De acuerdo a las proyecciones hechas por el Fondo Monetario Internacional en su World Economic Outlook (Julio 2008), la actividad económica en todo el mundo se reducirá significativamente en la segunda mitad del año 2008, recuperándose recién a partir del próximo año, principalmente como consecuencia de los riesgos relacionados con el sector de la vivienda y la turbulencia del mercado financiero en Estados Unidos. Para el caso de América Latina, la desaceleración viene en un contexto externo menos favorable. Se estima que el crecimiento económico de la región, pasará de 5,6% en 2007 a 4,4% en 2008[1].

Sin embargo, a pesar de la desaceleración económica mundial, la inflación sigue en aumento principalmente en las economías de países emergentes y particularmente en el caso de América Latina. El aumento de la demanda interna[2], el incremento de los precios internacionales de los alimentos y de los combustibles, agudizado en algunos países por factores climáticos adversos, han contribuido al debilitamiento de la balanza comercial y al aumento de la inflación. Varios países en América Latina, que tienen un esquema de metas de inflación, ya han visto superado su rango en lo que va del año:



En respuesta a estas presiones inflacionarias, muchos bancos centrales han aplicado una política monetaria contractiva. Por ejemplo, los bancos centrales de Chile, Colombia, México y Perú han elevado las tasas de interés de referencia en los últimos meses, mientras que Brasil puso fin al ciclo de expansión monetaria que había iniciado en septiembre de 2005. Esta conducta de manejar una política monetaria contractiva busca frenar los incrementos de los precios.



Un punto a destacar, es que el aumento en el precio internacional de los alimentos ha afectado adversamente a los sectores más pobres en los países de la región. El sostenido aumento de los precios mundiales de alimentos ha promovido las exportaciones en algunos países de la región. Pero al mismo tiempo, los hogares de menores ingresos han sido afectados negativamente por el incremento de los precios de los alimentos, ya que típicamente dedican un mayor porcentaje de sus ingresos al consumo de alimentos. De acuerdo con un estudio del BID[3], más de 26 millones de personas en América Latina y el Caribe pueden caer en la extrema pobreza si se mantienen los precios altos de los alimentos.

Esta situación pone en riesgo lo avanzado, hasta ahora, en América Latina en materia de la lucha contra la pobreza. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas[4], la tasa media de la pobreza en América Latina cayó de 44% en 2002 a menos de 36% en 2006, y se prevé que haya disminuido aun más en 2007, hasta llegar al 35% de la población total.

[1] Para el caso peruano, el FMI estimó un crecimiento de 7,0%, muy por encima del promedio de AL.
[2] El auge de los precios mundiales de las materias primas en los últimos cuatro años ha sido un factor de gran importancia para explicar el incremento de la demanda interna en varios países de América Latina.
[3] Banco Interamericano de Desarrollo (Suzanne Duryea et. al. 2008).
[4] Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2007, Panorama Social de América Latina (Santiago, ECLAC).

La semana pasada la comúnmente llamada ley de nativos o ley de la Selva, fue derogada por el pleno del congreso ante un clima de amenaza y presión popular. Lo que nuevamente caracterizó a estas protestas fueron los cierres de carreteras, toma de puentes, tomas de comisarías, etc; es decir, el uso del vandalismo y la fuerza como herramienta de “negociación”. ¿Cuál es la implicancia de esta medida? ¿Cómo afecta nuestra economía?

Bajo la Ley No. 29157, que aprobó el Congreso, delegó al Presidente de la República la potestad de legislar por un plazo de 180 días sobre materias relacionadas con la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Una de las leyes emitidas durante la vigencia de este plazo fue la 1015, precisándose posteriormente bajo la ley 1073, bajo las cuales se pretendía reducir a 50% más uno el quórum mínimo necesario para que las comunidades campesinas de la Sierra y la Selva tomen decisiones autónomas sobre el uso de sus tierras; lo que ya sucede con los campesinos de la costa. Con la derogatoria de estas leyes, el Congreso dispuso restituir los artículos 10 y 11 de la Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las actividades económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, por la que se establece que para ejercer cualquier acto en tierras comunales de la Sierra y Selva era necesario el acuerdo de la asamblea general de la comunidad con el voto conforme de no menos de los dos tercios de sus miembros.

El objetivo de estas leyes finalmente era el elevar la productividad de las tierras comunales bajo el acceso a la inversión privada. Por un lado, la consigna del gobierno parece ser que si los comuneros no tienen acceso a los recursos para invertir en sus tierras, dejemos que otros lo hagan por ellos. Por otro lado, los comuneros no están de acuerdo con que sólo el 50% de ellos puedan tomar las decisiones de qué hacer con sus tierras. El debate de propiedad de tierras comunales e inversión privada parece haberse reducido a un tema de cuál es el mejor sistema de toma de decisiones, sintiéndose amenazados los comuneros porque un número menor de ellos podría tomar decisiones erradas. Lo cierto es que bajo las condiciones actuales, las tierras comunales no atraen inversión y el gobierno no encuentra la forma de hacer partícipes del crecimiento económico a sus pobladores. Poniéndolo en términos económicos, para el actual gobierno el costo de oportunidad de tener tierras comunales sin un mayor valor agregado es muy alto, en el actual contexto de crecimiento económico.

El debate toma quizás mayor relevancia si lo ponemos en un enfoque mayor, ¿cómo generamos que aquellos pobladores se inserten en la economía y puedan acceder a mayores bienes y servicios que les genere mayor bienestar? Es cierto que las leyes derogadas no eran la solución al problema y que debió ser consultada y elaborada en conjunto con sus afectados, error grave del actual gobierno; sin embargo, el oponerse con violencia afectando la democracia y el principio de autoridad que nos separa de un estado de anarquía tampoco lo es. Los eventos de violencia producen una mayor imagen de riesgo sobre las inversiones en el país, presión al alza de la inflación, mayor debilitamiento del sistema democrático, todos en contra de nuestro desarrollo.