El Ministerio de Economía y Finanzas ha abierto el diálogo con los distintos gremios sobre el sistema tributario vigente, el cual, gira en torno a 6 impuestos: IGV, impuesto a la renta, ISC, aranceles, ITAN e ITF. El tema más espinoso es el de las exoneraciones tributarias.

Los beneficiarios de las exoneraciones en los servicios crediticios son el consumidor final y las empresas que no realizan operaciones gravadas, ya que en estos casos el IGV de los créditos no se podría utilizar como crédito fiscal. El gravar los créditos con IGV se reflejaría en un aumento de los intereses en 19% perjudicando a los consumidores que toman créditos Mivivienda, hipotecarios, de consumo, microempresas, entre otros. La eliminación de la exoneración podría impulsar el crédito informal y por ende tener un impacto negativo en el nivel de bancarización de la economía. La banca peruana también perdería competitividad frente a la de otros países ya que los clientes podrían financiarse de países vecinos como Chile y Ecuador, donde no existe tal impuesto.Del mismo modo, la eliminación de la exoneración de impuesto a la renta en los depósitos del sistema financiero también impactaría negativamente los niveles de bancarización y promovería una fuga de ahorristas del sistema financiero.

La eliminación de la exoneración del pago del impuesto a la renta sobre las ganancias de capital y sobre los intereses a los bonos que vence a fines del 2006 también está siendo debatida. Los montos negociados podrían ser afectados al buscar los capitales no gravados. Actualmente el monto negociado diario en la BVL representa aproximadamente el 40% del de 1997. Se debe considerar también el potencial impacto negativo sobre los precios de las acciones y bonos lo que repercutiría sobre los aportantes de las AFP cuyo parte de patrimonio está invertido en títulos valores negociados en la BVL.

El 23 de octubre se aprobó la ampliación del Canal de Panamá por un porcentaje amplio (75%) sobre una escasa participación (abstencionismo de 57%). La autoridad del Canal de Panamá estima que el costo del proyecto bordea los US$ 5 000 millones, de los cuales más de la mitad (51%) serían utilizados para la construcción del nuevo juego de esclusas[1]. El resto del dinero se utilizaría en la ampliación de los cauces que unen el lago Gatún con las esclusas del Océano Pacífico y en un mejor manejo de la cuenca hidrográfica del Canal.

A primera vista, resulta evidente el beneficio que el nuevo juego de esclusas tendrá sobre el comercio mundial y sobre Panamá: se incrementaría la carga al permitir el ingreso de buques de mayor tamaño respecto a los actuales[2], se obtendrían mayores ingresos por peajes, entre otros efectos.

Sin embargo, las reservas van por el lado económico y ambiental. Primero, el comercio mundial es volátil y las proyecciones de demanda del canal podrían estar sobreestimadas. Por otro lado, existe temor porque la inversión que se realice termine endeudando más al país. Finalmente, el funcionamiento de la nueva esclusa es altamente intensiva en el uso de agua. Esto requiere el incremento del nivel del Lago Gatún con el riesgo de desplazamiento de tierras cultivables, e implicaría que en momentos de sequía se priorice el funcionamiento del Canal y no otras necesidades de la población.



[1] Las esclusas son obras hidráulicas que permiten vencer los desniveles de agua en canales navegables.
[2] Actualmente el 5% de la carga comercial mundial utiliza este Canal. La mayor parte de esta carga se realiza en buques Panamax (hasta 4500 contenedores). Sin embargo, la tendencia a utilizar buques Post-Panamax (hasta 12000 contenedores), que hoy no pueden pasar por el Canal, se incrementará.

El Living Planet Report 2006[1] informa el estado actual y el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente. Según este reporte, venimos utilizando los recursos de la tierra más rápido de lo que pueden regenerarse.

A raíz de la crisis energética del petróleo de 1973, se tomó consciencia de la importancia de los recursos naturales y el medio ambiente, pero no es hasta 1987 que se conceptualizó en el término desarrollo sostenible, lo que implica un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. El crecimiento económico es necesario, pero a qué costos. Mucho del problema reside en que el capital natural, así como otros tipos de capitales[2], son difíciles de cuantificar y no son considerados dentro de las funciones de producción.

El reporte utiliza los siguientes indicadores: huella ecológica y vida en el planeta[3]. El primero mide el impacto de nuestro consumo a través de la cantidad de tierra biológicamente productiva existente para satisfacer las necesidades humanas, mientras que el segundo cuantifica los animales vertebrados existentes. Asimismo se utiliza el IDH[4] y el reporte señala que sólo Cuba cumple con los criterios mínimos de sostenibilidad.

Se señala que nuestra demanda por recursos viene excediendo a la capacidad del planeta de seguir sosteniéndonos. En este sentido, el rol de la tecnología es crucial, ya que nos puede llevar a realizar un salto hacia la eficiencia económica y ambiental al utilizar tecnologías menos contaminantes (leapfrogging). De este modo, nos salteamos etapas del desarrollo industrial, que en un comienzo son dañinas para el medio ambiente. Finalmente, las estrategias de desarrollo que decidan seguir las nuevas economías serán cruciales para la sostenibilidad del planeta y de las generaciones futuras.

[1] Elaborado por World Wildlife Fund.
[2] En la actualidad se habla también de capital social, humano y natural.
[3] Para el 2003, la huella ecológica excede en 25% la capacidad regenerativa de la tierra. Le toma año y tres meses a la tierra producir los recursos ecológicos que el hombre consumió en un año. Mientras que el otro índice se ha reducido en 30% desde 1970.
[4] Índice de Desarrollo Humano.

El pasado 18 de octubre, el Presidente García anunció un paquete de 20 medidas descentralizadoras, enfocadas principalmente en la transferencia de competencias y recursos de los ministerios hacia los gobiernos regionales y locales por S/. 3 500 millones. Algunas de estas medidas son: la transferencia de 185 funciones sectoriales, con sus recursos humanos y presupuestos a los gobiernos regionales; la capacidad a los gobiernos regionales de elegir libremente a sus directores regionales; la transferencia de todos los proyectos en ejecución de FONCODES y de INABIF, con sus recursos presupuestales y materiales; la transferencia de los programas de atención de salud primaria y educativos de nivel primario a las municipalidades, entre otras.

Aunque esta transferencia de funciones incluye también recursos humanos, materiales, técnicos y presupuestales; parece dejar de lado la descentralización fiscal por el lado de los ingresos. El problema es que la concentración económica que genera Lima determina que la recaudación en las regiones solo represente el 12,2% del total obtenido, mientras que en la capital se obtiene el 86,9%[1] restante. Esta concentración de los tributos se explica también debido a que la recaudación del Impuesto a la Renta, de la mayoría de empresas del país, se realiza en Lima; dejando así un escaso margen para que las regiones puedan financiar sus presupuestos.

Un estudio realizado en el 2004[2] concluye que en el Perú existe una base tributaria departamental capaz de financiar el gasto público territorial en la mayoría de departamentos. Sin embargo, estos recursos continuarían siendo insuficientes como para poder financiar proyectos de desarrollo regional, por lo que recién en este momento sería óptimo elaborar una estrategia de descentralización fiscal por el lado del gasto; transfiriendo, desde el gobierno central, los recursos necesarios a las regiones deficitarias. Solucionar el problema del financiamiento de las regiones sería el primer gran paso para llevar a cabo una adecuada reforma descentralizadora.

[1] Jorge Vega 19/10/06 Diario: El Comercio.
[2] Efraín Gonzáles de Olarte: “La Difícil Descentralización Fiscal en el Perú” IEP 2004..

Un nuevo estudio divulgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que América Latina y el Caribe recibirán más de US$ 60 000 millones de todas partes del mundo por concepto de remesas en el año 2006, monto superior a las inversiones extranjeras directas y la ayuda oficial para el desarrollo en la región. En particular, los inmigrantes latinoamericanos que trabajan en los Estados Unidos enviarán unos US$ 45 000 millones a sus países de origen en 2006, lo que supone un crecimiento 50% respecto al año 2004.

El estudio señala, además, que del total del ingreso de los inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos, el 73% de los latinoamericanos adultos envían en promedio un 10% de sus ingresos. De igual modo se encuentra que ser propietarios de una casa o de un negocio en sus países son las aspiraciones más comunes. Así, un tercio de los encuestados ya ha realizado tales inversiones, lo que supone un cambio significativo respecto a cinco años atrás, cuando sólo el 5% señalaba su interés en realizar una inversión en su país.

Las remesas constituyen uno de los mecanismos de alivio de pobreza más amplios[1] y efectivos del mundo, pero además son un enorme potencial de inversión desaprovechado, puesto que éstas podrían multiplicar su impacto económico si se aplicaran a servicios y productos financieros como seguros, hipotecas, microcrédito, entre otros. Por ejemplo, en el Perú se ha creado un fondo de solidaridad que protegerá las remesas de cerca de tres millones de peruanos residentes en el extranjero. El fondo garantiza a los afiliados que en caso de muerte sus restos sean repatriados y enterrados en su país de origen. Además, con ese aporte, sus familias podrán recibir, durante tres años, el mismo monto de las remesas que les solían enviar, además de una cantidad adicional para el pago de servicios básicos y los gastos de sepelio.

[1] En América Latina y el Caribe unos 20 millones de hogares reciben estas transferencias.

El pasado 18 de octubre, el Instituto Blacksmith[1] publicó un ranking con las diez ciudades con mayor polución en el mundo. En estos lugares no sólo se encontró contaminación de tierra, aire y agua producto de actividades que se vienen realizando en el presente, sino también producto del legado de la emisión indiscriminada en el pasado. Si bien entre las fuentes de contaminación planteadas en el informe se observa a la actividad minera (La Oroya, Perú) y la industria del carbón (Linden, China), los metales pesados como el plomo, se encuentran entre los principales agentes causantes de polución.

El ranking se realizó tomando en cuenta el efecto de la contaminación en la salud humana y el riesgo sobre la vida de los niños de dichas localidades. Según el informe, la degradación del medio ambiente afecta a cerca de diez millones de personas en estos diez lugares, siendo los niños, niñas y mujeres pobres los más perjudicados. La selección se realizó entre un total de 300 lugares, entre los nominados destacan ciudades como el Distrito Federal de México y New Orleans en Estados Unidos.

Para la selección de estos lugares se uso una metodología simple de calificación numérica[2], tomando en cuenta los siguientes criterios de selección:
• El tamaño de la población afectada,
• La severidad de las toxinas implicadas
• El impacto en la salud y el desarrollo de los niños.
• Evidencia sobre un claro patrón de contaminación
• Evidencia existente y confiable sobre el impacto en la salud.


[1] http://www.blacksmithinstitute.org/about10.php
[2] “Scoring system”.

La semana pasada el BCRP publicó el Reporte de Inflación (setiembre 2006), donde revisa sus perspectivas macroeconómicas para el país durante este año. Entre los datos a resaltar figuran la corrección al alza en la estimación del crecimiento de la inversión privada, (de 13,5% a 19,4% respecto al 2005), ubicándose en torno al 17,1% del PBI[1]. Este crecimiento respondería a la evolución favorable de los precios de las exportaciones y al dinamismo de la economía nacional, los cuales repercutirían favorablemente en la confianza empresarial.

No obstante, el reporte señala la posible aparición de presiones inflacionarias por el lado de la demanda interna, debido a que ésta viene creciendo a niveles cercanos al 9,3%, mientras que el PBI crecería en 6,6%[2]. Para el año 2007 se estima un menor crecimiento de la demanda interna (6,4%), sin embargo, ésta continuaría estando por encima del crecimiento estimado del PBI (5,7%), lo cual haría peligrar el cumplimiento de la meta de inflación[3] a menos que venga acompañado de un mayor crecimiento de la inversión o de la productividad de la economía.

Otro de los riesgos señalados corresponde a la postergación de la aprobación del TLC con los EEUU por el impacto que tendría sobre el desempeño del sector exportador, y posteriormente sobre el tipo de cambio. Cabe señalar que a pesar de que las exportaciones, entre enero y agosto, crecieron en 35% respecto al año anterior, las cifras de agosto[4] muestran una caída de 11,7% en términos reales.

Finalmente, se debe señalar que aunque los fundamentos internos de la economía, como consumo, inversión, y balance fiscal, se mantienen favorables para los próximos dos años, el riesgo de que una desaceleración de la economía de los EEUU sea más fuerte de la prevista, le restaría fuerza a los fundamentos externos que también han contribuido a explicar parte importante del crecimiento de los últimos años.


[1] Esta estimación resulta más optimista a la proyectada en el MMM 2007-2009 (revisado en agosto), donde se estima un nivel de la inversión privada en torno al 16,7% del PBI.
[2] En línea con las proyecciones contempladas en el MMM 2007- 2009.
[3] 1,5% – 3,5%
[4] INEI.

Edmund Phelps, economista estadounidense de 73 años, recibió el Premio Nóbel de Economía 2006 por su análisis de intercambios intertemporales de la política macroeconómica. El trabajo de Phelps reconoce que la inflación no sólo depende del desempleo sino que también de las expectativas de las firmas y trabajadores acerca del nivel de precios y salarios. Más aún, se le atribuye que a través de sus investigaciones es posible comprender mejor las relaciones entre los efectos de corto y largo plazo de la política económica.

A fines de los sesentas, Phelps desarrolló teorías sobre la tasa natural de desempleo planteando que el equilibrio no implica necesariamente la eliminación de la desocupación; y durante los setentas, Phelps y Friedman demostraron que la curva de Phillips no funcionaba. [1] De acuerdo a sus investigaciones, el desempleo disminuye sólo si la expansión fiscal o monetaria es inesperada ocasionando así un nivel de inflación no anticipado. Esto permitió comprender que el impacto de estas medidas dependerá también de las expectativas, y que los intentos por reducir el desempleo, vía mayor inflación, sólo son relevantes en el corto plazo. En el largo plazo éste converge hacia la tasa natural de desempleo que se rige por el funcionamiento del mercado laboral y es independiente del nivel de inflación. Ello implica que, a largo plazo, las expectativas inflacionarias se adaptan de tal manera que los intentos persistentes por reducir el desempleo, por debajo de su tasa natural, sólo terminan aumentando la inflación. Esta reinterpretación, formulada por Phelps, es conocida como Curva de Phillips aumentada con expectativas.

Así, el trabajo de Phelps mostró que las políticas de estabilización sólo reducen las fluctuaciones del desempleo en el corto plazo y que el efecto futuro de éstas depende de las decisiones de política presentes. Adicionalmente, sus investigaciones han contribuido en la toma de decisiones gubernamentales y corporativas.

[1] Esta teoría plantea una relación estable y negativa entre la inflación y el desempleo.

El anuncio de una probable ayuda financiera por parte del gobierno alemán para reflotar la empresa privada[1] de aeronáutica Airbus ha generado controversia en toda Europa. Y es que, partiendo de la visión de Estado del Bienestar[2], el destinar fondos del fisco para saldar, completa o parcialmente, los más de € 4 000 millones de deuda que posee la compañía no ha generado consenso.

Por un lado, los que están a favor consideran que es clave, para mantener el bienestar actual y futuro de los europeos, el apoyar financieramente a esta compañía, debido a los eslabonamientos que genera a nivel agregado sobre toda la economía, lo estratégico de la industria aeroespacial para la seguridad europea y por la demanda de personal extremadamente capacitado que precisa. Por otro lado, los que están en contra argumentan que el hecho de que Europa posea un Estado del Bienestar no permite que se utilicen los impuestos que todos los europeos pagan para solucionar la mala administración de una empresa privada, incluso a pesar de la importancia que esta puede tener.

Lo concreto es que el Banco Alemán de Desarrollo[3] no ha desmentido la información sobre la compra de un 7,5% de las acciones de Airbus, para ayudar a la empresa en la consecución de su plan de reingeniería Power 8 Programme. Queda por saber cual es la definición de la opinión pública europea sobre su propio Estado del Bienestar.

[1] Se la puede considerar privada a pesar de que el gobierno francés y alemán tienen una participación pequeña.
[2] Se entiende Estado del Bienestar como el tipo de gobierno que busca proveer seguridad económica a la población a través de ayuda cuando se encuentran desempleados, enfermos o en edad avanzada (Glosario de términos de la Universidad de Michigan).
[3] Kreditanstalt für Wiederaufbau.

5 años contribuyendo a la difusión del
conocimiento en el país.

En las últimas semanas el debate sobre el proyecto de ley que plantea la eliminación de la renta básica, ha dado lugar a la revisión/renegociación del contrato-ley que firmó en 1994 la empresa Telefónica del Perú (TdP) con el Estado Peruano.

Lo que se busca es mejorar las condiciones de los usuarios mediante la reducción de tarifas y la ampliación de la cobertura, evitando violentar la situación contractual con TdP, que no sólo terminaría en un caso de arbitraje internacional sino que además constituiría un mal precedente para la inversión en el país. [1] Los participantes de la negociación son representantes de Osiptel, como asistente técnico y regulador, el Estado, como concedente, y Telefónica, como concesionario. Los puntos en los que se buscará acuerdo son: 1) tarifa y renta mensual (renta básica), 2) tasación de minutos a segundos, 3) acumulación de saldos de tarjetas prepago y plazo de caducidad, 4) tarifas de larga distancia nacional e internacional, 5) telefonía pública, 6) expansión del servicio telefónico en el interior del país en zonas de preferente interés social; y, 7) innovación telefónica en el servicio. [2]

No obstante, cabe señalar que esta discusión no es nueva. En el año 2003 la renta básica y la facturación al segundo fueron materia de discusión. En dicho momento, dominaron las presiones sobre el gobierno de tal forma que las medidas adoptadas fueron sólo un paliativo y no se llegó a resolver el problema de fondo. Según Jorge Fernández Baca, el problema de telefonía debió tratarse de forma general dentro del marco de la Ley de Telecomunicaciones en lugar de renegociar con TdP y correr el riesgo de darle privilegios y un mayor poder monopólico. En este sentido, en las negociaciones debería quedar claro cuál es el trade-off entre los incentivos que se otorgue a TdP para mejorar las condiciones del consumidor y los efectos de éstos sobre la estructura del mercado.

[1] De acuerdo a cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en Lima por cada 100 personas existen 16 teléfonos mientras que en Puno por cada 100 personas sólo hay 1 teléfono.

[2] MTC

El viernes 6 de octubre se promulgó la ley que crea el programa “Sierra Exportadora”, cuyo objetivo es promover, fomentar y desarrollar actividades económicas de transformación e industrialización de la sierra rural del país[1]. ¿Cuáles son los beneficios esperados y las críticas al programa? ¿Se beneficiará realmente la población más pobre?

El gobierno con este programa espera equiparar la capacidad exportadora de la sierra y la costa[2]; crear 18 000 puestos de trabajo en cinco años e incluir 150 000 hectáreas de tierras andinas en 5 años para la exportación. Por otro lado, se critica la creación de este programa como un ente con rango ministerial, la contratación de 85 trabajadores, y lo irreal de transformar tantas hectáreas de tierras. Las dos primeras críticas se sustentan en la duplicidad de funciones e ineficiencias que crearían. Además, se estima que la inversión necesaria por hectárea en la sierra rural es de US$ 20 000[3], lejano a los US$2 000 que planea el gobierno que espera se complete con la inversión privada[4].

Los beneficiados inmediatos de esta ley son el gobierno y el sector agroexportador. El cumplir con promesas electorales le genera buen rédito político, mientras que los nuevos productos de exportación para las empresas exportadoras pueden ser rentables. Aún así, ¿la poca inversión pública en la sierra rural garantizará grandes inversiones privadas[5]? ¿Acaso el enfoque exportador o modelo costeño cambiará las asignaciones estructurales en activos económicos y sociales que mantiene a esa población desconectada del mercado? La respuesta podrá ser más clara en algunos días cuando se especifique como se pondrá a la práctica dicho programa.

[1] Proyecto de Ley N° 49-2006-PE
[2] La sierra exporta US$ 162 millones, mientras que la costa US$ 1 072 millones.
[3] Eduardo Zegarra, investigador Grade.
[4] Hasta el momento se cuenta con US$ 102 millones provenientes de cooperación internacional.
[5] Eduardo Zegarra afirma que en la costa se necesitó en promedio US$10 000 por hectárea y que luego de 10 años no se llega aún a las 60 000 hectáreas cultivadas.

El riesgo más importante para la estabilidad económica global y de América Latina son los grandes desequilibrios macroeconómicos de los países claves en el mundo. En el 2006-2007 el riesgo más importante se centra en la probabilidad de estanflación[1] en EEUU.

La desaceleración de la economía de EEUU se daría porque el “efecto riqueza[2]”, que mantenía alto los niveles del consumo en ese país, se esta reduciendo por la fuerte caída en la actividad de la construcción de viviendas (el índice de actividad alcanzó 32 puntos en setiembre frente los 68 puntos promedio entre 2001 y 2005) y por la fuerte disminución de la tasa de crecimiento de los precios de la vivienda, próxima a volverse negativa (en el 2005 llegó a superar el 15%).

Además, las expectativas de inflación se han incrementado significativamente debido a la posibilidad de que la política monetaria expansiva de los últimos años recién esté afectando los precios de los bienes y servicios. En particular, un indicador preocupante es el crecimiento del costo laboral unitario (alrededor de 3,5% en el 2S2006). A esto se suman los riesgos de mayores precios del petróleo, debido a los problemas de Medio Oriente.

Por otro lado el creciente déficit en la cuenta corriente de EEUU ha incrementado el riesgo de mayores depreciaciones del dólar. Ahora, la desaceleración de su economía no es suficiente para corregir su desequilibrio externo (vía disminución de importaciones). Además de una depreciación importante del dólar, se requiere de una apreciación significativa de las monedas asiáticas, especialmente de China.

¿Cómo afecta al Perú?: i) Disminuyen las exportaciones dado que EEUU es nuestro primer socio comercial; ii) menor cotización de los precios de los metales ya que EEUU es un importante comprador; iii) incrementaría la aversión al riesgo de los inversionistas, con consecuencias negativas en las entradas de flujos de capitales y los avances en las calificaciones de riesgo; iv) una fuerte depreciación del dólar disminuye el valor real de las reservas internacionales; y, v) un fuerte incremento de las tasas de interés internacionales afectaría los flujos de capital y el costo de la deuda externa.

[1] Recesión con inflación.
[2] Relacionado con la mayor capacidad de compra.

La reducción del precio de los combustibles tiene mucha relevancia tanto por la importancia que tienen los combustibles en el consumo a nivel familiar e industrial, como también por tratarse de la primera rebaja después de cuatro alzas consecutivas en los precios de las refinerías.

Sin embargo, la reducción de los precios de refinería no se traslada inmediatamente ni en la misma proporción a los consumidores finales debido a factores de demanda y de mantenimiento de stocks. Asimismo, cabría esperar que la reducción de los combustibles sea diferente por grupo socio económico, dependiendo de la intensidad de uso de determinados tipos de combustibles.

Para el caso de Lima Metropolitana y Callao, que concentra el 42,3% de la demanda nacional de gasolinas (84, 90, 95 y 97) y Diesel 2, se puede apreciar que la mayor reducción promedio se ha dado en la gasolina de 84 octanos (-4,12%).[1]



Se puede observar del siguiente cuadro que existiría una mayor proporción de estaciones de servicio y grifos (E y G) que redujeron el precio de los combustibles de uso masivo del quintil V (G-90, G-95 y G-97) que la que existe de E y G que redujeron el precio de los combustibles del quintil I (G-84 y Diesel 2). Sin embargo, se puede argumentar que las reducciones de los precios de los combustibles se efectúan siempre que para las E y G sea rentable hacerlo dependiendo de sus márgenes de ganancia. Esto podría explicar la poca proporción de E y G que decidieron reducir los precios de los combustibles de mayor consumo en el quintil I que en el quintil V.



[1] Los precios mínimos por distritos son: San Juan de Miraflores en S/. 9.63, S/. 11.30 y S/. 13.02 en G-84, G-90, y G-97 respectivamente, La Victoria en S/. 12.40 en G-95 y Breña en S/.9.99 en Diesel 2

El World Economic Forum en su informe Global Competitiveness Report 2006 presentó el Índice Global de Competitividad para el periodo 2006 – 2007[1]. Este índice intenta medir para cada país los principales factores que impulsan el desarrollo económico. Para ello, construye cerca de noventa variables, que agrupa en los nueve pilares que considera claves para incrementar sostenidamente el nivel de ingresos y bienestar de la población: instituciones, infraestructura, desempeño macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y entrenamiento especializado, eficiencia de mercado, adaptabilidad tecnológica, sofisticación empresarial e innovación.

Sin embargo, este índice pondera de manera distinta para cada país cada uno de dichos nueve pilares, dependiendo de su nivel de ingreso per cápita. Esto lo considera debido a que “los factores que incrementan productividad en un país como Suecia no son los mismos que impulsan productividad en Ghana”[2]. Por ello, agrupa a los 125 países con los que trabaja en tres grupos: países factor-dependientes, dependientes de eficiencia y dependientes de innovación, cada uno de ellos reflejando un nivel de desarrollo distinto y de complejidad de la economía.

Además agrupa los cuatro primeros pilares[3] bajo la denominación de “requerimientos básicos”, por ser estos los factores que incrementan más rápidamente la competitividad de países de bajos ingresos. Agrupa también bajo el nombre de “impulsadores de eficiencia” los pilares de educación superior y entrenamiento especializado, eficiencia de mercado y adaptabilidad tecnológica, por ser los motores de desarrollo en países de ingresos medios. Por último, remarca que para países de ingresos elevados los pilares anteriores no son suficientes, debido a que se encuentran en la frontera de desarrollo. Para ellos, los pilares de sofisticación empresarial e innovación son los que reciben mayor ponderación, bajo la categoría de “impulsadores de innovación”.

Este indicador es importante porque la competitividad (o productividad) es un factor que se considera determinante para el crecimiento económico. Muestra de ello es que los países que más han crecido son los que ha tenido una política explícita de aumento de la competitividad dentro de sus planes de desarrollo a largo plazo. Sólo un país latinoamericano, Chile, se encuentre dentro de los treinta primeros lugares, mientras que seis países del sudeste asiático ocupan esta lista, desplazando cada vez más a los países de Europa occidental.

[1] Otros índices similares son el “Ease of Doing Business” y el “Index of Economic Freedom”, realizados por el Banco Mundial y Wall Street Journal respectivamente.
[2] World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2006.
[3] Instituciones, infraestructura, desempeño macroeconómico y salud y educación primaria.