Este miércoles 16 de noviembre, la Comisión de Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República recibirá al Presidente interino del BCRP, Oscar Dancourt, quien sustentará por qué el instituto emisor debe continuar determinando el límite de inversión en el exterior de las AFP y por qué dicha labor no debería ser otorgada a la SBS como diversos Proyectos de Ley sugieren.

Como se sabe, el BCRP ha mostrado su reticencia por aumentar el límite operativo vigente (10,5% de la cartera administrada por las AFP) al tope fijado por Ley Nº 27988 (20% de dicha cartera), tanto por motivos macroeconómicos (riesgo de salida de capitales en periodos pre-electorales); como por motivos financieros (según sus estimaciones, las inversiones en el exterior no han sido más rentables ni menos riesgosas que las inversiones domésticas). Por su parte, la SBS sí apoya un incremento del límite de inversión en el exterior, aunque en un periodo de 15 meses,[1] porque sostiene que las inversiones foráneas diversifican los portafolios de inversiones y que el mercado doméstico de renta fija registra una sobrevaloración de activos y un arbitraje de precios en relación con el exterior.

Más allá de qué entidad gubernamental deba encargarse de fijar los límites de inversiones de los principales inversionistas institucionales del país, el actual debate debería servir para lograr un acuerdo de entendimiento entre los organismos reguladores y supervisores del mercado monetario y financiero (SBS, BCRP, Conasev y Ministerio de Economía y Finanzas) para coordinar acciones e implementar mecanismos que busquen la Estabilidad Financiera del país. Este concepto, que se viene analizando en diversos foros internacionales,[2] promueve el establecimiento de una infraestructura financiera que permita a las economías administrar riesgos (crediticios, cambiarios, de mercado, entre otros) y absorber eficientemente shocks, como los que podrían causar movimientos repentinos en el portafolio de inversión de las AFP, quienes a la fecha administran más de US$ 9 mil millones (71% de las Reservas Internacionales del país).


[1] Oficio de Respuesta de la SBS al BCRP (3-3-2004). En: www.sbs.gob.pe/PortalSBS/noticias/oficio_inversiones.pdf

[2] Defining Financial Stability. Gary J. Schinasi. International Monetary Fund. WP/04/187.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp04187

El uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) toma cada vez mayor importancia como factor esencial para el desarrollo económico tanto en países desarrollados como aquellos en desarrollo. Los avances en el desarrollo de las TICs genera dos efectos contrarios, por un lado permite interconectarnos cada vez más dentro del país y con otros países (facilita el traspaso de información y conocimientos, fortalece las relaciones comerciales y financieras, mejora las comunicaciones, entre otros aspectos); y, por otro lado, existen diferencias profundas de oportunidades entre quienes acceden a las TICs y aquellos que no tienen acceso, esto sucede tanto al interior del país, como a nivel del Perú en relación con otras economías.

De acuerdo a la ENAHO 2003/2004, el 44,5% de los hogares no pobres tienen acceso a telefonía fija, telefonía celular, o Internet, mientras que el 92,3% de los hogares pobres no tiene acceso a las TICs. Según área urbano-rural, el 35,1% de los hogares urbanos tienen acceso a telefonía fija, mientras que sólo un 0,4% de los hogares del área rural cuenta con este servicio.

En el caso de acceso a computadoras, el 10,5% de hogares urbanos cuentan con computadoras, mientras que en el área rural sólo el 0,3% cuenta con un ordenador. Resultados similares se encuentran según necesidades básicas satisfechas: 10,8% de hogares con necesidades básicas satisfechas tiene computadoras, mientras que, en hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha, sólo un 0,3% de ellos tiene computadora personal.

A pesar que el 11,6% de la población total a nivel nacional hace uso de servicio de Internet por cabinas públicas, existen diferencias según área urbano-rural: 40,7% de los hogares urbanos tiene por lo menos un miembro del hogar que usa cabinas públicas de Internet, mientras que en el área rural sólo un 4,2% de los hogares tiene por lo menos un miembro del hogar que hace uso de este servicio.[1]

En contraste, actualmente por lo menos en la mitad los países miembros de la OECD más del 50% de adultos acceden a Internet, un cuarto de las empresas utilizan Internet para comprar y un octavo para vender. A finales de 2004, había 118 millones de usuarios de banda ancha en la zona de la OCDE, y la penetración de banda ancha ha sido de 10.2 suscriptores por cada 100 habitantes. En particular, en Islandia el 86% de los hogares posee un ordenador y en Corea el 86% de hogares tiene acceso a Internet.[2]

[1] INEI (2005) Tecnología de la Información y Comunicaciones en Hogares: ENAHO 2003/2004, Lima: INEI.
[2] OECD (2005) OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2005 - Towards a knowledge-based economy. Disponible en: http://puck.sourceoecd.org/vl=6319404/cl=56/
nw=1/rpsv/scoreboard/index.htm

6 000 vehículos en llamas en todo el país, 1 500 personas arrestadas y una muerte es el saldo de las revueltas ocurridas los últimos días en Francia. No se trata de algún tipo de vandalismo organizado sino más bien del descontento social de los jóvenes de ascendencia africana (norte y oeste).

Por un lado, en Francia el desempleo entre los jóvenes asciende al 23% y, de estos, se estima que el desempleo entre los que viven en zonas urbano marginales alcanza el 40%.[1] Según el primer ministro, Dominique de Villepin, estas cifras se dan en un contexto en el que el 70% de los nuevos contratos son temporales y en donde la mitad de estos duran menos de un mes.[2] Se trata pues de un mercado laboral tan protegido que los empleadores han optado por llevar a cabo contratos de este tipo dejando una sensación de inestabilidad entre los jóvenes.[3]

Por otro lado, a pesar de que la población de origen africano, en Francia, representa el 10%, aún no se puede hablar de una sociedad integrada; lo cual se refleja en la escasa representación política, en medios de comunicación e incluso en la fuerza policial, así como también, en la baja tolerancia cultural (estigmatización del Islam).

Sin embargo, algo que debe tenerse en cuenta es que pese a las características particulares de la sociedad francesa, esta no es una situación ajena a cualquier otro país. La falta de empleo, la exclusión social, los problemas de vivienda o el bajo nivel de educación entre inmigrantes forma parte de la agenda de muchos gobiernos. Del mismo modo, se puede rescatar una lección que ya debería haberse aprendido: el acoso de minorías étnicas y/o religiosas fácilmente propicia un clima en el que incidentes menores desencadenan situaciones de violencia masiva.

[1] Eurostat. Cabe mencionar que la mayoría de países europeos no cuenta con estadísticas desagregadas según grupos éticos.
[2] The Economist, 10 Noviembre, 2005
[3] Por ejemplo: semana laboral de 35 horas, fuertes normas para la contratación, entre otros.