El Congreso de la República aprobó la ley de Tercerización Laboral la cual generó el inmediato rechazo del sector empresarial. Bajo esta ley se pretende regular aquellos casos en los que procede el servicio, requisitos, derechos, obligaciones y sanciones a las empresas que desnaturalicen el mismo. El empresariado argumenta que bajo la llamada “responsabilidad solidaria”, mecanismo por el cual la empresa usuaria se hace responsable solidaria de los trabajadores de la empresa tercerizadora en caso ésta incumpla con ellos hasta por un año después de culminado el servicio, se pretende cargar mayores costos a las empresas que utilicen la tercerización. Asimismo, que los congresistas han confundido la tercerización con la intermediación al momento de aprobar la ley.

Bajo la tercerización u outsourcing, se externaliza hacia otras empresas, determinadas actividades, que inicialmente se desarrollaban por la propia empresa, con el fin de reducir costos operativos. No sólo implica un traslado de fuerza laboral sino también de toda maquinaria, e infraestructura en general, que sea necesaria para el desarrollo del servicio. Por otro lado, bajo la intermediación laboral (incluidos los services) sólo se brinda a la fuerza laboral necesaria para cumplir cierta actividad; es de carácter temporal complementario y de especialización. Asimismo, existen límites en el uso de trabajadores bajo esta modalidad; no se puede exceder el 20% de los trabajadores de la empresa usuaria. El problema radica en que existen ciertas empresas que bajo la imagen de empresas tercerizadoras aplican la intermediación laboral de forma permanente y en límites mayores a los permitidos; generando trabajadores con pocos o ningún derecho laboral.

Sin embargo, dicha ley debe ser revisada ya que, si efectivamente la responsabilidad solidaria implica mayores costos laborales para el empresariado, podría crearse un efecto negativo sobre la generación de empleo. Si las actuales empresas tercerizadoras no cumplen con las normas vigentes que regulan la tercerización, ¿qué le garantiza al empresariado que éstas no les trasladen los costos bajo el amparo de la ley? Del mismo modo, podríamos hablar de un traslado del costo de supervisión y cumplimiento de los derechos laborales, que estrictamente hablando, le corresponde al Ministerio de Trabajo. ¿No sería justo entonces establecer algún beneficio tributario para el empresariado por cubrir los costos que le corresponden asumir al gobierno? Recordemos que el gobierno debe generar políticas claras en materia laboral, las mismas que son consideradas por los empresarios dentro de sus planes de inversión.

Sin mucha cobertura de prensa y con la presencia de un desapercibido Director General de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Pascal Lamy, entre el 31 de mayo y 01 de junio se llevó a cabo en Arequipa la Reunión de los Ministros Responsables de Comercio de las 21 economías miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Este evento forma parte del calendario de actividades de la presidencia peruana del Foro APEC 2008 y tuvo, entre otros, dos resultados importantes y concretos.

En primer lugar, los Ministros expresaron[1] su apoyo y compromiso con el sistema multilateral de comercio y reiteraron su determinación a concluir la Ronda Doha de negociaciones de la OMC en el presente año. Conscientes de los recientes avances en las negociaciones agrícolas y no agrícolas, así como de la proliferación de acuerdos bilaterales y regionales de libre comercio que se vienen suscribiendo, los Ministros instaron a la comunidad internacional a flexibilizar posiciones para arribar a una pronta, ambiciosa y balanceada finalización de la Ronda, lo que constituiría uno de los factores importantes para superar la actual crisis generada por el incremento en los precios del petróleo y de los alimentos. Asimismo, al reafirmar su compromiso con las Metas de Bogor[2], los Ministros coincidieron en la conveniencia de incrementar la integración económica regional con miras a alcanzar, en el largo plazo, un Área de Libre Comercio en el Asia-Pacífico (FTAAP, por sus siglas en inglés). Para ello convinieron en la importancia de estudiar las divergencias y convergencias entre los acuerdos comerciales existentes, así como evaluar una posible desviación de comercio a consecuencia de la proliferación de dichos acuerdos bilaterales y regionales.

[1] A través de una Declaración Separada sobre el Desarrollo de la Agenda Doha – Stand-Alone Statement on Doha Development Agenda.
[2] Las Metas de Bogor fueron planteadas en la Cumbre de Líderes APEC 1994 en Bogor, Indonesia, las economías desarrolladas se comprometieron a liberalizar totalmente su comercio e inversión en el 2010 (90% del total comerciado en APEC) y las economías en desarrollo, para el 2020.

De acuerdo a lo indicado por el Departamento de Trabajo de EE.UU. en su última publicación de cierre del mes de mayo, la tasa de desempleo en ese país se incrementó a 5,5% lo que representó un aumento de 0,5%, respecto al mes anterior. Si bien se pronosticaba un incremento estacional del desempleo en dicho mes, lo que se explica por aquellos escolares que buscan empleo en su periodo vacacional, el incremento proyectado había sido sólo de 0,1%.

Estas cifras se tradujeron en una pérdida neta de 49 mil puestos de trabajo en el mes de mayo y 324 mil en lo que va de 2008.

Este hecho se da en un contexto marcado por la pérdida en el valor del patrimonio inmobiliario (menores precios de las viviendas) de los ciudadanos americanos, tras la reciente crisis en el mercado de créditos hipotecarios subprime y en mayores presiones inflacionarias luego de que el petróleo alcanzara nuevos récords en su cotización internacional, ubicándolo en niveles cercanos a los 140 dólares por barril WTI.

En resumen, estaría produciéndose en EE.UU.un escenario de inflación y desempleo (estanflación), acompañado de un deterioro en el valor de los activos, lo que a su vez implicará un menor acceso al crédito y un menor consumo por parte de la economía más grande del mundo, con la cual acabamos de firmar recientemente un tratado de libre comercio. Cabe preguntarse ahora, ¿en qué magnitud repercutirán estos sucesos en los bienes que comercializamos con dicho país, así como en las posibles medidas que tomará la Reserva Federal para afrontar esta situación?