El comité de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aprobó por unanimidad la incorporación de Perú como miembro observador en su comité de inversiones[1]. Según una nota de prensa de la Cancillería, esto inicia un proceso de fortalecimiento de la cooperación de la OCDE hacia nuestro país. También se indica que el objetivo del gobierno sería, durante los próximos 4 años, incrementar la presencia de Perú como observador en diversos comités.

México, desde 1994, es el único miembro pleno de América Latina. Chile, Brasil y Argentina están en calidad de observadores. Por un lado, Chile ya inició el proceso para incorporarse como miembro pleno[2]. Por otro, Brasil, según su ministro de RREE, no presenta interés en adherirse como miembro pleno. Aparentemente esto se debería a que Brasil prefiere ser identificado como un líder de los países pobres en vez de entrar en la retaguardia del llamado “club de los países ricos”. Para entrar al comité de inversiones, es necesario adoptar la Declaración de la OCDE sobre Inversiones Internacionales y Empresas Multinacionales, que en resumen es un compromiso para fomentar la inversión internacional [3]. Este paso, junto a otros como la firma de tratados comerciales y la obtención del grado de inversión reforzarían la transformación de la economía peruana, lo que serviría como un pilar más en el fortalecimiento del crecimiento por los próximos años. Sin embargo, los efectos en la distribución del crecimiento o en la reducción de la pobreza son inciertos.



[1] Para más información sobre la OECD, ver www.oecd.org
[2] Los requerimientos para que Chile sea aceptado como miembro pleno están en este documento http://www.olis.oecd.org/olis/2007doc.nsf/LinkTo/NT00005856/$FILE/JT03237375.PDF
[3] Texto completo disponible en: http://www.oecd.org/

Hasta la semana pasada, la ley exigía a las MYPE un igual trato en materia laboral, tributaria y de otros trámites que una empresa de mayor escala. Sin embargo, el último fin de semana, el ejecutivo promulgó el D.L. 1086, “ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la microempresa y pequeña empresa y del acceso al empleo decente”, dentro de las facultades otorgadas al presidente para legislar sobre materias relacionadas a la implementación del tratado de libre comercio.

Entre los principales beneficios figura la reducción del impuesto a la renta en 40% (de 30% a 18%); subsidios por parte del Estado hasta en 50% para el pago del seguro de salud (significará un costo para el fisco de S/. 500 millones al año); los trabajadores tendrán 15 días de vacaciones; creación de un fondo administrado por COFIDE que le permitirá a las MYPE descontar sus facturas (factoring) y mayor acceso a créditos.

El objetivo práctico de la ley es la formalización y la perdurabilidad de las MYPE (2 años en promedio). Vale la pena preguntarse si las actuales empresas que laboran en la informalidad estarán dispuestas a incurrir en un costo que actualmente no asumen, a pesar que con esta ley se reduzcan. Las medidas que favorezcan el sano crecimiento financiero de la empresa deben ser el motor de las políticas. En este sentido, áquellas que promuevan un mayor acceso al crédito, mejor manejo de la liquidez (descuento de letras, factoring a mejores tasas que el sistema financiero, etc.), mayores beneficios tributarios como reducción del IGV para este sector (recordemos que, finalmente, el IGV lo pagan formales e informales lo que generaría un beneficio diferenciable), leyes que favorezcan la inversión en activos fijos (por ejemplo, diferenciación en la ley de arrendamiento financiero para MYPE mediante mayores beneficios tributarios lo que financieramente se refleja en mayor caja o disponible para las mismas), mayores incentivos tecnológicos y de capacitación, generarían finalmente una real inclinación hacia los beneficios de la formalización y crecimiento de la empresa.

La FED decidió mantener su tasa de referencia en 2,0%. En su nota de prensa[1] indica que la actividad de la economía de EEUU “continúa expandiéndose”, pero que aún persisten ciertos temores relacionados principalmente a la inflación, los cuales pueden influir en la actividad económica en los siguientes trimestres[2].

¿Puede esta decisión marcar un cambio en el manejo de la política monetaria de los Estados Unidos que, desde el mes de setiembre, venia siendo mas laxa ante los problemas relacionados a las titulizaciones hipotecarias y sus consecuencias en el mercado financiero? Para responder esta pregunta podemos ver las medidas que adoptó la FED en situaciones similares en el pasado. Para ello, debemos identificar el escenario en el cual se encuentra: posible estanflación (recesión e inflación). De acuerdo al gráfico, una situación similar se dio en el año 2001 y la medida adoptada por la FED fue reducir su tasa 13 veces consecutivas, pasando de 6,0% a 1,0% durante 2 años, aproximadamente. Desde setiembre de 2007 la reducción ha sido de 3,25%, pasando de 5,25% a 2,0% en 7 reducciones consecutivas en un periodo de 10 meses; esto nos llevaría a pensar en que el periodo de alza de tasas aún no estaría cerca. Sin embargo, la principal diferencia entre estos 2 periodos se encuentra en la actual tasa de inflación[3], lo cual limita una posible continuidad de esta política expansiva. Asimismo, la evolución de la actividad económica será la otra variable que deberá considerar la FED durante su próxima reunión.



[1] http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20080625a.htm
[2] Otros temores están relacionados a las presiones de crédito y la contracción del mercado inmobiliario.
[3] La inflación anualizada a cada mes de este año ha sido la mas alta de los últimos 8.

Los resultados económicos siguen dando buenos resultados. En abril, la economía peruana creció 13,2%, tasa más alta en 13 años. El crecimiento estuvo liderado por el sector Construcción, seguido de la Pesca y la Manufactura en 33,86%, 28,76 y 16,52%, respectivamente[1].

En Lima Metropolitana, el empleo continúa incrementándose. En el trimestre móvil marzo-abril-mayo del 2008 la tasa de empleo aumentó 2,6%, explicado por un mayor aumento en los sectores de Comercio (7,3%), Construcción (3,3%), Manufactura (2,0%) y Servicios (1,1%). Asimismo, el empleo de la población con estudios superiores se incrementó en 12,4% entre los que tienen estudios superiores universitarios y en 7,2% con estudios superiores no universitarios. También el empleo adecuado aumentó en 11,0% en este trimestre móvil. Por su parte, los ingresos también han aumentado. Los trabajadores de Lima Metropolitana han tenido un ingreso promedio mensual de los 979,1 Nuevos Soles corrientes, siendo superior en 11,5% a lo registrado en similar trimestre móvil del año anterior[2].

A pesar de los buenos resultados, gran parte de la población no ve reflejado estos beneficios a favor suyo. En parte por una desigual redistribución de estos beneficio, tal como se vio en el reclamo de los pobladores de Moquegua en las últimas semanas. Además, existe una baja credibilidad por parte de la ciudadanía de una efectiva reducción de la pobreza[3]. También, es recurrente la falta de capacidad del Estado a nivel nacional, regional y local de tener un gasto efectivo y orientado a atender las necesidades de toda la ciudadanía, en particular de los más pobres. Atendiendo lo último, el poder Ejecutivo ha emitido cuatro Decretos Legislativos para mejorar el nivel de los recursos humanos en el servicio público[4]. Esperamos que esta medida tenga un positivo y pronto impacto.

[1] INEI (2008), Nota de Prensa No 080 Junio 2008.
[2] INEI (2008), Nota de Prensa No 082 Junio 2008.
[3] Cerca del 66% de encuestados por la PUCP considera que la pobreza no ha variado o no se ha reducido. Véase: “Pese a escepticismo por pobreza, aún hay optimismo: Encuesta Nacional Urbana de la Universidad Católica”. El Comercio, 21 de junio del 2008.
[4] DL-1023, DL-1024, DL-1025, DL-1026. El Peruano-Normas Legales (2008). El Peruano Lima, 21 de junio de 2008.

Durante la semana pasada, la UNESCO dio a conocer su último informe sobre el estado actual de la educación en América Latina (“Educación para Todos”)[1]. Este informe, que busca monitorear los últimos avances en Educación de cara al 2015, señala que nuestro país estaría ocupando el octavo lugar (de un total de 19 países latinoamericanos), en el ranking de países con mayores posibilidades de cumplir, antes del 2015, la meta de acceso total a la educación, alfabetización, igualdad de género y tasa de supervivencia escolar (entendida esta última como la “no deserción o abandono escolar”).

Estos resultados, que colocan al Perú en una posición optimista dentro de la región, deben servir para reflexionar sobre algunos datos arrojados por este informe; por ejemplo, el hecho de que en nuestro país la inversión anual por alumno sea de tan solo US$ 350, cuando hay países como Brasil, México, y Uruguay que invierten US$ 600, US$ 900, y hasta US$ 1000 por alumno respectivamente. Este, es un claro indicador de que la educación en el Perú no es un tema exclusivo de Política Educativa, sino también de Política Macroeconómica. Si queremos lograr un acceso total de nuestros niños, debe potenciarse la relación entre la política social y el gasto público.

Por otro lado, este informe (que no ahonda en el tema de la calidad de la educación) señala que las pruebas internacionales de aprovechamiento escolar (matemáticas y lenguaje) en Chile, Perú, y Brasil no han variado su promedio. Esto es, si nos guiamos por los resultados obtenidos en el “Informe sobre el Progreso Educativo en el Perú 2006” de GRADE y PREAL[2], tenemos que solo una pequeña proporción de los estudiantes peruanos logra alcanzar el nivel de aprendizaje suficiente en matemáticas (15,1%), y comprensión de lectura (9,6%) que corresponden al grado que cursan.

La importancia de contar con un sistema educativo que no sea solo equitativo, sino también eficiente radica en que la educación es uno de los principales generadores de desarrollo en un país, lo que tiende a generar empleo, reducir pobreza, y mejorar las condiciones de vida de las personas.

[1] www.unesco.org
[2] “Informe de Progreso educativo Perú 2006” (PREAL, GRADE), “Políticas de Educación Básica 2006-2011” (Martín Benavides y José Rodríguez).

En la década de los noventas, el impulsor exclusivo de la economía mundial era Estados Unidos; sin embargo, con el surgimiento de nuevos jugadores importantes, como China e India, el panorama económico mundial ha cambiado y de estos cambios han emergido nuevos escenarios que deben ser identificados por las economías latinoamericanas con la finalidad de transformar una efímera bonanza económica en una senda de crecimiento sostenido.

Entre los factores recientes a considerar destaca los efectos que tienen el aumento del precio de las materias primas, del petróleo y de los alimentos, en particular, en la aceleración de la inflación en todo el mundo, lo cual resulta en políticas monetarias restrictivas que afectan el crecimiento mundial. En una perspectiva a más largo plazo, es relevante considerar factores como la desaceleración del crecimiento de la productividad en Estados Unidos, no obstante, dicho escenario otorga la oportunidad de lograr una recomposición que sostuviera el crecimiento mundial de la productividad, incluso con un menor aporte de Estados Unidos en los próximos años[1].

Otro factor de mediano plazo se relaciona con el incremento de los costos de producción que puedan surgir producto de las restricciones de recursos energéticos y mayores controles medioambientales, aunque seguramente estos incrementos evitarían los costos a largo plazo aún más altos que tendría la inacción.

En suma, más allá de los riesgos a corto plazo, que cada día suscitan mayor preocupación en la economía mundial, es relevante considerar los factores de mediano plazo que surgirán producto de la recomposición de la economía mundial. En este contexto, son las economías latinoamericanas las que tendrán las mejores oportunidades para aprovechar este nuevo escenario, producto de sus riquezas naturales.

[1] “La Transformación Productiva, 20 años después”. CEPAL.Junio de 2008.

La semana pasada, el BCRP tuvo dos acciones importantes para mantener la estabilidad del mercado financiero local y de la economía real: i) la oferta de recompra certificados de depósitos con pago en dólares[1], y ii) la subida de la tasa de referencia, llegando a 5.75%.

En el primer caso, la alta volatilidad mostrada por el tipo de cambio[2] es producto de presiones que vienen, principalmente, de 2 fuentes: vencimientos de operaciones forwards que no fueron renovadas[3] y el futuro vencimiento de certificados de depósitos, algunos de los cuales, estarían en manos de inversionistas extranjeros, lo cual llevaría a una salida de dólares del mercado. Ello ha traído como consecuencia la falta de liquidez en moneda extranjera, actual y futura, y esto se ve reflejado en los niveles actuales del tipo de cambio. Por otro lado, la subida de la tasa de referencia es una clara muestra de la preocupación acerca de la manera en que viene evolucionando el nivel de los precios internacionales de ciertos productos, como por ejemplo el petróleo, y sus posibles efectos sobre la inflación, que a pesar haber mostrado un leve descenso en mayo[4], no parece ser suficiente dado el actual escenario de continuos incrementos de precios.

Por tanto, las medidas se centran en evitar la volatilidad excesiva en el mercado cambiario y, por el lado de la inflación, evitar un mayor incremento de las expectativas[5] dando señales, al mercado, acerca de la intención de mantener estable esta variable, la cual continúa siendo uno de los principales riesgos para la economía.

[1] Sin embargo, se debe indicar que esta intervención vía subasta de recompra fue declarada desierta.
[2] Entre el 6 y 12 de junio mostró un incremento de 3.61%, siendo la variación del día 12 la mayor con un aumento de 1.78% respecto del día anterior.
[3] Para ver la operatividad de forwards y su relación con el tipo de cambio spot puede entrar al siguiente enlace: http://blog.pucp.edu.pe/item/750
[4] La tasa mensual en mayo fue de 0.37% con ello se acumuló 5.39% en los últimos 12 meses, muy lejos del rango fijado por el BCRP.
[5] Ver Reporte de Inflación Mayo 2008 pag. 113.

El pasado martes, el Poder Ejecutivo publicó la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, que busca fomentar la competencia entre las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones a nivel nacional como parte del paquete de normas para mejora de la competitividad dentro del proceso de implementación del TLC con Estados Unidos[1]. Al respecto, el Capítulo 14 del referido Tratado establece que cada Estado garantizará que los proveedores importantes de servicios públicos de telecomunicaciones permitan el acceso y uso de su infraestructura a otras empresas concesionarias de los mismos servicios [2].

En este sentido, la Ley establece que todo concesionario tendrá derecho al acceso y uso compartido de la infraestructura de los referidos “proveedores importantes”, salvo que existan limitaciones y/o restricciones, basadas en consideraciones debidamente comprobadas de inviabilidad técnica, capacidad, seguridad u otra que declare el Organismo regulador (OSIPTEL). Así, se detalla que las empresas concesionarias tendrán que compartir de manera obligatoria su infraestructura, es decir, postes, ductos, conductos, poliductos, cámaras, torres y otros elementos de red, con otras empresas que deseen prestar servicios de telecomunicaciones en la misma área, a fin de incentivar el uso eficiente de la infraestructura de telecomunicaciones y generar mayor competencia en pro del mercado. La Ley indica también que las condiciones exigidas por la empresa titular de la infraestructura a las empresas que solicitan el uso compartido de la misma, no podrán ser menos ventajosas que las exigidas a sus propias filiales o a terceros en condiciones iguales o equivalentes, generando mayor transparencia e igualdad en el trato empresarial. A su vez, también se establece que los contratos de acceso y uso compartido de infraestructura podrán realizarse por acuerdo entre las partes – operadores -durante una negociación de 60 días calendario o por mandato expreso del OSIPTEL, si es que vence el período de negociación sin algún acuerdo.

Está ahora en manos del OSIPTEL dictar en un plazo no mayor de 90 días las disposiciones específicas que sean necesarias para supervisar el cumplimiento de la referida Ley, sobre todo tomando en consideración que el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones permiten que los usuarios puedan contar con una mayor oferta de servicios, posibilitando la reducción de las tarifas e incrementando el bienestar social.

[1] http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=147
[2] http://www.mincetur.gob.pe/newweb/

Para la Unión Europa, el primer trimestre del 2008 ha estado caracterizada por una mayor inflación, que se ha mantenido por encima del 3.5%, y por una desaceleración del crecimiento, evidenciada en una tasa de crecimiento de 2.2%[1], que se ubica alrededor de 1% por debajo del promedio de los dos últimos años, lo que se explica a su vez por el menor crecimiento en el consumo y la inversión privada, aunque ello no ha impactado en las tasas de desempleo.

Frente a esta situación, las medidas tomadas por el Banco Central Europeo han sido incrementar las tasas de interés de referencia, a fin de hacer frente a cualquier amenaza de inflación. Así, tenemos que en abril de 2008 la tasa de interés a 3 meses aumentó alrededor de 40 puntos básicos en un lapso de 2 meses. Si bien es cierto, no hay señales claras que Europa se encuentre en un fase de recesión, esta situación podría darse si se observa i) una desaceleración del crecimiento, que va de la mano con un debilitamiento en los términos de intercambio originado por el fortalecimiento del Euro, luego ii) una pérdida del poder adquisitivo del consumidor, originada por el incremento en el precio de los combustibles, alimentos y energía, lo que a su vez viene generando presiones inflacionarias a las que el Banco Central Europeo ha tenido que hacer frente mediante el incremento de las tasas de interés, lo cual tiene efectos recesivos, y finalmente iii) el hecho que la contracción del sector hipotecario dada en algunos países Europeos llevaría consigo a un encarecimiento del crédito y a una pérdida en el valor de los activos inmobiliarios de las personas. Al respecto, cabe preguntarse si un posible sinceramiento en las carteras de créditos hipotecarios de los bancos europeos podría albergar activos de difícil o nula realización, particularmente en los sectores subprime.

En conclusión, vemos que los hacedores de política enfrentan por un lado la desaceleración del crecimiento y posibles mayores restricciones crediticias a las que se podría enfrentar ya sea inyectando liquidez o reduciendo las tasas de interés, pero por otro lado también se tienen presiones inflacionarias que exigen políticas opuestas.

[1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal

El Congreso de la República aprobó la ley de Tercerización Laboral la cual generó el inmediato rechazo del sector empresarial. Bajo esta ley se pretende regular aquellos casos en los que procede el servicio, requisitos, derechos, obligaciones y sanciones a las empresas que desnaturalicen el mismo. El empresariado argumenta que bajo la llamada “responsabilidad solidaria”, mecanismo por el cual la empresa usuaria se hace responsable solidaria de los trabajadores de la empresa tercerizadora en caso ésta incumpla con ellos hasta por un año después de culminado el servicio, se pretende cargar mayores costos a las empresas que utilicen la tercerización. Asimismo, que los congresistas han confundido la tercerización con la intermediación al momento de aprobar la ley.

Bajo la tercerización u outsourcing, se externaliza hacia otras empresas, determinadas actividades, que inicialmente se desarrollaban por la propia empresa, con el fin de reducir costos operativos. No sólo implica un traslado de fuerza laboral sino también de toda maquinaria, e infraestructura en general, que sea necesaria para el desarrollo del servicio. Por otro lado, bajo la intermediación laboral (incluidos los services) sólo se brinda a la fuerza laboral necesaria para cumplir cierta actividad; es de carácter temporal complementario y de especialización. Asimismo, existen límites en el uso de trabajadores bajo esta modalidad; no se puede exceder el 20% de los trabajadores de la empresa usuaria. El problema radica en que existen ciertas empresas que bajo la imagen de empresas tercerizadoras aplican la intermediación laboral de forma permanente y en límites mayores a los permitidos; generando trabajadores con pocos o ningún derecho laboral.

Sin embargo, dicha ley debe ser revisada ya que, si efectivamente la responsabilidad solidaria implica mayores costos laborales para el empresariado, podría crearse un efecto negativo sobre la generación de empleo. Si las actuales empresas tercerizadoras no cumplen con las normas vigentes que regulan la tercerización, ¿qué le garantiza al empresariado que éstas no les trasladen los costos bajo el amparo de la ley? Del mismo modo, podríamos hablar de un traslado del costo de supervisión y cumplimiento de los derechos laborales, que estrictamente hablando, le corresponde al Ministerio de Trabajo. ¿No sería justo entonces establecer algún beneficio tributario para el empresariado por cubrir los costos que le corresponden asumir al gobierno? Recordemos que el gobierno debe generar políticas claras en materia laboral, las mismas que son consideradas por los empresarios dentro de sus planes de inversión.

Sin mucha cobertura de prensa y con la presencia de un desapercibido Director General de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Pascal Lamy, entre el 31 de mayo y 01 de junio se llevó a cabo en Arequipa la Reunión de los Ministros Responsables de Comercio de las 21 economías miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Este evento forma parte del calendario de actividades de la presidencia peruana del Foro APEC 2008 y tuvo, entre otros, dos resultados importantes y concretos.

En primer lugar, los Ministros expresaron[1] su apoyo y compromiso con el sistema multilateral de comercio y reiteraron su determinación a concluir la Ronda Doha de negociaciones de la OMC en el presente año. Conscientes de los recientes avances en las negociaciones agrícolas y no agrícolas, así como de la proliferación de acuerdos bilaterales y regionales de libre comercio que se vienen suscribiendo, los Ministros instaron a la comunidad internacional a flexibilizar posiciones para arribar a una pronta, ambiciosa y balanceada finalización de la Ronda, lo que constituiría uno de los factores importantes para superar la actual crisis generada por el incremento en los precios del petróleo y de los alimentos. Asimismo, al reafirmar su compromiso con las Metas de Bogor[2], los Ministros coincidieron en la conveniencia de incrementar la integración económica regional con miras a alcanzar, en el largo plazo, un Área de Libre Comercio en el Asia-Pacífico (FTAAP, por sus siglas en inglés). Para ello convinieron en la importancia de estudiar las divergencias y convergencias entre los acuerdos comerciales existentes, así como evaluar una posible desviación de comercio a consecuencia de la proliferación de dichos acuerdos bilaterales y regionales.

[1] A través de una Declaración Separada sobre el Desarrollo de la Agenda Doha – Stand-Alone Statement on Doha Development Agenda.
[2] Las Metas de Bogor fueron planteadas en la Cumbre de Líderes APEC 1994 en Bogor, Indonesia, las economías desarrolladas se comprometieron a liberalizar totalmente su comercio e inversión en el 2010 (90% del total comerciado en APEC) y las economías en desarrollo, para el 2020.

De acuerdo a lo indicado por el Departamento de Trabajo de EE.UU. en su última publicación de cierre del mes de mayo, la tasa de desempleo en ese país se incrementó a 5,5% lo que representó un aumento de 0,5%, respecto al mes anterior. Si bien se pronosticaba un incremento estacional del desempleo en dicho mes, lo que se explica por aquellos escolares que buscan empleo en su periodo vacacional, el incremento proyectado había sido sólo de 0,1%.

Estas cifras se tradujeron en una pérdida neta de 49 mil puestos de trabajo en el mes de mayo y 324 mil en lo que va de 2008.

Este hecho se da en un contexto marcado por la pérdida en el valor del patrimonio inmobiliario (menores precios de las viviendas) de los ciudadanos americanos, tras la reciente crisis en el mercado de créditos hipotecarios subprime y en mayores presiones inflacionarias luego de que el petróleo alcanzara nuevos récords en su cotización internacional, ubicándolo en niveles cercanos a los 140 dólares por barril WTI.

En resumen, estaría produciéndose en EE.UU.un escenario de inflación y desempleo (estanflación), acompañado de un deterioro en el valor de los activos, lo que a su vez implicará un menor acceso al crédito y un menor consumo por parte de la economía más grande del mundo, con la cual acabamos de firmar recientemente un tratado de libre comercio. Cabe preguntarse ahora, ¿en qué magnitud repercutirán estos sucesos en los bienes que comercializamos con dicho país, así como en las posibles medidas que tomará la Reserva Federal para afrontar esta situación?

Durante la semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer las cifras oficiales sobre la evolución de la pobreza y pobreza extrema en el Perú, para el periodo comprendido entre el 2006 y 2007[1].

Sin duda alguna, esta publicación generó un gran optimismo en el país debido a que por primera vez desde 1985 la pobreza se ubicó por debajo del 40% (39,3% exactamente), mientras que la pobreza extrema descendió en 2,4% hasta ubicarse en 13,7%. Asimismo, en el área urbana la pobreza pasó de 31,2% a 25,7%, mientras que en el área rural esta pasó de 69,3% a 64,6%. Cabe resaltar que la reducción más significativa se registró en la costa rural, pues la pobreza descendió de 49% a 38,1%; la agroexportación habría sido la actividad que más contribuyó a este resultado.

Esta mejora significativa en la calidad de vida de las personas se explicaría debido a la mayor cantidad de empleos que viene generando la economía durante los últimos años, como consecuencia del dinamismo alcanzado por los sectores construcción, agroexportación, y manufactura; actividades que tienden a ser intensivas en mano de obra. Sin embargo, aun son preocupantes los temas de desigualdad, distribución del ingreso, y calidad de vida de las poblaciones que viven en las zonas rurales del país; en ese sentido, cabe resaltar que el INEI alertó sobre la concentración del 42,4% de la pobreza total en la sierra rural del país; por ejemplo, departamentos como Huancavelica, Apurimac, y Ayacucho, continúan registrando tasas de pobreza por encima del 68%.

Por lo tanto, se hace imprescindible iniciar una verdadera política de focalización del gasto social que esté en función de los resultados obtenidos de este último informe del INEI; solo de esa forma podremos llegar al 2011 con un país que muestre no solo un menor ratio de pobreza, sino una mayor equidad en la distribución del ingreso y mejores niveles de calidad de vida en las localidades menos favorecidas del país.

[1] Esta medición se efectúa bajo el método del gasto de las familias; el INEI asigna un valor monetario a la canasta de consumo de bienes básicos, y a partir de allí obtiene una línea referencial para el análisis (la línea de pobreza y pobreza extrema).

A tan sólo seis meses de haberse aprobado el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, esta semana se firmaron los TLC con Canadá y Singapur. Estos pactos comerciales eliminarán aranceles y reducirán restricciones al intercambio bilateral a partir del año 2009.

De esta manera, el tratado con Canadá eliminará automáticamente el 97% de aranceles a los productos peruanos y el resto en un plazo de desgravación de entre tres y siete años. Mientras que el Perú eliminará el 95% de sus aranceles a las exportaciones canadienses y el resto lo hará en un plazo de cinco a diez años. Además del acuerdo comercial, se firmaron dos convenios de cooperación: laboral y medioambiental.

Entre los años 2001 y 2007, la balanza comercial con Canadá ha sido superavitaria para el Perú, habiéndose incrementado desde los US$ 10 millones en el 2001 hasta los US$ 1 489 millones en el 2007, producto del crecimiento vertiginoso de las exportaciones (que en el 2007 representaron US$ 1 785 millones frente a los US$ 295 millones de importaciones). A nivel sectorial, se observa que las exportaciones en el 2007 se encuentran mayoritariamente concentradas en el sector Tradicional (97%), siendo el sector minero el principal sector exportador con una participación de 89% del total exportado. El interés peruano en este tratado radica en impulsar el sector No Tradicional (principalmente los sectores de agroexportación y textiles), que ha crecido anualmente a una tasa del 18% entre los años 2001 y 2007. Asimismo el Perú espera lograr una enorme cooperación en materia ambiental para el desarrollo de la biodiversidad.

En el caso de Singapur, cerca del 87% de las importaciones entrarán de manera inmediata (enero 2009) y el resto de productos en un plazo no mayor a 10 años. Actualmente el comercio con Singapur es pequeño y deficitario para el Perú: asciende a US$ 26,7 millones (con tan sólo US$ 4 millones de exportaciones). El interés peruano en Singapur radica en la adquisición de tecnología de punta, así como la entrada de productos peruanos a este país asiático; asimismo, posicionar al país como el punto de llegada y partida en el continente americano para los países del Asia.

Los recientes indicadores económicos del mes de abril sitúan a Japón en una posición más negativa de lo que se esperaba:

• El desempleo alcanzó su punto más alto en 7 meses llegando a 4%, que equivale a 2,75 millones de personas desempleadas. De acuerdo al Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, en abril, por cada 100 personas en busca de empleo solo se registraron 93 ofertas laborales, un mínimo en tres años. Los despidos y las reducciones de oferta laboral provienen, principalmente, de los sectores de manufactura, construcción, retail y servicios; aunque, en general, la contratación en pequeñas empresas parece ser la más afectada.
• La inflación anual excluyendo alimentos frescos, se desaceleró a un 0,9% (en marzo fue 1,2%, la cifra más alta en una década), gracias a una rebaja temporal en el impuesto a la gasolina (en abril, el precio de la gasolina subió 0,7% luego de haberlo hecho en 19%, en marzo). No obstante, se espera un repunte en mayo de alrededor de 1,4%.
• El gasto de las familias cayó en 2,7% (cuando lo que se esperaba era una caída de solo 0,9%) respecto del año anterior, como respuesta de las familias al alza de los precios de los alimentos y de la energía.
• En línea con lo anterior, la producción industrial se redujo 0,3% en abril debido a la contracción en la demanda de automóviles y celulares y se prevé que el sector corporativo, que ha liderado el crecimiento de Japón, también sea poco alentador ya que la crisis hipotecaria ha golpeado las exportaciones hacia Estados Unidos.

En este sentido, la economía japonesa podría mostrar una desaceleración contagiada tanto por la crisis económica en Estados Unidos y los altos precios del crudo, así como por los ajustes de la demanda interna.