En 1996 se fijaron por primera vez objetivos de desempeño ambiental específicos para la minería: los límites máximos permisibles. El Complejo Metalúrgico de La Oroya, estatizado en 1974, formaba parte de la empresa estatal Centromín Perú y se encontraba, en 1996, muy lejos de dicha meta legal, por lo que requería un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para planificar su cumplimiento. El PAMA fue aprobado el mismo año y debía cumplirse en un plazo máximo de 10 años.

Un año después, el Estado vendió el complejo (con su PAMA) a Doe Run Resources y Renco Group (EE.UU.), luego Doe Run Perú. La obligación de reparar los pasivos ambientales acumulados en dicho momento luego de décadas de operaciones quedó con el Estado.

Trece años después de aprobarse el PAMA, tras cuatro modificaciones y una “prórroga excepcional”, obtenida mediante una norma que solo se aplicó a Doe Run Perú, no se ha cerrado la brecha ambiental. Por ello, la salud de las personas, en especial la de los más vulnerables, sigue en riesgo. Es evidente que la regulación ambiental en este caso ha sido ineficaz.