La creación del Ministerio del Medio Ambiente, trae consigo debates sobre qué organizaciones y funciones contemplará. De este modo, se propondría la creación de la Unidad de Prevención de Conflictos Sociales, la cual actuaría como ente concertador ante los distintos conflictos sociales [1].

Mediante esta propuesta plantearían que dicho ente, actúe como localizador de potenciales conflictos ante las distintas inversiones a realizar, y que el Estado pueda tener una respuesta rápida ante el inicio de alguno. Se propone que participe, además, la sociedad civil; así mismo, el ente intentará lograr una mayor participación de los gobiernos regionales y locales mediante la creación de los Consejos de Concertación en estos distintos niveles de gobierno.

¿Son todos los conflictos sociales realmente de índole ambiental? ¿No existen acaso matices políticos, sociales y culturales detrás de muchos de ellos? La labor de dicho ente podría caer en trabas burocráticas y en más de lo mismo. Plantean que identifique potenciales conflictos y advierta a las empresas; sin embargo, cada empresa conoce bien los problemas potenciales antes de invertir ya que los identifican en sus estudios previos. Al parecer, es el Estado quién no cuenta con un claro panorama de los mismos. Si esto fuese cierto, ¿Cuál será la diferencia de lo que actualmente realiza el gobierno ante el estallido de algún conflicto? ¿No es acaso la estrategia de la concertación ya usada desde algunos años e inclusive por algunos aparatos del gobierno como la Presidencia de Consejo de Ministros en conjunto con las empresas privadas? Vale la pena preguntarse si, ante una población con distintas carencias a niveles educativos, alimenticios y de salud, es justo seguir aplazando sus verdaderas necesidades e intentar convencerlos que las actividades, en su mayoría minería, generan valor a sus comunidades, cuando en realidad la experiencia ha mostrado que no ha sido así [2].

[1] Durante el 2007 hubo 43 conflictos socioambientales.
[2] Véase “Ubicando a la Pobreza: el nuevo Mapa de FONCODES” publicado en Ophèlimos el 19 de Noviembre del 2006.

Las medidas de flexibilización de la inversión pública tomadas por el gobierno parecen haber surtido efecto en la ejecución de proyectos de inversión. Así, según cifras preliminares del MEF[1], la inversión pública ascendió a S/. 5,926 millones, lo cual representa un crecimiento real de 21,8% respecto del 2006.

Cabe anotar que la ejecución de proyectos de inversión, por parte los Gobiernos Regionales, ha presentado un crecimiento real de 43,9%, destacando las Regiones de Ancash, La Libertad y Huancavelica, con incrementos en sus niveles de inversión mayores al 100%.

A nivel sectorial, destaca el peso de la inversión en Transportes y Comunicaciones, la cual representa el 17,6% de la Inversión total del Gobierno Central. Asimismo, es importante anotar el crecimiento de la inversión en sectores como Salud, Agricultura y Vivienda, Construcción y Saneamiento. No obstante, es preocupante que sectores prioritarios como Educación hayan presentado un retroceso en el ejercicio 2007.

Finalmente, a pesar de este crecimiento, la composición del Gasto Total no ha presentado un cambio importante: en el 2006 la inversión representó 11,0% del Gasto No Financiero del Gobierno Central y en el 2007 representó un 11,8%[2]. Continua, entonces, la rigidez del gasto público referida a la proporción destinada al gasto corriente y al servicio de la deuda.

[1] Boletín de Transparencia Fiscal Nº 78. MEF.
[2] El Gasto No Financiero del Gobierno Central ascendió a S/. 43 260 y a S/. 50 046 millones en los años 2006 y 2007 respectivamente.

Recientemente fue presentado en nuestro país el informe sobre Desarrollo Humano 2007 – 2008: “La Lucha contra el Cambio Climático: Solidaridad Frente a un Mundo Dividido”[1], que ofrece un panorama de las amenazas que implica el calentamiento global.

Según el informe, el mundo avanza hacia un “punto de inflexión” que podría atrapar a los países más pobres y a sus ciudadanos más vulnerables en condiciones de desventaja y dejar a millones de personas enfrentadas a la malnutrición, a la escasez de agua, a amenazas ecológicas y a pérdidas en sus medios de sustento.

Un efecto importante y preocupante del calentamiento global es el repliegue acelerado de los glaciares. El derretimiento acelerado de los mismos, plantea una amenaza real e inminente al desarrollo humano. Esta es una preocupación particular para el caso peruano ya que las poblaciones que viven en zonas costeras áridas, incluida Lima, dependen de manera crítica del abastecimiento de agua proveniente del deshielo de los glaciares en los Andes.

Para el caso peruano, el ritmo al que se están retirando los glaciares está aumentando. Desde comienzos de 1970, se calcula que el área superficial de los glaciares de Perú se ha reducido entre 20% y 30%. Así por ejemplo, el casquete de hielo de Quelccaya en la Cordillera Blanca ha perdido prácticamente una tercera parte de su área. El rápido retroceso de los glaciares en la inmensa Cordillera Blanca de Los Andes septentrionales pondrá en duda el futuro de la agricultura, de la minería, de la generación hidroeléctrica y del suministro de agua en vastas zonas. Es importante mencionar que, en nuestro país, aproximadamente el 82% del agua es destinada al uso agrícola[2].

Finalmente, cabe anotar que nuestro país no es responsable del derretimiento de los glaciares puesto que sólo da cuenta de 0,1% de las emisiones de CO2. Sin embargo, enfrentamos la perspectiva de pagar un alto precio humano y financiero por emisiones que en gran medida generan otros países.

[1] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe disponible en http://www.pnud.org.pe/data/noticia/AP_CambioClimatico2007-2008.pdf
[2] De acuerdo al Sistema de Información sobre el Uso del Agua en la Agricultura y el Medio Rural de la FAO.