El Impuesto General a las Ventas (IGV) está diseñado para que afecte a los consumidores de distintas clases sociales por igual, ya que todos deben pagar lo mismo por el consumo de los bienes que requieren. Sin embargo, en un país en el que la pobreza bordea el 44,5% a nivel nacional, los individuos de menores recursos son los se ven más afectados ante el aumento de este tipo de impuesto.

Esta semana se ha propuesto una rebaja gradual del IGV para los próximos años, la cual implicaría que este impuesto pase de 19% en 2007 a 18% en 2008, hasta alcanzar el 15% para el año 2011. Esto se podría lograr debido al contexto económico favorable que atraviesa el país, que permite un continuo incremento de los ingresos fiscales. La pregunta entonces es: ¿permite el contexto económico, de mayores ingresos fiscales, una reducción del IGV? La importancia del IGV sobre los ingresos tributarios ha venido decayendo en los últimos años. Así, en julio de 2000 representaba el 31.3%, mientras que a julio de 2007 fue de 26,8%. Paralelamente, la participación del impuesto a la renta ha ido en aumento, al pasar de 20,1% en julio de 2006 a 38,5% en julio de este año, como consecuencia del aumento del Producto Bruto Interno.

Por tanto, el cambio en la composición de los ingresos tributarios parece permitir una reducción del IGV, sin que esto genere un impacto negativo sobre los ingresos en comparación a años anteriores. Sin embargo, la adopción de una política de disminución del IGV debe de estar fundamentada en la evolución de otras variables, entre ellas, la base tributaria.

El terremoto del último 15 de agosto mostró que es necesario contar con instrumentos de prevención contra desastres naturales. En ese sentido, el Estado estaría trabajando con Swiss Re en la emisión de bonos catastróficos (i.e. bonos elaborados especialmente para ser utilizados en este tipo de contingencias) [1].

Sin embargo, existen condiciones estructurales que pueden hacer repensar esta decisión: (i) la débil institucionalidad para el enfrentamiento de siniestros, (ii) el menor apetito de los mercados financieros en comparación con el año pasado, (iii) la autoconstrucción y la escasa masa asegurada, que incrementan el riesgo de los bonos, (iv) la calificación de riesgo de estos bonos, que los haría adquiribles por los hedge funds y empresas de private equity, y no por las AFP.

Esto no significa que la opción de bonos catastróficos no sea atractiva. De hecho, tendría un efecto estabilizador en los gastos fiscales. No obstante, antes de su aplicación deben de adoptarse decisiones de política pública que disminuyan la vulnerabilidad del sector construcción y aumenten el aseguramiento contra terremotos. Sin perjuicio de lo anterior, otra alternativa es la creación de fondos gubernamentales para la ampliación de la cobertura de seguros contra terremotos.

Cabe precisar que el mercado mundial de bonos catastróficos ha cambiado mucho y muy rápidamente, especialmente luego del huracán Katrina. A julio de 2007, el monto del mercado de transferencia alterna de riesgos en seguros es de US$ 4.7 billones (entre bonos y garantías sectoriales de perdidas). Es importante precisar que los bonos catastróficos no han sido evaluados en grandes siniestros, lo cual hace más incierta su posible eficacia ante la ocurrencia de terremotos [2].

[1] Este tipo de bonos poseen características especiales: la indización, el alto riesgo que enfrentan los inversionistas y una elevada tasa de rendimiento como consecuencia.
[2] Existe el caso de Kamp Re, un vehículo especial auspiciado por Zurich Financial Services, que todavía debate sobre la activación de bonos catastróficos por el huracán Katrina. Reactions, Julio/Agosto 2007.

Del total de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, el 80% son latinoamericanos. Según la CEPAL (2006), durante el período 1986 – 2002 los indocumentados en ese país pasaron de 3.2 millones a 9.3 millones[1]. Esta situación ha generado que el gobierno norteamericano baraje diversas opciones de política, desde legalizar la situación de los inmigrantes hasta endurecer las leyes. En un contexto de probable endurecimiento de la política migratoria, la pregunta es: ¿tendrá esto un efecto homogéneo en las economías de los países de la región?.A parecer, esto variaría de acuerdo con la escala, dinamismo y dependencia de cada economía.

En países como Guatemala y El Salvador las remesas superan las divisas que ingresan por inversión extranjera directa (IED), por lo que el efecto adverso sería mayor. Sin embargo, en países con economías más dinámicas y diversificadas, como Brasil y México, las remesas, a pesar de ser elevadas, no superan a las dividas que ingresan por IED y por ende no tendrían un impacto muy significativo[2]. Cabe aclarar que la principal fuente de información para el análisis comparativo de remesas es la balanza de pagos. Sin embargo, debido a las distintas especificidades de recolección de datos y a la diversidad en el mecanismo de envío de remesas, la agregación que ofrece el FMI sobre la balanza de pagos es sólo una aproximación.

Pero lo que aún se encuentra en discusión es el impacto social. Según la CEPAL [3], la atenuación de la pobreza en los países de la región sería poco significativa. No obstante, si el análisis toma como unidad a los hogares preceptores de remesas, más del 50% de los integrantes de dichos hogares estarían por debajo de la línea de pobreza si dejan de percibir dichas remesas. Además, es probable que las encuestas de hogares subestimen el volumen de remesas, por lo que el efecto en alivio a la pobreza podría ser mayor.

[1] Migración internacional, derechos humanos y desarrollo en América Latina y el Caribe. CEPAL, 2006.
[2] El documento de la CEPAL registra tres categorías. Grades perceptores: Remesas superiores a 2500 millones de dólares, Medianos perceptores: Remesas cercanas o superiores a 1000 millones y Pequeños perceptores: no superan los 500 millones de dólares.
[3] CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2005), Panorama social de América Latina. 2005.