Luego de varios años de relativa paz, las recientes noticias sobre ataques narco-terroristas en la sierra y selva peruana ocasionaron que los ministros de Defensa y del Interior soliciten la semana pasada en el Congreso mayores recursos al Ministro de Economía y Finanzas para el próximo año, los cuales ascenderían aproximadamente 402 millones de nuevos soles [1]. Ante este pedido cabe preguntarse cuáles son los costos que un país debe estar dispuesto a afrontar para combatir el terrorismo.

Los costos del terrorismo pueden cuantificarse en términos de vidas perdidas y propiedad destruida [2]. Sin embargo, son costos también los efectos sobre el turismo en regiones donde los actos terroristas se dan de manera continua. Además, el terrorismo reduce la inversión extranjera, reasigna los recursos perjudicando actividades y sectores más productivos, incrementa los costos en seguridad (que se trasladan a los consumidores finales a través de un aumento en los precio), incrementa los costos de transporte, crea una barrera al comercio e incrementa las restricciones migratorias.

Usualmente la discusión entre economía y terrorismo se ha centrado en determinar la medida en que una menor pobreza y desigualdad pueden reducir la incidencia del terror. Sin embargo, son la pobreza, la desigualdad o los bajos niveles educativos las causas principales del terrorismo?.

Alan Krueger y Jitka Maleckova examinaron las relaciones entre pobreza, educación y el índice de actividades terroristas, encontrando una baja relación directa entre pobreza o educación y participación en el terrorismo. Basados en la evidencia analizada, concluyeron que que la ausencia de libertades civiles, en lugar de las principales economías y la calidad y contenido de la educa ción, son los determinantes más importantes de la actividad terrorista [3].

Del párrafo anterior se desprende que la lucha contra el terrorismo no sólo se puede dar mediante acciones militares y policiales sino también a través de herramientas políticas y diplomáticas que generen un cambio social. Ciertamente las políticas enfocadas a combatir el terrorismo con una mayor fuerza militar ocasionan un mayor impacto social y un mayor rédito político para el gobierno. A pesar de esto, Endlers y Sandler han señalado que, en general, las intervenciones anti terroristas han resultado en un mayor incremento de las mismas, o una precipitación de sus consecuencias negativas para la economía y la sociedad [4].

[1] El Ministro de Economía ha aclarado que estas solicitudes se atenderán el próximo año mediante créditos suplementarios, por lo que ambas carteras deberán reorganizar su gasto. El presupuesto 2008 asciende a S/. 71,050.00 millones lo que representa un incremento del 15% respecto del año anterior.
[2] El ataque del 11 de setiembre significó una pérdida de US$ 33 a US$ 36 millones para la ciudad de Nueva York.
[3] Alan B. Krueger y Jitka Maleckova 2003. “Education, Poverty and Terrorism: Is There a Causal Connection?” Journal of Economic Perspectives.
[4] Walter Enders y Todd Sandler 1993. “The Effectiveness of Anti-Terrorism Policies: Vector Autoregression-Intervention Analysis,” American Political Science Review.

Los agricultores de algodón en Piura denunciaron a Creditex y Tuchisa (empresas conexas al Grupo Romero y Cervesur, respectivamente) ante el INDECOPI por comprar el algodón que ellos producen a un precio marcadamente menor a su precio internacional [1]. Argumentaron que al ser el algodón un commodity, en un escenario competitivo el precio de compra del algodón nacional no debía diferenciarse mucho de su precio internacional. Sin embargo, señalaron que esto no ocurría porque dichas empresas (que juntas compran aproximadamente 90% del algodón cultivado en Piura) estaban concertando precios, lo que, en un escenario duopsónico, les permitía definir el precio por quintal de algodón a pagar a los agricultores. Por su parte, las empresas manifestaron que en un escenario de libre mercado los agricultores podían decidir exportar o vender el aldogón a las empresas nacionales y que, en todo caso, la concertación de precios no se había probado.

Lo relevante del caso es que la semana pasada ambas partes se presentaron en el INDECOPI para rendir un Informe Oral sobre la denuncia materia de discusión, centrándose el debate en el modelo econométrico utilizado para demostrar la concertación de precios. En el Perú sólo se ha sancionado una vez por concertación de precios, en la década de los noventa, luego de que se demostrara que hubo reuniones y correspondencia entre empresas dedicadas a la comercialización de pollo para definir el precio al cual iban a comprar dicho alimento a los productores nacionales. En el caso de los productores de algodón en Piura, ante la falta de medios probatorios fehacientes que permitan verificar la existencia de concertación de precios, se ha elaborado un modelo econométrico tentativo que permita deducir la existencia de concertación.

De ser el fallo favorable y se respalde el modelo econométrico empleado, sería la primera vez que se utiliza una herramienta estadística como prueba contundente de concertación [2]. Sin embargo, también se deja abierta una puerta de debate en relación con la necesidad de probanza contundente que deben tener las pruebas presentadas y los supuestos y condiciones restrictivas de los que parten todos los modelos estadísticos, lo que originaría que dichos modelos sean tomados únicamente como indicios, pero no como pruebas concluyentes. Queda sólo esperar el fallo.

[1] La denuncia fue realizada a más empresas, pero la Comisión de Libre Competencia decidió incluir a estas dos, por la participación de mercado que poseen.
[2] En estricto, el modelo sólo probaría paralelismo conciente de precios, de lo cual se puede desprender, como hipótesis, una probable concertación de precios.

El exceso de demanda y liquidez pueden producir un recalentamiento en la economía. Ante ello, los gobiernos disponen de ciertas herramientas, como el manejo de las tasas de interés, a fin de poder controlar dicho recalentamiento. Sin embargo, ¿qué se debe hacer cuando los instrumentos convencionales parecen no funcionar? Tal parece ser la situación actual de la economía en China, donde las medidas tomadas por el gobierno no han podido solucionar el recalentamiento de la economía y el crecimiento excesivo del crédito.

Al respecto, el 18 de noviembre se conoció un pedido inusual por parte de la autoridad reguladora de las autoridades financieras en China, a través del cual solicitó que los bancos desaceleren el ritmo de préstamos que otorgan y sugirió que terminen el año con la misma cantidad de préstamos que concedieron hasta el 31 de octubre. A pesar de reconocer que cada banco posee necesidades distintas (como consecuencia, entre otros factores, de sus distintos requerimientos de capital), la autoridad supervisora propuso mantener un nivel estable de préstamos [1].

¿Qué consecuencias puede tener una medida como esta? A nivel interno, la reducción de préstamos disminuye la inversión y el producto [2]. Asimismo, para el gobierno chino esta medida representa la posibilidad de no afectar las ventajas comerciales que le otorga una moneda devaluada ya que a través del manejo de la tasa de interés podrían presionarían una reevaluación del yuan. A nivel externo, representa una menor demanda por materias primas, con consecuencias en los precios internacionales de los principales commodities y en la balanza comercial de los países que los exportan.



[1] Fuente Bloomberg.
[2] En este punto la inversión extranjera directa podría suplir a la inversión doméstica por lo cual la medida podría ser acompañada de medidas conexas.

El 26 de octubre el Ministro de la Producción planteó un Proyecto de Ley para la reducción progresiva de la tasa del Impuesto a la Renta (IR) de las empresas que reinviertan sus utilidades hasta llegar a una tasa aplicable de 20% en el año 2010 [1]. Dicha tasa de 20% está vigente actualmente en Chile con el propósito de fomentar inversión privada que devengue en empleo. Si se considera que la participación del IR sobre los ingresos tributarios del país es de 44%, resulta evidente que la medida propuesta tendría impacto sobre la situación fiscal [2]. La propuesta para contrarestar los efectos perversos de esta política consistiría en incrementar el impuesto sobre los dividendos (actualmente de 4.1%).

Esta iniciativa aún es revisada por el Congreso; sin embargo, ha despertado cierto debate en torno a la sostenibilidad de la medida y a los diversos efectos derivados de su implementación. En cuanto a los efectos positivos, los más destacados son: i) mejores condiciones de empleo y puestos de trabajo [3]; ii) la obtención de inversión más eficiente, dado que sería emprendida por el sector privado; iii) mayor financiamiento con capital propio y, por ende, un menor apalancamiento (impacto negativo sobre la banca corporativa); y iv) la capitalización de empresas pequeñas y nuevas con escaso acceso al mercado de capitales [4].

En cuanto a los incentivos “perversos” que puedan derivar en efectos negativos para la economía, el más preocupante es que ante una etapa de recesión o déficit fiscal abultado, el gobierno decida eliminar el incentivo tributario y regresar a una situación de presión tributaria igual o mayor a la actual. Otro factor importante es la artificialidad (una suerte de subsidio a la inversión) bajo la cual las empresas pueden optar por emprender proyectos poco rentables en circunstancias normales, únicamente por no enfrentar un mayor costo tributario o por no mantener dinero en caja. El primer factor puede conllevar la realización de proyectos en horizontes de corto plazo ante la desconfianza del sector. El segundo, puede llevar a resultados tales como la integración vertical u horizontal de las empresas, incrementos en la capacidad instalada ociosa u otro tipo de inversiones que pueden no ser eficientes. [5]

Bajo este escenario, es prudente tomar como marco la experiencia de Chile y evaluar los factores antes mencionados, ya que si esta medida fuese mal implementada podría derivar en un costo desproporcionado para los agentes de la economía.

[1] Diario La República, sábado 27 de octubre de 2007.
[2] Apoyo Consultoria. Reunión SAE, noviembre 2007.
[3] De acuerdo con Grieson (1975), mientras mayor sea la propensión a ahorrar de los capitalistas respecto de la de los trabajadores y más participación tenga el capital en el producto, más ganarán los trabajadores con una disminución de los impuestos al capital.
[4] Bernardo Fontaine T. (1989). Sobre la Ley del Impuesto a la Renta. Estudios Públicos Nº34.
[5] Fernández-Baca (2006) plantea situaciones en las cuales la integración vertical puede no ser eficiente.

El pasado lunes 12 de noviembre, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó un proyecto de reforma del mercado de capitales, con el fin de promover el incremento de las inversiones en el país. Actualmente, el financiamiento de las empresas privadas se realiza, principalmente, a través del crédito bancario debido a los altos costos de transacción presentes en el mercado de capitales [1] [2]. Al respecto, el Ministro ha planteado la reducción de dichos costos mediante la simplificación de los trámites para la emisión.

Sin embargo, dada la importancia económica de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la creación de puestos de trabajo, hace falta plantear medidas específicas que permitan que el mercado de capitales sea atractivo para las PYMES, por ejemplo, mediante la implementación de un costo de emisión proporcional al tamaño de la misma. El ingreso de dichas empresas al mercado de capitales generaría una mayor fortaleza financiera a través de la obtención de una clasificación de riesgo y de la cotización de las propias emisiones de la empresa.

Esta medida también otorgaría un mayor dinamismo a los mercados de instrumentos financieros derivados, los cuales brindarían una mejor gestión de riesgo de las empresas del sistema a través de coberturas efectivas. Al respecto, si bien la emisión de bonos soberanos ha permitido la creación de una curva de rendimientos en nuevos soles en diferentes plazos, es necesaria la formación de una curva de rendimientos a corto plazo como referencia para la valorización de instrumentos derivados. Para ello, se requiere que los principales bancos empiecen a cotizar tasas de interés a diversos plazos para fondos interbancarios en nuevos soles.

Cabe resaltar que la implementación de esta medida demandaría una correcta supervisión del lanzamiento de una norma para la gestión integral de riesgos de las empresas del sistema financiero y reglamentos específicos que establezcan una aplicabilidad adecuada para diversos instrumentos, como derivados de crédito o titulización de créditos hipotecarios.

[1] Durante el periodo 2002-2005, el crédito bancario al sector privado con respecto al PBI es del 20% mientras que la emisión de bonos del sector privado con respecto al PBI, representó el 3%. “Costo del Crédito en el Perú”. BCRP.
[2] Costos de estructuración, costos legales, costos regulatorios, costos de publicidad y costos de clasificación de riesgo, entre otros.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) presentó esta semana su informe “Panorama Social de América Latina 2007” a través del cual analiza las principales tendencias sociales de la región. En la actual edición, se destacó que a diciembre de 2006 la cantidad de gente en estado de pobreza se situó por primera vez desde 1990 debajo de los 200 millones, favorecida en todos los países por el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo, con cambios en la composición de las familias y mejoras en la calidad de la inserción de sus miembros como población económicamente activa.

El informe señala que uno de los puntos centrales en el logro de este buen resultado es el crecimiento económico, que ha permitido que se generen no sólo puestos de trabajo sino programas sociales enfocados a aliviar las necesidades básicas de la población con menos recursos. Sin embargo, señala también que el comportamiento procíclico de estos programas no aseguran la sostenibilidad de la reducción de la pobreza mientras no se implemente una reasignación del gasto social que confluya en generar menor desigualdad y otorgar mayores capacidades sociales a la población más pobre de la región. La falta de políticas anticíclicas de mediano y largo plazo para la reducción de la pobreza pueden generar que, a pesar de los buenos resultados obtenidos, el cumplimiento del Objetivo del Milenio en cuanto a reducción de la pobreza establecido por la ONU se vea afectado.

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) está lanzando en el último trimestre del presente año los Certificados de Participación – Incatrack, que es un instrumento financiero de renta variable compuesto por una cartera de acciones que conforman el Índice Nacional de Capitalización (INCA). El objetivo primordial del Incatrack es replicar el rendimiento del INCA, el cual comprende a las 20 acciones más líquidas negociadas en la BVL, ponderadas en el índice según el tamaño de la capitalización del free-float [1] de cada una con respecto al total.

El Incatrack es un Exchange Traded Fund (ETF) que puede comprarse o venderse a lo largo de cualquier rueda de bolsa. Un Exchange Traded Fund es un fondo de inversión que cotiza en bolsa de manera idéntica a una acción. Se constituye un Patrimonio Fideicometido el cual emite los Certificados de Participación – Incatrack y con el dinero de la emisión adquiere las 20 acciones subyacentes.

Entre las principales ventajas del Incatrack se destacan: (i) la diversificación del riesgo, ya que se invertirá en las 20 acciones más representativas de la bolsa peruana; (ii) los bajos costos de transacción, puesto que el costo de administración del Fondo es el 0,65% anual de los activos manejados, porcentaje mucho

menor a lo que cobran otros Fondos (entre 2 y 3% de los activos manejados); (iii) mayor acceso a pequeños inversionistas, debido a que el costo inicial de cada Certificado será de S/. 10 y no hay un monto mínimo de inversión; (iv) flexibilidad, ya que el Fondo se comporta como una acción y no hay tiempos mínimos de permanencia, asegurando un “market maker” [2] su liquidez en el mercado secundario; (v) transperencia, puesto que el inversionista sabrá en cada momento cómo está invertido su dinero.

A su vez, el Incatrack también cnlleva riesgos. El más preocupante de ellos es la alta concentración del Fondo en el sector minero. Más del 70% estará invertido inicialmente en empresas mineras. Por ende, una fuerte caída en el precio de los metales afectaría severamente el Fondo.

[1] El free-float es el conjunto de acciones de una empresa que se negocian habitualmente en bolsa y que no representan participaciones estratégicas de grandes accionistas o de directivos de la empresa.

[2] El “market maker” es una institución responsable de crear liquidez en el mercado secundario mediante la compra y venta de los títulos financieros.

Luego de que el Perú se ubicara en el último lugar en educación según el World Economic Forum (WEF), distintos representantes del gobierno, en especial, el Ministro de Educación José Antonio Chang, han señalado que este resultado se debe a la carencia de una política educativa integral durante la década de los noventa. A su vez, acotó que desde el año 2005 se ha buscado desarrollar un nuevo plan curricular que permita corregir esta deficiencia en la educación, sobre todo en los sectores menos desarrollados.

Sin embargo, hasta la fecha la única política efectivamente implementada en materia educativa ha sido la evaluación realizada a los docentes, con todas las críticas y dificultades que acarreó. Tampoco se han realizado las evaluaciones a nivel nacional que permitan generar estadísticas sobre las principales materias y áreas evaluadas por los programas de educación a nivel global, como el Programme for International Student Assessment – PISA. Esta situación es preocupante si se considera que en un país desigual y heterogéneo como el Perú no se puede emprender una reforma educativa que permita mejorar nuestra ubicación en los ranking globales si no se cuenta con información sobre la calidad educativa de los menores diferenciando por edades, género y región.

A pesar de que dicho ranking se basa en encuestas realizadas a empresarios y personas especializadas en los temas evaluados y no en estudios sobre educación, es importante resaltar que recoge la percepción de la educación para cada país, lo cual puede conllevar consecuencias en el ámbito económico al influir sobre las expectativas de largo plazo que se forman los inversionistas respecto del desempeño futuro del mercado. Esto, debido a que la educación se considera un pilar fundamental para el sostenimiento continuo de la senda de crecimiento. Tanto es así, que el ranking publicado por el WEF evalúa el desempeño de la educación junto con otros indicadores claves, tales como el manejo macroeconómico, la madurez de las instituciones, la sofisticación financiera y la inversión en investigación y desarrollo.

La actual representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Susana Pinilla, calificó como positivo el resultado obtenido tras la promulgación del Decreto Supremo 008-2007-TR [1], por el cual se redefinió el alcance de las empresas tercerizadoras de servicios, también llamadas “services”. Ello, debido a que el 80% de las empresas del mercado han colocado en su “planilla de empleados” a trabajadores que anteriormente brindaban sus servicios a través de services.

El referido Decreto Supremo modifica el artículo 1 del Reglamento de la Ley 27626 [2], y delimita las actividades afectas a ser realizadas a través de la contratación de services. Señala que una empresa podrá tercerizar servicios únicamente si éstos califican como “actividad complementaria”, entendida esta como una actividad de carácter auxiliar y no vinculada con la actividad principal de la compañía; por ejemplo, la vigilancia, mensajería externa o limpieza. En caso contrario, la empresa está obligada a entablar algún tipo de contrato directo con sus trabajadores.

Sin embargo, la cifra anunciada por la Ministra Pinilla en relación con el efectivo impacto en el mercado para la contratación de services debe ser tomada con cuidado, sobre todo si se considera el tamaño del sector informal en la economía peruana, proclive a desconocer y desacatar la norma.

A su vez, dado que sólo han transcurrido un par de meses desde la promulgación de Decreto Supremo en cuestión, sus resultados deben ser analizados de manera preliminar. Esto, debido a que los empresarios pueden acatar la Ley luego de su promulgación y, no obstante, dejar de cumplirla en el mediano y largo plazo como consecuencia del bajo nivel de supervisión que se ejerce desde el gobierno para vigilar su cumplimiento. Sin un adecuado control, lo más probable es que en un año, o tal vez menos, los efectos favorables de esta reforma en el mercado laboral hayan desaparecido.

[1] http://www.mintra.gob.pe/intranet/contenidos/NL/DS_008_2007_TR.pdf
[2] Ley que regula la actividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores. El Reglamento al que se hace mención fue aprobado mediante Decreto Supremo 003-2002-TR.

La agencia canadiense Dominion Bond Rating Service (DBRS) otorgó al Perú hace unas semanas el grado de inversión para su deuda a largo plazo en moneda local y extranjera. Este hecho hace prever que en un futuro cercano las principales calificadoras de riesgo a nivel internacional coincidan en brindar el grado de inversión al Perú. Si ello sucediera ¿qué implica para el país esta mejora en la calificación? ¿Es tan beneficioso como parece?

Una probable mejora en la calificación implicaría un incremento en los precios de los bonos peruanos en el exterior, una reducción en los costos financieros de las empresas y, un incremento en la inversión privada. La mejora de la calificación de riesgo peruano también permitiría poder obtener mejores tasas a mayores plazos, lo que favorecería el financiamiento de las inversiones de las empresas. Asimismo, el Estado se beneficiaría de una probable reestructuración de su deuda.

Sin embargo, la clasificación de grado de inversión por parte de otras agencias de primer nivel puede esperar debido a que no sólo se considera el aspecto económico, sino también el contexto político e institucional. En estos dos aspectos, el país aún tiene mucho por mejorar. Las huelgas, paros, conflictos sociales, rebrotes de violencia terrorista, el poco fortalecimiento de las organizaciones políticas, la ineficacia del estado y su tan postergada reforma son algunos retos que el gobierno debe solucionar a fin de poder lograr no solo una mejor calificación de riesgo de otras entidades sino un mejor país para todos, y no solo para algunos.

El “Índice de Globalización 2007”, realizado por Foreign Policy y A.T. Kearney, mide la integración económica, tecnológica, política y personal de los países, y su resultado proporciona una evaluación de la magnitud de apertura y conectividad a nivel global.

El índice incluye doce variables principales, las cuales son desagregadas en cuatro categorías: (i) integración económica: comercio e inversión extranjera directa; (ii) contactos personales: viajes, remesas y transferencias personales; (iii) conectividad tecnológica: usuarios de Internet, servidores seguros y alojamientos de Internet; (iv) compromiso político: participación en organismos internacionales, Naciones Unidas, ratificación de tratados y cooperación internacional [1].

Singapur ocupó el primer lugar del ranking por cuarta ves en siete años, seguido por Hong Kong y Holanda. Cabe señalar que dentro de los primeros 10 países más globalizados ocho de ellos cuentan con territorios menores al tamaño del estado de Indiana de los Estados Unidos y el comercio total como porcentaje de su producto bruto interno supera el 120%. Por otro lado, los dos últimos lugares del ranking pertenecen a India e Irán.

El Perú ocupa el puesto 58 dentro de este ranking, descendiendo ocho posiciones con respecto a su clasificación en el año anterior. Las categorías más débiles del país son la tecnológica y política. En la región, Panamá posee el mejor ranking ubicándose en el puesto 30, seguido por Costa Rica y Chile, puestos 39 y 43, respectivamente.



[1] Para mayor detalle ver: http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4030#rankings