Independientemente de cómo votemos cada uno de nosotros y de las motivaciones que nos lleven a ello (anti Fujimori, anti Humala, pro Fujimori, pro Humala, anti los dos), el 28 de julio alguno de los dos candidatos que pasaron a 2da vuelta será el presidente o la presidenta del Perú. Ambas opciones tienen sus riesgos. Me gustaría comentar aquí cuáles pueden ser algunas de las razones por las cuales se podría votar a favor o en contra de Fujimori o Humala.

Mi impresión personal es que si hay gente que está contenta o por lo menos medianamente satisfecha (o por último no tan descontenta) con el actual estado de la economía y quiere o está dispuesta a aceptar que las cosas sigan más o menos igual que como ha sido con el gobierno aprista, la opción por Fujimori podría ser lo más conveniente para ellos. Es una opción que puede garantizar una continuidad del statu quo actual y que para muchos puede darles cierta estabilidad, es decir “business as usual”. Difícilmente un nuevo gobierno fujimorista recurrirá a medidas como las del 5 de abril, pero puede seguir con la habitual costumbre suya (y del gobierno aprista) de tratar de controlar ciertos espacios de decisión en el poder judicial que permitan algunas cosas... como por ejemplo la libertad de Alberto Fujimori, uno de los principales objetivos declarados de su hija cuando deslizó la posibilidad de lanzarse a la presidencia apenas se conoció el fallo de condenó a Fujimori a 25 años de prisión.

El riesgo de un gobierno de Fujimori es aceptar la alta probabilidad de que el manejo del Estado se haga más corrupto que lo que es ahora. Muchos de los operadores políticos del Fujimorismo en su etapa final son los que acompañan a la actual candidata Fujimori. Es cierto que Fujimori dice que “no cometerán los mismos errores” y que ella no es su padre, aunque más allá de ser una hija que lo defiende como puede y una muy buena candidata, no se conocen mayores méritos en la trayectoria política de la Sra. Fujimori. Hay varios implicados en casos de corrupción en el gobierno fujimorista que han purgado o están purgando condenas de prisión, pero sería iluso pensar que los intereses mafiosos o empresariales que incentivaron esa corrupción (tráfico de armas, narcotráfico, empresas que negocian ventajas con el Estado) han dejado de existir o cortaron completamente los vínculos con los operadores más mafiosos o más políticos del fujimontesinismo.

La opción por Humala ofrece para algunos la posibilidad de un cambio de rumbo en el manejo de la economía, en principio dirigido hacia quienes no suelen beneficiarse tanto de la misma en la actualidad. No creo que ese cambio llegue a ser tan radical, pero en este país hablar de una mayor regulación estatal, mayores derechos sociales, o incluso de la posibilidad de reforzar la actividad empresarial del Estado, es casi una herejía que conlleva todos los anatemas posibles de los defensores de la sacrosanta libertad de los empresarios (que no es la misma que la libertad del mercado). Lo del chavismo parece más un espantapájaros (que ya tiene 5 años) repetido por algunos medios y políticos que un peligro real en la actualidad. Por lo que se ha visto en los últimos días, las (auto)restricciones a la libertad y neutralidad de la prensa y de información vienen más de quienes simpatizarían con un gobierno fujimorista que con uno humalista.

Uno de los riesgos con la opción por Humala es que haya una fuerte resistencia de diversos grupos de poder económico (incluidos medios de comunicación afines) y de la oposición política en el Congreso que fuercen un conflicto institucional y entremos en un periodo de inestabilidad política e incluso económica. Una confrontación política que lleve a una crisis institucional, puede terminar en escenarios similares a los experimentados por Ecuador, como en el caso de Lucio Gutiérrez (si se impone la oposición) o de Rafael Correa (si se impone el gobierno). La diferencia con Ecuador es que Humala no está llegando al poder con un amplio respaldo en primera vuelta, no tiene un mandato popular inconfundible para imponer su agenda de reformas económicas y políticas sin necesidad de negociar con otros actores políticos. Su “movida hacia el centro”, independientemente que sea o no del gusto del humalismo, es un gesto de que es conciente de ello.

Muchos temen que se caiga en manejos irresponsables o populistas de la economía para financiar los programas sociales del Estado, pero el Perú no es Venezuela (no tenemos petróleo) y, por lo que puede verse, en el entorno del Humalismo hay economistas (incluyendo los que se han sumado recientemente) que saben que la estabilidad macroeconómica es un tema central de la política económica del Estado. Más bien de lo que se ha hablado es de elevar la presión tributaria para que por lo menos se sitúe en el promedio regional (4 puntos por encima de nuestra presión actual), objetivo medianamente realista que podría permitir que se financien algunas (no todas) promesas sociales del humalismo. Sin embargo el riesgo es que el cambio en la política fiscal enfrente al gobierno con poderosos intereses económicos, conflicto que puede promover la inestabilidad política y económica. Además en ese escenario de conflicto, la impaciencia puede ganarle al gradualismo y llevar al gobierno a tomar medidas poco prudentes en el campo económico.

Ojo que no se descarta que un eventual gobierno humalista tenga problemas de corrupción (por ejemplo, ¿cómo se negociaría con empresas brasileñas que tienen intereses en el Perú?), aunque por este lado, parafraseando a Levitski, puede haber dudas, pero las pruebas de una trayectoria en esa dirección son abrumadoras en el otro lado.

Evitar los riesgos de una u otra opción no está sólo en manos de los candidatos y sus partidos (de su sinceridad o de si les creamos o no). Si las garantías democráticas o de manejos responsables del Estado dependen únicamente de la honestidad o buena voluntad de los políticos (quienes quiera sean éstos) estamos fritos. La democracia no funciona sobre la base de la buena voluntad de los políticos sino a partir de la existencia de instituciones tanto del sistema de político (los partidos, el congreso, el poder judicial, los órganos de control) como de la sociedad civil (medios, opinión pública, organizaciones sociales, ciudadanos interesados) que generen los contrapesos necesarios para contrarrestar la tendencias hacia una concentración del poder en manos del ejecutivo o el ejercicio del mismo sin controles ni transparencia. Sabemos que estas instituciones no son muy fuertes que digamos, pero ¿son más débiles que hace 11 años?.

Creo que una posible interpretación de la actual disyuntiva electoral es entre elegir “casi” más de lo mismo (con crecimiento económico pero sin mayor redistribución más su corrupción extra) y la posibilidad de un cambio hacia un modelo algo más redistributivo, pero que puede ser algo (o bastante) “movido” e incluso terminar mal. ¿Cuáles son las implicancias de esas opciones para el sistema democrático?, complicado de juzgar. Por lo que se ha visto en los últimas semanas el tema de la democracia y los “principios” democráticos ha pasado a un segundo plano y los electores, tanto los de arriba como los de abajo, están ponderando más su decisión en función sus bolsillos y billeteras (llenas o vacías), lo que es bastante normal en todas partes del mundo. Ojalá que algún día tengamos una elección donde ese siga siendo el tema central sin que haya preocupaciones acerca de la posible desaparición de las instituciones de un régimen democrático.

Los resultados de la primera vuelta electoral han originado una multiplicidad de análisis en los últimos días. A riesgo de ser repetitivo y poco original, me lanzo con algunas apreciaciones acerca del significado de la jornada del 10 de abril y de las perspectivas que tendremos que considerar en las próximas semanas (y años).

Para mucha gente de determinados círculos de clase media limeña (el limitado espacio en el que suelo moverme cotidianamente), los resultados del 10 de abril son considerados un desastre, en ciertos medios circula la impresión de que ha sido el peor de los escenarios posibles, y varios suscriben la idea que los peruanos nos hemos visto obligados a elegir entre el cáncer y el sida. Estoy totalmente en desacuerdo con esa idea. En lo personal puede no gustarme nada el resultado, pero creo que una elección debe ser significativa, es decir plantear disyuntivas claves que reflejen problemas serios para el país y posiciones diferentes respecto de cómo enfrentarlos. De eso se trata una elección significativa, de situarse en la disyuntiva de optar entre posiciones claramente diferenciadas.

La campaña electoral empezó con discusiones acerca de quién se corta el pelo; quién se droga con qué; quién es más machito para debatir con uno u otro en determinado lugar; cuánto wiskey se toma en palacio de gobierno; cómo son los genitales de un candidato; etc., y terminó poniendo sobre el tapete temas como: el problema de la pobreza; la (in)eficacia pasada o presente de los programas sociales; la desigualdad; la viabilidad social del modelo económico primario exportador; el rol del Estado; la corrupción y la reforma de las instituciones; las libertades ciudadanas; etc.

Estos problemas emergieron en el debate político cuando los candidatos “moderados” o “prosistema” empezaron a anularse entre sí y fueron “flanqueados” por Keiko Fujimori y Ollanta Humala. La incapacidad de Toledo, PPK y Castañeda para coordinar entre sí o plantear ofertas electorales claramente distintas; la eficacia de Fujimori para mantenerse firme en su base; y la buena estrategia electoral de Humala para salirse de la suya, nos han permitido a los peruanos confrontarnos nuevamente con los problemas y disyuntivas cruciales de nuestra sociedad, que no se han desvanecido a pesar de que “el Perú avanza”. Además hay que considerar que estamos confrontando estos problemas no debido a un protesta social violenta, un impasse político institucional o un golpe de Estado, sino gracias a un proceso electoral democrático, conducido ejemplarmente por la ONPE y el JNE (que se están reivindicando luego de su mediocre performance en las elecciones municipales).

Otro punto a considerar es que han pasado a segunda vuelta aquellos candidatos que tienen mayor arraigo en los sectores populares y que su discurso de campaña ha estado especificamente dirigido a ellos. Obviamente ofreciendo cosas desde posiciones muy diferentes, aunque el común denominador es que ambos apelaban al recuerdo o la promesa de un Estado que esté más del lado de los “ignorados”, ya sea asistencialistamente o “redistributivamente”.

De acuerdo con el INEI, en el año 2009 el ingreso per cápita promedio mensual de los hogares del decil 5 era de 285 soles. Eso quiere decir que el 50% de los peruanos contaba en promedio con menos de 10 soles diarios para vivir (comer, pagar los servicios, movilizarse, vestirse, etc.). El ingreso promedio diario del decil más rico (el 10% de peruanos con más ingresos) era de 57 soles, casi seis veces más.

Fujimori y Ollanta le hablaron y fueron más escuchados por esos peruanos que tienen menos de 10 soles diarios para vivir, mientras que los otros candidatos se peleaban por la paternidad del modelo económico que beneficia más a los que están varios soles más arriba que eso.

Una pregunta central de esta elección es por qué los candidatos “moderados” no logran llegar y sobre todo convencer a una proporción más importante de los peruanos que están en el lado menos favorecido de la brecha social. No es un problema de falta de comunicación de los beneficios del modelo (¿hay que avisarle a la gente que el “Perú Avanza”?) sino de lo que efectivamente el Estado en manos de los “moderados” hace por cerrar las brechas y ponerse realmente del lado correcto de las mismas.

En estos primeros días post primera vuelta hemos visto que los radicales de ambas orillas se moderan, van hacia el centro, hablan de concesiones y de garantías para atraer a quienes no votaron por ellos. El hecho de que tienen que llegar al poder convenciendo a más gente de la que votó por ellos los está obligando a asumir esas conductas y compromisos. No lo hacen porque es “realmente” lo que quieren hacer, sino porque las instituciones democráticas (una elección) los están forzando o “incentivando” a ello. Y así es como se supone que deben funcionar las instituciones democráticas, generar incentivos para que los actores políticos asuman determinadas conductas que apunten a que “el sistema político” siga funcionando, y no estalle en mil pedazos por la intransigencia o la imposición por la fuerza de uno sobre otro.

Las instituciones y procedimientos democráticos sirven para que los políticos que buscan o llegan al poder no hagan lo que les da la gana, sino lo que les permiten las reglas del juego democrático. Una de ellas es que si no se tiene mayoría hay que llegar a acuerdos, compromisos y alianzas. Claro, algunos dirán que no son sinceros, que “en el fondo” quisieran otra cosa y probablemente tengan razón, pero querer no es poder, y la democracia funciona cuando los políticos tienen que actuar según las posibilidades que les ofrecen las reglas, el contexto y las circunstancias y no porque son buena gente (elegimos a políticos, no a santos, y dicho sea de paso, los santos no son elegidos por la gente sino por Dios).

Las elecciones han obligado a los políticos (perdedores y ganadores) a escuchar al pueblo, el que votó por ellos y el que no votó por ellos, para ver si esta vez hacen algo que realmente le sirva al pueblo (o a una buena parte de él, por lo menos). Otras instituciones, como el congreso, el poder judicial, la prensa, la opinión pública, pueden generar nuevos incentivos para que los políticos ganadores no hagan lo que les de la gana sino lo que es posible, necesario y razonable de lograr. Es obvio que nuestras instituciones democráticas (del Estado y la sociedad civil) son débiles y a veces no hacen las cosas que se supone deberían hacer, pero de vez en cuando funcionan cuando la gente las hace funcionar: hemos podido deshacernos de un dictador; se han derogado leyes impopulares (la ley de la selva por ejemplo); algunos ministros malos han sido censurados o han tenido que renunciar (algunos buenos también); se han destapado varios casos de corrupción; etc. Seguramente es insuficiente, pero la alternativa es que alguien patee el tablero o busque imponerse sin ningún tipo de control.

Tal vez podemos mejorar estos incentivos y generar algunos que hagan que los ciudadanos sean escuchados con más frecuencia o más fuerza por los políticos y por otros que tienen poder: ¿elecciones parlamentarias intermedias?; ¿fortalecer organizaciones sociales para negociar acuerdos?; ¿sindicatos?; ¿partidos políticos?.

Hay que darle una oportunidad a la democracia para que funcione y produzca resultados (contenidos y no solo formas). Ya sabemos cómo es cuando no hay democracia. Esperemos que en esta segunda vuelta los políticos tengan buenos incentivos para ofrecerle a la ciudadanía opciones realmente significativas y diferenciadas para escoger. Cada quién escogerá en función de su mejor parecer (mis amigos de Facebook ya saben hacia donde me inclino...)

¿Cómo ha evolucionado el rechazo o la posibilidad de votar por los candidatos que han pasado a primera vuelta?

Resultados a partir de las encuestas realizadas por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP





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Fuente: Instituto de Opinión Pública de la PUCP
Elaboración: David Sulmont