Los recientes incrementos en el precio de algunos productos de primera necesidad, tales como el pollo y el pan, despertaron serias preocupaciones sobre la tendencia que seguiría la inflación durante los próximos meses. Esto aunado a la continua tendencia alcista del precio de los combustibles, y la publicación de los últimos datos macroeconómicos del país, en donde se conoció que durante el primer semestre la economía habría crecido en 7,8%, mientras que la demanda interna se habría expandido en 10,4%. Más aún, durante la semana se conoció que las presiones de precios actuales podrían estar empezando a repercutir en las expectativas de inflación de los agentes económicos [1].

No obstante, un análisis más detallado de estos fundamentos nos podría demostrar que, en realidad, tales presiones inflacionarias serían sólo temporales, con lo que no habría mucho riesgo de que la inflación cierre el año por encima de la meta establecida por el Banco Central[2]. Así por ejemplo, el alza en el precio del pan se explica por el reciente incremento en el precio internacional de la harina de trigo, mientras que el del pollo se explicaría por la pérdida de más de un millón de huevos fecundados durante el terremoto del pasado 15 de agosto; ambos, considerados como “choques temporales de oferta”.

A su vez, la continuidad en la evolución de la demanda interna, que crece por encima de la economía, estaría acompañada por un crecimiento importante en la productividad[3], por lo cual no se evidenciarían riesgos inflacionarios por el lado de los costos laborales. Por otro lado, las presiones a la baja que continúa experimentando el tipo de cambio constituyen un factor que contribuiría a mantener una inflación baja, al reducir el costo de los bienes importados. Sin embargo, la autoridad monetaria debería mejorar sus estrategias de comunicación y rendición de cuentas hacia el público, de tal forma que logre aterrizar, nuevamente, las expectativas de inflación al rango meta.

[1] Algunos bancos de inversión estarían proyectando una tasa de inflación en torno al 3.3% o 3.5% para este año. Fuente: Diario Gestión 20/09/2007.
[2] La meta de inflación es de 2% +/- 1%; es decir, (1% - 3%)
[3] Según el MMM 2008-2010 durante los últimos 5 años, la productividad de la economía habría experimentado un crecimiento de más de 20%.

El miércoles 19 de septiembre el gobierno oficializó el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/. 500 a S/.550. Señaló además que dicho incremento se produciría en dos partes: la primera, a partir de octubre de 2007 y la segunda a partir de enero de 2008. De acuerdo a lo indicado por la Ministra de Trabajo, para el cálculo de dicho incremento se tomó en cuenta la productividad obtenida por las empresas y la inflación; las cuales permitirían que se de este aumento y que se logre reducir la brecha entre el costo de la canasta familiar y la RMV. Sin embargo, existen al respecto posiciones encontradas.

Las posturas a favor del incremento de la RMV se basan en el crecimiento de la economía y en las mayores utilidades obtenidas por las empresas, lo que haría viable el reajuste salarial si se concibe la fijación de salarios mínimos como una herramienta distributiva y de lucha contra la pobreza [1]. Además, la capacidad adquisitiva promedio con la RMV se habría reducido en un 30% respecto de los picos históricos alcanzados a mediados de los 70 [2], periodo en el que se encontraba diferenciada por regiones y mantenía concordancia con la disparidad de la productividad a lo largo del Perú. Asimismo, la RMV de S/.500 tan sólo alcanzaría para comida y pasajes de una familia de 5 miembros [3].

De otro lado, en contra del incremento de la RMV se sostiene que ésta sería una de las más altas entre los países de la región [4] como porcentaje del PBI per-capita y que el incremento llevaría a las PYMES a propiciar su retroceso a la informalidad dado el incremento en costos por mayor pago de planilla, mas aún si aquellas empresas que han incrementado significativamente sus utilidades no son aquellas que pagan sueldos mínimos. Dicho planteamiento se fortalece con el estudio realizado por Nikita Céspedes Reynaga [5], el cual señala una relación negativa entre el empleo formal y la RMV (aunque también se hace referencia a un efecto distributivo positivo en favor de los trabajadores de bajos ingresos). En un país con una baja recaudación (como % del PBI), el objetivo debiera ser incrementar la base tributaria en vez de aumentar la presión fiscal sobre el sector formal.

[1] http://www.ccla.org.pe/publicaciones/otras/pdf/segunda-parte.pdf
[2] Farid Matuck. Diario La República on line. Nota de prensa del día 06/08/2007.
[3] Pedro Francke. Diario La República on line. Nota de prensa del día 06/08/2007
[4] Semanario Comex Peru. 31 de Octubre al 06 de Noviembre de 2005.
[5] Efectos de la RMV sobre el mercado laboral peruano.

El martes 18 de septiembre la Reserva Federal (FED) sorprendió al mercado al reducir la tasa de los Fondos Federales en 50 puntos básicos, pasando de 5,25% a 4,75%. Si se toma en cuenta que desde junio de 2006 la tasa había permanecido invariable: ¿qué ha ocasionado que la FED decida reducir la tasa de los Fondos Federales?.

Por un lado, la FED señaló que aún cuando durante el primer semestre de 2007 la economía norteamericana creció a un ritmo moderado, el deterioro de las condiciones de liquidez y las menores perspectivas de crecimiento del mercado hipotecario requerían una reducción fuerte en el nivel de la tasa. Al respecto, en agosto la cantidad de ejecuciones hipotecarias llegaron a ser un 115% más altas en comparación con el mismo mes de 2006, y un 36% mayores con respecto a julio de este mismo año. Estos datos reflejan la magnitud de la crisis de las hipotecas “subprime”.

Por otro lado, la FED también señaló que los problemas en el mercado de crédito no sólo podrían empeorar la recesión inmobiliaria, sino también frenar el crecimiento económico general, por lo que laacción tomada intentaría prevenir efectos adversos en la economía real causados por trastornos en los mercados financieros y estimular un crecimiento moderado en el mediano plazo. Además, las lecturas inflacionistas han mejorado este año en comparación a lo que se preveía el año pasado.

Cabe la pena resaltar que la actual baja de la tasa de la FED fue acompañada por una reducción de 0.50% la tasa de descuento que rige los préstamos directos a bancos, quedando ésta también en el 5,25%. Así, el martes último se inyectaron 9750 millones de dólares al sistema monetario del país mediante operaciones de recupero de Títulos del Tesoro y Títulos de Agencia en manos de entidades bancarias.

[1] Los precios al productor en Estados Unidos tuvieron un retroceso de 1,4% durante agosto. Este comportamiento permitió una importante reducción en la tasa anual, que ahora se ubica en 1,8%, después de situarse por encima de 3% en los últimos 5 meses.

La molestia generalizada de la población ante la congestión telefónica e imposibilidad de establecer llamadas luego del terremoto del 15 de agosto, ha hecho reflexionar al gobierno, y en especial al OSIPTEL, sobre las probables fallas en el dimensionamiento[1] de las redes y en la medición de la demanda por comunicación.

Al respecto, la UIT señala que las redes de telecomunicaciones deben ser dimensionadas en base al grado de servicio que se quiera ofrecer, y de acuerdo con la demanda de tráfico actual y futura en un periodo de tiempo. Además, señala que para días excepcionales, como el día de la madre o navidad, las empresas deben fijar objetivos de grado de servicio mayores a los establecidos en días normales[2]. Sin embargo, para emergencias ocasionadas por catástrofes se recomienda la implementación de mecanismos alternos para garantizar un servicio de emergencia para usuarios autorizados, como entidades del gobierno y de defensa nacional[3].

Cabe resaltar que la UIT no sugiere que se logre establecer la comunicación de todos los usuarios durante el periodo de emergencia y/o catástrofe, pero sí recomienda la implementación de medidas de calidad que regulen que las empresas de telecomunicaciones enfoquen todos sus esfuerzos en tratar de optimizar el uso de su red. En ese sentido, el OSIPTEL ha elaborado esta semana un nuevo Proyecto de Reglamento de Calidad[4] que trata de establecer nuevos parámetros para los montos máximos exigibles de llamadas interrumpidas y no establecidas, entre otros. Dado que las empresas deben cumplir con estos estándares de calidad en periodos anuales, se verán obligadas a reducir el número de llamadas no establecidas o interrumpidas en días promedio, para así poder compensar las llamadas no establecidas en los días en los que la demanda crezca excepcionalmente.

Económicamente, esto es favorable tanto para las empresas como para los consumidores. Por un lado, los operadores de telecomunicaciones no se ven obligados a mantener redes sobredimensionadas que les generen sobrecostos y; por el otro, los usuarios se benefician de un menor promedio anual de llamadas perdidas, una solución que no necesariamente es second-best.

[1] Al dimensionar una red se analiza la carga de tráfico de voz de que ha de cursar entre cada nodo de la red.
[2] Ver recomendación de la UIT: ITU-T E.500.
[3] Ver recomendación de la UIT: ITU-T E.107.
[4] Proyecto de Resolución que modifica el Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución Nº 040-2005-CD/OSIPTEL.

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado recientemente un informe que revela la situación de desempleo, informalidad e inactividad de los jóvenes en Latinoamérica y advierte que, de no tomarse las medidas necesarias, podría limitar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en la región. Según la evaluación de la OIT, la poca participación de los jóvenes en el empleo se desarrolla en condiciones precarias, y ha tratado de ser corregida, usualmente, mediante programas específicos de alcance limitado.

Asimismo, destaca la importancia de plantear medidas especiales para i) los jóvenes que trabajan en actividades informales, que colocan en riesgo sus perspectivas futuras de empleo y ii) los jóvenes que no estudian ni trabajan. En efecto, de los 58 millones de jóvenes que pertenecen a la fuerza laboral (55% de la población entre 15 y 24 años), 41 millones no estudian (i.e. trabajan o están desempleados), mientras que 17 millones estudian (pero están buscando trabajo o se encuentran ya trabajando).

Latinoamérica está experimentando un periodo crucial en materia de comercio internacional debido a dos reuniones, una concluida y otra por concretarse, en el presente mes de setiembre. En la primera reunión, llevada a cabo en Lima por el BID, la OMC y el Perú el 13 y 14 de este mes[1], se buscó que los países en desarrollo aprovechen los beneficios del comercio exterior en el ámbito social, y así mejoren las condiciones de vida la población. Según el director de la OMC, para alcanzar dicho objetivo, los países en desarrollo deben percatarse de que el crecimiento económico y comercial van de la mano con el desarrollo social y la disminución de la pobreza.

En la segunda reunión, a realizarse el 17 de setiembre en Bogotá, se reiniciarán las negociaciones entre la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea para lograr un acuerdo de asociación política, comercial y de cooperación entre ambos bloques.

Un aspecto que puede deteriorar las negociaciones son las distintas expectativas de los países andinos en relación con este acuerdo. Mientras que Perú y Colombia, países que encabezan las exportaciones e importaciones con Europa, esperan que el mencionado acuerdo tenga más peso comercial; Bolivia y Ecuador, por su lado, esperan lograr un acuerdo más centrado en aspectos sociales y medioambientales.
El comercio exterior juega un papel importante para las economías latinoamericanas no sólo por su participación en el PBI, sino por la oportunidad que representa para lograr mejoras tanto en el aspecto social como en el económico. Sin embargo, mientras el terreno de juego entre países en desarrollo y países desarrollados no se nivele, y no haya voluntad política para lograr acuerdos internacionales que equilibren los resultados en el aspecto comercial y social, dichas oportunidades se verán limitadas.
[1] “Movilizando Ayuda para el Comercio: América Latina y el Caribe”.

El Impuesto General a las Ventas (IGV) está diseñado para que afecte a los consumidores de distintas clases sociales por igual, ya que todos deben pagar lo mismo por el consumo de los bienes que requieren. Sin embargo, en un país en el que la pobreza bordea el 44,5% a nivel nacional, los individuos de menores recursos son los se ven más afectados ante el aumento de este tipo de impuesto.

Esta semana se ha propuesto una rebaja gradual del IGV para los próximos años, la cual implicaría que este impuesto pase de 19% en 2007 a 18% en 2008, hasta alcanzar el 15% para el año 2011. Esto se podría lograr debido al contexto económico favorable que atraviesa el país, que permite un continuo incremento de los ingresos fiscales. La pregunta entonces es: ¿permite el contexto económico, de mayores ingresos fiscales, una reducción del IGV? La importancia del IGV sobre los ingresos tributarios ha venido decayendo en los últimos años. Así, en julio de 2000 representaba el 31.3%, mientras que a julio de 2007 fue de 26,8%. Paralelamente, la participación del impuesto a la renta ha ido en aumento, al pasar de 20,1% en julio de 2006 a 38,5% en julio de este año, como consecuencia del aumento del Producto Bruto Interno.

Por tanto, el cambio en la composición de los ingresos tributarios parece permitir una reducción del IGV, sin que esto genere un impacto negativo sobre los ingresos en comparación a años anteriores. Sin embargo, la adopción de una política de disminución del IGV debe de estar fundamentada en la evolución de otras variables, entre ellas, la base tributaria.

El terremoto del último 15 de agosto mostró que es necesario contar con instrumentos de prevención contra desastres naturales. En ese sentido, el Estado estaría trabajando con Swiss Re en la emisión de bonos catastróficos (i.e. bonos elaborados especialmente para ser utilizados en este tipo de contingencias) [1].

Sin embargo, existen condiciones estructurales que pueden hacer repensar esta decisión: (i) la débil institucionalidad para el enfrentamiento de siniestros, (ii) el menor apetito de los mercados financieros en comparación con el año pasado, (iii) la autoconstrucción y la escasa masa asegurada, que incrementan el riesgo de los bonos, (iv) la calificación de riesgo de estos bonos, que los haría adquiribles por los hedge funds y empresas de private equity, y no por las AFP.

Esto no significa que la opción de bonos catastróficos no sea atractiva. De hecho, tendría un efecto estabilizador en los gastos fiscales. No obstante, antes de su aplicación deben de adoptarse decisiones de política pública que disminuyan la vulnerabilidad del sector construcción y aumenten el aseguramiento contra terremotos. Sin perjuicio de lo anterior, otra alternativa es la creación de fondos gubernamentales para la ampliación de la cobertura de seguros contra terremotos.

Cabe precisar que el mercado mundial de bonos catastróficos ha cambiado mucho y muy rápidamente, especialmente luego del huracán Katrina. A julio de 2007, el monto del mercado de transferencia alterna de riesgos en seguros es de US$ 4.7 billones (entre bonos y garantías sectoriales de perdidas). Es importante precisar que los bonos catastróficos no han sido evaluados en grandes siniestros, lo cual hace más incierta su posible eficacia ante la ocurrencia de terremotos [2].

[1] Este tipo de bonos poseen características especiales: la indización, el alto riesgo que enfrentan los inversionistas y una elevada tasa de rendimiento como consecuencia.
[2] Existe el caso de Kamp Re, un vehículo especial auspiciado por Zurich Financial Services, que todavía debate sobre la activación de bonos catastróficos por el huracán Katrina. Reactions, Julio/Agosto 2007.

Del total de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, el 80% son latinoamericanos. Según la CEPAL (2006), durante el período 1986 – 2002 los indocumentados en ese país pasaron de 3.2 millones a 9.3 millones[1]. Esta situación ha generado que el gobierno norteamericano baraje diversas opciones de política, desde legalizar la situación de los inmigrantes hasta endurecer las leyes. En un contexto de probable endurecimiento de la política migratoria, la pregunta es: ¿tendrá esto un efecto homogéneo en las economías de los países de la región?.A parecer, esto variaría de acuerdo con la escala, dinamismo y dependencia de cada economía.

En países como Guatemala y El Salvador las remesas superan las divisas que ingresan por inversión extranjera directa (IED), por lo que el efecto adverso sería mayor. Sin embargo, en países con economías más dinámicas y diversificadas, como Brasil y México, las remesas, a pesar de ser elevadas, no superan a las dividas que ingresan por IED y por ende no tendrían un impacto muy significativo[2]. Cabe aclarar que la principal fuente de información para el análisis comparativo de remesas es la balanza de pagos. Sin embargo, debido a las distintas especificidades de recolección de datos y a la diversidad en el mecanismo de envío de remesas, la agregación que ofrece el FMI sobre la balanza de pagos es sólo una aproximación.

Pero lo que aún se encuentra en discusión es el impacto social. Según la CEPAL [3], la atenuación de la pobreza en los países de la región sería poco significativa. No obstante, si el análisis toma como unidad a los hogares preceptores de remesas, más del 50% de los integrantes de dichos hogares estarían por debajo de la línea de pobreza si dejan de percibir dichas remesas. Además, es probable que las encuestas de hogares subestimen el volumen de remesas, por lo que el efecto en alivio a la pobreza podría ser mayor.

[1] Migración internacional, derechos humanos y desarrollo en América Latina y el Caribe. CEPAL, 2006.
[2] El documento de la CEPAL registra tres categorías. Grades perceptores: Remesas superiores a 2500 millones de dólares, Medianos perceptores: Remesas cercanas o superiores a 1000 millones y Pequeños perceptores: no superan los 500 millones de dólares.
[3] CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2005), Panorama social de América Latina. 2005.

Luego del último terremoto que asoló principalmente el departamento de Ica, se requiere volcar todos los esfuerzos en la formulación de políticas públicas que incentiven el crecimiento de la economía de dicho departamento. Para lograrlo, se debe promover la acumulación de capital a través de la inversión. Como el economista Robert Solow afirmó hace más de 40 años, éste es un factor necesario, más no suficiente, si se busca un crecimiento en la productividad agregada y en la producción nacional [1]. La misma conclusión se mantiene a nivel departamental.

Estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima indican que se requerirán US$450 millones en inversión pública y privada para reconstruir este departamento [2]. Tal como manifestó el Ministro de la Producción, Rafael Rey, Oswal Group y Terra Industries Inc. estarían aún más interesadas en invertir luego del desastre [3], acto que ha sido considerado por dicho ministerio como un gesto de solidaridad. Esto nos deja con una pregunta: ¿se puede considerar el acto de invertir únicamente como solidaridad, o es un acto movido por la conveniencia?

Por un lado, ¿por qué no se puede pensar que la solidaridad intergubernamental puede nacer también en grandes corporaciones extranjeras? Por otro lado, ¿es posible que las empresas, como agentes maximizadores de beneficios, inicien un proyecto a mediano o largo plazo sin que éste sea rentable? Actualmente, el patrimonio de Ica se encuentra en un nivel deficitario y, por ende, se han visto afectas las condiciones iniciales sobre las cuales se pueden construir las bases para su crecimiento futuro. De esta manera, una inversión en este departamento puede ser interpretada como solidaridad, como una apuesta por su futuro o como un aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad y subutilización de los activos existentes.

Es probable prever que en los próximos meses Ica posea las características de una economía en reconstrucción: tierras vendidas a precios bajos, mano de obra barata (abundancia relativa de capital humano con respecto al físico), mayores inyecciones de gasto público y privado, e inclusive el otorgamiento de incentivos económicos para nuevas inversiones. Estos factores pueden crear un clima favorable que deje entrever que un incentivo altruista no necesariamente es el motor de la inversión.

[1] Robert M. Solow. Technical Progress, Capital Formation, and Economic Growth. The American Economic Review, Vol. 52, No. 2, May, 1962, pp. 76-86.
[2] Diario El Comercio, jueves 23 de agosto de 2007.
[3] Reuters, América Latina, jueves 23 de agosto de 2007.

El singular periodo de crecimiento económico al que asistimos desde hace más de seis años atrás, ha traído como consecuencia la expansión del crédito y demás servicios financieros en el país, producto del incremento en los niveles de consumo, inversión, comercio exterior, etc.

La intermediación financiera [1] en nuestro país se encuentra en niveles aún muy bajos (en torno al 22% del PBI) en comparación a países como Chile (60%) o Uruguay (36%); sin embargo, se puede apreciar que el crédito bancario ha experimentado un crecimiento de 74% entre el año 2003 y junio de 2007, al pasar de los US$ 10 869 millones a los US$ 18,741 millones. A pesar de que los créditos comerciales representaron el componente más importante dentro de los créditos totales (casi el 64%), y de que los créditos a microempresas tan solo representan el 5% del total, se observa un crecimiento mucho más acelerado de los créditos a microempresas, ya que éstas aumentaron en 163% durante el mismo periodo.

Por otro lado, en cuanto al desempeño de las instituciones microfinan
cieras no bancarias, tales como las Cajas Rurales, Cajas Municipales, y EDPYMES, se observa que, en conjunto, expandieron su oferta crediticia en 150%, al pasar de los US$ 269 millones en 2003 a los US$ 1 710 millones en junio de 2007. Dentro de este rubro, el crédito a las microempresas representa el componente más importante (54% aprox.)

Lo anterior nos lleva a concluir que el crecimiento de la intermediación financiera no solo se estaría concentrando en colocaciones, sino que se estaría expandiendo hacia sectores de menores recursos, que tradicionalmente estaban excluidos del crédito financiero. No obstante, esta expansión en cobertura continúa siendo muy baja, sobretodo en los departamentos más pobres del país, tales como: Huancavelica, Ayacucho, Amazonas, Apurimac, Huanuco, Pasco y Loreto [2]. Frente a esto, se debe buscar nuevas estrategias de asistencia financiera para estas zonas del país.

[1] Medida como créditos sobre PBI.
[2] Estos departamentos concentran tan solo el 1,74% del crédito total.

El pasado viernes 31 de agosto el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Ben Bernanke, aseguró que el Banco Central está preparado para reducir la tasa de interés si fuera necesario. Esta reducción estaría destinada a que los bancos puedan disponer de recursos y aliviaría las preocupaciones acerca del financiamiento disponible por parte de los inversionistas.

A su vez, el presidente Bush ofreció ayuda a los consumidores que hubieran sido afectados por la crisis del mercado hipotecario. Entre la principales medidas tomadas se encuentran: la modernización de la institución estatal que asegura las hipotecas, la creación de una agencia gubernamental que permita extender la garantía de las hipotecas de compradores con un buen historial crediticio, y la creación de un programa que informe a los consumidores acerca de los instrumentos financieros disponibles.

Así, las acciones de la FED para contrarrestar el impacto negativo generado por la crisis en el mercado hipotecario y el discurso del Presidente Bush lograron que el pasado viernes el Dow Jones cerra ra con 0,9% al alza, mientras que el S&P 500 y Nasdaq cerraron en más de 1,0%.

Las consecuencias de estas decisiones son que la FED mantiene la credibilidad de los inversionistas, y las acciones de la administración Bush son vistas con buenos ojos por parte de los consumidores; sin embargo, del mensaje se desprende que los especuladores no obtendrán ayuda y que no le corresponde al gobierno salvarlos de las malas decisiones tomadas.