En los próximos días, la reciente creada Subcomisión de Análisis de Políticas Tributarias adscrita a la Comisión de Economía del Congreso de la República empezará a sesionar, con una agenda que incluye principalmente puntos como: la revisión del Código Tributario, la reestructuración de la SUNAT y la elaboración de una propuesta de reforma del sistema tributario. Un aspecto importante en esta reforma es la propuesta de aplicar un impuesto plano o “flat tax”. Es decir un impuesto con tasa única aplicable a todos los ingresos de personas naturales y jurídicas. De esta manera se pretende insertar en el País en una tendencia mundial a favor de este esquema tributario.

El impuesto plano grava con una tasa única los ingresos de las personas naturales y jurídicas a partir de cierto nivel de ingresos[1], de allí sus características de simpleza y progresividad a la vez, tal como fuera inicialmente planteado por Hall y Rabushka de la Hoover Institution(1985)[2]. También incluye eliminar tratos preferenciales (deducciones, créditos, exenciones) y suprimir la doble tributación sobre los ingresos destinados al ahorro y la inversión. Otros autores han desarrollado la idea, complementándola con combinaciones de reformas en otros impuestos, como por ejemplo tasas diferenciadas en el impuesto sobre el consumo o un impuesto plano sobre el consumo más una subvención directa del Estado, para lograr niveles óptimos de redistribución[3].

Actualmente, en nuestro país se aplica un esquema progresivo de impuesto a la renta para personas naturales, que consta de tres tasas escalonadas del impuesto (15%, 21 y 30%), de acuerdo al nivel de renta obtenido. Así, las personas con mayores rentas -al tener tasas de impuestos marginales mayores- pagarán finalmente un mayor impuesto. Sin embargo, esto produce incentivos en los contribuyentes a buscar mecanismos para reducir sus rentas declaradas, como puede ser la elusión tributaria[4] o la evasión en sus diferentes formas. En el caso de personas jurídicas el impuesto a la renta se sitúa en un nivel único del 30% y existe un impuesto a los dividendos del 4,1%.

La reforma tributaria busca simplificar el sistema, reducir la informalidad, ampliar la base tributaria y reducir los altos costos de cumplimiento tributario. De acuerdo al Doing Business (2008), una empresa mediana en el Perú, destina en promedio 424 horas anuales a preparar y pagar impuestos. Asimismo, se calcula que la informalidad en el Perú llega a niveles del 61% del PBI (2003)[5]. Con un esquema de impuesto plano, se busca combatir estos problemas.

Sin embargo, la principal crítica a este nuevo esquema, es que se le considera regresivo. La tasa uniforme de este impuesto flat resultaría menor que las tasas de impuestos actualmente aplicadas a las personas con mayores ingresos. Por lo que la introducción de este nuevo esquema beneficiaría a los que ganan más, ya que pagarían menos impuestos.

[1] Por lo general la tasa del impuesto plano, fluctúa en tasas menores al 20%. [2] Hall, R. y Rabushka, A. The Flat Tax, Stanford, Hoover Institution Press, 1985.
[3] Diamond, P.A. y Mirrlees, J.A. Optimal taxation and public production; I: Production efficiency and II: Tax rules; American Economic Review, Vol. 61, pp 8-27 y 261-78.
[4] Mecanismos que a través de medios lícitos buscan evitar el nacimiento de obligaciones tributarias.
[5] Schneider, Friedrich. The Size of the Shadow Economies of 145 Countries all over the World: First Results over the Period 1999 to 2003. IZA DP Nº1431, diciembre 2004.
[6] Is This Tax Flat Unfair? Time Magazine January 1996.

La importancia de la coordinación entra las políticas monetaria y fiscal para la conducción de la política económica del país, radica en que esta permite la estabilidad económica y la sostenibilidad del crecimiento; una economía con altas tasas de crecimiento puede generar presiones inflacionarias que tenderían a perjudicar, en mayor medida, a los sectores más pobres del país, a través de la erosión de su capacidad adquisitiva. Esto aumentaría la desigualdad económica en la sociedad, los niveles de pobreza; lo que terminaría por frenar el crecimiento del país en el mediano plazo y deteriorar los indicadores sociales.

¿Es este el escenario que le esperaría a la economía peruana? Nuestro país viene acumulando más de 80 meses de crecimiento consecutivo, pero desde inicios de este año se ha empezado a percibir presiones inflacionarias tanto por el lado de la oferta (shock internacional en precios de productos agrícolas) como por el lado de la demanda (altas tasas de crecimiento del crédito, por ejemplo). Es más, la última cifra de crecimiento económico correspondiente al primer trimestre del año (10%) resultó ser menor a la del crecimiento de la demanda interna (13%); lo que podría generar mayores presiones sobre el nivel general de precios de la economía. Para evitar este escenario es indispensable una adecuada coordinación entre el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas; por el lado del ente emisor se debe mejorar la política de comunicación al público y señalización de tal forma que se logre mantener controladas las expectativas inflacionarias de los agentes económicos; mientras que por el lado del gobierno, se debe promover la inversión pública y privada, controlar el crecimiento del gasto corriente, y sobretodo mejorar las políticas sectoriales, eliminando los posibles cuellos de botella que puedan existir.

Solo de esta forma se podría continuar con un saludable crecimiento económico sustentado en el crecimiento de la productividad de los factores de producción, y manteniendo controladas las fuentes de riesgo inflacionario.