La molestia generalizada de la población ante la congestión telefónica e imposibilidad de establecer llamadas luego del terremoto del 15 de agosto, ha hecho reflexionar al gobierno, y en especial al OSIPTEL, sobre las probables fallas en el dimensionamiento[1] de las redes y en la medición de la demanda por comunicación.

Al respecto, la UIT señala que las redes de telecomunicaciones deben ser dimensionadas en base al grado de servicio que se quiera ofrecer, y de acuerdo con la demanda de tráfico actual y futura en un periodo de tiempo. Además, señala que para días excepcionales, como el día de la madre o navidad, las empresas deben fijar objetivos de grado de servicio mayores a los establecidos en días normales[2]. Sin embargo, para emergencias ocasionadas por catástrofes se recomienda la implementación de mecanismos alternos para garantizar un servicio de emergencia para usuarios autorizados, como entidades del gobierno y de defensa nacional[3].

Cabe resaltar que la UIT no sugiere que se logre establecer la comunicación de todos los usuarios durante el periodo de emergencia y/o catástrofe, pero sí recomienda la implementación de medidas de calidad que regulen que las empresas de telecomunicaciones enfoquen todos sus esfuerzos en tratar de optimizar el uso de su red. En ese sentido, el OSIPTEL ha elaborado esta semana un nuevo Proyecto de Reglamento de Calidad[4] que trata de establecer nuevos parámetros para los montos máximos exigibles de llamadas interrumpidas y no establecidas, entre otros. Dado que las empresas deben cumplir con estos estándares de calidad en periodos anuales, se verán obligadas a reducir el número de llamadas no establecidas o interrumpidas en días promedio, para así poder compensar las llamadas no establecidas en los días en los que la demanda crezca excepcionalmente.

Económicamente, esto es favorable tanto para las empresas como para los consumidores. Por un lado, los operadores de telecomunicaciones no se ven obligados a mantener redes sobredimensionadas que les generen sobrecostos y; por el otro, los usuarios se benefician de un menor promedio anual de llamadas perdidas, una solución que no necesariamente es second-best.

[1] Al dimensionar una red se analiza la carga de tráfico de voz de que ha de cursar entre cada nodo de la red.
[2] Ver recomendación de la UIT: ITU-T E.500.
[3] Ver recomendación de la UIT: ITU-T E.107.
[4] Proyecto de Resolución que modifica el Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución Nº 040-2005-CD/OSIPTEL.

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado recientemente un informe que revela la situación de desempleo, informalidad e inactividad de los jóvenes en Latinoamérica y advierte que, de no tomarse las medidas necesarias, podría limitar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en la región. Según la evaluación de la OIT, la poca participación de los jóvenes en el empleo se desarrolla en condiciones precarias, y ha tratado de ser corregida, usualmente, mediante programas específicos de alcance limitado.

Asimismo, destaca la importancia de plantear medidas especiales para i) los jóvenes que trabajan en actividades informales, que colocan en riesgo sus perspectivas futuras de empleo y ii) los jóvenes que no estudian ni trabajan. En efecto, de los 58 millones de jóvenes que pertenecen a la fuerza laboral (55% de la población entre 15 y 24 años), 41 millones no estudian (i.e. trabajan o están desempleados), mientras que 17 millones estudian (pero están buscando trabajo o se encuentran ya trabajando).

Latinoamérica está experimentando un periodo crucial en materia de comercio internacional debido a dos reuniones, una concluida y otra por concretarse, en el presente mes de setiembre. En la primera reunión, llevada a cabo en Lima por el BID, la OMC y el Perú el 13 y 14 de este mes[1], se buscó que los países en desarrollo aprovechen los beneficios del comercio exterior en el ámbito social, y así mejoren las condiciones de vida la población. Según el director de la OMC, para alcanzar dicho objetivo, los países en desarrollo deben percatarse de que el crecimiento económico y comercial van de la mano con el desarrollo social y la disminución de la pobreza.

En la segunda reunión, a realizarse el 17 de setiembre en Bogotá, se reiniciarán las negociaciones entre la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea para lograr un acuerdo de asociación política, comercial y de cooperación entre ambos bloques.

Un aspecto que puede deteriorar las negociaciones son las distintas expectativas de los países andinos en relación con este acuerdo. Mientras que Perú y Colombia, países que encabezan las exportaciones e importaciones con Europa, esperan que el mencionado acuerdo tenga más peso comercial; Bolivia y Ecuador, por su lado, esperan lograr un acuerdo más centrado en aspectos sociales y medioambientales.
El comercio exterior juega un papel importante para las economías latinoamericanas no sólo por su participación en el PBI, sino por la oportunidad que representa para lograr mejoras tanto en el aspecto social como en el económico. Sin embargo, mientras el terreno de juego entre países en desarrollo y países desarrollados no se nivele, y no haya voluntad política para lograr acuerdos internacionales que equilibren los resultados en el aspecto comercial y social, dichas oportunidades se verán limitadas.
[1] “Movilizando Ayuda para el Comercio: América Latina y el Caribe”.