El reto que tienen por delante quienes luchan por que se prohíba la pena de muerte siempre es grande porque nunca hay garantías suficientes de que, el día de mañana, la misma no será instaurada, restablecida o aplicada con mayor frecuencia en uno u otro rincón del mundo. Hace un año, cuando Amnistía Internacional presentó su informe sobre la administración de la pena capital correspondiente a 2008, se constató que, aunque cada vez menos países la aplican, el número de ejecuciones en aquellos que sí lo hacen casi se duplicó. A finales de marzo, Amnistía Internacional hará público su reporte correspondiente a 2009.
¿Temores exagerados?
En 2008, Latinoamérica emitió señales positivas con la decisión de Argentina de borrar la pena capital de su legislación. Sin embargo, cabe preguntarse si esta tendencia se mantuvo en la región o si se revirtió en el transcurso de los últimos meses. Después de todo, la posición sociopolítica de cara a la pena de muerte varía de país a país y, en la última década, una compleja madeja de circunstancias ha propiciado que se alcen voces pidiendo que ese castigo se reinstaure.
En Bolivia, algunos temen que la homologación del estatus del derecho indígena con el del derecho de Estado pueda legitimar indirectamente la pena capital en ese país, a pesar de que su Constitución restringe su aplicación a los delitos de guerra. La emisora alemana Deutschlandfunk reportaba a principios de 2010 que el número de linchamientos y asesinatos rituales estaba creciendo en la población indígena, y que la policía boliviana no intervenía para evitar estos excesos por creer que sus autores materiales actuaban acorde con la “justicia comunitaria”.
Bolivia y la justicia comunitaria
“Hay demasiados prejuicios en torno a las implicaciones del derecho indígena”, dice la Dra. Almut Schilling-Vacaflor, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del German Institute of Global and Area Studies (GIGA) en Hamburgo. “Es importante diferenciar entre linchamientos y justicia comunitaria; los linchamientos tienen lugar precisamente donde no están bien establecidas ni la justicia de Estado ni la justicia indígena”, agrega, aclarando que la aún no promulgada Ley de Deslinde Jurisdiccional evitará que surjan contradicciones entre ambas legislaciones, sobre todo en materia de derechos humanos.
El Dr. Kai Ambos, miembro del Grupo Latinoamericano de Investigación Penal de Gotinga, Baja Sajonia, y docente en el departamento de Derecho Penal Internacional del Instituto de Criminología de esa ciudad, secunda a Schilling-Vacaflor: “Quienes afirmen que el linchamiento o prácticas similares son expresión de la justicia indígena desconocen las percepciones histórico-culturales que las comunidades indígenas tienen del castigo y descalifican sus valores”. Los promotores de la justicia comunitaria en Bolivia han desmentido que ésta incluya la pena capital o la “justicia por mano propia”.
Apología de la pena capital
Cuba y Guatemala están entre los pocos países de América Latina en donde la pena capital sigue siendo legal. En Guatemala, la aplicación de la misma se suspendió en 2002 y volvió a activarse en 2008 bajo argumentos como el del general retirado y político conservador Otto Pérez Molina: “la pena de muerte es la única medida para disuadir a los delincuentes”. Pero la apología de la pena capital no proviene solamente de la derecha: en enero de este año, el Partido Verde Ecologista de México propuso reimplantar este castigo, alegando que, ante el auge de los secuestros y los homicidios, la mayoría de la población estaba de acuerdo con la medida.
Kai Ambos y su equipo señalan que la noción de la pena capital como medida de seguridad preventiva no es aceptada en los campos del derecho penal y la criminología porque su efecto disuasivo carece de evidencias empíricas; no hay pruebas de que la pena de muerte garantice el cumplimiento de las leyes ni la reducción de la violencia. No obstante, diversos sectores de las sociedades de El Salvador, Honduras, Colombia y Perú han pedido que se reimplante y se amplíe la aplicabilidad de la condena a muerte para ponerle coto a la violencia y al crimen organizado.
La instrumentalización del debate
“En América Latina, la popularidad de la pena de muerte varía dependiendo directamente de la percepción que predomine en relación con el estado de la seguridad pública. El incremento en el número de crímenes violentos genera preocupación, temor y frustración en la población, y, a veces, estos sentimientos son explotados por políticos demagogos que se hacen elegir apelando al discurso de la ‘mano dura’, que incluye la aplicación de la pena capital”, explica José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW).
Según Vivanco, el debate en torno a la pena capital resurge esporádicamente en detrimento de discusiones importantes sobre la necesidad de reformar el aparato judicial, agilizar los procesos penales e invertir en la profesionalización de las policías. “Seguimos contando con policías muy mal pagadas, acostumbradas a la corrupción, sin controles internos ni externos, que abusan de su poder y que, en muchos casos, ya se hallan penetradas por las mafias, el narcotráfico y el crimen organizado”, asegura el representante de HRW.
Latinoamérica, a tono con Europa
Kai Ambos parece coincidir con Vivanco cuando dice que la política contemporánea es testigo de la tendencia creciente de las sociedades a esperar que la “mano dura” de los Gobiernos se haga tangible a través del derecho penal. “Especialmente en países como Venezuela, es evidente la gestación de un marco que estimula la expansión cuantitativa y cualitativa del derecho penal y, con ello, la reivindicación de sanciones duras como la pena de muerte y, además, cierta justificación de versiones extralegales de la misma”, sostiene Ambos, aludiendo al primer país en abolir la pena de muerte para todos los delitos.
Entonces, ¿está América Latina propensa a padecer la expansión de la pena de muerte? No del todo, asegura Ambos. Los esfuerzos de Estados Unidos por imponer la pena de muerte en el sistema judicial de su Estado Libre Asociado Puerto Rico en 2006 no funcionaron. “Estados Unidos y Latinoamérica representan dos escenarios jurídico-culturales diferentes: el anglosajón y el continental-europeo, respectivamente. Durante los años ochenta, la democratización de América Latina supuso un gran incremento en la cantidad de países que abolieron la pena capital”, dice el catedrático de Gotinga.
Razones para el optimismo
Ambos suena optimista cuando se refiere a la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte; tendencia que él describe como “imparable” y en la que sigue viéndose reflejada la mayoría de los países latinoamericanos. “Desde 1990 más de 40 países y territorios han abolido la pena capital para todos los delitos. Hay que destacar como un hito histórico que, el 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución a favor de una moratoria en la pena de muerte en todo el mundo. La resolución fue adoptada por una amplia mayoría: 104 países votaron a favor, 52 en contra y 29 se abstuvieron”. Otro obstáculo en el camino de quienes promueven la pena capital en Latinoamérica es de índole jurídica: la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que la pena de muerte no puede ser restablecida en los países donde ya ha sido abolida y ese documento tiene carácter vinculante.
Autor: Evan Romero-Castillo
Editora: Emilia Rojas Sasse
Fuente: DW-WORLD.DE
¿Temores exagerados?
En 2008, Latinoamérica emitió señales positivas con la decisión de Argentina de borrar la pena capital de su legislación. Sin embargo, cabe preguntarse si esta tendencia se mantuvo en la región o si se revirtió en el transcurso de los últimos meses. Después de todo, la posición sociopolítica de cara a la pena de muerte varía de país a país y, en la última década, una compleja madeja de circunstancias ha propiciado que se alcen voces pidiendo que ese castigo se reinstaure.
En Bolivia, algunos temen que la homologación del estatus del derecho indígena con el del derecho de Estado pueda legitimar indirectamente la pena capital en ese país, a pesar de que su Constitución restringe su aplicación a los delitos de guerra. La emisora alemana Deutschlandfunk reportaba a principios de 2010 que el número de linchamientos y asesinatos rituales estaba creciendo en la población indígena, y que la policía boliviana no intervenía para evitar estos excesos por creer que sus autores materiales actuaban acorde con la “justicia comunitaria”.
Bolivia y la justicia comunitaria
“Hay demasiados prejuicios en torno a las implicaciones del derecho indígena”, dice la Dra. Almut Schilling-Vacaflor, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del German Institute of Global and Area Studies (GIGA) en Hamburgo. “Es importante diferenciar entre linchamientos y justicia comunitaria; los linchamientos tienen lugar precisamente donde no están bien establecidas ni la justicia de Estado ni la justicia indígena”, agrega, aclarando que la aún no promulgada Ley de Deslinde Jurisdiccional evitará que surjan contradicciones entre ambas legislaciones, sobre todo en materia de derechos humanos.
El Dr. Kai Ambos, miembro del Grupo Latinoamericano de Investigación Penal de Gotinga, Baja Sajonia, y docente en el departamento de Derecho Penal Internacional del Instituto de Criminología de esa ciudad, secunda a Schilling-Vacaflor: “Quienes afirmen que el linchamiento o prácticas similares son expresión de la justicia indígena desconocen las percepciones histórico-culturales que las comunidades indígenas tienen del castigo y descalifican sus valores”. Los promotores de la justicia comunitaria en Bolivia han desmentido que ésta incluya la pena capital o la “justicia por mano propia”.
Apología de la pena capital
Cuba y Guatemala están entre los pocos países de América Latina en donde la pena capital sigue siendo legal. En Guatemala, la aplicación de la misma se suspendió en 2002 y volvió a activarse en 2008 bajo argumentos como el del general retirado y político conservador Otto Pérez Molina: “la pena de muerte es la única medida para disuadir a los delincuentes”. Pero la apología de la pena capital no proviene solamente de la derecha: en enero de este año, el Partido Verde Ecologista de México propuso reimplantar este castigo, alegando que, ante el auge de los secuestros y los homicidios, la mayoría de la población estaba de acuerdo con la medida.
Kai Ambos y su equipo señalan que la noción de la pena capital como medida de seguridad preventiva no es aceptada en los campos del derecho penal y la criminología porque su efecto disuasivo carece de evidencias empíricas; no hay pruebas de que la pena de muerte garantice el cumplimiento de las leyes ni la reducción de la violencia. No obstante, diversos sectores de las sociedades de El Salvador, Honduras, Colombia y Perú han pedido que se reimplante y se amplíe la aplicabilidad de la condena a muerte para ponerle coto a la violencia y al crimen organizado.
La instrumentalización del debate
“En América Latina, la popularidad de la pena de muerte varía dependiendo directamente de la percepción que predomine en relación con el estado de la seguridad pública. El incremento en el número de crímenes violentos genera preocupación, temor y frustración en la población, y, a veces, estos sentimientos son explotados por políticos demagogos que se hacen elegir apelando al discurso de la ‘mano dura’, que incluye la aplicación de la pena capital”, explica José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW).
Según Vivanco, el debate en torno a la pena capital resurge esporádicamente en detrimento de discusiones importantes sobre la necesidad de reformar el aparato judicial, agilizar los procesos penales e invertir en la profesionalización de las policías. “Seguimos contando con policías muy mal pagadas, acostumbradas a la corrupción, sin controles internos ni externos, que abusan de su poder y que, en muchos casos, ya se hallan penetradas por las mafias, el narcotráfico y el crimen organizado”, asegura el representante de HRW.
Latinoamérica, a tono con Europa
Kai Ambos parece coincidir con Vivanco cuando dice que la política contemporánea es testigo de la tendencia creciente de las sociedades a esperar que la “mano dura” de los Gobiernos se haga tangible a través del derecho penal. “Especialmente en países como Venezuela, es evidente la gestación de un marco que estimula la expansión cuantitativa y cualitativa del derecho penal y, con ello, la reivindicación de sanciones duras como la pena de muerte y, además, cierta justificación de versiones extralegales de la misma”, sostiene Ambos, aludiendo al primer país en abolir la pena de muerte para todos los delitos.
Entonces, ¿está América Latina propensa a padecer la expansión de la pena de muerte? No del todo, asegura Ambos. Los esfuerzos de Estados Unidos por imponer la pena de muerte en el sistema judicial de su Estado Libre Asociado Puerto Rico en 2006 no funcionaron. “Estados Unidos y Latinoamérica representan dos escenarios jurídico-culturales diferentes: el anglosajón y el continental-europeo, respectivamente. Durante los años ochenta, la democratización de América Latina supuso un gran incremento en la cantidad de países que abolieron la pena capital”, dice el catedrático de Gotinga.
Razones para el optimismo
Ambos suena optimista cuando se refiere a la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte; tendencia que él describe como “imparable” y en la que sigue viéndose reflejada la mayoría de los países latinoamericanos. “Desde 1990 más de 40 países y territorios han abolido la pena capital para todos los delitos. Hay que destacar como un hito histórico que, el 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución a favor de una moratoria en la pena de muerte en todo el mundo. La resolución fue adoptada por una amplia mayoría: 104 países votaron a favor, 52 en contra y 29 se abstuvieron”. Otro obstáculo en el camino de quienes promueven la pena capital en Latinoamérica es de índole jurídica: la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que la pena de muerte no puede ser restablecida en los países donde ya ha sido abolida y ese documento tiene carácter vinculante.
Autor: Evan Romero-Castillo
Editora: Emilia Rojas Sasse
Fuente: DW-WORLD.DE
