto técnico sino también político, esto es, que si dicha reforma no es asumida por una coalición social y política que la sustente está condenada al fracaso. El éxito de de lo que Cortázar llama reformas de enclave del primer ciclo de políticas se debió a la amplitud y solidez de la coalición que las respaldó. Las políticas de reforma no caen solas del cielo sino que son diseñadas, propuestas, gerencialas y gestionadas por un equipo especial que Cortázar llama empresarios de políticas porque tienen algunas características especiales: liderazgo, audacia, experiencia de gerencia. En el caso peruano, no se puede hablar propiamente de empresarios de políticas sino de empresarias de políticas puesto que sendos equipos que impulsaron los dos ciclos de reformas estuvieron integrados por mujeres guapas, simpáticas, audaces e inteligentes. Hobbes y los federalistas (Madison, Hamilton y Jay), a mi juicio los más brillantes diseñadores de estados en el mundo occidental, estarían orgullosos de contar entre sus filas a estas ilustres e ilustradas seguidoras, aunque que no compartan con ellas la ciega fe liberal que inspira sus discutibles ideas sobre el cuado administrativo del Estado Neoliberal.

El fracaso del segundo ciclo de reformas, cuya propuesta giró en torno a una reforma global para resolver el desorden administrativo y ya no sobre el tamaño del Estado, tiene que ver con las dificultades del equipo, que ya no estaba constituido por empresarios de políticas sino por “funcionarios-consultores”, para colocar su propuesta en la agenda pública y promover la formación de una coalición política que le diera su respaldo y la hiciera viable.

Sin cuestionar la indudable calidad académica del libro de Juan Carlos Cortázar, quiero relativizar la tesis del éxito del primer ciclo de reformas. Mientras no se coloquen en el centro de las reformas estatales los intereses del ciudadano, los éxitos serán siempre relativos. En los casos analizados por Cortázar, el éxito tiene que ver con el funcionamiento del modelo económico neoliberal y no con los intereses de los ciudadanos. ¿Exitos para quien?, ¿la SUNAT exitosa?, ¿exitosa en qué y para quien?. ¿ Es exitosa para el ciudadano común y corriente?. Es una cruel ironía hablar de éxito ante estas dos imágenes inevitables cuando se habla de política impositiva: la SUNAT metiendo la mano al bolsillo de los ciudadanos y Montesinos entregando cerros de billetes a los corruptos en la salita del SIN. Ante esas imágenes irritantes, es legítimo preguntarse a lo Bodino ¿cuál es la diferencia entre un asaltante y la SUNAT?. Materialmente ninguna. La diferencia radica en los fines supuestamente diferentes. ¿Exitoso el Foncodes?. ¿A quien le ha ganado?. ¿A la pobreza?. ¿En qué porcentaje ha reducido la inmensa cantidad de pobres?. Pese a que Fujimori gastó 800 millones de dólares al año desde 1993 en adelante, allí están las cifras victoriosas de la pobreza –más del 50% de pobres y 20% de extrema pobreza- para desmentir sus supuestos éxitos.

Sinesio López Jiménez

Con el debate sobre el tercio superior hemos comenzado a arañar el problema de fondo: el estado calamitoso de la educación pública. Es un error, sospechosamente cometido, quedarse en la selección de los maestros calificados para la enseñanza como si eso fuera la clave para resolver todos los males de la educación pública. Ese es un planteamiento inadecuado y tramposo para el caso peruano y latinoamericano. En el Perú, los gobernantes de turno y la prensa conservadora quieren maestros europeos con sueldos africanos: la política del cholo barato aplicada en el campo educativo. La pregunta que hay que formularse para tocar los problemas de fondo es si la educación pública cumple la función de mecanismo de igualación de las oportunidades en sociedades tan profunda y extensamente desiguales como las latinoamericanas. La respuesta es negativa. Los informes de los organismos internacionales especializados en el tema (UNESCO, PREAL, CEPAL y otros) llegan a las siguientes conclusiones: En primer lugar, los rendimientos nacionales e internacionales de los escolares es alarmantemente bajo. Con la excepción de los escolares cubanos que alcanzaron, en una prueba internacional de matemáticas aplicada en 1998, un alto rendimiento, los de los otros países latinoamericanos sólo obtuvieron resultados medianos y mediocres: “incluso el cuarto inferior de los alumnos cubanos superó el promedio regional” de AL (PREAL, Diciembre del 2001). En segundo lugar, los niveles promedio de educación siguen siendo inferiores a los patrones mundiales, a pesar del incremento de la matrícula en los niveles de primaria y pre-escolar: “La fuerza laboral latinoamericana tiene, en promedio, menos de seis años de educación, dos años menos de los patrones mundiales” (PREAL) y varios menos de los Cuatro Tigres Asiáticos (Corea, Taiwán, Singapur y Hong Kong). En tercer lugar, la tasa de los egresados de primaria es baja: En América Latina, sólo Cuba, Uruguay y Chile, tienen altas tasas de egreso en el nivel primario, comparables a las de China y a las de los Tigres Asiáticos. La tasa de egresados de la secundaria es menor aún: En los países más desarrollados de América Latina (Chile, Brasil, Argentina y México) egresan menos de la mitad de los que estudian la secundaria. ¿Qué decir del Perú?.

En cuarto lugar, los sistemas educaciones reproducen las diversas desigualdades que existen América Latina: “El 10% más rico de las personas de 25 años de edad tienen entre 5 y 8 años más de escolaridad que el 30% más pobre” (PREAL). La desigualdad es más profunda en las zonas rurales y en los grupos étnicos y raciales discriminados (negros, indios, cholos, etc). En efecto, el rendimiento es menor en los alumnos de los sectores pobres y de las zonas rurales: “En Chile, por ejemplo, los niños provenientes de grupos de menores ingresos obtienen aproximadamente 20 puntos menos en lenguaje que los niños provenientes de familias de mayores ingresos. La prueba de UNESCO/OREALC para los alumnos de tercero y cuarto grados de 13 países latinoamericanos concluyó que, con pocas excepciones, los alumnos de zonas rurales obtenían puntajes más bajos que sus contrapartes de las zonas urbanas en matemáticas y lenguaje” (PREAL). Pese a la relativa igualdad en el nivel educativo entre hombres y mujeres, existe, en el reclutamiento del personal docente en las escuelas de los países latinoamericanos, un sesgo de género que tiene que ver con la desvalorización de la educación en nuestros países. Cuando existe un arraigado machismo estructural, toda actividad que se desvaloriza se feminiza.

En quinto lugar, la distribución del gasto público refuerza la desigualdad al concentrarse desproporcionadamente en la educación superior: “Dado que la educación superior sirve principalmente a los sectores medios y altos de la población, este patrón de gasto discrimina de manera importante en contra de los pobres, que rara vez logran alcanzar niveles universitarios” (PREAL). Hay que relativizar está última tesis porque puede sugerir la idea de que es necesario reducir el gasto en la educación universitaria pública para contribuir a la equidad, cuando de lo que se trata es de incrementar el gasto público en los niveles de primaria y secundaria. El gasto en estos niveles tiende a bajar en e Perú: “ Así, luego de que en la primera mitad de los años setenta se gastara en promedio 399 dólares por alumno, desde 1976 hasta 1986 la cifra correspondiente osciló alrededor de 255 dólares. El nivel mínimo al cual se llegó fue de 162 dólares en 1990. Hacia el 2000, el gasto por alumno fue de 278 dólares, monto similar al observado en 1981” (Jaime Saavedra y Pablo Suárez, El financiamiento de la educación pública en el Perú: el rol de las familias, Grade, p. 12). Haciendo una comparación con otros países de América Latina, estos autores llegan a esta dramática conclusión: “…el gasto estatal por alumno en el Perú equivale a 18% del correspondiente a Chile y a 31 % del desembolsado en Brasil, aunque es superior al gasto por alumno en el Paraguay. En secundaria, el gasto estatal por alumno en el Perú es menor que el gasto por alumno en el resto de países considerados”. Si esto es así, ¿con qué derecho y con qué moral los gobernantes de turno y la prensa conservadora se quejan de los maestros y de la mala calidad de la educación pública?


Sinesio López Jiménez

Los países con parlamentos bicamerales constituyen una minoría en el mundo actual. De los 180 países miembros de la Unión Interparlamentaria en el 2002, 72 eran bicamerales y 116, unicamerales. Los parlamentos de los 18 países democráticos de América Latina se dividen paritariamente entre unicamerales y bicamerales. La tendencia en el mundo actual es la unicameralidad. En la década del 90, Perú y Venezuela pasaron de una estructural bicameral a una unicameral basándose en consideraciones y en perspectivas autoritarias. ¿De qué factores depende la estructura parlamentaria? Esta, al parecer, no depende del grado de desarrollo de los países ni del tipo de sistema político democrático. De hecho, los países desarrollados y los no desarrollados cuentan, por igual, tanto con parlamentos unicamerales como con bicamerales. Puede decirse lo mismo de los tipos de sistemas políticos democráticos: los sistemas presidencialistas, parlamentaristas o semipresidencialistas tienen indiferentemente parlamentos unicamerales o bicamerales. Pareciera que los factores determinantes son las tradiciones que provienen de la cultura política. El diseño institucional de muchos países de América Latina, tanto en el presidencialismo como en el parlamentarismo, fue copiado del diseño norteamericano, introduciendo algunas novedades como el sistema proporcional en la elección de los congresos, lo que incide decisivamente en la división de poderes, en la conformación de los partidos parlamentarios y en la gobernabilidad democrática de estos países. Sin caer en determinismos geográficos, los congresos unicamerales de América Latina parecieran ser propios de países pequeños, sobre todo en América Central y en el Caribe, con la notable excepción de Santo Domingo. Aunque, es necesario reconocerlo, existen países pequeños en Sudamérica (Bolivia, Uruguay y Paraguay) cuyo congreso es bicameral. El tamaño y el volumen de la población de un país en el mundo moderno están estrechamente vinculados con la complejidad social y ésta incide decisivamente en el fenómeno de la representación que, a diferencia de las repúblicas clásicas, tiene que vérselas con las facciones de todo tipo y con la pluralidad social y cultural.

Las argumentaciones que justifican una u otra de las opciones (unicameral o bicameral) en la estructura parlamentaria son diversas. Los partidarios del unicameralismo apelan a dos razones principales: la agilidad del sistema unicameral y el menor costo que él implica. La primera razón es atendible, pero la segunda no es cierta, al menos para el caso peruano: el actual congreso unicameral es más caro que el antiguo bicameral. Los partidarios de la bicameralidad levantan cuatro argumentos importantes: la representación de intereses diferentes, la configuración de un sistema de pesos y contrapesos, la mejora en la calidad de la ley y la conformación de una élite política nacional. De estas cuatro razones, la principal es, sin duda, la representación de intereses. En todo caso, de la diferencia de intereses nacieron las dos cámaras legislativas en Inglaterra: La Cámara de los Comunes y la de los Lores. En el caso norteamericano, la Cámara Alta representaba y representa los intereses de los estados federales. De esta manera, el Senado se convirtió en uno de los garantes de la equidad en la relación entre los estados federales de Estados Unidos. La mayoría de países de América Latina, sean Federales o no, ha seguido el modelo norteamericano y elige a sus senadores que representan los intereses de sus respectivas regiones. En otros países (Uruguay, Paraguay) los senadores son elegidos en el nivel del distrito nacional y representan, por consiguiente, el interés de nacional. Santo Domingo y Colombia son casos especiales. La mitad del Senado dominicano es elegido por las provincias (uno por cada una de ellas) y la otra, en el distrito nacional. En el caso colombiano, la mayoría del Senado (100) es elegida en distrito único, 2 son elegidos en la circunscripción especial de comunidades indígenas y cinco representan a otras circunscripciones territoriales. La actual propuesta peruana, a diferencia de la propuesta de la Constitución del 79, es parecida a los modelos de Uruguay y Paraguay. En el caso peruano, la elección del Senado en distrito nacional tiene la ventaja de impulsar la formación de una élite política nacional en circunstancias en que la actual representación congresal tiende más bien a la fragmentación y al localismo. No hay que desdeñar tampoco el papel de contrapeso que ha jugado el Senado en el pasado frente a un presidencialismo exacerbado. En los peores momentos del primer gobierno desastroso de García (estatización de la banca e hiperinflación), fue el Senado el que serenó el partido y puso orden. Uno de los temas importantes que no toca el debate actual es el tamaño de la representación, chantajeados quizás por el desprestigio del Parlamento y por el argumento de los altos costos de la representación parlamentaria. Casi en todos los países de América Latina el tamaño de las Cámaras está determinado por el volumen de la población y se va ajustando cada vez que se realiza un nuevo censo poblacional. Visto en perspectiva comparada, el Perú es un país sub-representado con respecto a los otros países de América Latina.

Me parece que, en términos de diseños institucionales, el debate sobre la estructura parlamentaria importa, pero no tanto. En realidad, el debate no debiera centrarse en la estructura de la representación parlamentaria sino en el tipo de sistema político. El único presidencialismo que funciona es el norteamericano. En América Latina casi todos son deficitarios. ¿Qué tipo de sistema político requiere el Perú y América Latina?. ¿Presidencialismo, parlamentarismo o semipresidencialismo? En el nivel teórico y normativo ya se produjo ese debate hace algún tiempo entre Juan Linz que apuesta al parlamentarismo, Giovanni Sartori que es partidario del semipresidencialismo a la francesa y Dieter Nohlen que prefiere más bien un presidencialismo renovado. Urge peruanizar ese debate.



Sinesio López Jiménez

El gobierno de García ha mostrado hasta ahora una sorprendente habilidad para pasar piola y concentrar toda la responsabilidad de la mala situación de la educación pública en los maestros. Casi todas las políticas que despliega el gobierno tienen que ver con tareas que deben realizar los maestros para mejorar la educación pública, pero casi ninguna que apunte a las responsabilidades que debe asumir el estado para obtener los mismos resultados. La opinión pública, en cambio, es más abierta en el señalamiento de los problemas que afectan a la educación. Si bien el 28% cree también que la mala formación de los maestros es el principal problema que enfrenta la educación en el Perú, el 25% opina que la falta de presupuesto en el sector educación es uno de los problemas principales, el 21% apunta con razón a la mala voluntad de los políticos y los gobiernos para enfrentar los problemas de la educación y el 10% achaca los problemas al inadecuado y desactualizado contenido educativo de los cursos. La mayoría de los medios acompaña la visión unilateral del problema educativo que tiene el gobierno y presta poca o ninguna atención a la visión más amplia de la opinión pública. Pese al despliegue publicitario que hace el gobierno sobre las políticas educativas, sólo un tercio de los limeños valora como positivas o muy positivas esas medidas, otro tercio las ve más bien como negativas y muy negativas. Sorprende la drástica caída de la aprobación del ministro de educación en el lapso de un año: En marzo de este año la aprobación (46%) y la desaprobación (43%) casi empatan frente al 61% de aprobación y al 20% de desaprobación en marzo del 2007.

La encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP) de la PUCP presenta una contradicción en la opinión de los limeños que exige alguna explicación: La mayoría coloca una nota aprobatoria a la educación, pero cree al mismo tiempo que ella no prepara a los jóvenes para conseguir buenos empleos ni contribuye a formar mejores ciudadanos. La educación ha dejado de ser una canal de movilidad social y un mecanismo de formación de ciudadanos como en otras décadas (la del 60 y la del 70 por ejemplo). En esas décadas un padre de familia podía decirle a su hijo lo siguiente: No tengo fortuna que ofrecerte, pero la mejor herencia que puedo dejarte es una buena educación. La ciudadanía política (más que la civil y la social) en el Perú y casi en toda AL del siglo XX fue un resultado de la educación más que del cambio en las reglas de juego electoral. Con el sufragio universal, la educación ha dejado de cumplir un papel importante en la emergencia de los ciudadanos, aunque puede jugar un papel decisivo en la calidad de los mismos. Pero eso exige también una educación de calidad. Quizá la aprobación de la educación por parte de la opinión pública tiene que ver más con un cierto prestigio y autoestima que ella otorga (o con el desprestigio que implica la situación de analfabetismo y la carencia de algún nivel de educación) que con su utilidad. En forma concordante con su diagnóstico, los limeños creen que las principales medidas para superar la crisis de la educación son: la capacitación de los docentes (41%), la mayor inversión en el sector educación (16%), la evaluación de los docentes (8%), el mayor interés en el tema educativo por parte del gobierno (6%) y el aumento de los sueldos de los maestros (6%). Esa perspectiva más amplia explica quizás la unanimidad en la exigencia al Estado para dedique más recursos a la educación de los más pobres así como sobre la gratuidad de la educación pública. La exigencia es muy justa si tiene en cuenta que el Perú es uno de los Estados de AL que menos gasta en la educación y si se considera que existe una muy alta correlación entre el nivel de inversión en la educación con la alta calidad de la misma. Jaime Saavedra y Pablo Suárez han mostrado (para el año 2000) que la educación pública no es gratuita puesto “que la sociedad peruana gasta, en promedio, 200 dólares por cada niño en el sistema público en la primaria, de los cuales 32% corresponde al aporte de las familias. En el caso de la secundaria, el Estado invierte 191 dólares y las familias, en promedio, 94 dólares; es decir, de un total de 285 dólares, las familias aportan 33%” (El financiamiento de la educación pública en el Perú: el rol de las familias, GRADE, Lima, 2002, p.25). Pero lo más grave es que el Estado comete inequidades en la inversión en educación: “sumando el gasto del Estado y el de las familias, un alumno en primaria en el quintil más rico del ingreso que accede a la educación publica recibe 326 dólares, 96% más que lo recibe otro en el quintil más pobre. En el caso de secundaria, un alumno del quintil más rico recibe 374 dólares, 53% más de lo que recibe otro en el quintil más pobre. Es más, existe evidencia de que esta diferencia se encuentra subestimada, ya que el gasto del Estado que llega a los quintiles más pobres es menor que el llega a los quintiles menos pobres…”. La baja inversión en la educación y la inequidad de la misma colocan al Estado en la picota. Si el gobierno de García no asume esta responsabilidad, las exigencias de calidad a los maestros, siendo justas, puede parecer una coartada.


Sinesio López Jiménez

El estado es constitucionalmente de todos, pero, en realidad, es sólo de algunos. Lo que me preocupa (y nos debiera preocupar a todos) es que García y su gobierno parecen estar de acuerdo con esta brecha entre la ley justa y la realidad injusta. Para recuperar el optimismo, el lunes de esta semana se abrió, bajo el lema de un Estado para todos, la primera mesa de debate del Seminario sobre la Reforma del Estado que, bajo la dirección de Henry Pease, concluye hoy en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El lema es una crítica implícita a un estado que no funciona en todo ni para todos sino que en algunas cosas funciona y en otras no y que funciona bien para algunos sectores pero mal para la mayoría de los ciudadanos. El Worl Economic Forum acaba de publicar el último Informe Global de Competitividad en el que señala, para vergüenza de los gobernantes, que el Perú ocupa el 15 lugar en el mundo en la fortaleza de protección de las inversiones y el último lugar (131) en la calidad de la educación primaria. Puesto en blanco y negro, esto significa que el Estado peruano funciona bien para los ricos, pero pésimo para los pobres. Si se analiza la relación que el Estado tiene con la economía, por un lado, y con la sociedad, por otro, se puede llegar fácilmente a la conclusión siguiente: El Estado opera más o menos bien en el campo de la economía, pero opera pésimo en lo que refiere a la sociedad. El despliegue de las políticas (macroeconómicas, inversión en infraestructura, subsidios al capital y otras) que tienen que ver con la función estatal de promoción de la inversión privada ha obtenido logros importantes en estos últimos 7 años. Sólo las políticas de investigación científica en desarrollo y la remercantilización de la mano de obra no han funcionado en este campo. En cambio, las políticas de seguridad ciudadana, las políticas culturales y, sobre todo, las políticas sociales (educación, salud, lucha contra la pobreza) que tienen que ver con la función estatal de asignar bienes y servicios públicos a la sociedad han operado y siguen operando mal y pésimo.

El Estado depende, sin embargo, para desempeñarse con eficacia, por un lado, de la economía a través de los impuestos y, por otro, de la sociedad a través de la legitimad que ésta le otorga. Pero, ¿qué sucede en este campo?. En el caso peruano, el Estado es financiado por dos fuentes importantes: la renta de de los empresarios y el IGV de los consumidores. El 62% de los ingresos fiscales provienen de los consumidores en el 2006. Hablando en forma clara y precisa, esto significa que todos los peruanos financiamos un Estado que sólo sirve a unos pocos: los ricos. En otras palabras, el nuestro es un estado de los ricos, financiado por todos, incluidos los pobres que, proporcionalmente, son los que más pagan si se considera el bajísimo nivel de sus ingresos. Esta situación injusta alcanzará ribetes de escándalo si se aprueba la reducción del impuesto a la renta al capital que se invierte, propuesta por el Ministro de Economía que, en este como en otros casos, se muestra como el verdadero ministro del capital. Este tipo de políticas podría implicar una reducción significativa de la presión tributaria (15%) que está por debajo de la media latinoamericana y muy debajo de países latinoamericanos como Brasil y Chile. Es obvio que, con esos montos, no se puede brindar a la sociedad una educación ni una salud de calidad ni tampoco una seguridad ciudadana medianamente aceptable. La respuesta esperada de la sociedad es obvia: la desaprobación de las instituciones estatales y de las autoridades gubernamentales. Con este tipo de políticas que favorecen a los ricos y que perjudican a las clases populares y a los pobres los gobiernos pierden legitimidad. Lo que quiero decir es que, en este caso, la pérdida de legitimidad no tiene que ver sólo con el mal desempeño de los gobernantes que se muestran incapaces de corregir estos injustos desequilibrios sino que se funda principalmente en la dinámica misma de estos desequilibrios estructurales que hay que corregir con adecuadas políticas impositivas si se quiere salir de esta fuente estructural de injusticias.

¿Se puede construir un Estado de todos?. Este es un amplio y profundo debate académico y político. Desde la perspectiva académica clásica que ve al Estado como sistema de dominación social institucionalizada (Marx, Weber y otros) que se canaliza a través de la ley, la coerción, la burocracia es difícil, sino imposible, organizar un Estado para todos. Pero en otra perspectiva académica (Theda Skócpol), teóricamente sólida también, el Estado puede ser autónomo con respecto a las clases dominantes privilegiadas y a otros Estados si cuenta con un cuerpo calificado de funcionarios, si las instituciones estatales son densas y eficaces, si el sistema legal ofrece efectivamente a todos los ciudadanos tanto igualdad ante la ley como igualdad de oportunidades, si el Estado domina en todo el territorio y si tiene la adecuada presión tributaria para atender las necesidades sociales. A todo ello puede contribuir una Reforma del Estado bien pensada y mejor diseñada. En este sentido, me parece importante la presencia del Primer Ministro, del Ministro de Defensa, del Presidente de la Corte Suprema y de otros altos funcionarios porque ella muestra su sincera preocupación por este tema fundamental.



Sinesio López Jiménez

En uno de sus mejores libros, Coerción y Capital, la formación del Estado del 900 a 1990, Charles Tilly, sociólogo y políticólogo norteamericano, ha escrito que todos los estados son obra de empresarios y guerreros y que los estados nacionales europeos no han seguido, en su origen y desarrollo, una misma ruta sino tres caminos diferentes, dependiendo, en cada caso, de la forma como se combinaron la coerción y el capital. En varios de ellos (Hungría, Prusia, Rusia, Polonia) predominaron los guerreros; en algunos (Holanda, Venecia, Génova), los empresarios y en otros (Irlanda, Escocia, Inglaterra, Gales y Francia) actuaron equilibradamente empresarios y guerreros. Antes que Tilly y siguiendo a Max Weber, Otto Hintze, historiador alemán, había escrito en su obra Historia de las Formas Políticas que los estados modernos fueron construidos por los caudillos políticos, que los capitalismos fueron forjados por los caudillos empresarios y que en algún momento de la historia se produjo un encuentro fortuito pero productivo (afinidad electiva lo llamaron Weber y Hintze, tomando las palabras de Fausto de Goethe) entre ambos tipos de caudillos, dando origen, con el tiempo y las circunstancias, a una estrecha relación estructural entre el capitalismo y el Estado moderno. Es teóricamente sugerente y políticamente útil formular algunas hipótesis sobre los estados latinoamericanos, apelando a estas categorías, con la condición de que se añadan y combinen los factores económicos y políticos de carácter imperialista.

En el caso peruano se pueden distinguir hasta cuatro formas de estado en la época republicana: El Estado Criollo, el Estado Oligárquico, el Estado Populista (Velasquista) y el Estado Neoliberal. Cada forma de estado está estrechamente asociada a un modelo de acumulación y ambos están articulados por una misma coalición social y política en la que pueden tener hegemonía los empresarios o los guerreros, dependiendo, en cada caso, de la forma de estado y del modelo de acumulación. Más allá de los regímenes democráticos y no democráticos en los que se expresa cada forma de estado, ésta mantiene algunos elementos permanentes que la caracterizan: un cierto tipo de coaliciones sociales y políticas, una forma de inclusión o de exclusión de las clases populares, un cierto tipo de cuadro administrativo y el tipo de políticas económicas.

Es casi un abuso del lenguaje llamar al Estado Criollo del siglo XIX, que no había logrado un sistema estable de dominación social ni una corporización visible en presupuestos, instituciones y burocracias, un Estado o una forma de Estado, pese a que contaba con algunos elementos estatales como el territorio heredado de la colonia, las constituciones y ciertas tradiciones culturales comunes. En ese contexto, fueron los caudillos, especialmente los caudillos militares, los que encarnaron el Estado y mantuvieron (es un decir) la unidad del territorio. Las cosas cambiaron con el Estado Oligárquico, en el cual los oligarcas (empresarios agrarios exportadores), en estrecha alianza y conflicto con los gamonales de la sierra y el capital extranjero, organizaron e hicieron funcionar un estado patrimonialista, excluyente, racista, con una autoridad mediada, indirecta y poco centralizada, con débiles instituciones y una pequeña burocracia, sin monopolio de la violencia y económicamente liberal. En ese Estado, los militares, como bien lo señaló Basadre, se pusieron al servicio de la coalición oligárquica. Los papeles se invirtieron con el Estado Velasquista que, a diferencia de otros Estados Populistas de América Latina en donde los caudillos políticos jugaron un papel central, fue construido por los guerreros, desplazando a las élites tradicionales, impulsando a élites industriales nacionales y organizando un estatismo orgánico, corporativo, incluyente, con una autoridad centralizada y directa, con una burocracia pesada y con un capitalismo de Estado, naturalmente voluntarista y heterodoxo en su política económica. Con el Estado Neoliberal, el péndulo se desplazó nuevamente hacia el lado empresarial, pero esta vez, ante la debilidad de las élites locales y las instituciones estatales, el componente externo (FMI, organismos económicos internacionales y el capitalismo globalizado) jugó un papel central mientras los empresarios locales y los militares sólo fueron comparsa y soporte de esta nueva forma de Estado, particularmente durante el gobierno autoritario de Fujimori. La nueva coalición social entronó al mercado como asignador de recursos para el desarrollo, destronó al estado mediante las llamadas reformas estructurales (apertura de la economía al mercado internacional, desregulación de los mercados y privatizaciones), secuestró sus aparatos económicos y lo organizó como un estado excluyente que impulsa la autorregulación de la economía de mercado, pero deja de lado la protección y la autoprotección de la sociedad, que despliega una política económica liberal y una política social focalizada y que busca legitimarse mediante modestas reformas de la administración pública y la descentralización. En el Cono Sur, a diferencia del caso peruano, fueron los guerreros los que se pusieron a la cabeza de la organización del Estado Neoliberal.

Una reforma del Estado de gran aliento, además de reformas parciales necesarias, debiera tener como objetivo poner fin al péndulo fatal de empresarios, guerreros y caudillos para construir una nueva forma de estado, producto de una política de compromiso entre las diversas clases y grupos sociales.


Sinesio López Jiménez

A 180 días del nuevo gobierno, propongo a los lectores la siguiente hipótesis de trabajo para comprender mejor sus características fundamentales: Por su estilo político, el gobierno actual es alanista más que aprista, por su forma política, es un régimen de presidencialismo retórico y por su contenido social es la voz de un estado que expresa el dominio abierto de los ricos en desmedro de los pobres.

Las decisiones gubernamentales y las formas de gestión no provienen del Apra ni de las instituciones estatales sino de Alan García. Este estilo político, más acentuado ahora que en 1986, no anula al partido de gobierno pero lo debilita. El nombramiento de ministros, viceministros y altos funcionarios así como las políticas públicas que no tienen que ver con la economía están en manos de García, pero el APRA es la encargada de llevar a cabo la política estatal de clientela, esto es, de copar la administración central del Estado con apristas, especialmente ahora que ha perdido muchos gobiernos regionales y locales.

El alanismo no sólo define el estilo político gubernamental sino también el
régimen político de gobierno. En efecto, los seis meses de gobierno han mostrado que el régimen político actual, más allá de las irrelevantes incrustaciones semipresidencialistas de la Constitución, es, en realidad, un presidencialismo exacerbado y asfixiante. Aunque se pueden formular algunas observaciones a la manera cómo fue elegido García, el régimen político actual es, sin duda, democrático en su origen, pero tiende a no serlo en su funcionamiento por los valores que promueve García, las reglas de juego que quiere imponer y las estructuras de decisión política en las que se asienta. Los valores que mueven a García no son democráticos ni republicanos, pese a su énfasis verbal en la austeridad gubernamental y en los deberes de los ciudadanos. García no es, con toda seguridad, Jefferson que entró millonario al gobierno y salió quebrado por servir desinteresadamente a sus ciudadanos. Los valores profundos que mueven a García, como a la mayoría de los presidentes peruanos y quizás latinoamericanos, provienen del patrimonialismo como cultura política predominante. El se siente dueño de pelota (el gobierno y el poder) y no la quiere repartir ni a sus propios compañeros de partido.

Algunas políticas promovidas por García, tales como la pena de muerte, el control de las ONGs y otras, revelan la voluntad de cambiar las reglas de juego democrático y constitucional para imponer otras de carácter plebiscitario y autoritario. Las políticas económicas revelan que las estructuras de decisión del régimen político no están constituidas por los poderes formales de un Estado democrático sino por una coalición del Presidente de la República con los grandes poderes empresariales que, para esquivar toda presión social y el escrutinio público, han blindado y secuestrado la economía de mercado y administran los aparatos económicos del Estado a través de sus representantes sociales y políticos, apoyados por los grandes medios de comunicación. Esta coalición social y política muestra el corazón del Estado entendido, no sólo como administración pública y como sistema legal, sino también y principalmente como sistema institucionalizado de dominación social. Como es obvio, esta coalición gobierna para los ricos en desmedro de los pobres. Aparte de los grandes gestos y las pequeñas medidas de alivio temporal de la pobreza, ¿existe alguna política del gobierno alanista que mejore el empleo, reduzca la pobreza y combate la desigualdad social?.

En el primer gobierno aprista, García ejerció un presidencialismo plebiscitario. Fue un decisionista que obtenía su legitimidad de la plaza pública, de las masas y de los famosos balconazos. Su decisionismo era de izquierda para enfrentar la crisis económica de entonces y de derecha para enfrentar el terrorismo. En el actual gobierno aprista, García, en cambio, ejerce un presidencialismo retórico de derecha que obtiene su legitimidad, no de la plaza pública, sino de su inserción en la política como espectáculo y de su capacidad para convencer al auditorio a través de los medios de comunicación que, en su mayoría, se han puesto a su servicio. Tanto el presidencialismo plebiscitario como el retórico proceden de y se emparentan con el tronco autoritario y se caracterizan por el desprecio de las instituciones y por cierto desapego a la ley.




Sinesio López Jiménez
Leer es un proceso complejo. Leer en el Perú y en América Latina es un proceso más complejo aún. Asumido por los medios, tengo la impresión que el tema, lejos de ser esclarecido, ha sido más bien maltratado y distorsionado. Para entendernos, propongo un esquema básico de comprensión. La lectura es un proceso que comprende tres elementos centrales: la fenomenología de la lectura, las determinaciones causales y las consecuencias. Dejando de lado este último elemento, me concentro en los dos primeros. La fenomenología de la lectura, que busca ser recatada por las encuestas especializadas, alude a los siguientes componentes: el sentido (qué significa leer?), los motivos (las razones por las que se lee), los estímulos (familia, escuela, amigos, etc), el nivel (el porcentaje de gente que lee), el contenido (los temas leídos), el soporte ( libro, revista, internet, periódico, etc. en que se lee), la densidad (número de libros, periódicos, temas leídos en diversos soportes), la intensidad (días a la semana y horas al día dedicadas a la lectura), el lugar en donde se lee (casa, biblioteca, etc.), la forma como se lee (en silencio, en alta voz), el contexto socio-histórico (sociedad ágrafa, caligráfica, etc.) y la comprensión lectora (aplicación de técnicas y nivel de comprensión).

Qué sentido tiene leer?. Descartes afirmaba que leer es dialogar con los hombres más eminentes de la inteligencia. Proust subrayaba, en cambio, la asimilación de ideas y el acto de reflexión. Descartes enfatizaba el sentido crítico de la lectura y Proust, el desarrollo personal. La gente de a pie identifica, en cambio, el sentido con el motivo de la lectura. En el Perú, el 28% lee por entretenimiento o gusto; el 21.2%, por estudio; el 19.5%, por desarrollo personal y el 1l 16.0%, por cultura general. En dónde encontró la gente los estímulos para leeer?. El 44% lee por iniciativa propia; el 27.9%, por consejo de sus profesores y el 20.1%, inducidos por la familia. ¿Cuántos peruanos leen?. Casi 19 millones de peruanos pueden leer y escribir, pero sólo leen 15 millones (79%) y casi 4 millones (21%) no leen, pese a que pueden hacerlo. Son analfabetos funcionales. El 7.3% de los peruanos debiera leer, pero no puede hacerlo porque es analfabeto, según la Encuesta Nacional de Hogares. Sin embargo, el dato peruano del siglo XX es el repliegue del analfabetismo (57.6% en 1940, 38.9% en 1961, 18.1% en 1981, 12.8% en 1993, 7.3% en 2004). ¿ Cuántas personas leen en cada hogar?. De 3 a 4 personas (50.9%), de 1 a 2 personas (25.7%) y de 5 a más personas (23.4%) ¿Qué leen los peruanos o en que soporte leen?. El 71.6% leen periódicos; el 55.0%, libros; el 36.1%, revistas; el 24.2%, internet (en Lima, el 34.6% en 2004 y casi el 50%, en 2007, según la ultima encuesta de la PUCP), el 20.1%, la Biblia. ¿Qué temas leen los peruanos?. La respuesta es múltiple: Arte y cultura, el 32.2%; lengua y literatura, el 27.8%; deporte, el 23.8%; política, el 21.7%, historia y geografía, el 13.3%; economía, el 7.3%; religión, el 7.3%.

¿Cuánto tiempo le dedican los peruanos a la lectura?. El 29% lee todos los días; el 31.6%, interdiario y el 30.4%, los fines de semana. En términos de horas, el 49.2% lee de 1 a 3 horas; el 31.5%, de 4 a 7 horas y el 18.4%, más de 8 horas. ¿Cuántos libros han leído los peruanos en los últimos tres meses?. El 18.9% leyó un libro; el 10.9%, 2 libros; el 5.2%, 3 libros, el 2.5%, 4 libros y el 4% más de 5 libros. Vista la lectura en una perspectiva comparada, el promedio de libros leídos llega a 3.6 al año en 2004, mientras Colombia llega a 2.4 libros promedio en el 2000 (DANE, Encuesta Nacional de Hogares). Esta cifra debe haber cambiado significativamente en el caso colombiano después de 7 años. ¿En dónde leen los peruanos?. En su casa (79.3%), en cualquier lugar (10.8%), en su centro de estudios (3.1%) y en las bibliotecas en donde no encuentra generalmente los libros que busca (1.4%). Y ¿de donde provienen los libros qué leen los peruanos?. El 33.6% son libros propios, el 5% son libros prestados por particulares y 2.8% son prestados por las bibliotecas (lo que constituye una vergüenza porque las bibliotecas no prestan ni cuentan con fondos para adquirir libros). Si toman los libros propios leídos como 1000%, el 66.6% son libros originales; el 17.4% son fotocopiados y el 15% son de ediciones piratas: Un poco más de un millón de libros leídos provienen de la piratería.


Sinesio López Jiménez

La encuesta de julio del IOP de la PUCP revela algunos datos interesantes que merecen algunas reflexiones: La evaluación de la democracia ha bajado significativamente, la insatisfacción y la desafección con ella se han incrementado, pero la apuesta por ella, como forma deseada de gobierno, se mantiene, aunque en franco descenso especialmente en las regiones el centro, sur y oriente en donde casi el 50% simpatiza con una forma no democrática de gobierno y/o no le interesa la forma de gobierno. Estos datos revelan procesos cognitivos, afectivos y de apuesta política sobre la democracia. Desde una perspectiva cognitiva, la mayoría de la gente, sobre todo de los sectores populares, pobres y muy pobres, percibe que la democracia tiene un nulo desempeño en la solución de sus problemas y, por ende, la desaprueba como ejercicio efectivo de gobierno. Pero si queremos profundizar en el tema es necesario preguntarse qué es lo que realmente no funciona. ¿Es la democracia?, ¿es el Estado en el que opera la democracia?, ¿son los partidos que organizan la representación en la democracia?, ¿son los ciudadanos pasivos que se niegan asumir un papel activo y responsable?. Gullermo O´Donnell, destacado politólogo argentino y profesor de la Universidad de Notre Dame (USA), se planteó algunas de estas preguntas para explicar la fragilidad de las democracias latinoamericanas y sugirió algunas respuestas que apuntan más a responsabilizar al tipo de ciudadanos y a la ineficiencia de los Estado que a la democracia como régimen político. O´Donnell sostiene, en síntesis, que los ciudadanos latinoamericanos, a diferencia de los ciudadanos de los países del norte, son principalmente políticos y no civiles (que no valoran la libertad, la autonomía ni la iniciativa individual) ni sociales (que no participan en el bienestar que producen sus sociedades) y que la exclusiva ciudadanía política no es sólido soporte de la democracia. Sostiene asimismo que los estados latinoamericanos no funcionan ni como sistemas legales, ni como burocracias, ni como seguridad ciudadana, ni como distribución funcional (poderes del estado) ni territorial (descentralización) del poder, ni como estados-para-la-nación. O´Donnell olvidó señalar que lo único que funciona es la forma-estado, esto es, el estado como sistema institucionalizado de dominación social (Weber) que organiza, entre otras cosas, el monopolio de la coerción, la relación inclusión-exclusión y las políticas económicas. Olvidó asimismo señalar las deficiencias de los partidos como organizadores de la representación democrática. Lamentablemente la encuesta del IOP tampoco formula preguntas que permitan conocer la percepción ciudadana sobre la actividad y el desempeño de los partidos actuales y medir el grado de insatisfacción y de desafección con ellos pues se limita a preguntar sobre la evaluación de la relación de los partidos con la democracia. Ello no obstante, los datos revelan que el 65% de los peruanos cree que la existencia de los partidos es importante, muy importante y extremadamente importante para el funcionamiento de la democracia, sobre todo en Lima y Callao (67%) y en el norte (66%) y en menor medida en el sur (61%) y en el oriente (61%), pero la región centro (55%) tiene una posición anti-partido pues cree que los partidos son poco o nada importantes para la vigencia de la democracia. Estas respuestas son concordantes con la creencia mayoritaria (56%) de todas las regiones según la cual “sin partidos políticos no puede haber democracia”, con la notoria excepción del centro del país. Más de un tercio de los peruanos (37%) cree, sin embargo, que la democracia puede funcionar sin partidos políticos.

Esta apuesta por los partidos como sustento de la democracia no deja de sorprender sobre todo cuando se conoce por otras encuestas (Latinobarómetro 2003) el bajo nivel de confianza de los peruanos en los partidos (8.0%), nivel que está por debajo de la media (8.4)% de los países andinos, un poco más arriba de Bolivia y Ecuador, muy por debajo de Colombia (17.3%) , Venezuela (20.1%), de los países latinoamericanos no andinos (22%) y de los países de Europa Occidental (24.6%). Estos datos expresan la profunda crisis de representación de los partidos políticos en el mundo, ciertamente en unos más que en otros. Lo que está en cuestión, como lo han analizado Scott Mainwaring, profesor de la Universidad de Notre Dame, y otros, es el lazo representativo entre los ciudadanos como titulares del poder (principales los llama Mainwaring) y los partidos políticos (agentes de la representación). Este cuestionamiento atraviesa por varias etapas que van desde la desaprobación de su desempeño hasta el colapso pasando por la insatisfacción, la desafección, la desconfianza, el rechazo y la erupción, configurando un proceso gradual de ruptura. ¿Cómo explicar esta crisis de representación?. Las respuestas van desde las que responsabilizan de la crisis representativa al mal diseño institucional de los partidos hasta las deficiencias del Estado, pasando por el mal desempeño de la democracia. Es probable que, en este caso, cada uno de estos factores tenga su propia cuota de responsabilidad.




Sinesio López Jiménez

Julio es un mes de evaluaciones políticas, de aprobaciones y de desaprobaciones por parte de los ciudadanos. García ha salido desaprobado en su primer año de gobierno, pese al buen desempeño de la economía (que no es obra suya) o quizás por eso mismo: la gente de a pie no siente en el bolsillo (o siente que es insuficiente lo poco que le toca) las boyantes cifras de las empresas y de la macroeconomía. También ha salido desaprobada la democracia: El 65% de los peruanos cree que el Perú es poco o nada democrático, según la encuesta de julio del Instituto de Opinión Pública de la PUCP. La desaprobación es mayor en las regiones, especialmente en el norte, centro y sur del país en donde el 71% cree que el Perú es poco o nada democrático. Es probable también que la desaprobación sea mayor en los estratos populares, pobres y muy pobres del Perú. La desafección con la democracia es asimismo alta: El 63% de los peruanos se siente insatisfecho y muy insatisfecho con la democracia, especialmente en las regiones sur y centro en donde la insatisfacción se empina hasta el 78%. ¿Existe alguna conexión entre la desaprobación del gobierno, la insatisfacción y la desaprobación de la democracia?. Por supuesto que existe. A medida que la desaprobación del gobierno (elegido democráticamente) crece, se incrementa también la insatisfacción y la desaprobación de la democracia: si el gobierno (democrático) no resuelve los problemas angustiosos de la gente, entonces ¿de qué democracia hablamos?. ¿Para quién funciona la democracia?. El gran economista Albert O. Hirschamn definió alguna vez la democracia como capacidad de espera y Julio Cotler, destacado sociólogo peruano, suele decir que la democracia es saber hacer la cola. Es probable que las tesis de Hirschmann y de Cotler funcionen en las clases medias y altas, pero no en los estratos populares que ya se cansaron de esperar y de hacer la cola.

¿Qué pasa en los países como el Perú en donde coexisten una economía boyante, un gobierno desaprobado y la mayoría de ciudadanos insatisfechos? Pueden pasar varias cosas. En primer lugar, esa coexistencia no puede durar mucho tiempo porque la desaprobación del gobierno se transforma en ingobernabilidad, la insatisfacción en impaciencia y la economía puede comenzar a caer. En segundo lugar, se puede incrementar la presión distributiva desde abajo y desde las regiones justamente aprovechando la democracia (que se desaprueba y que, en este caso, muestra para que y para quien sirve también) y el sostenido crecimiento de la economía. En tercer lugar, puede emerger un Pacto Social de verdad en el que estén presentes los empresarios (la CONFIEP y otros organizaciones empresariales), los trabajadores organizados (la CGTP), los gobiernos regionales y un representante (con poder) del gobierno central para hacer compatible el desarrollo económico (crecimiento, productividad) con la democracia (distribución e igualdad), creando las políticas (reforma tributaria, capacitaciones), los mecanismos (mantención del equilibrio macroeconómico, derechos sociales) y sistemas institucionales (organismos estatales que garanticen los acuerdos del pacto social). Si lo anterior no se hace o no es posible hacer, puede pasar cualquier cosa, la más probable es que se organice un gobierno abiertamente autoritario al servicio del gran capital con el apoyo de las clases medias conservadoras.

Pese a la insatisfacción y a la desaprobación de la democracia, la mayoría de los peruanos (60%) cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, especialmente en Lima y Callao (65%) y en el norte (57%). Pero lo que más llama la atención en este caso es que casi la mitad de los ciudadanos que viven en el sur, centro y oriente creen que a veces es necesario un gobierno autoritario, una dictadura o les da lo mismo cualquier forma de gobierno. Y es también muy probable que los sectores populares, pobres y muy pobres de todas las regiones hayan llegado a desechar la democracia como la mejor forma de gobierno. ¿Existe una relación entre la insatisfacción, la desaprobación y la falta de apoyo a la democracia como forma de gobierno?. Esa relación es innegable: A medida que se incrementa la insatisfacción y la desaprobación de la democracia, aumenta también la falta de apoyo a la democracia como forma de gobierno. Esto significa que para un sector importante de los sectores populares la democracia no es o ya no es la mejor forma de gobierno. Si eso es así, entonces se están desarrollando las bases sociales para salidas desesperadas o para gobiernos dictatoriales. El Perú ha llegado a una situación en la que ya no se puede concentrar el poder en la cúpula (el presidente, el ministro de economía, la tecnoburocracia y la coalición social y política que está detrás) evitando la presión social y el escrutinio público y en la que, si se quiere mantener la democracia y hacerla compatible el desarrollo, tiene que abrirse un juego político y social complejo hacia las clases populares. Hemos llegado a una situación social y política en la que ya no se puede mantener el juego anterior en donde muy pocos ganan y la inmensa mayoría pierde. Ya no estamos en los 90 del siglo pasado. Ya no estamos en los tiempos de Fujimori. Felizmente.

Sinesio López Jiménez

Un fantasma recorre el cerebro de García: el comunismo. Cuando las ve negras, dice que todos son rojos. Ese fantasma peregrino ya visitó también las cabecitas del Primer Ministro, de los ministros apristas y conservadores de su gabinete y de la achicharrada presidenta del Congreso. El gobierno “no va aceptar que gente con ideologías extrañas y enemigas del avance y del progreso de todos los peruanos pretendan impedir el normal desarrollo de todas las actividades”, ha dicho Jorge del Castillo con un lenguaje de resonancias sanchecerristas de los años 30 del siglo pasado y de los constituyentes ultraconservadores de 1933 que declararon (en el famoso artículo 53 de la Constitución de entonces) partidos extranjeros al APRA y al Partido Comunista, por cuya razón no tenían derecho a participar en la política peruana. Ideas reaccionarias como ésta dieron origen al Estado de guerra permanente que fue el Estado Oligárquico y al paradigma de la revolución con el que se movilizaron los partidos (APRA, AP, DC, MSP) y los movimientos (incluidos los militares de los 60) antioligárquicos del siglo pasado. Comunistas extranjeros no es un simple insulto sino algo peor: es una forma de definir a los sectores sociales movilizados contra la política del gobierno como enemigos a los que hay combatir a muerte. Enemigo, decía Carl Schmitt (el más brillante teórico del pensamiento reaccionario del siglo XX) es el otro, el extranjero, contra el que hay que librar una lucha intensa utilizando el arma cuyo objetivo es aniquilarlo. Extranjeros no son sólo otros estados sino también los grupos sociales internos que, a juicio de los poderosos de turno, se comportan como estados extranjeros. Contra los primeros se despliega una guerra externa y contra los segundos, una guerra civil o una revolución. La diferencia entre García y Schmitt (disculpen la comparación) es que el primero piensa la política como guerra, mientras el segundo la piensa, para entenderla mejor, desde la guerra, lo que es muy diferente. Schmitt sostenía asimismo que la mejor manera de entender el estado de derecho es pensarlo desde el estado de excepción, así como para entender a Dios hay que pensarlo desde el milagro.

¿Cómo explicar la conversión del APRA de perseguido en perseguidor, de reprimido en represor, de víctima en victimario, de revolucionario o reformista (si se quiere) en reaccionario? Hay varias hipótesis posibles, pero quiero referirme brevemente a dos: la primera tiene que ver con el descenso en un escalón más en la lenta conservadurización del APRA y la segunda, con la conformación de un gobierno de derecha como el actual. Existe una serie de evidencias para demostrar la primera hipótesis: En los 30 del siglo pasado el APRA postuló los cambios económicos, sociales y políticos mediante la revolución; en los 40, combinó los cambios con la democracia; en los 60, apostó a la institucionalidad democrática sacrificando los cambios y en el siglo XXI apuesta a la defensa reaccionaria (a como dé lugar) del orden establecido (economía y estado neoliberales incluidos) contra todo cambio o demanda de cambios. Algunos amigos míos, a quienes aprecio mucho, personal e intelectualmente, pueden ver ahora mejor de donde viene la amenaza fascista. En segundo lugar, el APRA y García tenían la posibilidad, como gobierno, no de echar al mar a la coalición social y política que organiza y controla la economía y el estado neoliberales (nadie pide eso), sino de tensar y equilibrar en algo las políticas públicas, sobre todo las políticas económicas, en favor de los de abajo, pero, lejos de eso, optó por sumarse al coro de los ricos y poderosos y conformar una alianza con la derecha empresarial y política, decente y corrupta para enfrentar en bloque las demandas populares. Estos dos factores que explican la conducta actual de García y del Apra operan con toda su fuerza en la presente coyuntura en la que se mezclan la protesta social vociferante (de la que ya dimos cuenta en dos artículos anteriores) y la desaprobación ciudadana, silenciosa pero devastadora.

Aún no se cumple un año de gobierno, pero García ya está con la lengua afuera: es un presidente agotado y desaprobado por la mayoría de los peruanos (59%) en todas las regiones con porcentajes sorprendentes (norte con el 71%, sur con el 80%, centro con el 74%, oriente con el 84% y Lima y Callao con el 48%, según la encuesta de la PUCP, pero en una más reciente de Conecta, la desaprobación en Lima Metropolitana se empina hasta el 61%). Quizá el dato más sorprendente de esta encuesta es la licuación del sólido norte, el bastión histórico del APRA. La mayoría de la gente de todas las regiones ha perdido la confianza en el gobierno, incluida la conservadora Lima que hasta ahora lo venía sosteniendo con su apoyo. En la caída libre acompañan a García casi todos los ministros, la presidenta del Congreso, las instituciones estatales, todos los partidos y sus dirigentes. No sólo García ha comenzado a levitar sino también todo el mundo político y estatal, configurando una situación peligrosa, antipartido y antiestado, que puede abrir las puertas a una situación anarquizantes, a golpes de masas y a la aparición de cualquier aventurero, incluido al más cobarde y más corrupto de la historia peruana: Fujimori. Todas estas situaciones peligrosas tienen que ser evitadas con la reflexión y la participación de todos y todas sin excepción. Para felicidad de los peruanos, acabamos de librarnos de uno de estos peligros: el extraditable ha escogido una curul en la Dieta japonesa. Adiós Fujimori y fujimoristas.

Sinesio López Jiménez

La última encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP) de la PUCP sobre la corrupción trae algunas cosas nuevas y confirma otras ya más o menos conocidas. Pese a que la corrupción en el Perú es un fenómeno reconocido por la mayoría (75%) como muy grave, ella ocupa (en otras encuestas) el cuarto lugar de los problemas más importantes del país, después del desempleo, la pobreza y la situación económica. Desde una perspectiva comparada, el Perú es percibido como uno de los países latinoamericanos más corruptos juntamente con Guatemala, Nicaragua, Jamaica y Ecuador, como lo señala una reciente publicación del IEP sobre la cultura política de la democracia en el Perú. Algo que llama la atención es que ella no tiene el mismo sentido para las personas encuestadas en Lima Metropolitana. Para la mayoría de los hombres y para los estratos medios y altos, la corrupción tiene un sentido patrimonialista (conseguir beneficios particulares aprovechando el cargo público que se ostenta y usar la ley para beneficio propio). En cambio, las mujeres y los estratos populares, pobres y muy pobres tienden a darle un significado no patrimonialista (asaltar y robar y no cumplir las promesas electorales). Esto significa que para los estratos medios y altos el patrimonialismo es simple y llanamente corrupción mientras que para los estratos populares y pobres es una forma de cultura política.

La encuesta revela un bajo nivel de autoestima de los limeños. En efecto, la mayoría (56%) cree que los peruanos son poco honestos y el 17% cree que son nada honestos, sobre todo los de más edad y los estratos populares, los pobres y los muy pobres. Si los limeños creen que los peruanos son poco o nada honestos entonces están dispuestos a ser tratados como tales. La mayoría de los limeños son pesimistas respecto al presente, pero son relativamente optimistas respecto al futuro: El 41% cree que ahora hay más corrupción que hace doce meses, sobre todo en los estratos populares, pobres y muy pobres y sólo el 24% piensa que hay menos corrupción, especialmente los estratos medios y altos; pero el 39% cree que la corrupción será menor en el futuro, especialmente estos últimos estratos y sólo el 22% cree que la corrupción será peor, especialmente en los sectores populares. Los estratos medios y altos tienden a ser más optimistas tanto en el presente como en el futuro de la corrupción mientras que los sectores populares y pobres mantienen un terco pesimismo al respecto. En la evaluación de la corrupción en los diversos gobiernos, Fujimori se lleva la palma de lejos como el gobierno más corrupto (56%), seguido por el primer gobierno de García (el 22%) y por el de Toledo (17%). A medida que se baja en la escala social, menor es el porcentaje de la población que juzga al gobierno de Fujimori como el más corrupto, lo que revela una cierta permisividad de los sectores populares y pobres con la corrupción de ese gobierno. Esos mismos estratos tienden a creer que los gobiernos de García y de Toledo fueron más corruptos. Esta peculiar evaluación de la corrupción de los gobiernos por parte de los sectores menos favorecidos del país tiene que ver probablemente con la agresiva política social desplegada por Fujimori entre 1993 y el 2000. El actual gobierno de García queda mejor librado pues el 52% de los limeños piensa que es menos corrupto que los otros, sobre todo en los estratos altos y medios, pero los estratos populares y pobres creen que es tan corrupto como los otros. Para los limeños la política es el escenario en el que impera la corrupción, pero la mayoría, especialmente los sectores medios y altos, piensa que se puede trabajar en el campo político sin corromperse. Los estratos populares y pobres, en cambio, son más escépticos al respecto. La mayoría de los sectores medios y alto, cree que el Estado ofrece los flancos más débiles a la corrupción en relación con la empresa privada. En cambio, los sectores populares y pobres tienden a pensar que la corrupción se da en ambos espacios. Las instituciones peruanas más corruptas, en opinión de los limeños, son el Congreso, la policía, el Poder Judicial, los partidos políticos, en ese orden, y, por eso, sorprende que le otorguen al Poder Judicial y al gobierno la capacidad de luchar contra la corrupción a través de diversas políticas: educación en valores, leyes y sanciones muy altas.

Por todo lo expuesto hasta ahora, sabemos que el conocimiento, el sentido, la percepción y la evaluación de la corrupción depende de varios factores como la edad, el género, el nivel de educación y sobre todo el estrato social de la población. Pero ¿qué la explica?. ¿Y cuáles son sus consecuencias en el campo de la política y en especial en el régimen democrático? Por desgracia, ninguna encuesta trata el tema de las causas y consecuencias. Aquí sugiero algunas hipótesis sobre la base de diversas investigaciones sobre el tema. La corrupción depende de la vigencia de la cultura patrimonialista, del nivel de control (accountability) horizontal (instituciones), vertical (electores) y social (ciudadanos, sociedad civil y esfera pública) y del nivel de pobreza que relativiza los valores de integridad moral de los ciudadanos. A mayor vigencia de cultura patrimonialista, mayor corrupción; a mayor control horizontal, vertical y social, menor corrupción y a más pobreza, más relativización de los valores y más permisividad con la corrupción. El impacto de la corrupción en el sistema política y en la democracia es calamitoso: la pérdida de confianza en las instituciones del estado, la insatisfacción con la democracia y la falta de gobernabilidad.

Sinesio López Jiménez

El azar existe en la historia y en la política, pero me parece que todo el enredo del “caso Pandolfi” es una maniobra consciente y calculadamente planificada por García, el Presidente de la República, con el expreso objetivo de debilitar al Primer Ministro, a quien, en público, le dice, sin embargo, te necesito y el país te necesita, y de redefinir las coaliciones políticas en las que se sustenta su gobierno. Mi hipótesis es que el gobierno de García se parece cada vez más al de Fujimori y que puede llegar a ser un fujimorismo sin Fujimori. He aquí algunos elementos para comparar similitudes y acercamientos: un presidencialismo exacerbado, retórico y autoritario, la voluntad de manejar gabinetes sumisos, la organización de un gobierno de los ricos con el apoyo de los pobres (la aspiración más acariciada de García), el asomo de un manejo perverso de los medios (un ministro que despotrica de la prensa democrática y financia a la corrupta), un desprecio por las instituciones, la sociedad civil (a la que García pretende controlar) y los partidos, la apelación a la austeridad como coartada (el problema no es que los ricos no paguen los impuestos que deben pagar sino que los parlamentarios, los altos funcionarios y los alcaldes se la llevan toda), un manejo cínico de la política (la inclusión en el gobierno de personajes cuestionados y corruptos y la amenaza del secretario general del APRA a la oposición con cerrar el parlamento recurriendo a nunca usados mecanismos constitucionales del semipresidencialismo), la conformación de coaliciones políticas sin ningún criterio ético (desde la integración de la plancha presidencial hasta la constitución de la mayoría parlamentaria).

Lo que está pasando ahora tiene una pequeña historia que es necesario recordar. García pasó ajustadamente a la segunda vuelta, pero su representación parlamentaria, elegida en la primera vuelta, era una segunda minoría. El triunfo electoral en la segunda vuelta, le dio legitimidad para gobernar pero no subsanó la carencia de una mayoría parlamentaria que le diera gobernabilidad. Esta es una de las desventajas de las segundas vueltas mediante elecciones generales. Si la segunda vuelta se hubiera llevado a cabo en el Congreso como sucedía hasta 1962, García hubiera obtenido al mismo tiempo legitimidad y gobernabilidad y se hubiera visto obligado a formar, no alianzas vergonzantes e informales, sino una coalición formal y a la luz del día que sustentara su gobierno. La carencia de una mayoría parlamentaria obligó al gobierno aprista a organizar una coalición informal con la derecha decente de unidad nacional y con la corrupta del fujimorismo. La informalidad de la coalición no niega, sin embargo, que ésta exista y se exprese en las votaciones congresales sobre los asuntos importantes del gobierno y en la elaboración de las agendas públicas. La coalición se expresa también en la conformación del equipo de gobierno, especialmente del equipo económico, con el que, al parecer, se sienten identificados, en mayor o menor medida, los apristas, los de Unidad Nacional y los fujimoristas. Se expresa también en la aplicación de las políticas públicas, especialmente de las políticas económicas y sobre todo en las ridículas e irrelevantes acusaciones de corrupción al gobierno de Toledo para encubrir la gigantesca corrupción del gobierno de Fujimori. La informalidad de la coalición permite, sin embargo, a sus integrantes defender su autonomía y alegar que sus acuerdos expresados en el equipo de gobierno y en las políticas públicas son meras coincidencias.

Mutatis mutandis, esta nueva coalición tiene ciertos aires de familia con la de 1956 en el contenido y en la forma. Entonces la oligarquía conformó una alianza con el APRA. La oligarquía estaba al mando y el APRA, subordinada, a la inversa de lo que pasa ahora. Como ahora, la coalición era informal, pero tenía plena vigencia en las Cámaras legislativas y en la política en general. Cuando la oposición de entonces acusaba al APRA de traición, ésta alegaba que no había tal alianza porque no existía un acuerdo oleado y sacramentado al respecto. Esa coalición fue bautizada por la oposición como el gobierno de la convivencia, un nombre que pasó a la historia y que se prolongó, con pequeñas variantes, hasta 1968. Esa convivencia bloqueó todas las reformas reclamadas masivamente por las nuevas fuerzas sociales, pero permitió un pequeño y languideciente oasis democrático dentro del excluyente Estado Oligárquico de entonces.

La oligarquía pasada y sus voceros han sido reemplazados ahora por el capital extranjero y local y por sus representantes sociales y políticos, configurando una nueva convivencia que, sin duda, define el contenido de las políticas públicas del gobierno actual. Si los rasgos políticos que acercan cada vez más a García con el gobierno y el estilo fujimoristas se acentúan es probable que la alianza del APRA con los representantes del extraditable se consolide y que Unidad Nacional tome distancias de la misma. Me parece que esta reconfiguración de coaliciones políticas en el gobierno ya comenzó a producirse a partir del caso Pandolfi.

Sinesio López Jiménez

En 1823, Claude-Henri de Rouvroy, más conocido como el Conde de Saint Simon, publicó, en colaboración con Augusto Comte, el Catecismo de los Industriales en el que se preguntaba, al estilo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE) con respecto a la minería y al Perú, qué pasaría con Francia si desaparecieran los representantes más destacados de los nobles, los militares, los legistas, los rentistas, la jerarquía eclesiástica, los funcionarios públicos y se responde, con una dureza que sorprende, nada. Se hace la misma pregunta en relación con los industriales, los obreros y todos los trabajadores productivos y se responde que Francia experimentaría casi una catástrofe. Un poco más de un siglo después, en 1931, Jorge Basadre, el historiador de la República, se formuló una pregunta parecida a la de Saint Simon en uno de sus mejores libros de juventud, Perú: Problema y Posibilidad, sobre la contribución de las compañías mineras al desarrollo del Perú y, examinando los salarios pagados, los impuestos entregados al fisco y las reinversiones, su respuesta fue escéptica y hasta pesimista. Comparada con las ingentes ganancias, era ridículamente pequeña la parte de la renta que las compañías mineras y petroleras dejaban en el Perú, pese a que ellas la cosechaban a manos llenas sin haberla sembrado. Quiero citar in extenso a Jorge Basadre para entender tanto la continuidad de algunos problemas fundamentales del país como la vigencia del historiador: “La ley 2423 del 4 de Agosto de 1917 gravó la exportación de petróleo crudo y derivados de su destilación con un impuesto progresivo en dólares. Verdad es que la exportación de petróleo no progresó en la medida de los otros productos nacionales en los años siguientes y la Lobitos Oilfield pidió la derogatoria de esa ley. La ley 4498 del 1 de Marzo de 1922 establece que el petróleo y sus componentes, los productos derivados de su destilación y los hidrocarburos análogos sin excepción alguna, pagarán como derecho de exportación el impuesto fijo de 3 soles 50 centavos por tonelada métrica, peso neto, derogándose la ley anterior; lo que evidentemente favorecía la producción. Pero aún más: esta ley estatuyó que el impuesto de exportación no podría aumentar durante veinte años, de acuerdo con la ley de petróleo N. 4425 del 2 de enero de 1925 que en su art. 40 había establecido que los productos de la industria petrolífera estarán sujetos al pago de los derechos de exportación sin que se pueda aumentar la escala vigente en el momento de la concesión durante veinte años (los actuales convenios de estabilidad tributaria, acotación de SLJ). Si mereció protección la producción del petróleo, fue inaudita esta prohibición del Estado a sí mismo (el óbolo actual de las mineras, acotación de SLJ), cuando el aumento de la exportación de petróleo es fantástico: de 381,082 toneladas en 1921, a 951,412 toneladas en 1925, de 2´928,783 Lp. en 1921 a 5´826,139 Lp. en 1925, aumentando más o menos en un millón de libras anuales en contraste con las oscilaciones del algodón y del azúcar.
“Además es curioso el pago anual de jornales (…), mientras más ganancias obtienen las compañías favorecidas por la ley de producción del petróleo, el trabajador nacional recibe jornales y sueldos más pequeños. Las ganancias de las compañías petrolíferas son, así, incalculables. (…).

“Y estas compañías (se refiere a la Internacional Petroleum y a las compañías mineras) cuyo aporte al Erario y al factor hombre han ido disminuyendo a medida que aumentaban sus ganancias, contribuyeron a desnivelar la balanza comercial del Perú del Perú; junto los servicios de los empréstitos, las sumas enviadas a los peruanos en el extranjero, etc.” (Perú: Problema y Posibilidad, Casa Editora E. Rosay, 1931, pp. 124-125)

Preguntas escépticas y respuestas pesimistas mantienen hoy su vigencia porque, para desgracia del Perú, la realidad, en este aspecto, no ha cambiado mucho. La exploración y la explotación en las minas se han modernizado, pero el monto de la renta dejada en el país sigue siendo relativamente pequeña, la administración, la gestión y la distribución de esa pequeña renta en el territorio reproduce la ineficacia e injusticia de otros tiempos, los niveles de corrupción de los gobernantes y funcionarios se mantiene al tope y la contaminación del ambiente es igualmente grave. ¿Qué es lo que explica esta esencial continuidad más allá de los cambios inevitables? Independientemente de las modificaciones en las formas de Estado, las políticas de gestión ambiental casi han sido las mismas. Ni el Estado Oligárquico, ni el Estado Populista de Velasco ni el actual Estado Neoliberal han desplegado agresivas políticas de defensa y gestión del medio ambiente. Con la excepción del Estado Velasquista que incrementó la renta minera para el Estado a través de las nacionalizaciones de algunas compañías mineras y de mejores negociaciones con otras, el Estado Oligárquico y el Estado Neoliberal (y sus respectivos gobernantes) se parecen mucho especialmente en las políticas de negociación de la renta con las compañías mineras y en su incapacidad para administrarla y gestionarla. Lamentablemente el Perú no ha tenido tampoco una vigorosa sociedad civil (el perro del hortelano de García) que exigiera y exija una mejor distribución de la renta de tal manera que contribuya al desarrollo y a la democracia del país.


Sinesio López Jiménez

Más que a los adjetivos, en la política hay que prestar atención a los sustantivos. En lo que se refiere a la Reforma del Estado, lo sustantivo es el Estado Noliberal como forma de estado que es necesario, no reformar, sino cambiar. Las reformas de la distribución funcional (poderes del Estado) y territorial (descentralización) del poder, del sistema legal, de la administración pública, de las FF.AA., de la Policía, de las funciones y actividades estatales (educación, salud, etc) son, sin duda, importantes, pero son secundarias en relación con el estado neoliberal, una forma de estado que es melliza de la economía de mercado y que nació al calor de las reformas estructurales (la apertura de la economía al mercado internacional, la desregulación de todos los mercados y las privatizaciones), impulsadas por los organismos económicos internacionales, el capitalismo globalizado, los grandes empresarios locales y la dictadura de Fujimori en la década del 90. Los rasgos principales del Estado Neoliberal son los siguientes: En primer lugar, es un estado que ha perdido soberanía y que se ha mostrado incapaz de controlar los aspectos más destructivos de la globalización. En segundo lugar, mantiene la exclusión étnica, económica, social, regional del mundo andino. En tercer lugar, es un estado que ha divorciado las políticas económicas al servicio de los ricos de las sociales para atender a los pobres. En cuarto lugar, desprotege a los trabajadores, a la sociedad y al medio ambiente. En quinto lugar, pretende ser un estado autónomo de la sociedad para eludir las presiones sociales y el escrutinio público. En sexto lugar, es financiado principalmente por las grandes mayorías de a pie a través del IGV. Finalmente, sus aparatos económicos han sido secuestrados y privatizados por la coalición social y política que lo organizó.

La necesidad del cambio del Estado Neoliberal surge cuando la economía muestra un desempeño significativo en términos de crecimiento económico, pero exhibe asimismo una limitada o nula capacidad de reducir la pobreza y de acortar la desigualdad económica y social. El tema distributivo del crecimiento es entonces el problema de fondo cuando se discute la reforma del estado. Frente a esta situación de desequilibrio la pregunta central es la siguiente: ¿Puede ser la distribución del ingreso un fruto espontáneo del crecimiento o requiere la intervención del Estado? ¿La distribución de los beneficios del crecimiento es producto del chorreo o requiere la ingerencia estatal?. En este tema existen dos puntos de vista contrapuestos. El primero, liberal en extremo y casi libertario, sostiene que, a medida que las tasas de crecimiento son más altas, es mayor la distribución espontánea del ingreso y que estas tasas pueden ser mayores si el Estado no interviene y, desde luego, si los vientos de las circunstancias internacionales mantienen viva la ola del crecimiento económico. Todo eso requiere mantener la economía de mercado y el Estado neoliberal. El segundo punto de vista afirma que la distribución de los beneficios del crecimiento exige la intervención del Estado y eso requiere, a su vez, algún tipo de cambio del Estado Neoliberal. No hay distribución del ingreso sin ingerencia estatal y ésta pueda asumir diversas modalidades y grados. Estos dependen del nivel de ensanchamiento de las coaliciones sociales y políticas que organizan el Estado Neoliberal. Este ensanchamiento depende, a su vez, de las correlaciones sociales y políticas de las fuerzas nacionales e internaciones que intervienen en la organización del estado. Cuando triunfan las fuerzas de izquierda moderada, como ha sucedido en gran parte de los países de América Latina, ellas pueden ampliar parcialmente la coalición social y política del Estado gracias a que controlan el gobierno y, en esa medida, pueden impulsar una distribución del ingreso por medio de una reforma tributaria progresiva, manteniendo básicamente el modelo económico neoliberal. Dadas las altas tasas de crecimiento económico y su sostenibilidad en el tiempo, el triunfo o la presencia política de una izquierda más agresiva, sustentada en vigorosos movimientos sociales, puede obligar a la coalición social que sustenta el estado neoliberal a establecer una política de compromiso a través del cual las fuerzas del cambio aceptan como legítima la acumulación en manos de los ricos, pero éstos aceptan también como legítima la participación de los trabajadores y de la sociedad en los beneficios del crecimiento y de la riqueza que ellos generan con su trabajo. Esto implica una modificación sustantiva de la antigua coalición social y política y el establecimiento de una nueva coalición. En este caso, estamos ya frente a una nueva forma de estado que tiene un cierto aire de familia con el Estado Socialdemócrata que, para estar de acuerdo con tiempos que vivimos, tendría que ser más ágil y ligero que el modelo europeo clásico.

Una de las claves del reemplazo del estado neoliberal por un estado socialdemócrata light es la presencia de una vigorosa correlación social y política de fuerzas que es capaz de impulsar ese reemplazo y que, a su turno, es un producto de múltiples factores, el más importante de los cuales es la presión distributiva en épocas de crecimiento. Contrariamente a lo que algunos analistas piensan, el crecimiento económico acelerado es el motor de muchos cambios, entre ellos la emergencia de importantes movimientos sociales y de nuevas fuerzas políticas. Si eso es así, entonces, el cambio del Estado neoliberal no sólo es deseable sino también posible. En todo caso, la política se encarga de hacer posible lo deseable.




Sinesio López Jiménez

Es difícil para ciertos gobernantes mantener el sentido de las proporciones. Ellos tienden generalmente al desborde y a cargar las tintas para un lado o para otro. Es el caso de García que pasa drásticamente de la crítica al ciudadano demandante (perro del hortelano) al planteamiento de exigencias al ciudadano responsable sin establecer los equilibrios necesarios. Es cierto que ningún sistema político es viable si los ciudadanos se limitan a reclamar derechos o formular demandas sin asumir responsabilidades y ofrecer apoyos. Pero también es cierto que ningún sistema político moderno es viable y estable si carga a los ciudadanos con responsabilidades sin reconocerles derechos. Pero, sobre todo, ningún sistema político puede ser eficaz si las autoridades no asumen sus responsabilidades, garantizan los derechos reconocidos y se comprometen a orientar los recursos del estado a atender ciertas necesidades prioritarias de los ciudadanos. Este el caso de la educación pública. En efecto, no tendremos una buena educación pública si no contamos con buenos maestros. Para ello se vienen desarrollando una serie de políticas que inducen a la mejora de la educación por el lado del maestro. Eso está bien. Pero es falso e injusto responsabilizar exclusivamente a los maestros del desastre educativo del país como lo viene haciendo García. Me parece bien que se abra la posibilidad de participar a los padres de familia en el control de calidad de la educación de los hijos y que los padres manejen, con esa finalidad, ciertas herramientas que les permitan intervenir. Hay que democratizar el control. No existe ninguna razón, ni siquiera la calificación técnica, para que la burocracia monopolice el control de la calidad de la educación pública. Pero el gobierno no puede lavarse las manos y evadir sus responsabilidades. Aquí van algunas preguntas ineludibles a García sobre el tema: ¿En cuánto ha incrementado su gobierno el gasto en educación como porcentaje del PBI?. ¿Qué está haciendo su gobierno para que el Perú no ocupe en América Latina los últimos lugares en lo que se refiere al gasto público en educación? ¿Qué medidas se han tomado para hacer que la educación básica sea efectivamente gratuita? ¿Qué medidas de política se han tomado o se piensa tomar para hacer que el gasto público en educación se realice con equidad? ¿ Cuando cree que el gobierno alcanzará la meta fijada (6% del PBI) por el Acuerdo Nacional?. ¿Qué reformas de gestión educativa está impulsando para mejorar la calidad de la educación?. La educación marcharía mejor si el gobierno no evadiera sus responsabilidades y destinara un porcentaje significativo del PBI a la educación. En América Latina los países que invierten más en Educación son Uruguay, Argentina Chile y México. Pese a ello, esos países no están ni a mitad de camino de lo que invierten los países que han alcanzado el mayor nivel educativo: Japón, Austria, Canadá, Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa.

Casi lo mismo se puede decir en lo que se refiere a la salud. Felizmente en el Perú tenemos excelentes médicos porque la mayoría de las facultades en que se forman tienen una muy alta calidad académica. Sería un despropósito afirmar que la mala situación de la salud en el Perú se debe a los profesionales de la salud y a los médicos. Es cierto, sin embargo, que los ciudadanos tienen que asumir responsabilices en el campo de la salud. No podemos exigir salud para todos sino nosotros mismos no contribuimos a mantener nuestra propia salud consumiendo una dieta adecuada o si nos negamos a pagar los impuestos que debemos pagar. No es justo reclamar atención médica a todos los ancianos si no contribuimos a mantener sanos a los nuestros. Falta desplegar una política más agresiva para comprometer a los ciudadanos en la prevención de la salud. En este campo las principales deficiencias provienen de las inadecuadas, insuficientes e ineficaces políticas de salud y de los pocos, muy pocos recursos que le dedica el gobierno.

Ciertamente los ciudadanos deben asumir sus responsabilidades en todas las actividades que despliegan. Pero para que el gobierno tenga autoridad moral para exigir responsabilidad a los ciudadanos tiene que reconocer y garantizar los derechos de los ciudadanos, es decir, tiene que gobernar para la mayoría de los ciudadanos. Y esto es lo que no hace García. Si se examina las políticas públicas que viene aplicando este gobierno, las sociales están en clara desventaja frente a las económicas y los sectores altos son más beneficiados que los sectores populares y pobres. Eso, por un lado. Por otro, la participación y el control de los ciudadanos no pueden limitarse a sus propias actividades. El verdadero control de los ciudadanos y de la sociedad civil se despliega sobre todas las actividades y políticas que promueve el gobierno con la finalidad de que ellas sean eficaces y transparentes. Y eso es lo que no quiere García. García quiere cogobernar con ciudadanos que no tengan derechos ni formulen demandas y, sobre todo, que no ejercen control ni fiscalización sobre su gobierno.


Sinesio López Jiménez

Una situación asfixiante. En el Perú se está desarrollando un clima político que poco a poco se va tornando irrespirable: la intolerancia. Lo más grave de todo esto es que, al parecer, los vientos irrespirables provienen desde la cúspide del poder. Es necesario hacer un inventario de estas muestras de intolerancia para saber qué las explica, como se transforman en políticas represivas y a qué régimen político nos conducen. Casi desde los inicios del gobierno de García se produjo el zarpazo contra las ONG a las que, siendo organismos privados que persiguen fines públicos, se las consideró como si fueran instituciones público-estatales, violando la ley, para intervenirlas y arrebatarles sus funciones de control y de fiscalización del poder del Estado. Un segundo momento se produce cuando García, Presidente de la República, descalifica a sus críticos llamándolos aves de mal agüero, comechados y otros lindezas por el estilo. Luego viene el intento de criminalizar las protestas sociales con el claro objetivo de desactivar los movimientos sociales que expresan su descontento con el gobierno de García y sus políticas. Simultáneamente se amenaza a los presidentes de las regiones que acompañan las protestas de sus regiones con la cárcel y el desafuero. Inmediatamente se propone y se aprueba una medida permisiva a la Policía y a las FF.AA. sobre el uso de las armas, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pero apuntando claramente a los movimientos sociales de protesta. Si se analizan con atención los artículos de García sobre el perro del hortelano, ellos no sólo proponen un modelo rentista de desarrollo y algunas estrategias y políticas para impulsarlo sino que conllevan también una propuesta autoritaria para hacerlo políticamente viable. Esta propuesta autoritaria implícita se puede traducir, a la larga, en persecución política contra todos los perros del hortelano que, según el propio García, asumen diversos pelajes: toda la sociedad, los intelectuales críticos, los comunistas, los movimientos sociales, los pobres mal informados, etc. Es probable que la zaga periodística de García culmine con el último artículo cuyo título puede ser el siguiente: El perro del hortelano en prisión.

En estos últimos meses se está llegando hasta el delirio. El presidente de la República alienta el desafuero de un Presidente regional que no ha cometido delito alguno, sino que sólo ha expresado, con su temperamento apasionado, una enorme confusión mental pues no sabe bien si quiere hacer de Puno un país independiente, un estado federal o una región autónoma. Se acusa de actos de terrorismo a un grupo de estudiantes peruanos que hacían coordinaciones políticas con organizaciones similares de otros países, principalmente con Venezuela. Los representantes del gobierno y alguna prensa, sin mirarse al espejo, se escandalizan y los acusan de recibir financiamiento del extranjero porque Venezuela les habría pagado los pasajes como si eso configurara un delito. Entre ellos figura una persona que ha estado presa por terrorismo, pero que ya salió libre por disposición del Poder Judicial. Cumplida su condena nada le impide desarrollar actividades propiamente políticas que no sean, obviamente, terroristas. Se acusa a organizaciones sociales y políticas de pretender organizar una Cumbre Social paralela a las Cumbres Oficiales como si eso fuera delito. En estos tiempos de globalización y de internacionalización de las acciones, coordinaciones y decisiones políticas se acusa a las Casas ALBA de ingerencia política y de violación de la soberanía nacional como si eso fuera un crimen. Como todas estas acusaciones no llegan a configurar delitos, se trata de vincularlas de todas maneras al terrorismo.

Qué explica todo este itinerario autoritario?. Hay, sin duda, factores personales, emocionales y sociales que lo explican. García es un devaluado caudillo autoritario que se siente, no un Presidente de la República, sino un filósofo-rey que cree que todas sus sabias inspiraciones tienen que positivarse y convertirse en propuestas legislativas y en leyes. Pobre del que se opone: puede ser acusado de pájaro de mal agüero, comechado, perro del hortelano o terrorista. Es probable también que García y todos los que cortan el jamón hoy tengan un enorme temor a perder el control de la situación política y social del país, pese a lo bien que les va, según ellos, en el manejo de la economía. Y quizá lo que más les asusta es que se rompa la continuidad de la bonanza y los privilegios en el 2011. Hay que acabar, por consiguiente, con la oposición política y social y con sus líderes o, al menos, silenciarlos. Lo más grave de todo esto es que las intolerancias y los úkases del Presidente pueden ser asumidas por las instituciones del Estado como si fuesen órdenes superiores. Más aún: aquellas instituciones estatales autónomas que no entran en este jueguito perverso pueden ser debilitadas y sometidas por la cúspide del poder. Es posible que se inicie entonces la cacería de brujas desde diversas instituciones del Estado. Si eso se concreta, el Perú y los peruanos tendremos al enfrente o, lo que es peor, encima un régimen totalitario. Aún lo podemos evitar.