Quienes habían sufrido la pérdida de cabello a esa edad tenían entre un 29% a 45% menos probabilidades de padecer esta enfermedad.
Una investigación hecha por científicos de la Universidad de Washington concluyó que los hombres que son calvos a los 30 años tienen menos probabilidades de sufrir de cáncer de próstata.
Es una muestra de 2 mil hombres de entre 40 y 47 años llegaron a la conclusión de que los altos niveles de testosterona que muestran aquellos que han perdido su cabello pronto están vinculados a un menor riesgo de padecer este mal. La mitad de estas personas analizadas habían padecido de esta enfermedad.
Los investigadores compararon los índices de tumoración entre los que habían perdido el pelo a los 30 años y aquellos que no y llegaron a la conclusión de que los calvos tenían entre un 29 y un 45 por ciento menos de riesgo de sufrir cáncer de próstata.
La calvicie se produce cuando los folículos pilosos de la cabeza se encuentran sometidos a una excesiva cantidad de dihidrotestosterona, que es un producto químico producido por la hormona testosterona. Los altos niveles de esta hormona son los que, en opinión de los científicos, provocan la calvicie, pero también parecen proteger de la enfermedad.
Fuente: Perú21
La publicación electrónica MujeresNet.Info en el marco del festejo de su 4o. Aniversario en línea, tiene el agrado de invitarle
Con la participación de la periodista Sara Lovera, corresponsal de SEMlac y colaboradora de MujeresNet; Francesca Gargallo, escritora, docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y cofundadora del suplemento Todas, del diario Milenio; Elvira Hernández Carballido, docente- investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y colaboradora de MujeresNet; Elsa Lever M., editora de MujeresNet, y como moderadora Layla Sánchez Kuri, docente en la UNAM.
Se llevará a cabo el día viernes 26 de marzo de 2010, en la Casa de Ondas ubicada en Manuel Carpio #117, Col. Santa María La Ribera, esquina con Torres Bodet. Frente al parque Alameda de la Santa María, en contraesquina del Museo de Geología.
La cita es a las 17:00 hrs.
Se ofrecerá un brindis por el aniversario al terminar la mesa.
Donativo: $150.00
Cupo limitado
Fecha límite del pago: 22 de marzo
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contacto@mujeresnet.info o al celular 04455 3636 2262
a la Mesa de Análisis
"Periodismo feminista en los medios alternativos"
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Con la participación de la periodista Sara Lovera, corresponsal de SEMlac y colaboradora de MujeresNet; Francesca Gargallo, escritora, docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y cofundadora del suplemento Todas, del diario Milenio; Elvira Hernández Carballido, docente- investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y colaboradora de MujeresNet; Elsa Lever M., editora de MujeresNet, y como moderadora Layla Sánchez Kuri, docente en la UNAM.
Se llevará a cabo el día viernes 26 de marzo de 2010, en la Casa de Ondas ubicada en Manuel Carpio #117, Col. Santa María La Ribera, esquina con Torres Bodet. Frente al parque Alameda de la Santa María, en contraesquina del Museo de Geología.
La cita es a las 17:00 hrs.
Se ofrecerá un brindis por el aniversario al terminar la mesa.
Donativo: $150.00
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16/03/10: Al otro lado del río
martes 16 de marzo de 2010
Mercedes López San Miguel (ARTEMISA)
Dos mujeres de izquierda tomaron juramento a la nueva Legislatura en Uruguay con la asunción de Pepe Mujica: la senadora y primera dama Lucía Topolansky en la Cámara Alta, Ivonne Passada en Diputados. Ana Olivera, del Partido Comunista, es la favorita a ganar las municipales de Montevideo del próximo 9 de mayo. Un tablero político interesante para el avance de las políticas de género en Uruguay, incluida la despenalización del aborto.
Expertas en género afirman que la mujer en Uruguay ganó visibilidad en la actividad política, pero necesita avanzar en leyes que la protejan. Un veto presidencial hizo fracasar hace dos años el artículo referido a la despenalización del aborto en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Pero las especialistas destacan que el asunto volverá a debatirse. ¿Por qué? Dos mujeres de izquierda, ex guerrilleras del Movimiento de Liberación Nacional –Tupamaros (MLN-T), tomaron juramento a la nueva legislatura del vecino país: la senadora y primera dama Lucía Topolansky en la Cámara Alta, Ivonne Passada en Diputados. Y se trató de las legisladoras más votadas del partido más votado -Movimiento de Participación Popular- dentro de la coalición Frente Amplio que inauguró un segundo gobierno el 1 de marzo.
Los congresistas del oficialismo insistirán este año con el tratamiento de un proyecto de ley para despenalizar el aborto, que el 13 de noviembre de 2008 vetó el oncólogo y ex presidente Tabaré Vázquez. La senadora socialista Mónica Xavier afirmó a Artemisa Noticias que buscará que el nuevo Congreso trate un proyecto que se centre en no sancionar la interrupción del embarazo. 'Para este período legislativo el programa del Frente Amplio incluye el proyecto sobre la despenalización del aborto. La idea es presentarlo el próximo semestre. El tema del aborto, que siempre ha sido un tabú, se ha encarado en todas las legislativas con más o menos suerte. Vemos cada vez más necesario que no se penalice el aborto en todas las hipótesis; sí si va en contra de la voluntad de la mujer'. El flamante presidente, José 'Pepe' Mujica, anticipó que no promoverá una iniciativa en ese sentido pero que tampoco la vetará si prospera en el Parlamento.
El anterior Congreso, que también contaba con mayoría del Frente Amplio, aprobó el proyecto de Salud Sexual y Reproductiva por el que se despenalizaba la interrupción del embarazo en las primeras doce semanas de gestación bajo determinadas circunstancias. La actual presidenta de Diputados, Ivonne Passada, docente y militante sindical votó a favor de la ley y la senadora Lucía Topolansky también apoyó la despenalización del aborto como 'una asignatura pendiente de la sociedad uruguaya'. Ante la amenaza de veto del Ejecutivo, ambas legisladoras se pronunciaron a favor de convocar a un plebiscito, una iniciativa que no prosperó. Hoy la ley está vigente en relación a las medidas establecidas para la incorporación de la educación sexual a nivel de la enseñanza formal; para el acceso universal a servicios de planificación familiar y la prevención de infecciones de transmisión sexual, entre otras. Un dato a tener en cuenta: en Uruguay la posibilidad de morir por causas relacionadas con la maternidad es para 1 de cada 2100 mujeres, una cifra menor comparada con Argentina -1 de cada 530 mujeres- según información suministrada por Unicef.
La bancada bicameral femenina tuvo una intensa actividad en el período anterior. En materia penal, se derogó un artículo del Código Penal que anulaba el delito sexual si la víctima contraía matrimonio con el ofensor. También se aprobó la ley de migración, que penaliza las conductas de trata y tráfico de personas. En materia de derechos de familia se aprobaron las normas que regulan a los deudores alimentarios y se dio luz verde a la unión concubinaria (unión libre), que incluye a personas del mismo sexo, entre otras legislaciones que afectan a miles de mujeres.
Asimismo cabe destacar que dentro del Plan de Equidad, la ley que extiende las asignaciones familiares a hogares de bajos recursos priorizando a la mujer como titular de la prestación, tuvo el apoyo fundamental de la bancada femenina. A esto se suma la creación de InMujeres, un órgano rector de políticas de género. Existe un servicio de atención a la violencia doméstica en Montevideo que desde hace años se articula con el instituto de las mujeres a nivel nacional. Agrega Xavier: 'Seguiremos trabajando en la verificación de la ley para la violencia intrafamiliar. Siempre se requiere de políticas públicas, servicios adecuados y respuestas acordes. Avanzamos en incorporar tanto el tema de violencia familiar como el de los derechos sexuales y reproductivos a la currícula en los distintos niveles de educación'.
Glenda Rondán, fundadora de la bancada femenina y actual edila del conservador Partido Colorado –el ala 'batllista', de inspiración progresista- señaló a Artemisa Noticias que la situación para la mujer mejoró, pero falta. ¨Nosotras redactamos la ley sobre violencia de género que se aprobó en la pasada Legislatura. Con la ley no alcanza. Falta presupuesto, faltan casas que hagan de refugio para las mujeres; tiene que mejorar la policía, se necesita capacitación'. Enumeró además otros temas relacionados con la mujer en los que debiera hacerse hincapié. 'Hay que trabajar en el tema del empleo joven y para la mujer de más de 40 años que se queda sin empleo por el cierre de las empresas. Habría que darles incentivos de baja de impuesto a las empresas para que tomen más personal femenino; que no sea discriminada por los embarazos y que haya guarderías en los organismos públicos. Yo presenté un proyecto sobre la jubilación de las amas de casa. Porque cuando los hijos crecen, la mujer se encuentra con que no tiene nada que le pertenezca'.
- ¿Cuánto se avanzó en políticas que protejan la salud de la mujer?
Veo perspectivas auspiciosas con el nuevo ministro Daniel Olesker, quien ya dijo que está a favor de la Ley de salud sexual reproductiva. Se van a incrementar los proyectos que tengan que ver con el género, como por ejemplo, atacar el rebrote de sífilis. ¡Sí, sífilis! El propio marido la contagia y el niño nace con secuelas.
La actual Legislatura cuenta con cuatro mujeres en el Senado y 15 en Diputados (19 del total de 130 legisladores). Eso representa un 15 por ciento de mujeres en el Congreso, un porcentaje por debajo del promedio mundial (19 por ciento). Aún así, quienes presiden ambas cámaras son mujeres y referentes de la izquierda. Señala Xavier. 'Que haya dos mujeres liderando las bancadas muestra los avances en el debate, pero al mismo tiempo debe haber voluntad política –apuntó Rondán-. En este nuevo gobierno sólo dos mujeres ocupan cargos en el ministerio (Graciela Muslera en Vivienda y Ana Vignoli en Desarrollo Social). La presencia de Topolansky y Passada debe estar acompañada de acciones concretas: se trata de que lleguen más mujeres'.
En Montevideo es donde las mujeres políticas lograron desplegar mayor actividad. Actualmente una mujer, Hyara Rodríguez, ocupa el cargo en la intendencia –renunció Ricardo Erlich para asumir la cartera de Educación- y otra dama es la favorita a ganar las municipales del próximo 9 de mayo. La candidata Ana Olivera, del Partido Comunista –que integra el Frente Amplio- sostiene ante este medio que la representación política es insuficiente. 'Tenemos mucho camino por andar en políticas de género. Primero porque la representación de las mujeres no es acorde al trabajo que desarrollan en este país y eso tiene que ver con generar las condiciones desde los partidos. Yo integro una formación que tuvo una crisis en el `92; en ese momento la mitad del comité central estaba ocupada por mujeres, lo mismo sucedía con el comité ejecutivo; hoy esas mujeres siguen siendo comunistas pero no pueden dedicarle tanto tiempo a la militancia. Es uno de los temas que la izquierda tiene que analizar y la responsabilidad es de los sectores progresistas' enfatiza Olivera.
Rondán da por descontado que la aspirante comunista continuará la hegemonía del Frente Amplio en Montevideo. 'En la intendencia se van a ver reformas y planes relacionados a la mujer. Todo depende de nosotras, como dijo Artigas'.
Fuente: Argenpress
Mercedes López San Miguel (ARTEMISA)
Dos mujeres de izquierda tomaron juramento a la nueva Legislatura en Uruguay con la asunción de Pepe Mujica: la senadora y primera dama Lucía Topolansky en la Cámara Alta, Ivonne Passada en Diputados. Ana Olivera, del Partido Comunista, es la favorita a ganar las municipales de Montevideo del próximo 9 de mayo. Un tablero político interesante para el avance de las políticas de género en Uruguay, incluida la despenalización del aborto.
Expertas en género afirman que la mujer en Uruguay ganó visibilidad en la actividad política, pero necesita avanzar en leyes que la protejan. Un veto presidencial hizo fracasar hace dos años el artículo referido a la despenalización del aborto en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Pero las especialistas destacan que el asunto volverá a debatirse. ¿Por qué? Dos mujeres de izquierda, ex guerrilleras del Movimiento de Liberación Nacional –Tupamaros (MLN-T), tomaron juramento a la nueva legislatura del vecino país: la senadora y primera dama Lucía Topolansky en la Cámara Alta, Ivonne Passada en Diputados. Y se trató de las legisladoras más votadas del partido más votado -Movimiento de Participación Popular- dentro de la coalición Frente Amplio que inauguró un segundo gobierno el 1 de marzo.
Los congresistas del oficialismo insistirán este año con el tratamiento de un proyecto de ley para despenalizar el aborto, que el 13 de noviembre de 2008 vetó el oncólogo y ex presidente Tabaré Vázquez. La senadora socialista Mónica Xavier afirmó a Artemisa Noticias que buscará que el nuevo Congreso trate un proyecto que se centre en no sancionar la interrupción del embarazo. 'Para este período legislativo el programa del Frente Amplio incluye el proyecto sobre la despenalización del aborto. La idea es presentarlo el próximo semestre. El tema del aborto, que siempre ha sido un tabú, se ha encarado en todas las legislativas con más o menos suerte. Vemos cada vez más necesario que no se penalice el aborto en todas las hipótesis; sí si va en contra de la voluntad de la mujer'. El flamante presidente, José 'Pepe' Mujica, anticipó que no promoverá una iniciativa en ese sentido pero que tampoco la vetará si prospera en el Parlamento.
El anterior Congreso, que también contaba con mayoría del Frente Amplio, aprobó el proyecto de Salud Sexual y Reproductiva por el que se despenalizaba la interrupción del embarazo en las primeras doce semanas de gestación bajo determinadas circunstancias. La actual presidenta de Diputados, Ivonne Passada, docente y militante sindical votó a favor de la ley y la senadora Lucía Topolansky también apoyó la despenalización del aborto como 'una asignatura pendiente de la sociedad uruguaya'. Ante la amenaza de veto del Ejecutivo, ambas legisladoras se pronunciaron a favor de convocar a un plebiscito, una iniciativa que no prosperó. Hoy la ley está vigente en relación a las medidas establecidas para la incorporación de la educación sexual a nivel de la enseñanza formal; para el acceso universal a servicios de planificación familiar y la prevención de infecciones de transmisión sexual, entre otras. Un dato a tener en cuenta: en Uruguay la posibilidad de morir por causas relacionadas con la maternidad es para 1 de cada 2100 mujeres, una cifra menor comparada con Argentina -1 de cada 530 mujeres- según información suministrada por Unicef.
La bancada bicameral femenina tuvo una intensa actividad en el período anterior. En materia penal, se derogó un artículo del Código Penal que anulaba el delito sexual si la víctima contraía matrimonio con el ofensor. También se aprobó la ley de migración, que penaliza las conductas de trata y tráfico de personas. En materia de derechos de familia se aprobaron las normas que regulan a los deudores alimentarios y se dio luz verde a la unión concubinaria (unión libre), que incluye a personas del mismo sexo, entre otras legislaciones que afectan a miles de mujeres.
Asimismo cabe destacar que dentro del Plan de Equidad, la ley que extiende las asignaciones familiares a hogares de bajos recursos priorizando a la mujer como titular de la prestación, tuvo el apoyo fundamental de la bancada femenina. A esto se suma la creación de InMujeres, un órgano rector de políticas de género. Existe un servicio de atención a la violencia doméstica en Montevideo que desde hace años se articula con el instituto de las mujeres a nivel nacional. Agrega Xavier: 'Seguiremos trabajando en la verificación de la ley para la violencia intrafamiliar. Siempre se requiere de políticas públicas, servicios adecuados y respuestas acordes. Avanzamos en incorporar tanto el tema de violencia familiar como el de los derechos sexuales y reproductivos a la currícula en los distintos niveles de educación'.
Glenda Rondán, fundadora de la bancada femenina y actual edila del conservador Partido Colorado –el ala 'batllista', de inspiración progresista- señaló a Artemisa Noticias que la situación para la mujer mejoró, pero falta. ¨Nosotras redactamos la ley sobre violencia de género que se aprobó en la pasada Legislatura. Con la ley no alcanza. Falta presupuesto, faltan casas que hagan de refugio para las mujeres; tiene que mejorar la policía, se necesita capacitación'. Enumeró además otros temas relacionados con la mujer en los que debiera hacerse hincapié. 'Hay que trabajar en el tema del empleo joven y para la mujer de más de 40 años que se queda sin empleo por el cierre de las empresas. Habría que darles incentivos de baja de impuesto a las empresas para que tomen más personal femenino; que no sea discriminada por los embarazos y que haya guarderías en los organismos públicos. Yo presenté un proyecto sobre la jubilación de las amas de casa. Porque cuando los hijos crecen, la mujer se encuentra con que no tiene nada que le pertenezca'.
- ¿Cuánto se avanzó en políticas que protejan la salud de la mujer?
Veo perspectivas auspiciosas con el nuevo ministro Daniel Olesker, quien ya dijo que está a favor de la Ley de salud sexual reproductiva. Se van a incrementar los proyectos que tengan que ver con el género, como por ejemplo, atacar el rebrote de sífilis. ¡Sí, sífilis! El propio marido la contagia y el niño nace con secuelas.
La actual Legislatura cuenta con cuatro mujeres en el Senado y 15 en Diputados (19 del total de 130 legisladores). Eso representa un 15 por ciento de mujeres en el Congreso, un porcentaje por debajo del promedio mundial (19 por ciento). Aún así, quienes presiden ambas cámaras son mujeres y referentes de la izquierda. Señala Xavier. 'Que haya dos mujeres liderando las bancadas muestra los avances en el debate, pero al mismo tiempo debe haber voluntad política –apuntó Rondán-. En este nuevo gobierno sólo dos mujeres ocupan cargos en el ministerio (Graciela Muslera en Vivienda y Ana Vignoli en Desarrollo Social). La presencia de Topolansky y Passada debe estar acompañada de acciones concretas: se trata de que lleguen más mujeres'.
En Montevideo es donde las mujeres políticas lograron desplegar mayor actividad. Actualmente una mujer, Hyara Rodríguez, ocupa el cargo en la intendencia –renunció Ricardo Erlich para asumir la cartera de Educación- y otra dama es la favorita a ganar las municipales del próximo 9 de mayo. La candidata Ana Olivera, del Partido Comunista –que integra el Frente Amplio- sostiene ante este medio que la representación política es insuficiente. 'Tenemos mucho camino por andar en políticas de género. Primero porque la representación de las mujeres no es acorde al trabajo que desarrollan en este país y eso tiene que ver con generar las condiciones desde los partidos. Yo integro una formación que tuvo una crisis en el `92; en ese momento la mitad del comité central estaba ocupada por mujeres, lo mismo sucedía con el comité ejecutivo; hoy esas mujeres siguen siendo comunistas pero no pueden dedicarle tanto tiempo a la militancia. Es uno de los temas que la izquierda tiene que analizar y la responsabilidad es de los sectores progresistas' enfatiza Olivera.
Rondán da por descontado que la aspirante comunista continuará la hegemonía del Frente Amplio en Montevideo. 'En la intendencia se van a ver reformas y planes relacionados a la mujer. Todo depende de nosotras, como dijo Artigas'.
Fuente: Argenpress
Un estudio francés mostró que las chicas recibían menos tratamientos efectivos y recomendó prácticas más invasivas.
Un estudio francés mostró que las mujeres tienen el doble de posibilidades que los hombres de morir tras un ataque cardíaco. “Esto sugiere que podríamos reducir la mortalidad en las pacientes mujeres usando procedimientos más invasivos que la angiografía “, señaló el doctor Francois Schiele, jefe de cardiología del Hospital Universitario de Besancon.
El estudio halló que las mujeres recibían menos tratamientos efectivos ante un ataque cardíaco. También eran dos veces más propensas a morir durante su estadía inicial en el hospital y el mes posterior.
Schiele –que presentó la investigación en la reunión del Colegio Estadounidense de Cardiología, en Atlanta– dijo que las mujeres deberían ser tratadas con todas las estrategias recomendadas, inclusive las más invasivas.
El equipo analizó datos de un registro que incluyó a más de 3,500 pacientes que fueron tratados por ataques al corazón entre enero del 2006 y diciembre del 2007. Las mujeres, que representaban a casi un tercio de los pacientes, eran, en promedio, nueve años mayores que los hombres y tenían más problemas de salud.
Fuente: Perú21
Un estudio señala que esta industria, plagada por los excesos, hace tergiversar la realidad y provoca una serie de disfunciones.
Para nadie es un secreto que la pornografía es una de las industrias más rentables del mundo. Con la llegada de Internet, la difusión del cine para adultos comenzó a masificarse y se volvió más gráfico. Esto, no obstante, puede ser negativo para las relaciones sociales, la productividad y la felicidad de los consumidores.
Así lo señala el estudio The social cost of pornography: A statement of findings and recommendations, difundido por el Witherspoon Institute. Este material tan explícito “en el que cada vez interviene más violencia, fetichismo extremo y otras prácticas sexuales que llevan a la degradación mutua” hace tergiversar la realidad y provoca disfunciones en la pareja.
“Los que ven porno creen que su vida sexual va a ser mejor, pero tienen eyaculación precoz, tienen más disfunciones y problemas para relacionarse”, señaló Mary Anne Layden, coautora y directora del programa de traumas sexuales y psicopatología de la Universidad de Pensilvania.
Según Layden, la exposición masiva a contenidos pornográficos lleva a cambios en creencias y actitudes sociales. Por ejemplo, se incrementa la insensibilidad hacia las mujeres, se reduce el apoyo al movimiento como el de la liberación de la mujer y se pierde la noción de que estos contenidos deben ser restringidos para menores.
El consumo continuado de estos contendidos frecuentemente acaba en alguna patología, señaló Layden, que comentó que por primera vez el DSM5, que es el manual utilizado para hacer diagnósticos psiquiátricos, va a incluir como enfermedades las adicciones al sexo, la pornografía y el cibersexo.
Los expertos consideran que el consumo de pornografía no es visto como un problema grave en la sociedad, por eso reclaman atención sobre el asunto y piden más protección, sobre todo para los más vulnerables: los niños y adolescentes. “No sirve con un software para bloquear estas páginas en Internet. Los niños tienen a su alcance otras webs donde pueden encontrar el código para desbloquear el filtro”, indicó Layden.
Fuente: perú21
Norrie-May Welby se sometió a una operación para ser mujer, pero no estuvo conforme e inició una batalla legal para no tener identidad sexual.
No se sentía cómodo ni como hombre ni como mujer, por ello el ciudadano británico Norrie-May Welby inició una batalla legal para no ser etiquetado bajo un identidad sexual definida. Y la ganó. Ahora en su partida de nacimiento figura con una nueva clasificación: ‘neutro’, según informó el diario Daily Telegraph.
Welby nació varón hace 48 años en el condado escocés de Renfrewshire, pero emigró a Australia cuando tenía siete años. Cuando cumplió 28, se sometió a una operación de cambio de sexo, pero tampoco se ubicaba como mujer. Ahora las autoridades debieron modificar su partida de nacimiento luego que varios médicos que lo examinaron no pudieron determinar su género.
“Los conceptos de hombre o mujer no se ajustan a mí. La solución más sencilla es no tener ningún tipo de identidad sexual”, aseguró Norrie, quien considera que ha hecho historia al conseguir que se reconozcan los derechos civiles de las personas que no se sienten de ningún sexo.
Fuente: Perú21
16-03-2010
Humberto Márquez
IPS
Las comunidades indígenas yukpa, que protagonizaron refriegas por el sistema gubernamental de reparto de tierras en el extremo oeste de Venezuela, reclaman la libertad de sus dirigentes presos para poder juzgarlos según sus leyes ancestrales.
"Tenemos nuestra cultura, nuestra justicia. Podemos juzgar y castigar a culpables de algún daño a la comunidad sin que nuestros caciques estén presos bajo la ley de los watía (criollos)", dijo a IPS el joven Sabino Romero Martínez, cacique segundo de la comunidad Chaktapa, a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.
Un grupo de indígenas y activistas de derechos humanos reclamó el viernes al TSJ respuesta a una solicitud de amparo para que "se restablezca el derecho que tienen el pueblo yukpa y todos los pueblos indígenas de Venezuela (36 etnias con unas 600.000 personas) a ser juzgados por sus propias leyes, a partir de su cosmovisión, usos y costumbres".
El trasfondo del conflicto está en la lucha de los yukpas por la demarcación y posesión de sus tierras ancestrales, que comprenden planicies al oeste del lago de Maracaibo y áreas de la Sierra de Perijá, que marca parte de la frontera con Colombia, un territorio a entre 600 y 700 kilómetros al occidente de Caracas.
Las mejores de esas tierras fueron ocupadas a lo largo del siglo XX por ganaderos criollos, y los 12.000 yukpas viven en pobreza en áreas de montaña deseadas por empresas mineras trasnacionales del carbón. El gobierno rechaza entregar a ese pueblo un territorio indivisible y propone en cambio asignar parcelas a las decenas de comunidades de esa etnia.
En ese marco, se produjo un incidente violento entre yukpas de las comunidades vecinas Chaktapa y Guamo Pamocha, el 13 de octubre de 2009. Un día antes, el gobierno había entregado miles de hectáreas a tres comunidades de la etnia que aceptaron los parámetros oficiales para las demarcaciones.
El cacique principal de Chaktapa, Sabino Romero Izarra, con algunos hombres, mujeres y niños de su comunidad, se dirigió a los predios de Olegario Romero, jefe en Guamo Pamocha, para reclamarle por supuestas difamación e implicaciones en delitos de la zona, principalmente robo de ganado en operaciones de invasión de haciendas.
Las comunidades indígenas más combativas invadieron hace dos años varias haciendas, para presionar por la restitución de lo que consideran sus territorios.
La discusión entre la gente de Chaktapa y la de Guamo Pamocha degeneró en violencia y hubo disparos de escopetas desde ambos lados, que terminaron con la muerte de Eber García, yerno de Sabino Romero Izarra, y de Mireya Romero, hermana de Olegario; otros tres indígenas fueron heridos con disparos, y algunos más con golpes.
Están presos y comenzaron a ser juzgados por el incidente Olegario e Israel Romero (menor de edad) y Alexander Fernández, quien pertenece a la vecina etnia wayúu, además del cacique Romero Izarra, quien tras ser atendido en un hospital quedó prisionero en el Fuerte Macoa, un cuartel del ejército en la región.
La jueza del caso, Judith Rojas, negó la petición de la defensa para que entregase el caso a la jurisdicción indígena. La apoyó la sala de apelaciones de la región, en la ciudad de Maracaibo, capital del petrolero y occidental estado de Zulia.
"Es lamentable que se obvie la Constitución en este caso donde se daban los tres parámetros para entregarlo a la jurisdicción indígena: ocurrió en un área indígena, fue entre indígenas y rigen normas y pautas de control social propias del pueblo yukpa", opinó el abogado defensor Ricardo Colmenares.
El artículo 260 de la carta magna establece que "las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución, a la ley y al orden público".
Romero Martínez, hijo del líder preso, narró que "ya habíamos acordado juzgar lo que pasó entre representantes de las 64 comunidades yukpa, y que quien tenga que pagar lo hiciera con una compensación en años de trabajo o de servicio a la comunidad".
Le acompañaban el viernes su madre Lucía Martínez, y la de Alexander, Carmen Fernández, mientras unos chiquillos yukpa correteaban en la explanada del TSJ.
Pero "según la jueza, la jurisdicción indígena sólo vale para cuestiones menores, como un robo de gallinas, pero no para hechos como los que se ventilan", observó a IPS el antropólogo Lusbi Portillo, de la no gubernamental Sociedad Homo et Natura, con sede en Maracaibo y que acompaña las reivindicaciones indígenas desde hace 25 años.
"Se ignora que los pueblos indígenas, el yukpa en este caso, aplican justicia en sus comunidades según su cosmovisión desde siglos antes de que llegasen a América los españoles. Y en el fondo está el juego cerrado contra el dirigente Sabino Romero, que reclama el derecho a la demarcación y no entrega sus banderas", dijo Portillo.
Marino Alvarado, de la organización humanitaria Provea, dijo a IPS que "además de la jurisprudencia internacional a favor de la jurisdicción indígena, debe destacarse una situación desproporcionada, pues Sabino es un civil y se le tiene preso en un fuerte militar, en condiciones casi infrahumanas y con visitas muy restringidas".
"Es evidente que no se quiere ceder en la aplicación de la ley nacional, para reforzar el poder del Estado y para criminalizar protestas y actitudes como las de Sabino, y así sentar precedentes que desmoralicen la lucha indígena", dijo Alvarado.
Tomás Sánchez, diputado a la Asamblea Nacional por el Frente Humanista, un grupo disidente de la mayoría oficialista, dijo a IPS que denunciará el caso en el parlamento "no sólo por la casi incomunicación en que se tiene a Sabino, sino por la aberración de que se le recluya en un fuerte militar cuando se trata de un civil".
Tanto Sánchez como Portillo insistieron en que el Estado venezolano desarrolla una política de contención de los indígenas en el occidente porque la devolución de vastos territorios colocaría un candado a las aspiraciones de las trasnacionales del carbón.
Ambos flancos de la Sierra de Perijá, al este los estados venezolanos de Zulia y Táchira, y al oeste los departamentos colombianos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander, constituyen una gran cuenca carbonífera con presencia de compañías transnacionales.
En el caso de los yukpas, "se les arrincona a parcelas en una franja que les privaría a la vez de tierras planas en manos de ganaderos a quienes el Estado no quiere indemnizar, y de la franja fronteriza con Colombia, que se reservan los militares", dijo Portillo.
El indígena Romero Martínez advirtió que "no nos cruzaremos de brazos. Si los meses pasan y nuestros caciques siguen presos, con riesgo para sus vidas y la fuerza de nuestras comunidades, entonces ocuparemos otras ocho o 10 haciendas. Hasta hemos pensado en tomar el Fuerte Macoa", concluyó.
Fuente: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=94880
Fuente: Rebelión
Humberto Márquez
IPS
Las comunidades indígenas yukpa, que protagonizaron refriegas por el sistema gubernamental de reparto de tierras en el extremo oeste de Venezuela, reclaman la libertad de sus dirigentes presos para poder juzgarlos según sus leyes ancestrales.
"Tenemos nuestra cultura, nuestra justicia. Podemos juzgar y castigar a culpables de algún daño a la comunidad sin que nuestros caciques estén presos bajo la ley de los watía (criollos)", dijo a IPS el joven Sabino Romero Martínez, cacique segundo de la comunidad Chaktapa, a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.
Un grupo de indígenas y activistas de derechos humanos reclamó el viernes al TSJ respuesta a una solicitud de amparo para que "se restablezca el derecho que tienen el pueblo yukpa y todos los pueblos indígenas de Venezuela (36 etnias con unas 600.000 personas) a ser juzgados por sus propias leyes, a partir de su cosmovisión, usos y costumbres".
El trasfondo del conflicto está en la lucha de los yukpas por la demarcación y posesión de sus tierras ancestrales, que comprenden planicies al oeste del lago de Maracaibo y áreas de la Sierra de Perijá, que marca parte de la frontera con Colombia, un territorio a entre 600 y 700 kilómetros al occidente de Caracas.
Las mejores de esas tierras fueron ocupadas a lo largo del siglo XX por ganaderos criollos, y los 12.000 yukpas viven en pobreza en áreas de montaña deseadas por empresas mineras trasnacionales del carbón. El gobierno rechaza entregar a ese pueblo un territorio indivisible y propone en cambio asignar parcelas a las decenas de comunidades de esa etnia.
En ese marco, se produjo un incidente violento entre yukpas de las comunidades vecinas Chaktapa y Guamo Pamocha, el 13 de octubre de 2009. Un día antes, el gobierno había entregado miles de hectáreas a tres comunidades de la etnia que aceptaron los parámetros oficiales para las demarcaciones.
El cacique principal de Chaktapa, Sabino Romero Izarra, con algunos hombres, mujeres y niños de su comunidad, se dirigió a los predios de Olegario Romero, jefe en Guamo Pamocha, para reclamarle por supuestas difamación e implicaciones en delitos de la zona, principalmente robo de ganado en operaciones de invasión de haciendas.
Las comunidades indígenas más combativas invadieron hace dos años varias haciendas, para presionar por la restitución de lo que consideran sus territorios.
La discusión entre la gente de Chaktapa y la de Guamo Pamocha degeneró en violencia y hubo disparos de escopetas desde ambos lados, que terminaron con la muerte de Eber García, yerno de Sabino Romero Izarra, y de Mireya Romero, hermana de Olegario; otros tres indígenas fueron heridos con disparos, y algunos más con golpes.
Están presos y comenzaron a ser juzgados por el incidente Olegario e Israel Romero (menor de edad) y Alexander Fernández, quien pertenece a la vecina etnia wayúu, además del cacique Romero Izarra, quien tras ser atendido en un hospital quedó prisionero en el Fuerte Macoa, un cuartel del ejército en la región.
La jueza del caso, Judith Rojas, negó la petición de la defensa para que entregase el caso a la jurisdicción indígena. La apoyó la sala de apelaciones de la región, en la ciudad de Maracaibo, capital del petrolero y occidental estado de Zulia.
"Es lamentable que se obvie la Constitución en este caso donde se daban los tres parámetros para entregarlo a la jurisdicción indígena: ocurrió en un área indígena, fue entre indígenas y rigen normas y pautas de control social propias del pueblo yukpa", opinó el abogado defensor Ricardo Colmenares.
El artículo 260 de la carta magna establece que "las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución, a la ley y al orden público".
Romero Martínez, hijo del líder preso, narró que "ya habíamos acordado juzgar lo que pasó entre representantes de las 64 comunidades yukpa, y que quien tenga que pagar lo hiciera con una compensación en años de trabajo o de servicio a la comunidad".
Le acompañaban el viernes su madre Lucía Martínez, y la de Alexander, Carmen Fernández, mientras unos chiquillos yukpa correteaban en la explanada del TSJ.
Pero "según la jueza, la jurisdicción indígena sólo vale para cuestiones menores, como un robo de gallinas, pero no para hechos como los que se ventilan", observó a IPS el antropólogo Lusbi Portillo, de la no gubernamental Sociedad Homo et Natura, con sede en Maracaibo y que acompaña las reivindicaciones indígenas desde hace 25 años.
"Se ignora que los pueblos indígenas, el yukpa en este caso, aplican justicia en sus comunidades según su cosmovisión desde siglos antes de que llegasen a América los españoles. Y en el fondo está el juego cerrado contra el dirigente Sabino Romero, que reclama el derecho a la demarcación y no entrega sus banderas", dijo Portillo.
Marino Alvarado, de la organización humanitaria Provea, dijo a IPS que "además de la jurisprudencia internacional a favor de la jurisdicción indígena, debe destacarse una situación desproporcionada, pues Sabino es un civil y se le tiene preso en un fuerte militar, en condiciones casi infrahumanas y con visitas muy restringidas".
"Es evidente que no se quiere ceder en la aplicación de la ley nacional, para reforzar el poder del Estado y para criminalizar protestas y actitudes como las de Sabino, y así sentar precedentes que desmoralicen la lucha indígena", dijo Alvarado.
Tomás Sánchez, diputado a la Asamblea Nacional por el Frente Humanista, un grupo disidente de la mayoría oficialista, dijo a IPS que denunciará el caso en el parlamento "no sólo por la casi incomunicación en que se tiene a Sabino, sino por la aberración de que se le recluya en un fuerte militar cuando se trata de un civil".
Tanto Sánchez como Portillo insistieron en que el Estado venezolano desarrolla una política de contención de los indígenas en el occidente porque la devolución de vastos territorios colocaría un candado a las aspiraciones de las trasnacionales del carbón.
Ambos flancos de la Sierra de Perijá, al este los estados venezolanos de Zulia y Táchira, y al oeste los departamentos colombianos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander, constituyen una gran cuenca carbonífera con presencia de compañías transnacionales.
En el caso de los yukpas, "se les arrincona a parcelas en una franja que les privaría a la vez de tierras planas en manos de ganaderos a quienes el Estado no quiere indemnizar, y de la franja fronteriza con Colombia, que se reservan los militares", dijo Portillo.
El indígena Romero Martínez advirtió que "no nos cruzaremos de brazos. Si los meses pasan y nuestros caciques siguen presos, con riesgo para sus vidas y la fuerza de nuestras comunidades, entonces ocuparemos otras ocho o 10 haciendas. Hasta hemos pensado en tomar el Fuerte Macoa", concluyó.
Fuente: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=94880
Fuente: Rebelión
por Ángel Páez
Sin pruebas en su contra, activistas indígenas son mantenidos presos por el asesinato de policías, ocurrido durante las movilizaciones indias de Bagua; en contraste, ni un solo policía ha sido detenido por los homicidios de los indígenas, ocurridos en el contexto de las mismas movilizaciones. Mientras, el gobierno pretende llevar a cabo las medidas que originaron el descontento indio: la explotación de la selva por trasnacionales
Lima, Perú. Todos los peritajes exculpan a dos de los indígenas acusados del asesinato de 12 policías durante los enfrentamientos ocurridos, en junio, entre pobladores y fuerzas de seguridad en Bagua, en la nororiental selva amazónica peruana. Pero siguen presos.
Feliciano Cahuasa Rolín y Danny López Shawit permanecen en prisión desde hace más de ocho meses, pese a que un peritaje técnico demostró que ninguno de los dos disparó un solo tiro y, por tanto, son inocentes en la muerte, el 6 de junio, de los efectivos.
En cambio, no hay ningún policía detenido por el crimen, ese mismo día, de 10 nativos y mestizos, durante el “baguazo”, como se denomina en este país al trágico enfrentamiento que estalló cuando un operativo policial intentó reprimir una protesta de miles de pobladores de la zona.
Las manifestaciones en Bagua, una de las siete provincias del departamento de Amazonas, eran contra un conjunto de decretos-leyes que el gobierno de Alan García aprobó para alentar la inversión privada en la selva, sin la obligada consulta a las comunidades nativas.
Hace poco, los tribunales de Bagua cerraron el plazo de investigación judicial por los casos “Curva del Diablo” y “Estación 6”, abiertos contra 96 nativos y mestizos a los que se atribuye haber intervenido en el homicidio de 23 policías y en la desaparición de otro durante los enfrentamientos.
Juan José Quispe y Gustavo Campos, los abogados defensores de los nativos y mestizos, interpusieron recursos legales en demanda de la ampliación del plazo de investigación.
La razón es que los magistrados no cumplieron con llevar a cabo 74 diligencias consideradas trascendentales para esclarecer la situación de los 96 enjuiciados, entre ellos, Cahuasa y López.
“No hay pruebas contra Cahuasa y López, como tampoco las hay contra los otros acusados”, dijo a IPS el abogado Quispe, de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (CDH).
“Por supuesto que se debe castigar a quienes mataron a los policías, pero ellos no han sido los autores de los asesinatos”, precisó.
El abogado aseguró que “todo el caso está plagado de irregularidades” y citó entre ellas que “no se ha recogido el testimonio de importantes testigos de los hechos para acreditar que los denunciados son inocentes.
“Los que están enjuiciados son personas arbitrariamente detenidas por la policía el día de los hechos. No los arrestaron como resultado de una investigación”, apuntó Quispe.
El alcalde de la provincia de Condorcanqui y líder del pueblo aguaruna, Héctor Requejo, y el también indígena Merino Trigoso, son acusados de la autoría intelectual de la masacre de policías en Curva del Diablo, un tramo de la principal carretera de la selva, tomado aquel día por los manifestantes.
Requejo y Trigoso fueron señalados por dos adolescentes detenidos por efectivos del ejército durante el “baguazo”. Sin embargo, la declaración de los jóvenes no está incluida en el expediente judicial.
“Las propias autoridades judiciales confirmaron que las declaraciones de los jóvenes no obran en el expediente; sin embargo, subsiste la persecución contra Requejo y Trigoso”, manifestó Gustavo Campos, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL).
“Es más, los adolescentes han dicho que no han acusado a ninguno de los dos”, adujo.
Campos detalló que “hemos planteado a los juzgados que el caso sea declarado complejo, con la finalidad de continuar con las investigaciones antes del juicio oral, y así establecer que no hay evidencias contra los 96 procesados”.
Pero el pedido fue rechazado, “así que hemos apelado”, añadió Campos, antes de explicar que “estamos muy preocupados por la cadena de irregularidades que afecta el debido proceso”.
La fiscalía penal de la provincia de Utcubamba, en cuya jurisdicción se produjo el “baguazo”, denunció como autores mediatos (a través de otros) del homicidio de cuatro indígenas a dos generales, y como presuntos autores materiales a dos policías.
Los generales son el exjefe de la Dirección de Operaciones Especiales, Luis Muguruza, y al exjefe policial de Bagua, Javier Uribe.
La defensa de los indígenas y mestizos sostiene que la denuncia fiscal contiene graves errores, como considerar autores mediatos de los hechos a los dos generales, quienes se limitaron a cumplir órdenes.
“Muguruza y Uribe eran parte de una cadena de mando que alcanzaba al entonces director de la Policía Nacional, teniente general José Sánchez Farfán, y a su jefa inmediata, la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien a su vez estaba a la orden del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon”, señaló Quispe.
Sin embargo, “ni siquiera se han tomado las declaraciones de Cabanillas y Simon, que son muy importantes para establecer en dónde se originó la orden para reprimir a los manifestantes ubicados en Curva del Diablo y la Estación 6, donde se produjeron las masacres de ambos lados”, afirmó.
A juicio de Quispe, “esta denuncia de la fiscalía está construida para garantizar la impunidad a las autoridades del (Poder) Ejecutivo”.
Pero, además, hay otro intento para sustraer de la acción de la justicia a los que desde el gobierno nacional adoptaron la decisión de ejercer la violencia sobre los nativos, que protestaban contra leyes que los afectaban.
El presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el vicealmirante en retiro Carlos Mesa, anunció que formulará un reclamo de competencia a la justicia común para que sean los tribunales castrenses quienes procesen a los dos generales denunciados.
Mesa argumentó que corresponde a la justicia militar procesar a los policías, por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
“Los generales de la policía han sido denunciados por los delitos comunes de homicidio y lesiones graves, que no son delitos de función aquí ni en ninguna otra parte”, arguyó el director de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos, Miguel Jugo.
Esta organización se encarga de la defensa de los 96 indígenas y mestizos acusados por la violencia en Bagua, junto con CDH, IDL y la católica Comisión Episcopal de Acción Social.
“Se trata de una maniobra de la justicia militar para asegurar impunidad a los generales de la policía a cambio de que no declaren que ellos ejecutaron la operación en Bagua por órdenes directas del exprimer ministro Yehude Simon y la exministra del Interior Mercedes Cabanillas”, aseguró Jugo.
Planteó que el estamento militar y los propios generales acusados saben bien que las penas por un delito en el ejercicio de su función son mucho menores que la de homicidio calificado en la justicia penal, que llega hasta los 35 años de cárcel.
Para protestar por las irregularidades en las causas de los 96 nativos y mestizos acusados, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte convocó una movilización para el lunes 22 de febrero.
La convocatoria también buscó denunciar el incumplimiento de la derogatoria de los decretos-ley que encendieron la ira de las comunidades nativas y desembocó en el “baguazo”.
La Comisión Multipartidaria del Congreso Legislativo, encargada de la desactivación de las normas legales que provocaron el levantamiento indígena, informó a IPS que ya fueron derogadas cuatro de las 10 “leyes de la selva”.
Esta comisión emitió un informe que concluye que los 10 decretos vulneran el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a la consulta previa a las comunidades nativas cuando se trate de normas que afecten su hábitat y forma de vida.
Pero la derogación de la totalidad de las “leyes de la selva” todavía no se ha ejecutado, que es lo que demandan los pueblos de la Amazonia peruana.
Ángel Páez
Fuente: http://www.voltairenet.org/article164465.html
Advierte Coordinadora Metropolitana del Vaso de Leche
| CPN RADIO - 16 MAR| Los niños más pobres de Lima reciben más agua que leche, denunció la presidenta de la Coordinadora Metropolitana del Vaso de Leche, Ivonne Tapia.
En Hoy por Hoy de CPN Radio, acusó al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) de no fiscalizar con eficacia, y permitir que con un solo tarro de leche se preparen nueve raciones de desayuno.
Tapia Vivas advirtió que hay un interés económico tras la obligación de las municipalidades de utilizar leche en tarro, y acusó de monopolio el contrato con la empresa de lácteos Gloria.
Fuente: CPN Radio
| CPN RADIO - 16 MAR| Los niños más pobres de Lima reciben más agua que leche, denunció la presidenta de la Coordinadora Metropolitana del Vaso de Leche, Ivonne Tapia.
En Hoy por Hoy de CPN Radio, acusó al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) de no fiscalizar con eficacia, y permitir que con un solo tarro de leche se preparen nueve raciones de desayuno.
Tapia Vivas advirtió que hay un interés económico tras la obligación de las municipalidades de utilizar leche en tarro, y acusó de monopolio el contrato con la empresa de lácteos Gloria.
Fuente: CPN Radio
16/03/10: Perú: Nadie da cuenta de los donativos
El gobierno entrega información por cucharadas, y faltan millones que no aparecen en listados oficiales.
El gobierno volvió a enviar ayer al Congreso información incompleta sobre la utilización del dinero de las donaciones internacionales y nacionales para la población de Pisco, Chincha, Ica y otras localidades duramente impactadas por el terremoto del 15 de agosto de 2007.
La información parcial fue remitida al congresista opositor Rafael Santos, quien dijo que ante una denuncia de LA PRIMERA sobre el tema, el director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) del ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Pando, le hizo llegar una respuesta a su solicitud de más información al respecto.
Santos recalcó que la respuesta de APCI hace referencia apenas a una mínima parte de los 125’579,789 dólares, enviados por diversos países y organismos mundiales, y no deja en claro el uso que le dio el gobierno a las donaciones.
Santos ratificó que falta sumar a ese monto las donaciones extranjeras en dólares (medio millón) y nuevos soles (un millón) enviados desde el exterior al Congreso, que en ese entonces era presidido por el legislador aprista Luis Gonzales Posada, además del dinero (S/. 1’900,000.00) recaudado en el concierto internacional “Canto por el Sur” organizado por el cantautor Gianmarco a favor de los damnificados del sismo.
APCI reconoció que sólo fueron programados 109’693,443 dólares para la reconstrucción del sur, habiendo sido ejecutados apenas 36’432,180 dólares. El ministerio de Economía y Finanzas ni otros organismos del Estado han rendido cuenta del monto exacto recibido y en qué fue utilizado.
El congresista Santos agregó que mañana presentará su informe final el subgrupo de la Comisión de Fiscalización encargado de indagar sobre el uso de las donaciones para la reconstrucción del sur, luego del terremoto del 2007.
DETALLE
Falta aclarar el monto y el destino de las donaciones realizadas por diferentes empresas, universidades y organismos nacionales al Instituto Nacional de Defensa Civil, a cuyo jefe, Luis Palomino, el legislador Santos solicitó la información correspondiente de manera infructuosa.
Vilma Escalante
Redacción
Fuente: La Primera
El gobierno volvió a enviar ayer al Congreso información incompleta sobre la utilización del dinero de las donaciones internacionales y nacionales para la población de Pisco, Chincha, Ica y otras localidades duramente impactadas por el terremoto del 15 de agosto de 2007.
La información parcial fue remitida al congresista opositor Rafael Santos, quien dijo que ante una denuncia de LA PRIMERA sobre el tema, el director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) del ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Pando, le hizo llegar una respuesta a su solicitud de más información al respecto.
Santos recalcó que la respuesta de APCI hace referencia apenas a una mínima parte de los 125’579,789 dólares, enviados por diversos países y organismos mundiales, y no deja en claro el uso que le dio el gobierno a las donaciones.
Santos ratificó que falta sumar a ese monto las donaciones extranjeras en dólares (medio millón) y nuevos soles (un millón) enviados desde el exterior al Congreso, que en ese entonces era presidido por el legislador aprista Luis Gonzales Posada, además del dinero (S/. 1’900,000.00) recaudado en el concierto internacional “Canto por el Sur” organizado por el cantautor Gianmarco a favor de los damnificados del sismo.
APCI reconoció que sólo fueron programados 109’693,443 dólares para la reconstrucción del sur, habiendo sido ejecutados apenas 36’432,180 dólares. El ministerio de Economía y Finanzas ni otros organismos del Estado han rendido cuenta del monto exacto recibido y en qué fue utilizado.
El congresista Santos agregó que mañana presentará su informe final el subgrupo de la Comisión de Fiscalización encargado de indagar sobre el uso de las donaciones para la reconstrucción del sur, luego del terremoto del 2007.
DETALLE
Falta aclarar el monto y el destino de las donaciones realizadas por diferentes empresas, universidades y organismos nacionales al Instituto Nacional de Defensa Civil, a cuyo jefe, Luis Palomino, el legislador Santos solicitó la información correspondiente de manera infructuosa.
Vilma Escalante
Redacción
Fuente: La Primera
Publicado el : 16 de marzo 2010 - 11:31 de la mañana
| Por Johan van Slooten (ANP)
Holanda será la anfitriona de las primeras tres etapas del Giro d’Italia de este año, uno de los eventos ciclísticos más importantes del mundo. Ámsterdam dará el disparo inicial de la carrera el próximo 8 de mayo. Tradicionalmente, el triunfador del día recibe flores y besos de manos una “Señorita”, pero en Ámsterdam podría ser un “Señor”.
Una estación de televisión local está produciendo un show de talentos llamado ‘Ciao Bella’, en el que se elegirá a la Señorita que entregará las flores y dará los besos. Pero después del llamado hecho por el concejal Marco de Goede, del Partido Verde, para que se presente un varón para ocupar el puesto, varios hombres han postulado.
Después de dos vueltas, los diez finalistas son nueve mujeres y un hombre, Yaïr da Costa, de 21 años.
Rebelde
Podría ser considerado como una broma de un joven rebelde, pero para Da Costa es serio. Él sostiene que está utilizando su posible elección como el primer hombre “Señorita” del Giro para romper algunas barreras en un deporte del ciclismo dominado por los hombres. Barreras que, según Da Costa, mantienen viva la homofobia en el deporte.
“La camiseta del ganador del Giro es rosa”, dijo a Radio Nederland. “Siendo Ámsterdam la capital gay del mundo, pensamos que la combinación podría ser un buen símbolo para tocar el tema de la homofobia en el deporte. Un “Señorita” masculino es una manera de abordar la cuestión”.
“Demasiado amistoso”
“Como hombre homosexual yo mismo he experimentado la homofobia en el deporte”, agrega Da Costa. “Solía jugar al baseball y cuando reconocí mi homosexualidad, mis compañeros me dijeron que me aceptaban como era, pero uno de los jugadores se negó a sentarse junto a mí en un coche porque me temía. Y en un momento dado, padres de niños a los que yo enseñaba a jugar baseball se quejaron de que yo era ‘demasiado amistoso’ con sus hijos.”
Yaïr dice estar convencido de que el público en general lo aceptaría como un “Señorita” masculino. “¿Por qué los hombres no pueden ser parte de esto? Estoy seguro que muchas mujeres y hombre gay quisieran ver un varón bien parecido en el podio dando un beso al ganador”.
No muy convencidos
A pesar que Yaïr parece estar muy decidido, los organizadores del Giro d’Italia no están muy convencidos con la iniciativa. Un portavoz señaló que llevarán sus propias “Señoritas” desde Italia. “No habrá “Señoritas” masculinas en el torneo. Es algo que la mayoría de nuestros ciclistas no aceptaría.”
La organización holandesa de ciclistas profesionales está de acuerdo. “No creo que sea muy probable que alguno de nuestros miembros acepte besar a un hombre después de una carrera ante una enorme audiencia televisiva”, señaló un portavoz.
El concejal De Goede sigue convencido que un hombre ejerciendo de “Señorita" en al Giro sería bueno para el mundo del deporte. “Considerando las, en su mayoría, negativas respuestas que hemos recibido de Holanda y de Italia, estamos convencidos que tenemos que abordar el tema de la homofobia en el deporte. Un diez por ciento de la población es homosexual, pero si miras al mundo del deporte da la impresión que la homosexualidad simplemente no existe. Ya es tiempo que el mundo del deporte se abra.”
Programas
El Concejo de la ciudad de Ámsterdam lleva a cabo programas especiales destinados a eliminar la homofobia. “Tenemos una campaña en escuelas secundarias”, dice De Goede, “y son muy necesarias, considerando que la homofobia en el deporte –especialmente en el fútbol- todavía existe. Tenemos que tomar esta oportunidad para tratar el problema.”
Mientras tanto, Yaïr está esperando que el jurado de ‘Ciao Bella’ lo elija como el ganador. “Yo amo a Italia, amo su cultura, la moda y la comida. Incluso hablo la lengua. No sé por qué no debería ser el elegido”.
Fuente: radio Nederland
