30/01/07: ¿Quiénes son las víctimas?
Parte del debate acerca del memorial “El Ojo que Llora”, iniciado a partir del fallo de la CIDH sobre los sucesos del penal Castro Castro gira en torno a la noción de “víctima”. A raíz de ello quisiera reflexionar acerca de algunos datos que provienen del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La CVR trató de reconstruir un perfil de las victimas del conflicto que experimentamos en las décadas del 80 y 90: se trataba sobre todo de campesinos, habitantes de provincias andinas, quechua hablantes, o personas pertenecientes a los estratos más pobres de la sociedad peruana. Otro rasgo común es que entre las víctimas que lograron ser identificadas con nombre y apellidos más del 90% eran civiles. En el informe final de la CVR se consignan los nombres de 24,820 personas muertas o desaparecidas. Entre ellas hay 1,671 miembros de las fuerzas armadas y policiales que dieron su vida en el combate contra los grupos subversivos . El 80% de las bajas militares y policiales ocurrieron entre 1988 y 1995, especialmente en las zonas de emergencia de la selva central y nororiental.
La casi totalidad de civiles identificados por la CVR como muertos o desaparecidos fueron víctimas desarmadas de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. No se trata entonces de personas muertas en enfrentamientos o combates armados. En algo más de la mitad de esos casos el responsable de los hechos es Sendero Luminoso. Una proporción importante de estas víctimas (cerca del 12%) eran autoridades locales, dirigentes políticos y sociales. A pesar de no tener armas, permanecieron en sus puestos al lado de sus conciudadanos. Sin dejar de reconocer el coraje de los militares y policías, no debemos olvidarnos del heroísmo de estos peruanos que también murieron cumpliendo su deber.
Los testimonios recogidos por la CVR indican que los agentes del Estado (fuerzas armadas, policiales y comités de autodefensa) habrían sido responsables de un tercio de las víctimas de asesinatos, ejecuciones y desapariciones que se logró identificar. El 47% de estos casos ocurrió entre 1982 y 1985, básicamente en los departamentos de Ayacucho y Huancavelica.
Una pregunta que ha surgido en los últimos días es ¿cuántas de las personas ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas por las fuerzas del orden estaban involucradas con los grupos subversivos? Salvo los casos conocidos, como el de las personas ejecutadas en Castro Castro en 1992, no es posible saber a ciencia cierta quiénes y cuántos estuvieron efectivamente involucrados con Sendero Luminoso ya que se trataba de una organización clandestina cuyos miembros se ocultaban en medio de la población civil.
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La CVR trató de reconstruir un perfil de las victimas del conflicto que experimentamos en las décadas del 80 y 90: se trataba sobre todo de campesinos, habitantes de provincias andinas, quechua hablantes, o personas pertenecientes a los estratos más pobres de la sociedad peruana. Otro rasgo común es que entre las víctimas que lograron ser identificadas con nombre y apellidos más del 90% eran civiles. En el informe final de la CVR se consignan los nombres de 24,820 personas muertas o desaparecidas. Entre ellas hay 1,671 miembros de las fuerzas armadas y policiales que dieron su vida en el combate contra los grupos subversivos . El 80% de las bajas militares y policiales ocurrieron entre 1988 y 1995, especialmente en las zonas de emergencia de la selva central y nororiental.
La casi totalidad de civiles identificados por la CVR como muertos o desaparecidos fueron víctimas desarmadas de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. No se trata entonces de personas muertas en enfrentamientos o combates armados. En algo más de la mitad de esos casos el responsable de los hechos es Sendero Luminoso. Una proporción importante de estas víctimas (cerca del 12%) eran autoridades locales, dirigentes políticos y sociales. A pesar de no tener armas, permanecieron en sus puestos al lado de sus conciudadanos. Sin dejar de reconocer el coraje de los militares y policías, no debemos olvidarnos del heroísmo de estos peruanos que también murieron cumpliendo su deber.
Los testimonios recogidos por la CVR indican que los agentes del Estado (fuerzas armadas, policiales y comités de autodefensa) habrían sido responsables de un tercio de las víctimas de asesinatos, ejecuciones y desapariciones que se logró identificar. El 47% de estos casos ocurrió entre 1982 y 1985, básicamente en los departamentos de Ayacucho y Huancavelica.
Una pregunta que ha surgido en los últimos días es ¿cuántas de las personas ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas por las fuerzas del orden estaban involucradas con los grupos subversivos? Salvo los casos conocidos, como el de las personas ejecutadas en Castro Castro en 1992, no es posible saber a ciencia cierta quiénes y cuántos estuvieron efectivamente involucrados con Sendero Luminoso ya que se trataba de una organización clandestina cuyos miembros se ocultaban en medio de la población civil.
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Por David Sulmont.
Articulo escrito para la edición de enero del 2007 de la revista Coyuntura del CISEPA - PUCP
El año 2006 ha sido un periodo electoralmente intenso, tanto para el Perú como para América Latina. En nuestro caso, en ocho meses se han renovado por completo las autoridades que son fruto del sufragio popular en todos los niveles de gobierno: nacional, legislativo, regional, provincial y distrital. No se trata solamente de una renovación de la legitimidad democrática de las autoridades, sino también de un recambio de actores, en la medida que la mayoría de parlamentarios electos lo son por primera vez, y que pocas autoridades regionales y municipales que se presentaron a la reelección obtuvieron nuevamente el respaldo de las urnas.
La fragilidad del sistema de representación
Mucho se ha escrito a lo largo del 2006 acerca de las múltiples transformaciones que ha sufrido el mapa político en los tres tipos de elecciones que hemos experimentado (generales, regionales y municipales). Un elemento común en la mayoría de los análisis es su énfasis en la fragilidad del sistema de representación político visible a través de múltiples indicadores. El primero de ellos es el “auge y caída” del líder nacionalista Ollanta Humala como nuevo outsider de la política peruana, quien luego de recibir un apoyo calificado como “aluvional” en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, no logra mantener su capital político en las elecciones regionales y municipales.
La dificultad de los partidos políticos para mantener y reforzar su respaldo electoral a nivel nacional es otro indicador de este fenómeno. Unidad Nacional – básicamente restringida a Solidaridad Nacional – no concita mayores adhesiones fuera de la capital. En las provincias, el Partido Aprista con duras penas logra conservar dos de los doce gobiernos regionales que venía administrando y pierde la emblemática ciudad de Trujillo.
Si consideramos la votación registrada en las elecciones regionales, fuera de Lima el APRA supera al Partido Nacionalista Peruano (PNP) de Ollanta Humala en apenas 131 mil votos (menos del 1% del padrón electoral nacional). Si al PNP le sumamos los votos que obtuvo la Unión por el Perú, su aliado en las elecciones presidenciales, ese bloque sobrepasaría al partido de la estrella en poco más de 300 mil votos en el interior del país.
La preeminencia de figuras “independientes” en gobiernos regionales y municipales a nivel nacional es el tercer indicador de la fragilidad de nuestro sistema de representación. El tema aquí no es tanto la inexperiencia política de quienes han resultado electos. Descontando el ámbito municipal que requeriría un análisis mucho más fino (son más de 2000 alcaldes electos entre provinciales y distritales), varios de los nuevos presidentes regionales son actores capaces de demostrar una larga y significativa trayectoria política en sus respectivas localidades. Sin embargo más allá de las competencias políticas de las autoridades “independientes”, lo que se señala como problema es la fragmentación de la representación y la ausencia de proyectos y organizaciones políticas capaces de federar o aglutinar intereses y demandas sociales de diferentes ámbitos regionales y sociales. De ahí que se emplee el término de “archipiélago” para describir el nuevo mapa político peruano resultante de las elecciones regionales, palabra que denota las dificultades que debemos enfrentar para conectar actores, agendas sociales y políticas diversas y poco integradas en la tarea de construir una agenda nacional.
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Articulo escrito para la edición de enero del 2007 de la revista Coyuntura del CISEPA - PUCP
El año 2006 ha sido un periodo electoralmente intenso, tanto para el Perú como para América Latina. En nuestro caso, en ocho meses se han renovado por completo las autoridades que son fruto del sufragio popular en todos los niveles de gobierno: nacional, legislativo, regional, provincial y distrital. No se trata solamente de una renovación de la legitimidad democrática de las autoridades, sino también de un recambio de actores, en la medida que la mayoría de parlamentarios electos lo son por primera vez, y que pocas autoridades regionales y municipales que se presentaron a la reelección obtuvieron nuevamente el respaldo de las urnas.
La fragilidad del sistema de representación
Mucho se ha escrito a lo largo del 2006 acerca de las múltiples transformaciones que ha sufrido el mapa político en los tres tipos de elecciones que hemos experimentado (generales, regionales y municipales). Un elemento común en la mayoría de los análisis es su énfasis en la fragilidad del sistema de representación político visible a través de múltiples indicadores. El primero de ellos es el “auge y caída” del líder nacionalista Ollanta Humala como nuevo outsider de la política peruana, quien luego de recibir un apoyo calificado como “aluvional” en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, no logra mantener su capital político en las elecciones regionales y municipales.
La dificultad de los partidos políticos para mantener y reforzar su respaldo electoral a nivel nacional es otro indicador de este fenómeno. Unidad Nacional – básicamente restringida a Solidaridad Nacional – no concita mayores adhesiones fuera de la capital. En las provincias, el Partido Aprista con duras penas logra conservar dos de los doce gobiernos regionales que venía administrando y pierde la emblemática ciudad de Trujillo.
Si consideramos la votación registrada en las elecciones regionales, fuera de Lima el APRA supera al Partido Nacionalista Peruano (PNP) de Ollanta Humala en apenas 131 mil votos (menos del 1% del padrón electoral nacional). Si al PNP le sumamos los votos que obtuvo la Unión por el Perú, su aliado en las elecciones presidenciales, ese bloque sobrepasaría al partido de la estrella en poco más de 300 mil votos en el interior del país.
La preeminencia de figuras “independientes” en gobiernos regionales y municipales a nivel nacional es el tercer indicador de la fragilidad de nuestro sistema de representación. El tema aquí no es tanto la inexperiencia política de quienes han resultado electos. Descontando el ámbito municipal que requeriría un análisis mucho más fino (son más de 2000 alcaldes electos entre provinciales y distritales), varios de los nuevos presidentes regionales son actores capaces de demostrar una larga y significativa trayectoria política en sus respectivas localidades. Sin embargo más allá de las competencias políticas de las autoridades “independientes”, lo que se señala como problema es la fragmentación de la representación y la ausencia de proyectos y organizaciones políticas capaces de federar o aglutinar intereses y demandas sociales de diferentes ámbitos regionales y sociales. De ahí que se emplee el término de “archipiélago” para describir el nuevo mapa político peruano resultante de las elecciones regionales, palabra que denota las dificultades que debemos enfrentar para conectar actores, agendas sociales y políticas diversas y poco integradas en la tarea de construir una agenda nacional.
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