El 21 de agosto del presente año, el Banco Mundial presentó el estudio “Informalidad: Escape y Exclusión” [1], en el cual se señala que la informalidad es un fenómeno complejo que conduce a un equilibrio social no óptimo en el que los actores sociales participantes (trabajadores, empresas y microempresas) quedan desprotegidos en términos de salud y empleo. A su vez, el estudio señala que la informalidad se incrementa a causa de tres factores principales: impuestos laborales y mala legislación en seguridad social, políticas macroeconómicas que afectan a los sectores más propensos a optar por la informalidad, y reformas comerciales sin análisis de impacto en los sectores de menor productividad.

Si se utiliza la no inscripción en seguridad social, uno de los criterios esbozados en el reporte para medir el nivel de informalidad, el Perú ostenta más del 35% de informales independientes y más del 40% de informales asalariados; sean éstos informales por exclusión (i.e. los que no tienen posibilidad de inserción en el mercado) o informales por escape (i.e. los que deciden que ser informales es más beneficioso).

Estas cifras generan implicancias tanto a nivel microeconómico como a nivel macroeconómico. A nivel microeconómico, la informalidad reduce el bienestar de los agentes económicos involucrados. En el caso de los trabajadores, los salarios se reducen y se crea un subempleo que no puede ser controlado por el Estado. En el caso de las firmas, se genera dificultades y restricciones en el acceso al crédito que normalmente son mayores a las ganancias obtenidas por evasión fiscal. A nivel macroeconómico, los efectos se perciben en la menor recaudación fiscal y en la menor gobernabilidad.

Esto conlleva a entender la informalidad como un fenómeno complejo que, en países como el Perú, actúa como “colchón social” ante la pobreza y la desigualdad en el ingreso. Por ende, debe ser prioridad del gobierno el establecer políticas públicas en el mercado laboral que generen incentivos para el traslado hacia el sector formal, las cuales permitan que el sector informal sea incorporado paulatinamente al mercado.

[1] Perry, G.E.; Arias, O.S.; Fajnzylber, P.; Maloney, W.F.; Mason, A.D.; Saavedra Chanduvi, J. Informalidad: escape y exclusión. Washington: Banco Mundial, 2007. 248 p. (Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe).

Luego del último terremoto del 15 de agosto, el gobierno se ha empezado a preocupar por el normal desarrollo de las actividades de las empresas microfinancieras (EMF) que operan en la zona afectada [1]. En particular, existen efectos adversos de corto plazo sobre la liquidez de dichas empresas y efectos de mediano plazo sobre las colocaciones de las mismas. El primer efecto se origina por un incremento de la demanda de dinero por parte de los ahorristas y la disponibilidad de recursos de las EMF, para cumplir con sus obligaciones. El segundo se origina ante la posibilidad de que los deudores, afectados económicamente por el sismo, no cumplan con el pago de sus obligaciones.

Al respecto, el MEF autorizó al Banco de la Nación a otorgar líneas de crédito hasta por 50 millones de nuevos soles a las EMF que operan en el departamento de Ica y la provincia de Cañete; asimismo, se supo que COFIDE está evaluando la posibilidad de una inyección de liquidez adicional [2] . Con respecto al probable incremento del riesgo crediticio, la SBS emitió una Resolución mediante la cual se establece el mantenimiento de la calificación de buenos deudores hasta el 31 de marzo de 2008, lo que permitirá que las EMF no aumenten el nivel actual de provisiones debido a un posible deterioro de su cartera de créditos. Todas estas medidas están destinadas a reforzar la gestión de liquidez y colocaciones de las EMF.

[1] A nivel geográfico, la concentración de los depósitos de las empresas bancarias tan sólo alcanza, en promedio, el 0.8% en la zona afecta. Por ello, el análisis se centra en las empresas microfinancieras (EMF).
[2] Diario Gestión, viernes 24 de agosto de 2007.

Las economías de todo el mundo, en particular, las de América Latina, se encuentran a la expectativa del impacto que tendrá sobre ellas la actual crisis del sector inmobiliario en los Estados Unidos [1] en términos de una contracción del crédito mundial, incremento del riesgo país, volatilidad de los mercados financieros, rebrotes inflacionarios, disminución del comercio internacional, entre otros. A esto se suma la posibilidad de una eventual recesión económica de ese país [2].

No obstante, en el caso de una crisis económica norteamericana, el dinamismo de Europa y Japón y los todavía altos precios de los commodities –principalmente minerales, granos y cereales– atenuarían sus efectos sobre América Latina. Además, la región se encontraría menos vulnerable que en anteriores oportunidades pues sus países cuentan con excedentes en cuenta corriente, cuantiosas reservas internacionales, menor ratio de deuda externa sobre PBI, solidez fiscal y una política cambiaria flexible.

Una reciente publicación de la CEPAL ha planteado un factor adicional que fortalece a la región [3]. El estudio señala que el continente asiático, una década después de la crisis de 1997, es fuente fundamental del financiamiento del déficit comercial norteameri cano y ha absorbido durante 2005 y 2006 alrededor del 70% de las corrientes mundiales de inversión destinadas a los países en desarrollo, entre ellos, los países de América Latina. Esto ha desarrollado una expansión del comercio intrafirma e intraindustrial entre ambas regiones, derivado del creciente grado de complementariedad de sus países.

Al respecto, la creciente vinculación económico-comercial de América Latina con el Asia se viene convirtiendo en una base sólida de crecimiento económico regional en el mediano plazo, lo cual reduce paulatinamente la fuerte dependencia de los Estados Unidos. Cabe resaltar que, así como es necesario diversificar los mercados para poder presentar una mejor respuesta ante shocks externos y recesiones económicas de nuestros principales socios comerciales, resulta prioritario modificar la estructura de las exportaciones, la cual se concentra en recursos naturales y manufactura de baja intensidad tecnológica, además de fomentar el desarrollo de redes de cadenas producción y comercialización a nivel regional como extrarregional.

[1] Ver artículo: “Contagio por la crisis inmobiliaria de los EE.UU.”, 20 de agosto 2007
[2] La financiera Merrill Lynch ha ajustado hacia abajo sus proyecciones de crecimiento económico de Estados Unidos para 2008, del 2,3% al 1,5%.
[3]Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).“Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2006. Tendencias 2007”, agosto de 2007.

Por las pérdidas humanas y materiales causadas, el terremoto ocurrido el pasado 15 de agosto califica como una tragedia nacional. Ante ello, cabe preguntarse cuáles pueden ser las consecuencias económicas luego de terminado el periodo de crisis. A nivel macroeconómico, la economía seguirá creciendo, apoyada por el buen desempeño del sector construcción[1].

El sector construcción se caracteriza por tener altos efectos de arrastre para con las demás industrias y demandar una elevada cantidad de mano de obra. En los últimos cinco años, el mismo ha mostrado un crecimiento sostenido que en promedio ha alcanzado el 8%[2]. Para el año 2007, las proyecciones de crecimiento de este sector están sustentadas en los proyectos de mejora de infraestructura vial e inmobiliaria, cuya ejecución se verá facilitada por la reciente creación de las Empresas Administradoras Hipotecarias y por los nuevos programas de vivienda del Estado tales como “Mi Callejón”[3], además de la reformulación del “Programa Mi Vivienda”[4].

Sin embargo, en una perspectiva regional, el sismo afectará fuertemente la zona central del desastre, localizada al sur del Perú, en el departamento de Ica. Durante el último sismo ocurrido a finales de 2002, el Banco de Materiales otorgó préstamos por un monto de S/.32,2 millones como parte del programa de emergencia, en un momento en el que la economía peruana comenzaba a mostrar signos de recuperación[5].

Dada la situación actual, no se descarta una acción similar por parte del gobierno, aunque cabe tomar en cuenta que el contexto conlleva una mejor posición financiera en la cuentas fiscales y una mejora en el poder adquisitivo de la gente, así como un mayor acceso al financiamiento inmobiliario.

Debido a que los inversionistas observan el desempeño a nivel nacional y no el crecimiento regional, el efecto de corto plazo del sismo no reduciría necesariamente las perspectivas de crecimiento económico ni las decisiones de inversión. Sin embargo, las consecuencias en el mercado de trabajo iqueño, en las exportaciones de productos agrícolas y en la infraestructura regional no son tan alentadoras. Debe ser prioridad del gobierno apresurar las mejoras en esta región.

[1] Accesible en: http://www.rpp.com.pe/portada/economia/92695_1.php
[2] Fuente: INEI.
[3] Programa de mejora y saneamiento de solares antiguos.
[4] Desde mediados de 2006 el fondo Mivivienda comenzó a otorgar créditos bajo las modalidades de Crédito de Riesgo Crediticio y Pago al Buen Pagador (CRC-PBP) así como Créditos Estandarizados (CME).
[5] La economía peruana venia de una fase recesiva.

Del seis al nueve de agosto del presente año se llevó a cabo en la ciudad de Quito la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe. En dicho evento se analizaron dos temas cruciales para la igualdad de género. El primero, la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado. El segundo, la participación política y la paridad de género en los procesos de adopción de decisiones.

Las reformas en el campo político se iniciaron en la región en la década de los noventa. Argentina fue el primer país en promulgar una ley de cupos en los partidos políticos, en nuestro país no fue sino hasta el año 1997. A pesar de que el efecto ha sido el esperado, debido a que se ha logrado incrementar la participación femenina en las decisiones políticas, aún quedan temas pendientes sobre el tapete. El principal, la calidad del puesto ocupado.

En cuanto al aspecto económico, la situación no es alentadora. El ingreso promedio de la mujer en la región representa aproximadamente el 70% del ingreso del hombre. Dicha desigualdad se refleja en el sistema previsional, en el cual las mujeres, que por lo general viven más años que los hombres, reciben pensiones inferiores[1].

Por ejemplo, en nuestro país el grupo de trabajadoras del hogar conforma el punto más claro de la desigualdad de género en el aspecto laboral. Según el INEI y el MTPE[2], en el Perú hay cerca de cuatrocientos cincuenta mil trabajadores del hogar, las cuales son en su mayoría mujeres provenientes de provincia. El 40% trabaja más de 60 horas a la semana y no cuenta con seguro social ni aportes al sistema previsional de pensiones. No se trata de definir si el aporte de la mujer al desarrollo de la sociedad es mayor, menor o similar al del hombre, sino de apreciar y valorar la importancia de dicho aporte en su real dimensión.

[1] “El Aporte de las Mujeres a la Igualdad en América Latina y el Caribe” www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/29399/lcl2738.pdf
[2] Para mayor referencias consultar: www.rpp.com.pe/portada/economia/71122_1.php. El MTPE es el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.

A pesar de que el sector inmobiliario de los Estados Unidos ha venido atravesando una situación complicada desde el cuarto trimestre del año pasado, cuando los precios de los inmuebles a nivel nacional empezaron a caer[1], los mercados financieros no fueron impactados, ya que los inversionistas prestaban más atención a los fundamentos reales de la economía, como el consumo, el desempleo y el crecimiento, los cuales mantenían cifras positivas.

De esta manera, el Dow Jones, alcanzó la cifra histórica máxima de 14 000 puntos el 19 de julio último. No obstante, ya se evidenciaban las consecuencias de la crisis del mercado subprime[2], a través del deterioro de las carteras de los hedge funds[3]. A medida que las entidades financieras declaraban su preocupación por el impacto de la crisis del mercado subprime, el mercado de valores se contagió de este sentimiento, lo que produjo la caída del índice en 9% en las últimas tres semanas.

Desde allí el problema se extendió al resto de las bolsas mundiales: en promedio, las bolsas europeas han caído en 10% desde el 16 de julio. A su vez, el índice Nikkei tuvo una caída de 20% desde el 9 de julio. En latinoamérica, tanto el índice Merval como el índice Ibovespa han caído en 20% en las últimas cuatro semanas. En Lima la Bolsa no pudo sostener su crecimiento y revertió su tendencia hasta alcanzar el nivel de 19 550 puntos el jueves último, exacerbada por el desplome de los metales en Londres.

La inyección de liquidez de los bancos centrales en todo el mundo y la reducción de la tasa de descuento de la Reserva Federal han logrado detener la caída de los mercados bursátiles; sin embargo, la crisis inmobiliaria todavía no ha sido resulta y la volatilidad debe mantenerse en las siguientes semanas y meses.

[1] La construcción de viviendas nuevas-“housing starts” empezaron a caer mucho antes, en junio de 2006.
[2] Mercado de créditos hipotecarios de riesgo.
[3] Fondos que utilizan técnicas de aseguramiento como opciones y contratos a futuro para limitar el riesgo.

La incertidumbre climática del sector agrícola constituye, entre otros, un límite para acceder al crédito, el mismo que podría complementarse con otros mecanismos financieros, tal como el seguro agrario. Al contar con altas tasas de interés, los productores recurren a mecanismos informales que en el largo plazo los desfavorecen. El seguro agrario permitiría la diversificación hacia productos más rentables, aunque más riesgosos, el brindar estabilización en los ingresos y mejorar la cobertura del crédito formal[1]. Dichos instrumentos financieros han intentado ponerse en marcha desde hace algunos años en nuestro país. Así, en el año 2003, el Gobierno formó la Comisión del Seguro Agrícola, la cual tuvo por objetivo un estudio de factibilidad, y últimamente ha firmado un “Plan de Operaciones para la Implementación de Proyectos Piloto”, donde participan el Ministerio de Agricultura y la Financiera Agrícola de Québec, para ofrecer este servicio a Junín y Lambayeque.

Sin embargo, el interés radica en el tipo de seguro por implementarse. Hasta ahora los seguros tradicionales se han visto limitados por problemas como la selección adversa y el riesgo moral. Otras propuestas son las transferencias alternativas de riesgos y los seguros por índices. Este último, depende de una variable de frecuencia climática[2]. Además, la valoración del riesgo se realiza regionalmente y no de manera individual. Así, se reducen los costos de transacción, debido a que no se requiere de inspección para su suscripción y los ajustes por siniestros. Por ello, cuanto más homogéneo sea el impacto en la zona por similitud de cultivos o condiciones de suelo, más eficiente la compensación a los productores. Esta “tecnología” disminuye los problemas del seguro tradicional[3], pero a pesar de eso permanecerá el problema de pagar a aquellos que no han sufrido daños reales o no pagar lo merecido a los que tienen daños significativos, pues éstos no se reflejan en la variable climática regional[4]. También cabe resaltar que los seguros indexados requieren de muy buena información. Esto último, cobra relevancia debido a que una de las necesidades del país es mejorar la información del sector agrario y en relación con el clima.

[1] Los seguros agrícolas: Evolución y perspectiva en América Latina y el Caribe. Mark Wenner, 2005.
[2] Se toma como referencia un valor crítico del clima, cuya ocurrencia o no, puede afectar la productividad de los cultivos. Por ejemplo, sequías o inundaciones en determinada zona.
[3] Cobertura de riesgos y seguro agropecuario, Miguel Angel Peña, ALIDE (Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo), 2004.
[4] Agricultural Insurance Policy and Farmers´ Exposure to Idiosyncratic and Covariate Risk in the Peruvian Coast. Proposal submitted to BASIS Program University of Wisconsin-Madison. E, Zegarra y C, De los Rios. 2005.

Al término del primer semestre, los ingresos corrientes del Estado se han incrementado en 30 899 millones de nuevos soles, 15% más en comparación con el primer semestre del año pasado, impulsados por el aumento de la actividad económica y un favorable contexto internacional. Debido a que los lineamientos de política fiscal del MEF establecen que es prioridad del estado reducir la pobreza a través de la creación de recursos que incrementen el gasto de capital para poder cerrar la brecha en infraestructura existente, es lógico pensar que dichos nuevos ingresos sean destinados prioritariamente a incrementar la inversión pública y la formación de capital humano.

Sin embargo, durante el primer semestre del presente año, los gastos corrientes no financieros (que incluyen el pago de remuneraciones, la compra de bienes y servicios y transferencias) se incrementaron en 27,7%, mientras que los gastos en formación bruta de capita lo hicieron en 5,7%. Al mes de junio, el gasto corriente es 13,5 veces más alto que el gasto de capital. Cabe resaltar que dentro del incremento del gasto corriente no financiero, el rubro que más ha aumentado es el de Transferencias (69,2%), seguido del rubro Remuneraciones (5,8%) y el de Bienes y Servicios (0,7%). Esto refleja los mayores ingresos que al momento perciben las regiones, las cuales no necesariamente los utilizan para cerrar la brecha en infraestructura, a la fecha de cerca de nueve mil millones.

En Estados Unidos, durante los últimos años se han gestado créditos hipotecarios denominados subprime[1], los cuales fueron convertidos en títulos financieros y vendidos a bancos de inversión debido a las bajas tasas de interés y las laxas políticas crediticias en el sistema financiero americano. Según Lehman Brothers, durante el año 2001 este tipo de créditos alcanzó 52 000 millones de dólares, mientras que para el año 2005 habían logrado octuplicar su valor, alcanzando los 400 000 millones.

Al inicio, no se avizoraban problemas debido a que el precio de los bienes raíces estaba en aumento, motivado por las bajas tasas de interés. Sin embargo, esto terminó cuando las tasas de interés subieron y los precios de los bienes raíces no lo hicieron, lo cual impidió que aquellos que cayeron en default pudieran refinanciar sus deudas.

Esta semana, el Banco Central Europeo (BCE) inyectó 94 800 millones de euros ante la súbita demanda de los bancos (la tasa de interés interbancaria subió de 4,11% a 4,31%), mientras que la FED inyectó 24 000 millones (la tasa de interés interbancaria se incrementó de 5,25% a 5,50%). A su vez, según la FED, la pérdida se calcula en 100 000 millones; sin embargo, el impacto real es aún desconocido debido a la incertidumbre ante la cantidad de tenedores finales de este tipo de instrumentos financieros.

El BCE en su boletín mensual de agosto[2], advierte la similitud entre el mercado subprime americano y el mercado de préstamos apalancados (LBO) de la unión europe[3], lo cual eleva el peligro de una crisis financiera. El BCE advierte que una posible crisis en el mercado LBO ocurriría en dos etapas. En un primer momento, se verían afectadas las instituciones que mantienen directamente en sus balances este tipo de instrumentos; mientras que en una segunda etapa, la crisis se transmitiría a través del riesgo en el mercado de transferencias de riesgo de crédito (CRT).

[1] Son préstamos a sujetos con poca o ninguna experiencia crediticia, y son caracterizados por un alto ratio préstamo valor de la hipoteca y una tasa de interés variable.
[2] Véase en artículos. August 2007 “Leveraged Buyouts and Financial Stability” ECB Monthly Bulletin. Pág. 89-98.
[3] Se indica que los elevados ratios de endeudamiento de las operaciones del mercado LBO pueden compararse con los elevados ratios préstamo valor del mercado subprime.

Sin duda alguna, una de las reformas institucionales más urgentes que debe llevarse a cabo en nuestro país recae sobre el terreno de la política educativa. La importancia de contar con un sistema educativo equitativo y eficiente, como uno de los principales dinamizadores del desarrollo del país, ha sido reconocida a través de diversas iniciativas de reformas, presentadas por el Consejo Nacional de Educación (2005), el Consejo Nacional de Competitividad, el Plan Nacional de Educación para todos (2005-2015) [1], entre otros.

Dada la coyuntura actual, es inevitable preguntarse sobre el estado actual de la educación en el Perú, los avances de la política social en este campo, y los retos o tareas prioritarias a seguir durante los próximos años. Entre 2002 y 2005, se habrían mostrado ligeras mejoras en algunos indicadores, tales como la disminución en las tasas de deserción y repetición; pero quizás el avance más importante esté en las diversas iniciativas orientadas a promover estándares educativos, los cuales tienen por objetivo establecer metas de aprendizaje que guíen y articulen el sistema, de tal forma que faciliten la rendición de cuentas.

No obstante, diversas investigaciones[2] coinciden en señalar que dos de los problemas más importantes continúan siendo la inequidad en el acceso y la baja calidad de la educación. Por ejemplo, a pesar de que la cobertura a nivel de educación primaria llega al 96,1%, esta se reduce hasta 85% en educación secundaria, y baja inclusive hasta el 62% en educación inicial; peor aún, diferenciando por severidad de pobreza, se aprecia que la cobertura en educación inicial es aún critica en el caso de la pobreza extrema, llegando apenas al 43%. Por otro lado, solo una pequeña proporción de los estudiantes logra alcanzar el nivel de aprendizaje suficiente en matemáticas (15,1%), y comprensión de lectura (9,6%) que corresponden al grado que cursan.

Si se considera que el tema del rendimiento escolar es de mediano plazo, se debe aprovechar la actual situación financiera de la economía para poner en marcha una reforma educativa integral que priorice la equidad, calidad de la educación e infraestructura.

[1] Ministerio de Educación.
[2] “Informe de Progreso educativo Perú 2006” (PREAL, GRADE), “Políticas de Educación Básica 2006-2011” (Martín Benavides, y José Rodríguez).

En un contexto de más de setenta meses de crecimiento continuo del PBI, la inflación en julio de 2007 fue de 0,46%, con lo cual alcanzó en los últimos doce meses un acumulado de 2,21% [1]. Este resultado se debe, en parte, al incremento de los precios de algunos alimentos, como el del pan. También se debe tener presente que existen dos riesgos adicionales que presionan los precios al alza: el alto crecimiento de la demanda interna, el cual sobrepasa las ganancias en productividad, y el incremento del precio internacional del petróleo [2].

Sin embargo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha optado por mantener la tasa de interés de referencia en 4,75% a pesar de la preocupación por el impacto del precio del petróleo en las expectativas inflacionarias. Según el BCR, las expectativas de inflación para el año 2007 se encuentran entre 1,5% y 2,0% [3]. Pero, a pesar de ello, las expectativas de las instituciones financieras han aumentado de 1,9% a 2,0%, las cuales aún se encuantran dentro del rango de la meta de inflación de la política monetaria [4].

Mantener los niveles de inflación dentro del rango de la meta de la política monetaria es fundamental para que el BCR mantenga su credibilidad, las empresas puedan realizar inversiones de largo plazo y para que la población de menores recursos no se vea afectada de forma severa.

[1] La tasa de inflación subyacente en los últimos doce meses fue de 1,9%.
[2] Reporte de inflación: mayo 2007, BCR.
[3] Encuesta de expectativas macroeconómicas: agosto 200. En esta encuesta participan 22 empresas financieras, 25 analistas económicos y 375 empresas no financieras.
[4] 2% más/menos 1 punto porcentual.

Durante la semana pasada se presentaron datos acerca de la evolución de la economía norteamericana, la cual se ve actualmente afectada por la incertidumbre del mercado sub-prime [1] y las consecuencias de este mercado sobre el sector real.

En relación al sector real, el dato de crecimiento económico mostró que el gasto del consumidor disminuyó en el segundo trimestre, situándose en 0,1 %. Esta menor cifra es la más baja en los últimos nueve meses. Pero sin duda, el dato que mas llamó la atención fue el referido al mercado laboral, el cual indica que la creación de puestos de trabajo en julio fue de 4,6%, menor a lo esperado. Estos datos han sido considerados como un primer reflejo del efecto del sector sub-prime en la economía [2].

Lo anterior ha incrementado la posibilidad de receso en las subidas, o incluso descenso, de tasas de interés que fija la FED, debido al duro efecto que puede desencadenar sobre las familias, las empresas y la economía si se mantiene el escenario actual (mayores tasas, restricciones en el crédito y caída en el valor de los activos financieros e inmobiliarios).

Sin embargo, serán las próximas revisiones de los factores que presionan la inflación en EE.UU. (como los precios de las materias primas, los salarios, etc.) las que permitan corroborar esta posibilidad [3].

[1] Ver nota del semanario Ophèlimos. 18 de julio de 2007.
[2] He incluso ha llevado a muchos a cuestionar la credibilidad de la FED quien sostenía que la caída del sector vivienda no llegaría a afectar el consumo de las familias.
[3] Por lo pronto, el Instituto de Investigaciones del Ciclo Económico de Estados Unidos (ECRI) anunció que las presiones inflacionarias en EE.UU. aumentaron en julio. (Reuters Latinoamérica)