El pasado martes, el presidente García indicó que los municipios estarían en la capacidad de recaudar lo referente al RUS[1] y RER[2], a través del cual tributan las medianas y pequeñas empresas, lo que ayudaría a incrementar la recaudación tributaria bajo la lógica de que éstos tienen un mayor acercamiento a la población y conocen a los sectores informales en los cuales se evidencia una mayor evasión. De esta manera, el encargo de la recaudación incrementaría las rentas de los municipios lo que les ayudaría a la realización de mayores obras.

En tal sentido, la propuesta de García implica una manera interesante de aumentar la recaudación, mediante el incremento de la base tributa (a través de la reducción de evasión) y no implicando ejercer mayor presión tributaria sobre aquellas empresas formales que ya pagan sus impuestos.

Pero, ¿que tan factible es ésta propuesta? ¿Es posible que los municipios verdaderamente cuenten con la capacidad logística de realizar esta función?, cuando vemos en algunos distritos que: i) aún persisten las amnistías que implican incentivos perversos a los que si pagan impuestos, ii) no se ha conseguido una eficiencia aceptable en el cobro del impuesto predial y arbitrios y finalmente, iii) se cuenta con una baja capacidad de ejecución del gasto, dada la escasez de proyectos eficientes. Estos tres factores, entonces, nos hacen pensar que al transferir más recursos a los municipios, se hará un uso ineficiente de los mismos.

Si bien es cierto que los factores negativos mencionados en el párrafo anterior implicarían importantes barreras en la implementación del proceso de recaudación, por parte de las municipalidades, lo cierto es que hay sectores informales y otros alejados, a los que la Sunat no llega y por tanto no se recauda, pero a los cuales el Estado si provee de otros servicios (seguridad nacional, salud, educación, etc.)

Por ello, si con la actual capacidad instalada de los municipios se puede llegar a incrementar la recaudación, implicando que no exista pérdida de eficiencia en sus funciones habituales, ni la generación de incentivos perversos que reduzcan la eficiencia del gasto, entonces la medida debiera ser implementada.

[1] Régimen Único Simplificado.
[2] Régimen Especial de Impuesto a la Renta.

Debido a la importancia que implica mantener un parque energético eficiente y con bajos costos de generación energética como condición necesaria para incrementar la competitividad de las empresas de un país, el gobierno chileno ha propuesto la construcción de proyectos hidroeléctricos, por parte de Endesa, en la Patagonia chilena. ¿El problema? Que dichos proyectos han suscitado en la sociedad chilena el eterno debate entre conservación ecológica y crecimiento económico.

Para los pobladores de la XI Región de Aisén, al sur del país, la construcción de redes de alto voltaje y centrales hidroeléctricas podría generar un impacto ambiental irreversible en un ecosistema sensible como el de la Patagonia. Para los representantes del gobierno, dichos proyectos representan un aporte del 15% a la oferta eléctrica, lo cual ayudaría a alejar los actuales problemas de abastecimiento energético, agravados desde que la gestión de la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, decidiera subir los impuestos a las ya reducidas exportaciones de gas natural a Chile[1].

Una decisión de política debería ser adoptada siempre y cuando sea Pareto – eficiente, es decir, si al menos una persona puede resultar beneficiada siempre y cuando el resto de individuos involucrados no se vean perjudicados[2]. Como este criterio es difícil de alcanzar, y de medir, otros autores como Kaldor y Hicks han propuesto criterios más prácticos para poder realizar una aproximación al óptimo Pareto-eficiente[3] [4]. Sin embargo, ambas metodologías asumen que se pueden medir los costos y beneficios sociales con los cuales calcular un beneficio neto, lo cual en un análisis de problemática ambiental no es fácil de obtener[5]. En ese sentido, ¿cuál es el valor máximo que una sociedad está dispuesta a sacrificar para reducir el riesgo de un impacto ambiental?

En este caso en particular, el costo de conservar intacto el ecosistema de la Patagonia compite con el abastecimiento tradicional de energía en Chile, clave para mantener el crecimiento económico, asegurar el estilo de vida de su sociedad y reducir los índices de pobreza y desigualdad. Bajo esta perspectiva, dejar de realizar las mejoras necesarias en infraestructura para la generación de energía resultaría extremadamente elevado. Al respecto, expertos en energía, como Carmen Fernández Rozado[6], argumentan que existen recursos alternativos de generación, como la energía geotérmica, de biomasa, eólica y solar, que permitirían mantener el crecimiento de las economías y así reducir el costo de conservación ecológica. No obstante ello, las mismas no están lo suficientemente desarrolladas como para competir a nivel de costos con la utilización del petróleo o el diesel en la producción de energía en las centrales hidroeléctricas de contención y de embalse, las que a su vez, alteran de manera drástica el caudal de los ríos, el ecosistema local y pauperizan los recursos paisajísticos.

Independientemente de la decisión final que adopte el gobierno chileno, esta disyuntiva debe reflejarse en un mayor debate sobre la situación del parque energético nacional, el cual menos diversificado y más tradicional que el chileno, lo cual podría traer consecuencias nocivas, tanto en los resultados de crecimiento económico como en la conservación ambiental.


[1] economistas_argentina_recomiendan_austeridad_fiscal
[2] Pareto, V. Cours d'Economie Politique. Volumen 2. Lausanne. 1896.
[3] Kaldor, N. Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility. Economic Journal 49. Páginas 549-552. 1939.
[4] Hicks, J.R. The Foundations of Welfare Economics. The Economic Journal 49. Páginas 696-712. 1939.
[5] NBER Working Paper Series 13574. Enviromental Economics. Robert Stavins. 2007.
[6] http://www.cne.es/cne/doc/intervencion/fdezrozado_unesa.pdf

En el actual contexto internacional, es interesante observar cual ha sido el comportamiento del principal inversionista institucional en el Perú, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que al 14 de marzo del 2008 cuentan con 4,1 millones de afiliados y administran una cartera de 20,7 mil millones de dólares, lo cual equivale al 18,2% del PBI y al 92% de la inversión privada.

Al respecto, se observa que las inversiones locales pasaron de 86,7% en diciembre del 2007 a 88,3% al 14 de marzo del 2008, lo que denota que las AFP estarían destinando sus inversiones principalmente en el mercado local, en línea con la fortaleza de la economía y con la mayor incertidumbre del mercado internacional.

Por otro lado, las inversiones en el exterior cayeron de 13,1% a 11,5%[1] como porcentaje del total de la cartera, sin embargo, se observa una redistribución de la cartera en las inversiones en el exterior debido que las destinadas a títulos del sistema financiero pasaron de 1,9% a 3,1% a marzo del 2008, debido a una mayor posición en acciones de estas empresas a fin de aprovechar oportunidades de compra de aquellas que estén por debajo de su valor fundamental producto de la incertidumbre en el mercado internacional. Finalmente, es interesante resaltar la recuperación de la confianza de los inversionistas retail, reflejada en el crecimiento de los aportes voluntarios en el SPP que habría ocurrido en febrero del 2008 (951 millones de nuevos soles) luego de una tendencia a la baja que se inició desde septiembre del 2007(1.2 billones de nuevos soles).


Fuente: SBS. Elaboración Propia

[1] En diciembre del 2007 se aprobó elevar el límite de las inversiones en el exterior hasta 16%.

Hace algunos días, el gobierno dio a conocer el resultado de la evaluación hecha a los docentes peruanos. De los 183 118 profesores que rindieron la prueba (el domingo 9 y el jueves 13) solo aprobaron 8 744, apenas el 5% de los maestros. De ellos, solo 151 obtuvieron una nota superior a 14, lo que les da el derecho a realizar la segunda etapa del proceso de nombramiento. Estos resultados, confirman la necesidad de realizar una reforma profunda en el sistema educativo.

El hecho de incrementar el gasto público en educación o las remuneraciones de los docentes, no garantizan la mejora de la educación[1]. Así, el informe PISA 2007 (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos), menciona que a partir de ciertos niveles de riqueza, la influencia de los contextos sociales y culturales, los sistemas educativos, las políticas aplicadas y las actitudes sociales e individuales sobre la educación cobran progresivamente mayor importancia. Tal como lo muestra el siguiente gráfico:



Fuente: PISA y FMI (2006). Elaboración Propia.

Ello nos plantea la necesidad de una reforma del proceso de capacitación, teniendo como principal eje al docente. Al respecto, un estudio reciente[2], recomienda hacer tres cosas: conseguir los mejores profesores, sacar lo mejor de los profesores y dedicarse personalizadamente a todo niño que se vaya quedando rezagado.

[1] De acuerdo al Compendio Mundial de la Educación 2007 de la UNESCO, el porcentaje del gasto en educación que se destina a salarios en el Perú es mayor que otros países que nos llevan ventaja en pruebas internacionales.
[2]http://www.mckinsey.com/clientservice/socialsector/resources/pdf/Worlds_School_Systems_Final.pdf

Durante la última semana, los principales índices bursátiles de EE.UU. registraron una elevada volatilidad, explicado nuevamente por preocupaciones en torno a la solidez del sistema financiero. Entre las acciones que más redujeron su valor estuvieron las del banco Bear Stearns, las cuales bajaron 80% entre el viernes 14 y el jueves 20 de marzo. La fuerte caída se produjo luego de que se confirmara los problemas de liquidez de la empresa y en medio de una oferta del JPMorgan Chase de comprar sus acciones a US$ 2,00 cada una, muy por debajo del precio que registraban sólo unos días atrás.

En este contexto crítico para el sistema financiero norteamericano, la Reserva Federal (FED) tomó una serie de medidas para evitar una mayor profundización del problema: (i) otorgó garantías para que el JPMorgan Chase facilitara recursos de corto plazo al Bear Stearns por hasta US$ 30.000 millones, lo que evitó que este último quebrara y presionara a la baja los precios de los papeles que esta empresa hubiera tenido que vender para hacer frente a sus acreencias; (ii) brindó liquidez en bonos del Tesoro a bancos de inversión por US$ 200.000 millones, dando asimismo estabilidad a los precios de los instrumentos que estos últimos tenían dificultades para negociar y que como parte de esta medida serían dados en garantía a la FED; (iii) redujo su tasa de interés de referencia en 75 pbs hasta 2,25%.

Si bien estas medidas están destinadas a evitar un colapso del sistema financiero de EE.UU., y al parecer lo estarían logrando (la semana pasada las principales bolsas cerraron en terreno positivo), no abordan el tema de fondo: lograr que las instituciones de este sector controlen mejor los riesgos que asumen.

Como parte de la reestructuración del MINAG (Ministerio de Agricultura), se han creado nuevas direcciones para este sector. Esta semana el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, informó acerca de la creación de la Autoridad Nacional de Agua. “Su función será establecer las cuotas necesarias que permitan cubrir las necesidades de la población, de los agricultores que actualmente concentran el 90 por ciento del consumo del agua, y de los distintos usos mineros e industriales”[1]. En ese sentido, se ha solicitado un préstamo por US$ 30 millones al Banco Mundial, que corresponde a la inversión inicial en proyectos piloto que se llevarían a cabo con la Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque, Ica y el Valle de Chili, en Arequipa.

Por otro lado, anunció la creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), cuyo objetivo es el financiamiento de proyectos de inversión pública en el ámbito agrario, en territorios rurales de menor grado de desarrollo económico. “Nuestra propuesta va condicionada a la asociatividad de manera que logremos superar ese minifundio ineficiente e improductivo. El subsidio del Estado irá a capacitación, asistencia técnica, acceso a mercado, mejora de riego, mecanización agrícola, a fin que los agricultores puedan reconvertirse en unidades y que tengan economía de escala y sean eficientes como rentables”[2]. Sin embargo, la idea de asociatividad no es nueva. Durante la reforma agraria se organizaron empresas como las CAPs (Cooperativas Agrarias de Producción) y las SAIS (Sociedades Agrícolas de Interés Social), cuyo fin era producir con economías de escala. Estos modelos fracasaron, entre otros motivos, por los intereses encontrados de los trabajadores que eran, al mismo tiempo, propietarios y asalariados. Fernando Eguren señala que “Las asociaciones de productores no deben ser impuestas por el Estado. Requiere de una serie de condiciones una de ellas es que debe surgir como respuesta a las necesidades de los propios productores, en el caso del Perú, (las CAPs) fue un modelo empresarial impuesto desde el Gobierno Central. No hay nada inherente ni esencial a estas asociaciones que las hagan mejores que otras formas de organización”[3].

[1] Ministerio de Agricultura, Oficina de Imagen Institucional.
[2] RPP (Radio Programas del Perú), 11 Marzo del 2008.
[3] Fernando Eguren , sociólogo. Presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales. Director de la revista Debate Agrario. Reforma Agraria y Desarrollo Rural en el Perú, CEPES.

La semana pasada la crisis del mercado sub-prime cobró una nueva víctima; el banco Bear Stearns[1]. El quinto banco de inversión de EEUU sufrió una brusca caída de sus títulos, los cuales perdieron el pasado viernes el 50% de su valor alcanzando US$ 30,00 por acción.

A fin de evitar la quiebra de dicha entidad, la FED decidió intervenir otorgando un préstamo a través del banco J.P. Morgan Chase & Co[2]. La línea otorgada proveería de liquidez a Bear por 28 días, dependiendo finalmente de qué tantos colaterales podría ofrecer. La decisión de intervención se basó en los temores que la quiebra de dicha institución afectase el resto del sistema financiero norteamericano; las consecuencias de una rápida quiebra eran desconocidas, constituyéndose en un riesgo que la FED no deseaba tomar ante su ya mermada imagen.

Esta es la primera vez, desde la gran depresión, que la FED realiza una intervención de salvataje a una entidad distinta a la de un banco comercial. Dada la situación del mercado financiero, se empezó a especular sobre la salud financiera de Bear. El martes pasado, un artículo en The Wall Street Journal, reportaba que un número creciente de firmas tomaba precauciones en sus negociaciones con Bear; así mismo, se oían rumores entre los traders de instrumentos de renta fija, que bancos europeos habían dejado de negociar con Bear. La especulación y huída de sus contrapartes y clientes, así como una mayor solicitud de colaterales ante préstamos que requerían, mellaban su situación financiera; su liquidez de corto plazo se vio comprometida. El rescate no evitó que los títulos de Bear cayeran; el mercado no recupero la confianza para detener el éxodo de clientes y contrapartes. Las potenciales consecuencias de esta intervención se observan en el hecho de un potencial incremento en el riesgo moral; ¿qué señal se ha dado a los bancos de inversión?

Finalmente, al cierre de esta nota, se confirmaba la compra de Bear Stearns por parte del banco JP Morgan, en una operación por US$ 236.2 millones; es decir, se pago sólo US$ 2.00 por acción[3]. Dicha operación fue aprobada rápidamente el domingo pasado por la FED y el gobierno americano, mostrando así la urgencia de cerrar la misma antes que los mercados financieros abran a negociación.

[1] Institución financiera de 85 años de antigüedad que sobrevivió a la gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.
[2] La FED puede prestar directamente en condiciones normales a bancos comerciales y no a bancos de inversión. Debe entenderse que el primero actúa en el campo de la intermediación financiera, mientras que el segundo en el de la desintermediación financiera. El préstamo a un banco de inversión debió ser aprobado por 5 de los 7 gobernadores de la FED; en este caso puntual, con el apoyo de ciertas cláusulas se aprobó con sólo la opinión favorable de 4 gobernadores.
[3] El valor pagado por Bear no representa ni el 1% de lo que valía el banco de inversión 16 días atrás. Significa también un 93.3% de descuento del market cap logrado el viernes pasado.

Durante la semana pasada, el INEI dio a conocer la cifra de inflación correspondiente al mes de febrero de este año; esta cifra sorprendió tanto a analistas, empresarios, como a funcionarios públicos pues el 0,91% registrado, representa la inflación mensual más alta en los últimos 8 meses; más aun, considerando la inflación del mes de enero, resulta altamente preocupante que la inflación acumulada durante los dos primeros meses del año llegue a 1,13%[1].

Esta coyuntura de incrementos significativos en el indicador de precios de la economía recoge, en gran medida, factores de carácter externos, como el alza en los precios de algunos commodities agrícolas tales como el trigo, la soya, los lácteos, y el arroz[2]. Estos componentes, altamente volátiles, tenderían hacia una desaceleración en sus precios que se observaría durante el segundo semestre del año. En este sentido, el argumento principal del ente emisor ha sido que, estas alzas serían de carácter temporal solamente, con lo que la inflación se encaminaría hacia el rango meta establecido para fin de año.

No obstante, consideramos que el principal riesgo inflacionario vendría por el lado de la formación de expectativas inflacionarias de los agentes económicos; esto debido a que uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el esquema de Política Monetaria aplicado en el Perú (“Inflation-Targeting”) corresponde a la capacidad del Banco Central para guiar las expectativas de formación de precios de los agentes económicos hacía la meta inflacionaria que se proponga. Naturalmente esta credibilidad del Banco Central se forma a través de la comunicación que pueda tener con el público, una adecuada política de rendición de cuentas sobre su gestión, y a través de la experiencia en cuanto al cumplimiento de sus metas.

Dada la potencia de este instrumento (la credibilidad del Banco Central) para la conducción de la política monetaria, consideramos que el Banco Central debe priorizar una estrategia destinada a controlar las expectativas inflacionarias de los agentes; de esta forma se evitaría que los agentes internalicen estos incrementos “temporales” en el nivel de precios de la economía.

[1] Recordemos que la meta del BCRP es cerrar el año con una inflación de entre 1% y 3%
[2] A diciembre de 2007, estos productos se incrementaron en 143%, 90%, 52%, y 32% respectivamente (Diario Gestión 15/02/2008).

El Cusco fue excluido de ser sede de APEC, ante las revueltas sociales por todos conocidas. De lo acontecido en la ciudad imperial, se concluye que no sólo se trató de un reclamo acerca de los proyectos de ley de promoción de la inversión privada en turismo (29164 y 29167), ya que éstos fueron modificados para exceptuar al Cusco, y sin embargo, los movilizaciones sociales continuaron su curso.

En consecuencia, detrás de dichas protestas existe un malestar general de la población que no se siente beneficiada por el crecimiento económico de algunos sectores como el turismo. No obstante a ello, Cusco es, después de Ancash, el departamento que más transferencias ha recibido en el año 2007 (tomando en cuenta las siguientes transferencias y sin incluir programas sociales: Foncomun, Canon, Focam, Regalía Minera, Renta de Aduanas y Vaso de Leche).

Entre el año 2000 y el año 2007 sus transferencias se han multiplicado por 10, siendo actualmente el canon gasífero el más importante. Por lo tanto, si el crecimiento económico ha beneficiado a algunos directamente, esos han sido las autoridades locales y regionales. Muchas autoridades, sin apoyo popular por su parálisis y mala gestión, se han unido a las protestas para librarse de la responsabilidad que ellos tienen, ya que no han contribuido eficazmente al bienestar social a pesar de contar con recursos que jamás tuvieron otras autoridades a lo largo de toda la historia del Cusco.

Si el primer día útil del año el mercado se vio sorprendido porque el precio del petróleo llegó a US$100 por primera vez, la semana que pasó el precio del barril de petróleo de Texas volvió a sorprender al alcanzar un nuevo precio récord de US $105,47 (ver el gráfico). Este nivel fue registrado luego de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) diera a conocer que la decisión de mantener sin cambios sus niveles de producción[1]. No obstante, este no fue el único factor que determinó la tendencia alcista del precio del crudo, también intervino la difusión de los datos del Departamento de Energía de Estados Unidos, que indicaban que sus reservas de crudo bajaron 4% respecto del año anterior; la debilidad del dólar, que cayó a valores mínimos respecto del euro llegando a 1,54[2]; así como por la tensión política.

Si bien la tendencia del precio del crudo se enmarca en un contexto de alzas en los precios de los commodities – donde por ejemplo el oro se ubica cercano a los US$ 1000 la onza y el trigo en US$ 12,35 dólares por bushell-, se debe buscar, ahora más que en episodios pasados, que los gobiernos apoyen las iniciativas de fuentes de combustible alternativas así como la implementación de medidas para eliminar las distorsiones que en algunos países producen los subsidios o precios tope a los combustibles


Fuente: BCRP

[1]La OPEP se volverá a reunir en septiembre aunque podría haber un encuentro informal en abril en las reuniones de consumidores y productores en Roma.
[2] Los analistas señalan que el mal desempeño del dólar respondió a que El Departamento de Trabajo informó que, después de la reducción de 22000 puestos de trabajo en enero, en febrero el empleo se contrajo en otros 63000 puestos (la mayor pérdida de empleo en cinco años); y a las perspectivas de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) reduzca la tasa de referencia, actualmente en 3%, dado el fuerte debilitamiento de esta economía.

Este fin de semana, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publicó las operaciones del Sector Público No Financiero para el cierre del año 2007. El resultado económico resultó, como ya se sabía, superavitario. Este ascendió a los S/. 10,446 millones, esto es, 3,1% del PBI, el superávit más alto al menos desde la década de los 70.

¿Qué factores están detrás de este resultado? Primero, el crecimiento de los ingresos que percibe el Estado, principalmente provenientes de la recaudación tributaria, los cuales son tanto el reflejo de las altas tasas de crecimiento que experimenta el país; así como de la continuidad de los altos precios internacionales de los minerales, que continúan elevando la recaudación proveniente del impuesto a la renta del sector minería, y que beneficia también a los Gobiernos Regionales y Locales a través del Canon Minero. Segundo, la ejecución del gasto no se ha elevado a los mismos niveles que lo han hecho los ingresos, sobretodo en lo respecta al gasto de inversión, es así que existen grandes saldos no ejecutados por parte de los Gobiernos Subnacionales.

¿Qué hacer con este superávit? Por una parte, los saldos no ejecutados del presupuesto para inversión del año 2007 se incorporarán al presupuesto 2008 para asegurar la continuidad de las inversiones[1]. Por otra parte, el superávit correspondiente a los ingresos que obtuvo el Estado por Recursos Ordinarios (ingresos tributarios y no tributarios, como regalías, intereses, utilidades, etc.) deberán ser destinados al Fondo de Estabilización Fiscal (FEF)[2] como parte de la política contracíclica del Estado, con el fin de ahorrar recursos para épocas menos favorables. Al menos este año, no se han dado medidas excepcionales, como la creación de nuevos fondos, para utilizar los recursos del superávit fiscal, por lo que esperemos que este año, lo que se destine al FEF sea un monto de ahorro importante representativo del alto nivel de superávit alcanzado.


Fuente: BCRP.Elaboración Propia.

[1] Ley Nº 29142, Ley del presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008, art. 11º.
[2] Ley Nº 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, art. 7º.

Según el último informe sobre el crecimiento del PBI norteamericano del cuarto trimestre del 2007, la economía creció solo 0,6%. Esta cifra coincide con una estimación preliminar dada a fines de Enero por el Departamento de Comercio. Así mismo, dicha agencia informó que el crecimiento del producto interno bruto durante el 2007 alcanzó sólo 2,2%, cifra menor a la alcanzada el 2006 (2,9%). ¿Existe evidencia de recesión?

* El crecimiento mostrado en la principal variable económica de una de las primeras economías del mundo, muestra el menor crecimiento alcanzado en 5 años[1]. Este resultado mostró una desaceleración brusca de la economía, que para el tercer trimestre mostró un crecimiento de 4,9%.
* El índice que mide la actividad de servicios alcanzó el nivel más bajo desde el 2001. Cayó de 54,4 en Diciembre hasta los 44,6 en enero. Lo que preocupaba a los analistas es que bajara la valla de los 50 puntos desde el 2003, señal de contracción del sector.
* El sector inmobiliario está en sus peores niveles de los años 70. La contracción del crédito y los embargos por incumplimiento agravan esta situación[2].
* El índice de confianza del consumidor cayó a niveles más bajos de los últimos 5 años.
* Se observa un debilitamiento del dólar respecto a otras monedas a nivel mundial. El tipo de cambio dólar euro pasó la valla del 1,50.
* La inflación del 2007 alcanzó 3,4%. En tanto la inflación subyacente del 2007 alcanzó 2,1%, nivel por encima de la banda aceptada por la FED (Entre 1% y 2%). La inflación subyacente en enero fue de 0,3%, la más alta desde junio del 2006[3].

El aceptar una recesión no es irrelevante, ya que condiciona las posibles intervenciones de política monetaria y fiscal, las cuales generarán o no estímulos sobre la economía[4]. Si las medidas que se toman dependen de la visión del actual estado de la economía, la definición que se adopte sobre si se está en una recesión o no, es crucial[5]. Quizás, dada la actual coyuntura electoral, el aceptar la recesión no sea políticamente conveniente. Valdría la pena preguntarse si acaso el actual gobierno no esta sacrificando alivio económico por rédito político.

[1] Se esperaba una revisión al alza en 0.1% de la cifra preliminar del cuarto trimestre. El presidente George Bush, en declaraciones luego de conocida la cifra de crecimiento del PBI, aseguró que la las estadísticas mostraban sólo una desaceleración en el crecimiento, mas no recesión.
[2] En Enero, los embargos crecieron en más de 57% según RealtyTrac.
[3] Dadas las recientes declaraciones de Ben Bernanke ante el Comité de Servicios de la Cámara Baja, se espera que ocurra un nuevo recorte en las tasas de interés este mes.
[4] Los analistas hablan ya de una recesión de la economía norteamericana, y que a diferencia de las últimas experimentadas por esta economía, sería peor ya que el consumo estaría afectado.
[5] En Estados Unidos, es el National Bureau of Economic Research quién se encarga de poner fechas a las recesiones.