La semana pasada se dieron a conocer las principales medidas contempladas en lo que sería la propuesta del Ministerio de la Producción para formalizar a las MYPES[1]. La propuesta buscaría reducir las cargas tributarias y promover una mejor protección social a los trabajadores. Destaca el incremento del techo de ventas anuales para que una empresa pueda ser considerada MYPE, de US$ 0,9 millones a US$ 1,6 millones, aproximadamente. Las empresas con ventas menores al nuevo techo, sin importar su número de trabajadores, podrán pagar la mitad del impuesto a la renta si reinvierten utilidades, tendrán facilidades para pagar el IGV y podrán emitir facturas. En cuanto a la protección de trabajadores, se busca incrementar la demanda laboral formal, permitiendo pagar remuneraciones por debajo de remuneración mínima vital general. Además, la afiliación a una AFP se hace obligatoria, así como el pago del 50% de la CTS.

Estas medidas tributarias probablemente no tendrán los efectos deseados sobre las empresas más pequeñas. Primero, para ellas aún está la posibilidad de acogerse al Régimen Especial de Renta (RER) o al Régimen Único Simplificado (RUS), que implican menores pagos y que no están condicionados a reinversión. Segundo, la capacidad de fiscalización de la SUNAT disminuye con el nivel de ventas y la medida no incluye mejoras en este aspecto; por lo que la informalidad aún sería una opción rentable. Tercero, para niveles bajos de productividad laboral, los descuentos sobre la remuneración generados por la afiliación al sistema de pensiones y por el pago de la CTS, pueden ser indeseados por trabajadores y por empleadores. En estos casos, puede ser más eficiente el establecimiento de subsidios a la generación de empleo formal para trabajadores de baja productividad, tal como lo sostienen Blanchard y Tirole (2004)[2]. Así, el incentivo iría directamente a la meta final de la medida y su costo sería más fiscalizable y cuantificable.



[1] Diario Gestión.
[2] BLANCHARD, Oliver y TIROLE, Jean. The optimal design of unemployment insurance and employment protection. A first pass. NBER. Abril 2004. www.nber.org/papers/w10443

El consejo de Ministros viene debatiendo, durante las últimas semanas, la posibilidad de establecer incentivos tributarios para quienes inviertan en la industria de Biocombustibles; entre ellos el Etanol. La propuesta plantea promover el mercado local mediante la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a la comercialización del etanol, biocombustible hecho en base a la caña de azúcar, para ser introducido como componente de las gasolinas. Cabe destacar que, al mezclarse la gasolina con el etanol se incrementa el octanaje de las mismas, convirtiéndose en una alternativa ecológica a los actuales aditivos[1] que afectan la salud y el medio ambiente, debido a la alta generación de monóxidos de carbono. Por el contrario, con el uso del 10% de etanol en la mezcla se puede lograr una reducción de 25% a 30% en las emisiones de CO[2].

Gastón Benza Pflucker, presidente del Programa Sierra Exportadora, será quién presente el proyecto ante el Ejecutivo, argumentando principalmente que combustibles limpios como el gas natural y el gas licuado de petróleo, e incluso los aditivos importados que usa la gasolina, ya cuentan con estos beneficios[3]. Al parecer, tanto los ministerios de Energía y Minas, Agricultura, y Producción estarían de acuerdo con la medida. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha mostrado su disconformidad con esta posible medida, debido principalmente a que no correspondería otorgar un tratamiento preferencial a una actividad particular; ésta tendría que subsistir de acuerdo a su rentabilidad y posibilidades de mercado. Además, para el MEF, cualquier exoneración vulnera la política fiscal.

Si bien es importante mantener la estructura tributaria del país, el MEF debería tener en cuenta que dicha propuesta sólo estaría dando uniformidad en el trato tributario a los combustibles limpios[4] producidos en el Perú, y que la pérdida por recaudación sería mínima debido a que se espera que el nuevo Reglamento establezca una tasa de 5% de etanol en las gasolinas. Asimismo, debería tener en cuenta el potencial del Perú en la producción de Etanol, ya que nuestro país posee el mayor rendimiento de Caña de azúcar en el mundo[5]; además, existen importantes proyectos de inversión en marcha, como en el caso de Piura donde, según el Ministro de Energía y Minas, dos empresas han comprado tierras por 15 mil hectáreas y han iniciado la construcción de sus plantas. Adicionalmente, en el distrito de Cayaltí, en Chiclayo, existe un proyecto de 10 mil hectáreas para la producción de Etanol junto con un conglomerado español (Bioterra). Finalmente, habría que tomar en cuenta el potencial exportador de este producto debido a que la nueva política energética de EEUU convertiría, a este país, en nuestro principal mercado. Para ello, muchos países han tomado medidas agresivas de promoción como en el caso de Brasil, país que además de ser el principal exportador de dicho producto, incentivó su industria automotriz mediante el uso de motores especialmente diseñados para el uso de este biocombustible.

[1] Como el MTBE (Éter metil tert-butílico) y el plomo tetraetílico.
[2] Fuente: www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Etanol.pdf
[3] Exoneración de la tasa actual de 20% por ISC.
[4] Según el IPE, si se trata de un combustible limpio, habría una externalidad positiva; además no son bienes de lujo. Por tanto, deberían ser inafectos al ISC. Fuente: www.ipe.org.pe.
[5] 130,8 Toneladas Métricas por hectárea. Fuente: USDA, 2002.