Entre el martes y el miércoles de la semana pasada, los tres países andinos que mantienen negociaciones con EE.UU. hacia un Tratado de Libre Comercio, decidieron secuencialmente postergar la firma del mismo por ausencia de un acuerdo satisfactorio para todas las partes.

El martes por la noche, Ecuador decidió postergar la última ronda de negociaciones en principio hasta la tercera o cuarta semana de enero, lo que fue explicado por el Ministro Jorge Illingwoth como una reacción a la negativa por parte de EE.UU. de ceder en temas claves como medidas fitosanitarias y ambientales, agricultura y propiedad intelectual. Minutos después del anuncio de Ecuador, el equipo negociador de Colombia decidió dar por concluida también la ronda de negociación. El Ministro Jorge Botero justificó la decisión luego que la discusión se atascara en los temas agrícola y de propiedad intelectual.

Por último, el equipo negociador peruano se abstuvo de dar por concluidas las negociaciones el mismo martes, a la espera que EE.UU. reconsiderara su posición. El miércoles el ministro Ferrero anunció que se postergaba el cierre de esta 14ª ronda hasta la primera quincena de diciembre, aunque antes de la reunión de la OMC en Hong Kong el 13 del mismo mes. Si bien EE.UU. ha reconsiderado el tema de patentes de segundo uso a favor de los países andinos, no ha cedido en los demás temas de propiedad intelectual y agrícola en los que Perú ha decidido mantenerse firme.

Es improbable que esta secuencia de eventos haya sido producto de una estrategia coordinada. Basta considerar los factores de presión interna y de contexto que los tres países enfrentan. Por el lado del Perú, los negociadores han advertido que la presión interna exige mostrar evidencias de una negociación exhaustiva para lograr legitimidad, lo cual se ha logrado con la intensidad del trabajo desplegado en esta ronda, aunque se ha visto empañado por la decisión de Perú de abandonar el bloque andino.

En el caso de Colombia, hay que tomar en cuenta que Uribe ha logrado abrirse camino hacia la reelección hace un par de semanas, cuando el Tribunal Constitucional aprobó la Ley de Garantías Electorales. Con su actual aprobación de 70%, la probabilidad que salga reelegido es considerable, por lo que el repliegue de Colombia puede verse como una maniobra estratégica para presionar a EE.UU. por el hecho de mantener un aliado en la región. En el caso de Ecuador, la presión de los grupos anti-TLC, liderados por la confederación indígena (CONAIE) y la importancia de los temas de propiedad intelectual y agrícolas para su economía en el largo plazo, hacen que el débil régimen de Alfredo Palacio piense más de dos veces antes de aceptar la intransigencia de los EE.UU.

Luego de dos trimestres de superávit fiscal, en el 3T2005 el resultado económico del sector público no financiero (SPNF) fue deficitario en 0,8% del PBI. Con esto se acumula un superávit de 1,4% del PBI en los tres primeros trimestres del año. Este resultado se debe tanto al crecimiento de los ingresos tributarios como a la subejecución del gasto en las regiones y en los gobiernos locales.

En el 3T2005, los ingresos tributarios crecieron 7,4% respecto del 3T2004 y acumularon, en lo que va del año, un crecimiento de 12,1%. Entre los factores que están generando una mayor recaudación se encuentran: crecimiento económico (el PBI acumulado a setiembre creció 5,9%), precios altos de metales y petróleo (el índice de precios de las exportaciones creció 17% en lo que va del año), incremento de las importaciones (crecimiento acumulado de 25%) y las medidas administrativas aplicadas por la Sunat (por ejemplo, adelantos del pago del IGV).

Por otro lado, los gastos no financieros del Gobierno Central crecieron 6,5% en el período enero-setiembre y los gastos de los Gobiernos Regionales 9,1%. Estos resultados son bajos, si tomamos en cuenta que, por ejemplo, las transferencias por canon a los Gobiernos Locales y Regionales crecieron 74% en los tres primeros trimestres (acumularon US$ 895 millones).

Estos resultados están dando margen para que se cumpla la meta fiscal del MEF (-1,0% del PBI al cierre del 2005). Incluso, es probable que este año el resultado económico sea positivo después de ocho años (0,1% del PBI en 1997).

La semana pasada el Congreso de la República volvió a convertirse en un circo. Los congresistas auto aprobaron de forma casi unánime recibir un pago total de S/. 118 000 en julio de 2006. Luego de que la opinión pública expresara su rechazo frontal y tajante, redujeron el pago a S/ 77 000, que equivale a un total de S/. 9 240 000 (ver cuadro). Si bien es defendible que los congresistas reciban sueldos altos, el problema radica en que en el Perú ellos son juez y parte en la determinación de sus sueldos.

De acuerdo a la Enaho 2005, este monto equivale a la mitad de lo que ganan los 600 mil hogares más pobres del Perú en un mes. Alternativamente, equivale al sueldo anual de más de 1 300 suboficiales de policía o 1 600 maestros, o a más de veinte mil remuneraciones mínimas vitales, lo que permitiría crear 2 500 nuevos puestos de trabajo desde diciembre hasta el final del gobierno.

¿Qué usos alternativos podría tener este dinero? En cuanto a programas sociales, con los S/. 9,24 millones se podría incrementar en 92 400 el número de beneficiarios del programa Juntos, en más de 63 mil el número de beneficiarios del programa del vaso de leche, o en más de 100 mil el número de beneficiarios de los comedores populares[1]. Además, cabe resaltar que para el Presupuesto Público 2006 se ha recortado en S/.6 millones los fondos para el programa de Wawa-wasi.


Cualquiera de estas alternativas tiene efectos de corto y largo plazo, lo que permitiría a muchas personas escapar de la pobreza, por lo menos a corto plazo. Una fracción (indeterminada, pero muy probablemente significativa) podría hacerlo de manera permanente, pero esta estimación requeriría un estudio más a profundidad.



[1] Cálculos efectuados en base a las cifras de Vásquez, E (2005). Programas sociales ¿de lucha contra la pobreza?: Casos emblemáticos. Lima: CIUP

La propuesta legislativa del BCR para restituir el texto del artículo 1237 del Código Civil (CC) de 1984 se sustenta en la necesidad de consagrar el derecho que tienen los agentes privados a realizar sus pagos en la moneda nacional, si así lo desean, sin tener que encontrarse limitados por acuerdos en contrario.

Hay que recordar que el CC de 1984 se desarrolló en un contexto económico distinto a aquel de 1992, año en que se realizó la última modificación vigente. Durante 1992, el país estaba saliendo de un proceso hiperinflacionario y devaluatorio que provocó la desconfianza de los agentes económicos en la moneda nacional.

Se suele argumentar que estos fenómenos tienen un efecto psicológico perjudicial y duradero sobre los agentes, los cuales tienden a mantener y preferir moneda extranjera, que les permita afrontar posibles escenarios negativos en el futuro. Sin embargo, el actual contexto no es similar al de 1992. El manejo macroeconómico del país ha sido efectivo en el control de la inflación y de la volatilidad del tipo de cambio. Por tal motivo, es importante reconocer el papel que la regulación debe tener en el comportamiento microeconómico de los agentes, con la finalidad de devolver la confianza en la moneda nacional y reducir los costos generados por la existencia de dos monedas de curso legal.

Entre los beneficiados de esta norma se encuentran los consumidores pequeños que no tienen la capacidad de participar a gran escala en el mercado cambiario y que no cuentan con toda la información del mercado al momento de realizar sus operaciones de cambio.

Finalmente, restan comentar un par de consideraciones. La propuesta legislativa del BCR propone que éste se encargará de dictar normas para una mejor aplicación del artículo en cuestión. Este párrafo supone un riesgo político importante para el mercado puesto que el BCR se puede ver tentado y/o influenciado a disponer medidas contrarias a la lógica del mercado. Por otro lado, también se requiere mantener un manejo macroeconómico adecuado para el éxito sostenible de la propuesta legislativa del BCR. Sin embargo, varias decisiones de política monetaria siguen estando sujetas a diferentes restricciones de carácter nacional e internacional (limites de inversión de AFP, subida de tasas de interés en EEUU y Europa, entre otros).

A poco más de un mes para culminar el año cabe evaluar cuál ha sido el desempeño del país hasta el momento. Según los indicadores macroeconómicos reportados por el BCR, el PBI creció 5,8% durante el III-T del año, acumulando 17 trimestres consecutivos.[1] Dicho crecimiento se debe, por un lado, al incremento de la demanda interna (6,1%) que responde al mayor ingreso nacional disponible (7,2%) que está asociado al incremento del empleo (5,2%) así como también al crecimiento de los créditos de consumo (26,6%).

Por otro lado, también responde al incremento de las exportaciones producto de la mejora de los términos de intercambio y de un contexto internacional favorable. Con relación a la balanza de pagos, durante el III-T se alcanzó un superávit en cuenta corriente de US$ 462 millones (2,4% del PBI) que resulta del superávit de balanza comercial, de los ingresos por remesas y del déficit por renta de factores. La cuenta financiera fue negativa en US$ 812 millones debido principalmente al prepago de deuda al Club de París.

De otro lado, con respecto al empleo, para el trimestre móvil agosto-setiembre-octubre del 2005, la Encuesta Permanente de Empleo de Lima Metropolitana (EPE) que publica el INEI, se registró un ligero incremento (0,1%) en el número de personas ocupadas con respecto a similar trimestre móvil del año anterior.[2]

La tasa de ocupación fue de 90,9%, incrementándose en 0,2% en comparación a la registrada en similar trimestre móvil del año anterior. Asimismo, de la PEA ocupada de Lima Metropolitana se sabe que el 75,6% se encuentra en micros y pequeñas empresas (MYPE) y que de estos el 51% trabaja en empresas que producen bienes para los sectores Primario y Secundario mientras que el restante 49%, en Servicios.

Finalmente, se debe mencionar que la actividad productiva de los sectores económicos tuvo un desenvolvimiento favorable con tasas de crecimiento superiores al 5,0% destacando el dinamismo de la industria manufacturera, la actividad constructora, el comercio y la recuperación del sector agropecuario.

[1] Resumen Informativo del BCR, tercera semana de 2005, disponible en: http://www.bcrp.gob.pe/Espanol/WInformes/resinf.htm
[2] Encuesta Permanente de Empleo de Lima Metropolitana, disponible en: http://www.inei.gob.pe/

El viernes último Chile firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, en una reunión paralela al Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) llevada a cabo en Busan (Corea del Sur). El acuerdo fue firmado por el canciller chileno Ignacio Walker y el ministro de comercio chino, Bo Xilai, en presencia de los presidentes respectivos, Ricardo Lagos y Hu Jintao. Este acuerdo es el primero que China suscribe con un país latinoamericano, y fue logrado luego de cinco rondas de negociación que fueron iniciadas el año pasado en la reunión del APEC en Santiago de Chile.

El acuerdo fija que a partir del 1º de julio de 2006 los dos países iniciarán un proceso de reducción de aranceles, también se establece una desgravación arancelaria inmediata para el 92% de las exportaciones chilenas desde el primer día de vigencia del acuerdo, mientras que para el caso de China la desgravación inmediata asciende al 50% del comercio actual. Las listas contemplan desgravaciones a 1, 5 y 10 años, y excepciones que alcanzan al 1% de las exportaciones chilenas y al 3% de las chinas. Dentro de los productos chilenos que tendrán desgravación inmediata y que se verán beneficiados con el TLC destacan el cobre, hortalizas, aceites de pescados, carnes de ave, algunas frutas, entre otros.

El comercio bilateral entre estos dos países presenta cifras crecientes; las exportaciones chilenas hacia China aumentaron más de tres veces en el período 2000-2004, alcanzando en este último año los US$ 3.222 millones. Chile es el principal productor mundial del cobre y China, el mayor comprador de este metal en el mundo y el principal comprador individual de cobre chileno; el año pasado China compró US$ 2.728 millones de cobre, que representaron el 18% del total de exportaciones de cobre de Chile. Por el lado de las importaciones, las compras chilenas de productos chinos se duplicaron en el período 2000-2004, llegando en este último año a los US$ 1.847 millones.

Por otro lado, Chile inició conversaciones con Japón, Tailandia y Malasia en miras a firmar otros TLCs con estos países. Cabe indicar que en esta misma reunión del APEC en Busan, el gobierno peruano suscribió un TLC con Tailandia el mismo que generará un intercambio estimado de US$ 500 millones anuales.

Este miércoles 16 de noviembre, la Comisión de Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República recibirá al Presidente interino del BCRP, Oscar Dancourt, quien sustentará por qué el instituto emisor debe continuar determinando el límite de inversión en el exterior de las AFP y por qué dicha labor no debería ser otorgada a la SBS como diversos Proyectos de Ley sugieren.

Como se sabe, el BCRP ha mostrado su reticencia por aumentar el límite operativo vigente (10,5% de la cartera administrada por las AFP) al tope fijado por Ley Nº 27988 (20% de dicha cartera), tanto por motivos macroeconómicos (riesgo de salida de capitales en periodos pre-electorales); como por motivos financieros (según sus estimaciones, las inversiones en el exterior no han sido más rentables ni menos riesgosas que las inversiones domésticas). Por su parte, la SBS sí apoya un incremento del límite de inversión en el exterior, aunque en un periodo de 15 meses,[1] porque sostiene que las inversiones foráneas diversifican los portafolios de inversiones y que el mercado doméstico de renta fija registra una sobrevaloración de activos y un arbitraje de precios en relación con el exterior.

Más allá de qué entidad gubernamental deba encargarse de fijar los límites de inversiones de los principales inversionistas institucionales del país, el actual debate debería servir para lograr un acuerdo de entendimiento entre los organismos reguladores y supervisores del mercado monetario y financiero (SBS, BCRP, Conasev y Ministerio de Economía y Finanzas) para coordinar acciones e implementar mecanismos que busquen la Estabilidad Financiera del país. Este concepto, que se viene analizando en diversos foros internacionales,[2] promueve el establecimiento de una infraestructura financiera que permita a las economías administrar riesgos (crediticios, cambiarios, de mercado, entre otros) y absorber eficientemente shocks, como los que podrían causar movimientos repentinos en el portafolio de inversión de las AFP, quienes a la fecha administran más de US$ 9 mil millones (71% de las Reservas Internacionales del país).


[1] Oficio de Respuesta de la SBS al BCRP (3-3-2004). En: www.sbs.gob.pe/PortalSBS/noticias/oficio_inversiones.pdf

[2] Defining Financial Stability. Gary J. Schinasi. International Monetary Fund. WP/04/187.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp04187

El uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) toma cada vez mayor importancia como factor esencial para el desarrollo económico tanto en países desarrollados como aquellos en desarrollo. Los avances en el desarrollo de las TICs genera dos efectos contrarios, por un lado permite interconectarnos cada vez más dentro del país y con otros países (facilita el traspaso de información y conocimientos, fortalece las relaciones comerciales y financieras, mejora las comunicaciones, entre otros aspectos); y, por otro lado, existen diferencias profundas de oportunidades entre quienes acceden a las TICs y aquellos que no tienen acceso, esto sucede tanto al interior del país, como a nivel del Perú en relación con otras economías.

De acuerdo a la ENAHO 2003/2004, el 44,5% de los hogares no pobres tienen acceso a telefonía fija, telefonía celular, o Internet, mientras que el 92,3% de los hogares pobres no tiene acceso a las TICs. Según área urbano-rural, el 35,1% de los hogares urbanos tienen acceso a telefonía fija, mientras que sólo un 0,4% de los hogares del área rural cuenta con este servicio.

En el caso de acceso a computadoras, el 10,5% de hogares urbanos cuentan con computadoras, mientras que en el área rural sólo el 0,3% cuenta con un ordenador. Resultados similares se encuentran según necesidades básicas satisfechas: 10,8% de hogares con necesidades básicas satisfechas tiene computadoras, mientras que, en hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha, sólo un 0,3% de ellos tiene computadora personal.

A pesar que el 11,6% de la población total a nivel nacional hace uso de servicio de Internet por cabinas públicas, existen diferencias según área urbano-rural: 40,7% de los hogares urbanos tiene por lo menos un miembro del hogar que usa cabinas públicas de Internet, mientras que en el área rural sólo un 4,2% de los hogares tiene por lo menos un miembro del hogar que hace uso de este servicio.[1]

En contraste, actualmente por lo menos en la mitad los países miembros de la OECD más del 50% de adultos acceden a Internet, un cuarto de las empresas utilizan Internet para comprar y un octavo para vender. A finales de 2004, había 118 millones de usuarios de banda ancha en la zona de la OCDE, y la penetración de banda ancha ha sido de 10.2 suscriptores por cada 100 habitantes. En particular, en Islandia el 86% de los hogares posee un ordenador y en Corea el 86% de hogares tiene acceso a Internet.[2]

[1] INEI (2005) Tecnología de la Información y Comunicaciones en Hogares: ENAHO 2003/2004, Lima: INEI.
[2] OECD (2005) OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2005 - Towards a knowledge-based economy. Disponible en: http://puck.sourceoecd.org/vl=6319404/cl=56/
nw=1/rpsv/scoreboard/index.htm

6 000 vehículos en llamas en todo el país, 1 500 personas arrestadas y una muerte es el saldo de las revueltas ocurridas los últimos días en Francia. No se trata de algún tipo de vandalismo organizado sino más bien del descontento social de los jóvenes de ascendencia africana (norte y oeste).

Por un lado, en Francia el desempleo entre los jóvenes asciende al 23% y, de estos, se estima que el desempleo entre los que viven en zonas urbano marginales alcanza el 40%.[1] Según el primer ministro, Dominique de Villepin, estas cifras se dan en un contexto en el que el 70% de los nuevos contratos son temporales y en donde la mitad de estos duran menos de un mes.[2] Se trata pues de un mercado laboral tan protegido que los empleadores han optado por llevar a cabo contratos de este tipo dejando una sensación de inestabilidad entre los jóvenes.[3]

Por otro lado, a pesar de que la población de origen africano, en Francia, representa el 10%, aún no se puede hablar de una sociedad integrada; lo cual se refleja en la escasa representación política, en medios de comunicación e incluso en la fuerza policial, así como también, en la baja tolerancia cultural (estigmatización del Islam).

Sin embargo, algo que debe tenerse en cuenta es que pese a las características particulares de la sociedad francesa, esta no es una situación ajena a cualquier otro país. La falta de empleo, la exclusión social, los problemas de vivienda o el bajo nivel de educación entre inmigrantes forma parte de la agenda de muchos gobiernos. Del mismo modo, se puede rescatar una lección que ya debería haberse aprendido: el acoso de minorías étnicas y/o religiosas fácilmente propicia un clima en el que incidentes menores desencadenan situaciones de violencia masiva.

[1] Eurostat. Cabe mencionar que la mayoría de países europeos no cuenta con estadísticas desagregadas según grupos éticos.
[2] The Economist, 10 Noviembre, 2005
[3] Por ejemplo: semana laboral de 35 horas, fuertes normas para la contratación, entre otros.

Según información del INEI, la pobreza en el Perú se redujo de 54,3% a 51,6% entre el 2001 y el 2004, una reducción de 2,7 puntos porcentuales con 95% de confianza.[1] La disminución se ha dado tanto en el ámbito urbano como en el rural. En el primer caso, la pobreza pasó de 50,0% en el 2001 a 43,3% en el 2004, mientras que, en el segundo caso, pasó de 77,1% a 72,5%.

Lima y Callao, a diferencia del interior del país, no muestran cifras alentadoras. La población en situación de pobreza en Lima y Callao se incrementó de 31,8% en el 2001 a 36,6% en el 2004, en contraste con el interior del país que disminuyó 5,6 puntos porcentuales en el mismo período y llegó a 57,7% en el 2004. Una hipótesis a comprobar es que el incremento de la pobreza en Lima y Callao está directamente relacionado con la migración proveniente del interior del país en busca de mejores oportunidades.


Los departamentos que muestran una disminución de la pobreza estadísticamente significativa son Madre de Dios (-28,3 puntos porcentuales), Tumbes (-22,8 pp), Lambayeque (-18,1 pp), Ica (-17,5 pp), Ucayali (-15,0 pp), Cusco (-13,5 pp), San Martín (-11,5 pp), Loreto (-8,9 pp), Amazonas (-8,5 pp) y Tacna (-7,0 pp). El resto de departamentos (excluyendo Lima), no muestra cambios estadísticamente significativos en el período de comparación.[2]

A pesar de la mejora en las cifras de pobreza en el Perú, aún más de la mitad de la población es pobre, situación que se refleja en la marcada diferencia de los ingresos entre niveles socioeconómicos: en promedio, el 10% más rico recibe cerca 12 veces el ingreso del 50% más pobre, estructura que se ha mantenido en los últimos años.[3]


[1] Para realizar la comparación se asume la hipótesis de que la pobreza es estructural (no estacional), ya que la ENAHO 2001 recopiló la información en el 4T2001, mientras que la ENAHO 2004 lo hizo durante todo el 2004. Ver Semanario Económico ophèlimos año 3 No. 33.
[2] Al 95% de confianza.
[3] Cálculos en términos reales.

Después de que el tipo de cambio alcanzara su nivel máximo del año el último 20 de octubre (3,3935 soles por dólar)[1], ha venido descendiendo hasta culminar la semana pasada en un nivel de 3,358. Esta corrección es consecuencia de que en los últimos días las empresas demandantes de la divisa norteamericana no han estado renovando sus contratos de compra de dólares a futuro, debido a la paulatina disminución de sus expectativas devaluatorias, en virtud de los buenos fundamentos económicos del país. Esta expectativa positiva de la economía peruana se ve reflejado en la caída del riesgo país en 27 puntos básicos desde el 20 de octubre.

En las próximas semanas, a pesar de que el fuerte superávit comercial y la solidez de los indicadores económicos seguirán contribuyendo a fortalecer el nuevo sol, el tipo de cambio experimentaría cierta volatilidad, debido a que la Reserva Federal incrementó su tasa de interés referencial el último martes hasta el 4%, ampliando su diferencial frente a la tasa referencial del Banco Central de Reserva del Perú (3%). A esto último se suman la mayor demanda de dólares por la cercanía de fiestas de fin de año y las cada vez más cercanas próximas elecciones.



[1] Promedio compra y venta publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros.

La semana pasada se llevó a cabo la IV Cumbre de las Américas en la ciudad del Mar del Plata en Argentina. La convocatoria a los 34 mandatarios del continente americano tuvo como objetivo discutir temas como la superación de la pobreza, la creación de empleo y la gobernabilidad. Sin embargo, el tema del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) se impuso desde un principio como el eje principal del encuentro.

Estados Unidos y México impulsaron con fuerza la necesidad de relanzar las negociaciones del ALCA que partieron en 1994 y que desde hace dos años no han tenido ningún avance. Sin embargo, esta iniciativa se enfrentó a la posición del Mercosur (conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y de Venezuela, la cual se opone a conversar sobre el ALCA mientras EE.UU. siga subsidiando su producción agrícola, y además plantea discutir el tema, una vez que se haya finalizado la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio en Hong Kong, evento programado para diciembre de este año.

Como se sabe en esta próxima cumbre, la Organización Mundial del Comercio se reunirá para determinar la magnitud de las reducciones de las subvenciones y de los derechos aduaneros a los productos agrícolas, que configurarán el acuerdo final del Programa de Desarrollo de Doha a finales del 2006; esto con el objetivo de eliminar los obstáculos que afectan al comercio mundial.

La Declaración de Mar del Plata, emitida tras la IV Cumbre de las Américas, contiene tres puntos sobre las negociaciones del ALCA. Uno hace referencia a un grupo de países que están dispuestos a seguir negociando el ALCA tal como está ahora; mientras que el segundo punto refleja la posición de los cuatro países del Mercosur y Venezuela, que encuentran que no están dadas las condiciones para seguir negociando el ALCA en los términos actuales y el tercer punto, recoge una propuesta del presidente colombiano Álvaro Uribe de convocar a una reunión de negociadores oficiales para evaluar la situación general del ALCA, sacar conclusiones y hacer recomendaciones a los gobiernos del continente americano.

Esta semana se aprobó en la Comisión de Seguridad Social, el incremento gradual de la tasa de aporte obligatorio a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de su nivel actual de 8% de la remuneración asegurable a 9% en 2006 y a 10% en 2007. Cabe recordar que la ley de creación del Sistema Privado de Pensiones (SPP) contemplaba una tasa de aporte obligatorio de 10%, la cual fue reducida en 1995 temporalmente a 8%. Asimismo, cabe recordar que con este incremento y asumiendo que la tasa de contribución al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) se mantenga igual, la diferencia entre las contribuciones totales a ambos sistemas pasaría a ser mínima (de 2,15% actualmente a 0,15% en 2007).



Desde el punto de vista del Estado, esta decisión parece ser la más conveniente dado que disminuirá la presión sobre la garantía estatal en la pensión mínima del SPP y permitirá mantener un ambiente de abundante liquidez para el mercado de deuda soberana en nuestro país y, en general, para la emisión de instrumentos por actores del mercado local y extranjero. Por otro lado, desde el punto de vista de las AFP, también parece ser una decisión conveniente puesto que incrementará su influencia en el contexto macroeconómico de nuestro país, además de acentuar su rol de principales inversionistas institucionales. Sin embargo, desde el punto de vista de los trabajadores afiliados y los potenciales afiliados la situación no parece ser del todo buena.

Primero, el incremento gradual de la tasa de aporte implica la reducción del ingreso mensual disponible de las familias, pudiendo tratarse de una reducción bien recibida siempre y cuando las familias valoren más el ingreso futuro que el ingreso presente. En una situación económica difícil como la peruana, donde más de la mitad de la población vive en pobreza y menos de la cuarta parte de la PEA está adecuadamente empleada, difícilmente puede pensarse que las familias valoren más el ingreso futuro que el presente.

Segundo, la reducción de la diferencia en las contribuciones totales al SNP y al SPP solamente contribuye a crear confusión sobre cuál es la política en Seguridad Social que tiene el Estado (si privilegiar la capitalización individual o mantener un sistema ineficiente como el SNP) y afecta las decisiones de los potenciales afiliados, lo que generaría mayor informalidad en el mercado laboral (mayor proporción de trabajadores independientes, y nula declaración o una mayor subdeclaración de rentas para efectos de realizar aportes obligatorios)

Finalmente, cabe recordar que uno de los argumentos para realizar el incremento de la tasa de aporte era el ahorro del cual se beneficiarían los trabajadores con la reducción de comisiones cobradas por las AFP. Así, sería bueno aplicar este ahorro para el Estado, causado por el incremento de la tasa a 10%, con el fin de gravar la renta de los trabajadores neta de retenciones a los sistemas de pensiones y no la renta bruta como actualmente se hace.

En el actual contexto de expansión económica (50 meses de continuo crecimiento), crecimiento de la emisión primaria (31% en septiembre del 2005 respecto de septiembre del 2004) y altos precios de petróleo (39% mayor en el período enero-septiembre del 2005 respecto del mismo período del 2004), es de esperar que la inflación sea un problema. Sin embargo, con el resultado de septiembre (inflación doce meses de 1,11%) se acumulan cuatro meses de tasas por debajo del rango objetivo del BCR (1,5%-3,5%).



Existen factores que están presionando a la inflación hacia bajas tasas:

- El crecimiento de la economía es moderado y con una distribución tal que no ejerce un gran impulso en el consumo privado.[1]

- La mayor oferta de productos agrícolas debido a la recuperación de la sequía del 2004 y la sobreproducción de algunos productos importantes en la canasta del consumidor (arroz y papa, entre otros).[2]

- Las empresas no están incrementando en gran medida los precios finales.

- Reducción de márgenes de ganancia: en los últimos dos meses, el crecimiento del IPM a doce meses ha sido mayor al crecimiento del IPC a doce meses.

- Menores costos de financiamiento: en septiembre del 2005, tasa de interés promedio en soles fue 2,4% menor que en septiembre del 2004.

- Ajuste por costos laborales: el incremento de la productividad de los trabajadores no se refleja en mayores ingresos reales: en el período enero-septiembre 2005, la productividad de los trabajadores en Lima Metropolitana se incrementó 2,7%, las horas trabajadas 0,9% y el ingreso real se redujo 1,2%.

- El esfuerzo del Gobierno por mitigar los efectos de los mayores precios del petróleo sobre el precio de los combustibles (reducción del ISC a los combustibles y a través del Fondo de Compensación de los Precios de los Combustibles).



Es probable que estos factores se sigan manteniendo, lo que podría garantizar un período con pocas presiones inflacionarias en los próximos meses.

[1] Ver Semanario Económico ophèlimos Año 4 No. 34.
[2] Minag, Informes de Seguimiento Agroeconómico, Año I varios números.