El pasado martes, el presidente García indicó que los municipios estarían en la capacidad de recaudar lo referente al RUS[1] y RER[2], a través del cual tributan las medianas y pequeñas empresas, lo que ayudaría a incrementar la recaudación tributaria bajo la lógica de que éstos tienen un mayor acercamiento a la población y conocen a los sectores informales en los cuales se evidencia una mayor evasión. De esta manera, el encargo de la recaudación incrementaría las rentas de los municipios lo que les ayudaría a la realización de mayores obras.

En tal sentido, la propuesta de García implica una manera interesante de aumentar la recaudación, mediante el incremento de la base tributa (a través de la reducción de evasión) y no implicando ejercer mayor presión tributaria sobre aquellas empresas formales que ya pagan sus impuestos.

Pero, ¿que tan factible es ésta propuesta? ¿Es posible que los municipios verdaderamente cuenten con la capacidad logística de realizar esta función?, cuando vemos en algunos distritos que: i) aún persisten las amnistías que implican incentivos perversos a los que si pagan impuestos, ii) no se ha conseguido una eficiencia aceptable en el cobro del impuesto predial y arbitrios y finalmente, iii) se cuenta con una baja capacidad de ejecución del gasto, dada la escasez de proyectos eficientes. Estos tres factores, entonces, nos hacen pensar que al transferir más recursos a los municipios, se hará un uso ineficiente de los mismos.

Si bien es cierto que los factores negativos mencionados en el párrafo anterior implicarían importantes barreras en la implementación del proceso de recaudación, por parte de las municipalidades, lo cierto es que hay sectores informales y otros alejados, a los que la Sunat no llega y por tanto no se recauda, pero a los cuales el Estado si provee de otros servicios (seguridad nacional, salud, educación, etc.)

Por ello, si con la actual capacidad instalada de los municipios se puede llegar a incrementar la recaudación, implicando que no exista pérdida de eficiencia en sus funciones habituales, ni la generación de incentivos perversos que reduzcan la eficiencia del gasto, entonces la medida debiera ser implementada.

[1] Régimen Único Simplificado.
[2] Régimen Especial de Impuesto a la Renta.

Debido a la importancia que implica mantener un parque energético eficiente y con bajos costos de generación energética como condición necesaria para incrementar la competitividad de las empresas de un país, el gobierno chileno ha propuesto la construcción de proyectos hidroeléctricos, por parte de Endesa, en la Patagonia chilena. ¿El problema? Que dichos proyectos han suscitado en la sociedad chilena el eterno debate entre conservación ecológica y crecimiento económico.

Para los pobladores de la XI Región de Aisén, al sur del país, la construcción de redes de alto voltaje y centrales hidroeléctricas podría generar un impacto ambiental irreversible en un ecosistema sensible como el de la Patagonia. Para los representantes del gobierno, dichos proyectos representan un aporte del 15% a la oferta eléctrica, lo cual ayudaría a alejar los actuales problemas de abastecimiento energético, agravados desde que la gestión de la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, decidiera subir los impuestos a las ya reducidas exportaciones de gas natural a Chile[1].

Una decisión de política debería ser adoptada siempre y cuando sea Pareto – eficiente, es decir, si al menos una persona puede resultar beneficiada siempre y cuando el resto de individuos involucrados no se vean perjudicados[2]. Como este criterio es difícil de alcanzar, y de medir, otros autores como Kaldor y Hicks han propuesto criterios más prácticos para poder realizar una aproximación al óptimo Pareto-eficiente[3] [4]. Sin embargo, ambas metodologías asumen que se pueden medir los costos y beneficios sociales con los cuales calcular un beneficio neto, lo cual en un análisis de problemática ambiental no es fácil de obtener[5]. En ese sentido, ¿cuál es el valor máximo que una sociedad está dispuesta a sacrificar para reducir el riesgo de un impacto ambiental?

En este caso en particular, el costo de conservar intacto el ecosistema de la Patagonia compite con el abastecimiento tradicional de energía en Chile, clave para mantener el crecimiento económico, asegurar el estilo de vida de su sociedad y reducir los índices de pobreza y desigualdad. Bajo esta perspectiva, dejar de realizar las mejoras necesarias en infraestructura para la generación de energía resultaría extremadamente elevado. Al respecto, expertos en energía, como Carmen Fernández Rozado[6], argumentan que existen recursos alternativos de generación, como la energía geotérmica, de biomasa, eólica y solar, que permitirían mantener el crecimiento de las economías y así reducir el costo de conservación ecológica. No obstante ello, las mismas no están lo suficientemente desarrolladas como para competir a nivel de costos con la utilización del petróleo o el diesel en la producción de energía en las centrales hidroeléctricas de contención y de embalse, las que a su vez, alteran de manera drástica el caudal de los ríos, el ecosistema local y pauperizan los recursos paisajísticos.

Independientemente de la decisión final que adopte el gobierno chileno, esta disyuntiva debe reflejarse en un mayor debate sobre la situación del parque energético nacional, el cual menos diversificado y más tradicional que el chileno, lo cual podría traer consecuencias nocivas, tanto en los resultados de crecimiento económico como en la conservación ambiental.


[1] economistas_argentina_recomiendan_austeridad_fiscal
[2] Pareto, V. Cours d'Economie Politique. Volumen 2. Lausanne. 1896.
[3] Kaldor, N. Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility. Economic Journal 49. Páginas 549-552. 1939.
[4] Hicks, J.R. The Foundations of Welfare Economics. The Economic Journal 49. Páginas 696-712. 1939.
[5] NBER Working Paper Series 13574. Enviromental Economics. Robert Stavins. 2007.
[6] http://www.cne.es/cne/doc/intervencion/fdezrozado_unesa.pdf