El pasado 18 de octubre, el Presidente García anunció un paquete de 20 medidas descentralizadoras, enfocadas principalmente en la transferencia de competencias y recursos de los ministerios hacia los gobiernos regionales y locales por S/. 3 500 millones. Algunas de estas medidas son: la transferencia de 185 funciones sectoriales, con sus recursos humanos y presupuestos a los gobiernos regionales; la capacidad a los gobiernos regionales de elegir libremente a sus directores regionales; la transferencia de todos los proyectos en ejecución de FONCODES y de INABIF, con sus recursos presupuestales y materiales; la transferencia de los programas de atención de salud primaria y educativos de nivel primario a las municipalidades, entre otras.

Aunque esta transferencia de funciones incluye también recursos humanos, materiales, técnicos y presupuestales; parece dejar de lado la descentralización fiscal por el lado de los ingresos. El problema es que la concentración económica que genera Lima determina que la recaudación en las regiones solo represente el 12,2% del total obtenido, mientras que en la capital se obtiene el 86,9%[1] restante. Esta concentración de los tributos se explica también debido a que la recaudación del Impuesto a la Renta, de la mayoría de empresas del país, se realiza en Lima; dejando así un escaso margen para que las regiones puedan financiar sus presupuestos.

Un estudio realizado en el 2004[2] concluye que en el Perú existe una base tributaria departamental capaz de financiar el gasto público territorial en la mayoría de departamentos. Sin embargo, estos recursos continuarían siendo insuficientes como para poder financiar proyectos de desarrollo regional, por lo que recién en este momento sería óptimo elaborar una estrategia de descentralización fiscal por el lado del gasto; transfiriendo, desde el gobierno central, los recursos necesarios a las regiones deficitarias. Solucionar el problema del financiamiento de las regiones sería el primer gran paso para llevar a cabo una adecuada reforma descentralizadora.

[1] Jorge Vega 19/10/06 Diario: El Comercio.
[2] Efraín Gonzáles de Olarte: “La Difícil Descentralización Fiscal en el Perú” IEP 2004..

Un nuevo estudio divulgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que América Latina y el Caribe recibirán más de US$ 60 000 millones de todas partes del mundo por concepto de remesas en el año 2006, monto superior a las inversiones extranjeras directas y la ayuda oficial para el desarrollo en la región. En particular, los inmigrantes latinoamericanos que trabajan en los Estados Unidos enviarán unos US$ 45 000 millones a sus países de origen en 2006, lo que supone un crecimiento 50% respecto al año 2004.

El estudio señala, además, que del total del ingreso de los inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos, el 73% de los latinoamericanos adultos envían en promedio un 10% de sus ingresos. De igual modo se encuentra que ser propietarios de una casa o de un negocio en sus países son las aspiraciones más comunes. Así, un tercio de los encuestados ya ha realizado tales inversiones, lo que supone un cambio significativo respecto a cinco años atrás, cuando sólo el 5% señalaba su interés en realizar una inversión en su país.

Las remesas constituyen uno de los mecanismos de alivio de pobreza más amplios[1] y efectivos del mundo, pero además son un enorme potencial de inversión desaprovechado, puesto que éstas podrían multiplicar su impacto económico si se aplicaran a servicios y productos financieros como seguros, hipotecas, microcrédito, entre otros. Por ejemplo, en el Perú se ha creado un fondo de solidaridad que protegerá las remesas de cerca de tres millones de peruanos residentes en el extranjero. El fondo garantiza a los afiliados que en caso de muerte sus restos sean repatriados y enterrados en su país de origen. Además, con ese aporte, sus familias podrán recibir, durante tres años, el mismo monto de las remesas que les solían enviar, además de una cantidad adicional para el pago de servicios básicos y los gastos de sepelio.

[1] En América Latina y el Caribe unos 20 millones de hogares reciben estas transferencias.

El pasado 18 de octubre, el Instituto Blacksmith[1] publicó un ranking con las diez ciudades con mayor polución en el mundo. En estos lugares no sólo se encontró contaminación de tierra, aire y agua producto de actividades que se vienen realizando en el presente, sino también producto del legado de la emisión indiscriminada en el pasado. Si bien entre las fuentes de contaminación planteadas en el informe se observa a la actividad minera (La Oroya, Perú) y la industria del carbón (Linden, China), los metales pesados como el plomo, se encuentran entre los principales agentes causantes de polución.

El ranking se realizó tomando en cuenta el efecto de la contaminación en la salud humana y el riesgo sobre la vida de los niños de dichas localidades. Según el informe, la degradación del medio ambiente afecta a cerca de diez millones de personas en estos diez lugares, siendo los niños, niñas y mujeres pobres los más perjudicados. La selección se realizó entre un total de 300 lugares, entre los nominados destacan ciudades como el Distrito Federal de México y New Orleans en Estados Unidos.

Para la selección de estos lugares se uso una metodología simple de calificación numérica[2], tomando en cuenta los siguientes criterios de selección:
• El tamaño de la población afectada,
• La severidad de las toxinas implicadas
• El impacto en la salud y el desarrollo de los niños.
• Evidencia sobre un claro patrón de contaminación
• Evidencia existente y confiable sobre el impacto en la salud.


[1] http://www.blacksmithinstitute.org/about10.php
[2] “Scoring system”.