En la última semana el país se ha visto convulsionado por una serie de manifestaciones de diferentes sectores de la población: profesores, trabajadores mineros, agricultores, así como pobladores de algunas zonas de la selva del país que se consideran afectados por la eliminación de exoneraciones tributarias.

Ciertamente pueden existir reclamos “justos”, sobre todo si se toma en cuenta que el importante crecimiento económico que ha experimentado el país, a una tasa promedio anual de 5.8% en los últimos cinco años, si bien ha logrado algunas mejoras en el bienestar de la población, no se ha traducido en un reducción significativa de la pobreza, ni en una mayor cobertura con calidad de servicios básicos como educación y salud. A modo de ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano[1] elaborado por el PNUD ubica al Perú como un país de desarrollo humano medio, con un índice de 0.77, por debajo del promedio de 0.8 de los países de América Latina y El Caribe.

No obstante, cualquier reclamo no puede realizarse a costa de los derechos de los demás, como ha sucedido recientemente: las manifestaciones violentas que se han producido no sólo han causado daños inmediatos a la propiedad pública y privada, sino que actividades como el turismo receptivo, que en los últimos cinco años viene creciendo a una tasa anual promedio de 12% en el número de visitantes extranjeros, podrían resentir sus efectos de un modo más duradero, toda vez que nuevos visitantes decidan cancelar sus viajes para no exponerse a riesgos innecesarios.

En este contexto, es de esperar que los mecanismos institucionales del país operen para encontrar soluciones a los conflictos que se vienen presentando dentro del marco de la ley. Al respecto, cabe señalar que dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y del Acuerdo Nacional, el gobierno ya se ha fijado objetivos específicos en el campo de la educación, salud y provisión de otros servicios básicos, los cuales están contemplados en el Marco Macroeconómico Multianual 2008 – 2010. Así, es en el plano de la discusión técnica donde los reclamos deben confluir, y no sólo para fijar puntualmente las metas a alcanzar, sino para monitorear que éstas se cumplan.

[1] Índice de esperanza de vida, conocimientos y de ingresos.

El gobierno estima que la presión tributaria culminará el presente año en un nivel de 15,2%; nivel que no parece difícil de alcanzar dada la tendencia creciente de la recaudación tributaria. Así por ejemplo, el primer trimestre del año culminó con una presión tributaria de 15%; y según cifras preliminares de la SUNAT, durante el primer semestre la recaudación por tributos internos y aduaneros habría experimentado un crecimiento real de 18,2% y 6,3% respectivamente.

Este crecimiento se explica por la mayor recaudación por impuesto a la renta de personas jurídicas, especialmente mineras, así como por el incremento de los precios internacionales de los minerales, y las medidas de supervisión y fiscalización llevadas a cabo por la SUNAT que permitieron reducir la evasión en el pago de impuestos. De igual forma, la mayor recaudación en general se debe al crecimiento económico que continúa experimentando la economía.

Es importante señalar que el incremento en la recaudación debería llevarse a cabo por una ampliación de la base tributaria; es decir, la base sobre la cual se cobran los impuestos, y no por un incremento (o permanencia) de altas tasas impositivas. En este sentido la reforma tributaria llevada a cabo los primeros meses del año, implementó una reducción gradual a las exoneraciones a la amazonía y a los intereses y ganancias de capital los cuales permitirán contar con un sistema tributario más equitativo; asimismo implemento una reducción gradual de las tasas del ITAN y del ITF, entre otras medidas que permitirían incrementar la recaudación tributaria respetando los principios de suficiencia, equidad, simplicidad y eficiencia.

Durante la semana, los riesgos del sector inmobiliario volvieron a ponerse en escena luego de que las principales plazas bursátiles en el mundo cayeran el día martes 10 de julio[1] y el cruce euro/dólar alcanzara un máximo histórico llegando a cotizar por encima del 1.38[2].

En días previos se conoció que los bancos de inversión “Bear Stearns” y “UBS” obtuvieron pérdidas en sus fondos de inversión; los cuales están sujetos al crédito de viviendas del tipo “subprime”. Posteriormente, la revisión de la clasificación de algunos instrumentos de largo plazo (por cerca de US$ 12 billones) por parte de Moody’s y Standard & Poor’s; y el anuncio que hicieran algunas empresas vinculadas al mercado de vivienda (DR Horton, Sears y Home Depot) sobre un recorte en sus ganancias, originados por menores volúmenes de ventas en el sector inmobiliario, determinaron la tendencia bajista que experimentaron las bolsas durante estos días.

Ante esto, Robert Steel (sub secretario de Tesoro) y Kevin Warsh (representante de la FED) declararon este movimiento no se trataría de un riesgo sistémico causado por el crédito “subprime”; el cual representa el 14% del total de la deuda hipotecaria[3]. Además, el aumento de la morosidad en el segmento del crédito subprime (de 0.44% siendo de 13,77% a marzo de 2007) no ha significado un aumento en el total de la morosidad hipotecaria, la cual ha descendido en 0.09% cerrando en 4.84% en marzo de este año; mostrando, de esta forma, el menor peso de este tipo de créditos sobre el total hipotecario[4]. Sin embargo, se mantiene el riesgo para las inversiones respaldadas en este tipo de crédito, ya que el descenso de precios de viviendas continúa.

[1] Así, el DJIA, S&P 500 y el NASDAQ Composite cayeron 1.09%, 1.42 % y 1.16 % respectivamente.
[2] Influyó, además, los datos sobre la evolución de las ventas de los comercios minoristas de EE.UU. los cuales bajaron un 0.9%.
[3] “Riesgos económicos globales: Un mundo cada vez más pequeño”. Banco central de Chile junio 2007.
[4] Servicios de Estudios Económicos Situación Financiera México - Julio 2007.