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Blog de GROVER CORNEJO YANCCE

febrero 25, 2012

Violó a niña, jueza ordenó su libertad y volvió a ultrajar a otra joven

Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 11:21 — Visto: 279 veces
Violó a niña, jueza ordenó su libertad y volvió a ultrajar a otra joven


Julio César Méndez Quintana dejó embarazada a su primera víctima. Ministra la Mujer pide sanción para magistrada que lo dejó libre

Viernes 24 de febrero de 2012 - 01:26 pm 55 comentarios

(Video: América TV)
Le faltan pocos meses para dar a luz y desde ya dice que entregará a su hijo en adopción, porque tiene miedo de ver en la cara del pequeño la del depravado que la violó. ‘Ana’ (13) fue ultrajada cuando todavía tenía 12 años por Julio César Méndez Quintana y pese a las pruebas en contra de este sujeto, la jueza Liz Mary Huisa Félix ordenó su libertad bajo comparecencia.

Unos meses después, Méndez Quintana es acusado por una estudiante de 17 años de haberla violentado sexualmente debajo de un puente en Santa Eulalia, tal y como lo hizo con su primera víctima. “Con un cuchillo me llevó hacía el río, a jalones. De ahí abusó de mí. Después me llevó a su cuarto y siguió abusando de mí”, contó “Ana”.

La niña, según informó el noticiero “Primera edición”, desde que fue violada ha intentado suicidarse en tres oportunidades y su madre, Liz Moises Paredes, dijo que prácticamente ha perdido las ganas de vivir.

Funcionarias del Ministerio de la Mujer le han brindado asesoría legal y también ayuda psicológica a la menor, quien pese a los consejos para que se quede con el niño que lleva en el vientre afirmó que “voy a darlo en adopción porque es un hijo no deseado (…) cada vez que lo vea me voy a acordar de todo”.

La madre de la niña cuenta que hace siete meses Méndez Quintana estuvo recluido en la carceleta del Poder Judicial, a un paso de ser internado en un penal, pero que de manera repentina la jueza Huisa Félix lo puso en libertad bajo comparecencia.

MINISTRA PIDE DESTITUCIÓN
Por su parte, la ministra de la Mujer, Ana Jara, le pidió esta mañana al titular del Poder Judicial, César San Martín, que ordene abrir una investigación contra Huisa Félix y si, se comprueba que fue negligente, que se proceda a su destitución.

“Le pido a César San Martín que mediante las instancias que correspondan, la OCMA, se le abra una proceso administrativo a esta jueza Mary Huisa, porque tenía a una niña de 12 años violada y embarazada. Sin embargo, ella quería más pruebas”, manifestó en conferencia de prensa.

Agregó que así como esta jueza existen “muchos magistrados que tienen mano blanda para juzgar delitos” de este tipo.

FUENTE: EL COMERCIO PERU
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febrero 24, 2012

D.S.005-2006-JUS, Reglamento de la Ley 28294

Categoría: DERECHO REGISTRAL — gcornejo @ 12:28 — Visto: 819 veces
DECRETO SUPREMO Nº 005-2006-JUS, Aprueban Reglamento de la Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios - Ley Nº 28294

DECRETO SUPREMO Nº 005-2006-JUS
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 28294 se creó el Sistema Nacional Integrado de Información
Catastral Predial, con la finalidad de regular la integración y unificación de los
estándares, nomenclatura y procesos técnicos de las diferentes entidades
generadoras de catastro en el país, estableciendo su vinculación con el Registro de
Predios a cargo de la SUNARP;
Que, en razón a la normatividad legal indicada, se han establecido las bases para
consolidar un Estado más moderno, que cuente con las herramientas necesarias para
determinar las verdaderas dimensiones de la riqueza territorial de nuestro país, lo que
le permitirá analizar, planificar y ejecutar acciones de desarrollo que repercutan de
manera directa en la población;
Que, asimismo, se ha establecido la necesaria vinculación que debe existir entre el
Catastro y el Registro de Predios, lo cual concreta el ansiado anhelo de elevar nuestro
registro al mismo nivel de los que informan a sociedades más desarrolladas, dotándolo
de mayor y más organizada información en cuanto a la existencia, ubicación y
características físicas de los predios, lo cual otorga seguridad jurídica al ciudadano al
momento de realizar sus transacciones y evita la generación de duplicidades de
partidas en Sede Registral;
Que, la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 28294, estableció la obligación del
Poder Ejecutivo del reglamentar dicha norma, siendo necesario aprobar un cuerpo
normativo complementario que permita desarrollar y dotar de plena eficacia a los
supuestos recogidos en la misma;
Que, mediante Acta de la Sesión Nº 014, de fecha 5 de enero de 2006, el Consejo
Nacional de Catastro aprobó el Proyecto de Reglamento de la Ley Nº 28294, el que
contiene las disposiciones necesarias para integrar y unificar los estándares,
nomenclatura y procesos técnicos a observar por parte de las entidades generadoras
de catastro; desarrolla las actividades del Sistema Nacional Integrado de Información
Catastral Predial y de sus integrantes; regula la vinculación del Sistema con el
Registro de Predios y establece los procedimientos de levantamiento, mantenimiento y
publicidad de la información catastral orientada a una utilización multipropósito, a partir
del uso eficiente de la tecnología;
Que, adicionalmente, el proyecto a que se refiere el considerando anterior, regula de
manera particular la asignación e inscripción del código único catastral, el que servirá
de base de identificación para todos los predios a nivel nacional; así como las
acciones de saneamiento catastral a implementarse en adelante, dentro de una base
de datos cuya generación, mantenimiento, así como el establecimiento de las formas
de acceso a dicha información serán administradas por las diferentes entidades
involucradas;
Estando a lo previsto por el Artículo 118 literal 8) de la Constitución Política del Estado,
Ley Nº 28294 y el Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo;DECRETA:
Artículo 1.- Aprobar el Reglamento de la Ley Nº 28294 -Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios, que consta
de seis (6) Títulos, trece (13) Capítulos, sesenta y tres (63) artículos, tres (3)
Disposiciones Complementarias y tres (3) Disposiciones Transitorias, que forma parte
integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Justicia.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de febrero del año dos
mil seis.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
Ministro de Justicia
REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28294 QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL
INTEGRADO DE CATASTRO Y SU VINCULACIÓN CON EL REGISTRO DE
PREDIOS
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Referencia a la Ley que crea el Sistema Nacional de Catastro y al presente
Reglamento
Cuando en el presente Reglamento se haga mención a la Ley sin indicar su
numeración, deberá entenderse que la referencia es a la Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios - Ley Nº
28294; y cuando se mencione artículos sin señalar el dispositivo legal al que
corresponden, deberá entenderse que están referidos a los del presente Reglamento.
Artículo 2.- Abreviaturas y Nomenclaturas
Para fines del presente Reglamento se entiende por:
SNCP : Sistema Nacional Integrado de
Información Catastral Predial.
CNC : Consejo Nacional de Catastro.
Secretaría Técnica : Secretaría Técnica del Sistema
Nacional Integrado de Información
Catastral Predial.
CUC : Código Único Catastral.BDC : Base de Datos Catastrales
RdP : Registro de Predios creado por
la Ley Nº 27755.
IGN : Instituto Geográfico Nacional.
INEI : Instituto Nacional de Estadística
e Informática
Artículo 3.- Definiciones
a) Base de Datos Catastrales - BDC
Es el conjunto de datos gráficos y alfanuméricos que describen las características
físicas, jurídicas y económicas de los predios catastrados.
b) Cartografía Básica
Es la representación gráfica del territorio nacional con información topográfica,
planimétrica y altimétrica, cuya elaboración se encuentra sujeta a la validación y
normas técnicas del Instituto Geográfico Nacional - IGN. Esta información puede ser
utilizada, entre otras finalidades, como base para ubicar los levantamientos catastrales
de los predios.
La publicación de la cartografía básica por el IGN se denomina Cartografía Básica
Oficial.
c) Cartografía Catastral
Es la representación de un conjunto de predios a escalas 1:10 000, 1:5 000, 1:1 000 ó
escalas intermedias o mayores de acuerdo a las series cartográficas que muestra la
información topográfica, planimétrica y altimétrica de los predios.
d) Catastro de Predios
Es el inventario físico de todos los predios que conforman el territorio nacional,
incluyendo sus características físicas, económicas, uso, infraestructura, equipamiento
y derechos inscritos o no, en el RdP.
e) Código de Referencia Catastral
Es la identificación alfanumérica asignada al predio que vienen usando las Entidades
Generadoras de catastro, el mismo que es independientemente al CUC. Su uso es
temporal mientras dichas entidades relacionen a través del CUC su información a la
BDC del SNCP
f) Entidades Generadoras de Catastro
Son aquellas que por mandato legal tienen la atribución de generar y mantener el
catastro de predios, tales como las Municipalidades y los Programas de Titulación
entre los que se encuentra el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT y la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI.
g) Generación de la Información Catastral o Levantamiento Catastral
Es el procedimiento por el cual, las Entidades Generadoras de Catastro, levantan
información gráfica y alfanumérica de los predios y del titular catastral, para generar el
Catastro de Predios.
h) Mantenimiento de la Información Catastral
Son las actividades encaminadas a mantener actualizada la BDC a efectos de lograr la
coincidencia entre la realidad física y la descripción Registral.
i ) Plan Nacional de Catastro
Es el documento que determina la política nacional del SNCP, su vinculación con el
RdP y lo que establezca el CNC, con el fin de promover e impulsar el desarrollo del
catastro a nivel nacional.
j) Plano Catastral
Es la representación gráfica de uno o más predios, elaborada con las especificaciones
técnicas establecidas mediante directivas que emita el CNC.
k) Plano de Conjunto
Es un tipo de plano catastral, que representa gráficamente el perímetro del territorio de
las Comunidades Campesinas, levantados conforme a las leyes que las regulan.
I) Plano de Demarcación Territorial
Es un tipo de plano catastral, que representa gráficamente la superficie de un territorio.
Para el caso de las Comunidades Nativas se aplica este concepto concordado con las
leyes que las regulan.
m) Predio
Es la superficie delimitada por una línea poligonal continua y cerrada; y se extiende al
subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro
superficial, excluyéndose del suelo y subsuelo a los recursos naturales, los
yacimientos, restos arqueológicos y otros bienes regidos por leyes especiales.
n) Red Geodésica
Es el conjunto de puntos físicamente establecidos mediante marcas, situados sobre el
terreno y dentro del ámbito del territorio nacional, parcial o total, enlazado y ajustado al
Sistema Geodésico Oficial.
o) Saneamiento Catastral
Es el conjunto de procedimientos técnicos y legales que se ejecutan de manera
progresiva, a fin de rectificar las inexactitudes y actualizar la información registral de
un predio, adecuándola a la realidad física del mismo.
p) Series Cartográfica CatastralesEs un conjunto de planos de un territorio, los cuales son identificados por una
nomenclatura única y relacionadas a las series cartográficas básicas.
q) Sistema Geodésico Oficial
Es la Red Geodésica Nacional, implementada por el Instituto Geográfico NacionalIGN, conformada por el conjunto de puntos localizados a lo largo y ancho del país,
determinados físicamente mediante monumentos o marcas, que interconectados
permiten la obtención conjunta o por separado de su posición geodésica, altura o del
campo de gravedad, enlazados a los sistemas de referencia establecidos.
r) Técnico Catastral
Es el personal técnico que cuentan con conocimientos o experiencia en materia
catastral. Asimismo, presta servicios en las entidades generadoras de catastro.
s) Verificador Catastral
Son las personas naturales, profesionales colegiados y/o personas jurídicas
competentes, inscritos, de existir, en el Indice de Verificadores a cargo de las
Municipalidades y en el Registro de Verificadores de la SUNARP.
t) Zona Catastrada
Es un ámbito geográfico dentro del territorio nacional, cuyo levantamiento y cartografía
catastral está finalizada a fin de ingresar a la BDC del SNCP
u) Zona no Catastrada
Ámbito geográfico dentro del territorio nacional cuyo levantamiento catastral no se ha
ejecutado.
v) Zona Catastral
Ámbito geográfico que se encuentra en proceso de efectuar el levantamiento catastral.
Artículo 4.- Objeto del presente Reglamento
El presente Reglamento contiene las disposiciones generales para la integración y
unificación de los estándares, nomenclatura y procesos técnicos de las Entidades
Generadoras de Catastro de Predios. Asimismo, regula los procedimientos de
levantamiento, mantenimiento, actualización y publicidad de la información catastral
orientada a un uso multipropósito, y regula la vinculación del SNCP con el Registro de
Predios, de acuerdo a lo señalado en la Ley.
Artículo 5.- Vinculación del SNCP con el Registro de Predios
La vinculación del SNCP con el RdP permite que la información catastral de un
determinado predio se relacione con su partida Registral, a fin de contar con
información integrada de las características económicas y los derechos sobre los
predios inscritos en la SUNARP, así como la visualización de las características fís icas
de los mismos.
TÍTULO II DE LOS ÓRGANOS DEL SNCP
Artículo 6.- Órganos del SNCP
Según lo establecido en la Ley, son órganos del SNCP, el Consejo Nacional de
Catastro, la Secretaría Técnica y las Comisiones Consultivas.
CAPÍTULO I
EL CONSEJO NACIONAL DE CATASTRO - CNC
Artículo 7.- Facultades del CNC
Es el órgano encargado de aprobar la política nacional del SNCP y las normas
respecto a su ejecución, así como la política referida a la integración catastral.
El CNC como órgano rector del SNCP, tiene la facultad de emitir las directivas que
fuesen necesarias, de conformidad con la Ley y el presente Reglamento.
Sus integrantes se encuentran designados en el artículo 7 y en la tercera Disposición
Transitoria de la Ley.
Las funciones del CNC, de conformidad con el artículo 8 de la Ley son las siguientes:
a) Aprobar, a propuesta de la Secretaría Técnica, el Plan Nacional de Catastro,
documento que establece la política nacional del Sistema y su vinculación al RdP.
b) Aprobar las Directivas de cumplimiento obligatorio para la ejecución de las
actividades de catastro de predios, que deben seguir los Gobiernos Locales y demás
entidades generadoras de catastro; así como las normas para llevar a cabo la
captación, procesamiento, presentación y difusión de la información catastral.
c) Aprobar las normas técnicas requeridas para la estandarización e integración de la
información catastral para su vinculación con el RdP, de manera que sea posible
consolidar la información catastral debidamente articulada y estructurada.
d) Aprobar convenios o contratos con las entidades públicas del Gobierno Nacional,
Regional o Local, personas jurídicas o naturales y los Organismos de Cooperación
Técnica, Financiera u otros para la formulación de proyectos, mantenimiento y
publicidad de la información catastral.
e) Apoyar a los municipios para el cumplimiento de la normatividad del Sistema
Nacional Integrado de Información Catastral Predial.
f) Delegar en la Secretaria Técnica u otros miembros del CNC, las funciones que
estime conveniente.
g) Establecer los estándares y especificaciones técnicas, para la generación
actualización y mantenimiento de la Información Catastral de predios, así como
establecer el sistema informático destinado a integrar la información catastral de las
entidades públicas integrantes del Sistema.
h) Aprobar el Sistema Informático destinado a integrar la información catastral de las
entidades públicas integrantes del SNCP.i) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines con arreglo a Ley
así como las funciones específicas que este Reglamento contempla.
Artículo 8.- Sesiones del CNC
Los integrantes del CNC se reúnen en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las
sesiones ordinarias se realizan una vez al mes y son convocadas por el presidente del
CNC.
Las sesiones extraordinarias se realizan cuando el presidente del CNC las convoque o
cuando lo requieran cinco (5) o más de sus miembros.
El quórum para las sesiones ordinarias o extraordinarias es de cinco (5) o más de sus
miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros asistentes.
En caso de empate el presidente tiene voto dirimente. Las sesiones son registradas en
un Libro de Actas, el mismo que estará a cargo de la Secretaría Técnica.
Cuando el CNC lo requiera podrá convocar a sus sesiones, a personas naturales,
representantes de entidades públicas o privadas, así como consultores especializados.
Artículo 9.- Representación de los integrantes del CNC
Los integrantes del CNC, a excepción del Presidente, podrán nombrar representantes
para las sesiones ordinarias o extraordinarias. La representación debe constar por
escrito.
CAPÍTULO II
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
Artículo 10.- Secretaria Técnica
Es el órgano responsable de cumplir y monitorear la aplicación de las políticas, normas
y estándares del SNCP aprobados por el CNC. La Secretaría Técnica está facultada
para coordinar, asesorar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas a la
generación y administración de la información catastral de los predios y su vinculación
al RdP a efectos que se cumpla con los procedimientos de estandarización y
normalización de los procesos técnicos de levantamiento catastral.
Las funciones de la Secretaría Técnica, de conformidad con el artículo 10 de la Ley
son las siguientes:
a. Elaborar, en coordinación con las entidades que conforman el Consejo Nacional de
Catastro, el Plan Nacional de Catastro, el mismo que debe contener la política
nacional del Sistema, considerando las características de apertura, desconcentración,
dinamismo, normalización, estandarización de procedimientos de gestión y seguridad
jurídica.
b. Ejecutar, en coordinación con las entidades que conforman el CNC, las actividades
de supervisión, evaluación y normativa de los procesos catastrales contenidos en el
Plan. Para este efecto, cada entidad miembro del CNC, designará uno o más
especialistas.
c. Convocar las sesiones de las Comisiones Consultivas en las zonas catastrales del ámbito nacional.
d. Otras que le fueran asignadas por el CNC de acuerdo a ley, así como las funciones
específicas que este Reglamento contempla.
CAPÍTULO III
DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS
Artículo 11.- Funciones de las Comisiones Consultivas
Son órganos no permanentes de asesoramiento del SNCP, convocados para emitir
opinión respecto a temas que involucran a un área geográfica determinada. Las
Comisiones Consultivas se conformarán por los representantes de los Gobiernos
Locales y por otras instituciones públicas o privadas, las cuales se encargarán de
transmitir información relevante para la toma de decisiones.
Artículo 12.- Sesiones
Las Comisiones Consultivas sesionan a solicitud del CNC y de la Secretaría Técnica.
En la convocatoria se indicará la agenda a tratar y los invitados a la sesión.
Las opiniones de los miembros serán recogidas en un libro de actas que estará a
cargo de la Secretaría Técnica.
TÍTULO III
DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL
CAPÍTULO I
DEL PREDIO
Artículo 13.- Clasificación de los predios
Para los efectos de la Ley y el presente Reglamento, los predios se clasifican en
urbanos y rurales de acuerdo a lo siguiente:
a) Se consideran como predios urbanos a los predios habilitados para dicho fin y todos
los demás predios considerados como conformantes del área urbana según lo
establecido en el Plan de Acondicionamiento Territorial aprobado por la Municipalidad
respectiva.
b) Se considerarán como predios rurales aquellos predios ubicados fuera de la zona
urbana calificada como tal en los planes de acondicionamiento territorial aprobados
por la Municipalidad respectiva.
Artículo 14.- Edificaciones
A efectos de la generación de la información catastral, se considerarán edificaciones, a
todas las obras de carácter permanente, fijadas al suelo, independientemente de que
se encuentren sobre o bajo la superficie del suelo.
La naturaleza de la edificación coincidirá con la categorización del suelo en la que se
encuentre edificada. De existir una edificación incompatible con la naturaleza del suelo, se consignará dicha circunstancia al momento de efectuarse el levantamiento
catastral.
Artículo 15.- Reglas para la Asignación del CUC.
A cada predio se le asignará un CUC que lo identificará de forma única e inequívoca
dentro del territorio nacional.
En los casos de una edificación o conjunto de edificaciones que se encuentren sujetas
a los regímenes de propiedad exclusiva y propiedad común o de independización y copropiedad a que aluden la Ley Nº 27157 y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2000-MTC, se asignará un CUC a cada sección de propiedad
exclusiva y los bienes comunes quedarán en la partida matriz del predio, identificados
con el CUC de dicha matriz.
En los casos en que se haya constituido derecho de superficie sobre el subsuelo o
sobre suelo de un predio, se asignará un CUC a la superficie y otro a la edificación
existente.
CAPÍTULO II
TITULARIDAD CATASTRAL
Artículo 16.- Titular Catastral
Por regla general se considerará como tal a quien ostente el derecho de propiedad.
Sin embargo, en los casos en que no sea posible identificar al propietario, podrá
figurar como titular catastral el poseedor del predio, indicando con qué calidad ejerce
la posesión.
En el caso de existir un régimen de cotitularidad, se debe indicar expresamente el
porcentaje de participación de cada uno de los cotitulares catastrales.
Artículo 17.- Titularidad Indefinida
Cuando no sea posible identificar al titular catastral, se aplicarán en el levantamiento
catastral las siguientes calificaciones:
a) Titular Catastral Desconocido: Cuando no sea posible identificar al titular catastral
del predio, sea propietario o poseedor.
En los casos en que no es posible identificar al titular catastral, se consignará este
hecho en el levantamiento catastral.
b)Titularidad en Litigio: Cuando sobre un mismo predio o parte de él, estén litigando
dos o más personas, respecto de la calidad de propietario exclusivo. Resuelto el litigio
se modificará la calificación de la titularidad del predio consignándose al titular
catastral.
Artículo 18.- Datos del Titular Catastral
La información que se debe recabar en el levantamiento catastral, relativa a cada
titular catastral es la siguiente:
a) Apellidos y nombres o razón social,b) Documento de identidad o RUC,
c) Domicilio fiscal,
d) Otras que el CNC apruebe mediante Directiva.
CAPÍTULO III
CÓDIGO ÚNICO CATASTRAL
Artículo 19.- Estructura y características
El CUC está compuesto por doce dígitos distribuidos de la siguiente manera:
a) Los primeros ocho (8) dígitos corresponden al rango por distrito, asignado por
directivas del CNC, en orden secuencial.
b) Los últimos cuatro (4) dígitos, serán asignados a las secciones de propiedad
exclusiva en los casos de edificaciones sujetas a los regímenes en la Ley Nº 27157,
de forma correlativa, del 0001 al 9999.
Artículo 20.- Generación de Rangos
La Secretaría Técnica, de acuerdo al Plan Nacional de Catastro y en coordinación con
el INEI, asignará a cada Entidad Generadora de Catastro un grupo de números, para
futuros CUC, distribuidos dentro de un rango, para que éstas, de acuerdo con el
artículo anterior, procedan a la asignación de los mismos a todos los predios que
catastren.
Los criterios a seguir en el establecimiento de los rangos serán:
a) Número de predios,
b) Índice poblacional,
c) Volumen de edificaciones proyectadas,
d) Extensión del ámbito territorial de la municipalidad respectiva,
e) Estimación de la dinámica inmobiliaria, y
f) Otros que apruebe el CNC mediante Directiva, en función de las características
propias del distrito y de sus perspectivas de futuro.
Artículo 21.- Asignación del CUC en Zonas Catastradas
El CUC es asignado por las Entidades Generadoras de Catastro, a todos los predios
ubicados en Zonas Catastradas.
En caso que la superficie de un predio, se ubique en la jurisdicción de mas de un
distrito, el CUC será asignado por el Municipio donde se ubique la mayor extensión del
predio.
En el caso de las Comunidades Campesinas y Nativas, los CUC serán asignados por el Municipio en cuya jurisdicción se ubique la sede de la Comunidad.
Artículo 22.- Asignación de CUC en Zonas no Catastradas
Los titulares catastrales de predios ubicados en Zona no Catastrada, podrán contratar
los servicios de un Verificador Catastral, quien levantará la información catastral y
gestionará la asignación del CUC ante la entidad generadora de catastro
correspondiente.
La Entidad Generadora de Catastro asignará el CUC, en un plazo que no podrá
exceder de 40 días hábiles de presentada la solicitud, vencido dicho plazo el titular
catastral podrá solicitar su asignación al SNCP.
La solicitud de asignación del CUC deberá estar acompañada con el plano
referenciado al Sistema de Referencia Geodésica Oficial, elaborado por el Verificador
Catastral y conforme a las especificaciones técnicas aprobadas mediante Directiva del
CNC. Dicho plano debe identificar a los colindantes. Se adjuntará también a la solicitud
toda aquella información y documentación que permita acreditar el derecho de
propiedad sobre el predio.
Artículo 23.- Responsabilidades del Verificador Catastral
Los verificadores deben firmar los planos, la Ficha Única Catastral, ésta última cuando
corresponda, y demás documentos que forman parte de los expedientes técnicos.
La responsabilidad del verificador se extiende a los procedimientos de levantamiento
catastral.
Artículo 24.- Inscripción del CUC en el Registro de Predios:
Tratándose de predios inscritos ya sea en zonas catastradas y en zonas no
catastradas, cuya información catastral y registral no presenten discrepancias, se
procederá con la inscripción del CUC en la partida registral del predio.
De existir discrepancia, la SUNARP iniciará el procedimiento de saneamiento catastral
y registral regulado en el Título VI del presente Reglamento.
En caso de los predios no inscritos, el CUC se inscribirá conjuntamente con la
inmatriculación del predio.
Artículo 25.- Asignación del CUC en caso de fraccionamiento de un predio
Si un predio con CUC, asignado es fraccionado, se le asignará a cada una de las
fracciones resultantes un nuevo CUC cancelándose el CUC del predio matriz, el que
quedará como archivo histórico, salvo que se trate de la independización de unidades
inmobiliarias de propiedad exclusiva conformantes de una edificación, caso en el cual
el CUC del predio matriz se conservará para identificar dicho matriz.
Artículo 26.- Asignación de CUC en el caso de acumulación de predios
Si dos o más predios con CUC asignado se acumulan, se le asignará un CUC al nuevo
predio resultante. Los CUC anteriores se cancelarán y se conservan como
antecedente histórico y no podrá usarse nuevamente.
Artículo 27.- Documento que da mérito a la inscripción y costo del CUCEl Registro de Predios inscribe el CUC, con la presentación de la Hoja Informativa
Catastral y la documentación requerida por las demás normas registrales
correspondientes.
Cuando la inscripción la solicite una entidad pública, en el marco de un programa de
titulación, bastará para su inscripción acompañar el plano catastral y su respectiva
base de datos en que se consignará el CUC asignado. Las características de los
planos y la estructura de la base de datos serán reguladas mediante directiva
expedida por el CNC.
En el caso de que la inscripción sea solicitada por una Comunidad Campesina o
Nativa, bastará recaudar a la solicitud el Plano de Conjunto o Plano de Demarcación
de su territorio, respectivamente.
En los dos últimos casos, se acompañará también a la solicitud la respectiva base de
datos, en medios magnéticos.
Artículo 28.- Revisión y Rectificación del CUC
En caso que la Entidad Generadora de Catastro detecte algún error en la asignación
del CUC, lo rectificará de oficio, luego de lo cual deberá comunicarlo al titular catastral,
al RdP y a la Secretaría Técnica.
Si la Secretaría Técnica detecta algún error en la asignación del CUC, lo comunicará a
la Entidad Generadora de Catastro a fin que subsane el error. Subsanado el error, la
Entidad Generadora de Catastro procederá de acuerdo a lo señalado en el párrafo
anterior.
En ambos casos la rectificación será comunicada al titular catastral.
Artículo 29.- Obligación de Consignar el CUC
Una vez asignado el CUC, será obligatorio consignarlo en todos los documentos
relativos al predio.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los Notarios y las Entidades
Generadoras de Catastro deberán informar y exigir a los usuarios de sus servicios la
obligación de incluir el CUC.
CAPÍTULO IV
CARTOGRAFÍA CATASTRAL
Artículo 30.- Actividades y procesos que comprende la Cartografía Catastral
La cartografía catastral es fundamental para correlacionar la superficie del predio con
el registro de inmuebles y comprende las actividades y procesos relacionados con la
geodesia, fotogrametría, teledetección, topografía y sistemas de información
geográfica que permiten obtener la representación gráfica del territorio. Estas
actividades y procesos se encuentran sujetas a la normativa del IGN y están
enumerados dentro del Marco Geodésico de Referencia, Sistema de Proyección,
nomenclatura cartográfica y toponimia oficial aprobadas por el IGN.
A partir de la cartografía catastral es posible localizar el predio sobre el territorio nacional, obtener la información planialtimétrica de la topografía del predio, y
determinar el área y perímetro, respectivo.
Artículo 31.- Clases de Cartografía Catastral
La Cartografía Catastral puede ser Derivada o Temática.
Es Derivada, cuando se forma por procesos de adición o generalización de la
información topográfica contenida en la cartografía básica preexistente. Este tipo de
cartografía está sujeta a la norma cartográfica básica, complementada con simbología
específica, con lo que se garantiza la fidelidad de la información.
Es Temática, cuando se desarrolla teniendo como soporte la cartografía básica o
derivada, destacando aspectos descriptivos y ponderativos concretos de la
información adicional específica.
Artículo 32.- Producción de Cartografía Básica y Series Cartográficas Catastrales
La producción de la Cartografía Básica es continua, homogénea y articulada, de
acuerdo a las series de escalas que se determinarán mediante directiva aprobada por
el CNC.
Los contenidos mínimos de las series cartográficas urbanas y rurales, así como la
estandarización y el formato de las mismas serán desarrolladas, complementadas o
modificadas, mediante Directivas aprobadas por el CNC.
Los formatos de las series cartográficas serán validados por el IGN.
CAPÍTULO V
BASES DE DATOS CATASTRALES - BDC
Artículo 33.- Administración de la BDC
La información de las BDC es acopiada, integrada, custodiada y difundida por la
Secretaría Técnica y gestionada por un Sistema de Información Geográfica - SIG.
Artículo 34.- Contenido de las BDC
Las BDC estarán compuestas por toda la documentación, actual o antigua, que
describa al predio.
Los datos alfanuméricos imprescindibles con que deberá contar la BDC son los
siguientes:
a) Código Único Catastral.
b) Código de Referencia Catastral.
c) Número de partida registral, cuando se trate de predios registrados.
d) Nombre, tipo y número de documento de identidad y domicilio fiscal del titular
catastral si es persona natural.
e) Razón social, número del registro único de contribuyente y domicilio fiscal del titular catastral si es persona jurídica.
f) Forma de adquisición del derecho de propiedad del titular catastral sobre el predio.
g) Dirección del predio, para el caso de predios urbanos.
h) Nombre y Ubicación geográfica para el caso de predios rurales.
i) Fecha del levantamiento catastral.
j) Área, linderos y medidas perimétricas del predio.
k) Uso del predio.
I) Valor catastral referencial del predio
m) Cualquier otra información que los entes generadores de catastro estimen
conveniente.
Los datos gráficos que deberá contener la BDC constituyen una representación o
modelo de la realidad territorial, contienen información sobre posición, atributos
descriptivos, relaciones espaciales y tipo de entidades geográficas, las cuales son
representadas mediante el uso de puntos, líneas, polígonos, volúmenes o también por
medio de celdas.
El valor catastral es determinado para cada predio. Está constituido por el valor
arancelario del suelo, al que habrá que añadir el de las edificaciones u otras mejoras,
si las hubiere, según lo establecido por el Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA,
para cuyo efecto el CNC podrá celebrar convenios de cooperación interinstitucional
con dicha entidad.
Artículo 35.- Diseño y Estructura del BDC
Mediante Directiva del CNC se establecerá el diseño y la estructura de la BDC, el cual
podrá incluir datos complementarios no considerados en el artículo anterior.
Artículo 36.- Información Complementaria de la BDC
Sin perjuicio de lo establecido en los dos artículos anteriores, cada Entidad
Generadora de Catastro podrá incorporar, como anexo en su caso y dentro de sus
competencias, aquella otra información que considere conveniente a sus intereses.
CAPÍTULO VI
ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL - BDC
Artículo 37.- Generación y Mantenimiento de la BDC
La generación, almacenamiento, mantenimiento y uso de la BDC se administrará con
la ayuda de un Sistema de información Geográfico - SIG.
Con objeto de facilitar el servicio a los usuarios, el CNC diseñará e implementará
mediante Directiva, aplicaciones que permitan diferentes niveles de acceso a la BDC,
mediante consultas vía telemática.Artículo 38.- Acceso a la Información de la BDC
La BDC está al servicio de los organismos de la Administración Pública y Empresas
prestadoras de servicios públicos en el ámbito de sus respectivas funciones y
competencias. Esta información está también a disposición de las personas naturales
o jurídicas privadas que la requieran, dentro de los límites que establece la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley Nº 27806.
El acceso a la BDC se encuentra sujeto al pago de los derechos que fije el CNC
mediante Directiva, la misma que establecerá la forma de distribución de los ingresos,
en aplicación de lo dispuesto en la Ley y se incorporará en el TUPA de cada entidad
que integran el SNCR Las entidades que integran el CNC, así como las Entidades
Generadoras de Catastro que hayan ingresado su información a la BDC, accederán
gratuitamente a la información.
Artículo 39.- Documentos a través de los cuales se brinda la información
Las Entidades Generadoras de Catastro y la Secretaría Técnica reciben las solicitudes
de acceso a la BDC.
La información se brindará a través de la Hoja Informativa Catastral y/o con la emisión
del Certificado Catastral, documentos que se expedirán en soporte papel o en formato
digital. El CNC aprobará, mediante Directiva el modelo de formato para cada tipo de
documento.
La tasa y el plazo para la expedición de la Hoja Informativa Catastral y el Certificado
Catastral será fijada en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de
cada Entidad Generadora de Catastro y de la SUNARP, según corresponda.
Artículo 40.- Datos que contiene la Hoja Informativa Catastral
La Hoja informativa Catastral no tiene valor jurídico, y contendrá la siguiente
información:
a. Número, fecha y hora de expedición
b. CUC del predio.
c. Nombre y Código de Referencia Catastral de la Entidad Generadora de Catastro
que la emite.
d. Nombre del titular catastral.
e. Naturaleza del predio (urbano o rural)
f. Dirección del predio, para el caso de predios urbanos.
g. Ubicación geográfica para el caso de predios rurales.
h. Área, linderos y medidas perimétricas del predio. Si es urbano en metros cuadrados
con dos decimales, y si es rural en hectáreas con cuatro decimales.
i. Datum horizontal.
j. Datum verticalk. Proyección Cartográfica
I. Zona UTM
m. Fecha que se efectuó el levantamiento catastral.
La hoja irá acompañada de un plano de ubicación del predio.
Artículo 41.- Información que contiene el Certificado Catastral
El Certificado Catastral contendrá, además de toda la información que contiene la Hoja
Informativa Catastral, la siguiente:
a) Número de partida registral
b) Área, linderos y medidas perimétricas registrales.
c) Cargas y gravámenes vigentes sobre el predio.
d) Nombre y firma del funcionario responsable de la expedición.
El Certificado Catastral irá acompañado de un plano perimétrico del predio a escala
adecuada.
En el caso de cotitularidades se incluirán los datos que identifican a todos los
cotitulares, con sus respectivos porcentajes.
Complementariamente, a solicitud de parte, se expedirá información adicional como la
siguiente:
1. Linderos: titulares y superficies de todos los predios que limitan con el que es objeto
de certificación.
2. Usos urbanos y/o rústicos con o sin expresión de los valores catastrales asignados.
3. Información disponible en la Base de Datos catastral.
El CNC emitirá a través de una Directiva el modelo de formato para este tipo de
documento.
Artículo 42.- Valor del Certificado Catastral
El Certificado Catastral es un documento oficial que acredite lo que literalmente
aparece en la BDC respecto a la identificación y titularidad de un predio.
Carece de valor el certificado catastral que:
a) No cuente con la firma del funcionario autorizado.
b) Tenga enmendaduras, borrones, tachas u otras alteraciones.
TÍTULO IV
DE LA GENERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL CAPÍTULO I
GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL
Artículo 43.- Procedimiento para la generación de la información catastral
La generación de la información catastral se desarrollará de la siguiente manera:
a) Evaluación de la información catastral existente.
Para la ejecución del catastro se utilizarán y aprovecharán en cuanto sea posible y
convenga, la información catastral de todos los levantamientos efectuados con
anterioridad, previa validación por la Entidad Generadora de Catastro.
b) Levantamiento de la información gráfica y alfanumérica.
- Control Geodésico
Para cada zona catastral se establecerán como mínimo, tres puntos de control
geodésico debidamente enlazados a la red geodésica nacional de uso oficial, las
mismas que serán validadas por el Instituto Geográfico Nacional.
- Elaboración de la Cartográfica Catastral
Para la elaboración de la cartográfica catastral se utilizará los métodos directo o
indirecto según las especificaciones técnicas que serán aprobadas mediante directivas
por el CNC.
- Codificación y numeración
Se codificarán los sectores, manzanas, lotes, vías y otros elementos existentes en la
zona catastral conforme a las directivas que serán aprobadas por el CNC.
- Linderación y Empadronamiento
Para efectuar esta actividad se comunicará a los titulares catastrales de los predios,
por los medios de comunicación adecuados, y mediante difusión personalizada con la
entrega de un comunicado escrito, con la finalidad de contar con su presencia, o la de
su representante, a fin de entrevistarse con el técnico catastral. El técnico catastral
señalará en la cartografía catastral los puntos y líneas limítrofes de los predios, y
efectuará el llenado de la Ficha Única Catastral. Las fichas serán validadas por el
verificador catastral que la suscribe.
- Procesamiento de la información
El procesamiento de la información levantada en campo se realizará utilizando el
Sistema Informático que implemente el CNC, cuyo modelo de datos será aprobado
mediante directiva.
c) Asignación del CUC
Concluido el ingreso de la información a la BDC del SNCP, la Entidad Generadora de
Catastro asignará automática los CUC, los cuales serán enviados por medios
informáticos a la Secretaría Técnica para su validación e inscripción en el RdP.d) Exposición Pública de la información Catastral
Concluido el proceso de levantamiento de información, la entidad generadora de
catastro realizará la publicación del plano catastral y el reporte de titulares catastrales,
en el local de cada Municipalidad y otros puntos que faciliten el acceso de la población
a dicha información catastral. Esta publicación se efectuará por un plazo de veinte (20)
días calendario. Concluido el plazo, la entidad generadora de catastro declarará el
ámbito geográfico como Zona Catastrada, comunicando al CNC dicha circunstancia,
remitiendo toda la información catastral.
De presentarse observaciones, éstas serán evaluadas por la entidad generadora de
catastro, quien determinará la necesidad de realizar o no correcciones.
e) Vinculación del Catastro con el Registro de Predios.
Para establecer la vinculación de la información catastral con el RdP, se procederá de
la siguiente manera:
- Reconstrucción gráfica de los predios inscritos en el RdP, tomando como referencia
la información registral.
- Vinculación de la Información Catastral con la Información Registral utilizando el CUC
como código de enlace el cual se inscribirá en las partidas registrales de los predios.
- De presentarse discrepancias entre la información catastral y registral se anotará en
la partida registral del predio dicha circunstancia, aplicándose el procedimiento de
Saneamiento Catastral y Registral regulado en el Título VI del presente reglamento.
El presente artículo podrá ser complementado mediante Directivas emitidas por el
CNC.
Artículo 44.- Ficha Única Catastral
Las fichas catastrales son estandarizadas y aprobadas por el CNC a través de
directivas. Las Entidades Generadoras de Catastro podrán, a su criterio, agregar como
anexos a la ficha, otros contenidos de acuerdo a sus necesidades.
CAPÍTULO II
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL
Artículo 45.- Obligatoriedad del Mantenimiento de la Información Catastral
En el caso de que se haya efectuado cualquier alteración del predio que modifique las
características catastrales que se encuentran registradas en la BDC, las entidades
generadoras de catastro de oficio efectuarán la actualización de la información
catastral; asimismo, los titulares catastrales, notarios, ingenieros, arquitectos y las
entidades públicas o privadas, deberán ponerla en conocimiento a la Entidad
Generadora de Catastro y ésta comunicará al SNCP.
Artículo 46.- Tipos de Alteraciones al predio que se reputan como modificaciones de
características catastrales
Se consideran alteraciones que modifican las características catastrales de los predios las siguientes:
a) Físicas: Cuando se producen variaciones en el predio en cuanto a su ubicación,
usos, extensión superficial, linderos, medidas perimétricas, edificaciones o mejoras.
b) Jurídicas: Cuando se transfiere la propiedad de la totalidad o parte del predio o de
las cuotas de participación, así como cuando se han impuesto limitaciones al dominio
o la constitución, modificación o extinción de cargas o gravámenes.
c) Económicas: Cuando se produce la modificación de las variables en base a las
cuales se estima el valor catastral.
Artículo 47.- Comunicación de la Alteración
Si el titular catastral es una persona natural o jurídica, la alteración deberá
comunicarse a la Entidad Generadora de Catastro utilizando los formularios impresos
o virtuales que apruebe el CNC mediante directiva.
Si el titular catastral es una entidad pública, la comunicación deberá efectuarse al
SNCP.
El CNC mediante directiva aprobará los procedimientos de comunicación para cada
caso.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, las entidades públicas comunicarán de oficio
alteraciones de predios de propiedad privada, cuando hayan intervenido en los casos
siguientes:
a) Los cambios de uso del predio.
b) Las modificaciones derivadas del replanteo definitivo de los límites distritales.
c) Las modificaciones por aprobación de nuevos valores arancelarios de terrenos o
índices de precios de la construcción.
d) Las derivadas de procesos expropiatorios o acontecimientos naturales.
Artículo 48.- Plazo para comunicar la alteración
La comunicación de la alteración deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días
calendario, prorrogables por un plazo igual si se demuestra documentalmente la
imposibilidad material de comunicar en el plazo original.
TÍTULO V
INTERCONEXIONES CON EL SNCP Y EL REGISTRO DE PREDIOS
CAPÍTULO I
VINCULACIÓN DE LOS NOTARIOS CON EL REGISTRO DE PREDIOS
Artículo 49.- Presentación de Título por Medios Telemáticos
Los Notarios podrán presentar al RdP títulos que constan en escrituras públicas,
formularios registrales u otros instrumentos inscribibles, por medios telemáticos y con la garantía de la firma digital, en aplicación del artículo 19 de la Ley.
Para efectos de la calificación registral, los instrumentos notariales y los demás
documentos complementarios, sean gráficos o escritos presentados a través de la vía
telemática, tienen el mismo valor que si fuesen remitidos en soporte papel. En los
casos previstos en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, el
Registrador solicitará el informe técnico del Área de Catastro.
Una vez presentado el título por medios telemáticos, todo el procedimiento registral se
desarrollará por esta única vía.
Los Notarios podrán anexar a la solicitud de inscripción un proyecto de asiento
registral, de acuerdo al formato que será aprobado mediante resolución de la
SUNARP.
Inscrito el acto, se remitirá por medio telemático al Área de Catastro de la SUNARP, la
información técnica que dio mérito a la inscripción respectiva para la actualización de
la base catastral del RdP y de la BDC del SNCP.
Artículo 50.- Procedimiento para la interconexión
Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, las Oficinas de los Notarios se
interconectarán con el Registro de Predios siguiendo el procedimiento que apruebe la
SUNARP mediante resolución.
Artículo 51.- Oficinas con Capacidad Técnica de Interconexión.
Los Colegios de Notarios del Perú y la SUNARP determinarán, de manera conjunta,
las Oficinas Registrales y Notariales que cumplen las condiciones técnicas y de
seguridad necesarias para la presentación de títulos por medios telemáticos, que
garanticen la inalterabilidad, integridad e incorporación a archivos magnéticos de la
información que se transmita, así como su envío seguro y rápido.
Una vez determinadas las Oficinas a que se refiere el párrafo precedente, la SUNARP
publicará esta información por una sola vez en el Diario Oficial El Peruano, y de
manera permanente en su página web, precisando la fecha a partir de la cual entrará
en funcionamiento la presentación de títulos por medios telemáticos.
Artículo 52.- Verificación de la Titularidad Registral e Información a los Interesados y al
Registro de Predios.
De conformidad con el artículo 20 de la Ley, para la formalización de actos en los que
se transfiera propiedad predial, el Notario verificará si el transferente es quien figura
como titular registral del predio objeto del acto jurídico.
Esta verificación, se realizará teniendo a la vista la publicidad registral físicamente
emitida por la Zona Registral competente, o haciendo la revisión respectiva vía
interconexión con el Registro Público.
Si la parte transferente no es el titular registral, el Notario anotará dicho hecho en la
conclusión del formulario, o escritura pública, dejando constancia igualmente del
conocimiento de las partes acerca de este hecho. En la anotación constará el tipo de
verificación efectuada, y la fecha de emisión de la publicidad registral que dio lugar a la
misma, en su caso.Si la verificación no se pudiera efectuar, también se dejará constancia de este hecho
en la conclusión de la Escritura Pública o Formulario Registral, explicando el motivo.
En el caso que en el instrumento las partes contratantes indiquen que se trate de un
predio no inmatriculado, no será exigible la acreditación de titularidad registral,
dejándose constancia, igualmente de dicha circunstancia.
El Notario no asume responsabilidad por el hecho de haber formalizado el instrumento
notarial, sin que se haya podido acreditar la titularidad registral de quien transfiere la
propiedad del predio.
Artículo 53.- Exigibilidad
La verificación del titular registral del predio, a través de la interconexión, será exigible
conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del presente Reglamento, en concordancia
con lo previsto en la Segunda Disposición Transitoria de la Ley.
Artículo 54.- Normas Complementarias para la presentación telemática y verificación
de titularidad.
Mediante resolución expedida por la SUNARP, se establecerán las normas
complementarias para la implementación de lo dispuesto en este título.
CAPÍTULO II
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DEL CUC Y ANOTACIÓN PREVENTIVA
Artículo 55.- De la exigencia de inscribir el CUC
La exigencia de inscribir el CUC, a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 de la
ley, se sujeta a las siguientes prescripciones:
a. Sólo será aplicable para los predios ubicados en zonas catastradas e inscritos en el
Registro de Predios.
b. La exigencia de la inscripción del CUC respecto de un predio catastrado se
formulará por única vez, salvo los supuestos en que dicho CUC es cancelado o
modificado conforme a las disposiciones del presente Reglamento.
Sólo se exigirá la inscripción del CUC acompañado de los planos debidamente
georeferenciados, cuando se solicite la inscripción de un acto o derecho que conforme
a lo dispuesto por el artículo 9 y la Sétima Disposición Transitoria del Reglamento de
Inscripciones del Registro de Predios se requiera del previo informe técnico de la
respectiva Área de Catastro.
No se exigirá la inscripción del CUC en el supuesto previsto en la Primera Disposición
Transitoria de la Ley.Artículo 56.- Anotación preventiva de duración indefinida
La anotación preventiva de duración indefinida, a que se refiere la primera parte del
artículo 21 de la Ley, se extiende a solicitud del presentante, en los casos en que
conforme al artículo anterior resulte exigible la inscripción del CUC y no se haya
cumplido con presentar la documentación que permita tal inscripción.
El objeto de dicha anotación es el de reservar la prioridad y advertir la falta de respaldo
catastral para la información registral que se publicita.
Durante la vigencia de esta anotación no podrá inscribirse ni anotarse de manera
indefinida otro acto o derecho incompatible con el acto o derecho, materia de la
anotación preventiva de duración indefinida.
Artículo 57.- Oportunidad en la que procede la extensión de la anotación preventiva de
duración indefinida.
Se extenderá la anotación preventiva de duración indefinida siempre que habiéndose
solicitado la misma con la presentación del título respectivo o con el reingreso de dicho
título, el Registrador califique positivamente la inscripción del acto o derecho y el
solicitante cumpla con pagar los derechos registrales correspondientes.
Artículo 58.- De la conversión a inscripción de la anotación preventiva.
El Registrador que inscriba el CUC, deberá verificar en la partida respectiva, si se ha
extendido anotación preventiva de duración indefinida, en cuyo caso, de oficio y en la
misma fecha deberá inscribir el acto o derecho, materia de anotación.
Artículo 59.- Tasa por concepto de anotación preventiva indefinida.
El derecho registral por anotación preventiva indefinida a que se refiere el presente
Reglamento, será equivalente al de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente al 1
de enero de cada año calendario.
TÍTULO VI
SANEAMIENTO CATASTRAL Y REGISTRAL
Artículo 60.- Supuestos de Saneamiento Catastral y Registral
El saneamiento catastral y registral se aplica en los casos de predios inscritos en el
RdP, ubicados en Zonas Catastradas y en zonas no catastradas, en este último caso
cuando se hayan acogido a la Verificación Catastral, conforme a lo establecido en el
artículo 22 del presente reglamento, siempre que existan discrepancias entre la
información registral y catastral.
El saneamiento catastral y registral estará a cargo de la SUNARP, que podrá contar
con el apoyo técnico de las Entidades Generadoras de Catastro, a título oneroso y
previa suscripción de convenio. Las acciones de saneamiento deben tener en cuenta
la cartografía base oficial, así como la información literal y/o gráfica que obra en los
antecedentes registrales.
Artículo 61.- Del Convenio para el Saneamiento CatastralCorresponde a la SUNARP priorizar las acciones de saneamiento catastral, pudiendo,
para tal efecto, celebrar convenios con las Entidades Generadoras de Catastro.
Los convenios que para dicho efecto se suscriban, deben contener las obligaciones de
las partes, el plazo de ejecución, el presupuesto, así como la metodología y
procedimientos aplicables, entre otros aspectos, que las partes de común acuerdo
dispongan.
Artículo 62.- Procedimiento
De existir discrepancia entre la información registral y catastral el Registrador anota
preventivamente, en la partida registral del predio, el área, linderos y medidas
perimétricas que se consignan en el plano presentado y notifica a los titulares de los
predios colindantes.
La notificación se realiza mediante esquela en el predio y ordenará efectuar
publicaciones por una vez en el Diario Oficial El Peruano y otro de mayor circulación.
Los gastos de notificación correrán por cuenta del solicitante, previa liquidación de los
mismos que efectuará el Registrador.
Los titulares de los predios colindantes podrán formular oposición documentada en un
plazo no mayor de 30 días calendario contados desde la fecha de la última
publicación. De no formularse oposición, la anotación preventiva se convertirá en
inscripción definitiva, la que será puesta en conocimiento de la Dirección de Catastro
de la respectiva Oficina Registral, para los fines correspondientes.
En caso de oposición, la Gerencia Registral emitirá resolución pronunciándose sobre
la procedencia de la inscripción definitiva. Esta resolución puede ser impugnada y
resuelta en segunda y última instancia administrativa por el Tribunal Registral. Contra
lo resuelto por el Tribunal Registral, se podrá interponer la correspondiente acción
contenciosa - administrativa.
Artículo 63.- Saneamiento de los predios inscritos que no cuenten con base catastral
digital
Serán materia de saneamiento catastral y registral, los predios inscritos en el RdP que
no cuenten con base catastral digital. Este procedimiento se desarrolla de la siguiente
manera:
a) Diagnóstico Técnico-Legal
Comprende el estudio y análisis de la información gráfica y literal que obra en el RdP,
a fin de validar la información que resulte correcta o detectar posibles inexactitudes,
proponiendo en este último caso, el levantamiento catastral y las acciones de
saneamiento respectivas.
Dicho estudio se debe plasmar en un informe, el que contendrá:
a.1 Las características del predio, incluyéndose el área, linderos, medidas
perimétricas, colindancias, edificaciones y usos.
a.2 La existencia de superposiciones con otros predios.
b) Levantamiento CatastralLos predios inscritos en el RdP que luego del diagnóstico técnico legal presenten
inexactitudes entre la información gráfica y literal que aparece en dicho registro; o si se han detectado superposiciones con otros predios; deberán ser materia de
levantamiento catastral, el cual se efectuará con la participación del titular registral y
sus colindantes de ser necesario. El levantamiento catastral tiene por objeto corregir y
actualizar los datos relacionados al área, medidas perimétricas y colindancias del
predio.
En el levantamiento catastral intervienen el técnico y el verificador catastral.
c) Acciones de Saneamiento
1. En caso de superposiciones, que no afecten los derechos de los propietarios de los
predios colindantes, se procederá a la rectificación de las inexactitudes que se
presenten conforme al levantamiento catastral.
2. En los casos de superposiciones que afecten derechos de terceros, se procederá de
la forma siguiente:
I) Notificar las discrepancias a los propietarios de los predios materia de saneamiento
y efectuar, por única vez, una publicación en el Diario Oficial El Peruano y en un diario
de mayor circulación, citándolos a una reunión informativa, indicando para dicho
efecto, la fecha, hora y lugar del acto.
II) En la fecha y hora fijada en la notificación, se informará a los propietarios respecto
del problema de superposición detectado, a fin que las partes de común acuerdo
acepten intervenir en una audiencia conciliatoria. En caso una de las partes no acepte
llevar adelante la conciliación, o de no lograrse un acuerdo conciliatorio, se dejará
constancia en un acta y la controversia será resuelta por el Juzgado Especializado en
lo Civil, de acuerdo a la disposiciones aplicables al proceso de rectificación de área.
III) Realizada la audiencia de conciliación y en caso de existir acuerdo conciliatorio, se
extenderá un acta que deberán suscribir los intervinientes, cuidando de consignar la
información precisa sobre el área, linderos y medidas perimétricas materia del
acuerdo. Dicha acta, acompañada del CUC que emitirá la Entidad Generadora de
Catastro, es título suficiente para su inscripción en el RdP.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- El CNC aprueba las disposiciones complementarias que regulen los
requisitos técnicos, modos de conexión, el tratamiento de la documentación, la forma
de transmisión, contenido de la información y las condiciones que deberán cumplir los
certificados digitales a emplearse para la interconexión de las Entidades Generadoras
de Catastro y Notarías con el Registro de Predios. La SUNARP emitirá las normas
correspondientes en materia registral, técnica y administrativa que sean necesarias
para la aplicación del artículo 19 de la Ley.
Segunda.- La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos emitirá las
disposiciones complementarias que sean necesarias con relación a las anotaciones
preventivas a que se refiere el capítulo II del Título V del presente Reglamento.
Tercera.- Las entidades generadoras de catastro que no se adecuen con las
disposiciones establecidas en el presente Reglamento, no tendrán acceso a la BDC
del SNCP.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- El CNC aprueba las disposiciones complementarias que regulen los
requisitos técnicos, modos de conexión, el tratamiento de la documentación, la forma
de transmisión, contenido de la información y las condiciones que deberán cumplir los
certificados digitales a emplearse para la interconexión de las Entidades Generadoras
de Catastro y Notarías con el Registro de Predios. La SUNARP emitirá las normas
correspondientes en materia registral, técnica y administrativa que sean necesarias
para la aplicación del artículo 19 de la Ley.

Segunda.- La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos emitirá las
disposiciones complementarias que sean necesarias con relación a las anotaciones
preventivas a que se refiere el capítulo II del Título V del presente Reglamento.

Tercera.- Las entidades generadoras de catastro que no se adecuen con las
disposiciones establecidas en el presente Reglamento, no tendrán acceso a la BDC
del SNCP
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febrero 24, 2012

LEY Nº 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios

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LEY Nº 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios


LEY Nº 28294

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República
ha dado lala Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CATASTRO Y SU
VINCULACIÓN CON EL REGISTRO DE PREDIOS
CAPÍTULO I
OBJETIVOS Y CONCEPTOS GENERALES
Artículo 1.- Objeto de la Ley
Créase el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, con la finalidad
de regular la integración y unificación de los estándares, nomenclatura y procesos
técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro en el país.
El Sistema se vincula con el Registro de Predios creado por Ley Nº 27755, mediante la
información catastral.
Artículo 2.- Alcance y definición
La presente Ley es de aplicación a las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales.
El Sistema utiliza un conjunto de procesos y datos que unifican los catastros, el mismo
que tiene por finalidad integrar y estandarizar la información catastral y demás
características de los predios.
Artículo 3.- El Sistema
El Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial está conformado por:
a) La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP
b) Los Gobiernos Regionales.
c) Las Municipalidades Provinciales, Distritales y Metropolitana de Lima.
d) El Instituto Geográfico Nacional.
e) El Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero - INACC.
Artículo 4.- Características del Sistema
El Sistema se relaciona con el Registro de Predios a través de la información catastral.
Para este efecto, el Sistema uniformiza la generación, administración, mantenimiento y
actualización de la información catastral predial.
La información contenida en el Sistema es de acceso público, previo pago de los derechos correspondientes, y con las limitaciones establecidas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Las características del Sistema son:
a) Abierto.- Permite el intercambio de la información entre quienes la generan y
aquellos que la solicitan.
b) Desconcentrado.- Permite el acceso al mismo a través de las distintas entidades
públicas del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales.
c) Dinámico.- Es objeto de actualización permanente por los cambios físicos y legales
inherentes al predio.
d) Normalizado.- Permite la uniformidad en los procedimientos de gestión, obtención y
tratamiento de la información que genera.
e) Estandarizado.- Contiene estándares técnicos, informáticos, administrativos y
legales en los procesos y datos que conforman el Sistema.
f) Seguridad.- Otorga seguridad jurídica a los actos jurídicos referidos a predios y a sus
derechos.
CAPÍTULO II
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
Artículo 5.- Órganos del Sistema
Son órganos del Sistema: el Consejo Nacional de Catastro, la Secretaría Técnica y las
Comisiones Consultivas.
Artículo 6.- El Consejo Nacional de Catastro
El Consejo Nacional de Catastro es el órgano del Sistema encargado de aprobar su
política nacional y la referida a la integración catastral, así como de emitir las directivas
para su implementación, entre otras, de conformidad con la presente Ley y su
reglamento, así como las normas respecto a la ejecución de tales políticas.
Artículo 7.- Integrantes del Consejo Nacional
El Consejo Nacional de Catastro está integrado por:
a) El Superintendente Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, quien lo preside.
b) Un representante de los Gobiernos Regionales.
c) El Presidente de la Asociación de Municipalidades o su representante.
d) El Jefe Institucional del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero -
INACC o su representante.
e) El Jefe del Instituto Geográfico Nacional - IGN o su representante.
f) El Director Ejecutivo del Instituto Catastral de Lima - ICL o su representante.
El Presidente del Consejo Nacional ejerce la representación del mismo.
Artículo 8.- Funciones del Consejo Nacional de Catastro
Son funciones del Consejo Nacional de Catastro las siguientes:
a) Establecer la política nacional del Sistema y su vinculación al Registro de Predios a través del Plan Nacional de Catastro.
b) Aprobar las Directivas para el cumplimiento obligatorio de la ejecución de las
actividades de catastro de predios o derechos sobre éstos, incluyendo delegación de
facultades.
c) Determinar, de ser necesario, las zonas catastrales para el funcionamiento del
Sistema. El ámbito de aplicación de las zonas catastrales se precisará en el
reglamento de la presente Ley.
d) Aprobar las normas técnicas requeridas para la integración catastral y su
vinculación con el Registro de Predios.
e) Aprobar convenios o contratos con las entidades públicas del Gobierno Nacional,
Regional y local, personas jurídicas o naturales y los Organismos Internacionales de
Cooperación Técnica, Financiera u otros, para la formulación, actualización y
mantenimiento de la información catastral. Los contratos de carácter financiero que
originen operaciones sujetas a reembolso a plazos mayores a un año se rigen por las
normas de endeudamiento público.
f) Establecer los estándares y especificaciones técnicas para la formulación,
actualización y mantenimiento de la información catastral de predios o derechos sobre
éstos.
g) Establecer el sistema informático destinado a integrar la información catastral de las
entidades públicas integrantes del Sistema.
h) Delegar en la Secretaría Técnica las funciones que estime pertinentes.
i) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines con arreglo a la
presente Ley.
Artículo 9.- Secretaría Técnica
Desígnase a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP como
Secretaría Técnica del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial,
independientemente de sus funciones específicas de acuerdo a su ley de creación.
La Secretaría Técnica es dirigida por un Secretario, el cual es un funcionario
designado por la SUNARP.
Artículo 10.- Funciones de la Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica, para los fines del Sistema Nacional Integrado de Catastro, tiene
las siguientes funciones:
a) Proponer al Consejo Nacional la política nacional del Sistema y su vinculación con
el Registro de Predios y ejecutarla una vez aprobada.
b) Evaluar y supervisar las actividades relacionadas a la generación y administración
de la información catastral de predios, que ejecutan las entidades públicas que
integran el Sistema.
c) Proponer al Consejo Nacional las disposiciones administrativas para el
cumplimiento de las actividades de catastro de predios o derechos sobre éstos,
incluyendo delegación de facultades cuando lo considere conveniente.d) Proponer al Consejo Nacional estándares y especificaciones técnicas para la
formulación, actualización y mantenimiento de la información catastral de predios o
derechos sobre éstos.
e) Coordinar la vinculación de los entes oficiales involucrados en materia catastral con
el Registro de Predios.
f) Administrar el Sistema.
g) Proponer al Consejo Nacional el sistema informático a fin de integrar la información
catastral de las instituciones públicas conformantes del Sistema.
h) Otras que le fueran delegadas por el Consejo Nacional.
Artículo 11.- Responsabilidades de la Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica es el órgano responsable de cumplir y monitorear la aplicación
de las políticas, normas y estándares del Sistema, aprobados por el Consejo Nacional;
para lo cual coordina, asesora, supervisa y evalúa el tratamiento de las acciones del
catastro vinculadas al Registro de Predios a efectos de que éstas se realicen de
acuerdo a los procedimientos estandarizados.
Artículo 12.- Recursos económicos de la Secretaría Técnica
La Entidad que realice las funciones de Secretaría Técnica utiliza los recursos
aprobados en su Presupuesto Institucional y puede recibir recursos y/o donaciones de
Organismos Internacionales de Cooperación Técnica, Financiera u otros, y de
Organismos Multilaterales para este encargo específico, sin demandar bajo ningún
concepto fondos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 13.- Comisiones Consultivas
Cuando corresponda tratar o dilucidar temas que involucren un área geográfica
determinada, el Consejo Nacional o la Secretaría Técnica podrán convocar
Comisiones Consultivas, conformadas por los representantes de los Gobiernos
Locales involucrados y de otras instituciones afectas con el fin de que puedan
transmitir información relevante acerca de sus correspondientes ámbitos geográficos.
CAPÍTULO III
DEFINICIONES Y GENERACIÓN DEL CÓDIGO UNICO CATASTRAL
Artículo 14.- Conceptos Generales
Para efectos de la presente Ley, se entiende por:
1. Predios.- Es el bien inmueble a que se refiere el inciso 1) del artículo 885 del Código
Civil.
2. Sistema de Referencia Geodésica Oficial.- Es la red geodésica nacional elaborada
por el Instituto Geográfico Nacional - IGN, siendo ésta el marco de referencia de la
actividad de ordenamiento catastral, pública o privada, que se realiza en el país.
La elaboración de la cartografía se sujeta a las normas de la Cartografía Básica
Oficial, elaborada por el Instituto Geográfico Nacional y a las normas y estándares
técnicos que establece la presente Ley y su reglamento.
3. Código Único Catastral.- Es la identificación alfanumérica de predios. El Registro de
Predios inscribe el Código Único Catastral.En los casos de los regímenes de propiedad exclusiva y propiedad común, se asigna a
cada una de las unidades de propiedad exclusiva un Código Único Catastral.
El reglamento de la presente Ley define las características del Código Único Catastral
a ser asignado, el mismo que será elaborado en coordinación con el Instituto Nacional
de Estadística e Informática - INEI y otorgado por las Municipalidades Distritales a
nivel nacional.
4. Catastro de predios.- Es el inventario físico de los predios orientado a un uso
multipropósito, y se encuentra constituido por la suma de predios contiguos que
conforman el territorio de la República, a los cuales se les asigna un Código Único
Catastral con referencia al titular o titulares del derecho de propiedad del predio.
El catastro proporcionará a los usuarios información actualizada de todos los derechos
registrados sobre un predio, mediante su interconexión con el Registro de Predios.
El catastro comprende la información gráfica, con las coordenadas de los vértices de
los linderos de predios, en el Sistema de Referencia Geodésica Oficial en vigencia, y
un banco de datos alfanumérico con la información de los derechos registrados.
5. Certificado Catastral.- Es el documento con valor jurídico y efectos legales que
emite la entidad catastral competente a favor de cualquier persona que lo solicite.
La expedición del Certificado Catastral está sujeta al pago de los derechos
correspondientes, según tasa que se establecerá en el reglamento de la presente Ley,
con excepción de las que corresponda fijar a los Gobiernos Locales. Las Tasas se
fijarán atendiendo al criterio establecido en el artículo 45 de la Ley Nº 27444.
Artículo 15.- Generación del Código Único Catastral
15.1 Las Municipalidades son los organismos generadores de catastro, las que se
interconectan con el Registro de Predios enviándoles la información gráfica y
alfanumérica de cada predio para la inscripción del Código Único Catastral.
15.2 Las Municipalidades en uso de sus facultades, pueden encargar el levantamiento
catastral a otras entidades públicas, privadas, personas jurídicas o naturales de
acuerdo a los criterios técnicos que apruebe el Sistema.
15.3 Las Municipalidades otorgan el Código Único Catastral en aquellos casos en que
no se ha asignado por programas de titulación rural o urbana.
Artículo 16.- Otras formas de asignación del Código Único Catastral a los predios y
actualización del Catastro
Para asignar el Código Único Catastral a los predios y mantener actualizada la
información catastral de los mismos, son de aplicación las reglas siguientes:
a) Predio inscrito a nombre del solicitante, predios no inscritos, predio inscrito a
nombre de tercero, predios inscritos con superposición total o parcial o con
discrepancia entre los títulos y el levantamiento catastral.
En todos estos casos, la Municipalidad asigna el Código Único Catastral al predio y el
Registrador inscribe dicho Código en el asiento respectivo.
b) Predios en zona catastrada.En el caso de que el predio esté ubicado dentro de un sector que haya sido objeto de
levantamiento catastral municipal o a través de cualquier otra forma de georeferencia
con coordenadas oficiales y que se encuentre dicha información en el Registro de
Predios, el titular de un predio no requiere la presentación de planos con coordenadas
en el Sistema de Referencia Geodésica Oficial en vigencia.
Artículo 17.- Inscripción del Código Único Catastral de Predios objeto de Programas de
Titulación
El Registro de Predios verifica a través de la calificación registral, la asignación del
Código Único Catastral e inscribe aquellos predios titulados a través de Programas de
Titulación en el Registro de Predios, relacionando al predio con su titular y demás
derechos y cargas que pueden recaer sobre éste.
CAPÍTULO IV
VINCULACIÓN CON EL REGISTRO DE PREDIOS
Artículo 18.- Información catastral del Registro de Predios
18.1 El Registro de Predios contiene información que otorga fe pública registral y
garantía de seguridad jurídica a todos los titulares de los predios inscritos.
18.2 El Registro de Predios utiliza el Código Único Catastral para identificar el predio.
18.3 La información sobre predios en el Registro, está respaldada por la información
catastral.
Artículo 19.- Interconexión de las Oficinas de los Notarios
19.1 Los Notarios se interconectan con el Registro de Predios, de forma tal, que cada
acto jurídico sobre predios en el que intervenga el Notario, debe ser trasmitido con la
garantía de la firma digital del mismo a través de la interconexión permanente en
tiempo inmediato.
19.2 En las zonas en las que no exista capacidad técnica de interconexión, los
Notarios deben remitir la información correspondiente a través de otros medios al
Registro de Predios. El reglamento define dichas zonas, plazos y formas.
Artículo 20.- Verificación de que el Propietario Registral es el Propietario Civil
El Notario antes de intervenir en cualquier acto jurídico sobre predios, verifica en el
Registro de Predios a través de la interconexión u otros medios, que el titular de los
derechos transferidos es el mismo que figura en el Registro de Predios. Si no fuera el
mismo titular de los derechos transferidos, intervendrá igualmente en el acto y anotará
este hecho, del que informará al Registro de Predios y a los interesados.
Artículo 21.- Obligatoriedad del Registro
El Registro de Predios para proceder a inscribir definitivamente cualquier derecho,
debe exigir la inscripción del Código Único Catastral.
En caso de que el predio sobre el cual se solicite la inscripción del acto jurídico no
cuente con el Código Único Catastral, el Registro procederá a la anotación preventiva
del acto cuya inscripción se solicita, hasta que se presenten los planos debidamente
georeferenciados, con las coordenadas en el Sistema de Referencia Geodésica Oficial
vigente y el Código Único Catastral del predio.En tanto se presenten los planos y el Código Único Catastral a que se refiere el
párrafo anterior, se mantendrá vigente la anotación preventiva, que es aplicable a
todos los títulos que tengan defectos subsanables.
Artículo 22.- Interconexión de entidades que ejecutan Programas de Titulación
Las entidades públicas que ejecutan catastro de predios dentro de los Programas de
Titulación deben interconectarse con el Registro de Predios y transmitir la información
en tiempo inmediato, para la verificación e inscripción del Código Único Catastral.
Artículo 23.- Interconexión de otras dependencias del Estado, obligatoriedad del
Registro
23.1 Las entidades del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y Locales que
otorguen actos administrativos relativos a predios, sea adjudicación, habilitación
urbana, zonificación u otros actos que modifiquen, limiten, restrinjan o extingan
derechos sobre predios; deben estar interconectadas con el Registro de Predios y
transmitir, en tiempo inmediato a la dación del acto administrativo, la información
completa de dichos actos, para su correspondiente inscripción.
23.2 En las zonas en las que no exista capacidad técnica de interconexión, las
entidades deben remitir la información correspondiente a través de otros medios al
Registro de Predios. El reglamento define dichas zonas, plazos y formas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- No se asignará Código Único Catastral a aquellos predios que a la fecha
de entrada en vigencia de la presente Ley, sean materia de proceso judicial en trámite
respecto a la definición de áreas, linderos y medidas perimétricas, hasta que dichos
procesos hayan culminado.
SEGUNDA.- Las entidades públicas, sean del Gobierno Nacional, Regional o Local,
así como los Notarios, personas naturales o jurídicas, involucradas en la producción y
gestión catastral de predios, en actos jurídicos vinculados a derechos sobre predios y
derechos mineros o de cualquier naturaleza sobre éstos, deben interconectarse a la
Secretaría Técnica y al Registro de Predios en el plazo que se fijará en el reglamento
de esta Ley a efectos de que el Sistema funcione en forma integrada. En tanto se
produzca la interconexión en los plazos que fijará el reglamento, queda en suspenso la
aplicación de los artículos 20, 22 y 23 de la presente Ley.
TERCERA.- La Comisión de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI y el
Programa Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT formarán parte del
Sistema y tendrán representación en su Consejo Nacional, hasta su conclusión o
disolución de acuerdo a sus normas de creación.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- La exoneración del pago de tasas registrales, procederá únicamente de
acuerdo a lo dispuesto por la norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado
del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y de no
establecerse plazo expresamente, se estará al plazo señalado en la norma Vll del
Título Preliminar del mismo Código.
SEGUNDA.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo no mayor de
ciento veinte (120) días hábiles, a partir de su publicación.CONCORDANCIA: R. N° 001-2004-CNC (Comisión elaboración proyecto de
reglamento)
TERCERA.- Deróganse y déjanse sin efecto todas las disposiciones legales que se
opongan a la presente Ley.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los veintiocho días del mes de junio de dos mil cuatro.
HENRY PEASE GARCÍA
Presidente del Congreso de la República
MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de julio del año dos
mil cuatro.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministro
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febrero 22, 2012

Marcha atrás en un aspecto de la norma de mediación

Categoría: 1MEDIACION EN ARGENTINA — gcornejo @ 07:59 — Visto: 206 veces
Marcha atrás en un aspecto de la norma de mediación



Viernes 17 de Febrero de 2012 | El legislador Cortalezzi confirmó que habrá cambios en la cláusula transitoria que los mediadores amenazaron con llevar a la Justicia.

Los honorarios de las mediaciones en trámite en la actualidad seguirán rigiéndose por el régimen del texto original de la Ley 7.844, que dispone que el Estado afrontará el pago de los emolumentos del mediador en aquellos casos donde estén en juego sumas menores a los $ 10.000. Esta es la última palabra del alperovichismo, que ayer habló por la boca de Armando Cortalezzi, legislador y vicepresidente primero de la Cámara.

El anuncio alivia -un poco- las tensiones que suscitó el proyecto de enmienda a la norma que estableció la mediación obligatoria previa a la iniciación de los juicios. Dicha iniciativa desvincula al Fondo de Financiamiento -constituido fundamentalmente con una asignación del presupuesto público- del pago de un honorario mínimo al mediador, haya o no acuerdo (esa suma fija asciende a los $ 1.500 sugeridos por los colegios de abogados de la Capital y del Sur para la consulta escrita).

Pero, además, la cláusula transitoria del proyecto con dictamen favorable de la comisión de Legislación General (presidida por la oficialista Carolina Vargas Aignasse) extiende los efectos de la reforma a los procedimientos de mediación en marcha, aspecto que afecta derechos adquiridos, según el Círculo de Mediadores Judiciales (asociación civil con personería en trámite) y el Colegio de Abogados de la Capital.

"Eso podría ser inconstitucional. Estrictamente vamos a sacar (el artículo transitorio) durante la sesión. No puede haber una ley retroactiva", explicitó Cortalezzi. A renglón seguido, adhirió a la tesitura del gobernador, José Alperovich, que afirma que el Estado no está en condiciones de hacerse cargo de solventar la mediación. "(En 2011) se gastó un poco más de $ 4 millones ($ 4,5 millones es la cifra oficial) y todavía hay una cantidad importante de pagos pendientes... Se seguirá brindando el servicio gratuitamente a todos aquellos que presenten una carta de pobreza. Disponga o no de recursos, la gente tiene asegurada la mediación", prometió el ex concejal.

El proyecto de reforma a la Ley 7.844 movilizó a los mediadores, que durante toda la semana repudiaron la iniciativa alperovichista. Como consecuencia de ello, la comisión de Legislación General morigeró los términos de la propuesta original al establecer que el Fondo de Financiamiento sufrague el honorario mínimo cuando se actúe con beneficio para litigar sin gastos y si, a posteriori de la primera audiencia, fallece una de las partes. Si la mediación se frustra por causas no imputables al mediador antes de la primera audiencia, el Fondo sólo reconocerá el 20% del honorario, suma que procura "cubrir" los gastos de mantenimiento de la infraestructura que la normativa exige al mediador.

Fuente: LA GACETA ARGENTINA
http://www.lagaceta.com.ar/nota/477510/Politica/Marcha-atras-aspecto-norma-mediacion.html
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febrero 17, 2012

TC rechazó pedido de padres para que Iglesia Católica excomulgue a su hijo

Categoría: DERECHO RELIGIOSO — gcornejo @ 03:35 — Visto: 277 veces
TC rechazó pedido de padres para que Iglesia Católica excomulgue a su hijo


El Tribunal Constitucional señaló que el menor, pese a haber sido bautizado, tiene plena libertad para ejercer su derecho de cambiar de religión o de creencias

Viernes 17 de febrero de 2012 - 11:34 am 3 comentarios

(Foto referencial/ Archivo El Comercio)
El Tribunal Constitucional rechazó el pedido interpuesto por los padres de familia de un menor de edad en contra del Obispado del Callao. Ellos solicitan que se le ordene excomulgar de la fe católica a su hijo y que la parroquia San Pablo de Bellavista expida la correspondiente partida de bautismo con la anotación de dicha excomunión.

Por medio de una nota de prensa, el TC precisó que el niño, pese a haber sido bautizado, tiene plena libertad para ejercer su derecho de cambiar de religión o de creencias, sin necesidad de formalizar su apartamiento de la Iglesia Católica.

El tribunal indicó también que los datos conservados en el libro de bautismo no hacen sino registrar ese hecho y no impide que el menor pueda tener otras creencias.

Por ello, el TC señaló que Ricardo Salas Soler y Lourdes García León no han acreditado la vulneración de la libertad religiosa de su hijo.

“La no formalización del abandono de la Iglesia Católica, a través de la correspondiente anotación en el libro de bautismo, no impide que el hijo de los recurrentes pueda ejercer su libertad religiosa y profesar la creencia religiosa que libremente elija o no profesar ninguna, sea al llegar a la mayoría de edad o incluso antes”, agregó la nota.

Fuente: EL COMERCIO PERU
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febrero 17, 2012

Renunció el presidente alemán acorralado por escándalo de corrupción

Categoría: CORRUPCION — gcornejo @ 03:09 — Visto: 272 veces
Renunció el presidente alemán acorralado por escándalo de corrupción


La Justicia solicitó ayer su desafuero por indicios de tráfico de influencias

Viernes 17 de febrero de 2012 - 08:53 am

Dimisión del presidente es un duro golpe para Angela Merkel, quien presionó para nombrarlo.(AP)
Berlín (DPA). El presidente federal alemán, Christian Wulff, presentó hoy en Berlín su renuncia, golpeado por un escándalo de tráfico de influencias.

Wulff anunció la dimisión en una comparecencia ante la prensa en el su residencia, el palacio de Bellevue, después de que la Justicia solicitase ayer su desafuero por indicios de que recibió y otorgó beneficios en unas cuestionadas relaciones con diversos empresarios.

“Alemania necesita un presidente que cuente con la confianza ilimitada de una amplio espectro de la población y pueda afrontar los inmensos retos nacionales e internacionales”, explicó Wulff después de que el escándalo desatado hace dos meses en torno a su persona hiciera caer por los suelos su popularidad.

“El desarrollo de los últimos días y semanas mostró que esta confianza y con ella las posibilidades de obrar se han visto afectadas de forma duradera. Por ello renuncio para allanar rápidamente el paso a un sucesor”.

Wulff sostuvo que siempre ejerció sus cargos de forma correcta y honesta y se manifestó convencido de que la investigación de las denuncias en su contra obrarán en su descargo.

CRITICÓ A LOS MEDIOS POR “HERIRLO”
Asimismo criticó a los medios, que destaparon el escándalo, cuya cobertura “nos hirió a mí y a mi mujer”.

Es la primera vez en la historia de Alemania que se pide levantar la inmunidad de un jefe de Estado.

¿POR QUÉ LO DENUNCIARON?
Las denuncias contra Wulff se remontan a la época en la que fue primer ministro del Estado de Baja Sajonia (2003-2010).

Se lo acusa de haber sacado ventajas personales de su posición en el poder con vacaciones gratuitas, créditos bancarios ventajosos y beneficios en la adquisición de automóviles y otros bienes de consumo.

El conservador Wulff, uno de los políticos más allegados a Merkel, ocupa la presidencia desde 2010, cuando fue elegido como sucesor de Horst Koehler.

FUENTE: EL COMERCIO PERU
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febrero 16, 2012

JURISPRUDENCIA SOBRE PRUEBA DEL ADN EL QUE ES OBLIGATORIO

Categoría: DERECHO DE FAMILIA — gcornejo @ 11:47 — Visto: 1172 veces
EXP. N.° 00227-2011-PA/TC
LAMBAYEQUE
RENZO FABRIZIO
MARIANI SECADA


SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 4 días del mes de enero de 2012, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Renzo Fabrizio Mariani Secada contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 237, su fecha 30 de setiembre del 2010, quedeclaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 9 de julio del 2009 el recurrente interpone demanda de amparo contra la jueza a cargo del Segundo Juzgado Especializado de Familia de Chiclayo, doña Patricia Vallejos Medina, y contra doña Ludovica del Cisne Mariani Tapia, solicitando que se declare nula la resolución de fecha 4 de junio del 2009 que dispone, para mejor resolver, la actuación de oficio de la prueba de ADN a los restos de su padre Antonio Mariani Calandra. Sostiene que en el contexto de la tramitación de la demanda de declaración judicial de paternidad extramatrimonial, proceso seguido por doña Ludovica del Cisne Mariani Tapia en contra suya y de otros (Exp. Nº 111-2008), se dispuso de oficio tal actuación, decisión que a su entender vulnera su derecho al debido proceso toda vez que la actuación de dicha prueba no tiene como finalidad probar asunto alguno que fuera demandado y fijado como punto controvertido, por lo que carece de virtualidad probatoria para resolver el caso sometido a controversia. Refiere además que la declaración judicial de paternidad extramatrimonial, a través de una prueba de ADN, constituye una competencia exclusiva del Juzgado de Paz Letrado, juez natural para conocer de la filiación extramatrimonial, y no del Juzgado Especializado de Familia.

La demandada Patricia Vallejos Medina, con escrito de fecha 6 de agosto del 2009, contesta la demanda argumentando que la prueba de ADN es completamente pertinente para la resolución de los puntos controvertidos de la demanda, y que el que se haya ordenado la actuación de un medio probatorio de oficio y que éste sea el ADN, no implica cambio alguno de la competencia procesal.

La demandada Ludovica del Cisne Mariani Tapia, con escrito de fecha 12 de agosto del 2009, contesta la demanda argumentando que todos los puntos controvertidos son para determinar si don Juan Mariani Calandra es su padre y que por tanto la prueba de ADN ordenada de oficio es el sustento de su demanda. Además arguye que no existe dispositivo alguno que establezca que dicha prueba solo pueda ser actuada ante los Juzgados de Paz Letrados.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, con escrito de fecha 27 de agosto del 2009, contesta la demanda argumentando que por la vía del amparo no se puede cuestionar o enervar los efectos de resoluciones judiciales emitidas en un proceso regular.

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con resolución de fecha 22 de marzo del 2010, declara infundada la demanda de amparo considerando que el proceso de declaración judicial de paternidad extramatrimonial está orientado a determinar si doña Ludovica del Cisne Mariani Tapia es hija de don Juan Mariani Calandria, resultando pertinente la actuación de la prueba pericial de ADN, la cual no puede ser ordenada solo en una clase de proceso judicial ante el Juzgado de Paz Letrado.

La Sala de Derecho Constitucional de Lambayeque, con resolución de fecha 30 de setiembre del 2010, confirma la apelada estimando que los Juzgados de Paz Letrado conocen de los asuntos de filiación extramatrimonial cuando la persona cuya filiación se busca se encuentra con vida, mas no tienen competencia cuando ésta ha fallecido; agrega que la prueba científica de ADN es un medio eficaz para determinar de manera incontrovertible el nexo filial que sustenta la pretensión de declaración judicial de paternidad.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda de amparo interpuesta por el recurrente Renzo Fabrizio Mariani Secada es dejar sin efecto la resolución de fecha 4 de junio del 2009, que dispuso la actuación de oficio de la prueba de ADN a los restos de su padre don Juan Antonio Mariani Calandra, en la medida en que dicha decisión vulnera su derecho al debido proceso al no tener dicha prueba la finalidad de probar asunto alguno que fue demandado y fijado como punto controvertido. Expuesta la pretensión, este Colegiado considera necesario determinar, a la luz de los hechos expuestos en la demanda y de los recaudos que obran en ella, si se ha vulnerado el derecho al debido proceso del recurrente al haber dispuesto el órgano judicial la actuación de oficio de una prueba presumiblemente impertinente para declarar judicialmente la paternidad extramatrimonial de doña Ludovica del Cisne Mariani Tapia (la prueba de ADN a los restos de don Juan Antonio Mariani Calandra); y haberse dispuesto su actuación ante el Juzgado Especializado de Familia, y no ante el Juzgado de Paz Letrado.

El proceso de amparo como mecanismo para cuestionar resoluciones judiciales arbitrarias

2. El amparo contra resoluciones judiciales se encuentra circunscrito a cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa los derechos constitucionales de las personas. Y es que, a juicio de este Colegiado, la irregularidad de una resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con los contemplados en el artículo 4º del Código Procesal Constitucional (Cfr. STC Nº 03179-2004-AA, Fundamento 14).

Proceso de declaración de paternidad extramatrimonial y prueba de ADN

3. En el presente caso, el recurrente Renzo Fabrizio Mariani Secada aduce que en el proceso judicial se le ha vulnerado su derecho al debido proceso toda vez que el órgano judicial dispuso de oficio la actuación de la prueba de ADN, a pesar de que la misma no tiene como finalidad probar ningún asunto demandado ni fijado como punto controvertido; siendo, además que dicha prueba solo puede ser actuada por el Juzgado de Paz Letrado, y no por el Juzgado Especializado de Familia.

4. Sobre el particular, es importante destacar que el recurrente pretende que la prueba de ADN ordenada de oficio no sea actuada en el proceso judicial en el que ha sido demandado. Asimismo, es pertinente advertir que doña Ludovica Del Cisne Mariani Tapia interpone demanda de declaración judicial de paternidad en contra del recurrente y de otros, amparándose en los incisos 2 (posesión constante del estado de hijo extramatrimonial), 3 (convivencia con la madre en la época de la concepción) y 5 (seducción cumplida con promesa de matrimonio) del artículo 402º del Código Civil (f. 59). En congruencia con el planteamiento de la demanda, el órgano judicial coincidentemente fijó como puntos controvertidos determinar: i) la posesión constante del estado de hijo extramatrimonial de la demandante, ii) la convivencia de don Juan Antonio Mariani Calandra con la madre de la demandante en la época de la concepción, y iii) la existencia de relaciones sexuales bajo promesa de matrimonio con la madre de la demandante (f. 21). Atendiendo a lo descrito, conviene hacerse el siguiente cuestionamiento ¿resulta pertinente la actuación de la prueba de ADN para resolver la pretensión de declaración judicial de paternidad?, ¿la prueba de ADN tiene por finalidad acreditar los extremos de los puntos controvertidos fijados por el juez? Este Colegiado considera que la prueba de ADN, como tal, es pertinente e indispensable para resolver la pretensión de declaración judicial de paternidad y, más aún, para resolver los puntos controvertidos fijados en el proceso judicial. De esta manera, se evidencia que la prueba de ADN cumple, pues, el requisito de pertinencia respecto a lo que constituye el objeto del proceso de declaración de paternidad, por lo que atendiendo a la especial consideración del caso, en donde el presunto progenitor ya ha fallecido, este Colegiado ratifica la pertinencia y la utilidad de la prueba de ADN en el proceso judicial, la que servirá para acreditar si don Juan Antonio Mariani Calandra es el padre (o no) de la demandante Ludovica del Cisne Mariani Tapia.

5. Este Colegiado aprecia también que detrás de toda pretensión de declaración de paternidad subyace in vivito el ejercicio del derecho fundamental a la identidad, el cual comprende el derecho a un nombre –conocer a sus padres y conservar sus apellidos, el relativo a tener una nacionalidad y la obligación de que el Estado reconozca su personalidad jurídica (Cfr. STC Nº 02432-2005-PHC, Fundamento 4), derecho éste que encuentra concretización y operatividad judicial en la actuación –de parte o de oficio– de la prueba de ADN; razón por la cual la actuación de esta prueba no puede estar circunscrita o limitada en su uso a un único y específico proceso judicial (como alega el recurrente), sino que, por el contrario, su actuación corresponderá ser ordenada en todo tipo de proceso judicial cuando esté de por medio el derecho a la identidad de las personas (declaración judicial de paternidad), pues el ordenamiento procesal preconiza un sistema abierto de pruebas (típicos y atípicos), los cuales tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones (artículo 188º del Código Procesal Civil). Por ello, resultaría un despropósito, y constituiría un acto vulneratorio del derecho a la prueba, restringir el uso de ciertos medios de prueba, como por ejemplo, el de ADN a un solo proceso judicial, y excluir la posibilidad de su uso en otros procesos judiciales, aun a sabiendas de la pertinencia, idoneidad, utilidad y licitud para resolver la pretensión demandada. Y es que en el ordenamiento procesal la competencia judicial por la materia viene establecida por las pretensiones que se plantean en la demanda, y no por la cualidad de los medios probatorios que se ofrecen en ella. De modo tal que, en el caso de autos, la orden de actuación de la prueba de ADN no vulnera derecho constitucional alguno del recurrente, sino que, por el contrario, constituye la concretización judicial del derecho de Ludovica del Cisne Mariani Tapia a la identidad, a efectos de saber realmente quién es o no es su padre; a la par que constituye la concretización del valor Justicia en la resolución del proceso judicial. Por estos motivos, la demanda debe ser desestimada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto, del magistrado Vergara Gotelli que se adjunta

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo, al no haberse acreditado la vulneración de derecho constitucional alguno del recurrente.

Publíquese y notifíquese.


SS.

ÁLVAREZ MIRANDA
BEAUMONT CALLIRGOS
VERGARA GOTELLI











































EXP. N.° 00227-2011-PA/TC
LAMBAYEQUE
RENZO FABRIZIO
MARIANI SECADA


FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI

Emito el presente fundamento de voto bajo las siguientes consideraciones:

1. En el presente caso la recurrente interpone demanda de amparo contra la jueza del Segundo Juzgado Especializado de Familia de Chiclayo, doña Patricia Vallejos Medina, y contra doña Ludovica del Cisne Mariani Tapia, con la finalidad de que se declare nula la resolución de fecha 4 de junio del 2009 (Exp. N° 111-2008) la cual dispone, para mejor resolver, la actuación de oficio de la prueba de ADN a los restos de su padre Antonio Mariani Calandra. Sostiene que durante la tramitación de la demanda de declaración judicial de paternidad extramatrimonial, proceso seguido por doña Ludovica del Cisne Mariani Tapia en contra suya y de otros, se dispuso tal actuación, decisión la cual considera vulnera su derecho al debido proceso debido a que dicha prueba no tiene como finalidad probar el asunto demandado y fijado como punto controvertido, careciendo por ello de virtualidad probatoria para resolver el caso sometido a controversia. Asimismo sostiene que la declaración judicial de paternidad extramatrimonial, con el empleo de una prueba de ADN, constituye una competencia exclusiva del Juzgado de Paz Letrado, por ser juez natural para conocer de la filiación extramatrimonial, y no del Juzgado Especializado de Familia.

2. El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo declaró infundada la demanda por considerar que el proceso de declaración judicial de paternidad extramatrimonial está orientado a determinar si doña Ludovica del Cisne Mariani Tapia es hija de don Juan Mariani Calandria, resultando pertinente la actuación de la prueba pericial de ADN, la cual no puede ser ordenada solo en una clase de proceso judicial ante el Juzgado de Paz Letrado. La Superior confirma la apelada señalando que los Juzgados de Paz Letrado conocen asuntos de filiación extramatrimonial cuando la persona cuya filiación se busca se encuentra con vida, mas no tienen competencia cuando esta ha fallecido; añade que la prueba de ADN es un medio eficaz para determinar de manera incontrovertible el nexo filial que sustenta la pretensión de declaración judicial de paternidad.

3. En el presente caso estoy de acuerdo con el proyecto en el extremo que expresa que la actuación de oficio de la prueba de ADN no es impertinente puesto que tal actuación constituye un acto necesario a resultas de lo que es el objeto del proceso de declaración de paternidad, razón por la que el Juzgador ha actuado debidamente.

4. En tal sentido debo agregar a lo expresado en el proyecto puesto a mi vista que la disposición de oficio de la actuación de una prueba es parte de la competencia del juzgador, razón por la que no se puede cuestionar toda actuación judicial sin que se evidencie la afectación de un derecho. En este caso el juez no solo podía –de oficio– disponer la actuación del referido medio probatorio, sino también se encontraba en capacidad para hacerlo en cualquier momento en que se requiriera. Debe tenerse presente que la pretensión destinada a la declaración de paternidad es imprescriptible, situación que expresa la singularidad de tal pretensión que está íntimamente vinculada al derecho a la identidad de la persona humana.

Por las razones expuestas mi voto es porque se declare INFUNDADO la demanda.


S.

VERGARA GOTELLI
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febrero 16, 2012

Incendio apocalíptico en penal de la región central de Honduras, MUEREN 300 PRESOS

Categoría: DERECHO PENITENCIARIO — gcornejo @ 09:59 — Visto: 335 veces
Jueves 16 de febrero de 2012
Incendio apocalíptico en penal de la región central de Honduras
08:19 am - Redacción Lista incluye a desaparecidos, que podrían haberse dado a la fuga o muerto calcinados. Identificación podría demorar entre dos y tres meses.
TEGUCIGALPA,Honduras La cifra de muertos en el incendio del centro penal de Comayagua, en la zona central de Honduras, crecía este miércoles a 377 víctimas, según el nuevo recuento proporcionado por las autoridades.

El dato incluye a reos desaparecidos que bien pudieron darse a la fuga durante la conflagración, o que fueron calcinados por el fuego.

La tragedia, la mayor que se recuerda en la historia de los centros penitenciarios de Honduras, mantenía conmocionado al país.

Los muertos en el incendio que se produjo a las 11:50 de la noche del martes podrían superar los 400, según han admitido las autoridades hondureñas en declaraciones radiales.

"Hay 272 muertos confirmados, pero creemos que son más de 300" los fallecidos, dijo el ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla más temprano este miércoles.

Por su lado, el comisionado de Derechos humanos, Ramón Custodio, señaló que se revisó la lista de los más de 850 reclusos que estaban alojados en el penal y afirmó que se desconoce la suerte de 357 de ellos.

FUENTE: EL HERALDO HONDURAS
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febrero 15, 2012

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE VULNERACION DEL DERECHO AL TRABAJO

Categoría: DERECHO LABORAL — gcornejo @ 11:56 — Visto: 869 veces
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE VULNERACION DEL DERECHO AL TRABAJO


EXP. Nº 06371-2008-PA/TC
AREQUIPA
ALEIDA HOBBY
MARÍN MEZA



SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 19 días del mes de diciembre de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en mayoría de los magistrados Beaumont Callirgos y Calle Hayen; el voto del magistrado Álvarez Miranda, a cuya posición se suma el voto del magistrado Vergara Gotelli, llamado a dirimir; y el voto finalmente dirimente del magistrado Eto Cruz; votos, todos que se agregan a los autos.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Aleida Hobby Marín Meza contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 404, su fecha 10 de setiembre de 2008, que declaró fundada la demanda de autos

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de julio ded 2007, la recurrente interpone demanda de amparo, contra el Seguro Social de Salud-EsSalud y Corporación Efectiva de Servicios COEFSE S.R.L., con el objeto de que se le reponga en el cargo de Nutricionista Clínica Asistencial del Hospital III Yanahuara, de la Red Asistencial Arequipa.

Manifiesta que ha laborado para EsSalud desde el 4 de octubre de 2002 hasta el 17 de julio de 2007, y que para prestar estos servicios se ha simulado una intermediación laboral a través de diversas empresas, siendo la última de ella COEFSE S.R.L. Sostiene que se ha producido una desnaturalización de los contratos de intermediación laboral ya que la demandante realizaba labores de carácter principal y permanente, indispensables para los servicios que brinda EsSalud, por lo que al haber sido despedida arbitrariamente se ha vulnerado su derecho al trabajo.

El Seguro Social de Salud contesta la demanda manifestando que la relación laboral se desarrolló a través de un contrato de intermediación laboral, de forma que no mantuvo relación laboral con la demandante; puesto que las remuneraciones eran pagadas por COEFSE y otras empresas de intermediación; además alega que no ha existido subordinación alguna de la demandante a EsSalud.

Corporación Efectiva de Servicios COEFSE S.R.L. contesta la demanda manifestando que la demandante fue contratada como nutricionista para prestar servicios complementarios de nutrición a la empresa usuaria, EsSalud. Agrega que los servicios prestados tenían la calidad de complementarios y no de principales ni permanentes, ya que EsSalud brinda prestaciones asistenciales a sus afiliados, donde la actividad de nutrición resulta complementaria. Declara, además, que el cargo que la demandante expresa haber ocupado no existe, conforme se aprecia del Cuadro de Asignación de Personal.

El Noveno Juzgado Civil de Arequipa declara fundada la demanda por considerar que se ha desnaturalizado el contrato de intermediación laboral, por cuanto la demandante realizaba labores que implicaban la ejecución permanente de la actividad de la empresa usuaria como es EsSalud. Asimismo, considera que los contratos para servicio específico constituyen contratos a plazo indeterminado, pues en ninguno de ellos se ha mencionado el servicio específico a prestar y que estuviera sujeto a un plazo determinado.

La Sala revisora confirma en parte la apelada, en el extremo que ordena que la demandante sea repuesta en el cargo de nutricionista o en otro similar; y revocándola, ordena la reposición por parte de su empleadora COEFSE S.R.L., con los siguientes argumentos: que, respecto a la desnaturalización de la intermediación laboral, la demandante no ha acreditado la ejecución permanente de la actividad principal de la empresa usuaria mediante acta inspectiva de la Autoridad Administrativa de Trabajo, conforme lo establece el artículo 3 de la Ley 27626; que habiéndose celebrado contrato por servicio específico con COEFSE S.R.L., en aplicación del artículo 63 del D.S. 003-97-TR, este podrá ser renovado para concluir el servicio; y que, en este caso, no se ha probado la conclusión del contrato de intermediación con EsSalud, por lo que la decisión de la demandada resulta arbitraria. Concluye que la demandante mantenía un vínculo laboral con COEFSE S.R.L. que ha sido extinguido sin causa alguna.

FUNDAMENTOS

Procedencia del recurso de agravio constitucional

1. El recurso de agravio constitucional ha sido interpuesto contra la sentencia de vista Nº 688-2008, de fecha 10 de septiembre del 2008, que corre de fojas 404 a 408. Sostiene la actora que la Sala Superior se ha pronunciado incongruentemente, pues si bien declara fundada la demanda, la revoca en el sentido de que la reposición se debe efectuar en la Empresa de servicios COEFSE, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y no en EsSalud, desestimando el pedido de la demandante respecto de su reposición en el cargo que venía desempeñando en EsSalud. En este caso debe entenderse que la sentencia de segunda instancia es desestimatoria de la demanda de amparo, puesto que no se ha pronunciado favorablemente respecto de la pretensión de la demandante; en consecuencia, de conformidad con el artículo 202º, inciso 2 , de la Constitución Política del Perú y el artículo 18º del Código Procesal Constitucional, procede el recurso de agravio constitucional.

Delimitación del petitorio

2. Considera la demandante que ha sido indebidamente despedida, por cuanto se ha producido la desnaturalización de los contratos de intermediación laboral y porque, en la realidad, mantenía una relación laboral con EsSalud.

3. Las entidades demandadas sostienen que la accionante no fue despedida, sino que venció el contrato celebrado con la codemandada COEFSE S.R.L., ya que fue contratada mediante intermediación laboral para prestar servicios complementarios de alimentación y nutrición, y que, además, se le ha depositado su Compensación por Tiempo de Servicios, la cual ha retirado.

4. En tal sentido, la controversia se circunscribe a determinar si las labores que ha venido realizando la demandante fueron de naturaleza permanente o si, por el contrario, nos encontramos frente a una trabajadora destacada por una empresa de servicios debido a un contrato de intermediación laboral.

De la intermediación laboral

5. La Ley 27626 tiene como propósito regular la intermediación laboral no solo respecto a la actividad de las empresas y entidades que podrán intervenir en ella sino también, en forma clara e integral, los derechos de los trabajadores involucrados, así como sus limitaciones.

6. La intermediación laboral es una figura que tiene como finalidad exclusiva la prestación de servicios por parte de una tercera persona destacada para que preste servicios temporales, complementarios o de alta especialización en otra empresa llamada usuaria; para tal efecto, la entidad intermediadora y la empresa usuaria suscriben un contrato de naturaleza civil denominado Locación de Servicios, no importando dicho destaque vínculo laboral con la empresa usuaria.

7. Como puede observarse, en la intermediación laboral se establece una relación jurídica en la que participan tres sujetos de derecho: una empresa usuaria, una empresa intermediaria y un trabajador destacado, determinándose una limitación de contratación a que se refiere el párrafo segundo del artículo 3º de la Ley 27626, que a la letra dice:

Artículo 3.- Supuestos de procedencia de la intermediación laboral
La intermediación laboral que involucra a personal que labora en el centro de trabajo o de operaciones de la empresa usuaria sólo procede cuando medien supuestos de temporalidad, complementariedad o especialización.

El artículo 5º dispone las infracciones de los supuestos de intermediación laboral:

Artículo 5.- De la infracción de los supuestos de intermediación laboral
La infracción a los supuestos de intermediación laboral que se establecen en la presente Ley, debidamente comprobada en un procedimiento inspectivo por la Autoridad Administrativa de Trabajo, determinará que, en aplicación del principio de primacía de la realidad, se entienda que desde el inicio de la prestación de sus servicios los respectivos trabajadores han tenido contrato de trabajo con la empresa usuaria.

8. En consecuencia, toda trasgresión a los supuestos de intermediación laboral determina la existencia de una relación laboral entre los trabajadores destacados y la empresa usuaria. Por ende, y de conformidad con el artículo 3º de la Ley 27626, se juzgará la existencia de relación laboral entre la empresa usuaria y el trabajador destacado, en aquellos casos en que se haya pactado la intermediación de servicios que no se caracterice por ser temporal, complementaria o de alta especialización, y, por el contrario, corresponda a un servicio que implique una actividad principal y permanente de la empresa usuaria.

Análisis del caso concreto

9. A fojas 78 corre el contrato de intermediación laboral suscrito por el Seguro Social de Salud – EsSalud como empresa usuaria, y PACISER S.R.L. y COEFSE S.R.L., como empresas intermediarias, representadas por doña Paulina Martha Sotelo Bueno, con el objeto de que en su calidad de empresas de intermediación, proporcionen personal para el Servicio Complementario de Alimentación y Nutrición.

10. De los contratos laborales para servicio específico obrantes de fojas 163 a 173 y de las boletas de pago de fojas 127 a 162 de autos, se desprende que la demandante fue contratada por SERESUR E.I.R.L., PACISER S.R.L. y SERVINEXT S.A.C., empresas de intermediación laboral, para prestar servicios como digitadora destacada en la entidad usuaria EsSalud, por diferentes periodos (desde octubre de 2002 hasta agosto de 2005). Además, de acuerdo con el contrato laboral de plazo indeterminado, de fojas 169 de autos, la demandante fue contratada como trabajadora permanente de PACISER S.R.L., para laborar como nutricionista destacada en la entidad usuaria, desde el 17 de septiembre de 2005 hasta el 19 de febrero de 2007; asimismo aparece que mediante contrato por servicio específico (fojas 55 a 58), la demandante fue contratada por COEFSE S.R.L. como nutricionista y destacada para tal fin en la empresa usuaria, desde el 20 de febrero hasta el 17 de julio de 2007, fecha en que se dio por concluido su contrato.

11. No obstante lo anterior, de los Informes Operacionales de enero de 2004 a octubre de 2005, obrantes de fojas 481 a 493 de autos, firmados por el jefe del área, se colige que la actora ha prestado servicios para el Hospital de Yanahuara - ESsalud como nutricionista. Asimismo, de fojas 454 a 465, obran los Informes de Producción de Horas, de enero de 2004 a octubre de 2005, firmados por el nutricionista-jefe de EsSalud, documentos en los cuales se diferencia la producción de las nutricionistas por Empresa Servis, y, dentro de este último grupo, se consigna a la demandante.

12. A fojas 189 y 190, obran las hojas de Programación de Turno de las nutricionistas, correspondientes a los meses de enero a junio de 2007, aprobadas y visadas por el Nutricionista Jefe de EsSalud, en las cuales se comprende a la demandante, fijándose el turno en el que debe prestar servicios. En el Manual de Organización y Funciones de EsSalud, que obra a fojas 3, están comprendidos los cargos de Nutricionista-Clínica de Hospitalización, Nutricionista-Consultorio Nutricional, Nutricionista-Programas Especiales, Nutricionista-Unidades de Producción, infiriéndose de los mismos que el cargo de nutricionista es un cargo permanente de la Institución demandada.

13. Por otro lado, a fojas 112, la propia entidad demandada ha presentado un documento titulado CAP 2007, visado por la Oficina de Planificación de EsSalud, en el que figura el nombre de las personas que ocupan el cargo de nutricionista. De ello se infiere que el cargo de nutricionista, por encontrarse en el CAP, no puede emplearse para la realización de labores complementarias.

14. De un análisis comparativo del informe de fojas 112, que consigna los nombres de las nutricionistas de la institución, incluidas en el CAP, y los Informes de Producción por Horas, de fojas 454 de autos, se evidencia que la demandada EsSalud tenía personal estable en el cargo de nutricionista, y que, además, venía contratando nutricionistas mediante una entidad intermediadora.

15. De acuerdo con el Reporte de Producción de Tratamiento Dietético, obrante a fojas 18, la demandante realizaba labores de entrevista dietética, evaluación nutricional, cálculo nutricional, visita dietética, balance hídrico, visita médica, monitoreo nutricional, entre otras; actividades propias de la institución, conforme al Manual de Organización y Funciones para los cargos de Nutricionista-Clínica de Hospitalización o Nutricionista de Programas Especiales.

16. Por otro lado, en la parte pertinente del Manual de Operaciones del Servicio de Nutrición del Hospital III, Yanahuara, obrante de fojas 444 a 452, se detalla de forma diferenciada las labores que deben realizar la “Nutricionista de la Institución” (EsSalud) y la “Nutricionista por Service”, labores que, como se puede apreciar, no se distinguen una de la otra.

17. A mayor abundamiento, del Acta de inspección N.º 1169-2007-SDILSST, levantada por la Subdirección de Inspección Laboral, corriente a fojas 34 del cuaderno del Tribunal Constitucional, se ha llegado a establecer que tanto COEFSE S.R.L. como EsSalud han venido transgrediendo las normas de intermediación laboral, conforme textualmente lo señala el informe de actuación inspectiva.

Los trabajadores destacados de la empresa COEFSE S.R.L. realizan actividades de preparación y elaboración de la alimentación y dietas especializadas para la recuperación de los pacientes, evidenciándose que dicho servicio forma parte esencial de la recuperación y rehabilitación de la salud del paciente, actividad principal dentro de las prestaciones de Salud de la empresa usuaria (…). En ese sentido se concluye que las actividades que realizan las empresas MANPER S.A.C. COEFSE S.R.L. Y REINSA S.R.L. (…) mediante personal destacado en la usuaria Seguro Social de Salud, son actividades consustanciales [a] su giro principal sin cuya ejecución afectaría e interrumpiría el normal funcionamiento y desarrollo del Seguro Social de Salud. En consecuencia dicho personal destacado, debería laborar de manera directa para la empresa usuaria.

18. Por consiguiente, atendiendo a que los servicios que ha venido prestando la demandante no obedecían a una necesidad complementaria de la entidad usuaria; y existiendo suficientes elementos para concluir que EsSalud,a través de la Empresa de Servicios COEFSE S.R.L., ha contratado a la demandante para prestar servicios de nutricionista; labores que constituyen actividad principal y permanente de la empresa requirente, y están comprendidas en el Manual de Organización y Funciones y en el Manual de Operaciones del Servicio de Nutrición del Hospital III, Yanahuara; de conformidad con el artículo 5º de la Ley N.º 27626, debe entenderse que la demandante mantenía una relación laboral con la entidad usuaria EsSalud, de modo que no podía ser despedida sino por causa justa motivada en su conducta o capacidad laboral, razones por las que, en este caso, se ha acreditado la vulneración del derecho fundamental al trabajo, por lo que corresponde estimar la demanda y ordenar la reposición de la demandante en el cargo que venía ocupando.


19. En la medida en que en este caso se ha probado que la demandada EsSalud ha vulnerado el derecho al trabajo, corresponde que asuma los costos del proceso, de conformidad con el artículo 56º del Código Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda de autos.

2. Ordena que la demandada EsSalud cumpla con reponer a doña Aleida Hobby Marín Meza en el cargo que venía ocupando o en otro de similar categoría, con el abono de los costos procesales en conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Código Procesal Constitucional.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ








































EXP. Nº 06371-2008-PA/TC
AREQUIPA
ALEIDA HOBBY
MARÍN MEZA


VOTO DE LOS MAGISTRADOS BEAUMONT CALLIRGOS
Y CALLE HAYEN

Sustentamos el presente voto en las consideraciones siguientes:

Procedencia del recurso de agravio constitucional

1. El recurso de agravio constitucional ha sido interpuesto contra la Sentencia de vista Nº 688-2008, de fecha 10 de septiembre del 2008, que corre de fojas 404 a 408. Sostiene la actora que la Sala Superior se ha pronunciado incongruentemente, pues si bien declara fundada la demanda, la revoca en el sentido de que la reposición se debe efectuar en la Empresa de servicios COEFSE, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y no en EsSalud, desestimando el pedido de la demandante respecto de su reposición en el cargo que venía desempeñando en EsSalud. En este caso, debe entenderse que la sentencia de segunda instancia es desestimatoria de la demanda de amparo, puesto que no se ha pronunciado favorablemente respecto de la pretensión de la demandante; en consecuencia, de conformidad con el artículo 202º, inciso 2 , de la Constitución Política del Perú y el artículo 18º del Código Procesal Constitucional, procede el recurso de agravio constitucional.

Delimitación del petitorio

2. Considera la demandante que ha sido indebidamente despedida, por cuanto se ha producido la desnaturalización de los contratos de intermediación laboral y porque, en la realidad, mantenía una relación laboral con EsSalud.

3. Las entidades demandadas sostienen que la accionante no fue despedida, sino que venció el contrato celebrado con la codemandada COEFSE S.R.L., ya que fue contratada mediante intermediación laboral para prestar servicios complementarios de alimentación y nutrición, y que, además, se le ha depositado su Compensación por Tiempo de Servicios, la cual ha retirado.

4. En tal sentido, la controversia se circunscribe en determinar si las labores que ha venido realizando la demandante fueron de naturaleza permanente o si, por el contrario nos encontramos frente a una trabajadora destacada por una empresa de servicios debido a un contrato de intermediación laboral.

De la intermediación laboral

5. La Ley 27626 tiene como propósito regular la intermediación laboral no solo respecto a la actividad de las empresas y entidades que podrán intervenir en ella sino también, en forma clara e integral, los derechos de los trabajadores involucrados, así como sus limitaciones.

6. La intermediación laboral es una figura que tiene como finalidad exclusiva la prestación de servicios por parte de una tercera persona destacada para que preste servicios temporales, complementarios o de alta especialización en otra empresa llamada usuaria; para tal efecto, la entidad intermediadora y la empresa usuaria suscriben un contrato de naturaleza civil denominado Locación de Servicios, no importando dicho destaque vínculo laboral con la empresa usuaria.

7. Como puede observarse, en la intermediación laboral se establece una relación jurídica en la que participan tres sujetos de derecho: una empresa usuaria, una empresa intermediaria y un trabajador destacado, determinándose una limitación de contratación a que se refiere el párrafo segundo del artículo 3º de la Ley 27626 que a la letra dice:

Artículo 3.- Supuestos de procedencia de la intermediación laboral
La intermediación laboral que involucra a personal que labora en el centro de trabajo o de operaciones de la empresa usuaria sólo procede cuando medien supuestos de temporalidad, complementariedad o especialización.

El artículo 5º dispone las infracciones de los supuestos de intermediación laboral:

Artículo 5.- De la infracción de los supuestos de intermediación laboral
La infracción a los supuestos de intermediación laboral que se establecen en la presente Ley, debidamente comprobada en un procedimiento inspectivo por la Autoridad Administrativa de Trabajo, determinará que, en aplicación del principio de primacía de la realidad, se entienda que desde el inicio de la prestación de sus servicios los respectivos trabajadores han tenido contrato de trabajo con la empresa usuaria.

8. En consecuencia, toda trasgresión a los supuestos de intermediación laboral determina la existencia de una relación laboral entre los trabajadores destacados y la empresa usuaria. Por ende, y de conformidad con el artículo 3º de la Ley 27626, se juzgará la existencia de relación laboral entre la empresa usuaria y el trabajador destacado, en aquellos casos en que se haya pactado la intermediación de servicios que no se caractericen por ser temporales, complementarios o de alta especialización, y, por el contrario, correspondan a un servicio que implique una actividad principal y permanente de la empresa usuaria.

Análisis del caso concreto

9. A fojas 78, corre el contrato de intermediación laboral suscrito por el Seguro Social de Salud – EsSalud como empresa usuaria, y PACISER S.R.L. y COEFSE S.R.L., empresas intermediarias, representada por doña Paulina Martha Sotelo Bueno, con el objeto de que en su calidad de empresa de intermediación, proporcione personal para el Servicio Complementario de Alimentación y Nutrición.

10. De los contratos laborales para servicio específico obrantes de fojas 163 a 173 y de las boletas de pago de fojas 127 a 162 de autos, se desprende que la demandante fue contratada por SERESUR E.I.R.L., PACISER S.R.L y SERVINEXT S.A.C., empresas de intermediación laboral, para prestar servicios como digitadora destacada en la entidad usuaria EsSalud, por diferentes periodos (desde octubre de 2002 hasta agosto de 2005). Además, de acuerdo con el contrato laboral de plazo indeterminado, de fojas 169 de autos, la demandante fue contratada como trabajadora permanente de PACISER S.R.L., para laborar como nutricionista destacada en la entidad usuaria, desde el 17 de septiembre de 2005 hasta el 19 de febrero de 2007; asimismo aparece que mediante contrato por servicio específico (fojas 55 a 58), la demandante fue contratada por COEFSE S.R.L. como nutricionista y fue destacada para tal fin en la empresa usuaria, desde el 20 de febrero hasta el 17 de julio de 2007, fecha en que se dio por concluido su contrato.

11. No obstante lo anterior, de los Informes Operacionales de enero de 2004 a octubre de 2005, obrantes de fojas 481 a 493 de autos, firmados por el jefe del área, se colige que la actora ha prestado servicios para el Hospital de Yanahuara - ESsalud como nutricionista. Asimismo, de fojas 454 a 465, obran los Informes de Producción de Horas, de enero de 2004 a octubre de 2005, firmados por el nutricionista-jefe de EsSalud, documentos en los cuales se diferencia la producción de las nutricionistas por Empresa Servis, y, dentro de este último grupo, se consigna a la demandante.

12. A fojas 189 y 190, obran las hojas de Programación de Turno de las nutricionistas, correspondientes a los meses de enero a junio de 2007, aprobadas y visadas por el Nutricionista Jefe de EsSalud, en las cuales se comprende a la demandante, fijándose el turno en el que debe prestar servicios. En el Manual de Organización y Funciones de EsSalud, que obra a fojas 3, están comprendidos los cargos de Nutricionista-Clínica de Hospitalización, Nutricionista-Consultorio Nutricional, Nutricionista-Programas Especiales, Nutricionista-Unidades de Producción, infiriéndose de los mismos que el cargo de nutricionista es un cargo permanente de la Institución demandada.

13. Por otro lado, a fojas 112, la propia entidad demandada ha presentado un documento titulado CAP 2007, visado por la Oficina de Planificación de EsSalud, en la que figura el nombre de las personas que ocupan el cargo de nutricionista. De ello se infiere que el cargo de nutricionista, por encontrarse en el CAP, no puede emplearse para la realización de labores complementarias.

14. De un análisis comparativo del informe de fojas 112, que consigna los nombres de las nutricionistas de la institución, incluidas en el CAP, y los Informes de Producción por Horas, de fojas 454 de autos, se evidencia que la demandada EsSalud tenía personal estable en el cargo de nutricionista, y que, además, venía contratando nutricionistas mediante una entidad intermediadora.

15. De acuerdo con el Reporte de Producción de Tratamiento Dietético, obrante a fojas 18, la demandante realizaba labores de entrevista dietética, evaluación nutricional, cálculo nutricional, visita dietética, balance hídrico, visita médica, monitoreo nutricional, entre otras; actividades propias de la Institución, conforme al Manual de Organización y Funciones para los cargos de Nutricionista-Clínica de Hospitalización o Nutricionista de Programas Especiales.

16. Por otro lado, en la parte pertinente del Manual de Operaciones del Servicio de Nutrición del Hospital III, Yanahuara, obrante de fojas 444 a 452, se detalla de forma diferenciada las labores que deben realizar la “Nutricionista de la Institución” (EsSalud) y la “Nutricionista por Service”, labores que, como se puede apreciar, no se distingue una de otra.

17. A mayor abundamiento, del Acta de inspección N.º 1169-2007-SDILSST, levantado por la Subdirección de Inspección Laboral, corriente a fojas 34 del cuaderno del Tribunal Constitucional, se ha llegado a establecer que tanto COEFSE S.R.L como EsSalud han venido transgrediendo las normas de intermediación laboral, conforme textualmente lo señala el informe de actuación inspectiva.

“Los trabajadores destacados de la empresa COEFSE S.R.L. realizan actividades de preparación y elaboración de la alimentación y dietas especializadas para la recuperación de los pacientes, evidenciándose que dicho servicio forma parte esencial de la recuperación y rehabilitación de la salud del paciente, actividad principal dentro de las prestaciones de Salud de la empresa usuaria (…). En ese sentido se concluye que las actividades que realizan las empresas MANPER S.A.C. COEFSE S.R.L. Y REINSA S.R.L. (…) mediante personal destacado en la usuaria Seguro Social de Salud, son actividades consustanciales [a] su giro principal sin cuya ejecución afectaría e interrumpiría el normal funcionamiento y desarrollo del Seguro Social de Salud. En consecuencia dicho personal destacado, debería laborar de manera directa para la empresa usuaria”.

18. Por consiguiente, atendiendo a que los servicios que ha venido prestando la demandante no obedecían a una necesidad complementaria de la entidad usuaria; y existiendo suficientes elementos para concluir que EsSalud,a través de la Empresa de Servicios COEFSE S.R.L., ha contratado a la demandante para prestar servicios como nutricionista; labores que constituyen actividad principal y permanente de la empresa requirente, y están comprendidas en el Manual de Organización y Funciones y en el Manual de Operaciones del Servicio de Nutrición del Hospital III, Yanahuara; de conformidad con el artículo 5º de la Ley N.º 27626, debe entenderse que la demandante mantenía una relación laboral con la entidad usuaria EsSalud, de modo que no podía ser despedida sino por causa justa motivada en su conducta o capacidad laboral, razones por las que, en este caso, se ha acreditado la vulneración del derecho fundamental al trabajo, por lo que corresponde estimar la demanda y ordenar la reposición de la demandante en el cargo que venía ocupando.

19. En la medida en que en este caso se ha probado que la demandada EsSalud ha vulnerado el derecho al trabajo, corresponde que asuma los costos del proceso, de conformidad con el artículo 56º del Código Procesal Constitucional.

Por las consideraciones precedentes, se debe declarar FUNDADA la demanda de autos, y ordena que la demandada EsSalud cumpla con reponer a doña Aleida Hobby Marín Meza en el cargo que venía ocupando o en otro de similar categoría, con el abono de los costos procesales en conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Código Procesal Constitucional.


SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN




































EXP. Nº 06371-2008-PA/TC
AREQUIPA
ALEIDA HOBBY
MARÍN MEZA


VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
ÁLVAREZ MIRANDA

Con el debido respeto por la opinión vertida por el resto de mis colegas magistrados, emito el siguiente voto singular, por cuanto no concuerdo con los argumentos ni con el fallo de la resolución de la mayoría.

En tal sentido, considero pertinente recalcar que a partir de este momento, esta será mi posición sobre el particular.

1. Según el artículo 5º de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades.

2. A través de dicho filtro, se persigue, en la medida de lo posible, de dotar a la Administración Pública de los mejores cuadros pues a diferencia de lo que ocurre con los particulares, quienes guiados por el incentivo de ser cada día más eficientes bajo pena de ser expectorados del mercado, procuran captar al mejor personal en base a sus cualificaciones personales y trayectoria; ello no suele presentarse con frecuencia en el sector público pues carece de tal incentivo.

3. De ahí que, a fin de corregir tal situación, resulta constitucionalmente lógico que el Ordenamiento Jurídico supedite el acceso al empleo público a la aprobación de un concurso en el que se evalúen tanto los méritos como las habilidades de los participantes en el marco de una evaluación transparente. Sólo de esta manera, se garantizaría que el gobierno de turno no utilice el aparato estatal para cubrir tales plazas con personas cercanas al mismo que carezcan de la idoneidad necesaria para ocuparlas.

4. Por ello, en el empleo público no cabe la aplicación mecánica del concepto de “desnaturalización”, pues a diferencia de una empresa particular en la que sus accionistas velan por sus legítimos intereses; el Estado que es la gran empresa de todos los peruanos, muchas veces termina siendo superado por intereses subalternos, perjudicando abiertamente a la sociedad en su conjunto, y en especial, a las personas que a pesar de estar debidamente cualificadas y tener vocación de servicio, no logran ingresar al sector público.

5. No desconozco que, jurisprudencialmente este Colegiado ha venido amparando pretensiones tendientes a reincorporar a ex - trabajadores públicos que fueron contratados bajo una figura modal bajo pretexto de una “desnaturalización” del mismo, sin tomar en consideración el citado filtro, pese a que de manera uniforme y reiterada se ha señalado que el proceso de amparo tiene una finalidad restitutiva y no declarativa.

6. En tal escenario, se ha venido incorporando al régimen laboral de la actividad privada regulado en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral a ex - trabajadores contratados bajo figuras modales, pese a no haber pasado por un proceso evaluación previa de méritos, a través de la cual, se determine en primer lugar si existe una plaza disponible, y en segundo término, si el recurrente cumple con los requisitos necesarios para desempeñar dicha labor, pues si bien previamente ha sido evaluado al ser contratado bajo cualquier figura modal, dicha evaluación no tiene el rigor que supondría su ingreso definitivo; y más aún cuando la propia “desnaturalización” del contrato tiene su origen en una actitud negligente o maliciosa de los funcionarios desleales de las instituciones públicas, que podría tener rasgos de mala fe que en todo caso deberían ser objeto de un debate en la vía ordinaria.

Por tales consideraciones, mi VOTO es porque se declare la IMPROCEDENCIA del recurso de agravio Constitucional


S.

ÁLVAREZ MIRANDA










































EXP. Nº 06371-2008-PA/TC
AREQUIPA
ALEIDA HOBBY
MARÍN MEZA


VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI

Emito el presente voto dirimente encontrándome de acuerdo con lo expresado por el juez constitucional Álvarez Miranda, por las siguientes consideraciones:

1. La recurrente interpone demanda de amparo contra la empresa EsSalud, considerando que en la realidad ha tenido una relación laboral con la entidad emplazada, razón por la que solo podía ser despedido por causa justa, correspondiéndole por ende la reincorporación en su puesto de trabajo, esto es como Nutricionista en el Hospital III de Yanahuara.

2. Realizado el emplazamiento la entidad demandada –EsSalud– contesta la demanda deduciendo las excepciones de incompetencia y falta de legitimidad para obrar del demandado y negando las denuncias realizadas en su contra por la recurrente. Respecto a la excepción de incompetencia, expresa que la vía idónea para resolver la pretensión de la actora es la vía laboral y no la constitucional. Asimismo respecto de la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado expresa que EsSalud nunca contrató a la recurrente como trabajadora, sino que bajo la modalidad de contratación por intermediación contrato con la Empresa de Servicios COEFSE, sociedad de responsabilidad limitada, a efectos de contratar a personal para la realización de una labor complementaria de la institución. Por ende expresa que quien debe ser demandada es la referida empresa ya que es ella la empleadora de la recurrente y no EsSalud. Por ende al haber concluido el contrato suscrito con la empresa COEFSE para realizar la labor complementaria de nutrición en la entidad, la recurrente no podía seguir asistiendo.

3. Admitida la demanda de amparo, en primera instancia, el Noveno Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declara fundada la demanda de la recurrente, disponiendo la reincorporación en el cargo que venía desempeñando en la entidad emplazada, puesto que considera que al haberse infringido los supuestos legales para la contratación bajo la modalidad de intermediación laboral, puesto que la contratación se hizo para la realización de una labor permanente de la entidad emplazada y no complementaria, razón por la que se ha desnaturalizado la contratación de la recurrente debiéndose entender que desde el inicio de la prestación de los servicios la actora ha tenido contrato de trabajo con la empresa usuaria, en este caso EsSalud, correspondiendo su reincorporación en el cargo que venía desempeñando u otro análogo.

4. Apelada dicha decisión la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, revocando la apelada dispone que la recurrente sea repuesta como trabajadora de la empresa COEFSE Sociedad de Responsabilidad Limitada, debiendo ésta pagar los costos y costas.

5. Contra dicha decisión es que la recurrente interpone el recurso de agravio constitucional (RAC), puesto que considera que la demanda no tiene como pretensión su reincorporación como trabajadora de la empresa COEFSE sino el ser repuesta en EsSalud, puesto que considera que la labor por la que fue contratada bajo la modalidad de intermediación laboral fue una labor de tipo permanente, lo que desnaturalizó el contrato desde su inicio, habiendo la entidad emplazada simulado un relación distinta a la laboral, razón por la que le corresponde asumir la responsabilidad de la contratista que este caso actuó para ella.

6. En tal sentido lo que es materia del RAC es si la recurrente debe ser reincorporada como trabajadora en EsSalud o en la empresa COEFSE.

7. Tenemos así que producida la discordia me corresponde dirimir la discordia. Por un lado los jueces los jueces constitucionales Beaumont Callirgos y Calle Hayen, expresan que la recurrente debe ser reincorporada como trabajadora de EsSalud, puesto que si bien se le contrato como trabajadora de la empresa COEFSE tal contrato se desnaturalizó por lo que le corresponde ser repuesta como trabajadora de la empresa usuaria, en este caso EsSalud. Por otro lado el Dr. Alvarez considera que la demanda debe ser desestimada por improcedente en atención a que al ser la demandada una entidad del estado no opera la desnaturalización de manera simple, puesto que para ingresar como trabajadora a un ente estatal se debe participar en el concurso público establecido.

8. Es así que para pronunciarme como dirimente es pertinente expresar que en reiteradas oportunidades he venido admitiendo demandas que tienen como emplazado a un ente del Estado, disponiendo en cientos de oportunidades la reposición del trabajador en el puesto de trabajado que venía desempeñando, asumiendo la contratación a plazo indeterminado. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Las masivas demandas de amparo de personas que habiendo sido contratados bajo determinada modalidad, pretenden la reincorporación a determinado puesto pero como trabajadores a plazo indeterminados, encontrando finalmente el mecanismo perfecto para burlar la normatividad que especifica la forma de ingreso a las entidades públicas como trabajadores a plazo indeterminado. Por ello actualmente observo que las personas prefieren buscar de cualquier manera ingresar a realizar una labor determinada en cualquier entidad del Estado para posteriormente –evitando el concurso público– ingresar como trabajador a plazo indeterminado a través de una demanda de amparo –claro está habiendo previamente buscado un error en la administración a efectos de poder demandar–.

9. Debemos expresar que el artículo 5º de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades.

10. Es así que el objetivo que persigue el Estado es dotar a la Administración Pública de los mejores cuadros, razón por la que concordamos con la posición asumida por el Dr. Álvarez Miranda, que expresa que “a diferencia de lo que ocurre con los particulares, quienes guiados por el incentivo de ser cada día más eficientes bajo pena de ser expectorados del mercado, procuran captar al mejor personal en base a sus cualificaciones personales y trayectoria; ello no suele presentarse con frecuencia en el sector público, pues carece de tal incentivo.”

11. Por ello también considero que en el empleo público no se puede aplicar la misma mecánica del concepto de “desnaturalización”, puesto que una empresa particular vela sólo por sus intereses patrimoniales, mientras que el Estado debe estar dotado de personal idóneo capaz de resolver los problemas que día a día aquejan a cualquier entidad del Estado, teniendo por ello importancia especial la labor de los trabajadores vinculados al ente estatal, ya que su desempeño directa o indirectamente incidirá en los intereses de los peruanos.

12. En tal sentido en atención a dicha realidad considero necesario realizar un cambio que exprese mi rechazo ante una situación grave que está trayendo como consecuencia la saturación de la administración pública, con trabajadores que no han sido evaluados debidamente –puesto que no han pasado por un concurso público–, lo que pone en tela de juicio la capacidad e idoneidad de dicho personal.

13. Por ello considero que cuando una entidad estatal sea la demandada, deberá desestimarse la demanda por improcedente puesto que deberá exigirse la respectiva participación en un concurso público a efectos de verificar una serie de características que debe ostentar el trabajador para determinado puesto de trabajo. Claro está de advertirse negligencia o arbitrariedad por parte de la entidad estatal en la contratación, la persona afectada podrá acudir a la vía ordinaria a efectos de que se le indemnice por tal arbitrariedad. Cabe expresar que este cambio no tiene como finalidad perjudicar a los trabajadores ni mucho menos limitar sus derechos fundamentales, sino que busca que el aparato estatal tenga trabajadores calificados y especializados, razón por la que por ley se ha dispuesto el ingreso como trabajador a la entidades estatales solo por concurso público.

14. Por tanto al haber sido llamado para dirimir la discordia producida sólo respecto al extremo referido a que entidad debe ser reincorporada la recurrente si al COEFSE o a EsSalud, debo expresar que solo le correspondería –conforme decidió la Sala Superior– reponer a la demandante al COEFSE, puesto que como trabajadora de EsSalud solo podría ser admitida si hubiese participado en un concurso público.

15. Por ello el recurso de agravio constitucional debe ser declarado improcedente.

Por las razones expuestas mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional.


Sr.

VERGARA GOTELLI






































EXP. Nº 06371-2008-PA/TC
AREQUIPA
ALEIDA HOBBY
MARÍN MEZA


VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO ETO CRUZ

Con el debido respeto por la opinión vertida por los magistrados Vergara Gotelli y Álvarez Miranda, quienes declaran improcedente la demanda, suscribo el parecer de los magistrados Calle Hayen y Beaumont Callirgos, quienes se pronuncian por estimar la presente demanda, en atención a las siguientes consideraciones:

§1. Antecedentes

Con fecha 25 de julio de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo contra el Seguro Social de Salud – EsSalud y Corporación Efectiva de Servicios COEFSE S.R.L., con el objeto de que se le reponga en el cargo de Nutricionista Clínica Asistencial del Hospital III Yanahuara, de la Red Asistencial Arequipa.

La recurrente manifiesta haber laborado para EsSalud desde el 4 de octubre de 2002 hasta el 17 de julio de 2007 y que, para prestar estos servicios, se ha simulado una intermediación laboral a través de diversas empresas, siendo la última de ellas COEFSE S.R.L. Sostiene que se ha producido una desnaturalización de los contratos de intermediación laboral ya que la demandante realizaba labores de carácter principal y permanente, indispensables para los servicios que brinda EsSalud, que no constituyen servicios complementarios como se mencionan en los contratos de intermediación y que, además, en la realidad ha mantenido una relación laboral con EsSalud, por lo que al haber sido despedida arbitrariamente se ha vulnerado su derecho al trabajo.

EsSalud contesta la demanda señalando que la relación laboral se desarrolló a través de un contrato de intermediación laboral, negando que haya mantenido una relación laboral con la demandante, siendo que las remuneraciones eran pagadas por COEFSE y otras empresas de intermediación

Corporación Efectiva de Servicios COEFSE S.R.L., por su parte, explica que la demandante fue contratada como nutricionista para prestar servicios complementarios de nutrición a la empresa usuaria (EsSalud), negando que pueda calificárselos como principales o permanentes.

El Noveno Juzgado Civil de Arequipa declara fundada la demanda por considerar que se ha desnaturalizado el contrato de intermediación laboral; asimismo, considera que en ninguno de los contratos a plazo indeterminado se ha mencionado el servicio específico a prestar y que estuviera sujeto a dicho plazo.

La Sala superior confirma la apelada, en el extremo que ordena que la demandante sea repuesta en el cargo de nutricionista o en otro similar; pero, revocándola, ordena que la reposición sea cumplida por COEFSE S.R.L.

§2. Análisis de la controversia

1. En cuanto a la procedencia del recurso de agravio constitucional, comparto el criterio según el cual la sentencia de la Sala superior constituye una resolución denegatoria, en los términos que establece el artículo 202º inciso 2 de la Constitución, puesto que no se ha pronunciado favorablemente respecto de la pretensión de la demandante.

2. Así las cosas, de las pruebas obrantes en autos, se deduce que la relación de intermediación laboral entablada entre la empresa COEFSE S.R.L. y la demandante, ha sido desnaturalizada, siendo prueba de ello las siguientes instrumentales:

Ø Contrato de intermediación laboral, obrante a fojas 78, suscrito por EsSalud (empresa usuaria) y PACISER S.R.L. y COEFSE S.R.L. (empresas intermediarias), a través de la cual ésta se obliga a proporcionar personal para el servicio complementario de alimentación y nutrición
Ø Contratos laborales para servicio específico, obrante de fojas 163 a 173, y boletas de pago de fojas 127 a 162, mediante los cuales se acredita que la demandante fue contratada por las empresas de intermediación SERESUR E.I.R.L., PACISER S.R.L. y SERVINEXT S.A.C., para prestar servicios como digitadora destacada en la empresa usuaria EsSalud (desde octubre de 2002 hasta agosto de 2005)
Ø Contrato laboral a plazo indeterminado, obrante a fojas 169, del cual se deriva que la recurrente fue contratada como trabajadora permanente de PACISER S.R.L., para laborar como nutricionista destacada en la entidad usuaria (desde el 17 de septiembre de 2005 hasta el 19 de febrero de 2007)
Ø Contrato por servicio específico, obrante de fojas 55 a 58, el cual demuestra que la recurrente fue contratada por COEFSE S.R.L. como nutricionista y fue destacada para tal fin en la empresa usuaria (desde el 20 de febrero hasta el 17 de julio de 2007).
Ø Diversos informes operacionales, obrantes de fojas 481 a 493, emitidos por el jefe de área, que demuestran que la recurrente prestó servicios para el Hospital de Yanahuara – EsSalud como nutricionista (de enero de 2004 a octubre de 2005).
Ø Diversos informes de producción de horas, obrante a fojas 454 a 465, firmados por el nutricionista-jefe de EsSalud, en el que se diferencia la producción de las nutricionistas, entre las que se incluye a la recurrente (de enero de 2004 a octubre de 2005)
Ø Hojas de Programación de Turno, obrante a fojas 189 y 190, aprobadas y visadas por el Nutricionista Jefe de EsSalud, en las que se comprende a la recurrente, fijándose el turno en el que debe prestar servicios (de enero a junio de 2007).
Ø Manual de Organización de Funciones de Essalud, obrante a fojas 3, en el que se incluye los cargos de Nutricionista-Clínica de Hospitalización y otros, de lo que se desprende que se trata de un cargo permanente de la institución demandada.
Ø Acta de Inspección N.º 1169-2007-SDILSST, emitido por la Subdirección de Inspección Laboral, obrante a fojas 34 del cuaderno del Tribunal, el cual constata que tanto COEFSE S.R.L. como Essalud han venido transgrediendo las normas sobre intermediación laboral.

3. Queda, pues, acreditado que los servicios que venía prestando la recurrente no podían ser calificados de complementarios para la empresa usuaria; a consecuencia de lo cual, de conformidad con el artículo 5º de la Ley N.º 27626, debe entenderse que la demandante mantenía una relación laboral a plazo indeterminado con EsSalud, por lo que sólo podía ser despedida por causa justa motivada en su conducta o capacidad laboral. En atención a ello, debe estimarse la demanda y ordenar la reposición de la recurrente, ordenándose que la demandada asuma los costos del proceso, de conformidad con el artículo 56º del Código Procesal Constitucional.

Por estas razones, mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda de amparo, debiéndose ordenar la reposición de la demandante en el puesto de trabajo que ocupaba en EsSalud, así como el pago de costos correspondientes.


S.

ETO CRUZ
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febrero 15, 2012

CAS. Nº 2067-2010-Lima, PRECEDENTE. CORTE SUPREMA ANTEPONE PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS

Categoría: DERECHO DE FAMILIA — gcornejo @ 11:49 — Visto: 1573 veces
CAS. Nº 2067-2010-Lima, PRECEDENTE. CORTE SUPREMA ANTEPONE PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS



PRECISAN RÉGIMEN DE TENENCIA

Tribunal resuelve primer caso sobre síndrome de alienación parental
En estos casos, la opinión del menor no será decisiva para la custodia

La Corte Suprema de Justicia resolvió el primer caso de síndrome de alienación parental en el régimen de tenencia. Así, estableció como precedente que la opinión de los menores de edad influida por dicha conducta contra uno de los progenitores no es decisiva para la custodia, por lo que deben ser tomadas con reserva, siendo la prioridad la adecuada relación parental, explicó el vocal Víctor Ticona Postigo.

En efecto, se trata de la CAS. Nº 2067-2010-Lima, adoptada por la Sala Civil Permanente del máximo tribunal. En ella, se determina que dicho síndrome incide negativamente en el desarrollo e integridad emocional de los infantes y establece que los criterios del Código de los Niños y Adolescentes son orientadores mas no determinantes, pues el parámetro será lo más beneficioso para los menores.

Valoración de las pruebas
Para el colegiado, de esa manera, si bien lo expresado por los niños y adolescentes en un proceso de tenencia y custodia debe ser especialmente apreciado por el juzgador, la decisión final tendrá como sustento, además de la opinión de estos, qué resulta lo más beneficioso para el desarrollo integral del menor de edad. De ahí la importancia de la correcta valoración del caudal probatorio aportado al proceso.
Esto último, en aras de determinar dos aspectos fundamentales. Primero, quién de los padres es el mejor capacitado para ejercer la tenencia y custodia de los hijos; y, segundo, quién de los padres es el que garantizará al menor a mantener contacto con el otro progenitor, refiere el tribunal que invoca el interés superior de los niños para justificar la sentencia contraria a su opinión por ser más beneficiosa para ellos.
Con estos criterios, el tribunal descarta toda infracción normativa de los artículos 82°, 84° y 85° del Código de los Niños y Adolescentes, los cuales establecen las pautas a observar en caso de variación de la tenencia, así como la obligación del juez de hacer prevalecer la opinión del niño en estos procesos.
Añade que, de acuerdo con el artículo 74° del referido Código respecto a la tenencia y la custodia, no obstante, de mediar una separación, los padres son los inmediatamente legitimados a determinarla de común acuerdo, caso contrario, o de resultar perjudicial lo acordado, será el juez especializado quien lo decida en atención a lo que resulte más favorecedor para el hijo.
Esto es, desde la perspectiva de la aplicación del principio del interés superior del niño, expresan los magistrados del tribunal supremo.

El síndrome de alienación parental
Para el máximo colegiado, de acuerdo con los estudios aportados por la doctrina, el síndrome de alienación parental puede ser definido como: 1) el establecimiento de barreras contra el progenitor que no detenta la custodia del hijo; 2) la manipulación ejercida por un padre sobre su hijo a fin de que rechace la figura del otro progenitor; y, 3) programación del hijo para que, sin justificación, odie al otro progenitor.
Además, esta conducta es catalogada por muchos investigadores como un tipo de violencia o maltrato emocional de los padres a sus hijos, cuyo origen es la separación y consiguiente disputa de los padres por la tenencia y custodia de aquellos.

Los hechos
El pronunciamiento en casación resuelve la situación de dos niños que rechazan a su madre, a quien incluso llegan a denigrar mediante frases humillantes, que de acuerdo con un informe multidisciplinario dichas conductas corresponden con los rasgos esperados en un síndrome de alienación parental, siendo el entorno paterno el que está colaborando con mantener negativa la imagen maternal.
Así, pese a que el deseo de los menores es seguir viviendo con el padre, el tribunal otorgó la custodia a la madre a fin de restablecer el trato directo con su progenitora y reencauzar una mejor relación maternal determinante para su desarrollo personal.
La variación de la tenencia fue inmediata y no progresiva, no solo por el recrudecimiento del rechazo hacia su progenitora, sino también por imputaciones de abuso sexual del padre a una menor de edad, hermana de sus hijos por línea materna.

Fuente: El Peruano (14/02/2012)
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febrero 15, 2012

Un joven acuchilló a su madre

Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 11:11 — Visto: 265 veces
Un joven acuchilló a su madre
Miércoles 15 de febrero del 2012 | 08:29
Jonathan Rodríguez Cabana (18) hirió a su progenitora Sara Inés Cabana Pinto (36) y a su padrastro Enrique Ernesto Matta Nicho (45). Ocurrió en San Martín de Porres.



El agresor huyó de la escena y su paradero es desconocido. (Alberto Orbegoso)
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Por motivos que la Policía investiga, Jonathan Rodríguez Cabana (18) hirió con un cuchillo a su progenitora Sara Inés Cabana Pinto (36) y a su padrastro Enrique Ernesto Matta Nicho (45).

El hecho sucedió a las 5:00 de la mañana del lunes en la casa en la que los tres vivían, en el jirón Junín 3952, en San Martín de Porres.

Los agentes de la comisaría del sector trasladaron a los heridos al hospital Cayetano Heredia. Matta Nicho tiene una profunda herida en el pie izquierdo, mientras que Cabana Pinto sufrió lesiones en la muñeca izquierda. Según los detectives, el agresor huyó unos minutos después de cometer el ataque. Su paradero es desconocido. Los dos agraviados han sido citados para la próxima semana a la delegación policial.

FUENTE: PERU 21
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febrero 15, 2012

LOS NIÑOS ASESINOS, HAY MUCHOS CASOS DE ASESINOS PRECOCES

Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 10:55 — Visto: 515 veces
De Alyssa Bustamante a «El Rafita»: los niños asesinos que conmocionaron con sus atrocidades
Más allá del «Petiso Orejudo» en Argentina a principios de siglo XX, Mary Bell en 1968 o los más de 11.000 menores detenidos en México en cinco años, España tiene también una larga lista de homicidas precoces


ISRAEL VIANA ISRA_VIANA / MADRID
Día 15/02/2012 - 09.05h

JOSÉ ALFONSO
«El Rafita» saliendo de los juzgados de Plaza de Castilla, en 2010

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Más allá de novelas como «La virgen de los sicarios» (1994), de Fernando Vallejo, o películas como «¿Quién puede matar a un niño?» (1976), de Narciso Ibáñez serrador, la vida real está plagada de casos de menores de edad que se convirtieron en precoces asesinos. La última, la joven Alyssa Bustamante, que a sus 18 años acaba de ser condenada a cadena perpetua en el estado de Missouri (Estados Unidos) por matar, cuando sólo tenía 15 años, a su compañera de juegos. En el juicio, Bustamente declaró que la experiencia había sido «increíble» y «muy agradable».


ABC
Alyssa Bustamante, durante el juicio por asesinato
En la historia tenemos casos que se hicieron mundialmente famosos por lo escabroso de sus detalles, como, por ejemplo, «Petiso orejudo», un muchacho argentino llamado Cayetano Santos Godino que, a principios del siglo XX, comenzó a matar a otros niños a la temprana edad de 7 años; o Mary Bell, otra niña inglesa que, en 1968, a la edad de 10 años y después de una vida de sufrimiento y torturas por parte de una madre prostituta, llegó a matar a dos niños. Cuando declaró en la comisaría aseguró haber disfrutado con ambos asesinatos.

Sin llegar a los niveles de México, donde en los últimos cinco años han sido detenidos más de 11.000 menores por asesinato, España no escapa a esta precocidad homicida, que en los últimas dos décadas ha visto como cerca de una veintena de niños han saltado a la primer plana de los periódicos por acabar con la vida de otras personas, mostrando una frialdad absoluta y una ausencia de remordimientos absolutamente escalofriantes.

Estos han sido algunos de los casos más sonados:

- «El Nano», de 13 años, estranguló a su amigó Juan José, de 10, cerca del barrio marginal de El Cruce, junto a la M-30, el 9 de agosto de 1992. El pequeño asesino, que tardó un año en confesar a la Policía su crimen, aún tuvo el valor de enterrar el cadáver de «El niño del cruce», como se conocería en la prensa a la víctima. ¿La causa? «Me había insultado», declaró.

- Antonio Molina tenía 14 años cuando, en un ataque de celos, decidió poner punto y final a la vida de su hermanastra, Nerea. La arrojó por una tubería de distribución de aguas de una casa-cueva de Cenes de la Vega (Granada), según confesó al día siguiente, el 18 de mayo de 1994. La niña murió asfixiada. Pririficación, la madre de Antonio, que hacía cinco meses que no veía a su hijo tras la separación de su marido, aseguró que el niño era maltratado en ocasiones por su padre.

- Enrique Cornejo y Antonio Aguilar violaron y apuñalaron a Antonio, un niño de 11 años que vivía en Jaén, con un machete y un cuchillo que fueron más tarde hallados en el domicilio de Conerjo, conocido como «El Tomate». Cuando cometieron el crimen, el 31 de octubre de 1998, Antonio y Enrique tan sólo contaban con 16 años de edad.

- José Rabadán pasó a la historia como «El asesino de la katana», después de que el 1 de abril de 2000, cuando tenía 16 años, matara a sus padres y a su hermana –de 12 años y con síndrome de Down– con una espada samurái en Murcia. «Quería estar solo», fue la sencilla explicación que dio a la Policía. Después aseguró que su «hermana está en el cielo, ya no tiene que sufrir» y por último se preguntó, confuso: «¿La muerte de mis padres? Son muchas cosas juntas...». Cuatro años después, era puesto en libertad vigilada por el juez.

- Raquel e Iria, de 17 y 16 años respectivamente, le asestaron 24 puñaladas y prácticamente degollaron a Clara, una compañera de su instituto en San Fernando (Cádiz), el 27 de mayo de 2000. Clara era una chica normal, de clase media, y, segun confesaron en el interrogatorio Raquel e Iria, mataron a su amiga, que jugaba al rol con ellas, para poder seguir jugando. Raquel, que empuñó el arma mientras Iria sujetaba a Clara y le tapaba los ojos, declaró en el juicio que «tenía la necesidad de matar». Después, escondieron el arma y se fueron de copas con los amigos. Cuando fueron detenidas, relataron el crimen en el interrogatorio con total tranquilidad, sin mostrar emoción alguna. Para más casualidades, la víctima, según contaba ABC, se carteaba con «El asesino de la katana».

- Narima, de 17 años, y Miriam y Esther, de 16, fueron detenidas por el asesinato de un repartidor de bocadillos de 27 años, el 4 de octubre de 2001. Las tres adolescentes colocaron un cable de un lado a otro de la carretera en la barriada Juan Carlos I de Ceuta. Enrique, el repartidor, murió degollado al pasar con la moto. Según confesaron, el crimen fue cometido como venganza contra el novio de uno de ellas, que había roto la relación sentimental que mantenía.

- El asesinato de Sandra Palo, la joven de 22 años con una minusvalía psíquica que fue violada, atropellada y quemada viva en Getafe por tres menores el 17 de mayo de 2003, es uno de los casos más famosos. «El Rafita» tenía 14 años cuando cometió el brutal asesinato y, debido a la Ley del Menor, ahora se encuentra el libertad, mientras es detenido una y otra vez por otros delitos.

- María Dolores murió degollada a los 14 años en un descampado de Ripollet (Barcelona), el 1 de noviembre de 2008. Los presuntos asesinos fueron dos menores de edad, compañeros del instituto, que cursaban segundo de la ESO, molestos porque la joven había grabado los besos que se había dado con Sergio, el presunto homicida, y con novia, y los había colgado en internet.

Fuente: ABC ESPAÑA
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febrero 14, 2012

Monsanto, condenado en Francia por la intoxicación de un agricultor

Categoría: DERECHO Y ECOLOGIA — gcornejo @ 05:09 — Visto: 273 veces

SENTENCIA | El etiquetado no advertía de los riesgos

Monsanto, condenado en Francia por la intoxicación de un agricultor


Paul François, a su llegada al tribunal de Lyon en diciembre.| AFP


Paul François, hoy inválido, inhaló accidentalmente el herbicida Lasso
Este producto fue retirado definitivamente de Francia y otros países en 2007


Juan Manuel Bellver (Corresponsal) | París
Actualizado martes 14/02/2012 19:46 horas


Monsanto es culpable. La empresa estadounidense líder de los productos agrícolas de síntesis y las semillas genéticamente modificadas ha sido condenada por el Tribunal de Gran Instancia de Lyon a indemnizar por daños y perjuicios a un agricultor francés de 47 años que, en 2004, inhaló por accidente su herbicida Lasso. Para Paul François y otros campesinos que ha sufrido las graves secuelas provocadas por el contacto con dicho artículo, la sentencia es un triunfo y podría sentar jurisprudencia para que se produzcan otras similares.

El 27 de abril de 2004, François, hoy inválido, recibió en el rostro emanaciones del herbicida al abrir el pulverizador para limpiarlo y se desmayó al instante. El agricultor, productor de cereales en Charente, comenzó a padecer náuseas, tartamudeo, vértigo, dolores de cabeza y otros trastornos que lo obligaron a interrumpir su actividad durante un año. En mayo de 2005, los análisis médicos descubrieron en su organismo restos de monoclorobenceno, un potente disolvente que forma parte de la composición del Lasso junto con el producto activo, el anacloro.

Tres años más tarde, según informa AFP, el agricultor consiguió que la justicia gala reconociera sus trastornos como enfermedad profesional. Animado por esta primera sentencia laboral, decidió erigirse en portavoz de las víctimas de pesticidas e inició una demanda individual contra Monsanto.

Etiqueta incompleta

Para el abogado del demandante, François Lafforgue, la compañía norteamericana faltó a su "deber de informar" al no detallar la composición del producto en la etiqueta y no advertir sobre los riesgos de inhalación ni sobre la necesidad de utilizar una máscara al manipularlo. Mientras que para el representante legal de Monsanto, Jean-Philippe Delsart, el herbicida Lasso no pudo ser el causante de la intoxicación del demandante, ya que sus problemas de salud solo aparecieron varios meses después.

Estudiadas todas las pruebas, el parqué lyonés decidió condenar a Monsanto a indemnizar totalmente a Pierre François "por su perjuicio" y decidió encargar un peritaje al hospital Rothschild de París, para que este calculase el montante de la indemnización. "Yo estoy vivo, pero parte de la población agrícola va a ser sacrificada y se va a morir a causa de esto", declaró Paul Francois a la agencia Reuters después de la vista.

Una sentencia histórica

Esta es una sentencia histórica en los anales de la Justicia francesa. Pleitos anteriores que relacionaban los problemas de salud de agricultores con la manipulación a determinados productos fitosanitarios habían fracasado debido a la dificultad de establecer vínculos claros entre las enfermedades y la exposición a los pesticidas.

La firma agroquímica de Misouri, por su parte, se plantea apelar la decisión de los jueces. "Nos parece que no existen elementos científicos suficientes que demuestren la relación de causalidad entre una eventual intoxicación con clorobenceno y los problemas de salud del señor François", ha anunciado el directivo de Monsanto France, Yann Fichet.

El caso de Francois se remonta a un período de uso intensivo de productos químicos de protección de cultivos en la Unión Europea. La UE ha prohibido desde entonces un gran número de sustancias consideradas peligrosas, entre ellas Lasso, que fue retirada definitivamente de Francia y otros países en 2007.



FUENTE: EL MUNDO ESPAÑA
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febrero 14, 2012

Un grupo de estudiantes impide un homenaje a Fraga en la Universidad de Santiago

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 05:07 — Visto: 229 veces
Un grupo de estudiantes impide un homenaje a Fraga en la Universidad de Santiago


Momento en el que los estudiantes despliegan una pancarta. | Efe


Gritos de 'Fuera fascistas de la universidad' o 'homenajes a los de las cunetas'
Los manifestantes esperaban en el salón e impidieron el desarrollo del acto
Consistía en una mesa redonda de homenaje con miembros de sus gobiernos
Entre los convocantes estaba Galiza Nova, organización juvenil del BNG


Efe | Santiago de Compostela
Actualizado martes 14/02/2012 21:02 horas

Un grupo de un centenar de estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha impedido este martes la celebración de un homenaje a Manuel Fraga en la facultad de Filosofía.

El acto académico suspendido consistía en una mesa redonda titulada 'Cuatro legislaturas que cambiaron Galicia: Homenaje a D. Manuel Fraga Iribarne', en la que iban a participar los ex conselleiros Manuela López Besteiro, Celso Currás y Xesús Palmou.

La conferencia, organizara por Galicia Milenio: Foro de Pensamiento y Opinión, se enmarcaba en el III Curso Xerardo Fernández Albor bajo el título '30 años de autonomía'.

Al acto asistieron, entre otras personas, la hermana de Manuel Fraga, Rosario Fraga, acompañada por su marido, y el expresidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor, que abandonó el salón de actos al irrumpir los manifestantes.

Cuando los intervinientes en la mesa redonda entraron en la facultad fueron recibidos por los manifestantes que corearon consignas contra la celebración de este acto, como "fuera fascistas de la universidad", "los homenajes a los de las cunetas", "homenajear a Anxel Casal" o "vuestra historia es una mentira".

Posteriormente los manifestantes ocuparon el salón en el que estaba previsto celebrar la mesa redonda e impidieron que el acto se llevase a cabo, a pesar del intento de dialogo de uno de los organizadores.

Entre los convocantes de la protesta figuran las juventudes del BNG, Galiza Nova, y los Comités del Campus de Compostela, que portaban pancartas con los textos: "Ningún homenaje a Fraga. Galicia contra el fascismo" y "No a los homenajes fascistas en la USC".

FUENTE: EL MUNDO ESPAÑA
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febrero 14, 2012

Condenan a España por la muerte de un senegalés que intentaba llegar a Ceuta a nado

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 05:05 — Visto: 452 veces
Condenan a España por la muerte de un senegalés que intentaba llegar a Ceuta a nado


El Comité considera que los hechos son un 'trato cruel, inhumano y degradante'
Ordena que el Estado español 'efectúe una investigación adecuada'
Pide además una 'reparación integral que incluya una indemnización a la familia'
Según la denuncia, la Guardia Civil de Ceuta pinchó el salvavidas del inmigrante
Los hechos ya fueron archivados por un juzgado de Ceuta


Efe | Sevilla
Actualizado martes 14/02/2012 21:58 horas

El Comité contra la Tortura de la ONU ha declarado que España violó la convención internacional en los hechos que concluyeron con la muerte de un inmigrante senegalés a quien -según la denuncia- la Guardia Civil de Ceuta pinchó el salvavidas cuando intentaba entrar en España y se ahogó porque no sabía nadar.

Los hechos ocurrieron en la noche del 25 a 26 de septiembre de 2007 frente a las costas de Ceuta, cuando una embarcación de la Guardia Civil, con tres agentes, interceptó a cuatro subsaharianos -tres hombres y una mujer- que intentaban acceder a nado a la ciudad, procedentes de Marruecos.

Según la denuncia, la Guardia Civil los subió a bordo, los trasladó a aguas jurisdiccionales de Marruecos, les pinchó los salvavidas y les obligó a arrojarse al mar cerca de la costa de Marruecos, pese a que uno de ellos, el senegalés de 29 años Lauding Sonko, "se agarró fuertemente a la barandilla de la embarcación, repitiendo que no sabía nadar, pero los guardias emplearon la fuerza para soltarlo y echarlo al mar".

Cuando la Guardia Civil se percató de que tenía dificultades para llegar a la orilla, un agente se tiró al agua y, una vez en tierra, empezó a hacerle masaje cardíaco, pese a lo cual falleció y fue enterrado en el cementerio de Santa Catalina, sin identificación.

La ONU ordena una investigación

La denuncia fue presentada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), cuyo abogado, el sevillano Alberto Revuelta, ha informado a Efe de que la resolución considera demostrado que los hechos suponen una vulneración del artículo 16 de la Convención contra la Tortura en cuanto constituyen un "trato cruel, inhumano y degradante".

Por ello, ordena que el Estado español "efectúe una investigación adecuada e imparcial de los hechos, persiga y condene a las personas responsables" y conceda una "reparación integral que incluya una indemnización adecuada a la familia del señor Sonko".

El Estado español "debe proceder a una investigación pronta y completa, siempre que haya indicios de actos que constituyan tratos crueles, inhumanos o degradantes", añade la resolución.

España argumentó que estos hechos fueron investigados y archivados por un juzgado de Ceuta, pero el Comité dice que el Estado español "debe explicar las circunstancias de la muerte" del inmigrante, pues "con independencia del hecho de que los guardias civiles hayan pinchado su flotador o a que distancia de la orilla lo hayan depositado, este fue dejado en condiciones que le causaron la muerte".

Además, el Comité considera que la Guardia Civil impuso al senegalés "sufrimiento físico y mental antes de su muerte, agravada por su particular vulnerabilidad como inmigrante".

FUENTE: EL MUNDO ESPAÑA
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febrero 10, 2012

JURISPRUDENCIA SOBRE INEXIGIBILIDAD DE OBLIGACIONES

Categoría: DERECHO CIVIL — gcornejo @ 12:18 — Visto: 3762 veces
JURISPRUDENCIA SOBRE INEXIGIBILIDAD DE OBLIGACIONES


Sumilla:"… la Inexigibilidad de la obligación exige la probanza de la inconcurrencia al crédito de que lo puesto a cobro no resulta reclamable por no haber vencido el plazo para su satisfacción, por no ser oponible en razón de territorio, por pacto determinado entre los contratantes por no ser la vía de ejecución, la idónea para el cumplimiento de la obligación… al no haber regulado nuestro ordenamiento procesal civil el supuesto de cancelación parcial de obligaciones como causal de contradicción, mal puede servir como sustento su invocación, empero es de advertirse que sí dichos pagos no son cuestionados ni negados por la entidad ejecutante, las instancias de mérito haciendo uso de la actividad judicial de la valoración de la prueba bajo las reglas de la sana crítica, pueden ordenar la deducción de dichos pagos al realizarse el pago de la deuda total a la entidad ejecutante… ".

CAS. Nº 1123-00 ICA

Lima, 25 de octubre del 2000.

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República; en la causa vista en Audiencia Pública de la fecha del año en curso, emite la siguiente sentencia:

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por el Banco de Crédito del Perú Sucursal de Ica, contra la resolución de vista expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica a fojas 98, su fecha 29 de marzo del 2000, confirmando la resolución apelada de fojas 72, su fecha 5 de enero del mismo año, declara fundada la contradicción e improcedente la demanda con lo demás que contiene.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

La Corte Suprema mediante ejecutoria de fecha 12 de junio del presente año, ha estimado procedente el recurso por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, sustentada en: a) la infracción del artículo 122 inciso 3° del C.P.C., pues no se ha merituado los fundamentos de su escrito de apelación, no existiendo pronunciamiento alguno al respecto; b) la contravención del artículo VII del Título Preliminar del Código acotado, ya que la resolución de vista señala que no se ha cumplido con anexar a la demanda el estado de cuenta de saldo deudor, cuando de autos aparece que ha cumplido con dicho requisito, y c) la transgresión del artículo IX del Título Preliminar del precitado Código, por cuanto no se ha respetado el principio de vinculación y formalidad establecido para las normas procesales, al ampararse la contradicción en la supuesta ineficacia de la liquidación que no está comprendido como causal válida para contradecir en el presente proceso.

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, el artículo 364 del C.P.C. establece que el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.

Segundo.- Que, la Corte Superior al absolver el grado conoce ex - novo, es decir, conoce de todo el proceso como instancia, no estando limitada en su conocimiento a los fundamentos que sirven de sustento al recurso de apelación respectivo, sin embargo, no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante conforme lo dispone el artículo 370 del Código Procesal acotado.

Tercero.- Que, en ese sentido se tiene que el ejercicio del derecho de defensa previsto en los artículos I del Título Preliminar y 2 del Código Adjetivo se manifiesta entre otras formas por parte de los justiciables, a través del derecho de acción y de contradicción, alegatos, informes y la interposición de medios Impugnatorios a lo largo de todo el proceso, y de parte del juzgador, a la apreciación de las pruebas aportadas por las partes.

Cuarto.- Que, en el caso de autos se advierte que la resolución de vista para confirmar el auto apelado no reproduce sus fundamentos, sino que esgrime los propios, llegando a la misma conclusión que el A quo valorando en forma conjunta los medios probatorios, ciñéndose a la exigencia de los incisos 3° y 4° del artículo 122 del Código Adjetivo.

Quinto.- Que, en consecuencia, no siempre la falta de mención de los argumentos expuestos en el recurso de apelación puede significar la falta de pronunciamiento sobre los mismos, cuando de los considerandos que sustentan un fallo, subyace inexorablemente la expresión de lo que decide, consecuentemente, no es exacta la afirmación que en la recurrida no se han merituado los fundamentos del Recurso de Casación.

Sexto.- Que, por otro lado, y atendiendo a los demás extremos de la denuncia in procedendo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 722 del Código Adjetivo, el ejecutado puede contradecir la ejecución alegando únicamente la nulidad formal del título, Inexigibilidad de la obligación o que la misma y ha sido pagada o ha quedado extinguida de otro modo, o que se encuentra prescrita.

Sétimo.- Que, si bien las instancias inferiores han concluido por el mérito de los documentos aportados como prueba al proceso, que el ejecutado ha realizado pagos parciales con respecto a la obligación de le es exigida, ello no determina que la obligación sea inexigible sino que la misma ha sido pagada parcialmente.

Octavo.- Que, la Inexigibilidad de la obligación exige la probanza de la inconcurrencia al crédito de que lo puesto a cobro no resulta reclamable por no haber vencido el plazo para su satisfacción, por no ser oponible en razón de territorio, por pacto determinado entre los contratantes por no ser la vía de ejecución, la idónea para el cumplimiento de la obligación.

Noveno.- Que, al no haber regulado nuestro ordenamiento procesal civil el supuesto de cancelación parcial de obligaciones como causal de contradicción, mal puede servir como sustento su invocación, empero es de advertirse que sí dichos pagos no son cuestionados ni negados por la entidad ejecutante, las instancias de mérito haciendo uso de la actividad judicial de la valoración de la prueba bajo las reglas de la sana crítica, pueden ordenar la deducción de dichos pagos al realizarse el pago de la deuda total a la entidad ejecutante.

Décimo.- Que, de lo expuesto se concluye que la resolución recurrida ha contravenido las normas que garantizan el derecho a un debido proceso.

SENTENCIA:

Que estando a las conclusiones arribadas y en aplicación de lo dispuesto por el numeral 2.3 del inciso 2° del artículo 396 del C.P.C., declararon FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por el Banco de Crédito del Perú Sucursal de Ica, en consecuencia NULA la resolución de vista de fojas 98, su fecha 29 de marzo del 2000, e INSUBSISTENTE la resolución apelada, fechada el 5 de enero del mismo año, ORDENARON que el Juez de la causa expida nueva resolución tomando en cuenta los considerandos precedentes, en los seguidos con don Francisco Alejandro Paredes Morales sobre ejecución de garantías, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; bajo responsabilidad, y los devolvieron.

SS. PANTOJA, IBERICO, OVIEDO DE A., CELIS, ALVA.

Fecha de Publicación: 02-01-01
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febrero 09, 2012

sentencia del tribunal constitucional que ordene se vota nuevamente en el CNM el nombramiento del Dr. Mateo Castañeda.

Categoría: JURISPRUDENCIA TC — gcornejo @ 01:00 — Visto: 438 veces
sentencia del tribunal constitucional que ordene se vota nuevamente en el CNM el nombramiento del Dr. Mateo Castañeda.


EXP. N.° 04944-2011-PA/TC
LIMA
MATEO GRIMALDO
CASTAÑEDA SEGOVIA


SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


En Lima, a los 16 días del mes de enero de 2012, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Urviola Hani, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular del magistrado Vergara Gotelli, y los fundamentos de voto de los magistrados Beaumont Callirgos y Calle Hayen, que se acompañan.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mateo Grimaldo Castañeda Segovia contra la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 569, su fecha 7 de octubre de 2011, que confirmando la apelada, rechazó in limine y declaró improcedente la demanda de amparo de autos.


ANTECEDENTES

Con fecha 19 de mayo de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura a fin de que se declare la nulidad del Acuerdo N.º 0178-2011 adoptado, en la Sesión Plenaria Extraordinaria del 27 y 28 de enero de 2011, y en consecuencia, se disponga una nueva votación en la Convocatoria N.º 002-2010-SN/CNM toda vez que aún existe una plaza vacante para el cargo de Fiscal Supremo, respetando estrictamente las garantías del debido proceso, y los derechos a la igualdad y de acceso a la función pública en condiciones de igualdad. Persigue, además, se disponga que en la nueva votación se integre al representante del Ministerio Público, Consejero Max Herrera Bonilla, y que en la nueva votación participen los Consejeros Suplentes o Accesitarios de los Consejeros Gonzalo García Núñez, Luz Marina Guzmán Díaz y Gastón Soto Vallenas.

Manifiesta que pese que obtuvo el tercer lugar en el cuadro de méritos y que absolvió todos los cuestionamientos que fueron realizados contra su postulación, decidieron no nombrarlo Fiscal Supremo sin explicar los motivos fundados por los que se adoptó tal decisión, y que recién el 10 de marzo de 2011, esto es, cuarenta días después de adoptado el acuerdo le entregaron una copia certificada de la Sesión Plenaria Extraordinaria en la que consta el acuerdo que cuestiona, en la que aducen no nombrarlo porque durante el curso del proceso de selección fue objeto de diversos cuestionamientos sobre su despeño funcional en el Ministerio Público que no fueron aclarados durante la entrevista, violándose así sus derechos a la tutela procesal efectiva, debido proceso y a la motivación. Alega que se vulnera el derecho a la debida motivación en dos etapas porque en la sesión continuada del 27 y 28 de enero se dio un empate de tres a favor y tres en contra de su nombramiento y, para tratar de justificar ello, los consejeros García Nuñez, Guzmán Diaz y Soto Vallenas expresaron verbalmente que seguían pensando que no reunía el requisito de 15 años de ejercicio como abogado, siendo un asunto que ya había quedado zanjado en más de tres oportunidades, de manera que no podía ser tratado nuevamente porque en la etapa de la entrevista personal no se analizan requisitos sino la probidad e idoneidad del postulante para el cargo que aspira. Señala que pese a que comunica nombramiento de los nuevos Vocales y Fiscales Supremos, no publica las razones por las que no lo nombra, incumpliendo el artículo 53º del Reglamento de Concursos que obliga a dejar constancia de la decisión y de las razones de ello en el acta correspondiente. Aduce que en el acta se consigna una razón abstracta denominada “cuestionamientos diversos” con lo cual se manifiesta la violación de sus derechos porque se pretende justificar la decisión de no nombrarlo como Fiscal Supremo a pesar de que reunía todos los requisitos, sin precisar ni indicarse cuáles son esos cuestionamientos supuestamente no absueltos ni oportuna ni coherentemente. Manifiesta, finalmente, que los cuestionamientos de los que fue objeto durante el concurso fueron desestimados o, a su turno, fueron absueltos por escrito y de manera documentada, así como durante la entrevista personal; que no tiene quejas ni denuncias pendientes; que jamás ha sido sancionado disciplinariamente, con solo una amonestación en veintiséis años y que, por el contrario, cuando renunció a su cargo de Fiscal Superior Penal de Lima, el Ministerio Público, a través de su Junta de Fiscales Supremos, reconoció sus portes a la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, de manera que no se puede hablar de un desmedro de la imagen pública.

El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, mediante resolución de fecha 20 de mayo de 2011, rechazó liminarmente la demanda de autos, declarándola improcedente, en aplicación de los artículos 5.2º y 5.7º del Código Procesal Constitucional, por considerar que lo que el actor pretende es que se revise la argumentación fáctica y jurídica desarrollada en la decisión cuestionada, lo que no corresponde a la naturaleza de los procesos constitucionales.

La Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada en aplicación del artículo 5.5º del Código Procesal Constitucional, por considerar que el Concurso Público para nombramiento de Fiscales Supremos en el que participó el actor culminó con el nombramiento de dos Fiscales Supremos, y por lo tanto, resulta imposible reponer las cosas al estado anterior.

FUNDAMENTOS

La posición del Tribunal Constitucional respecto al rechazo liminar de la demanda

El Tribunal Constitucional discrepa del pronunciamiento del juez del Quinto Juzgado Constitucional de Lima toda vez que, si bien es cierto, el artículo 5.7º del Código Procesal Constitucional lo habilitaba para –en el legítimo e independiente ejercicio de de la función jurisdiccional– desestimar liminarmente la demanda, sin embargo, no ha tenido en cuenta que lo que aquí se cuestiona es el acuerdo adoptado por el Consejo Nacional de la Magistratura que decide no nombrar al actor en el cargo al que postuló, lo cual constituye un supuesto totalmente distinto al previsto por el aludido numeral 5.7º del código adjetivo acotado, que prescribe que no proceden los procesos constitucionales cuando se cuestionen las resoluciones definitivas en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales.

En cuanto al invocado artículo 5.2º, el juez del Quinto Juzgado Constitucional de Lima tampoco ha tenido en cuenta la abundante jurisprudencia que establece la competencia de este Colegiado para determinar la legitimidad constitucional de las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura, independientemente del tipo de resolución de que se trate, esto es, sean de destitución, ratificación, nombramientos u otro tipo, lo que denota que controversias como la aquí planteada sí pueden ser dilucidadas mediante el proceso de amparo.

Asimismo, tampoco está de acuerdo este Colegiado con el pronunciamiento de los vocales integrantes de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y es que si bien es cierto, el concurso al que postuló el actor ya concluyó, sin embargo, ello no necesariamente conduce a la irreparabilidad de la alegada afectación, pues el caso de autos responde a un supuesto sumamente particular derivado del hecho de que el actor ocupaba el tercer lugar en el orden de méritos luego de superadas todas las etapas de la evaluación en un concurso en el que habían tres plazas vacantes y, a pesar de ello, no fue nombrado en el cargo al que postuló y, es por tal razón, que persigue se declare la nulidad del acuerdo que decidió no nombrarlo, y por ende, se produzca un nuevo acto de votación de parte de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura habida cuenta que aún existe una plaza vacante.

En todo caso, y de presentarse tal supuesto, el segundo párrafo del artículo 1º del Código Procesal Constitucional habilita la posibilidad de emitir un pronunciamiento estimatorio, lo que corresponderá determinar en el estadio procesal correspondiente, más no a través del rechazo liminar, máxime cuando el artículo III del Título Preliminar del código adjetivo acotado dispone que cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación.

Por otro lado, de autos se verifica que el órgano emplazado ha sido notificado en diversas oportunidades con cada uno de los diferentes actos procesales posteriores al concesorio de la apelación, conforme consta a fojas 366, 367, 368, 369, 370, 515, 516, 517, 518, 519, 522, 523, 524, 525, 526, 585, 586, 589 y 590, con lo cual su derecho de defensa no se ha visto afectado en tanto ha tenido conocimiento oportuno de la existencia del presente proceso. Por lo demás, consta a fojas 375 que el apoderado del Consejo Nacional de la Magistratura se apersonó al proceso el 15 de junio de 2011 habiendo incluso informado oralmente no sólo ante la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, según se verifica a fojas 568, sino incluso ante el Pleno de este Tribunal Constitucional, conforme se aprecia de la certificación que corre a fojas 6 del cuadernillo de ese Colegiado.

En ese sentido, y en aplicación del artículo 20º del Código Procesal Constitucional, correspondería que este Colegiado declare el quebrantamiento de forma y disponga la remisión de los actuados al juez de origen a fin de que admita a trámite la demanda de amparo de autos y corra traslado de la misma a los emplazados.

Sin embargo, este Tribunal Constitucional también considera necesario precisar que sería inútil, y por lo tanto injusto, obligar al demandante a transitar nuevamente por la vía judicial para llegar a un destino que, a la luz de los hechos descritos, y a los medios probatorios obrantes en autos, permiten revisar la cuestión controvertida. Y es que en el caso concreto se aprecia que no es posible actuar medios probatorios, pues en el fondo se trata de un asunto de puro derecho y, además, la tutela de urgencia está suficientemente acreditada en la medida que en el concurso al que postuló el actor quedó pendiente una plaza vacante. Consecuentemente, dada la naturaleza de los derechos invocados, y estando a lo dispuesto en el artículo 20º del Código Procesal Constitucional, así como en virtud de los fines de los procesos constitucionales y los principios procesales que los orientan, previstos en los artículos II y III del Título Preliminar del código acotado, procede que este Tribunal se pronuncie sobre la pretensión de autos.

Petitorio de la demanda y delimitación del campo de actuación de este Tribunal

Mediante la demanda de amparo de autos el recurrente persigue se declare la nulidad del Acuerdo N.º 178-2011 adoptado en la sesión plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de la Magistratura del 27 y 28 de enero de 2011 y del acta correspondiente, y en consecuencia, se ordene al Consejo Nacional de la Magistratura reabra el Concurso Público de méritos para Fiscales Supremos materia de la Convocatoria N.º 02-2010 SN/CNM a partir de la etapa de votación del cuadro de méritos, y se emita un nuevo acuerdo previa votación, respetando estrictamente las garantías del debido proceso.

En consecuencia, lo que a este Tribunal corresponde verificar es si, como se alega, la motivación de parte de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura al emitir el cuestionado Acuerdo N.º 0176-2011, por el que se decidió no nombrar al actor en el cargo de Fiscal Supremo al que postuló –a pesar de ocupar el tercer lugar en el orden de méritos luego de superadas todas las etapas de la evaluación en un concurso en el que habían tres plazas vacantes– fue o no arbitraria.

En tal sentido, en el proceso de amparo de autos, el análisis de si el cuestionado acuerdo violó, o no, el derecho a la debida motivación de las resoluciones debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en el acto impugnado, de manera que los medios probatorios del proceso en cuestión deberán ser evaluados para contrastar las razones expuestas. Y es que en este tipo de procesos al Tribunal Constitucional le compete realizar el análisis externo del acuerdo cuestionado, a efectos de constatar si éste es el resultado de un juicio racional y objetivo donde los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura han puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la adopción de la decisión, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos.

Se trata, en resumidas cuentas, de realizar el ejercicio de un prudente control constitucional respecto de la argumentación que desarrolló el Consejo Nacional de la Magistratura a la hora de asumir la función que le corresponde constitucionalmente, de modo tal que no signifique una intromisión en el ejercicio de sus competencias, como a veces se suele denunciar equivocadamente.

El derecho al debido proceso

Como ha tenido oportunidad de establecer este Tribunal en más de una oportunidad, el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.3º de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos.

El derecho al debido proceso, y los derechos que contiene son invocables, y, por tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. Así, el debido proceso administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública o privada– de todos los principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de la Constitución (juez natural, juez imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.).

El fundamento principal por el que se habla de un debido procedimiento administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto la jurisdicción como la administración están indiscutiblemente vinculados a la Carta Magna, de modo que si ésta resuelve sobre asuntos de interés de los administrados, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional.

En ese sentido, y cómo también ha sido precisado por este Tribunal, el derecho al debido proceso comprende, a su vez, un haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo; entre estos derechos constitucionales, especial relevancia para el presente caso adquiere el derecho a la motivación de las resoluciones, conforme se explicará en los fundamentos que a continuación se exponen.

La garantía constitucional de la motivación

En todo Estado constitucional y democrático de Derecho, la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas –sean o no de carácter jurisdiccional– es un derecho fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva. El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional.

La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo. No obstante, se trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado Democrático que se define en los artículos 3º y 43º de la Constitución, como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. En el Estado Constitucional Democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso.

En el mismo sentido, a nivel de doctrina se considera que la motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la Administración, siendo un mecanismo que permite apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad de su actuación. La motivación permite pues a la Administración poner en evidencia que su actuación no es arbitraria, sino que está sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho y su sistema de fuentes.

El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues que la administración exprese las razones o justificaciones objetivas que la lleva a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso.

De otro lado, la motivación puede generarse previamente a la decisión –mediante los informes o dictámenes correspondientes– o concurrentemente con la resolución, esto es, puede elaborarse simultáneamente con la decisión. En cualquier caso, siempre deberá quedar consignada en la resolución. La Administración puede cumplir la exigencia de la motivación a través de la incorporación expresa, de modo escueto o extenso, de sus propias razones en los considerandos de la resolución, como también a través de la aceptación íntegra y exclusiva de lo establecido en los dictámenes o informes previos emitidos por sus instancias consultivas, en cuyo caso los hará suyos con mención expresa en el texto de la resolución, identificándolos adecuadamente por número, fecha y órgano emisor.

Es por ello que este Tribunal reitera que un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando solo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión; de modo que, como ya se ha dicho, motivar una decisión no solo significa expresar únicamente al amparo de qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada.

En esta misma dirección y ya en el plano legal, el artículo 6º, inciso 3º de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone que: “(...) no son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto”. De otro lado, el numeral 1.2) del artículo IV del Título Preliminar de la citada Ley establece que forma parte del debido procedimiento administrativo el derecho del administrado a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Dicha motivación debe efectuarse en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, en concordancia con el numeral 4) del artículo 3º de la citada ley.

A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en tanto constituye una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es, por sí sola, contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.

Análisis del fondo de la controversia

Como quedó expuesto en los Fundamentos 8 a 11, supra, lo que a este Tribunal corresponde verificar es si la motivación de parte de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura al emitir el cuestionado Acuerdo N.º 178-2011, por el que se decidió no nombrar al actor en el cargo de Fiscal Supremo al que postuló fue o no arbitraria. Para ello, deben evaluarse los propios fundamentos expuestos en el acto impugnado, así como, eventualmente, los medios probatorios correspondientes para efectos de constatar si las razones expuestas que justificaron la decisión de no nombrar al actor en el cargo al que postuló, a pesar de haber ocupado el tercer lugar en el cuadro final de méritos, supusieron la afectación de su derecho al debido proceso y, en particular, del derecho a la motivación de las resoluciones.

Independientemente de la razón que condujo al no nombramiento del actor que luego se verá, para este Tribunal Constitucional parece oportuno reseñar, previamente, las distintas etapas del proceso de selección por las que transitó, incluida la final elaboración del cuadro de méritos, con mención expresa de los resultados obtenidos a efectos de, en un contexto integral, determinar si la decisión de no nombrarlo en el cargo al que postuló y, particularmente, la razón de ello, resultó arbitraria o no. Así, consta en autos,

a) A fojas 234, el cuadro de meritos materia de la Convocatoria N.º 002-2010-SN/CNM, en el que consta que el recurrente obtuvo en el examen escrito 92 puntos, en la calificación curricular 79.75 puntos y en la entrevista personal 73 puntos, obteniendo una nota final de 83.30 puntos, y ocupando así el tercer puesto para ocupar una de las tres plazas vacantes para ocupar el cargo de Fiscal Supremo.

b) A fojas 30, la Resolución N.º 017-2011-CNM, de fecha 14 de enero de 2011, mediante la que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura desestiman, por unanimidad, una por infundada y otra por improcedente, las tachas formuladas por don Isaías Sota Farfán.

c) A fojas 35, la Resolución N.º 074-2011-PCNM, de fecha 14 de enero de 2011, mediante la que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura declaran infundada la tacha interpuesta por el Instituto de Defensa Legal referida al supuesto incumplimiento de los años exigidos para la postulación a la plaza de Fiscal Supremo en calidad de abogado; y,

d) A fojas 43, la Resolución N.º 130-2011-PCNM, de fecha 14 de febrero de 2011, que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el Instituto de defensa legal contra la precitada resolución.

A fojas 246 a 251 corre copia certificada del Acta de Sesión Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de la Magistratura, de fechas 27 y 28 de enero de 2011, en la que consta el impugnado Acuerdo Nº 178-2011. Al emitir dicho acuerdo, y para efectos de sustentar la decisión de no nombrar al actor en el cargo al que postuló, el Consejo Nacional de la Magistratura consideró,

“No nombrar al doctor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, como Fiscal Supremo del Ministerio Público, al no haber alcanzado el voto conforme de los dos tercios del numero legal de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, de conformidad con el articulo 154 inciso 1 de la Constitución Política.

Los señores Consejeros Guzmán Díaz, Soto Vallenas y García Nuñez, dejaron expresa constancia que el postulante, durante el curso del proceso de selección, ha sido objeto de diversos cuestionamientos sobre su desempeño funcional en el Ministerio Publico, en desmedro de la imagen pública que las normas, y, específicamente, el Reglamento de Selección y Nombramiento, exige para tan elevada función, aspectos que, por lo demás, no fueron debidamente aclarados durante la entrevista. Asimismo invitado a exponer sus propuestas y planteamientos para el desarrollo de la institución, se limito a explicar el contenido de las leyes y a sugerir que el Poder Legislativo era el único responsable, argumentos insuficientes, para las responsabilidades que le esperan a un Fiscal Supremo. Lo que incidió en la falta de convicción de los Consejeros para decidir afirmativamente para el nombramiento, en orden al cumplimiento de las exigencias funcionales de la Ley Carrera Judicial, aplicable también al Ministerio Publico, de conformidad con el artículo 158º de la Constitución Política.” (subrayados agregados)

Y, desde el punto de vista normativo, se sustenta en el artículo 158º de la Constitución que dispone “El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación dura tres años, y es prorrogable, por reelección, sólo por otros dos. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su respectiva categoría.” Así, en virtud de dicha disposición constitucional, concluye que no cumple con las exigencias funcionales de la Ley de Carrera Judicial, aplicable al Ministerio Público.

Debe tenerse presente, asimismo, que ante supuestos como el de autos –no se nombra a quien ocupa los primeros lugares en el orden de méritos– la propia Ley N.º 29277, de la Carrera Judicial, establece en su artículo 33º la obligación de fundamentar debidamente por qué se adopta tal decisión. Prescribe, expresamente, la referida norma que, “En el caso de que la persona a quien correspondiese nombrar según el orden de méritos no obtuviese la mayoría establecida por la disposición constitucional, el Consejo puede elegir entre las dos (2) siguientes en el orden de méritos, con obligación de fundamentar claramente las razones por las que no se eligió a la primera”. Y, en el mismo sentido, el artículo 53º del Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales aprobado mediante Resolución N.º 281-2010-CNM establece la obligatoriedad de “(…) dejar constancia de su decisión y de las razones debidamente fundamentadas, en el acta respectiva”. (subrayados agregados)

29. Como puede advertirse, el fundamento principal de parte de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura por el cual se determina que no cumplió las “exigencias funcionales de la Ley de Carrera Judicial” fue el de haber sido “objeto de diversos cuestionamientos sobre su desempeño funcional en el Ministerio Publico en desmedro de la imagen pública”.

30. Sin embargo, tal como se desprende del acta correspondiente, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura se limitan a señalar que “durante el curso del proceso de selección, (el actor) ha sido objeto de diversos cuestionamientos sobre su desempeño funcional en el Ministerio Publico, en desmedro de la imagen pública”, sin especificar cuáles serían esos cuestionamientos no aclarados que los condujeron a adoptar la decisión de no nombrarlo, a pesar de ocupar el tercer lugar en el orden de méritos y existir, precisamente, tres plazas vacantes.

Esa es una motivación que se encuentra proscrita, en tanto representa, en los términos de la Ley N.º 27444, una fórmula general o vacía de fundamentación para el caso concreto, esto es, una fórmula que por su vaguedad e insuficiencia no resulta suficientemente esclarecedora para la motivación del acto, y por lo mismo, restrictiva de los derechos fundamentales del recurrente en tanto no identifica cuáles son esos diversos cuestionamientos no esclarecidos, ni que tan graves son como para que ameriten, pese a ocupar el tercer lugar en el orden de méritos y existir tres plazas vacantes disponibles, no ser nombrado Fiscal Supremo.

Por lo demás, así lo consideró el Consejero Vladimir Paz de la Barra quien, respecto del cuestionado acuerdo expresó que,

“(…) todos los cuestionamientos realizados con respecto al postulante Mateo Castañeda Grimaldo, fue objeto de preguntas por parte de los Señores Consejeros en el acto de la entrevista personal, y cuya explicación debidamente documentada satisfizo plenamente a los tres Consejeros (…); que en todo caso, de existir insatisfacción en cuanto a la explicación de tales cuestionamientos, debe precisarse en forma específica y razonada, en qué consiste el cuestionamiento que no ha sido debidamente aclarado por el postulante, que lo desmerezca como tal para asumir el cargo de Fiscal Supremo”. (subrayado agregado)

A mayor abundamiento, tal motivación supuso, además, la afectación del derecho de defensa del recurrente, pues al negársele la posibilidad de identificar las causas exactas de su no nombramiento, esto es, al no conocer tales razones, se encontró imposibilitado de poder recurrir dicha decisión.

En consecuencia, y atendiendo a las consideraciones expuestas supra, para este Colegiado queda claro que aunque la entidad demandada haya cumplido con motivar y sustentar las razones por las cuales decidió no nombrar al actor en el cargo al que postuló, no se advierte que ésta haya sido ejercida de una forma eficiente o idónea, conforme lo impone la Constitución, sino de manera arbitraria.

A juicio del Tribunal Constitucional, resulta fuera de toda duda que se violó el derecho a una decisión debidamente motivada por cuanto la motivación es sólo aparente. Y es que si bien es cierto, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura dan cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión, así como expresan al amparo de qué norma legal se expide el acto administrativo, sin embargo, solo intentan dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico.

En efecto, si bien los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura motivan y expresan las razones que los condujeron a tomar una determinada decisión, esto es, la de no nombrar al actor debido a “diversos cuestionamientos sobre su desempeño funcional en el Ministerio Público”, sin embargo, se advierte que el acuerdo cuestionado, si bien ha sido emitido al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida, resulta arbitrario por cuanto carece de justificaciones objetivas que lo respalden.

Pero tal afectación no sólo se da en el plano de los hechos, sino también desde el punto de vista normativo. Y es que como ya se ha dicho, motivar una decisión también significa expresar al amparo de qué norma legal se expide el acto administrativo, esto es, cuál es el sustento jurídico que justifica la decisión tomada. En el caso de autos, se aprecia que tan sólo se hace alusión alusión al artículo 158º de la Constitución, lo cual no sólo resulta insuficiente para sustentar la decisión, en tanto se trata de una norma genérica que se limita a establecer que el Ministerio Público es autónomo; que el Fiscal de la Nación lo preside; que éste es elegido por la Junta de Fiscales Supremos; que su cargo dura tres años, y es prorrogable, por reelección, sólo por otros dos, entre otras consideraciones, sino porque además, no tiene directa relación con la decisión de no nombrarlo debido a los “diversos cuestionamientos sobre su desempeño funcional”.

Consideraciones Finales

El Tribunal Constitucional encuentra legítimo que, atendiendo a su función constitucionalmente reconocida por el artículo 154.1º de la Norma Fundamental, esto es, la de nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles, el Consejo Nacional de la Magistratura recoja denuncias de todo tipo a efectos de verificar que quien vaya a nombrar responda al perfil de ostentar una “trayectoria personal éticamente irreprochable”, de acuerdo al término establecido en la Ley de la Carrera Judicial, las que por cierto, tiene el deber de verificar.

Sin embargo, resulta inadecuado que dicha competencia pretenda ejercerse a costa de la plena vigencia de los derechos fundamentales, cuya protección, en última instancia, corresponde al Tribunal Constitucional, y a la que, por imperio de la Constitución, no puede renunciar.

En consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que, con la negativa insuficientemente motivada del Consejo Nacional de la Magistratura de nombrar al actor en el cargo al que postuló, y principalmente, al sustentar su decisión en la forma que lo hizo, se ha acreditado la violación de los derechos al debido proceso y a la motivación de las resoluciones previstos por los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución, razones, todas, por las cuales la demanda debe ser estimada.

Por lo mismo, y atendiendo a que la finalidad de los procesos constitucionales es proteger los derechos constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación de éstos, según lo manda el artículo 1º del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura emitir un nuevo acuerdo debidamente motivado lo que supone, evidentemente, que sus miembros previamente vuelvan a votar su decisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 154.1º de la Constitución, el segundo párrafo del artículo 33º de la Ley N.º 29277, de la Carrera Judicial y, el artículo 53º del Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales aprobado mediante Resolución N.º 281-2010-CNM.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la violación de los derechos al debido proceso y a la motivación de las resoluciones previstos por los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, y en consecuencia,

Declarar NULO el Acuerdo N.º 0178-2011 adoptado por el Consejo Nacional de la Magistratura y contenido en el Acta de Sesión Plenaria Extraordinaria de fechas 27 y 28 de enero de 2011.

Ordenar al Consejo Nacional de la Magistratura emitir un nuevo acuerdo debidamente motivado lo que supone, evidentemente, que sus miembros previamente vuelvan a votar su decisión, conforme a lo expuesto en el Fundamento N.º 41, supra.

Publíquese y notifíquese.


SS.

ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI

MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ

































EXP. N.° 04944-2011-PA/TC
LIMA
MATEO GRIMALDO
CASTAÑEDA SEGOVIA


FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
BEAUMONT CALLIRGOS

Con el debido respeto por la opinión vertida por mis colegas magistrados y si bien concuerdo con los fundamentos y el fallo de la sentencia, estimo necesario realizar algunas precisiones al respecto.

1. En el presente caso, se declara fundada la demanda por haberse acreditado la vulneración de los derechos al debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales; sin embargo, no se debe perder de vista que si bien “En todo Estado constitucional y democrático de derecho la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas –sean o no de carácter jurisdiccional–, es un derecho fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva, por tanto, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria, siendo inconstitucional.” (Cfr. Nº 6698-2006-PA, fundamento 4); tratándose de las decisiones de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, en relación al nombramiento de jueces y fiscales, debe resaltarse que las mismas obedecen también, a criterios valorativos, éticos y morales de los postulantes, así como a la trayectoria de vida de los mismos.

2. En ese sentido, el grado de motivación de éstas, no necesariamente puede y debe ser de la misma naturaleza que la que se exige a las decisiones de los órganos jurisdiccionales, por citar un ejemplo, ya que aquellas no se sustentan únicamente en razones jurídicas, sino también, en la idoneidad o probidad del postulante, requisitos indispensables para el ejercicio del cargo al cual se postula.


SR.

BEAUMONT CALLIRGOS

































EXP. N.° 04944-2011-PA/TC
LIMA
MATEO GRIMALDO
CASTAÑEDA SEGOVIA


FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO CALLE HAYEN

Con el debido respeto que se merece la opinión de mis distinguidos colegas, no obstante encontrarme conforme con la los fundamentos expuestos en la sentencia así como en la parte resolutiva, procedo a emitir el presente fundamento, haciendo las siguientes precisiones:

Respecto a la pretensión, se advierte de la demanda, que el cuestionamiento está dirigido a cuestionar el Acuerdo Nº 0178-2011 adoptado en la Sesión Plenaria Extraordinario del 27 y 28 de enero de 2011 por carecer de motivación suficiente, al haberse basado la decisión solo respecto a supuestos, al sostener que “ha sido objeto de diversos cuestionamientos”.

Este Tribunal en efecto, al advertir que nos encontramos frente a una vulneración constitucional de motivación insuficiente y atendiendo a que tal exigencia no solo es de obligatorio cumplimiento de los órganos jurisdiccionales, sino que también se extiende a la sede administrativa, el Consejo Nacional de la Magistratura debió motivar de manera suficiente y lógica su decisión, pues sostener que el actor ha sido objeto de diversos cuestionamientos sin precisión de ellos incurre en clara arbitrariedad.

Ignacio COLOMER, respecto a la obligación de motivar ha precisado que “es un principio constitucional y pilar esencial de la jurisdicción democrática”; y es que a diferencia del Antiguo Régimen, en que los órganos judiciales no estaban llamados a dar cuenta de la interpretación y aplicación del Derecho, esto no puede considerarse admisible en una sociedad democrática, en la que justicia, igualdad y libertad ascienden a la dignidad de principios fundamentales[1].


La obligación de motivar se constituye como límite a la arbitrariedad del Juez o del ente administrador, que permite además constatar su sujeción a la ley y que sus resoluciones puedan ser objeto de control en relación a si cumplieron o no con los requisitos y exigencias de la debida motivación. Y es que en tanto garantía de la “ no arbitrariedad”, la motivación debe ser justificada de manera lógica. De ahí que la exigencia de motivación, como señala COLOMER, no sea el mero hecho de redactar formalmente sino que la justificación debe ser racional y lógica como garantía de frente al uso arbitrario del poder”[2].

Este Tribunal también se ha pronunciado al respeto, sosteniendo que “el derecho reconocido en inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene una dimensión, por así decirlo judicial, sino que se extiende también a sede administrativa” y en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, a “cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8º de la Convención Americana.
6. Respecto al derecho de igualdad a que refiere el recurrente con relación a la votación de tan solo 6 de sus miembros; debo precisar que la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura ha establecido en su Artículo 37º que es el Presidente del Consejo quien ejercer las atribuciones de dirimir en caso de empate, por lo que se exhorta a la Institución demandada proceder a dar cumplimiento de las normas correspondientes.



Sr.
CALLE HAYEN




































EXP. N.° 04944-2011-PA/TC
LIMA
MATEO GRIMALDO
CASTAÑEDA SEGOVIA


VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO JUAN VERGARA GOTELLI

Lima, 3 de febrero de 2012

Emito el presente voto singular por las siguientes consideraciones:

Petitorio

1. El recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante CNM) a fin de que se declare la nulidad del Acuerdo Nº 0178-2011, adoptado, en la Sesión Plenaria Extraordinaria del 27 y 28 de enero de 2011, y en consecuencia se disponga una nueva votación en la Convocatoria Nº 002-2010-SN/CNM toda vez que aun existe una plaza vacante para el cargo de Fiscal Supremo, respetando estrictamente las garantías del debido proceso y los derechos a la igualdad y de acceso a la función pública en condiciones de igualdad. Persigue además se disponga que en la nueva votación se integre al representante del Ministerio Publico, Consejero Max Herrera Bonilla, y que en la nueva votación participen los Consejeros Suplentes o Accesitarios de los Consejeros Gonzalo García Nuñez, Luz Marina Guzmán Díaz y Gastón Soto Vallenas.

Manifiesta que obtuvo el tercer lugar en el cuadro de meritos y que absolvió todos los cuestionamientos que fueron realizados contra su postulación, decidieron no nombrarlo Fiscal Supremo sin explicar los motivos por los que se adoptó dicha decisión. Expresa que con fecha 10 de marzo de 2011, es decir 40 días después de adoptado el acuerdo entregaron una copia certificada de la Sesión Plenaria Extraordinaria en la que consta el acuerdo que cuestiona. Es así que en dicho acuerdo argumentan como sustento de su decisión el hecho de que durante el proceso de selección existieron una serie de cuestionamientos contra la postulación del recurrente en su desempeño funcional en el Ministerio Publico que no fueron aclarados durante la entrevista, violándose sus derechos a la tutela procesal efectiva, debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones. Señala que en la Sesión continuada del 27 y 28 de enero se dio un empate de tres a favor y tres en contra de su nombramiento. Afirma que los consejeros García Nuñez Guzmán Díaz y Soto Vallenas expresaron verbalmente que seguían pensando que no reunía el requisito de 15 años de ejercicio como abogado, siendo un requisito que ya había sido superado en más de 3 oportunidades de manera que no podía analizarse dicho aspecto nuevamente para justificar esa determinación.

Resumen de lo actuado en el presente proceso constitucional de amparo

2. Presentada la demanda de amparo se observa que:

a) En primera instancia, el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 20 de mayo de 2011, declaró la improcedencia liminar de la demanda en aplicación de los artículos 5.2º y 5.7º del Código Procesal Constitucional, por considerar que el actor pretende que se revise la argumentación fáctica y jurídica desarrollada en la decisión cuestionada, lo que no es competencia de los procesos constitucionales.

b) Habiendo obtenido resolución desestimatoria el recurrente presenta su recurso de apelación contra dicha decisión.

c) La Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada en aplicación de los artículos 5.5º del Código Procesal Constitucional por considerar que el concurso público de nombramiento de Fiscales Supremos en el que participó el actor culminó con el nombramiento de dos Fiscales Supremos, siendo imposible reponer las cosas al estado anterior.

d) Es en dicho contexto que llega el presente Recurso de Agravio Constitucional a este Colegiad (en adelante RAC).

Respecto del rechazo liminar de la demanda

3. Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la demanda (ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que si el Superior no está conforme con el auto venido en grado debe revocarlo para vincular a quien todavía no es demandado puesto que no ha sido emplazado por notificación expresa y formal requerida por la ley. Lo que se pone en conocimiento es “el recurso interpuesto” y no la demanda. Por esto es que el Tribunal Constitucional al intervenir como tribunal de alzada debe limitarse al auto de rechazo liminar, desde luego.

4. Al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le impone al Tribunal Constitucional la limitación de sólo referirse al tema de la alzada, en este caso nada más y nada menos que el auto de rechazo liminar.

5. El artículo 47º Código Procesal Constitucional en su último parágrafo precisa ciertamente que “si la resolución que declara la improcedencia (auto de rechazo liminar evacuado por el Juez al calificar la demanda) fuese apelada, el juez pondrá en conocimiento del demandado el recurso interpuesto”. Este mandato tiene sustento en la más elemental lógica: el recurso de apelación concedido y notificado al que debería ser considerado demandado si la sala superior revoca el auto cuestionado, produce efectos para ambas partes.

Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía no es demandado puesto que no ha sido emplazado por notificación expresa y formal por no existir proceso y no ser él, por tanto, demandado, tiene que ponérsele en su conocimiento “el recurso interpuesto” y no la demanda, obviamente.

6. No está demás recordar que la parte en análisis del recurrido artículo 47º del Código Procesal Constitucional es copia de lo que al respecto prescribe el artículo 427º del Código Procesal Civil en su último parágrafo al decir: “La resolución superior que resuelve en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes”. Y la resolución del superior que, en definitiva, decide sobre la improcedencia, no puede ser o no es sino la confirmatoria o la revocatoria del auto objeto de la alzada, desde luego.

7. Que en atención a lo señalado es materia de la alzada el pronunciamiento de este tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo para pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o por la revocatoria de éste, y excepcionalmente cuando se trate de casos que amerite un pronunciamiento de emergencia por tutela urgente del derecho se podría ingresar al fondo del asunto, pero para darle la razón al demandante en atención a la prohibición de la reformatio in peius.

8. Considero pertinente la ocasión para manifestar mi opinión respecto a expresiones emitidas por mis colegas en la resolución puesta a mi vista, puesto que he observado que el sustento para justificar el ingreso al fondo de la controversia –pese al rechazo liminar de la demanda– es el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. ¿Qué nos dice el citado artículo? Este artículo nos refiere que:

“Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del proceso, gratuidad en la actuación del demandante, economía, inmediación y socialización procesales.

El Juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber de impulsar de oficio los procesos, salvo en los casos expresamente señalados en el presente Código.

Asimismo, el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales.” (subrayado agregado)

9. Respecto a ello es pertinente señalar que la expresión del artículado que refiere que se deben adecuar las exigencias de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales no justifica de ninguna manera el ingreso al fondo, puesto que la defensa del demandado no puede asumirse de modo alguno como una formalidad. Digo esto por qué? El proceso ha sido concebido como aquella vía a la cual pueden recurrir las partes a efectos de que se resuelva una controversia suscitada en la sociedad. Tal participación de ambas partes requiere de la admisión de la pretensión por parte del juzgador a efectos de que admitida la demanda se notifique al presunto agresor a efectos de vincularlo no solo al proceso sino a la decisión. Ya con la participación de ambas partes, éstas se someten al proceso, pero no solo se someten a las reglas del proceso sino que se someten a la determinación final del juzgador. Es decir la presencia de ambas partes no solo implica que el juez tenga la obligación de resolver conforme a la Constitución y las leyes la controversia sino que las partes respeten su decisión. He ahí donde encuentra legitimidad la decisión del juzgador, puesto que no puede concebirse una decisión emitida en un proceso judicial, cuando no será respetada ni cumplida por alguna de las partes. Por ello considero que la exigencia de la participación de ambas partes en un proceso se encuentra vinculada al derecho a la tutela judicial efectiva, ya que no puede exigirse el cumplimiento de una decisión arribada en un proceso judicial a una persona que no ha tenido participación en el citado proceso, lo que implica que tal decisión es ineficaz, ya que no generara consecuencias respecto de quien no participó.

10. Los procesos constitucionales tienen una especial importancia, puesto que su finalidad es la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y el respeto por la Constitución del Estado, teniendo por ello que determinarse al presunto agresor de un derecho fundamental. Por ende, por tal relevancia, es que afirmo que con mayor razón no puede soslayarse la intervención de la persona a la que se le acusa de la violación de un derecho fundamental, puesto que la determinación a la que arribe este Colegiado necesariamente va exigir determinada acción de dicho emplazado. Pero ¿Cómo puede exigirse la realización de un acto o el cese del mismo si no ha participado en el proceso?, es decir ¿cómo puede exigirse el cumplimiento de una decisión que no es legítima para ambas partes?. La respuesta es obvia, no puede exigirse el cumplimiento de una decisión en la que una de las partes desconoce totalmente la pretensión, no teniendo legitimidad ni vinculación alguna para la persona que no participó. Claro está existen casos en los que es evidente que el presunto demandado –si bien no ha sido emplazado con la demanda– conoce del conflicto, como por ejemplo casos en los que la discusión se ha visto administrativamente, en los que, considero, que el Tribunal puede ingresar al fondo, pero solo si se verifica una situación especial en la que se advierta que la dilación del proceso convierta la afectación en irreparable.

11. Es precisamente por ello que el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional ha permitido la omisión de algunas “formalidades” para lograr el objeto del proceso constitucional, pero no puede considerarse que la defensa del presunto emplazado es una formalidad sino una exigencia que legitima el propio proceso. Por ello considero que tal afirmación no solo es impropia sino que quebranta el proceso en el cual se pretende la defensa de los derechos constitucionales, lo que puede interpretarse que por la defensa de un derecho fundamental puede afectarse otro también fundamental, lo que es incorrecto.

12. Asimismo si se observa con atención el artículo III del Título Preliminar del referido código, se puede apreciar que cuando expresa a que “(…) el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales”, parte de la premisa de que existe un proceso abierto, en el que se puede ser flexibles con algunos actos procesales, denominados así precisamente porque ha existido admisión a trámite de la pretensión y por ende emplazamiento, razón por la que dicho argumento no puede ser utilizado erróneamente para justificar la emisión de una sentencia cuando el objeto del recurso es el cuestionamiento de un auto de rechazo liminar. De asumir dicha posición implicaría aceptar que a este Colegiado le es indiferente si la pretensión ha sido admitida a trámite o no, puesto que con proceso o sin él, siempre se encontrará en la facultad de emitir un pronunciamiento de fondo, rompiendo toda racionalidad del proceso, convirtiendo al proceso constitucional en un proceso sin garantías, en el que se afectan los derechos del que debiera ser emplazado. Con esto advierto que bajo esa lógica el Tribunal podría incluso resolver una demanda de amparo en instancia única, puesto que al ser indiferente para este Colegiado la existencia del proceso, no sería exigible la admisión a trámite de la demanda y por ende la participación del demandado, por lo que podría resolver directamente la pretensión planteada.

13. En el presente caso nos encontramos ante una demanda de amparo en la que se cuestiona el Acuerdo Nº 0178-2011, emitido por el órgano emplazado, considerando que esencialmente se le ha afectado su derecho a la motivación de las resoluciones administrativas. En tal sentido tenemos que la materia controvertida es de relevancia constitucional, razón que ameritaría la revocatoria del auto de rechazo liminar a efectos de que se admita a trámite la demanda de amparo propuesta. Sin embargo de autos tenemos una situación especial puesto que i) estamos ante un caso singular en el que el actor denuncia que pese haber obtenido el tercer puesto en el orden de merito el órgano emplazado decidió no nombrarlo en el cargo al que pretendía acceder sin dar razones validas en términos constitucionales, teniendo ello también incidencia en el derecho de cualquier persona a acceder a un cargo público; y ii) que de autos se evidencia que si bien las instancias precedentes rechazaron liminarmente la demanda, revisados los autos encontramos que el apoderado del Consejo Nacional de la Magistratura informó oralmente –en segunda instancia en el presente proceso constitucional–, así como también informó ante el Pleno del Tribunal Constitucional –conforme se aprecia de la certificación que corre a fojas 6 del cuadernillo de este Colegiado– haciendo una defensa de fondo respecto del caso traido al presente proceso de amparo, lo que implica que tienen pleno conocimiento de la pretensión del demandante.

Asimismo también debemos considerar que este caso resulta singular en atención a la trascendencia de la materia discutida, por lo que el hecho de dejar sin resolver el fondo de la controversia implicaría la continuidad de conflictos en los concursos ante el Consejo Nacional de la Magistratura, en atención al interés particular de cada uno de los postulantes según los vaivenes procedimentales que podrían presentarse, máxime considerando el particular interés que para la institucionalidad presenta, en el fondo, el caso en concreto.

Por tanto considero que puede realizarse un pronunciamiento de fondo en atención a las razones esbozadas en el fundamento anterior.

Delimitación del Petitorio

14. En el presente caso encuentro que el recurrente persigue que se declare la nulidad del Acuerdo Nº 178-2011, adoptado en la Sesión Plenaria Extraordinaria del 27 y 28 de enero de 2011, y en consecuencia se disponga una nueva votación en la Convocatoria Nº 002-2010-SN/CNM, realizada para el cargo de Fiscal Supremo, alegando principalmente la afectación del derecho a la motivación de las resoluciones.

15. En tal sentido al revisar los actuados y la normatividad pertinente aplicable necesariamente a este concurso, no obstante tratarse de un proceso ya concluido, considero necesario ingresar al fondo de la controversia y verificar de paso la existencia de alguna afectación al demandante, como lo denunció en su demanda:


a) El recurrente afirma que si bien existieron objeciones respecto del requisito de 15 años de ejercicio como abogado por parte de 3 de los Consejeros del ente emplazado, tal aspecto quedó zanjado en las etapas anteriores, razón por la que no considera pertinente que se siga evaluando dicho cuestionamiento. Respecto a ello debo expresar que estoy en desacuerdo con el demandante, puesto que si bien lo que cuestiona es la motivación de las resoluciones administrativas, este Colegiado no puede pasar inadvertidos cuestionamientos respecto a la falta de un requisito indispensable para ejercer el cargo de Fiscal Supremo, mas aun cuando el mismo recurrente pretende –a través del presente proceso de amparo– que se reabra el Concurso Público de Meritos para Fiscales Supremos, en el que necesariamente se tendrá que evaluar nuevamente el cumplimiento por parte de los postulantes de los requisitos exigidos en la norma.

b) Es así que es necesario analizar la normativa pertinente a efectos de corroborar, primero, si el recurrente cumple con los requisitos exigidos en la norma, y segundo si en efecto se ha afectado su derecho a la motivación de las resoluciones.

c) El artículo 147º de la Constitución Política del Perú establece que “Para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere: 4. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años.”

d) En concordancia con ello el artículo 158º de la misma Carta Constitucional señala en su último párrafo que “(…) Su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su respectiva categoría.” Es decir para ser Fiscal Supremo se requiere haber sido Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años.

e) Asimismo el artículo 9° del Reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura señala que “Para el cómputo de los períodos de ejercicio exigidos en los artículos 6º (Juez y Fiscal Supremo) y 7º (Juez Superior, Fiscal Adjunto Supremo y Fiscal Superior) de la Ley de la Carrera Judicial, no se acumulan los servicios prestados en calidad de provisional o supernumerario a los de titular en el mismo grado. La acumulación sólo es posible para el cómputo de los requisitos previstos en el artículo 8º (Juez Especializado o Mixto y Fiscal Provincial) de la citada Ley. 5 Procede la acumulación de servicios prestados en el Poder Judicial y el Ministerio Público. El postulante en condición de magistrado debe acreditar haber ejercido únicamente la magistratura por el tiempo de servicios exigido por la ley. Asimismo, el postulante en condición de abogado o docente universitario puede acumular los periodos ejercidos como abogado, docente o magistrado, siempre que no sean simultáneos.”

f) No podemos dejar de analizar y compatibilizar lo establecido en la Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial, puesto que cualquier pronunciamiento respecto al cómputo de los periodos de ejercicio para un ascenso inmediato superior tendrá incidencia directa en dicha ley. Respecto a lo que se pretende en la demanda debemos señalar que el artículo 6° de la referida ley establece cuales son los requisitos especiales para Juez Supremo, refiriendo como requisito en su acápite “2. haber ejercido el cargo de Juez Superior Titular o Fiscal del mismo nivel cuando menos diez (10) años o, alternativamente, haber ejercido la abogacía o desempeñado la docencia universitaria en materia jurídica por quince (15) años”.

g) Debemos observar que tanto en el texto constitucional como el texto legal encontramos que los requisitos para acceder al cargo de Fiscal Supremo existen disyuntivas y por ende excluyentes entre sí. La pregunta sería ¿qué ha querido el constituyente con la “o”?. Para ello debemos analizar dicho extremo. La norma constitucional expresa que para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere: 4. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años. (subrayado nuestro). Es decir para acceder a dicho cargo se requiere, primero, haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años; o, segundo, haber ejercido la abogacía durante 15 años, o, tercero, haber ejercido la cátedra en materia universitaria durante quince años. Lo que expresa pues la Constitución es el cumplimiento a exclusividad, en cualquiera de los tres cargos, por el tiempo, también a exclusividad, de cada exigencia, ¿y esto a efectos de qué?. Puedo esbozar una respuesta. Considero necesario expresar que la Constitución Política del Estado es el parámetro que limita al legislador para la emisión de las leyes. En tal sentido estamos de acuerdo en afirmar que el legislador no puede exceder y mucho menos contradecir lo expresado en la Carta Constitucional. En el caso de autos la Carta Constitucional al establecer los requisito para acceder al cargo de Juez o Fiscal Supremo ha hecho uso del conectivo disyuntivo “o”. Por ello no puede pasar inadvertido que el constituyente ha pretendido dejar establecido que para acceder a los cargos mencionados debe contabilizarse sólo el tiempo dedicado a exclusividad como Fiscal o como abogado o como docente, respetando, claro está, los años requeridos. Es decir, de ninguna manera la interpretación que debe de extraerse de dicha norma de rango constitucional puede admitir que se acumulen y sumen los periodos de realización por cualquiera de las tres actividades expresadas en la norma, ya que es evidente que dicha disyunción es para evitar que la persona que se encuentre en uno de los supuestos participe o concurse como tal y no busque en qué supuesto satisface los requisitos, burlando dicha limitación. Debe tenerse presente que cuando el constituyente integró dicha norma constitucional con el conectivo disyuntivo “o” lo hizo teniendo pleno conocimiento de que la persona que ostentaría el cargo de fiscal también era abogado, lo que significa que la letra o fue colocada para expresar claramente que la persona que tenía el cargo de fiscal debía presentarse sólo como tal y no burlar la norma y presentarse como abogado y no como fiscal. Es decir nadie podría argumentar que el hecho de ser fiscal no implica dejar de ser abogado, puesto que eso es claro, pero es evidente también que cuando la norma se refiere a abogado lo hace en referencia al abogado en ejercicio de la defensa, al denominado litigante, y no a aquel que cumpl
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febrero 09, 2012

SENTENCIA DICTADA CONTRA EL MAGISTRADO BALTASAR GARZON POR EL CASO GURTEL

Categoría: DERECHO JUDICIAL — gcornejo @ 12:57 — Visto: 295 veces
SENTENCIA DICTADA CONTRA EL MAGISTRADO BALTASAR GARZON POR EL CASO GURTEL

(PAGINAS DEL 01 AL 19)

T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
SENTENCIA
Sentencia Nº: 79/2012
CAUSA ESPECIAL Nº: 20716/2009




Fallo/Acuerdo:
Señalamiento: 17/01/2012
Procedencia: Querella
Fecha Sentencia: 09/02/2012
Ponente Excmo. Sr. D.: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo
Escrito por: ARB
Causa especial.-
1Recurso Nº: 20716/2009
Nº: 20716/2009
Ponente Excmo. Sr. D.: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
Vista: 17/01/2012
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
SENTENCIA Nº: 79/2012
Excmos. Sres.:
D. Joaquín Giménez García
D. Andrés Martínez Arrieta
D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
D. Francisco Monterde Ferrer
D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre
D. Luciano Varela Castro
D. Manuel Marchena Gómez
En nombre del Rey
La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los
Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la
siguiente
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a nueve de Febrero de dos mil doce.
Visto en juicio oral y público y en única instancia la presente Causa
Especial número 20716/2009, tramitada por el procedimiento Abreviado y
seguida ante esta Sala por delito continuado de prevaricación judicial y delito
2Recurso Nº: 20716/2009
cometido por funcionario público de uso de artificios de escucha y grabación,
con violación de las garantías constitucionales del art. 536, párrafo 1º, del
Código Penal, contra el acusado D. Baltasar Garzón Real, titular del D.N.I.
número 26.182.037-X, nacido en Torres (Jaén) el 26 de octubre de 1.955, hijo de
Ildefonso y de María, y con domicilio profesional en Madrid, C/ García
Gutiérrez s/n, de profesión Magistrado, sin antecedentes penales, solvente y en
libertad provisional en estas actuaciones en las que no consta haya estado
privado de la misma en ningún momento, representado por la Procuradora Sra.
Dña Virginia Aragón Segura y defendido por el Letrado D. Francisco M. Baena
Bocanegra; y habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en la representación que
ostenta, en el ejercicio de la acusación particular D. Ignacio Peláez Marqués,
representado por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén y defendido por
los Letrados D. Ignacio Peláez Marquez y Luis Peláez Garmendia; D. Francisco
Correa Sánchez, representado por la Procuradora Doña Amparo Laura Diez Espí
y defendido por el Letrado D. José Antonio Choclán Montalvo; y D. Pablo
Crespo Sabaris, representado por el Procurador Don Francisco J. Abajo Abril y
defendido por el Letrado D. Gonzalo Rodríguez Morullo; han dictado sentencia
los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al
margen se expresan bajo la Presidencia del primero de los citados y Ponencia del
Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, con arreglo a los
siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:
I. ANTECEDENTES
Primero.- La presente causa se incoó en virtud de querella formulada, por la
representación de D. Ignacio Peláez Marqués, contra el que después sería
imputado, en la que tras referir los hechos que imputaban al mismo y entender
constituían delito de prevaricación del art. 446.3 del Código Penal y delito
cometido por funcionario público de uso de artificios de escucha y grabación,
con violación de las garantías constitucionales del art. 536, pfo 1º del Código
Penal, terminó suplicando su admisión a trámite y la práctica de las pruebas que
en tal escrito se proponían.
Segundo.- La Sala Segunda del Tribunal Supremo, a quién correspondía
por el fuero del implicado el conocimiento de los hechos expuestos en la
mencionada querella, dictó auto el 2 de febrero de 2.011, en el que acordó
3Recurso Nº: 20716/2009
declararse competente para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento de esta
causa; admitiendo a trámite la querella y designando instructor de la misma al
Magistrado de esta Sala D. Alberto Jorge Barreiro. Contra la referida resolución
formuló recurso de súplica el Ministerio Fiscal, al que se adhirió la defensa del
querellado; habiéndose dictado auto de fecha 13 de Abril de 2010 que
desestimaba el referido recurso y confirmándose el auto de admisión a trámite.
Posteriormente se personaron las demás acusaciones particulares.
Tercero.- Que por auto de fecha 19 de octubre de dos mil diez, se
acuerda la prosecución de la causa por los trámites de los arts. 780 y ss. de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal contra el querellado Baltasar Garzón Real, por
los presuntos delitos de prevaricación y de uso de artificios de escucha y
grabación con violación de las garantías constitucionales. Acordándose dar
traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a todas las partes acusadoras
para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral
formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o,
excepcionalmente, la práctica de las diligencias complementarias, para los
supuestos previstos en el apartado 2 del art. 780 de la LECr.
Cuarto.- Que por auto del Juez Instructor de la presente causa de fecha 8
de Abril de dos mil once, se acordó la apertura del juicio oral contra el acusado
D. Baltasar Garzón Real.
Quinto.- El Ministerio Fiscal interesa se dicte auto de sobreseimiento
libre por no estimar existencia de delito -art. 637.2 de la LECrim., en base a las
consideraciones que obran en el escrito que figura unido a las presentes
actuaciones.
Sexto.- La acusación particular en nombre de D. Ignacio Peláez
Marqués, en igual trámite, calificó los hechos como constitutivos de un delito de
prevaricación del art. 446.3 del Código Penal y delito cometido por funcionario
público de uso de artificios de escucha y grabación, con violación de las
garantías constitucionales del art. 536, pfo 1º del Código Penal, y estimó
responsable de los delitos citados al acusado D. Baltasar Garzón Real, sin
4Recurso Nº: 20716/2009
concurrencia en los hechos de circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, pidió se le impusiere al acusado pena de multa de 12 meses, a razón de
una cuota de 6 euros por día y la pena de inhabilitación especial para empleo y
cargo público por un período de 10 años, accesorias y costas.
Sétimo.- La acusación particular en nombre de D. Francisco Correa
Sánchez en igual trámite calificó los hechos como constitutivos de un delito
continuado de prevaricación judicial art 446.3 en relación con el art. 74 del
Código Penal y un delito contra las garantías constitucionales, consistente en la
colocación de artificios técnicos de escucha y grabación, artículo 536 párrafo 1º
del Código Penal, y estimando responsable en concepto de autor al acusado D.
Baltasar Garzón Real, sin concurrencia en los hechos de circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, pidió se le impusiere al acusado a)
por el delito de prevaricación judicial continuada, multa de dieciocho meses, a
razón de una cuota de 6 euros por día; e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de quince años; b) por el delito contra las garantías
constitucionales, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo
de dos años; con aplicación del art 77 del Código penal; además de la
imposición de las costas, incluida las de la Acusación particular.
Octavo.- La acusación particular en nombre de D. Pablo Crespo Sabaris,
en igual trámite, calificó los hechos como constitutivos de un delito de
prevaricación de Juez o Magistrado tipificado en el artículo 446.3º del Código
Penal, cometido con carácter continuado (artículo 74.1º del Código Penal y un
delito de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías
constitucionales y legales tipificado en el artículo 536 del Código Penal,
cometido con carácter continuado (artículo 74.1 del Código Penal). Dándose
entre estos dos delitos una relación de concurso de normas o de leyes, por lo que
procede aplicar solamente, en virtud de lo establecido en el art. 8.4 C.P., el delito
de prevaricación continuado como delito más grave. Estimando responsable en
concepto de autor al acusado D. Baltasar Garzón Real, sin concurrencia en los
hechos de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pidió se le
impusiere las penas de, por el delito continuado de prevaricación (art. 446.3º CP)
la pena de multa de dieciocho meses (con cuota diaria de 6 euros) e
inhabilitación especial para empleo o cargo público de 15 años; así como en
concepto de responsabilidad civil, interesa proceda imponer al acusado el pago
5Recurso Nº: 20716/2009
de una indemnización por los perjuicios y daños de toda índole causados que,
más allá de la lesión del bien jurídico protegido, han alcanzado personalmente a
su representado, que se fija simbólicamente en un euro.
Noveno.- En el acto del Juicio Oral el Ministerio Fiscal, y las
acusaciones particulares elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales.
Décimo.- La defensa del acusado, elevó a definitivas las conclusiones en
el acto del Juicio oral.
Undécimo.- Habiéndose señalado para el inicio de la celebración de la
vista y posterior deliberación el pasado día 17 de Enero de 2.012, habiendo
finalizado la deliberación anteriormente mencionada en el día de hoy.
HECHOS PROBADOS
Resulta probado y así se declara:
En el mes de febrero de 2009, el acusado BALTASAR GARZON
REAL, Juez con categoría profesional de Magistrado, desempeñaba el
cargo de Magistrado Juez del Juzgado Central del Instrucción nº 5 de la
Audiencia Nacional. En ese juzgado tramitaba las Diligencias Previas nº
275/2008 en las que se investigaban hechos que podrían ser constitutivos
de delitos de blanqueo de capitales, de defraudación fiscal, de falsedad, de
cohecho, de asociación ilícita y de tráfico de influencias, que se atribuían a
varias personas ya imputadas en la causa, a los que se consideraba
integrados en una organización en cuyo marco se ejecutaban las acciones
delictivas. La complejidad de los hechos investigados generaban una
actividad intensa en los encargados y responsables de la tramitación, así
como del acusado y de las fiscales que intervenían en el asunto en
representación del Ministerio Público, produciéndose frecuentes
informaciones verbales por parte de los funcionarios de policía que
desarrollaban las investigaciones, en las que, en ocasiones en presencia de
las fiscales, ponían en conocimiento de aquel el estado de las mismas, los
avances y las novedades que se producían.
A juicio policial, trasladado al acusado, los datos que manejaban
hacían suponer que, a pesar de que se encontraban en prisión provisional
acordada por el acusado, los que consideraban los máximos responsables
de la organización continuaban con su actividad delictiva organizada
procediendo a nuevas acciones de blanqueo de capitales y a otras
6Recurso Nº: 20716/2009
actividades que podían implicar la ocultación de importantes cantidades de
dinero ilícitamente obtenidas. Según entendían los funcionarios de policía,
y así lo comunicaron verbalmente, en esas actividades pudieran estar
interviniendo algunos abogados integrados en un despacho profesional
cuyos miembros eran conocidos y estaban identificados, llegando a ser
imputados en la causa.
Comunicada esta información al acusado, dictó un auto de fecha 19
de febrero de 2009 del siguiente tenor literal:
“Hechos: Primero.- En este Juzgado se tramitan
Diligencias Previas número 275/08 en las que se investigan las
presuntas actividades delictivas de un grupo organizado de
personas liderado por Francisco Correa Sánchez, y en
inmediata relación de jerarquía respecto del mismo, Pablo
Crespo Sabaris y Antoine Sánchez y otros imputados en esta
causa. Este grupo organizado tendría como principal finalidad,
a lo largo del tiempo, y, como mínimo en los últimos 10 años,
la realización de operaciones y organización de eventos para
captar negocios y por ende de fondos, en las Comunidades
Autónomas de Madrid y Valencia, principalmente, a través de
un conglomerado empresarial integrado por empresas creadas
y controladas a tal efecto por los mismos.
Segundo.- En fecha 12.02.09 se dictó por este Juzgado
auto de prisión provisional contra los tres mencionados,
encontrándose al día de la fecha en tal situación internos en el
Centro Penitenciario de Madrid V a disposición de este
Juzgado.
Razonamientos jurídicos: Primero.- Los hechos que
motivaron la medida de prisión decretada por auto de este
Juzgado de fecha 12.02.09 contra Francisco Correa Sánchez,
Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez, podrían ser
constitutivos respectivamente, en cuanto a los dos primeros de
un delito de blanqueo de capitales del art. 301 en relación con
el 305 del C. Penal; un delito de defraudación fiscal del art.
305 del C. Penal; varios delitos de falsedad de los arts. 392 en
relación con el art. 390 del C. Penal; múltiples delitos de
cohecho del art. 423 en relación con el art. 420 del C. Penal;
7Recurso Nº: 20716/2009
un delito de asociación ilícita del art. 315.1 del C. Penal; y de
diversos delitos de tráfico de influencias del art. 429 del
Código Penal; y respecto del tercero un delito de blanqueo de
dinero del art. 301 del C. Penal y de varios delitos de falsedad
de los arts. 392 en relación con el art. 390 del Código Penal.
Segundo.- A la vista de la complejidad de la
investigación que debe seguir desarrollándose en torno a los
tres mencionados en el hecho de esta resolución que se
encuentran en situación de prisión provisional a disposición de
este Juzgado y con el objeto de poder determinar con exactitud
todos los extremos de sus ilícitas actividades, y especialmente
determinar el grado de imputación que pudieran tener otras
personas dentro del grupo organizado investigado, deviene
necesario ordenar la intervención de las comunicaciones orales
y escritas de los tres internos antedichos.
Igualmente y dado que en el procedimiento empleado
para la práctica de sus actividades pueden haber intervenido
letrados y que los mismos aprovechando su condición pudiesen
actuar como "enlace" de los tres mencionados con personas del
exterior, deviene necesaria también la intervención que
aquellos puedan mantener con los mismos, dado que el canal
entre otros miembros de la organización y los tres miembros
ahora en prisión podrían ser los letrados que estarían
aprovechando su condición en claro interés de la propia
organización y con subordinación a ella.
En este sentido, el artículo 51 de la Ley Orgánica
General Penitenciaria distingue entre las comunicaciones
"generales" de los internos con terceras personas, y las
comunicaciones más "particulares" de aquellos con sus
letrados. Esas comunicaciones "generales" pueden ser
intervenidas con la autorización del Director del Centro
Penitenciario en virtud de razones de seguridad, de interés del
tratamiento y del buen orden del establecimiento penitenciario,
sin embargo, las aquí denominadas "particulares" son
sometidas a un régimen especial y la autorización de su
8Recurso Nº: 20716/2009
intervención debe ser solo dispuesta por la Autoridad Judicial,
sin posibilidad de que la misma pueda ser acordada por la
Autoridad Penitenciaria. Dicho artículo 51 en su segundo
párrafo recoge claramente el supuesto fáctico que aquí se
denuncia, estableciendo que las comunicaciones de los internos
con el Abogado defensor no podrán ser suspendidas o
intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los
supuestos de terrorismo.
Dichas intervenciones, tanto las "generales" como las
"particulares" deberían ser llevadas a cabo con la
coordinación de la Dirección del Centro Penitenciario
correspondiente y debe seguir el mismo procedimiento de
grabación, intervención, escucha y conservación que se optó
para la intervención de las comunicaciones telefónicas que en
su momento ya fueron acordadas en las presentes actuaciones,
que al día de la fecha se encuentran cesadas. Sin embargo,
dadas las dificultades técnicas que pudiesen surgir, es
procedente autorizar a los funcionarios de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en el sentido que se
dirá.
Por lo expuesto y vistos los artículos citados y demás
de pertinente y general aplicación.
Dispongo 1.- Ordenar la intervención de las
comunicaciones orales y escritas que mantengan los internos
Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris, y Antoine
Sánchez en el Centro Penitenciario en que se encuentran, o
cualesquiera otros donde se trasladen, con la coordinación de
la Dirección de dichos Centros, así como de forma general con
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, debiendo
la Unidad encargada de la investigación disponer los medios
necesarios para llevar a cabo dicha intervención en los citados
Centros, por un periodo comprendido desde el 19.02.09 hasta
el 20.03.09.
9Recurso Nº: 20716/2009
2.- Ordenar la observación de las comunicaciones
personales que mantengan los citados internos con los letrados
que se encuentran personados en la causa u otros que
mantengan entrevistas con ellos, y con carácter especial, las
que mantengan con el letrado D. José Antonio López Rubal,
previniendo el derecho de defensa, en el Centro Penitenciario
en que se encuentran, o cualesquiera otros donde se trasladen,
con la coordinación de la Dirección de dichos Centros, así
como de forma general con la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, debiendo la Unidad encargada de
la investigación disponer los medios necesarios para llevar a
cabo dicha intervención en los citados Centros, por un periodo
comprendido desde el 19.02.09 hasta el 20.03.09.
3.- Autorizar a los funcionarios dependientes de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias a la
grabación de las comunicaciones personales que mantengan
los internos mencionados, en cualesquiera Centros
Penitenciarios que aquellos se hallen internos, debiendo
abstenerse de escuchar dichas conversaciones, siendo los
funcionarios de la Policía Judicial los únicos competentes para
proceder a la escucha y transcripción de las conversaciones,
así como a la conversación (sic) de los soportes, cuyo
procedimiento se mantiene en los términos que se expresarán
en los párrafos siguientes.
4.- Requerir a la Unidad encargada de la
investigación a remitir a este Juzgado las transcripciones más
significativas de las conversaciones (literales), quedando las
cintas grabadas o cualquier otro soporte en que las
grabaciones se materialicen, en depósito en la dependencia
policial y a disposición de este Juzgado. Así como dar cuenta
en todo caso de la identidad de los funcionarios que lleven a
cabo las operaciones relativas a la observación, regrabación y
transcripción, a cuyo fin se extenderán las oportunas actas
quincenalmente, debiendo a su vez en dicho plazo informar
sobre el resultado de las pesquisas concluidas desde su inicio;
y si las imputaciones se han ido corroborando en qué sentido y
10Recurso Nº: 20716/2009
respecto a qué personas, y en lo referente a las razones que le
aconsejen sobre su mantenimiento.
5.- Requerir a la Unidad actuante a que ponga en
inmediato conocimiento del Juzgado la comisión de un delito
distinto de aquel para el que en un principio se concede la
observación, caso de que en la ejecución de la observación de
las comunicaciones que se acuerdan en la presente resolución
se tuviera conocimiento de ello.
6.- Requerir a la Unidad actuante a que, en caso de
solicitarse la petición de prorroga, ésta se efectúe antes de 10
días del vencimiento de la observación.
7.- Librar oficio a la Unidad encargada de la
investigación y al Sr. Director General de Instituciones
Penitenciarias para la efectividad de lo acordado.
Así lo dispone manda y firma el Ilmo. Sr. D. Baltasar Garzón
Real, Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción
número cinco de la Audiencia Nacional”.
En relación al apartado 3 de la parte dispositiva, no añadió
precisión alguna orientada a asegurar la custodia de las grabaciones, hasta
ser entregadas a la policía, ni a identificar a los funcionarios responsables
de la misma.
Recibida la resolución por la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, se solicitó aclaración respecto a si las comunicaciones con
los letrados, a las que se hacía expresa referencia en el auto, debían ser
grabadas, lo que fue contestado afirmativamente.
Los funcionarios policiales solicitaron del acusado una aclaración
respecto del significado de la expresión “previniendo el derecho de
defensa”, precisando el acusado que deberían proceder a recoger las cintas,
escuchar lo grabado, transcribir todo su contenido excluyendo las
conversaciones privadas sin interés para la investigación y proceder a su
entrega en el juzgado, ocupándose él de lo que procediera en orden al
cumplimiento de dicha cláusula.
11Recurso Nº: 20716/2009
El acusado no comunicó a los funcionarios policiales ninguna
precisión respecto a conversaciones que debieran ser excluidas de la
grabación, ni tampoco respecto a la imposibilidad de utilizar en la
investigación ninguna parte de lo oído en las conversaciones grabadas.
Al dictar el referido auto, el acusado sabía que la previsión que, en
su parte dispositiva, textualmente decía “Ordenar la observación de las
comunicaciones personales que mantengan los citados internos con los
letrados que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan
entrevistas con ellos...”, implicaba que las comunicaciones de los internos
que iban a ser intervenidas, grabadas y escuchadas comprendían las que
llevaran a cabo con todos los letrados, incluso con sus propios abogados
defensores, incluyendo igualmente a los letrados expresamente llamados
por los imputados en prisión provisional, sin excepción alguna. Era
consciente igualmente de que la grabación y escucha de las
comunicaciones iba a incluir no solo las que realizaran con los letrados ya
personados en la causa, a los que, salvo al letrado ya imputado José
Antonio López Rubal, no se menciona individualizadamente, sino a todos
los letrados, fueran quienes fueran, que eventualmente se personaran en el
futuro como defensores de los internos. Es decir, que el acusado sabía que,
dado el tenor de su acuerdo y la ausencia de disposiciones o instrucciones
complementarias al mismo, en el caso de que los internos designaran
nuevos letrados, las comunicaciones que mantuvieran con ellos serían
intervenidas, aun cuando al momento de firmar la resolución su identidad
fuera desconocida y, por lo tanto, no se pudieran conocer y valorar los
indicios que, en su caso, existieran contra los mismos.
La finalidad de la intervención de las comunicaciones, según se
expresa en el referido auto era “...poder determinar con exactitud todos los
extremos de sus ilícitas actividades [las de los imputados ingresados en
prisión], y especialmente determinar el grado de imputación que pudieran
tener otras personas dentro del grupo organizado investigado, ...”. Y, en
cuanto a los letrados, en relación con lo dicho más arriba, “...dado que en
el procedimiento empleado para la práctica de sus actividades [las de los
imputados en prisión dentro de su organización] pueden haber intervenido
letrados y que los mismos aprovechando su condición pudiesen actuar
como "enlace" de los tres mencionados con personas del exterior, deviene
necesaria también la intervención que aquellos puedan mantener con los
mismos, dado que el canal entre otros miembros de la organización y los
tres miembros ahora en prisión podrían ser los letrados que estarían
12Recurso Nº: 20716/2009
aprovechando su condición en claro interés de la propia organización y
con subordinación a ella”.
Por lo tanto, en el auto del acusado no se contenía ninguna mención
concreta de la identidad de los letrados sospechosos, lo que habría
permitido excluir a los demás, ni tampoco precisión alguna acerca de los
indicios que existieran contra los que no hubieran sido hasta entonces
imputados.
El día 2 de marzo, el imputado en prisión provisional Francisco
Correa procedió a designar a José Antonio Choclán Montalvo como nuevo
letrado de su defensa y el imputado Pablo Crespo, igualmente en prisión
provisional, procedió, en la misma fecha a designar como nuevo letrado de
su defensa a Pablo Rodríguez-Mourullo Otero. Por providencia, firmada
por el acusado, del día 3 de marzo se les tuvo por personados en la causa
en ese concepto.
En ese momento, no constaba en las diligencias, en lugar alguno,
que con anterioridad cualquiera de los dos letrados mencionados
aparecieran en las actuaciones como partícipes o intervinientes en alguna
de las actividades investigadas. Tampoco sus despachos o letrado alguno
perteneciente a los mismos. Igualmente nada consta respecto al letrado
Ignacio Peláez, defensor del imputado José Luis Ulibarri, ni del letrado
Juan Ignacio Vergara Pérez, defensor designado por el imputado en prisión
provisional Antoine Sánchez, en ambos casos, desde el momento en que
fueron tenidos como tales por el acusado, lo que había tenido lugar los días
21 de febrero y 17 de febrero, respectivamente.
A pesar de ello, el acusado no acordó, ni por escrito ni
verbalmente, ninguna medida para evitar que se grabaran las
comunicaciones mantenidas por los referidos letrados con sus defendidos.
La resolución judicial fue ejecutada en sus propios términos y en
cumplimiento de la misma, en lo que aquí interesa, fueron intervenidas,
grabadas, escuchadas por la policía, transcritas en lo relevante para la
investigación, entregadas al juez y examinadas por los representantes del
Ministerio Fiscal encargados del caso, varias comunicaciones de los
internos Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con distintos
letrados. Entre ellas, la mantenida por el querellante Sr. Peláez, letrado en
ejercicio, personado en la causa desde el 21 de febrero como defensor del
imputado José Luis Ulibarri, con Francisco Correa el 25 de febrero, junto
con su letrado José Antonio Rubal, en la que no consta documentalmente
que actuara como letrado defensor del interno ni como expresamente
13Recurso Nº: 20716/2009
llamado por éste para asuntos penales. La del día 6 de marzo, mantenida
por el querellante con Francisco Correa, junto al letrado de su defensa,
José Antonio Choclán, en la que figura como letrado expresamente
llamado, y el mismo día 6 de marzo con el imputado Pablo Crespo, junto
con su letrado defensor Pablo Rodríguez-Mourullo, en la que no consta
documentalmente la condición en la que comparece. En esta misma fecha
constan intervenidas las comunicaciones efectuadas por los mencionados
letrados José Antonio Choclán y Pablo Rodríguez-Mourullo con sus
defendidos Francisco Correa y Pablo Crespo. Igualmente constan
intervenidas las comunicaciones efectuadas por Juan Ignacio Vergara con
su defendido, el imputado en prisión preventiva Antoine Sánchez, en
concepto de letrado defensor los días 24 y 25 de febrero y 12 y 17 de
marzo.
El día 4 de marzo, los funcionarios policiales responsables de la
investigación entregaron en el juzgado un informe sobre las
comunicaciones intervenidas, en el que se hacía expresa referencia a la
mantenida por el querellante Sr. Peláez junto con el letrado José Antonio
Rubal, con el imputado Francisco Correa, de quien este último era letrado
defensor, haciéndose referencia expresa en el informe a la estrategia de
defensa pactada por los letrados en relación con uno de los hechos
investigados. El referido informe policial aparece foliado en la causa
ocupando un lugar anterior a la declaración que el mismo día 4 de marzo
prestó en el juzgado el imputado José Luis Ulibarri. No aparece
expresamente que se realizara pregunta alguna relacionada directamente
con el contenido de la conversación mantenida en el curso de la
comunicación antes mencionada.
El día 13 de marzo, los funcionarios policiales presentaron un
nuevo informe, en el que, al tiempo que solicitaban la prórroga de la
intervención acordada en el auto de 19 de febrero, comunicaban el
resultado de la intervención de todas las comunicaciones de los internos
antes mencionados, expresando que se habían iniciado el día 20 de febrero,
y en el que se incluían varias conversaciones de aquellos con sus letrados
defensores. En el oficio no se contenían indicios concretos de una posible
actuación delictiva por parte de ninguno de los letrados defensores Ignacio
Peláez, José Antonio Choclán, Pablo Rodríguez-Mourullo y Juan Ignacio
Vergara.
Dado traslado al Ministerio Fiscal, emitió el pertinente informe en
el que no se oponía a la prórroga aunque aclaraba que “...si bien con
14Recurso Nº: 20716/2009
expresa exclusión de las comunicaciones mantenidas con los letrados que
representan a cada uno de los imputados y, en todo caso, con rigurosa
salvaguarda del derecho de defensa.”.
El tenor literal del referido informe era el siguiente:
“El Fiscal, despachando el traslado conferido en el
procedimiento arriba referenciado por Providencia de 16 de
marzo de 2009 referida al oficio de la UDEF con registro de
salida número 25917/09, DICE:
1°. El informe de la UDEF incluye la transcripción de
las conversaciones mantenidas entre los imputados que se
encuentran en situación de prisión provisional y algunos de sus
familiares y abogados.
Una parte importante de las transcripciones se
refieren en exclusiva a estrategias de defensa y, por tanto,
deben ser excluidas del procedimiento. En concreto, las
conversaciones que el Fiscal considera deben desglosarse de la
causa son:
— Conversación de 24 de febrero de 2009 entre José
Antonio López Rubal, Pablo Crespo Sabaris y Francisco
Correa Sánchez salvo en lo relativo a la sociedad de los locales
de Boadilla (inicio página 10 transcripciones) y lo referido a
un cambio y a la posible alarma que ello causaría (inicio de la
página 11 de las transcripciones).
— Conversación de 25 de febrero de 2009 entre José
Antonio López Rubal, Pablo Crespo Sabaris, Francisco Correa
Sánchez e Ignacio Peláez, a excepción de lo comentado entre
Francisco Correa e Ignacio Peláez sobre la relación con una
de las Fiscales, Concepción Sabadell
— Conversación de 2 de marzo de 2009 entre el
abogado José Antonio Choclán y Francisco Correa Sánchez. A
excepción de los comentarios que, en toma a las relaciones con
las Fiscales, se efectúan entre los minutos 22. 19 a 24.40.
15Recurso Nº: 20716/2009
— Conversación de 3 de marzo de 2009 entre José
Antonio López Rubal, Pablo Crespo Sabaris, Juan Ignacio
Vergara Pérez y Antoine Sánchez desde la pregunta de Antoine
a su letrado ‘y, ¿cómo va mi recurso’ (páginas 52 y 53 de las
transcripciones).
— Conversación de 6 de marzo de 2009 mantenida
entre Pablo Crespo Sabaris, Gonzalo Rodriguez Mourulio,
Pablo Rodríguez Mourullo Otero e Ignacio Peláez Marqués
(páginas 82 a 74 de las transcripciones).
— Conversación de 6 de marzo de 2009 mantenida
entre Francisco Correa Sánchez, José Antonio Choclán
Montalvo e Ignacio Peláez Marqués (páginas 74 a 82 de las
transcripciones).
2°. En fecha 3 de marzo de 2009 se produjo un cambio
en la representación de Francisco Correa Sánchez y Pablo
Crespo Sabaris, dejando de asistirles el imputado José Antonio
López Rubal.
3°. Interesa se libre mandamiento al órgano
Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales de!
Consejo General del Notariado para que remita todas las
escrituras en las que intervenga Pablo Crespo Sabaris y/o Mª
Consuelo Margarita Vázquez.
Por ello, el Fiscal no se opone a la prórroga de las
intervenciones solicitadas por la UDEF si bien con expresa
exclusión de las comunicaciones mantenidas con los letrados
que representan a cada uno de los imputados y, en todo caso,
con rigurosa salvaguarda del derecho de defensa.
Igualmente, el Fiscal interesa se libre el mandamiento
solicitado en el apartado tercero de este escrito”.
Este informe fue remitido por fax al Juzgado Central de instrucción
nº 5, y fue entregado al acusado por el funcionario responsable de la
tramitación de las Diligencias Previas a las que se refería, las DP
16Recurso Nº: 20716/2009
275/2008. Conocido su contenido, el acusado dictó un auto de prórroga de
las intervenciones acordadas en el auto de 19 de febrero anterior, sin añadir
ninguna cautela especial para la salvaguarda del derecho de defensa, más
allá de la expresión “previniendo el derecho de defensa”, a pesar de que
era consciente de que, desde el dictado del auto anterior, se habían
personado los nuevos letrados ya mencionados, y de que respecto de los
mismos no se había precisado indicio alguno de actuación delictiva o de
colaboración en la que se sospechaba que continuarían llevando a cabo los
imputados que se encontraban en prisión preventiva.
El auto de 20 de marzo, en los hechos, fundamentos jurídicos y
parte dispositiva, era del siguiente tenor literal:
“Hechos: La presente pieza separada se ha incoado en virtud
del auto de fecha 19 de febrero de 2009, habiéndose dictado
auto del mismo día por el que se acordaba la intervención
hasta el día 20 de marzo de 2009 de las comunicaciones orales
y escritas de los imputados Francisco Correa, Pablo Crespo
Sabaris y Antoine Sánchez, quienes se encuentran en situación
de prisión provisional en el Centro Penitenciario de Soto del
Real.
Por la Fuerza Actuante se ha presentado oficio con nº
25917/09 aportando la transcripción de las conversaciones
telefónicas intervenidas de interés y solicitando la prórroga de
dicha intervención de las comunicaciones de los imputados
indicados, habiéndose dado traslado al Ministerio Fiscal de
dicho oficio a fin de que informara sobre la prórroga
interesada. Razonamientos jurídicos: Primero.- Los hechos que
motivaron la medida de prisión decretada por auto de este
Juzgado de fecha 12.02.09 contra Francisco Correa Sánchez,
Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez, podrían ser
constitutivos respectivamente, en cuanto a los dos primeros de
un delito de blanqueo de capitales del art. 301 en relación con
el 305 del C. Penal; un delito de defraudación fiscal del art.
305 del C. Penal; varios delitos de falsedad de los arts. 392 en
relación con el art. 390 del C. Penal; múltiples delitos de
cohecho del art. 423 en relación con el art. 420 del C. Penal;
un delito de asociación ilícita del art. 315.1 del C. Penal; y de
diversos delitos de tráfico de influencias del art. 429 del
17Recurso Nº: 20716/2009
Código Penal; y respecto del tercero un delito de blanqueo de
dinero del art. 301 del C. Penal y de varios delitos de falsedad
de los arts. 392 en relación con el art. 390 del Código Penal.
Segundo.- A la vista de la complejidad de la
investigación que debe seguir desarrollándose en torno a los
tres mencionados en el hecho de esta resolución que se
encuentran en situación de prisión provisional a disposición de
este Juzgado y con el objeto de poder determinar con exactitud
todos los extremos de sus ilícitas actividades, y especialmente
determinar el grado de imputación que pudieran tener otras
personas dentro del grupo organizado investigado, deviene
necesario ordenar la intervención de las comunicaciones orales
y escritas de los tres internos antedichos.
Igualmente y dado que en el procedimiento empleado
para la práctica de sus actividades pueden haber intervenido
letrados y que los mismos aprovechando su condición pudiesen
actuar como "enlace" de los tres mencionados con personas del
exterior, deviene necesaria también la intervención que
aquellos puedan mantener con los mismos, dado que el canal
entre otros miembros de la organización y los tres miembros
ahora en prisión podrían ser los letrados que estarían
aprovechando su condición en claro interés de la propia
organización y con subordinación a ella.
En este sentido, el artículo 51 de la Ley Orgánica
General Penitenciaria distingue entre las comunicaciones
"generales" de los internos con terceras personas, y las
comunicaciones más "particulares" de aquellos con sus
letrados. Esas comunicaciones "generales" pueden ser
intervenidas con la autorización del Director del Centro
Penitenciario en virtud de razones de seguridad, de interés del
tratamiento y del buen orden del establecimiento penitenciario,
sin embargo, las aquí denominadas "particulares" son
sometidas a un régimen especial y la autorización de su
intervención debe ser solo dispuesta por la Autoridad Judicial,
sin posibilidad de que la misma pueda ser acordada por la
18Recurso Nº: 20716/2009
Autoridad Penitenciaria. Dicho artículo 51 en su segundo
párrafo recoge claramente el supuesto fáctico que aquí se
denuncia, estableciendo que las comunicaciones de los internos
con el Abogado defensor no podrán ser suspendidas o
intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los
supuestos de terrorismo.
Dichas intervenciones, tanto las "generales" como las
"particulares" deberían ser llevadas a cabo con la
coordinación de la Dirección del Centro Penitenciario
correspondiente y debe seguir el mismo procedimiento de
grabación, intervención, escucha y conservación que se optó
para la intervención de las comunicaciones telefónicas que en
su momento ya fueron acordadas en las presentes actuaciones,
que al día de la fecha se encuentran cesadas. Sin embargo,
dadas las dificultades técnicas que pudiesen surgir, es
procedente autorizar a los funcionarios de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en el sentido que se
dirá.
• • •
 

febrero 09, 2012

SENTENCIA DICTADA CONTRA EL MAGISTRADO BALTASAR GARZON POR EL CASO GURTEL

Categoría: DERECHO JUDICIAL — gcornejo @ 12:53 — Visto: 179 veces

SENTENCIA DICTADA CONTRA EL MAGISTRADO BALTASAR GARZON POR EL CASO GURTEL

(PAGINAS DEL 19 AL 38)



Por lo expuesto y vistos los artículos citados y demás
de pertinente y general aplicación.
Dispongo: 1.- Ordenar la prórroga de la intervención
de las comunicaciones orales y escritas que mantengan los
internos Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris, y
Antoine Sánchez en el Centro Penitenciario en que se
encuentran, o cualesquiera otros donde se trasladen, con la
coordinación de la Dirección de dichos Centros, así como de
forma general con la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, debiendo la Unidad encargada de la
investigación disponer los medios necesarios para llevar a
cabo dicha intervención en los citados Centros, por un periodo
comprendido desde el 20.03.09 hasta el 20.04.09.
2.- Ordenar la Prórroga de la observación de las
comunicaciones personales que mantengan los citados internos
con los letrados que se encuentran personados en la causa u
19Recurso Nº: 20716/2009
otros que mantengan entrevistas con ellos, previniendo el
derecho de defensa, en el Centro Penitenciario en que se
encuentran, o cualesquiera otros donde se trasladen, con la
coordinación de la Dirección de dichos Centros, así como de
forma general con la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, debiendo la Unidad encargada de la
investigación disponer los medios necesarios para llevar a
cabo dicha intervención en los citados Centros, por un periodo
comprendido desde el 20.03.09 hasta el 20.04.09.
3.- Autorizar a los funcionarios dependientes de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias a la
grabación de las comunicaciones personales que mantengan
los internos mencionados, en cualesquiera Centros
Penitenciarios que aquellos se hallen internos, debiendo
abstenerse de escuchar dichas conversaciones, siendo los
funcionarios de la Policía Judicial los únicos competentes para
proceder a la escucha y transcripción de las conversaciones,
así como a la conversación de los soportes, cuyo procedimiento
se mantiene en los términos que se expresarán en los párrafos
siguientes.
4.- Requerir a la Unidad encargada de la
investigación a remitir a este Juzgado las transcripciones más
significativas de las conversaciones (literales), quedando las
cintas grabadas o cualquier otro soporte en que las
grabaciones se materialicen, en depósito en la dependencia
policial y a disposición de este Juzgado. Así como dar cuenta
en todo caso de la identidad de los funcionarios que lleven a
cabo las operaciones relativas a la observación, regrabación y
transcripción, a cuyo fin se extenderán, las oportunas actas
quincenalmente, debiendo a su vez en dicho plazo informar
sobre el resultado de las pesquisas concluidas desde su inicio;
y si las imputaciones se han ido corroborando en que sentido .Y
respecto a qué personas, y en lo referente a las razones que le
aconsejen sobre su mantenimiento.
20Recurso Nº: 20716/2009
5.- Requerir a la Unidad actuante a que ponga en
inmediato conocimiento del Juzgado la comisión de un delito
distinto de aquel para el que en un principio se concede la
observación, caso de que en la ejecución de la observación de
las comunicaciones que se acuerdan en la presente resolución
se tuviera conocimiento de ello.
6.- Requerir a la Unidad actuante a que, en caso de
solicitarse la petición de prorroga, ésta se efectúe antes de 10
días del vencimiento de la observación.
7.- Librar oficio a la Unidad encargada de la
investigación y al Sr. Director General de Instituciones
Penitenciarias para la efectividad de lo acordado”.
Por lo tanto, y el acusado era consciente de ello, entre las
comunicaciones que se iban a intervenir a los internos en el centro
penitenciario, imputados respecto de los que había acordado la prisión
provisional, se encontrarían, sin excepción alguna, las que mantuvieran
con los letrados designados por cada uno de ellos para su defensa, contra
los cuales no constaba indicio alguno de actividad criminal.
El auto fue ejecutado en sus propios términos y como consecuencia
de ello fueron intervenidas, grabadas, escuchadas por la policía, transcritas
en lo relevante para la investigación, entregadas al acusado como juez y
conocidas por éste y por los representantes del Ministerio Fiscal
responsables del caso, varias conversaciones mantenidas entre los letrados
y sus defendidos en los locutorios del centro Penitenciario expresamente
destinados a esta clase de comunicaciones.
Entre ellas, y además de las ya mencionadas más arriba, se
grabaron las comunicaciones mantenidas entre el interno preso preventivo
Francisco Correa y el letrado designado por él para su defensa José
Antonio Choclán los días 10 de marzo, 13 de marzo, 23 de marzo, 26 de
marzo, 30 de marzo, 2 de abril, 8 de abril y 15 de abril de 2009.
Las comunicaciones mantenidas entre el interno preso preventivo
Pablo Crespo y el letrado designado por él para su defensa Pablo
Rodríguez-Mourullo los días 10 de marzo, 12 de marzo, 26 de marzo, 30
de marzo, 1 de abril, 8 de abril y 15 de abril de 2009.
21Recurso Nº: 20716/2009
Las comunicaciones mantenidas entre el interno preso preventivo
Antoine Sánchez con el letrado designado para su defensa Juan Ignacio
Vergara los días 27 de marzo, y 2, 6 y 13 de abril de 2009.
Con fecha 27 de marzo de 2009 tuvo entrada en el Juzgado Central
de Instrucción n° 5 informe del Ministerio Fiscal de 23 de marzo conforme
al cual:
“El Fiscal, notificado el auto de 20 marzo de 2009 en el que
se acuerda la prórroga de la intervención de las comunicaciones de
los imputados en situación de prisión provisional, Dice: En fecha 20
de marzo de 2009 se emitió informe en el que se interesaba el
desglose de determinadas conversaciones con el fin de salvaguardar
el derecho de defensa de los imputados. El Fiscal reitera lo
solicitado e interesa, con la misma finalidad, que, en lo sucesivo, se
excluyan de la causa todas aquellas comunicaciones que se refieran
exclusivamente al ejercicio del derecho de defensa de aquellos.”
El mismo día 27 de marzo de 2009 se dictó nuevo auto por el que
se disponía: “excluir de esta pieza las transcripciones de las conversaciones
mantenidas entre los imputados Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo
Sabaris y Antoine Sánchez y sus letrados y que se refieran en exclusiva a
estrategias de defensa”. En cumplimiento de lo dispuesto, el funcionario
encargado de la tramitación de la causa, por orden verbal del acusado, que
le comunicó que siguiera las indicaciones de uno de los representantes del
Ministerio Fiscal en la causa, que en ese momento se encontraba en las
dependencias del juzgado, procedió, según éste le indicó, a suprimir
distintos párrafos de las trascripciones de las conversaciones mantenidas
por los internos y sus abogados defensores en los locutorios de la prisión, a
las que antes se hizo referencia.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRELIMINAR.- La cuestión central que debe ser resuelta en esta causa
se relaciona directamente con el contenido esencial del derecho fundamental a la
defensa, que corresponde al imputado, frente al interés legítimo del Estado en la
persecución de los delitos.
Como luego se dirá, aunque es pertinente adelantarlo, el derecho de
defensa es un elemento nuclear en la configuración del proceso penal del
22Recurso Nº: 20716/2009
Estado de Derecho como un proceso con todas las garantías. No es posible
construir un proceso justo si se elimina esencialmente el derecho de
defensa, de forma que las posibles restricciones deben estar especialmente
justificadas.
En este caso, no se trata en realidad de examinar la suficiencia de
los indicios o de la motivación, o de cuestiones relativas a la
proporcionalidad de una medida que restringe el derecho a la intimidad.
Sino de la valoración jurídico penal de las dos resoluciones judiciales
dictas por el acusado de fecha 19 de febrero y 20 de marzo de 2009, que,
incidiendo directamente sobre el derecho a la defensa suprimiendo la
confidencialidad, acordaron la escucha y grabación de las comunicaciones
entre los imputados presos y sus abogados defensores, sin que existieran
datos de ninguna clase que indicaran que los letrados mencionados en los
hechos probados estaban aprovechando el ejercicio de la defensa para
cometer nuevos delitos.
PRIMERO.- En el trámite previsto en el artículo 786.2 de la
LECrim, la defensa del acusado planteó varias cuestiones previas.
1. En la primera de ellas hace referencia a la recusación de los
Magistrados Srs. Marchena y Varela, miembros de esta Sala, planteada con
anterioridad y que ahora alega nuevamente.
Aunque se ha entendido que no era ésta la intención de la defensa,
es de toda evidencia que la apertura del turno de intervenciones previsto en
el antes citado artículo 786.2 de la LECrim no supone un nuevo plazo para
plantear la recusación por las mismas causas ya alegadas, ni una
ampliación del ya previsto en el artículo 223 de la LOPJ. En consecuencia,
las recusaciones ya fueron planteadas y desestimadas, lo que ha puesto fin
a su tramitación en esta causa.
No obstante, desde la perspectiva del derecho a un juez imparcial,
conviene recordar que la recusación planteada respecto del primero de los
Magistrados de esta Sala antes aludidos fue rechazada por dos causas
distintas por la Sala de este Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de
la LOPJ. De un lado, por extemporaneidad en su planteamiento. De otro
porque se afirmaba en la resolución de la Sala, de forma escueta pero
terminante, que el hecho de haber sido instructor en una causa seguida
contra el mismo acusado, por sí solo, no es causa de recusación para
formar parte del Tribunal que enjuicia unos hechos totalmente diferentes.
23Recurso Nº: 20716/2009
Respecto del segundo Magistrado recusado, la recusación fue
rechazada liminarmente por esta Sala por extemporaneidad y por absoluta
falta de fundamento. Respecto a la primera causa, en la que se alegaba
falta de imparcialidad subjetiva, porque, basándose en unas supuestas
frases descalificadoras pronunciadas por el recusado, los hechos se
relacionaban con tal generalidad y absoluta falta de concreción respecto a
su contenido, lugar, fecha y circunstancias, que impedían cualquier juicio,
aun cuando fuera muy provisional, sobre la consistencia de lo alegado, de
forma que no se evidenciaba, ni siquiera indiciariamente, la sospecha y no
se justificaba la tramitación del incidente. En cuanto a la segunda causa de
recusación, relativa a la falta de imparcialidad objetiva por haber sido
instructor en otro procedimiento diferente también seguido en esta Sala
contra el acusado, porque se planteó en los mismos términos que la ya
alegada en estas mismas actuaciones respecto del primero de los
Magistrados recusados, que había sido rechazada, como ya se dijo, de
forma terminante, por la Sala prevista en el artículo 61 de la LOPJ tras su
tramitación. Las razones contenidas en el auto que rechazó liminarmente
ambas causas permitían, pues, considerarlas totalmente carentes del
mínimo fundamento.
El acusado, a través de su defensa, no ha aportado elementos de
juicio no valorados ya, por lo que por las mismas razones aludidas,
contenidas en las resoluciones que desestimaron o rechazaron
liminarmente la pretensión, ésta debe ser ahora igualmente desestimada.
Por lo tanto, la alegación no puede ser estimada ni como reiteración
de la recusación, ni como reiteración de la queja respecto al derecho a un
tribunal imparcial.
2. En segundo lugar, plantea la defensa del acusado la necesidad de
garantizar el derecho que le asiste, conforme al artículo 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual todo
condenado tiene derecho a someter el fallo y la condena a un Tribunal
superior, lo cual queda aquí impedido por la condición de aforado del
acusado. Entiende que mantener una instancia única para los aforados
carece de toda razón. Y solicita que esta Sala venga a establecer que el
recurso de apelación que está previsto en la regulación del procedimiento
abreviado en la LECrim sea conocido y resuelto en estos casos por la Sala
prevista en el artículo 61 de la LOPJ.
24Recurso Nº: 20716/2009
La pretensión es inatendible por razones obvias. En primer lugar,
porque aun cuando pueda entablarse discusión o debate acerca de la
justificación del procedimiento contra personas aforadas o sobre la
preferencia o mejor calidad de unos sistemas procesales sobre otros, el
artículo 2 del Protocolo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, luego de disponer en
el apartado 1 que toda persona condenada por un delito tiene derecho a que
su condena o sentencia sea revisada por un Tribunal superior, contempla
excepciones a esta regla en el apartado 2, y, entre ellas, los casos en los
que la persona afectada sea juzgada en primera instancia por el más alto
Tribunal. Y en segundo lugar porque no le corresponde a esta Sala
completar la legislación procesal u orgánica estableciendo nuevos
recursos, distintos a los previstos, o ampliar las competencias de los
órganos jurisdiccionales establecidas de forma precisa por las leyes
vigentes.
En consecuencia, la segunda cuestión previa es igualmente
desestimada.
3. En tercer lugar, con apoyo en el artículo 24 de la Constitución,
en relación al derecho a los medios de prueba, interesa que se admitan las
pruebas ya propuestas y que fueron denegadas en el auto de esta Sala de 26
de octubre de 2010.
a) La primera de las pruebas a las que se refiere consistía en la
unión a la causa de testimonio de las Diligencias Previas nº 1/2009 de la
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
continuación de las instruidas por el acusado. Entendía la defensa que la
intervención de las comunicaciones de los internos en el centro
penitenciario acordada por el acusado había sido prorrogada por éste y
luego nuevamente, en segunda prórroga, por el nuevo instructor, y
argumenta que el conocimiento de estos dos elementos permitirá al
Tribunal ver el fundamento de la antijuricidad de las resoluciones que hoy
se reprochan al acusado.
Los Autos dictados por el acusado a los que se hace referencia, y
el auto de 20 de abril de 2009 dictado por el instructor ya designado por el
Tribunal Superior de Justicia al resultar competente para el conocimiento
de la causa, ya obran entre las pruebas admitidas y podrán ser valorados
por el Tribunal. No se hace mención concreta de otros particulares
25Recurso Nº: 20716/2009
relevantes, por lo que no es pertinente la unión de testimonio íntegro de
esas actuaciones.
b) La segunda de las pruebas ahora propuestas, consistía en la
certificación de todas las sentencias dictadas en los últimos cinco años en
las que se revocaran intervenciones telefónicas y que hubieran supuesto la
deducción de testimonio contra el juez que las había acordado. Dado que el
proponente no había podido encontrar alguna sentencia en ese sentido,
entendía que el dato era fundamental para la defensa.
El planteamiento es erróneo a juicio del Tribunal. La declaración
de nulidad de las resoluciones que disponen una intervención telefónica, o
el acuerdo de prohibición de valoración de lo obtenido mediante la misma,
puede estar basado en múltiples causas. Sin embargo, a los efectos de las
presentes actuaciones, solo podrían ser relevantes los casos relativos a la
vulneración del derecho de defensa, que es lo que aquí se debate, y no las
cuestiones relativas a la vulneración del derecho al secreto de las
comunicaciones telefónicas. No obstante, esta Sala conoce su propia
jurisprudencia y, en todo caso, nada impidió a la defensa alegar acerca de
anteriores resoluciones de las que pudiera obtener consecuencias que
condujeran a la mejor defensa de sus derechos. Por lo tanto, la prueba
debió ser inadmitida.
c) En tercer lugar, interesaba la defensa que se dirigiera
comunicación a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para
que se procediera al volcado del disco duro donde constan todas las
grabaciones efectuadas en ejecución de los autos dictados por el acusado.
Entendía la defensa que era necesario conocer la integridad de las
grabaciones para determinar si había habido una afectación del derecho de
defensa y si la decisión del acusado se había ajustado a Derecho.
Como se expondrá con posterioridad, esta Sala entiende que no es
preciso conocer el contenido completo de las conversaciones mantenidas
entre los internos en el centro penitenciario y sus letrados defensores. Pues
para establecer una lesión material al derecho de defensa, es suficiente con
la demostración de que esas conversaciones o comunicaciones fueron
intervenidas por quienes participaban en la investigación penal de los
hechos.
De otro lado, tras el expurgo ordenado por el Auto de 27 de marzo
dictado por el acusado, y en ejecución del mismo, se suprimieron de las
transcripciones varias conversaciones que habían sido grabadas,
mantenidas entre los internos y sus letrados defensores, porque el propio
26Recurso Nº: 20716/2009
acusado, a petición del Ministerio Fiscal, entendió que afectaban al
derecho de defensa. Esta constatación, sin perjuicio de cómo se efectuó esa
supresión y de si alcanzó a todo lo que afectaba a ese derecho, hace
innecesario desde todas las perspectivas incorporar esas grabaciones para
su examen en el juicio oral. Además, si se suprimieron por afectar al
derecho de defensa, es claro que su incorporación a la prueba supondría
ahora una nueva vulneración de la confidencialidad entre letrado y
defendido.
Por todo ello, no era procedente admitir esta prueba.
d) En cuarto lugar, solicitaba la defensa que se aportara testimonio
del auto de 14 de marzo de 2011 dictado por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en la causa 1/2009, en el que se revocaba la decisión de
sobreseer las actuaciones respecto de algunos abogados.
La cuestión no tenía relación alguna con los hechos investigados en
esta causa, dado que los letrados a los que se refiere no son los que, según
los hechos de la acusación, fueron escuchados cuando mantenían
comunicaciones reservadas con sus defendidos. Si lo que se pretendía con
esa prueba era probar que en algún momento existían indicios de actividad
criminal contra aquellos, ello no puede acreditar, en ningún caso, que esos
indicios fueran trasladables a los letrados concernidos por los hechos que
se están enjuiciando.
En consecuencia, la prueba fue denegada.
e) En quinto lugar, la defensa, que renunció a la prueba testifical,
propuesta en su momento, del Magistrado instructor designado por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sr. Pedreira, propuso como
prueba la testifical del funcionario del juzgado central de instrucción nº 5,
Vicente Maroto, encargado del control y tramitación de la causa, que esta
Sala decidió admitir como pertinente.
f) Finalmente, propuso en ese momento la audición de las cintas
que citan las acusaciones para formular su acusación y que contienen las
conversaciones grabadas, propuesta que fue admitida en parte,
procediéndose en su momento a la audición de parte de lo propuesto, tal
como resulta del acta, con la aquiescencia de la defensa.
SEGUNDO.- Se han practicado como pruebas el interrogatorio del
acusado; la declaración de varios testigos, concretamente el querellante Sr.
Peláez, los agentes policiales nº 81.067, 27.450 y 17.561 y Vicente Maroto
27Recurso Nº: 20716/2009
Mateos; la audición de parte de las conversaciones grabadas, y la
documental propuesta y admitida, tal como consta en el acta.
1. Los aspectos objetivos de los hechos resultan probados de la
siguiente forma. La existencia en el Juzgado Central de instrucción nº 5 de
una investigación sobre hechos que pudieran ser constitutivos de varios
delitos, entre ellos, blanqueo de capitales, se acredita por la documental,
por la declaración del acusado y por la testifical de los funcionarios de
policía que eran responsables de la misma. Del mismo modo por la
testifical del funcionario del Juzgado Vicente Maroto. El dictado por el
acusado de los autos de 19 de febrero, de 20 de marzo y de 27 de marzo de
2009 queda acreditado por la prueba documental consistente en testimonio
de los mismos y por la declaración del acusado, que reconoció haberlo
hecho en los términos que constan. La solicitud de aclaración acerca de la
grabación de las conversaciones, por la documental consistente en
testimonio del oficio de Instituciones Penitenciarias obrante en la causa. La
petición de aclaraciones por parte de los funcionarios de policía respecto
del significado de la frase “previniendo el derecho de defensa”, se acredita
por la testifical de los agentes nº 81.067 y 17.561, que declararon haberse
dirigido al acusado con esa finalidad. La respuesta del acusado, en el
sentido de que los policías debían proceder a recoger las cintas, escuchar
su contenido, transcribir lo que fuera relevante para la investigación y
entregárselo a él, quien decidiría lo que afectaba al derecho de defensa, se
acredita por la testifical de ambos testigos. La frecuente dación de cuenta,
verbal y por escrito de los funcionarios de policía al acusado, por la
declaración de éste y la de los agentes ya citados, así como por la
declaración del testigo Vicente Maroto.
La ejecución de la medida acordada, se acredita por la documental
relativa a las conversaciones grabadas y transcritas. También por prueba
documental referida a la información procedente de Instituciones
Penitenciarias en cuanto a las visitas efectuadas por los letrados Srs.
Peláez, Choclán, Mourullo y Vergara a los internos y el concepto en el que
se hacían.
La designación de los letrados Srs. Choclán y Mourullo como
defensores de los internos con fecha 2 de marzo, consta también por la
prueba documental relativa al hecho de la designación y por el testimonio
de la providencia, firmada por el acusado, de 3 de marzo de 2009 en la que
se les tiene por personados en ese concepto. De la misma forma, en sus
28Recurso Nº: 20716/2009
fechas, las designaciones y personaciones de los letrados Srs. Peláez y
Vergara.
La trascripción de las conversaciones, la entrega de aquellas en el
juzgado y su conocimiento por el acusado y por los representantes del
Ministerio Fiscal que actuaban en la causa, se acredita por el testimonio de
las actuaciones, por la declaración del acusado, y por las manifestaciones
de los testigos funcionarios policiales antes referidos que intervenían en la
investigación, así como del funcionario del juzgado Vicente Maroto.
La entrega al juzgado de los informes de 4 y 13 de marzo, así como
su contenido, resulta igualmente del testimonio de las actuaciones y de las
anteriores declaraciones. De ellas resulta el conocimiento de los mismos
por parte del acusado y de los representantes del Ministerio Fiscal.
El contenido de la declaración prestada ante el acusado por el
imputado José Luis Ulibarri consta igualmente por el testimonio de las
actuaciones.
El informe del Ministerio Fiscal de 20 de marzo y su contenido
queda probado por el testimonio de las actuaciones. Que el acusado
conoció su contenido, remitido por fax, antes de dictar el auto de 20 de
marzo en el que acordaba la prórroga de las intervenciones acordadas el 19
de febrero, consta por la declaración del funcionario del Juzgado Vicente
Maroto, que manifestó en el plenario que entregó el informe al acusado, tal
como este le había ordenado, antes de que decidiera sobre la prórroga.
El dictado del auto de 27 de marzo y su contenido queda probado
por el testimonio de las actuaciones. La forma en la que se procedió a la
exclusión de determinadas conversaciones, por entender que afectaban al
derecho de defensa, consta por la declaración del funcionario Vicente
Maroto, quien manifestó que el acusado le ordenó que siguiera las
instrucciones de una de las fiscales que intervenían en el asunto para
concretar los párrafos que debían ser excluidos.
Las conversaciones entre los letrados y los imputados internos que
fueron grabadas resulta de las propias trascripciones y de la información
remitida por Instituciones Penitenciarias, así como, en parte, por los
informes policiales de 4 y 13 de marzo.
Los anteriores elementos fácticos de carácter objetivo no han sido,
en realidad, cuestionados.
2. En cuanto al carácter con el que el querellante Sr. Peláez
compareció en el centro penitenciario en los momentos en los que fueron
29Recurso Nº: 20716/2009
grabadas sus conversaciones con los internos, sostiene la defensa que, ya
que nunca se entrevistó con su defendido, que se encontraba en situación
de libertad, y no cumplió con los requerimientos contenidos en el
reglamento Penitenciario al no solicitar permiso del instructor de la causa,
las comunicaciones efectuadas no pueden ser valoradas como realizadas
por letrado.
La cuestión, así planteada, sugiere un concepto excesivamente
burocrático del derecho de defensa. Aun así, carece de la trascendencia que
se pretende. En primer lugar, porque no se discute que los letrados Sres.
Choclán, Mourullo y Vergara se entrevistaron con sus defendidos en
calidad de letrados defensores y fueron igualmente escuchados y grabados,
lo que haría innecesaria la consideración de las grabaciones que se
discuten relativas a las comunicaciones del querellante con los internos. En
segundo lugar, porque consta en las actuaciones testimonio de un informe
remitido por Instituciones Penitenciarias al Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, al Juez instructor, con fecha 28 de abril de 2010, relativo a las
visitas a los internos Correa, Crespo y Sánchez, en el que aparece el
querellante en una comunicación efectuada con el interno Francisco Correa
el día 6 de marzo, en la que se hace constar que lo hace en concepto de
letrado expresamente llamado, lo cual, en ausencia de cualquier otra
prueba sobre el particular, resulta fuertemente indicativo de que
documentó ante los funcionarios tal condición, como resulta del informe
de Instituciones Penitenciarias de 3 de mayo de 2010 en el que se aclara
que si se hace constar así es porque comparece con el volante del Colegio
de Abogados en el que figura en tal concepto. Lo cual permite tenerlo por
probado. Y en tercer lugar, porque, habiéndose efectuado la comunicación
en los locutorios específicos para los letrados, lo que resulta de la testifical
del querellante y de la misma documental, el acusado no había adoptado
ninguna medida que permitiera excluir de la grabación y escucha a los
letrados defensores y a los expresamente llamados, por lo que el
cumplimiento de las exigencias reglamentarias o la acreditación de aquella
condición nunca hubiera impedido la injerencia, como de hecho, no la
impidió en el caso referido.
3. La inexistencia de indicios de actuación criminal respecto de los
letrados defensores, los Sres. Peláez, Choclán, Mourullo y Vergara, no
solo resulta de la ausencia de cualquier elemento en las actuaciones que lo
pudiera sugerir, sino también de las declaraciones del propio acusado, que
30Recurso Nº: 20716/2009
no aportó ningún dato concreto sobre este particular; y de las de los
funcionarios policiales encargados de la investigación, que manifestaron,
aunque sin precisar los indicios objetivos, que sospechaban de un despacho
de abogados, refiriéndose solamente a los ya imputados entonces en la
causa, pero sin que hicieran en ningún momento referencia concreta a los
letrados antes mencionados.
Además, ha de tenerse en cuenta que el acuerdo de escucha y
grabación de las comunicaciones se dictó antes de conocer la identidad de
estos letrados, que fueron designados en su mayoría con posterioridad, y
que hasta entonces no habían aparecido en las actuaciones bajo apariencia
o sospecha alguna de actuación delictiva. En consecuencia, cuando se
acordó, era imposible valorar indicios contra aquellos.
4. La inexistencia de precisiones encaminadas a garantizar la
custodia de las grabaciones en el centro penitenciario y a la identificación
de los responsables de la misma, resulta del silencio del auto sobre el
particular.
5. La inexistencia de órdenes o instrucciones por parte del acusado
para que los funcionarios policiales encargados de la investigación no
escucharan determinadas conversaciones o prescindieran de ellas en la
elaboración de los informes entregados a aquel, resulta de las
declaraciones de los agentes nº 81.067 y 17.561, que aparece corroborada
en este extremo por la aparición de estas conversaciones en las
trascripciones entregadas al juzgado, de las que aparecen suprimidos
párrafos y conversaciones completas como consecuencia del expurgo
acordado en el auto de 27 de marzo; igualmente resulta de la constancia de
valoraciones expresas del contenido de estas conversaciones que aparecen
en los informes policiales; y finalmente del informe del Ministerio Fiscal
de fecha 20 de marzo, en el que se relacionan algunas de estas
conversaciones que, a juicio del representante del Ministerio Público que
lo firma, deberían ser excluidas por afectar al derecho de defensa.
6. Finalmente, en cuanto a la afectación del derecho de defensa y
demás derechos presentes en la relación entre imputado y letrado defensor,
sin perjuicio de lo que luego se dirá respecto de la lesión de los mismos
por la mera supresión de la confidencialidad, de un lado se han suprimido
de las trascripciones párrafos enteros que se consideró, por el Fiscal y por
31Recurso Nº: 20716/2009
el propio acusado, que afectaban al derecho de defensa. Además, restan en
algunas trascripciones manifestaciones de los comunicantes claramente
relacionadas con la defensa, entre ellas, la mantenida por el imputado
Correa con su letrado defensor Sr. Choclán el día 2 de febrero, en la que
tratan de las posibles decisiones del instructor, de cómo enfocar la
situación y de las relaciones del letrado con el mismo instructor y con las
fiscales del caso; o la mantenida entre el letrado Sr. Mourullo con su
defendido el día 6 de marzo, en la que hablan de distintos aspectos de la
tramitación de la causa, de gestiones para asegurar el pago de deudas
hipotecarias con cargo a cuentas bloqueadas judicialmente, y de otros
aspectos relacionados con el estado de la investigación, así como de
aspectos relacionados con los hechos ya ocurridos que el interno transmite
a su letrado. Así como la mantenida el mismo día 6 de marzo entre el
letrado Sr. Choclán y su defendido, en la que interviene el letrado
querellante Sr. Peláez como expresamente llamado, y en la que se
comunican cuestiones relacionadas con la coordinación de las defensas y
con el estado de la investigación en relación con hechos ya sucedidos que
el imputado comunica a su letrado y con la posible valoración de los datos
que suponen que el instructor tendrá en su poder.
Del mismo modo, en el informe policial se hace mención entre
otros aspectos, a la coordinación de los letrados de los imputados para la
defensa; a la elección de los nuevos letrados en función de sus contactos
dentro de los órganos judiciales, mencionando incluso sus honorarios; a la
relación profesional anterior del querellante con una de las fiscales del
caso o del letrado Sr. Choclán con el instructor y con las fiscales y al
contenido de las comunicaciones desarrolladas el 6 de marzo a las que
antes ya se ha hecho alusión.
7. En lo que se refiere a los aspectos subjetivos, las afirmaciones
fácticas en este sentido quedan soportadas por las siguientes
consideraciones probatorias.
El acusado sabía cuales eran las consecuencias necesarias de las
dos resoluciones que dictó. La inclusión de la cláusula previniendo el
derecho de defensa, dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que
su resolución afectaría a este derecho. El propio tenor literal de los autos lo
acredita, al referirse a todos los letrados personados y a otros que
mantengan entrevistas con los internos, lo cual, gramaticalmente, al no
establecerse excepción alguna, afecta a todos los personados, estén
32Recurso Nº: 20716/2009
imputados o no, y por lo tanto, existan, o no existan, contra ellos indicios
de actividad criminal, y a todos los letrados que se personen en el futuro,
con independencia de su identidad, y nuevamente con independencia de
que existan o no indicios de actividad criminal contra ellos.
Además, no pudo tener duda alguna sobre ello. Los funcionarios de
policía le reclamaron aclaraciones acerca del significado de la frase
previniendo el derecho de defensa, con el resultado ya expuesto en el
relato fáctico. El Ministerio Fiscal le reclamó la exclusión de las
comunicaciones mantenidas con los letrados defensores. Tuvo
conocimiento de la personación de nuevos letrados, tras el dictado del
primero de los autos. Y los informes de los agentes policiales sobre las
conversaciones mantenidas en el curso de las comunicaciones, incluían
algunas con los letrados de la defensa de las que no resultaba indicio
alguno de actuación delictiva por parte de estos últimos.
De lo expuesto resulta igualmente que, sin ninguna duda, el
acusado conocía el resultado de la intervención de las comunicaciones y
que éste era escuchado y valorado por los funcionarios policiales que
intervenían en la investigación.
TERCERO.- Aludió la defensa a la modificación en la
argumentación jurídica que apoyaba la consideración, provisional, de los
hechos imputados como constitutivos de prevaricación, pues dice que si
bien en la querella se hacía referencia a una interpretación errónea del
artículo 51.2 de la LOGP, en el auto del instructor que acuerda continuar la
tramitación según las reglas del procedimiento abreviado, se hace
referencia a la falta absoluta de indicios que justificaran las resoluciones
judiciales. Entiende que el instructor procedió a mejorar la querella
añadiendo una argumentación que no empleaba el querellante.
1. Aunque en la práctica ordinaria los escritos de querella suelen
contener una argumentación sobre la calificación jurídico penal de los
hechos en que se basan, la LECrim no exige, en el artículo 277, que se
incluya tal calificación ni argumentación alguna acerca de ese particular.
En consecuencia, en primer lugar, no se puede afirmar que resulte de la ley
que el instructor, ni tampoco lógicamente el Tribunal de enjuiciamiento,
estén vinculados por la opinión jurídica del querellante. Y, en segundo
lugar, no siendo la calificación un elemento necesario de la querella,
33Recurso Nº: 20716/2009
tampoco es posible sostener que el cambio en la argumentación jurídica
suponga una alteración del objeto del proceso.
2. El objeto del proceso, un hecho penalmente relevante, se
determina de forma progresiva a lo largo de la tramitación, para quedar
definitivamente delimitado en los escritos de conclusiones definitivas de
las partes. No supone irregularidad de ninguna clase que a lo largo de la
tramitación aparezcan distintas valoraciones jurídicas de los hechos, pues
de la misma forma en que el hecho se concreta de forma progresiva,
también es posible evolucionar en su calificación. En consecuencia,
ninguna norma impone al instructor una vinculación a la calificación que
de los hechos vaya haciendo el querellante ni a la argumentación en que
pueda ser apoyada.
3. El principio acusatorio, que inicialmente exige que la acusación
sea sostenida por alguien distinto del juzgador, se relaciona íntimamente
con otros derechos, entre ellos el derecho a un juez imparcial (el tribunal
no puede abandonar su posición de tercero) y el derecho de defensa, que
incluye el derecho a conocer la acusación. Como es sabido, el tribunal, en
el momento del enjuiciamiento, está vinculado a la acusación en el aspecto
subjetivo, en tanto no puede pronunciar sentencia si no es respecto del
acusado, y en el aspecto objetivo, ya que no puede referirse a hechos
distintos de los contenidos en la acusación, salvo aquellos que tengan un
carácter meramente accesorio y que el tribunal considere acreditados por la
prueba practicada en el plenario, y al tiempo resulten convenientes para
una mejor comprensión de los hechos probados.
La calificación jurídica solamente vincula en el sentido de que el
tribunal no puede condenar por un delito distinto al de la acusación, salvo
que se trate de un delito homogéneo, en el sentido de que todos sus
elementos estuvieran contenidos en la acusación, y cuando, además, no sea
más grave que aquel por el que se acusa.
Finalmente, esta Sala, al igual que el Tribunal Constitucional, ha
entendido, con precisiones que no es necesario abordar ahora, que no es
posible imponer pena más grave que la solicitada por las acusaciones.
Pero más allá de estos aspectos, el tribunal no está vinculado. De
manera que así como el instructor no está vinculado por la argumentación
jurídica del querellante, el tribunal tampoco lo está por las acogidas por las
partes ni por el instructor.
34Recurso Nº: 20716/2009
CUARTO.- La defensa, en su informe oral, pareció quejarse
también de la actuación del instructor al recoger en el auto de apertura del
juicio oral los hechos contenidos en los escritos de acusación.
1. En realidad, si se entiende así y no como una mera expresión de
insatisfacción por la marcha del proceso, la queja carece de todo
fundamento.
En el propio auto de apertura del juicio oral se ofrece una
explicación escueta, aunque suficiente, del sentido de la resolución que se
adopta, con la referencia explícita a la STC 186/1990 y al carácter negativo
del juicio que corresponde al juez efectuar en ese momento, como control
sobre la acusación.
No obstante, conviene ahora recordar que en el procedimiento
abreviado, según el artículo 782 y concordantes de la LECrim, al juez
instructor le corresponde acordar la apertura del juicio oral, y debe hacerlo
en función de los hechos contenidos en las acusaciones, y no de otros. Solo
puede denegarla, cuando solicitándolo quien puede hacerlo según la ley,
entiende que carece de consistencia por dos posibles motivos: que no
existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado o que los
hechos no son constitutivos de delito.
2. El Tribunal Constitucional en la STC 186/1990, ya había
advertido que “…la decisión judicial acerca de la apertura o no del juicio
oral se adopta después de que se haya formulado acusación (art. 790.6 de
la L. E. Crim.), como una manifestación más del sistema acusatorio al que
responde el nuevo proceso (ne procedat iudex ex oficio), por lo que no
puede atribuírsele al Auto de apertura del juicio naturaleza inculpatoria
similar a la del auto de procesamiento en el procedimiento común”. Se
argumentaba en esta sentencia que el hecho de que la ley atribuyera al juez
de instrucción el control sobre la consistencia de la acusación, en tanto que
puede acordar el sobreseimiento en los casos previstos en la ley a pesar de
la petición de las partes relativa a la apertura del juicio oral, no supone en
manera alguna que, cuando accede a esa petición de las acusaciones
proceda a realizar un acto de inculpación, pues “…este juicio acerca de la
improcedencia de abrir el juicio oral -en definitiva de la improcedencia de
la acusación formulada-, de existir, es un juicio negativo en virtud del cual
el Juez cumple funciones de garantía jurisdiccional, no de acusación”.
35Recurso Nº: 20716/2009
En consecuencia, el juez de instrucción no puede acordar la
apertura del juicio oral por unos hechos distintos de los contenidos en los
escritos de acusación, (que a su vez proceden de los contenidos en el auto
de transformación en procedimiento abreviado en cuanto determina los
hechos justiciables), pues si así fuera estaría excediendo su función, solo
prevista desde aquella perspectiva, correspondiente a un juicio negativo
sobre la acusación. Puede, sin embargo, excluir algunos hechos, si
considera que respecto de los mismos no existen indicios racionales de
criminalidad contra el acusado o que aún así, no serían constitutivos de
delito.
Pero si desde la perspectiva expuesta considera que respecto de los
hechos de la acusación existen indicios racionales contra el acusado y que
los hechos podrían ser constitutivos de delito, la apertura del juicio oral
solo podrá acordarse por esos hechos, que es de lo que se acusa, y no por
otros diferentes, sin que ello suponga una inculpación autónoma por parte
del Juez.
En definitiva, el instructor cumplió adecuadamente sus funciones
como tal. Ningún reproche se puede hacer a que el instructor, en lugar de
acudir a una remisión genérica al contenido de las acusaciones, haya
optado por la precisión detallada de los hechos por lo que acuerda la
apertura del juicio oral.
QUINTO.- El artículo 446 del Código Penal dispone: "El juez o
magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será
castigado: 3º. Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a
veinte años, cuando dictare cualquier otra sentencia o resolución injustas".
1. Los poderes públicos, también el judicial, están sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (artículo 9.1 CE); y el
artículo 117.1 de la misma Constitución, somete a los jueces solamente al
imperio de la ley. En la STS 2338/2001 se hacían referencias a la posición
del juez, a quien corresponde “...el monopolio de la jurisdicción y la
facultad exclusiva de resolver los conflictos que se le presenten mediante
la aplicación de la Ley, en un poder independiente que encuentra su límite
en la aplicación del Ordenamiento Jurídico, resolviendo de manera
vinculante y definitiva el asunto enjuiciado”.
36Recurso Nº: 20716/2009
En un sistema democrático como el regulado en la Constitución
española, el Poder judicial se legitima por la aplicación de la ley a la que
está sujeto, y no por la simple imposición de sus potestades. De manera
que el Estado de Derecho se vulnera cuando el juez, con el pretexto de
aplicación de la ley, actúa solo su propia subjetividad concretada en una
forma particular de entender la cuestión a resolver, y prescindiendo de
todos los métodos de interpretación admisibles en derecho, acoge un
significado irracional de la norma, sustituyendo así el imperio de la ley por
un acto contrario de mero voluntarismo. La superación del simple
positivismo, que pudiera conducir a actuaciones materialmente injustas,
resulta de la Constitución y, especialmente, de sus normas sobre derechos
fundamentales, que constituyen al tiempo una guía interpretativa y un
límite infranqueable.
Desde esta perspectiva, la previsión legal del delito de
prevaricación judicial, no puede ser entendida en ningún caso como un
ataque a la independencia del Juez, sino como una exigencia democrática
impuesta por la necesidad de reprobar penalmente una conducta ejecutada
en ejercicio del poder judicial que, bajo el pretexto de la aplicación de la
ley, resulta frontalmente vulneradora del Estado de Derecho.
2. La jurisprudencia ha señalado que la prevaricación supone un
grave apartamiento del derecho, de manera que “...no consiste en la lesión
de bienes jurídicos individuales de las partes del proceso, sino en la
postergación por el autor de la validez del derecho o de su imperio y, por
lo tanto, en la vulneración del Estado de Derecho, dado que se quebranta la
función judicial de decidir aplicando únicamente el derecho, en la forma
prevista en el art. 117.1 CE”, (STS nº 2/1999).
De esta forma, el elemento del tipo objetivo consistente en la
injusticia de la resolución no se aprecia cuando se produce una mera
contradicción con el derecho. Pues efectivamente, la ley admite en
numerosas ocasiones interpretaciones divergentes, y es lícito que el juez
pueda optar, en atención a las particularidades del caso, por una u otra
interpretación sin incurrir en delito, aunque su decisión pudiera ser
revocada en vía de recurso.
Por el contrario, la jurisprudencia, que ha asumido la teoría
objetiva con elementos de la teoría de los deberes, ha venido insistiendo en
que la injusticia requerida por el artículo 446 del Código vigente exige una
absoluta colisión de la actuación judicial con la norma aplicada en el caso,
37Recurso Nº: 20716/2009
de tal forma que la decisión cuestionada no pueda ser explicada mediante
ninguna interpretación razonable efectuada con los métodos usualmente
admitidos en Derecho. Así, se ha dicho que debe apreciarse la injusticia
que requiere la prevaricación cuando “...la resolución de que se trate carece
de toda posible explicación razonable, es decir, es a todas luces contraria a
Derecho, porque su contenido, incluso en el supuesto de más favorable
interpretación de la norma aplicable al caso o de las pruebas concurrentes,
no se compadece con lo ordenado por la Ley, pudiendo referirse tal
ilegalidad así cualificada, tanto a aspectos de procedimiento como
materiales, ya se trate de cuestiones de calificación jurídica, ya de
problemas de hecho o de apreciación de la prueba”. (STS nº 4 de julio de
1996). Y la STS nº 2/1999, señaló que el apartamiento de la función que
corresponde al autor en el Estado de Derecho según los arts. 117.1 y 103.1
CE, en ocasiones aludida mediante el uso de adjetivos, “...será de apreciar,
por lo general, cuando la aplicación del derecho no resulte de ningún
método o modo aceptable de interpretación del derecho”
• • •
 

febrero 09, 2012

SENTENCIA DICTADA CONTRA EL MAGISTRADO BALTASAR GARZON POR EL CASO GURTEL

Categoría: DERECHO JUDICIAL — gcornejo @ 12:51 — Visto: 295 veces
SENTENCIA DICTADA CONTRA EL MAGISTRADO BALTASAR GARZON POR EL CASO GURTEL

(PAGINAS DEL 38 AL 55)


3. De la misma forma, se refería la STS nº 877/1998 a la cuestión
señalando que “La injusticia de la resolución o sentencia, ha de
determinarse en base a criterios objetivos, habiendo la antigua
jurisprudencia declarado que ha de tenerse por tal cuando no puede
explicarse mediante una interpretación razonable -Sentencia del Tribunal
Supremo de 21 enero 1911-.”.
Igualmente, en la STS 2338/2001 se decía que “En relación al
elemento objetivo de la resolución injusta, una vez más, debemos afirmar
con la constante jurisprudencia de esta Sala, por otra parte no muy
numerosa, de la que son exponente las SSTS de 14 de febrero de 1891, 21
de enero de 1901, 1/1996, de 4 de julio, en Causa Especial 2830/1994,
155/1997 y la última, más completa y reciente la 2/1999, de 15 de octubre
en Causa Especial 2940/1997, que la determinación de tal injusticia no
radica en que el autor la estime como tal, sino que en clave estrictamente
objetiva la misma merezca tal calificación cuando la resolución no se
encuentra dentro de las opiniones que pueden ser jurídicamente
defendibles”.
Y según se decía en la STS nº 102/2009, FJ 5º, la teoría objetiva
“...es complementada por la teoría de la infracción del deber que salva las
críticas a la formulación objetiva respecto de las normas de contenido
impreciso. En estos supuestos y en los de decisiones sobre facultades
38Recurso Nº: 20716/2009
discrecionales se afirma la posibilidad de decisión prevaricadora cuando el
juez excede el contenido de la autorización, cuando el juez decide
motivado por consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico, o cuando el
juez se aparte del método previsto en el ordenamiento”.
En definitiva, se entenderá por resolución injusta aquella que se
aparta de todas las opciones jurídicamente defendibles según los métodos
usualmente admitidos en Derecho, careciendo de toda interpretación
razonable, y siendo en definitiva exponente de una clara irracionalidad. Por
lo tanto, una resolución basada en una interpretación que pueda reputarse
errónea, no es injusta a los efectos del delito de prevaricación, siempre
que, alcanzada por los métodos de interpretación usualmente admitidos,
sea defendible en Derecho.
Esta configuración del elemento del tipo objetivo viene a rechazar
al mismo tiempo la teoría subjetiva de la prevaricación, según la cual se
apreciaría el delito poniendo el acento en la actitud o la convicción del juez
al resolver, y prescindiendo de que la resolución sea objetivamente
conforme a la ley. Desde este punto de vista es evidente que “...la injusticia
objetiva de la resolución no puede ser eliminada recurriendo a la
subjetividad del autor, dado que el Juez debe aplicar el derecho y no obrar
según su propia idea de la justicia”, (STS 2/1999). Por lo tanto, no puede
admitirse que una resolución sea justa solo porque el juez que la dicta, sin
referencia alguna a criterios objetivos, así la considere.
4. En la STS nº 4 de julio de 1996 se consideró que era constitutiva
de prevaricación la conducta consistente en “...un comportamiento
arbitrario, absolutamente injustificado del señor (...), al convertir en
imputados a quienes en la querella habían sido propuestos como testigos,
porque no hubo ninguna diligencia de prueba de la que pudiera inferirse el
más mínimo dato de que alguno de los dos afectados por tan anómala
resolución hubiera participado en los hechos que la querella relataba y
podían ser constitutivos de delito”.
En la STS 877/1998, se calificó como prevaricadora la resolución
de autorizar un matrimonio sin el previo expediente matrimonial.
En la STS nº 2338/2001 se consideró constitutiva de prevaricación
la resolución que aplicaba la prescripción de forma absolutamente
inasumible al separarse de las previsiones legales y de la doctrina
consolidada de esta Sala.
39Recurso Nº: 20716/2009
En la STS 806/2004, se consideró como prevaricación la decisión
de anular un procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 LH
basándose en cuestiones de fondo, ignorando la naturaleza de dicho
procedimiento, en la que es unánime la doctrina procesalista y también la
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reconocida por el propio auto
que se consideró prevaricador, entendiendo que esa doctrina es ignorada a
lo largo de toda esa resolución que, para argumentar su declaración de
nulidad del procedimiento, hace constantes referencias a la forma en que
fueron adquiridos los títulos que se pretendía ejecutar, algo totalmente
ajeno a la esencia de este procedimiento judicial sumario.
En la STS nº 333/2006, se condenó por prevaricación al juez que
acordó abrir un expediente gubernativo a un abogado al tener
conocimiento de que había realizado alusiones a su persona y cargo en un
juicio de faltas.
En la STS nº 102/2009, se consideró delictiva la resolución del juez
territorialmente incompetente que ordenó, sin observación del principio de
contradicción, la devolución de una cantidad retenida por un
establecimiento de juegos de azar, correspondiente al premio obtenido por
el denunciante. La resolución judicial ordena al Notario, en el que se
deposita la cantidad retenida, la devolución del importe del premio
retenido "sin dilación de clase alguna en forma inmediata" facultando a un
letrado para colaborar en la cumplimentación de lo dispuesto. Así como la
resolución que acordaba la libertad de uno de los imputados,
argumentando que “...la libertad acordada en una causa seguida por delito
grave requiere un análisis de los presupuestos para su adopción que no se
realiza y la que se expone, identidad de circunstancias, no es real”.
En la STS nº 1243/2009, de 30 de octubre, se consideró
constitutiva de prevaricación la conducta del juez consistente en la
adopción de una serie de acuerdos en un expediente de adopción en el que
una mujer pretendía adoptar a la hija de su consorte, también mujer,
entendiendo esta Sala que aquellas “...no sólo implican unas injustas
resoluciones retardatorias sino también un despliegue de activa obstrucción
beligerante para impedir la efectiva aplicación de la voluntad legislativa;
muy significativamente cuando se trataba de cuestionar la idoneidad para
la adopción por razón de la orientación sexual de la promovente. El
examen de la madre biológica, titular de la patria potestad, el
requerimiento, bajo apercibimiento de sobreseer el expediente para
nombrar profesionales, el nombramiento y sucesivo cese el defensor de la
40Recurso Nº: 20716/2009
niña sólo son racionalmente explicables desde el punto de vista de una
resolución injusta”.
SEXTO.- 1. En cuanto al elemento subjetivo, plasmado en la
expresión “a sabiendas”, no es otra cosa que la inclusión expresa del dolo,
en el sentido de que el autor debe tener plena conciencia del carácter
injusto de la resolución que dicta. Es decir, debe ser consciente de la
adopción de la resolución, de su sentido y de sus consecuencias y de que
todo ello no puede estar amparado en una interpretación razonable de la
ley. En este sentido, el elemento subjetivo se integra por “...la conciencia
de estar dictando una resolución con total apartamiento del principio de
legalidad y de las interpretaciones usuales y admisibles en derecho, en
aquellos casos en los que la norma pueda ser susceptible de distintas
interpretaciones, elemento que debe ser puesto en relación con la
condición del Juez de técnico en derecho, y por tanto conocedor del
derecho y de la ciencia jurídica –«iura novit curia»–.”, (STS nº
2338/2001).
2. No se trata de un elemento subjetivo integrado en el elemento
objetivo relativo a la injusticia. Es decir, la resolución no se reputa injusta
porque el juez la considere así. Lo que importa, desde el punto de vista
atinente al tipo objetivo, es que lo acordado no es defendible en Derecho ni
podría llegarse a ello por alguno de los métodos de interpretación de las
normas admitidos en Derecho.
El elemento subjetivo, por el contrario, se refiere al conocimiento
de esos elementos del tipo objetivo. Basta con que el juez sepa que la
resolución no es conforme a derecho y que a ella no llegaría empleando los
métodos usuales de interpretación, sino solamente imponiendo su propia
voluntad, su deseo o su criterio sobre la interpretación racional de la ley.
SEPTIMO.- Como ya se expresó más arriba, las cuestiones
planteadas requieren algunas consideraciones relativas al derecho de
defensa, especialmente en el proceso penal.
1. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
señalado en la Sentencia (Gran Sala) de 14 de setiembre de 2010, (Caso
Azko y Akcros/Comisión) que cita otras anteriores en el mismo sentido,
que “...el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda
41Recurso Nº: 20716/2009
dar lugar a sanciones, en particular a multas o a multas coercitivas,
constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión...”. La
máxima es aplicable al proceso penal, con mayor razón, dado el carácter de
las sanciones imponibles.
2. El proceso penal del Estado de Derecho se estructura sobre la
base del principio acusatorio y de la presunción de inocencia. Para que su
desarrollo respete las exigencias de un proceso justo, o en términos del
artículo 24.2 de la Constitución, de un proceso con todas las garantías, es
necesario que el imputado conozca la acusación y pueda defenderse
adecuadamente de la misma. De esta forma, el derecho de defensa, como
derecho reconocido a cualquier imputado, resulta esencial, nuclear, en la
configuración del proceso.
En este marco, los principios de contradicción e igualdad de armas
y de prohibición de la indefensión, actúan, a través del derecho de defensa,
como legitimadores de la jurisdicción, de manera que ésta solo podría
operar en ejercicio del poder judicial dadas determinadas condiciones de
garantía de los derechos de las partes, y especialmente del imputado.
El derecho de defensa, desarrollado sustancialmente a través de la
asistencia letrada, aparece reconocido como un derecho fundamental del
detenido en el artículo 17 de la CE, y del imputado, con el mismo carácter
aunque no exactamente con el mismo contenido, en el artículo 24. No se
encuentra entre los que el artículo 55 de la CE considera susceptibles de
suspensión en casos de estado de excepción o de sitio.
En el artículo 24 aparece junto a otros derechos que, aunque
distintos e independientes entre sí, constituyen una batería de garantías
orientadas a asegurar la eficacia real de uno de ellos: el derecho a un
proceso con garantías, a un proceso equitativo, en términos del CEDH; en
definitiva, a un proceso justo. De forma que la pretensión legítima del
Estado en cuanto a la persecución y sanción de las conductas delictivas,
solo debe ser satisfecha dentro de los límites impuestos al ejercicio del
poder por los derechos que corresponden a los ciudadanos en un Estado de
derecho. Nadie discute seriamente en este marco que la búsqueda de la
verdad, incluso suponiendo que se alcance, no justifica el empleo de
cualquier medio. La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo
Justicia.
42Recurso Nº: 20716/2009
3. Directamente relacionados con la defensa y la asistencia letrada,
aparecen otros aspectos esenciales para su efectividad. De un lado, la
confianza en el letrado. El TC ha señalado (entre otras en STC 1560/2003)
que “la confianza que al asistido le inspiren las condiciones profesionales y
humanas de su Letrado ocupa un lugar destacado en el ejercicio del
derecho de asistencia letrada cuando se trata de la defensa de un acusado
en un proceso penal”. En este sentido, STC 196/1987, la privación del
derecho a la designación de letrado, consecuencia de la incomunicación,
solo puede aceptarse por el tiempo y con las exigencias previstas en la ley.
De otro, la confidencialidad de las relaciones entre el imputado y
su letrado defensor, que naturalmente habrán de estar presididas por la
confianza, resulta un elemento esencial (STEDH Castravet contra
Moldavia, de 13 de marzo de 2007, p. 49; y STEDH Foxley contra Reino
Unido, de 20 de junio de 2000, p. 43). En la STEDH de 5 de octubre de
2006, caso Viola contra Italia (61), se decía que “...el derecho, para el
acusado, de comunicar con su abogado sin ser oído por terceras personas
figura entre las exigencias elementales del proceso equitativo en una
sociedad democrática y deriva del artículo 6.3 c) del Convenio. Si un
abogado no pudiese entrevistarse con su cliente sin tal vigilancia y recibir
de él instrucciones confidenciales, su asistencia perdería mucha de su
utilidad (Sentencia S. contra Suiza de 2 noviembre 1991, serie A núm. 220,
pg. 16, ap. 48). La importancia de la confidencialidad de las entrevistas
entre el acusado y sus abogados para los derechos de la defensa ha sido
afirmada en varios textos internacionales, incluidos los textos europeos
(Sentencia Brenan contra Reino Unido, núm. 39846/1998, aps. 38-40,
TEDH 2001-X)”.
En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas en la Sentencia (Gran Sala) de 14 de setiembre de 2010, señaló
que “la confidencialidad de las comunicaciones entre los abogados y sus
clientes debía ser objeto de protección a nivel comunitario”, aunque
supeditó tal beneficio a dos requisitos: “...por una parte, debe tratarse de
correspondencia vinculada al ejercicio de los derechos de la defensa del
cliente, y, por otra parte, debe tratarse de abogados independientes, es
decir, no vinculados a su cliente mediante una relación laboral”.
En el desarrollo de la comunicación entre letrado y cliente, basada
en la confianza y en la seguridad de la confidencialidad, y con mayor razón
en el ámbito penal, es lo natural que aparezcan valoraciones sobre lo
sucedido según la versión del imputado, sobre la imputación, sobre las
43Recurso Nº: 20716/2009
pruebas existentes y las que podrían contrarrestar su significado
inculpatorio, sobre estrategias de defensa, e incluso podría producirse una
confesión o reconocimiento del imputado respecto de la realidad de su
participación, u otros datos relacionados con la misma. Es fácil entender
que, si los responsables de la investigación conocen o pueden conocer el
contenido de estas conversaciones, la defensa pierde la mayor parte de su
posible eficacia. En la primera de las sentencias antes citadas, Castravet
contra Moldavia, el TEDH afirmó en este sentido que “...si un abogado no
fuera capaz de departir con su cliente y recibir instrucciones de él sin
supervisión, su asistencia perdería gran parte de su utilidad, teniendo en
cuenta que el Convenio pretende garantizar derechos prácticos y efectivos”
4. No es preciso, por lo tanto, que aparezca un aprovechamiento
expreso mediante una acción concreta y directamente relacionada con lo
indebidamente sabido, pues basta para lesionar el derecho de defensa con
la ventaja que supone para el investigador la posibilidad de saber, (y con
mayor razón el conocimiento efectivo), si el imputado ha participado o no
en el hecho del que se le acusa, saber si una línea de investigación es
acertada o resulta poco útil, saber cuál es la estrategia defensiva, cuales son
las pruebas contrarias a las de cargo, o incluso conocer las impresiones, las
necesidades o las preocupaciones del imputado, o los consejos y
sugerencias que le hace su letrado defensor. Se trata de aprovechamientos
más sutiles, pero no por eso inexistentes. Basta, pues, con la escucha, ya
que desde ese momento se violenta la confidencialidad, elemento esencial
de la defensa. El TEDH ha señalado en este sentido que la injerencia existe
desde la interceptación de las comunicaciones, sin que importe la posterior
utilización de las grabaciones (STEDH Kopp contra Suiza, de 25 de marzo
de 1998).
5. Además, sufrirían reducciones muy sustanciales otros derechos
relacionados. En primer lugar, el derecho a no declarar. La comunicación
con el letrado defensor se desarrolla en la creencia de que está protegida
por la confidencialidad, de manera que en ese marco es posible que el
imputado, solo con finalidad de orientar su defensa, traslade al letrado
aspectos de su conducta, hasta llegar incluso al reconocimiento del hecho,
que puedan resultar relevantes en relación con la investigación. Es claro
que el conocimiento de tales aspectos supone la obtención indebida de
información inculpatoria por encima del derecho a guardar silencio. En
44Recurso Nº: 20716/2009
estos casos, la prohibición de valoración de lo ya conocido no es más que
un remedio parcial para aquellos casos en los que, justificada la
intervención con otros fines, el acceso haya sido accidental e inevitable,
pero de esa forma no se elimina la lesión ya causada en la integridad del
derecho.
En segundo lugar, el derecho al secreto profesional. Concebido
como un derecho del letrado a no revelar los datos, de la clase que sean,
proporcionados por su cliente, o, con carácter más general, obtenidos en el
ejercicio del derecho de defensa (artículo 416 de la LECrim y 542.3 de la
LOPJ), opera también como un derecho del imputado a que su letrado no
los revele a terceros, ni siquiera bajo presión. El conocimiento indebido del
contenido de las comunicaciones entre ambos, pues, dejaría en nada este
derecho.
En tercer lugar, el derecho a la intimidad. La relación entre el
imputado y su letrado defensor se basa en la confianza, de forma que es
altamente probable que estando el primero privado de libertad traslade al
segundo cuestiones, observaciones o preocupaciones que excedan del
derecho de defensa para residenciarse más correctamente en el ámbito de
la privacidad, que solo puede ser invadido por el poder público con una
razón suficiente.
6. No se trata, por otra parte, de derechos absolutos. El TEDH, en
la Sentencia Viola contra Italia, de 5 de octubre de 2006, señaló que “...el
acceso de un acusado a su abogado puede estar sometido a restricciones
por razones válidas. Se trata de saber en cada caso si, a la luz del conjunto
del procedimiento, la restricción privó al acusado de un proceso
equitativo”.
Pero sus posibles restricciones, que no siempre son aceptables en la
misma medida, requieren, según la interpretación que el TC ha hecho de la
Constitución y el TEDH del Convenio, del cumplimiento suficiente de, al
menos, tres exigencias. En primer lugar, una previsión legal suficiente, (en
este sentido, STC 196/1987 y otras muchas), que en nuestro ordenamiento,
en tanto que ley de desarrollo de un derecho fundamental, debe respetar en
todo caso su contenido esencial (artículo 53.1 CE). En segundo lugar, una
justificación suficiente en el supuesto concreto, que tenga en cuenta los
indicios disponibles en el caso, la necesidad de la medida y el respeto al
principio de proporcionalidad. A este aspecto se refieren la STEDH de 2
noviembre 1991 Caso S. contra Suiza y la STEDH de 31 enero 2002 Lanz
45Recurso Nº: 20716/2009
contra Austria. Y en tercer lugar, en nuestro Derecho, una autorización
judicial, regulada en ocasiones de forma expresa y en otras de forma
implícita, según ha establecido el TC, aunque su forma y características
admitan algunas matizaciones en función de la entidad de la restricción.
7. Naturalmente, todas estas consideraciones no pueden entenderse
referidas solo a los efectos que producen en el caso concreto las escuchas
de las comunicaciones reservadas entre el imputado y su letrado defensor.
De aceptarse que la mera posibilidad de que se sigan cometiendo delitos
justifica la supresión de la confidencialidad entre el imputado preso y su
letrado defensor, desaparecería de manera general un elemento esencial en
la misma configuración del proceso justo. Incluso la mera sospecha
fundada acerca de la existencia de escuchas generalizadas de las
comunicaciones entre el imputado privado de libertad y su letrado
defensor, anularía de manera general la confianza en una defensa con
capacidad de efectividad, como elemento imprescindible para un proceso
con igualdad de armas; un proceso, por tanto, equitativo. En este sentido,
en la STEDH Castravet contra Moldavia, de 13 de marzo de 2007, antes
citada, ya se advirtió que “...una injerencia en el privilegio abogadocliente, y por ende, en el derecho del detenido a la defensa, no exige
necesariamente que tenga lugar una intercepción real o una escucha
subrepticia. Una creencia genuina, basada en indicios razonables de que su
conversación está siendo escuchada, puede ser suficiente, desde el punto
de vista del Tribunal, para limitar la efectividad de la asistencia que el
abogado pueda proporcionar. Tal creencia inhibiría inevitablemente la
libertad de discusión entre el abogado y el cliente, y vulneraría el derecho
del detenido a rebatir de forma efectiva la legalidad de su detención”.
8. Se han traído a colación los casos en los que se intervienen
comunicaciones de un sospechoso y entre las que son grabadas aparecen
algunas con su letrado defensor, o aquellos otros en los que existiendo
indicios de actuación criminal contra un letrado o letrados, se intervienen
sus comunicaciones personales o las de sus despachos, y entre las
conversaciones mantenidas aparecen algunas con sus clientes relativas al
ejercicio del derecho de defensa. A estas se ha referido en alguna ocasión
la jurisprudencia de esta Sala. Así, en la STS nº 2026/2001, FJ 9, en la que
se decía que “El secreto profesional que protege a las relaciones de los
abogados con sus clientes, puede, en circunstancias excepcionales, ser
46Recurso Nº: 20716/2009
interferido por decisiones judiciales que acuerden la intervención
telefónica de los aparatos instalados en sus despachos profesionales. Es
evidente que la medida reviste una incuestionable gravedad y tiene que ser
ponderada cuidadosamente por el órgano judicial que la acuerda, debiendo
limitarse a aquellos supuestos en los que existe una constancia,
suficientemente contrastada, de que el abogado ha podido desbordar sus
obligaciones y responsabilidades profesionales integrándose en la
actividad delictiva, como uno de sus elementos componentes”.
Pero son supuestos diferentes al aquí examinado, porque en ambos
casos se trata de intervenciones generales de las comunicaciones
telefónicas, de manera que, siendo imposible conocer de antemano el
contenido, la afectación de la defensa es accidental.
Mientras que en el caso que se examina lo que se ha acordado es
una intervención específica de las comunicaciones interno-letrado, que
incluyen indefectiblemente las mantenidas con el letrado defensor y, por lo
tanto, relativas con alta probabilidad al ejercicio del derecho de defensa.
En segundo lugar, porque en aquellos casos se trata de comunicaciones
telefónicas, mientras que aquí se examina el supuesto de comunicaciones
presenciales desarrolladas en un ámbito absolutamente controlable desde la
Administración. Y en tercer lugar, porque en el caso aquí examinado, era
posible diferenciar de antemano las comunicaciones con la defensa de las
mantenidas con otras personas, de manera que nada impedía dejar a salvo
el derecho de defensa no acordando la intervención de aquellas.
OCTAVO.- El derecho de defensa de los imputados presenta
algunas peculiaridades cuando se encuentran privados de libertad.
1. Cuando los imputados se encuentran en situación de prisión
preventiva, el ejercicio del derecho de defensa mediante la relación con el
letrado defensor solo puede tener lugar en el marco de la relación,
calificada por una gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia (STC
2/1987), como de especial sujeción, que el interno mantiene con la
Administración Penitenciaria. De forma, que el imputado solo podrá
comunicar personalmente con el letrado en los espacios habilitados en el
centro penitenciario. Es cierto que esta situación ha sido utilizada como
explicación para la restricción de los derechos del interno, incluso aun
cuando tengan el carácter de fundamentales. Pero si se modifica la
perspectiva y se examina la cuestión desde el punto de vista del titular de
47Recurso Nº: 20716/2009
los derechos, en realidad supone una mayor responsabilidad de la
Administración pública, en el caso la penitenciaria, que deberá velar
porque solo se restrinjan los derechos del interno en la medida permitida
por la ley, o como dice el artículo 25.2 de la Constitución, por el contenido
del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.
2. Efectivamente, el artículo 25.2 de la Constitución dispone que el
condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de
los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se
vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el
sentido de la pena y la ley penitenciaria. Disposición aplicable a los presos
preventivos en tanto que internos en un centro penitenciario (STC
141/1999, FJ 6).
Por ello, el artículo 51.2 de la LOGP presenta una legitimación
directa, si puede decirse así, desde la CE, para regular las posibles
limitaciones al derecho a la asistencia letrada de los internos en prisión
preventiva, concretamente en lo que se refiere a sus comunicaciones
personales con sus letrados defensores, de manera que las únicas
restricciones admisibles a ese derecho son las que se contienen en la ley
penitenciaria. En la legislación española, es el único precepto que se
refiere a las posibles limitaciones a la confidencialidad de las
comunicaciones de los presos preventivos con sus letrados. Ni siquiera la
regulación de la incomunicación en la LECrim prevé una posibilidad
similar, pues a pesar de que constituye una limitación muy seria del
derecho de defensa que el artículo 17 CE reconoce al detenido solo
contiene una prohibición de la entrevista reservada con el abogado,
necesariamente designado de oficio, sin que haga una referencia, como
alternativa, a la posibilidad de intervenir las comunicaciones entre ambos.
3. La interpretación del artículo 51.2 de la LOGP, y su relación con
el artículo 579 de la LECrim, no ha sido, sin embargo, pacífica.
Aunque, en realidad, se trataba de un obiter dictum, el Tribunal
Constitucional entendió en la STC 73/1983 que el precepto cuestionado
debía interpretarse de modo que las comunicaciones entre los internos y
los abogados defensores o los especialmente llamados para asuntos penales
podían ser intervenidas con carácter general por orden de la autoridad
judicial y en casos de terrorismo, además, por el director del
establecimiento penitenciario. Así, decía en el FJ 7 que “La interpretación
48Recurso Nº: 20716/2009
de este precepto -51, número 2- ha de hacerse en conexión con la regla 5.ª
del mismo, que regula la suspensión o intervención motivada por el
Director del establecimiento de las comunicaciones orales o escritas,
previstas en dicho artículo, «dando cuenta a la autoridad judicial
competente». La interpretación lógica de uno y otro apartado de dicho
artículo -que en cuanto afecta un derecho fundamental puede hacer este
TC- conduce a la conclusión de que las comunicaciones de los internos de
que trata el número 2 sólo pueden ser suspendidas por orden de la
autoridad judicial con carácter general, si bien en los supuestos de
terrorismo, además, podrá acordar la suspensión el Director del
establecimiento, dando cuenta a la autoridad judicial competente”.
4. Sin embargo, esta interpretación, que según parte de la doctrina
podía obedecer al momento histórico en el que se produce, con un todavía
escaso desarrollo de las garantías del sistema democrático implantado en
España tras la finalización de la dictadura, fue abandonada algo más de
una década después. En la STC 183/1994 se rectifica expresamente esta
interpretación del artículo 51.2 de la LOGP, entendiendo que la
interpretación correcta del artículo 51 conduce a distinguir dos clases de
comunicaciones “...que son de muy distinta naturaleza y vienen, por ello,
sometidas a regímenes legales claramente diferenciados”. Las que llama
generales, entre el interno y determinada clase de personas (artísulo 51.1) y
las específicas, que son las que el interno mantiene “...con su Abogado
defensor o con el Abogado expresamente llamado en relación con asuntos
penales (art. 51.2)”. Respecto de estas últimas el Tribunal Constitucional,
luego de señalar que “...son sometidas al régimen especial del art. 51.2,
cuya justificación es necesario encontrar en las exigencias y necesidades
de la instrucción penal, a las cuales es totalmente ajena la Administración
Penitenciaria que no tiene posibilidad alguna de ponderar circunstancias
procesales que se producen al margen del ámbito penitenciario”, concluyó
que las dos condiciones que contiene el artículo 51.2 (autorización judicial
y casos de terrorismo) no pueden interpretarse como exigencias
alternativas, sino acumulativas.
Decía en esta Sentencia el Tribunal Constitucional que “Esta
interpretación, aunque se haya hecho referencia a ella en la STC 73/1983,
en una declaración accidental o de obiter dictum, no se aviene con el
sentido más estricto y garantista que merece atribuirse al art. 51 de la
LOGP, y además responde a una confusión entre dos clases de
49Recurso Nº: 20716/2009
comunicaciones que son de muy distinta naturaleza y vienen, por ello,
sometidas a regímenes legales claramente diferenciados. Es evidente, en
efecto, que el art. 51 de la LOGP, distingue entre las comunicaciones, que
podemos calificar de generales, entre el interno con determinada clase de
personas -art. 51.1- y las comunicaciones específicas, que aquél tenga con
su Abogado defensor o con el Abogado expresamente llamado en relación
con asuntos penales (art. 51.2); la primera clase de comunicaciones viene
sometida al régimen general del art. 51.5, que autoriza al Director del
Centro a suspenderlas o intervenirlas «por razones de seguridad, de
interés del tratamiento y del buen orden del establecimiento», según
precisa el art. 51.1, mientras que las segundas son sometidas al régimen
especial del art. 51.2, cuya justificación es necesario encontrar en las
exigencias y necesidades de la instrucción penal, a las cuales es
totalmente ajena la Administración Penitenciaria que no tiene posibilidad
alguna de ponderar circunstancias procesales que se producen al margen
del ámbito penitenciario. Este carácter de régimen singular, que para las
comunicaciones con el Letrado establece el art. 51.2, se prolonga más allá
de la Ley, manteniéndose con toda claridad en su Reglamento de 8 de
mayo de 1981, en el que las comunicaciones orales con el Abogado se
regulan en Sección distinta de la dedicada a las comunicaciones del
régimen general y en el que, al tratar de las comunicaciones escritas, con
el Abogado, el art. 18.4 ordena de forma explícita que «no tendrán otras
limitaciones que las establecidas en el punto 2 del art. 51 de la Ley
General Penitenciaria». Esta diferenciación esencial que existe entre el
art. 51.5 -régimen general cuya única remisión válida es al art. 51.1- y el
art. 51.2, pone de manifiesto la imposibilidad constitucional de interpretar
este último precepto en el sentido de considerar alternativas las dos
condiciones de «orden de la autoridad judicial» y «supuestos de
terrorismo», que en el mismo se contienen, así como derivar de ello la
legitimidad constitucional de una intervención administrativa que es
totalmente incompatible con el más intenso grado de protección que la
norma legal confiere al derecho de defensa en los procesos penales.
Dichas condiciones habilitantes deben, por el contrario, considerarse
acumulativas y, en su consecuencia, llegarse a la conclusión que el art.
51.2 de la LOGP autoriza únicamente a la autoridad judicial para
suspender o intervenir, de manera motivada y proporcionada, las
comunicaciones del interno con su Abogado sin que autorice en ningún
50Recurso Nº: 20716/2009
caso a la Administración Penitenciaria para interferir esas
comunicaciones”.
Esta interpretación de la ley fue nuevamente seguida en la STC
200/1997, y en la STC 58/1998, en cuyo FJ 5 se decía que “...es la
trascendente incidencia del derecho fundamental a la defensa la que hace
que el legislador penitenciario constriña toda intervención de las
comunicaciones de los internos con sus Abogados o Procuradores a «los
supuestos de terrorismo» y que exija además la garantía judicial (art. 51.2
LOGP) (STC 183/1994)”, donde nuevamente se consideraban
acumulativos ambos requisitos.
5. Esta Sala del Tribunal Supremo siguió de forma absoluta la
doctrina constitucional establecida en la STC 183/1994. Así, fue recogida
en la STS nº 245/1995, de 6 de marzo. Y, de modo muy contundente,
también en la STS nº 538/1997, de 23 abril.
Decía esta Sala en esta última sentencia lo siguiente: “El
sometimiento de los internos en Centros Penitenciarios a un régimen
especial conlleva una limitación de determinados derechos, y
concretamente del derecho al secreto de las comunicaciones, autorizando
el art. 51.5.º de la Ley General Penitenciaria que las comunicaciones
orales y escritas de los internos puedan ser suspendidas o intervenidas
motivadamente por el Director del Establecimiento, dando cuenta a la
Autoridad Judicial competente. Ahora bien las razones de seguridad, de
interés del tratamiento y del buen orden del establecimiento, que pueden
justificar estas limitaciones, no son aplicables a las comunicaciones
incardinadas en el ejercicio del derecho de defensa del interno (art. 24
CE), derecho que no se ve legalmente limitado por su privación de
libertad, y que debe ser especialmente tutelado, garantizando la igualdad
real y efectiva de posibilidades de defensa de los acusados en un proceso
penal, tanto a quienes la ejercitan desde la libertad como a quienes tienen
que ejercitarla desde la prisión (art. 9.2 de la Constitución Española).
En consecuencia la posibilidad de intervención administrativa de
las comunicaciones prevenida por el art. 51.5.º de la LOGP no es
aplicable a las comunicaciones de los internos con el Abogado Defensor o
con el Abogado expresamente llamado en relación con los asuntos penales
y con los Procuradores que los representen (art. 51.2.º LOGP, STC 20
junio 1994).
51Recurso Nº: 20716/2009
En definitiva la regla general garantiza, en todo caso, la
confidencialidad de las comunicaciones de los internos enmarcadas
dentro del ejercicio de su derecho de defensa en un procedimiento penal,
sin posibilidad de intervención ni administrativa ni judicial. Ahora bien la
máxima tutela de los derechos individuales en un Estado de Derecho
Social y Democrático no es incompatible con la admisión de reacciones
proporcionadas frente a la constatada posibilidad de abusos en supuestos
muy específicos y excepcionales. Concretamente, en el ámbito de las
actividades de delincuencia organizada en grupos permanentes y estables,
de carácter armado, cuya finalidad o efecto es producir el terror en la
colectividad, por su tenebrosa incidencia en la seguridad y en la
estabilidad de una sociedad democrática (terrorismo), se ha constatado la
utilización de las garantías que el sistema democrático proporciona al
derecho de defensa como cauce abusivo para actividades que exceden de
la finalidad de defensa e inciden en la colaboración con las actividades
terroristas. Es por ello por lo que, excepcionalmente y sin que dicha
excepción pueda contagiarse al resto del sistema, en el ámbito personal
exclusivo de los supuestos de terrorismo, y en todo caso con la especial
garantía de la orden judicial previa, naturalmente ponderadora de la
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida en cada caso
concreto, el art. 51.2 LOPJ faculta para la intervención de este tipo de
comunicaciones singulares. Pero, como señala la Sentencia del Tribunal
Constitucional núm. 183/1994, son condiciones habilitantes
«acumulativas», el tratarse de supuestos de terrorismo y la orden judicial,
motivada y proporcionada. Sin autorización judicial la intervención de
dichas comunicaciones constituye una actuación vulneradora del derecho
fundamental de defensa, cuyo resultado no puede surtir ningún efecto
probatorio”.
6. Merecen ser destacadas las siguientes afirmaciones de esta
resolución del Tribunal Supremo. En primer lugar, que “...la regla general
garantiza, en todo caso, la confidencialidad de las comunicaciones de los
internos enmarcadas dentro del ejercicio de su derecho de defensa en un
procedimiento penal, sin posibilidad de intervención ni administrativa ni
judicial”. En segundo lugar, que “...excepcionalmente y sin que dicha
excepción pueda contagiarse al resto del sistema, en el ámbito personal
exclusivo de los supuestos de terrorismo, y en todo caso con la especial
garantía de la orden judicial previa, naturalmente ponderadora de la
52Recurso Nº: 20716/2009
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida en cada caso
concreto, el art. 51.2 LOPJ faculta para la intervención de este tipo de
comunicaciones singulares...”, refiriéndose a las mantenidas entre internos
y letrados defensores o llamados especialmente para asuntos penales.
Por lo tanto, la exigencia de ambas condiciones no solo supone que
la intervención no puede ser acordada por el Director del establecimiento,
como al contrario ocurre con las comunicaciones llamadas generales, sino
que además, al ser acumulativas, la autoridad judicial solo podrá acordarlas
en casos de terrorismo.
7. Esta interpretación encuentra, además, otros elementos que la
refuerzan. En primer lugar, que en línea con lo ya dicho más arriba, el
artículo 51.2 de la LOGP es la única previsión legal que habilita la
restricción del derecho de defensa de los internos en centro penitenciario,
de forma que ésta solo podrá acordarse en los casos que expresamente
prevé. De otro lado, el Reglamento Penitenciario ordena comunicar al
interno la resolución del Director acordando la intervención de sus
comunicaciones generales, pero nada dispone acerca de la notificación de
las que la autoridad judicial acuerde conforme al artículo 51.2.
Es cierto que parte de la doctrina entiende, argumentando también
acerca de la negación de privilegios derivados de la condición de letrado,
que cuando existan indicios de posible actuación criminal por parte del
letrado, la autoridad judicial, en la investigación de un delito grave, podrá
acordar la intervención de estas comunicaciones.
Parece claro, sin embargo, que aun en los casos de terrorismo el
juez que acuerda la intervención deberá basarla en la existencia de algunos
indicios de que el ejercicio de la defensa y la condición de abogado están
siendo utilizadas para la comisión de nuevos delitos, pues no cabe sostener
que en esos casos, a pesar de que se trata de delitos muy graves, la
restricción del derecho de defensa pudiera acordarse de forma fácticamente
inmotivada o, dicho de otra forma, apoyándose exclusivamente en la
gravedad del delito imputado, aunque no hubiera indicios de actuación
criminal contra el letrado y aunque, por lo tanto, la materia de sus
comunicaciones fuera, presumiblemente, solo atinente al derecho de
defensa. Por lo tanto, siguiendo esa interpretación, bastaría en todo caso
con orden judicial e indicios suficientes, lo cual, dejaría sin sentido la
previsión legal limitadora a los casos de terrorismo y la interpretación
53Recurso Nº: 20716/2009
constitucional, seguida por esta Sala, en cuanto a la necesaria concurrencia
acumulativa de ambas condiciones.
8. En consecuencia, la Sala reitera su doctrina (STS nº 245/1995,
de 6 de marzo y STS nº 538/1997, de 23 abril, y también, aunque como
obiter, la STS nº 513/2010), en el sentido de que la intervención de las
comunicaciones entre los internos y sus letrados defensores o los
expresamente llamados en relación con asuntos penales solo pueden
acordarse en casos de terrorismo y previa orden de la autoridad judicial
competente. Por lo tanto, para resolver otros casos en los que se entendiera
que la intervención pudiera ser imprescindible, sería precisa una reforma
legal que contuviera una habilitación de calidad suficiente para intervenir
las comunicaciones entre internos y letrados defensores o expresamente
llamados en relación con asuntos penales, estableciendo los casos y las
circunstancias en que tal intervención sería posible y las consecuencias de
la misma.
NOVENO.- En relación con esta cuestión, la defensa hizo una
referencia a la nueva regulación del proceso penal en el Proyecto aprobado
por el Gobierno de la Nación en la anterior legislatura, que, aunque haya
decaído al finalizar aquella, permitía, según alegó, la intervención de las
comunicaciones entre el interno y su letrado. Es cierto que no se trata de
una norma legal aplicable, pero, habiendo sido alegado, resulta de interés
una sucinta referencia a su contenido sobre el particular que se examina.
1. Así, el artículo 276.2 del ahora anteproyecto, contempla la
posibilidad de extender la investigación mediante intervenciones
telefónicas al contenido de las conversaciones que mantenga la persona
investigada con el abogado designado en el procedimiento para ejercer su
defensa, “solo cuando concurran indicios fundados que permitan afirmar
su participación en el hecho delictivo investigado”. En esos casos, además,
el Fiscal deberá solicitar del juez la exclusión del letrado (artículo 39), lo
que daría lugar a una nueva designación, precisamente para evitar la lesión
al derecho de defensa. También el artículo 304, relativo a la interceptación
de comunicaciones privadas por medios de grabación del sonido, prevé la
posibilidad de extender la escucha y grabación a las conversaciones que la
persona investigada mantenga con quienes están dispensados de la
obligación de declarar por razón de secreto profesional, entre ellos, pues,
54Recurso Nº: 20716/2009
los letrados defensores, pero solo en los casos en los que el procedimiento
se dirija contra ellos.
Por lo tanto, la conducta del acusado, caracterizada por la absoluta
inexistencia de indicios contra los letrados, tal como ha sido declarado
probado, nunca podría haberse amparado en estas normas.
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febrero 09, 2012

SENTENCIA DICTADA CONTRA EL MAGISTRADO BALTASAR GARZON POR EL CASO GURTEL

Categoría: DERECHO JUDICIAL — gcornejo @ 12:46 — Visto: 266 veces
SENTENCIA DICTADA CONTRA EL MAGISTRADO BALTASAR GARZON POR EL CASO GURTEL


(PAGINAS DEL 55 AL 69)

2. También se ha mencionado por la defensa que el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ha admitido la grabación de las
conversaciones entre el imputado y su letrado defensor. Es cierto, pero no
lo ha hecho de forma incondicionada y para todo caso. En primer lugar, el
Tribunal se ha limitado a examinar si la intervención de esas
comunicaciones es contraria al Convenio en el caso. Y en segundo lugar ha
exigido dos condiciones. De un lado, que exista una previsión legal de
suficiente calidad, con lo que se refiere a la accesibilidad de la ley para la
persona implicada, que además debe poder prever las consecuencias para
ella, y su compatibilidad con la preeminencia del derecho, es decir, que la
ley debe utilizar términos suficientemente claros para indicar a todos en
qué circunstancias y bajo qué condiciones habilita a los poderes públicos
para adoptar tales medidas secretas (STEDH Kopp contra Suiza). Y de
otro, que existan indicios contra el letrado afectado. En la STEDH Tsonyo
Tsonev contra Bulgaria, declaró que “...la lectura de la correspondencia de
un interno con su abogado, sólo puede autorizarse en casos excepcionales,
si las autoridades tienen razones para creer que existe un abuso de
privilegio por cuanto el contenido de la carta amenaza la seguridad del
establecimiento o a terceros o reviste un carácter delictivo (Sentencias
Campbell, previamente citada, ap. 48 y Erdem contra Alemania, núm.
38321/1997, ap. 61, TEDH 2001-VII (extractos)). En cualquier caso, las
derogaciones de tal privilegio deben rodearse de garantías adecuadas y
suficientes contra los abusos (Sentencia Erdem, previamente citada, ap.
65)”. En sentido similar la STEDH de 2 noviembre 1991 Caso S. contra
Suiza y la STEDH de 31 enero 2002 Lanz contra Austria, antes citadas.
Por lo tanto, las resoluciones del acusado tampoco encontrarían
apoyo en la doctrina del TEDH.
DECIMO.- Las acusaciones han calificado los hechos como
constitutivos, también, de un delito del artículo 536 del Código Penal.
55Recurso Nº: 20716/2009
1. El artículo 536 del Código Penal sanciona a la autoridad o
funcionario público o agente de estos que, mediando causa por delito,
intercepte las comunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas,
transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de
cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías
constitucionales o legales. El tipo objetivo, solo requiere la mera
interceptación o la utilización de los artificios, sin que sea preciso el
acceso efectivo ni la obtención de información alguna. Contiene además
un elemento normativo, consistente en la violación de las garantías
constitucionales o legales.
2. El elemento subjetivo requiere el conocimiento de la
interceptación o del empleo de los artificios mencionados. No es preciso
un especial elemento subjetivo revelador de una determinada finalidad.
DECIMO PRIMERO.- Los hechos declarados probados
constituyen un delito de prevaricación del artículo 446.3º y un delito
previsto en el artículo 536, ambos del Código Penal.
1. Aunque se ha hecho referencia a ello en el plenario, carece de
trascendencia si las resoluciones de 19 de febrero y 20 de marzo de 2009
fueron adoptadas por el acusado por propia iniciativa. De un lado, porque,
no constando en la causa informe alguno en el que se contenga una
solicitud en ese sentido, la responsabilidad de la resolución incumbe
exclusivamente al juez. Al instructor en el proceso penal, a quien compete
la dirección de la investigación, no le corresponde ocupar una posición
propia o característica de un enemigo del investigado, estando, por el
contrario, obligado a “...consignar y apreciar las circunstancias así
adversas como favorables al presunto reo...”, (artículo 2 de la LECrim).
Además, resulta encargado de la protección de los derechos fundamentales
del imputado, en tanto que la Constitución, ordinariamente, condiciona su
restricción a la existencia de una resolución judicial debidamente
motivada. Por lo tanto, en ningún caso su responsabilidad resultaría
mermada por el hecho de que la medida le hubiera sido solicitada. De
todos modos, el acusado asumió haber dictado los autos de 19 de febrero y
de 20 de marzo como una decisión propia.
56Recurso Nº: 20716/2009
2. Antes de hacer referencia a la injusticia de la resolución, es
conveniente mencionar algunos aspectos a los que se hizo alusión en algún
momento del plenario. En primer lugar, la diferencia entre este supuesto y
los casos de anulación de intervenciones telefónicas. En segundo lugar, la
alegación del acusado respecto a que no se intervinieron las
conversaciones de los letrados, sino las de los internos. En tercer lugar, la
sugerida convalidación de la decisión judicial por la policía, por el
Ministerio Fiscal, o por actuaciones judiciales posteriores. En cuarto lugar,
la afirmación del acusado, según la cual, se adoptó esa medida porque no
había otra solución para impedir que los imputados continuaran con su
actividad delictiva. Y en quinto lugar a la relevancia objetiva de la cláusula
previniendo el derecho de defensa.
3. En numerosos supuestos esta Sala se ha referido en los recursos
de casación a los requisitos exigibles para justificar la restricción del
derecho a la intimidad, especialmente en relación con el derecho al secreto
de las comunicaciones o a la inviolabilidad del domicilio, y ha anulado las
resoluciones judiciales, o dicho de otra forma, ha establecido una
prohibición de valoración de los elementos obtenidos con violación de
derechos fundamentales. Se alega que en ninguno de esos casos se
procedió a deducir testimonio contra el juez que había adoptado la
resolución que se anula.
Sin embargo, se trata de supuestos no equiparables al aquí
examinado. En aquellos casos, lo que se cuestiona es la suficiencia de la
justificación para la restricción del derecho al secreto de las
comunicaciones o a la inviolabilidad domiciliaria, como expresiones del
derecho a la intimidad, lo cual encuentra una habilitación legal, aunque
parca e insuficiente, en el artículo 579 de la LECrim.
Lo que aquí se examina es una actuación judicial que restringe
profundamente el derecho de defensa, que, como se dijo, es un elemento
estructural esencial del proceso justo. No se trata de la validez de un
elemento de investigación o de prueba, sino de la estructura del proceso
penal del Estado de Derecho. La supresión de la defensa no afecta solo a la
validez de lo actuado, sino a la misma configuración del proceso.
Además, tal como se han planteado en la jurisprudencia, en
aquellos casos se trata de resolver si lo que se consideraron indicios al
acordar la restricción lo eran efectivamente o de si los considerados,
57Recurso Nº: 20716/2009
siéndolo, podían tenerse por suficientes a los efectos de justificar la medida
adoptada. En los hechos probados la inexistencia de indicios es absoluta.
Finalmente, ha de señalarse que en la jurisprudencia de esta Sala no
aparece un caso similar en el que, sin indicio alguno contra los letrados, se
haya procedido por el juez instructor a escuchar y grabar las
comunicaciones entre los mismos y sus defendidos en el centro
penitenciario en el que éstos se encuentran privados de libertad. No existe,
por lo tanto, un término válido de comparación. Y no es posible extraer
conclusiones de otros posibles supuestos alegados, pues no han sido
examinados por este Tribunal, que no se ha pronunciado, y se desconocen
sus elementos fácticos. Tampoco el acusado ha aportado otro supuesto en
el que haya acudido a esta práctica, a pesar de que es notoria su
intervención en la fase de instrucción de causas complejas a lo largo de un
periodo extenso de tiempo.
4. Respecto de la segunda cuestión, afirma el acusado que no se
intervinieron las comunicaciones de los letrados, sino las de los internos.
El argumento no puede ser aceptado. Los internos en un centro
penitenciario tienen derecho a realizar comunicaciones con sus letrados
defensores o con los expresamente llamados para asuntos penales.
Mientras se encuentran privados de libertad, esta es la única posibilidad de
contacto personal con su defensa. Estas comunicaciones tienen un carácter
específico que las distingue de las demás, tanto por las personas con las
que se mantienen (los abogados) como por el lugar destinado para ello, tal
como se desprende del artículo 51 de la LOGP. La razón no es otra que la
necesaria protección al derecho de defensa. Así resulta de la doctrina del
TC y de esta Sala, de la que ya se ha hecho mención.
La decisión del acusado se refería expresamente a las
comunicaciones de los internos con los letrados, en un apartado específico
de su resolución, separado y diferente del que ordenaba la intervención de
las demás comunicaciones que mantuvieran aquellos.
De tal forma que, de no haberlo acordado expresamente, el centro
penitenciario no hubiera podido proceder a su grabación.
No se trata, por lo tanto, de un acceso accidental al contenido de las
comunicaciones mantenidas con el letrado de la defensa, producido en el
marco de una intervención de carácter general, sino de una orden judicial,
concreta y específica, directamente encaminada a intervenir esas precisas
comunicaciones, que a falta de otros datos versarían sobre la forma en que
58Recurso Nº: 20716/2009
sería ejercido el derecho de defensa. Así resulta no solo del tenor literal de
la primera de las resoluciones, sino también de la actitud del acusado, que
al verificar que se habían intervenido comunicaciones entre cada interno y
su letrado defensor, incluso con letrados designados con posterioridad al
acuerdo y desconocidos en la causa hasta entonces, lejos de revocar su
decisión o de matizarla de alguna forma, acordó su prórroga manteniendo
los mismos términos de la primera.
Se argumenta que no se intervinieron las comunicaciones
telefónicas de los letrados. Es cierto, pero lo que tal cosa demuestra es que
no existía ningún indicio contra ellos. A pesar de lo cual, las
comunicaciones de los internos con sus defensores, fueron intervenidas.
5. En lo que se refiere a la tercera cuestión mencionada, no le
corresponde a la policía, ni siquiera al Ministerio Fiscal, validar la
actuación judicial. En el caso, conviene recordar que el Ministerio Fiscal,
en su informe sobre la prórroga, señaló que no se oponía a la medida,
“...si bien con expresa exclusión de las comunicaciones mantenidas con
los letrados que representan a cada uno de los imputados y, en todo caso,
con rigurosa salvaguarda del derecho de defensa.”
De todos modos, es al juez a quien corresponde la protección de los
derechos fundamentales de los imputados, pues es el único que puede
válidamente acordar en resolución motivada su restricción. En cuanto a la
actuación del instructor designado en el TSJ no es posible, por razones
obvias, realizar ahora valoraciones sobre hechos que no constituyen el
objeto del proceso, pues ni son conocidas todas las circunstancias ni su
autor ha tenido la oportunidad de defenderse. De otro lado, es evidente que
la decisión de aquel, acordada en un momento procesal determinado y con
los datos de los que entonces disponía, prorrogando la medida acordada
por el acusado, no podría convertir en justa la decisión de éste último si no
lo era cuando la adoptó.
6. En cuarto lugar, alega el acusado que adoptó la medida porque
no había otra solución para impedir que siguieran delinquiendo. Tampoco
puede ser aceptado. Ni como expresión de un error, ni como afirmación de
un estado de necesidad.
En primer lugar, porque la investigación criminal no justifica por sí
misma cualquier clase de actuación, y con mayor razón si implica
59Recurso Nº: 20716/2009
vulneración de derechos fundamentales. Como se ha dicho en numerosas
ocasiones, la verdad no puede alcanzarse a cualquier precio.
De otro lado, porque una argumentación de esta clase, así planteada
en abstracto, en tanto justifica la restricción de derechos fundamentales
sobre la base de una consideración absolutamente inmotivada respecto de
su necesidad, conduce a la desaparición de la posibilidad de controles
efectivos sobre el ejercicio del poder, lo que afectaría a la misma esencia
del Estado democrático de Derecho. En este sentido no puede aceptarse
como motivación la simple suposición de que los sospechosos continuaban
cometiendo delitos. O la mera posibilidad de que lo hicieran.
En tercer lugar, porque, en el caso, se trata una afirmación que no
viene acompañada, y no lo ha sido en ningún momento, de una
explicitación de las bases fácticas en las que se apoya ni de un
razonamiento justificativo, lo que impide su examen, suprimiendo el
control al reducirlo al mero asentimiento o disentimiento.
En cuarto lugar, porque no existiendo ningún indicio de actuación
criminal que implicara a los letrados defensores, los únicos datos a los que
se podría acceder grabando sus comunicaciones eran, con alta
probabilidad, los proporcionados por los imputados a aquellos en el marco
del ejercicio de la defensa, los cuales, por su propia naturaleza deben
mantener su carácter confidencial.
Y, finalmente, porque nada impedía, o al menos no consta,
desarrollar otra clase de actuaciones, como, por ejemplo, vigilar las
actividades que se continuaran ejecutando, cuya realidad, al parecer, había
sido verificada policialmente, hasta identificar a los responsables, tomando
entonces las medidas pertinentes sobre los mismos y no con carácter
indiscriminado, como se hizo, contra todos los letrados defensores, a los
que se convirtió en imputados en la causa sin razón alguna.
7. En cuanto, finalmente a la cláusula relativa a la salvaguarda del
derecho de defensa, sin perjuicio de lo que luego se dirá, desde el punto de
vista objetivo no se le puede reconocer efecto alguno, y no solo por el
tenor de la resolución judicial, que la contradice al suprimir la
confidencialidad, sino porque una vez que la policía, el juez instructor y el
fiscal del caso oyen las conversaciones entre el imputado y su letrado
defensor, la exclusión de las mismas de la causa solo evitan su utilización
como prueba, pero su empleo, expreso o tácito, durante la investigación
desarrollada en la fase de instrucción. Por otra parte, en el caso, la cláusula
60Recurso Nº: 20716/2009
quedo reducida a su simple aparición en la resolución, pues no se acordó
ninguna medida para hacerla efectiva.
DECIMO SEGUNDO.- 1. Ya en lo que se refiere a la injusticia de
la resolución, tal como resulta de los hechos probados, debe tenerse en
cuenta: a) que el acusado acordó la intervención de las comunicaciones de
los internos con todos los letrados; b) que lo hizo mediante un acuerdo tan
genérico que afectaba, sin excepción alguna, a cualquier letrado defensor,
ya designado o que lo fuera en el futuro; y c) que no disponía de dato
alguno que indicara que alguno de los letrados, de los que según los hechos
probados fueron afectados, estuviera aprovechando el ejercicio de la
defensa para cometer nuevos delitos.
2. Los preceptos que debían ser interpretados al decidir acerca de la
intervención de las comunicaciones entre los internos en el centro
penitenciario y sus letrados son, principalmente, los artículos 14.3 y 17 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 6 y 8 del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales; los artículos 10.2, 18, 25.2, 24.2, 55.2 y 120.3
de la Constitución; el artículo 51 de la LOGP y el artículo 579 de la
LECrim.
Ninguno de los métodos de interpretación del derecho usualmente
admitidos que hubiera podido seguir el acusado respecto de esos preceptos,
le habría conducido a concluir de forma razonada que es posible restringir
sustancialmente el derecho de defensa, con los devastadores efectos que
ocasiona en el núcleo de la estructura del proceso penal, en las condiciones
en que lo hizo. Es decir, mediante la escucha y grabación de las
comunicaciones reservadas que mantuvieran los imputados con sus
letrados defensores en los locutorios específicos del centro penitenciario
donde se encontraban en prisión provisional; y sin disponer de ningún dato
que pudiera indicar mínimamente, en una valoración razonable, que la
condición de letrado y el ejercicio del derecho de defensa se estaban
utilizando como coartada para facilitar la comisión de nuevos delitos. No
se trata, pues, de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto
arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración
constitucional del proceso penal como un proceso justo.
61Recurso Nº: 20716/2009
3. En la conducta del acusado, pues, la injusticia consistió en
acoger una interpretación de la ley según la cual podía intervenir las
comunicaciones entre el imputado preso y su letrado defensor basándose
solamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal del
primero, sin considerar necesario que tales indicios afectaran a los letrados.
Lo cual resulta inasumible desde cualquier interpretación razonable
del Derecho, al conducir directamente a la autorización normalizada de la
intervención de las comunicaciones entre el imputado en prisión y su
letrado defensor, reduciendo así con carácter general el derecho de defensa
exclusivamente con base en la gravedad del delito investigado y en los
indicios existentes contra el primero, que son precisamente los que
determinan su permanencia en prisión provisional. Bastaría entonces para
justificar la supresión de la confidencialidad en las comunicaciones del
imputado con su letrado defensor con basar la prisión provisional en el
apartado 2 del artículo 503 de la LECrim (evitar el riesgo de que el
imputado cometa otros hechos delictivos). Esta forma de actuar causaría
una destrucción generalizada del derecho de defensa, que no tiene cabida
en la Constitución.
4. En el caso, el acusado causó con su resolución una drástica e
injustificada reducción del derecho de defensa y demás derechos afectados
anejos al mismo, o con otras palabras, como se dijo ya por el instructor,
una laminación de esos derechos, situando la concreta actuación
jurisdiccional que protagonizó, y si se admitiera siquiera como discutible,
colocando a todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las
garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho
contemporáneo, al nivel de sistemas políticos y procesales característicos
de tiempos ya superados desde la consagración y aceptación generalizada
del proceso penal liberal moderno, admitiendo prácticas que en los tiempos
actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se
considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que
interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para
los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones
constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones
vacías de contenido.
La resolución es injusta, pues, en tanto que arbitrariamente
restringe sustancialmente el derecho de defensa de los imputados en
prisión, sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable.
62Recurso Nº: 20716/2009
5. Además, y como elementos añadidos, esa aplicación de la ley al
caso se efectuó separándose absolutamente de la doctrina del Tribunal
Constitucional (artículo 5.1 de la LOPJ) y de esta Sala del Tribunal
Supremo, antes expuesta, que, estableciendo los límites del derecho
fundamental de defensa, rechaza expresamente la interpretación acogida
por el acusado, y sin que su opción interpretativa viniera acompañada de
un mínimo razonamiento explicativo de las razones que la sustentaban, con
lo que, valorada en su integridad, se revelaba, a ojos de cualquiera, como
un acto de mero voluntarismo que, por su contenido, se alejaba de modo
arbitrario y absoluto de la aplicación razonada del Derecho causando un
daño totalmente injustificado y difícilmente reparable en los derechos de
defensa de los imputados y, en su medida, en los derechos de los letrados
afectados, especialmente al derecho-deber al secreto profesional como
esencial para una correcta defensa.
DECIMO TERCERO.- El elemento correspondiente al tipo
subjetivo, es decir, la actuación a sabiendas de la injusticia, resulta de
varios elementos ya puestos de relieve al valorar las pruebas.
1. De un lado, el tenor literal de las resoluciones, de las que se
desprende sin dificultad que entre las comunicaciones cuya intervención se
acordaba quedaban incluidas las que los internos mantuvieran con sus
letrados defensores y con aquellos otros que fueran expresamente llamados
para asuntos penales. La inclusión de la cláusula previniendo el derecho de
defensa en ambas resoluciones revela que el acusado era consciente de que
su decisión afectaba al derecho de defensa. Sin embargo, no puede
aceptarse que la intención del acusado fuera, precisamente, proteger el
derecho de defensa, ya que el propio contenido de los autos anula el
sentido de la anterior previsión, convirtiéndola en algo puramente formal.
Efectivamente, contra los letrados defensores Srs. Choclán, Mourullo,
Peláez y Vergara, no existía ningún indicio de actuación delictiva. Tal cosa
era sobradamente sabida por el acusado desde el momento en que tuvo
conocimiento de su designación como letrados de la defensa con
posterioridad al dictado del primer auto el 19 de febrero (se les tiene por
personados el 17 y 21 de febrero y el 3 de marzo), y, desde luego, en el
momento de acordar la prórroga. En los informes de 4 y 13 de marzo, los
funcionarios policiales encargados de la investigación, no hacen constar
63Recurso Nº: 20716/2009
ningún indicio de actuación delictiva respecto de aquellos, constando
solamente algunas menciones a su designación como nuevos letrados,
mencionando en algún caso sus posibles relaciones con magistrados,
jueces o fiscales con destino en la Audiencia Nacional, y algunas
conversaciones claramente relacionadas con el ejercicio de defensa.
Tampoco puede valorarse como protección del derecho de defensa
la supresión de algunos párrafos de las conversaciones intervenidas, una
vez que han sido escuchadas por los funcionarios policiales responsables
de la investigación, que ni siquiera fueron requeridos para que no las
utilizaran en sus informes o conclusiones o líneas de investigación, por el
propio acusado como instructor de la causa y por los representantes del
Ministerio Fiscal en el caso. Esta supresión tiene sentido en los supuestos
de acceso accidental, como el único remedio posible, pero carece de
eficacia en relación con una resolución orientada directamente al
conocimiento del contenido de tales comunicaciones, pues la exclusión
solo puede producirse una vez oídas las conversaciones y, desde ese
momento, el investigador ya conoce el contenido de lo hablado.
De otro lado, existe toda una serie de datos que acreditan, sin duda
alguna, que el acusado era consciente de que esas conversaciones
quedaban afectadas por su decisión. Así, la comunicación policial verbal
acerca de la aclaración del significado de la referida cláusula; los informes
del Ministerio Fiscal, que expresamente llegó a referirse a la exclusión de
las conversaciones con los letrados; los informes policiales, donde se
contenían conversaciones mantenidas en el curso de las comunicaciones
intervenidas entre los letrados y sus defendidos que notoriamente
afectaban al derecho de defensa; la designación de nuevos letrados por
parte de los imputados en prisión provisional, efectuada estando vigente la
primera resolución, lo que suponía que se intervendrían comunicaciones
entre los internos y sus nuevos letrados, que eran desconocidos en la causa
en el momento de dictar aquella resolución, lo que implicaba
necesariamente que no se conocían indicios contra los mismos; y,
finalmente, la ausencia absoluta, que en realidad no ha sido discutida, de
indicios de actividad criminal contra los letrados defensores.
7. De todo ello se desprende, asimismo, como ya se dijo más
arriba, que el acusado no incurrió en error alguno al dictar las resoluciones
prevaricadoras. Para apreciar la existencia del error, de la clase que sea, no
basta con su mera alegación sostenida sobre la afirmación de que el
64Recurso Nº: 20716/2009
acusado creyó que actuaba lícitamente o mantenía una creencia equivocada
sobre un elemento del tipo. Es preciso acreditarlo mediante la prueba de
los elementos que permitan establecer que su creencia era mínimamente
razonable, es decir, que tenía suficiente consistencia como para inducirle a
error.
En el caso, nada de esto se ha acreditado. De los elementos antes
examinados se desprende que carecía de razones aceptables para creer que,
sin indicio alguno de actuación delictiva de los letrados defensores, podía
restringir el derecho de defensa grabando y escuchando las conversaciones
mantenidas por aquellos con sus defendidos en las dependencias del centro
penitenciario.
8. Las acusaciones, aunque no han argumentado sobre ello en su
informe en el acto del plenario, han calificado el delito como prevaricación
continuada. Para apreciar el delito continuado es preciso establecer la
presencia de varias acciones u omisiones, diferenciándolas de la ejecución
de una misma decisión en varios actos diferentes y complementarios, unos
con otros o entre sí recíprocamente.
En el caso, el acusado ha dictado dos resoluciones. Pero ambas
tienen el mismo contenido, y, en realidad, la segunda no es sino la
prolongación de la primera durante un mayor periodo de tiempo. Así pues,
deben ser valoradas como una sola acción.
DECIMO CUARTO.- Los hechos constituyen igualmente un
delito del artículo 536, párrafo primero, del Código Penal.
1. El artículo 536 sanciona a la autoridad o funcionario público o
agente de estos que, mediando causa por delito, intercepte las
comunicaciones o utilizare artificios técnicos de escucha, transmisión,
grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra
señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o
legales. La conducta típica, en la modalidad aquí aludida por las
acusaciones se consuma con la mera utilización de los referidos artificios
técnicos, sin que sea preciso el acceso efectivo a la señal de comunicación.
Los elementos del tipo objetivo resultan con claridad de los hechos
probados, pues no se discute que las resoluciones dictadas por el acusado
dieron lugar a la utilización de aparatos de escucha y grabación de
65Recurso Nº: 20716/2009
conversaciones entre los letrados defensores y los internos en el centro
penitenciario. Es claro que estando privados de libertad, los imputados
pueden encontrar en sus letrados defensores, en atención al principio de
confianza que caracteriza esa relación, una oportunidad de comunicar
preocupaciones personales, con lo que, además del derecho de defensa,
con la intervención ordenada se vulneraba el derecho a la intimidad.
En cuanto a la vulneración de las garantías constitucionales, la
ausencia de cualquier justificación a la decisión del acusado, aspecto al que
ya se aludió antes, supone una vulneración de las garantías que la
Constitución establece al requerir una razón suficiente para la restricción
del derecho.
El elemento correspondiente al tipo subjetivo no ha sido discutido,
pues evidente que el acusado sabía que su decisión implicaba la utilización
de aparatos o artificios de escucha y grabación.
2. La cuestión que se plantea es la relación entre ambos delitos. La
prevaricación es un delito de resultado de lesión en el bien jurídico
protegido, pero no de resultado material. Se consuma con el dictado de una
resolución que reúna las condiciones formales para ser ejecutada, pero no
requiere su ejecución efectiva. Los resultados posteriores podrán dar lugar
a valorar la comisión de otro delito. Esta consideración viene apoyada por
la previsión del artículo 446.1 según la cual, en caso de ejecución se
castiga con más pena, que, sin embargo, por su naturaleza, no cubriría la
antijuricidad de algunos actos constitutivos de otros delitos más graves,
como podría ocurrir, por ejemplo, en caso de detención ilegal. En la STS
nº 842/2006, se mantuvo la condena por prevaricación y detención ilegal
en concurso medial.
Sin embargo, en algunos casos, es posible que todo el contenido de
injusto de la conducta quede cubierto ya por el delito de prevaricación,
debiendo apreciarse entonces un supuesto de concurso aparente de normas.
En el caso, dictada la resolución que acuerda la intervención de la
comunicación, la ejecución de la misma mediante la utilización de los
artificios técnicos de escucha, no añade un nuevo contenido de injusto al
ya contemplado por la prevaricación, por lo que debe entenderse que este
delito absorbe al segundo.
Esta Sala ha resuelto de esta misma forma supuestos de
prevaricación que ocasionaban una infracción consistente en el
impedimento del ejercicio de los derechos cívicos. Así, en la STS
66Recurso Nº: 20716/2009
246/2003 se aplicaban los principios de especialidad y de consunción
(artículo 8.1 y 3 CP); y en la STS 784/1997 y en la STS 965/1999 se
aplicaba el principio de especialidad (artículo 8.1 CP). En sentido
contrario, aisladamente, la STS 172/1993, que apreció un concurso ideal
de delitos.
En otras sentencias ha llegado a la misma conclusión, aplicando
exclusivamente el delito de prevaricación, al considerar que la vulneración
de los bienes jurídicos afectados se encontraba en el caso especialmente
imbricada, (STS 1070/2000 y STS 818/1992).
En consecuencia, se aprecia en este caso un concurso aparente de
leyes que se resolverá con aplicación del principio de consunción del
artículo 8, apartado 3, aplicando solamente el delito de prevaricación como
precepto más amplio.
DECIMO QUINTO.- No concurren circunstancias modificativas
de la responsabilidad criminal.
1. No han sido alegadas.
2. En cuanto a la individualización de la pena, se tiene en cuenta las
características de la conducta, el mantenimiento de la decisión durante el
tiempo que consta en los hechos probados y la calificación de las dos
infracciones en concurso aparente de normas, imponiéndola en la mitad
inferior en extensión cercana al mínimo legal. En consecuencia, se
impondrá la pena de once años de inhabilitación especial para empelo o
cargo público en la forma que se dirá; y respecto de la pena de multa, se
impondrá la de catorce meses igualmente en extensión cercana al mínimo
legal. Respecto a la cuota diaria, teniendo en cuenta que las acusaciones
han solicitado la imposición de una cuota de 6 euros, se fija en esa
cantidad.
DECIMO SEXTO.- El artículo 42 del Código Penal dispone que
la pena de inhabilitación para empleo o cargo público produce “…la
privación definitiva del cargo sobre el que recayere”, y de los honores que
le sean anejos. Asimismo produce “…la incapacidad para obtener el
mismo u otros análogos, durante el tiempo de la condena”. El mismo
precepto establece que en la sentencia habrán de especificarse los empleos,
cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación.
67Recurso Nº: 20716/2009
En el caso, cometido el delito en la condición de juez, la
inhabilitación alcanzará al mencionado cargo, así como a los honores que
le son anejos, causando su pérdida definitiva. La incapacidad de obtener el
mismo cargo durante el tiempo de la condena se extenderá, tal como
dispone la ley, a otros análogos, que se concretarán en el fallo a cualquier
empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del
Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.
En cuanto a la responsabilidad civil, la acusación particular en
nombre de Pablo Crespo Sabaris, ha solicitado ser indemnizado en la
cantidad de un euro. El delito de prevaricación no protege bienes jurídicos
de carácter individual, aunque puede causar daños individualizados en
quienes sufren las consecuencias de la resolución injusta. En el caso, no se
ha desarrollado por la acusación ningún razonamiento sobre la
identificación del perjuicio o sobre su valoración, por lo que no se
considera procedente la indemnización solicitada.
Respecto de las costas, procede imponerlas al condenado por
imperio de la ley, incluyendo las de las acusaciones particulares, dada la
relevancia de su actuación procesal.
III. FALLO
Debemos condenar y condenamos al acusado Baltasar Garzón Real como
autor responsable de un delito de prevaricación del artículo 446.3º, en concurso
aparente de normas (artículo 8.3) con un delito del artículo 536, párrafo primero,
todos del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal, a la pena de multa de catorce meses con una cuota
diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo
53 del Código Penal, y once años de inhabilitación especial para el cargo de juez
o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que
le son anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la
condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno
dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así
como al pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones
particulares. Sin condena en cuanto a responsabilidad civil.
Notifíquese esta resolución a las partes y póngase asimismo en
conocimiento del Consejo General del Poder Judicial a los efectos oportunos.
68Recurso Nº: 20716/2009
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección
Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Joaquín Giménez García Andrés Martínez Arrieta Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
Francisco Monterde Ferrer Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre
Luciano Varela Castro Manuel Marchena Gómez


PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el
Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca,
estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
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febrero 09, 2012

El Supremo condena a Garzón por las escuchas ilegales de 'Gürtel'

Categoría: DERECHO JUDICIAL — gcornejo @ 12:38 — Visto: 154 veces
El Supremo condena a Garzón por las escuchas ilegales de 'Gürtel'



La Sala Penal del Supremo ve un delito de prevaricación
La condena a 11 años de inhabilitación es apoyada de forma unánime
Supone la expulsión de Garzón de la carrera judicial
'No se trata de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto arbitrario'
Las escuchas 'sólo pueden acordarse en casos de terrorismo y previa orden'



María Peral | Madrid
Actualizado jueves 09/02/2012 17:46 horas

La Sala Penal del Supremo ha decidido condenar al juez Baltasar Garzón por un delito de prevaricación consistente en interceptar las conversaciones que los imputados del 'caso Gürtel' mantuvieron en prisión con sus abogados, interceptación que ordenó y prorrogó a sabiendas de que vulneraba el derecho fundamental de defensa.

La condena a 11 años de inhabilitación, apoyada de forma unánime por la Sala, supondrá la expulsión de Garzón de la carrera judicial. El tribunal ha estado integrado por Joaquín Giménez (presidente), Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero (ponente), Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Manuel Marchena.

La Sala ha tenido especialmente en cuenta que Garzón ordenó intervenir las conversaciones de Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con cualesquiera abogados que les visitasen en la prisión de Soto del Real (Madrid), incluidos sus defensores José Antonio Choclán y Gonzalo y Pablo Rodríguez-Mourullo, contra los que no tenía indicio delictivo alguno.

El juez instructor accedió así a información referida exclusivamente a las estrategias de defensa y permitió que esa información –que incluía confesiones autoincriminatorias– fuera conocida por la Policía y la Fiscalía, neutralizando toda posibilidad de que los imputados y sus letrados articularan una defensa eficaz y vulnerando el derecho de todo imputado a la confidencialidad de lo que habla con su abogado.

Argumentos

El Alto Tribunal argumenta que "no se trata de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo".

En la sentencia, la Sala recuerda que "no es posible construir un proceso justo si se elimina esencialmente el derecho de defensa".

Además, el fallo del Supremo justifica que "no se trata de la validez de un elemento de investigación sino de la estructura del proceso penal del Estado de Derecho. La supresión de la defensa no afecta sólo a la validez de lo actuado sino a la misma configuración del proceso".

"La investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación, con mayor razón si implica vulneración de derechos fundamentales", sentencia.

La Sala ratifica su doctrina de que la intervención de las comunicaciones entre los presos y sus letrados defensores "sólo pueden acordarse en casos de terrorismo y previa orden de la autoridad judicial competente".

El Tribunal Supremo considera que hay prevaricación por que "ninguno de los métodos de interpretación del derecho (...…) habría conducido al juez a concluir de forma razonada que es posible restringuir sustancialmente el derecho de defensa, con los devastadores efectos que ocasiona en el núcleo de la estructura penal, en las condiciones en que lo hizo".

La sentencia condena al juez a pagar una multa de 2.520 euros a la Administración de Justicia y, además, a abonar las costas del proceso.

fuente: EL MUNDO ESPAÑA
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febrero 09, 2012

CNDDHH expresa su apoyo a la 'Gran Marcha Nacional del Agua'

Categoría: DERECHO Y ECOLOGIA — gcornejo @ 12:31 — Visto: 172 veces
CNDDHH expresa su apoyo a la 'Gran Marcha Nacional del Agua'



Jueves, 09 de febrero de 2012 | 10:34 am
Rocío Silva Santisteban, presidenta de la CNNDDHH.
Gremio agrupa a 79 distintos organismos.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (y sus 79 organismos adscritos) expresó esta mañana su apoyo total a la Gran Marcha Por el Agua, que recorrió desde Cajamarca la ruta completa hacia Lima.

"La CNDDHH considera que el agua es la principal fuente de vida, por lo tanto, debemos preservarla y reconocer que la necesidad del acceso al agua es un derecho humano básico que sirve de marco para desarrollar los otros derechos como los vinculados a la vida y la salud", indican en un comunicado enviado a la prensa.

Luego destacan el efuerzo de los protestantes por salvar el recurso hídrico, a través de la defensa de las lagunas al interior del país:

"Esta lucha se ha centrado en la búsqueda de protección estatal de las lagunas, cabeceras de cuenca y acuíferos que algunas empresas mineras quieren explotar con la finalidad de extraer oro y otros minerales, teniendo como consecuencia la contaminación del medio ambiente, la escasez de este recurso en esas zonas y, sobre todo, el fortalecimiento de un modelo de desarrollo centrado en las industrias extractivas sin tener en consideración los ecosistemas y su protección para el futuro", continúa el texto de apoyo.

Finalemnte manifestaron que su ente, como defensor de los derechos humanos deben apoyar el pedido de los campesinos que buscan "llamar la atención al gobierno central sobre la necesidad de reconocer políticas públicas que protejan este derecho en la constitución y la prohibición de minería en cabeceras de cuenca".

FUENTE: LA REPUBLICA PERU
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febrero 07, 2012

Rusia: aprueban la castración química para violadores

Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 10:09 — Visto: 294 veces
Rusia: aprueban la castración química para violadores
El Parlamento de Moscú dio luz verde a la iniciativa y agravó las penas por el abuso de menores


Foto: Archivo
MOSCU.- El Parlamento de Moscú aprobó hoy una ley que permite la castración química de quienes abusen sexualmente de menores de edad y agravó las penas para este delito.

A partir de la nueva normativa, los abusos de menores se penarán con hasta 14 años de cárcel, que no podrán ser conmutados por una pena de libertad vigilada, y los condenados podrán reclamar de forma voluntaria la castración.

La iniciativa del Kremlin había recibido una muy buena acogida entre la opinión pública, según informa DPA. En 2010, más de 2500 niños tuvieron una muerte violenta en Rusia y muchos de ellos sufrieron abusos sexuales.

La castración química se basa en inyecciones que hacen disminuir la testosterona, pero algunos médicos advirtieron que el deteriorado sistema sanitario ruso no está preparado para ese tipo de tratamiento..

FUENTE: LA NACION ARGENTINA
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febrero 07, 2012

Abencia Meza fue condenada a 30 años de cárcel por asesinato de Alicia Delgado

Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 09:52 — Visto: 369 veces
Abencia Meza fue condenada a 30 años de cárcel por asesinato de Alicia Delgado

La Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel impuso la pena como instigadora del delito de homicidio agravado. Pedro Mamanchura, asesino confeso, también purgará 30 años en prisión

Martes 07 de febrero de 2012 - 06:06 pm 81 comentarios

La cantante folclórica Abencia Meza fue condenada a 30 años de prisión al encontrársele culpable de ser la instigadora (autora intelectual) del crimen de Alicia Delgado en junio del 2009.

La Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel impuso para Pedro César Mamanchura, asesino confeso, una pena de 30 años.

La sala absolvió del delito de robo agravado a Pedro César Mamanchura, pero ordenó el pago de una reparación civil solidaria de 250 mil nuevos soles para los herederos de Alicia Delgado.

La sala también absolivió a Luis Espinoza Antúnez (medio hermano de Pedro César Mamanchura) y a Toribia Delgado (sobrina de Alicia Delgado) del cargo de robo agravado, para quienes el fiscal había pedido 15 años.

En los exteriores del penal de Lurigancho, se vio a dos grupos de personas: unos pedían la pena máxima para Meza Luna, mientras que otros respaldaban su inocencia.

Tanto Abencia Meza como Pedro César Mamanchura señalaron que interpondrán un recurso de nulidad para la sentencia. De confirmarse, Abencia Meza cumpliría su pena el 22 de marzo del 2041, mientras que Mamanchura terminaría su sentencia el 2039.

FUENTE: EL COMERCIO PERU
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febrero 07, 2012

“Las mismas manos que abusaban de mí me daban de comulgar”

Categoría: DERECHO RELIGIOSO — gcornejo @ 04:22 — Visto: 136 veces
“Las mismas manos que abusaban de mí me daban de comulgar”

Una mujer agredida a los 13 años narra su calvario ante la jerarquía eclesiástica
La Iglesia mira cara a cara a las víctimas de abusos sexuales
Principales casos de abuso sexual a menores en la iglesia



PABLO ORDAZ Roma 7 FEB 2012 - 20:59 CET2


Collins, tras su conmovedora comparecencia ante líderes de 110 conferencias episcopales. / T. GENTILE (REUTERS)
Delante de los representantes de 110 conferencias episcopales de todo el mundo y de los superiores de 30 órdenes religiosas, una mujer irlandesa de 65 años, llamada Marie Collins, contó este martes lo que un sacerdote le hizo cuando tenía 13 años y estaba enferma y sola en la cama de un hospital. Si todavía eso no conmovió al auditorio —los participantes en un simposio organizado por el Vaticano para afrontar los abusos a menores—, tal vez sí lo hiciera el relato del calvario vivido a continuación, la manera en que la Iglesia protegió al pastor, trasladándole a ella el peso de la culpa, convirtiéndola de por vida en un ser marcado: “Han pasado 50 años y no lo puedo olvidar. Aquellas visitas nocturnas a mi habitación cambiaron mi vida”.

La señora Collins, ante un auditorio repleto de obispos, bajó hasta el infierno de su adolescencia para luego ir subiendo trabajosamente por los peldaños de una vida rota. No solo, como se encargó de subrayar, por aquel cura joven que por la noche posaba sus manos en su sexo y por la mañana alzaba el cuerpo de Cristo, sino por una Iglesia que durante décadas protegió al criminal y criminalizó a la víctima. “Yo estaba en la etapa más vulnerable de la vida”, empezó su relato, “acababa de cumplir 13 años y era una niña enferma en la cama de un hospital. Estaba lejos de mi familia. Y me sentí más segura cuando un capellán católico vino a visitarme y a leer en la noche conmigo. Él ya era un abusador de niños, pero yo no lo sabía. Yo pensaba que un sacerdote era el representante de Dios en la Tierra y de forma automática debía tener mi confianza y mi respeto. Cuando él empezó a tocarme y a tomar fotografías de las partes más íntimas de mi cuerpo, yo me resistí. Pero me dijo que él era un sacerdote, que no podía actuar mal y que yo era estúpida si pensaba lo contrario… Pero aquello provocó una gran confusión en mi mente: los dedos que abusaban de mí cuerpo en la noche eran los mismos que me ofrecían la sagrada hostia a la mañana siguiente”.

Solo el día en que el
cura entró en prisión cambio mi vida. Ya no está en ruinas”
Los clérigos, alrededor de 200, que atendían en silencio el relato de Marie Collins tal vez pensaron en ese momento que ya habían escuchado la parte más dramática. Nada más lejos de la realidad. La mujer les hizo ver enseguida —allí, en el centro de Roma, en la sede de la Pontificia Universidad Gregoriana— las consecuencias dramáticas que provocó aquel cura despreciable. “Cuando salí del hospital ya no era la niña confiada, despreocupada y feliz. No me volví en contra de la religión, sino de mí. Pasé mi adolescencia sola para que no descubrieran que estaba sucia”. A los 17 años, Marie Collins entró en la primera de sus frecuentes depresiones y tuvo que ser tratada en un hospital. A los 29 años, pese a todo, conoció a “un hombre maravilloso”, se casó y tuvo un hijo, pero aquel trauma de los 13 años la seguía persiguiendo. Hasta bien cumplidos los 40 años no se atrevió a acudir a un doctor y contarle su pasado de abusos. El médico le aconsejó que denunciara el caso ante la Iglesia. La señora Collins se lo intentó contar a un sacerdote, pero este no solo no quiso escuchar el nombre del pederasta, sino que la agredió aún más: “Me dijo que lo que había sucedido era probablemente mi culpa. Aquella respuesta me rompió. Hizo que resurgieran en mí los viejos sentimientos de culpa y de vergüenza”.

Marie Collins —de depresión en depresión, de hospital en hospital— guardó silencio 10 años más. Solo se atrevió a hablar de nuevo de su caso cuando vio que los periódicos empezaban a sacar a la luz otras historias. “Le escribí al obispo y ahí empezaron los dos años más duros de mi vida. El sacerdote que me había atacado estaba protegido por sus superiores y a pesar de mi denuncia siguió durante meses preparando a niños para la confirmación… Volvieron a atacarme, me dijeron que yo estaba contra la Iglesia, que el caso era viejo, que no sería bueno empañar la reputación del sacerdote…”.

La señora Collins logró finalmente que su verdugo fuese llevado ante la justicia, admitiese su culpa y entrara en prisión. “Solo entonces”, y lo dijo bien claro ante los representantes de una Iglesia que hasta ahora ha mirado para otro lado, “empezó a cambiar mi vida. Ahora ya no está en ruinas. Tiene sentido y valor”.

Aunque el Papa parece dispuesto a luchar contra los abusos, son muchas décadas de silencio y complicidad por parte del Vaticano para albergar demasiadas esperanzas. Sin embargo, el paso es muy importante. Los más altos representantes de la Iglesia convocaron a una de sus víctimas para que les contara en directo el sufrimiento de una vida entera. Y la señora Collins les dijo fuerte y claro que los curas pederastas siguen encontrando cobijo en las sacristías: “Son hombres que pueden cometer abusos durante toda su vida, dejando tras de sí un reguero de vidas rotas”. El que tenga oídos, que oiga.

FUENTE: EL PAIS ESPAÑA
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febrero 07, 2012

Primera condena a un médico en España por rotura de un implante PIP

Categoría: DERECHO CIVIL — gcornejo @ 04:16 — Visto: 196 veces
EN MADRID | Prótesis fraudulentas
Primera condena a un médico en España por rotura de un implante PIP
Un cirujano francés coloca prótesis mamarias a una paciente despúes de extraerle las PIP. | Efe
Efe | Madrid
Actualizado martes 07/02/2012 12:26 horas



El Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid ha condenado a un cirujano plástico y una clínica de estética de Madrid a indemnizar con 7.455 euros a una mujer que sufrió la rotura de una prótesis mamaria de PIP, que le fue implantada sin la suficiente información.

La sentencia, tramitada por los servicios jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente, condena al doctor D.T.L. y a la entidad médica C.C.M. S.L. a abonar a la paciente M.M.M.S. la cantidad de 7.455 Euros, "por la inexistencia de un adecuado y suficiente consentimiento informado".

Los hechos se remontan al 20 de abril de 2001, cuando la paciente, que entonces tenía 34 años, se sometió a una intervención de cirugía estética en la que le fueron implantadas dos prótesis complementarias de la marca PIP (implantes mamarios de silicona de la empresa francesa Poly Implant Prothèse).

Seis meses después, y a raíz del mal resultado de la intervención, según indica la sentencia, el mismo cirujano volvió a practicar a la paciente un retoque y un aumento de prótesis, también con implante PIP.

En marzo de 2008 la paciente acudió a varios centros médicos por problemas en sus mamas, realizándose diferentes estudios que permitieron averiguar que se había producido una rotura capsular de la prótesis derecha "con colección líquida, probablemente inflamatoria periprotésica", señala en la sentencia.

Dos meses después, la mujer fue intervenida nuevamente por otro cirujano que sustituyó las prótesis PIP por unas de otros laboratorios.

La sentencia "considera razonable" condenar al cirujano plástico y a la clínica donde se realizó el implante con PIP a abonar a la paciente el importe de la intervención a la que se vio obligada a someterse "como consecuencia de la rotura del implante mamario derecho, riesgo del que no consta hubiera sido informada".

Por su parte, fuentes de la Clínica Menorca insisten en aclarar que "la sentencia es favorable respecto a la correcta praxis médica realizada. Se nos responsabiliza únicamente por considerar insuficiente el contenido del consentimiento informado facilitado a la paciente antes de una cirugía". Según un comunicado enviado a los medios, a los pacientes también se les informa verbalmente, por lo que "estamos estudiando presentar el correspondiente recurso".

FUENTE: EL MUNDO ESPAÑA
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febrero 07, 2012

Militares sitian a policías en huelga en medio de una ola de asesinatos en Salvador

Categoría: CONFLICTOS SOCIALES — gcornejo @ 04:08 — Visto: 198 veces
CONFLICTO | Seis días de protesta
Militares sitian a policías en huelga en medio de una ola de asesinatos en Salvador

Soldados se enfrentan con manifestantes en los alrededores de la Asamblea. | Efe
Los agentes ocupan la Asamblea Legislativa de Bahía con sus esposas e hijos
La protesta deja, hasta este momento, un saldo de al menos 93 muertos
Las calles de la capital de Bahía son vigiladas por más de 3.000 soldados
Dpa | Salvador de Bahía
Actualizado lunes 06/02/2012 12:18 horas


Alrededor de 600 efectivos del Ejército brasileño han rodeado este lunes el edificio de la Asamblea Legislativa de Bahía, ocupada por agentes de la policía militarizada que desde hace seis días mantienen una huelga que disparó la criminalidad y dejó un saldo de por lo menos 93 muertos. En el mismo lugar, manifestantes que apoyan a los policías se enfrentaron brevemente a los militares.

Según el portavoz del Ejército en Bahía, el teniente coronel Marcio Cunha, las tropas no invadirán el edificio donde se concentran cientos de seguidores de la huelga, muchos de ellos acompañados por sus esposas e hijos.

Cunha ha asegurado que la "única misión" de los militares es crear condiciones para que agentes de la policía federal puedan cumplir las órdenes de arresto de 11 líderes del paro, emitidas por el Ministerio Público.

Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública de Bahía, Mauricio Barbosa, no descartó totalmente la posibilidad de invasión: "Nuestra intención es la de lograr una salida negociada, pero existe una orden judicial de arresto y decisiones de la Justicia que tienen que ser cumplidas".

Líderes de los huelguistas, a su vez, descartaron la posibilidad de salir voluntariamente de la Asamblea Legislativa: "Va a haber una masacre acá, y la culpa será de (el gobernador de Bahía) Jacques Wagner", ha expresado al portal UOL Valdeck Filho, portavoz del líder del movimiento, el soldado Marco Prisco.

Las calles de la capital de Bahía, Salvador, son vigiladas por más de 3.000 militares de las tres Fuerzas Armadas y por cuatro tanques blindados del Ejército, para frenar la ola de violencia desatada por la escasa presencia de policías.

Desde el inicio de la huelga, decidida en la noche del último martes, se multiplicaron los asaltos y saqueos a comercios y el índice de asesinatos se duplicó: en la mañana de este lunes, el número oficial de muertos por causas violentas desde el inicio del paro llegaba a 93.

Antes del Carnaval

El ambiente de miedo en las calles genera temores frente a los festejos del Carnaval en Salvador de Bahía, que son los más largos y multitudinarios de Brasil y suelen atraer a decenas de miles de turistas a la ciudad.

El gobernador Jacques Wagner, sin embargo, ha manifestado que los problemas serán superados antes del inicio de la fiesta: "Todavía faltan diez u once días para el Carnaval... Hasta allá se habrá terminado este proceso (de huelga policial)", ha afirmado el político del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), en entrevista que publica este lunes el diario 'Folha de Sao Paulo'.

Pese a asegurar que no buscaría acuerdo con los manifestates, Wagner ofreció la noche del domingo un aumento salarial del 6,5% con vigencia a partir del 1 de enero pasado, pero la propuesta fue rechazada por los líderes del paro.

"Esto no nos interesa. Es obligación del gobierno ofrecer este porcentaje de reajuste salarial a todos los servidores públicos. Lo que demandamos son valores debidos específicamente a la policía", ha asegurado el líder de los agentes en huelga.

Prisco ha dicho que, además de los aumentos salariales, los policías exigen la liberación de los agentes arrestados y amnistía a todos los que participaron en el movimiento.

La posibilidad de amnistía, sin embargo, fue tajantemente descartada por el gobernador: "No voy a firmar amnistía para los que practicaron crímenes, invadieron autobuses y asesinaron a mendigos... La figura de amnistía no existe, sólo existe cuando se termina un régimen de excepción. No estamos en régimen de excepción", ha asegurado Wagner a 'Folha de Sao Paulo'.

FUENTE: EL MUNDO ESPAÑA
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febrero 07, 2012

Un padre vuela la casa en la que se encontraba con sus dos hijos

Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 04:06 — Visto: 123 veces
ESTADOS UNIDOS | Murieron los tres en el acto
Un padre vuela la casa en la que se encontraba con sus dos hijos
Así quedó la casa tras la explosión.| Reuters
ELMUNDO.es | Agencias | Madrid
Actualizado martes 07/02/2012 07:56 horas



'Lo siento, adiós'. Tres palabras enviadas por e-mail a su abogado anticipaban lo que Josh Powell haría minutos después. Explotar la casa en la que se encontraba con sus dos hijos. Tres muertes y un trágico final para una historia que comenzó en 2008, con la desaparición de su mujer Susan, de la que él fue sospechoso desde el principio.

Los hechos se precipitaron este domingo, cuando una trabajadora social llevó a los dos hijos de Powell a su casa en Graham, Washington, para una visita supervisada, pues la custodia la tienen los abuelos maternos. Él, entonces, les encerró dentro e impidió el paso a la asistente social. Encendió el gas y minutos después la casa explotó.

El portavoz del sheriff de la zona, Ed Troyer, no tiene duda de que ha sido un asesinato y que voló la casa de forma intencional. Además, según cuenta Troyer a la CNN, su departamento tiene copias de un e-mail que Powell mandó a su abogado y también a algunos familiares, en el que confirma que "no podía vivir con lo que iba a hacer".

"Parece que lo planificó todo muy rápidamente", señala el sheriff. La idea le empezó a rondar la cabeza sólo dos días antes, cuando un juez rechazó su petición de tener la custodia de sus hijos y ordenó que se sometiera a un examen psicológico -tras encontrar pornografía infantil en su casa-.

Además, según publica 'The Guardian', Powell estaba agobiado porque los niños habían empezado a contar a sus abuelos cosas que recordaban sobre la desaparición de su madre Susan, de 28 años. "Habían comenzado a ser más comunicativos", ha reconocido el abogado de la familia de Susan, Steve Downing, que cuenta cómo el hijo mayor "recordó que la noche de la desaparición de su madre estaban de camping y los adultos salieron del camión. Ella ya nunca volvió".

La noche que lo cambió todo

Desde que Susan desapareción, Powell estaba siendo investigado. Su versión siempre fue que había llevado a los hijos a hacer una ruta a media noche, en un día de mucho frío, y cuando regresaron a la caravana la mujer ya no estaba. Su abogado reconoce que siempre negó cualquier implicación en la desaparición de su esposa. Pero los niños, de cinco y siete años, parece que recuerdan otra historia.

Desde ese día, su vida dio un giro. Perdió la custodia de sus hijos y empezó una batalla judicial con los padres de Susan por los menores. Dos años de litigio que han culminado con casi todos los protagonistas muertos. El abogado Steve Downing ha declarado conmocionado que "es la cosa más horrible que se podía imaginar. La familia está absolutamente devastada".

En uno de sus últimos e-mails a su abogado, poco antes de la vista por la custodia de los niños, que se celebró el pasado miércoles, escribía: "He probado que soy un padre amoroso que trata de hacer frente a la adversidad. Es hora de que mis hijos vuelvan conmigo".

FUENTE: EL MUNDO ESPAÑA
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febrero 07, 2012

Indecopi denunció de oficio a cuatro editoriales e inmovilizó sus fondos

Categoría: DERECHO DE LA COMPETENCIA — gcornejo @ 03:14 — Visto: 251 veces
Indecopi denunció de oficio a cuatro editoriales e inmovilizó sus fondos


Las cuatro empresas cuestionadas por el ente de protección al consumidor son Hielder, Corefo, Bruño y Santillana

Martes 07 de febrero de 2012 - 12:48 pm 5 comentarios

(Canal N)
Indecopi anunció que ha planteado una denuncia de oficio contra las cuatro editoriales involucradas en el ofrecimiento de bonificaciones a algunos colegios para que vendan los textos escolares a precios inflados.

Se trata de las editoriales Hielder, Corefo, Bruño y Santillana. Los directores y profesores de las instituciones privadas con las que han hecho el acuerdo obligan a los padres de familia a comprar los libros de esas empresas.

En conferencia de prensa esta mañana, el presidente de Indecopi, Hebert Tessano, condenó esa actitud de las editoriales, pues señaló que los costos del material educativo deben estar basados en aspectos comerciales y no “en sobornos a los colegios”.

Asimismo, informó que la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de su institución ordenó como medida cautelar “la inmovilización de fondos de las editoriales para garantizar una posible futura devolución de dinero que hubiera sido pagada en exceso por los consumidores”.

“Nosotros hemos querido tocar el bolsillo de las editoriales, así como ellas han querido aprovecharse del bolsillo de los padres de familia”, sentenció.

En tanto, en coordinación con el Ministerio de Educación, el ente ha pedido a las editoriales la relación de colegios a nivel nacional que han escogido sus textos escolares. A los centros educativos se les solicitará que justifiquen la selección de tales libros.

fuente: EL COMERCIO PERU
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febrero 06, 2012

Juez manda a Carcel a un padre y un hijo por agredirse mutuamente

Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 05:31 — Visto: 191 veces
La Audiencia de Castellón confirma prisión para un padre y un hijo por agredirse mutuamente
Fecha: 06/02/2012
Prisión

(EUROPA PRESS) - La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha confirmado las penas de prisión para un padre y un hijo por agredirse mutuamente. En concreto, condena a 9 meses y un día al progenitor y a 1 año, 9 meses y un día al hijo, rechazando así el recurso presentado por este último contra la sentencia del juzgado de lo Penal número 3 de Castellón.
Dicha sentencia declaró probado que el 16 de marzo de 2008, sobre las 14.00 horas, ambos se encontraban en el domicilio familiar e iniciaron una discusión en el curso de la cual, actuando cada uno con el ánimo de menoscabar la integridad física del otro, se agredieron mutuamente, propinándose varios golpes. Como consecuencia de la agresión, ambos resultaron heridos con diversas lesiones.
La sentencia condena al hijo como autor de un delito de lesiones, con la agravante de parentesco, a un año, nueve meses y un día de prisión y le prohíbe aproximarse a su padre, a su domicilio y al lugar de trabajo en una distancia de 200 metros, además de comunicarse con él por un periodo de tres años.
Así mismo, la sentencia condena al padre como autor de un delito de violencia doméstica a nueve meses y un día de prisión, a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y a aproximarse a su hijo, a su domicilio y a su lugar de trabajo en una distancia de 200 metros y de comunicarse con él por un periodo de dos años. También se le condena a indemnizar a su hijo con 950 euros en concepto de responsabilidad civil.
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febrero 06, 2012

Ley Nº 29803, LEY QUE FACULTA A JUECES ADOPTAR DE OFICIO MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA EN CASOS DE FAMILIA

Categoría: DERECHO DE FAMILIA — gcornejo @ 11:48 — Visto: 885 veces
Ley Nº 29803, LEY QUE FACULTA A JUECES ADOPTAR DE OFICIO MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA EN CASOS DE FAMILIA

El Presidente de la República
Por cuanto:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

El Congreso de la República;

Ha dado la Ley siguiente:

Ley que modifica los Artículos 608 y 675 del Código Procesal Civil incorporando el caso de Otorgamiento de Medida de Asignación Anticipada de oficio para los hijos Menores de Edad con Indubitable Vínculo Familiar con el Demandado

Artículo único. Modificación de los artículos 608 y 675 del Código Procesal Civil
Modifícanse los artículos 608 y 675 del Código Procesal Civil, los cuales quedan redactados en los términos siguientes:

“Artículo 608. Juez competente, oportunidad y finalidad
El juez competente para dictar medidas cautelares es aquel que se encuentra habilitado para conocer de las pretensiones de la demanda. El juez puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar antes de iniciado el proceso o dentro de éste, salvo disposición distinta establecida en el presente Código.

Todas las medidas cautelares fuera de proceso, destinadas a asegurar la eficacia de una misma pretensión, deben solicitarse ante el mismo juez, bajo sanción de nulidad de las resoluciones cautelares dictadas. El solicitante debe expresar claramente la pretensión a demandar.

La medida cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva.

Artículo 675. Asignación anticipada de alimentos
En el proceso sobre prestación de alimentos procede la medida de asignación anticipada de alimentos cuando es requerida por los ascendientes, por el cónyuge, por los hijos menores con indubitable relación familiar o por los hijos mayores de edad de acuerdo con lo previsto en los artículos 424, 473 y 483 del Código Civil.

En los casos de hijos menores con indubitable relación familiar, el juez deberá otorgar medida de asignación anticipada, actuando de oficio, de no haber sido requerida dentro de los tres días de notificada la resolución que admite a trámite la demanda.

El juez señala el monto de la asignación que el obligado pagará por mensualidades adelantadas, las que serán descontadas de la que se establezca en la sentencia definitiva.”

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los catorce días del mes de octubre de dos mil once.

DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF
Presidente del Congreso de la República

MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil once

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

SALOMÓN LERNER GHITIS
Presidente del Consejo de Ministros
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febrero 06, 2012

JURISPRUDENCIA SOBRE PENSION DE ALIMENTOS, LOS INGRESOS POR UTILIDADES SON SUSCEPTIBLES DE SER DESCONTADOS

Categoría: DERECHO DE FAMILIA — gcornejo @ 10:00 — Visto: 6323 veces
JURISPRUDENCIA SOBRE PENSION DE ALIMENTOS, LOS INGRESOS POR UTILIDADES SON SUSCEPTIBLES DE SER DESCONTADOS


EXP. N.° 00750-2011-PA/TC
LIMA
AMANDA ODAR SANTANA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 7 días del mes de noviembre de 2011, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Álvarez Miranda, Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Amanda Odar Santana contra la resolución de fecha 6 de julio de 2010, a fojas 68 del cuaderno de apelación, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de noviembre de 2008 la recurrente interpone demanda de amparo contra el juez a cargo del Juzgado de Paz Letrado de San Luis, señor Pedro Romero Nuñez, la jueza a cargo del Décimo Juzgado de Familia de Lima, señora Patricia Pando Simonetti, y don Marco Oyanguren León, solicitando se deje sin efecto: i) la resolución de fecha 1 de abril del 2008, expedida por el Juzgado de Paz, que desestimó su pedido de omisión de descuento sobre las utilidades que percibe don Marco Oyanguren León; ii) la resolución de fecha 19 de setiembre del 2008, expedida por el Juzgado de Familia, que confirmó la desestimatoria de su pedido; y iii) se ordene al Juzgado de Paz Letrado de San Luis que las utilidades deben ser objeto de descuento. Sostiene que fue vencedora en el proceso de alimentos (Exp. N.º 165-2005) seguido en contra de don Marco Oyanguren León, proceso en el cual se ordenó que el demandado acuda en forma mensual y adelantada con una pensión alimenticia a ella y a sus hijos del 50% del total de sus ingresos, incluidos bonificaciones especiales, horas extras, aumentos, vacaciones, gratificaciones, escolaridad y demás ingresos adicionales que percibe de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Empero refiere que los órganos judiciales demandados han incumplido el mandato de la sentencia al desestimar su pedido para que se descuente al demandado las utilidades que percibe, decisión que vulnera sus derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que las utilidades se encuentran comprendidas en el rubro “demás ingresos adicionales”.

El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, con escrito de fecha 13 de enero de 2009, contesta la demanda expresando que la recurrente no especificó como petitorio de su demanda que se considerara a las utilidades de don Marco Oyanguren León, por lo que tal derecho no le asiste; además afirma que existe jurisprudencia que no considera a las utilidades como parte de la remuneración.

El demandado don Marco Oyanguren León, con escrito de fecha 20 de enero de 2009, contesta la demanda argumentando que a la recurrente nunca se le limitó ni vulneró el acceso a la tutela procesal efectiva.

La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución de fecha 2 de abril del 2009, declara improcedente la demanda por considerar que las resoluciones judiciales han sido debidamente motivadas y se han expresado en ellas los fundamentos de hecho y derecho respectivos.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con resolución de fecha 6 de julio de 2010, confirmó la apelada por considerar que no corresponde a través de este proceso constitucional interpretar los alcances de lo resuelto en un proceso judicial ordinario.

FUNDAMENTOS

1. Conforme se aprecia de la demanda su objeto es que se deje sin efecto la resolución de fecha 1 de abril del 2008 y la resolución de fecha 19 de setiembre de 2008, que desestimaron el pedido de omisión de descuento sobre las utilidades que percibe don Marco Oyanguren León como trabajador de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., y se ordene al Juzgado de Paz Letrado de San Luis que las utilidades también sean objeto de descuento. Así expuestas las pretensiones, este Colegiado considera necesario determinar, a la luz de los hechos expuestos en la demanda y de los recaudos que obran en ella, si se ha producido la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la recurrente por no procederse al descuento de las utilidades de don Marco Oyanguren León.

2. Al respecto la recurrente alega que siguió un proceso judicial de alimentos (Exp. Nº 165-2005) contra el señor Marco Oyanguren León, en virtud del cual -con sentencia firme- se dispuso que se le acuda en forma mensual y adelantada con una pensión alimenticia -a ella y a sus hijos- equivalente al 50% del total de sus ingresos, incluidos bonificaciones especiales, horas extras, aumentos, vacaciones, gratificaciones, escolaridad y demás ingresos adicionales que percibe de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Dicha situación alegada se corrobora con la resolución de segunda instancia de fecha 8 de junio de 2006 (fojas 14 primer cuaderno) en el cual se “confirma la sentencia apelada y ordena que el demandado don Marco Oyanguren León acuda en forma mensual y adelantada con una pensión alimenticia que se fija en CINCUENTA POR CIENTO del total de los ingresos que percibe el demandado, incluidos bonificaciones especiales, horas extras, aumentos, vacaciones, gratificaciones, escolaridad y demás ingresos adicionales que percibe de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (…)”. De esta manera se advierte que, en coincidencia con lo alegado por la recurrente, se tiene un proceso judicial subyacente (proceso de alimentos) en el que recayó resolución firme que ordenó el pago de una pensión de alimentos.

3. En relación a la tutela jurisdiccional efectiva es pertinente recordar: a) que este derecho comprende, entre otras cosas, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, es decir que el fallo judicial se cumpla y que al justiciable vencedor en juicio justo y debido se le restituya su derecho y se lo compense, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido; y b) que el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales exige no sólo que quienes hayan resultado vencidos en juicio cumplan todos los términos señalados en la sentencia firme, sino también impone deberes al juez y, en particular, a aquellos que están llamados a ejecutar lo resuelto en la sentencia. En particular, la responsabilidad de ejecutarlas, para lo cual tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y oportunas destinadas a dar estricto cumplimiento a la sentencia, las que deberán tomarse sin alterar su contenido o su sentido (Cfr. STC N.º 01334-2002-AA/TC, fundamento 2).

4. En el caso de autos, pese a existir sentencia firme, los órganos judiciales demandados al desestimar el pedido de la recurrente, consagraron la exclusión de las utilidades como ingreso integrante del monto de la pensión de alimentos que debe ser otorgado por don Marco Oyanguren León, lo cual crea convicción en este Colegiado de que en efecto las resoluciones cuestionadas expedidas contravienen e infringen lo resuelto en la sentencia firme, vulnerando de este modo el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. Y es que la orden que establece el pago de la pensión de alimentos a favor de la recurrente señala expresa y claramente que se le “acuda en forma mensual y adelantada con una pensión alimenticia que se fija en CINCUENTA POR CIENTO del total de los ingresos que percibe el demandado, incluidos bonificaciones especiales, horas extras, aumentos, vacaciones, gratificaciones, escolaridad y demás ingresos adicionales (…)”. Por tanto debe interpretarse que dicho mandato incluye el ingreso por concepto de utilidades, pues suponer lo contrario implicaría aceptar que la sentencia expresamente la ha excluido, situación que no se ha dado así, por lo que constituye en todo caso una negligencia del propio demandado el no solicitar la correspondiente aclaración y/o corrección oportuna de la sentencia a efectos de excluir dicho concepto.

Se debe precisar además que la sentencia recaída en el proceso de alimentos alude textualmente a “ingresos”, mas no se refiere a “remuneraciones”, por lo que constituye un interés fraudulento calificar o encasillar a las utilidades bajo un rubro o criterio que no fue expresado en la aludida resolución, ello con el fin de no descontarse los ingresos por utilidades. Por estos motivos, en tanto no se alega la existencia de otras resoluciones judiciales que varíen o modifiquen lo ordenado en la sentencia materia de ejecución, la demanda de amparo debe ser estimada por haberse vulnerado el derecho de la recurrente a la efectividad de las resoluciones judiciales, deviniendo en nulas y por tanto ineficaces las resoluciones cuestionadas que desestimaron el pedido de omisión de descuento sobre las utilidades que percibe don Marco Oyanguren León.

5. No está demás recordar que la finalidad del otorgamiento de una pensión alimentaria se sustenta en el deber constitucional de asistencia familiar, debido a ello lo esencial para su otorgamiento no radica en la naturaleza de los ingresos de la persona obligada, sino en brindar adecuada alimentación (vestido, educación, salud, transporte, distracción, etc.) para quienes disfrutan de un derecho de alimentación por razones de vínculo familiar.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, NULAS la resolución de fecha 1 de abril de 2008 y la resolución de fecha 19 de setiembre de 2008.

2. ORDENAR al Juzgado de Paz Letrado de San Luis que los ingresos por utilidades que percibe don Marco Oyanguren León en la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. también debe ser objeto de descuento.

Publíquese y notifíquese.

SS.
MESÍA RAMÍREZ
ÁLVAREZ MIRANDA
VERGARA GOTELLI
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
URVIOLA HANI
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febrero 06, 2012

III PLENO CASATORIO EN MATERIA DE FAMILIA, SOBRE NATURALEZA JURIDICA DE LA INDEMNIZACION FAMILIAR

Categoría: DERECHO DE FAMILIA — gcornejo @ 09:53 — Visto: 2086 veces
III PLENO CASATORIO EN MATERIA DE FAMILIA, SOBRE NATURALEZA JURIDICA DE LA INDEMNIZACION FAMILIAR


Autor: Nelson Ramírez Jiménez
El pasado miércoles 15 de diciembre se celebró el tercer pleno casatorio que registra la historia judicial peruana. Fue, además, el primero que se llevó a cabo bajo la nueva regulación introducida por la Ley N° 29634, publicada el 28-05-2009, norma que estableció los siguientes cambios en el desarrollo del mismo: (i) Debe ser convocado por la Sala Suprema Civil; (ii) Sólo participan los jueces supremos civiles; y, (iii) Su objeto es constituir o variar un precedente judicial.

EL PLENO
Se llevó a cabo después de más de dos años de celebrado el anterior (setiembre de 2008), demora que debe ameritar una explicación institucional, pues, a ese ritmo, muchos temas seguirán siendo resueltos de manera discrepante por las dos salas civiles en actividad. Según la convocatoria publicada el 3 de diciembre en El Peruano, el objeto del mismo era superar las contradicciones existentes en la solución de los casos de divorcio por la causal de separación de hecho, específicamente, en lo referido “a la naturaleza jurídica del tema indemnizatorio” previsto en el artículo 345-A del Código Civil (CC) y, además, “determinar si procede fijar la indemnización de oficio o sólo a petición de parte.”
La audiencia se llevó a cabo en la Sala de Juramentos de la Corte Suprema. La causa que fue objeto de la vista fue la 4664-2010, proveniente de Puno, y el tema materia del recurso fue la indemnización fijada a favor del cónyuge perjudicado. Es importante subrayar que la audiencia se llevó a cabo con una nueva metodología
NUEVA METODOLOGÍA
1. Intervinieron los señores jueces supremos titulares Almenara Bryson, quien la presidió, Ticona Postigo y De Valdivia Cano; y, los señores jueces supremos provisionales Caroajulca Bustamante, León Ramírez, Vinatea Medina, Álvarez López, Palomino García, Miranda Molina y Aranda Rodríguez, quienes son magistrados civiles integrantes de Salas Supremas Civiles, tal como lo exige la modificación introducida en la ley antes reseñada. Valga la ocasión para llamar la atención sobre este aspecto de la organización judicial, pues, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al nombrar a los juec es supremos titulares, no precisa la especialidad que les corresponde, lo que nos parece una omisión incompatible con la garantía de juez natural que proclama la Constitución. Esta falta de reconocimiento causa, entre otras situaciones, que al inicio de cada año judicial los jueces supremos aparezcan integrando colegiados jurisdiccionales cuya competencia puede ser ajena a la especialidad que cultivan. Esto explicaría que reconocidos jueces especializados en Civil no hayan participado en este pleno, como es el caso de los señores Vásquez Cortez y Távara Córdova, quienes actualmente integran la Sala Constitucional Permanente. 2. Informó el abogado de la parte demandante, quien, lamentablemente, no aportó nada importante al debate. Esta experiencia comprueba que los abogados, a veces, no asumimos con profesionalismo los encargos. Una audiencia de esa magnitud debió ser preparada con ahínco por la defensa. Defender una causa justa supone entrega. Para colmo de males, el doctor Almenara, presidente del pleno, debió intervenir para solicitarle que adecuara su intervención oral a los fines de la Casación. 3. Al margen de ello, dos hechos han marcado esta audiencia de manera muy especial, al extremo que justifica calificarla han llevado a cabo hasta la fecha. El primero de ellos fue que el pleno convocó a dos “Amicus Curiae”, especialistas en la materia controvertida, para que expusieran sus tesis académicas y aportaran luces a la discusión. Excelente iniciativa que rindió extraordinarios frutos, pues, los doctores Alex Plácido y Leysser León sustentaron sus respectivos puntos de vista con brillo y enjundia académica, aportando elementos de juicio cuyo detalle más adelante puntualizo. Lo segundo es que el presidente invitó a los asistentes para que al final de la audiencia intervinieran aportando ideas, invitación que si bien no tuvo una respuesta amplia entre el público, dejó sentada una praxis que debiera ser conservada.
4. En este orden de ideas, Alex Plácido fue el primero en intervenir. Una ajustada síntesis de su tesis se basa en los siguientes aspectos:
(i) Que la discrepancia en la materia alcanzaba al propio Tribunal Constitucional (TC), pues habían dos posiciones contrarias. En los procesos de amparo Nº 4800-2009 y Nº 5342-2009, mientras una Sala había sostenido que otorgar una indemnización que no ha sido demandada viola la congruencia procesal, la otra Sala resolvió de manera distinta. Era necesario que la Corte Suprema defina esta discrepancia;
(ii) Que el Art. 4 de la Constitución y el Art. 345 del CC, regulaban la protección de la familia monoparental de origen matrimonial, pero que había que tener en cuenta que dicha protección debe ser extendida también a los hijos;
(iii) Que ese mandato constitucional se impone a todos los sujetos del proceso y en todas las etapas procesales, por lo que la indemnización debe ser necesariamente considerada como un punto controvertido; (iv) La aplicación del principio de protección de la familia determina la no
vulneración del principio de congruencia
procesal y la correcta aplicación de la función
tutelar por el órgano jurisdiccional ni apreciar si únicamente existe un expreso pedido de las partes.
(v) Que la indemnización dependía del sistema de divorcio regulado por las leyes de la materia. Si estamos en un sistema de “divorcio sanción” la indemnización debe basarse en la culpa del cónyuge causante;
si, por el contrario, el sistema es el de “divorcio remedio”, no se reconoce el pago de indemnización, pues, la culpa no es un elemento para sustentar la causal. Agregó que en el caso de los sistemas mixtos, cabe fijar indemnización si se funda en una causal subjetiva o, si basada en una causal objetiva (como la separación de hecho durante dos años), se aducen, además, consideraciones subjetivas;
(vi) Considera que el sistema peruano es mixto, pues basta apreciar los alcances de los Arts. 333 inc. 12 del CC, la tercera disposición complementaria y transitoria de la Ley N° 27495, más los Arts. 292 y 351
(vii) La indemnización responde a la naturaleza mixta del sistema legal de divorcio. Esta configuración legal determina que no se trate de un supuesto de responsabilidad civil, en la medida que no se determina por factores de atribución subjetivos (dolo o culpa) u objetivos (peligro o riesgo).
(viii) La indemnización es una consecuencia legal de la estimación de la demanda de divorcio por causal de separación de hecho, que responde a la caracterización impuesta por el Derecho de familia por la que se comprenden aspectos subjetivos y objetivos para su determinación.
(ix) Para fijar la indemnización debe identificarse al cónyuge más perjudicado, quien es el que no ha dado motivo para el divorcio y sufre el menoscabo, pero debe establecerse la relación de causalidad. El pero en uno u otro caso, debe ser cierto, producido con ocasión de la separación de hecho y subsistir al tiempo de la demanda. No debe comprender conductas relacionadas a la pérdida del vínculo afectivo.
(x) El daño puede ser patrimonial como personal. Este último está referido a las afectaciones causadas por los hechos que motivaron la separación conyugal y no por ella misma, pues ni ésta ni el divorcio en sí mismos pueden ser considerados como causantes de daños.
(xi) La configuración legal ha limitado el daño personal al daño moral. En la configuración legal no se identifica “daño personal” con “daño a la persona”.
(xii) La configuración legal determina que el daño al proyecto de vida matrimonial no tenga autonomía en sí mismo, por lo que no es compensable; en todo caso, se le debe considerar comprendido en la noción amplia de daño moral en la equidad, el principio de enriquecimiento indebido y la solidaridad conyugal. Para determinar su cuantía deberá valorarse la personalidad de la víctima y la intensidad de la afectación.
(xiv) Absolviendo las preguntas del juez supremo Ticona Postigo, agregó que el Art. 345-A hace referencia a una indemnización económica y el Art. 351 al daño moral, pero que no se debe hacer uso de la tesis de indemnización por la frustración del proyecto de vida como argumento para conceder una indemnización.

5. Por su parte, Leysser León presentó la siguiente tesis:
(i) Que el sistema peruano debiera iniciar una diferenciación clara y precisa entre “indemnización” y “resarcimiento”, pues son conceptos con diferentes alcances. En el primero no es necesario imputar responsabilidad civil ni hablar de culpable o de imputable, mientras que el segundo civil propiamente dicho, sea por un incumplimiento o por un ilícito aquiliano. Tiene por fuente exclusiva a la ley y se estima valorizando los daños ocasionados y/o fijando el valor con criterio de equidad. En sede nacional se pueden identificar los
siguientes casos de “indemnización” establecidos por ley: el valor justipreciado en las expropiaciones; la indemnización “tarifada” por despido en el campo laboral; indemnización a cargo del incapaz de discernimiento previsto en el Art. 1977 del CC.; ruptura de esponsales prevista en el Art. 240 del CC.; y, la del Art. 345-A a favor del cónyuge perjudicado en el caso de la separación de hecho.
(ii) Hecho el distingo, sostuvo que el Art. 345-A del CC no regula un supuesto de responsabilidad civil porque: (a) Separarse no es fuente de responsabilidad civil en el Perú;
(b) No existe un criterio de imputación señalado por la ley para este supuesto, un caso de responsabilidad civil objetiva;
(c) No existen referencias a los daños materiales que resulten de la separación; y,
(d) El juez tiene la alternativa de adjudicar un bien de la sociedad conyugal en lugar de la indemnización, lo cual no tiene sustento en materia de responsabilidad civil.
(iii) Que el estudio de la jurisprudencia nacional demuestra que en esta materia existen graves errores, a saber:
(a) Se sostiene que el Art. 345-A contempla un supuesto de responsabilidad civil;
(b) Que dicho artículo es aplicable todas las veces en que se aprecie una violación de los deberes conyugales;
(c) Que es un caso de responsabilidad objetiva y que por ello no se necesita comprobar la culpabilidad; y,
(d) Autoriza a conceder resarcimientos, entre ellos, el del “proyecto de vida matrimonial”.

(iv) Esos graves errores deben ser subsanados a partir de las siguientes comprobaciones:
(a) No hay responsabilidad civil en el Perú por separarse ni por divorciarse;
(b) La verdadera responsabilidad civil radica en la violación de derechos constitucionales al interior del matrimonio (daños endofamiliares);
(c) La antijuridicidad no es presupuesto ni elemento de la responsabilidad civil en el Perú, a diferencia de
Alemania e Italia, donde los códigos civiles la contemplan expresamente;
(d) La denominada responsabilidad objetiva está referida a los casos de riesgo o de exposición al peligro regulada en el Art. 1970 CC, que no guardan ninguna relación con la vida matrimonial; y,
(e) Los proyectos de vida existen, pero son irrelevantes jurídicamente. El proyecto de vida matrimonial no es
resarcible, pues, por ejemplo, no puede ser cuantificado para efectos de la suscripción de un contrato de seguro y, además, propicia interpretaciones discriminatorias en su cuantificación. En definitiva, el “daño al proyecto de vida” es sólo un argumento para inflar los resarcimientos.
(v) En su concepto, la indemnización prevista en la ley debe ser concedida bajo las siguientes bases:

(a) El fundamento de la indemnización al cónyuge perjudicado debe ser la solidaridad familiar, no un hecho de responsabilidad civil;
(b) El juez debe atender exclusivamente a un elemento objetivo, las diferencias patrimoniales entre los ex cónyuges como resultado de la separación y divorcio, lo que viene a constituir el perjuicio;
(c) Establecido el desbalance, se “indemniza” al menos favorecido, sobre la base de la equidad; y,
(d) El daño moral no necesita ser probado.

6. Con esta intervención se dio por cerrada la audiencia pública. Muy importante fue la coincidencia en descartar el argumento de la “frustración del proyecto de vida” como base de la indemnización. Quedó claro, además, que el tratamiento de la indemnización en la forma que venía siendo atendida por la jurisprudencia debía ser urgentemente revisada, pues, no se trata de un caso de responsabilidad civil. La Corte Suprema tiene la palabra final y no dudamos en sostener que su decisión será un punto de quiebre en la materia.

7. Por lo demás, quedó demostrada la importancia de cultivar la especialidad como base del sistema judicial, lo que explica que los plenos sean vistos ahora con intervención solo de los jueces supremos de la especialidad civil. Un pleno jurisdiccional con la metodología prevista en la ley derogada, con intervención de jueces supremos penales, por ejemplo, no habría permitido apreciar con amplitud el análisis hecho por los “Amicus curiae” intervinientes, ni mucho menos, impulsar la participación de los asistentes. Finalmente, debemos felicitar a los jueces supremos por el desarrollo de tan importante acto procesal. Es de desear que la causa sea votada con prontitud y, a continuación, se fije fecha para los casos pendientes. Quienes asistimos a esta audiencia pública la recordaremos como uno de los actos jurisdiccionales más apasionantes que nos tocó atestiguar, especialmente, por la presencia solemne y atenta de los jueces supremos. Bien decía Sócrates: “Cuatro condiciones le corresponden a un juez: escuchar cortésmente, contestar sabiamente, considerar todo sobriamente y decidir imparcialmente”.

Fuente: Suplemento Jurídica Diario El Peruano
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febrero 06, 2012

CORTE SUPREMA DICTA PRECEDENTE VINCULANTE SOBRE DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO

Categoría: JURISPRUDENCIA — gcornejo @ 09:51 — Visto: 702 veces
CORTE SUPREMA DICTA PRECEDENTE VINCULANTE SOBRE DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO


Tercer Pleno Casatorio de las Salas Civiles Permanente y Transitoria, establece reglas que deberán observar los jueces de todas las instancias para la resolución de casos similares.

Las Salas Civiles Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia dictaron el fallo del Tercer Pleno Casatorio, sobre divorcio por la causal de separación de hecho, y establecieron diversas reglas que deberán observar los Jueces de todas las instancias para la resolución de casos similares.

La sentencia declara infundado un recurso de casación interpuesto en el marco de un proceso seguido por el ciudadano René Huaquipaco Hanco contra Catalina Ortiz Velazco.

Entre las reglas establecidas en el fallo y que deben tener presente los magistrados al momento de resolver figuran: Ejercer las facultades tuitivas (de protección) que le asisten en materia de familia y, por tanto, flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones, en atención a la naturaleza de los conflictos que debe solucionar.

Asimismo, pronunciarse sobre la existencia de la condición de cónyuge más perjudicado de una de las partes siempre que se haya formulado –y probado– la pretensión o la alegación respectiva en las oportunidades específicamente establecidas.

Además, verificar y establecer las pruebas, presunciones e indicios que acrediten la condición de cónyuge más perjudicado a consecuencia de la separación de hecho o del divorcio en sí; integrar la resolución impugnada de primera instancia cuando se haya omitido pronunciamiento expreso sobre la existencia o inexistencia del cónyuge más perjudicado, siempre que la fundamentación respectiva aparezca de alguna forma en la parte considerativa de la sentencia apelada; entre otros.

Precedente vinculante

Este fallo constituye precedente vinculante y , por tanto, es de observancia obligatoria para los jueces en procesos pendientes de resolver y cuando resuelvan casos similares, y en procesos de naturaleza homóloga (proceso de divorcio por la causal de separación de hecho y proceso de separación de cuerpos por la causal de separación de hecho según lo dispuesto por los artículos 333 inciso 12, 345-A y 349 del Código Civil).

Respecto de este tema en particular, se ha advertido que de forma continua y reiterada los Juzgados y Salas Especializadas vienen resolviendo los procesos de divorcio por la causal de separación de hecho, específicamente el referido a la indemnización prevista en el artículo 345-A del Código Civil, con criterios distintos y hasta contradictorios.

El caso materia de este Pleno Casatorio trata de un proceso de divorcio por la causal de separación de hecho seguido por René Huaquipaco Anco contra Catalina Ortiz Velazco, en el que el tema materia de casación trata esencialmente sobre la indemnización fijada a favor del cónyuge perjudicado, calidad que las instancias judiciales respectivas han reconocido a la cónyuge demandada otorgándole una indemnización por la suma de S/.10,000.00.

Partiendo del análisis de este caso concreto, las Salas Civiles Permanente y Transitoria a través de este fallo, han dispuesto establecer pautas para una interpretación vinculante, además de un criterio uniformizador para las decisiones que en el futuro adopten los órganos jurisdiccionales sobre el mismo tema.

(Lea el texto íntegro de la sentencia en www.pj.gob.pe)

Lima, 13 de mayo de 2011
DIRECCIÓN DE IMAGEN Y PRENSA DEL PODER JUDICIAL
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febrero 03, 2012

Qué es el Plan Cóndor por el que han pedido captura de Morales Bermúdez

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 04:44 — Visto: 238 veces
Qué es el Plan Cóndor por el que han pedido captura de Morales Bermúdez


Ronald Gamarra sostuvo que existen pruebas que vinculan al gobierno de facto con esta política contra los opositores de las dictaduras en la región en los 70’ y 80’

Viernes 03 de febrero de 2012 - 03:52 pm
(Foto: Archivo El Comercio)

El pedido de captura internacional hecho por el juez argentino Norberto Oyarbide contra el ex presidente de facto peruano Francisco Morales Bermúdez ha traído de nuevo a los foros de opinión pública la Operación Cóndor. El magistrado señala que como parte de este plan, trece políticos peruanos de oposición fueron trasladados de manera clandestina a Jujuy en 1978, donde permanecieron detenidos hasta su expulsión.

Esta mañana Morales Bermúdez se ha defendido y ha dicho que nuestro país nunca se plegó al Plan Cóndor. Pero qué significa esta operación y cuáles son los vínculos que tiene con el régimen militar de finales de los 70’ (el general en retiro fue presidente del 75 al 80).

Esta política comenzó tras la caída de Salvador Allende en Chile. Una vez instalada la dictadura de Augusto Pinochet, altos mandos de la DINA (la policía secreta chilena) se reunieron en noviembre de 1975 con integrantes del servicio de inteligencia de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Aquí se acordó realizar acciones de ‘prevención’ contra elementos ‘subversivos’.

Según detalló el defensor de derechos humanos Ronald Gamarra, estos gobiernos, a los que después se sumó Brasil, crearon una red de información, seguimiento, detención y aniquilación de sus opositores políticos refugiados en estos países.

Bajo los acuerdos del Plan Cóndor, estos regímenes dejaron ingresar a su territorio a fuerzas extranjeras secretas que tenían como misión eliminar a los políticos exiliados o que habían conseguido asilo. Este fue el caso del general chileno Carlos Prats y su esposa que murieron en medio de la explosión de un coche bomba en Buenos Aires. La DINA es sindicada por este crimen.

Otros casos fueron el secuestro de una pareja de uruguayos en Porto Alegre, Brasil, y la revelación de los denominados ‘archivos del terror’ en Paraguay. Estos documentos develaron diversas operaciones clandestinas montadas por el gobierno del dictador guaraní Alfredo Stroessner.

LA VÍNCULACIÓN CON EL PERÚ
Sobre la vinculación de la Operación Cóndor con el régimen de Morales Bermúdez, Gamarra señaló que existe un informe de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés) que establece que el Perú y Ecuador se habrían sumado a esta política de terrorismo de Estado.

“Hay una serie de elementos que demuestran que existieron coordinaciones. Por ejemplo, hay un documento que dice que en 1977 un comando argentino ingresó a territorio peruano y detuvo a un político refugiado que previamente había sido identificado por el Servicio de Inteligencia peruano”, indicó el ex procurador anticorrupción en diálogo con elcomercio.pe.

Además, dijo que la CIA da cuenta de que en 1978 un funcionario de la embajada del Perú en Santiago “atendió un asunto” sobre el Plan Cóndor.

La DINA, agregó Gamarra, emitió en julio de ese mismo año un informe en el que dan cuenta que se realizó una reunión de los integrantes de este operación en Buenos Aires con participación de representantes del gobierno peruano.

LA DEPORTACIÓN DE 13 POLÍTICOS
Una de las pruebas más contundentes de que el Perú se sumó al Plan Cóndor, según la resolución del juez argentino Oyarbide contra Morales Bermúdez, es el traslado clandestino de 13 opositores al gobierno militar a Jujuy la madrugada del 25 de mayo de 1978.

“La investigación permite sostener que ciudadanos peruanos fueron víctimas, mediante privación ilegítima de su libertad del sistema de represión clandestina impartido en el gobierno peruano a cargo de Morales Bermúdez con aval y colaboración por parte del gobierno dictatorial argentino (…) ello en el marco del denominado Plan Cóndor”, indica el documento judicial.

Precisamente, esta mañana el legislador de Gana Perú Javier Diez Canseco, uno de los afectados, afirmó “que lo que hubo no fue una deportación, sino un secuestro y posterior entrega al ejército de Argentina”.

Esta opinión fue compartida por otro de los deportados, el ex diputado Ricardo Letts, quien sostuvo que el gobierno de Morales Bermúdez tuvo la intención de matarlos al enviarlos a Jujuy.

“En esta deportación el objetivo era aniquilarnos. De otro modo no nos sacan a las 2 de la mañana y nos meten a la fuerza en un avión Hércules, nos esposan las manos y los pies y nos entregan un destacamento militar argentino”, manifestó en “Buenos días Perú”.

Más tarde en ATV+, Letts dijo que existen momentos en los que piensa que Morales Bermúdez debería estar recluido en el penal de Yanamayo, en Puno. “Él debería ser sentenciado y sentir tres meses la cárcel en Lurigancho. El resto de su vida puede estar bajo arresto domiciliario”, expresó.

MORALES BERMÚDEZ PUEDE SER JUZGADO
Gamarra sostuvo que si el ex presidente de facto, que tiene 90 años, goza de buena salud, puede ser extraditado a Argentina para que sea juzgado por el secuestro y traslado ilegal de sus opositores.

“Todo depende de sus condiciones de salud. El transcurso del tiempo no impide que se castiguen los crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos. La edad no es un criterio para la impunidad”, acotó.

FUENTE: EL COMERCIO PERU
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febrero 02, 2012

Monti avisa a los jóvenes: «El puesto fijo de trabajo ya no existe»

Categoría: DERECHO LABORAL — gcornejo @ 10:47 — Visto: 152 veces
Monti avisa a los jóvenes: «El puesto fijo de trabajo ya no existe»
Es la primera vez, en sus casi tres meses al frente del Gobierno, que el profesor Monti desencadena con sus declaraciones una gran polémica



ÁNGEL GÓMEZ FUENTES / CORRESPONSAL EN ROMA
Día 03/02/2012

Mario Monti la lió con este mensaje dirigido a los italianos: «Basta con el puesto fijo de trabajo, ya no existe». Es la primera vez, en sus casi tres meses al frente del Gobierno, que el profesor Monti desencadena con sus declaraciones una gran polémica, acompañada de indignación en algunos sectores. Entrevistado en el programa «Matrix», en el Canale 5 de la televisión italiana, al ser preguntado sobre la reforma del mercado de trabajo, un tema clave de su plan de gobierno, explicó: «Los jóvenes se tienen que acostumbrar a la idea de no tener un puesto de trabajo fijo para toda la vida». Esta advertencia a los jóvenes fue acompañada de otra frase con tono irónico: «Además, qué monotonía. Es mucho más hermoso cambiar y aceptar nuevos desafíos».

El mayor sindicato italiano, la Cgil, estima que la tasa de desempleo llega ya al 11,4 %, y al 31 % entre los jóvenes menores de 24 años.Monti pretende que Italia cuente con un mercado de trabajo más flexible, donde sea más fácil contratar y despedir al trabajador, un mercado en el que se supere el «el terrible apartheid», según expresión del primer ministro, «entre un grupo de trabajadores que tienen muchos derechos y otros que no tienen ninguno o ni siquiera tienen acceso al mercado laboral».

La declaración de Monti, con su «basta al puesto fijo», ha suscitado un mar de críticas, sobre todo por parte de los sindicatos, pero también en la derecha y en la izquierda, y en las redes sociales. De «broma infeliz y desacertada», la tildó la secretaria del sindicato mayoritario, Cgil, Susanna Camusso. La ministra de Trabajo, Elsa Fornero, que ayer se reunió con sindicatos y empresarios para negociar la reforma laboral, dejó muy claro que el Gobierno proseguirá con su plan con o sin acuerdo con las partes sociales.

FUENTE: ABC ESPAÑA
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febrero 02, 2012

Facebook y Twitter crean mas adicción que cualquier otra droga

Categoría: DERECHO RELIGIOSO — gcornejo @ 07:42 — Visto: 193 veces
Facebook y Twitter crean mas adicción que cualquier otra droga

PUBLICADO 2 FEBRERO, 2012
Facebook y Twitter se han convertido en las redes sociales más populares del momento, al punto de que los smartphones y tablets permiten estar conectados a ellas las 24 horas al día.

Según un estudio realizado por la Booth School of Business de la Universidad de Chicago -y recogido por el diario británico The Telegraph-, tanto Facebook como Twitter causan más adicción en los usuarios que el alcohol o el tabaco.

Para este estudio se han realizado 250 encuestas sobre los deseos diarios de los usuarios.

Resistir la tentación de visitar la red social de Facebook y la red de microblog Twitter para ver las actualizaciones, es más difícil que rechazar una bebida o un cigarrillo.

La encuesta concluye que dormir y el sexo, son los dos deseos más anhelados durante el día, pero acceder a las redes sociales y el trabajo, son los deseos más difíciles de resistir y más fáciles de satisfacer.

En contraposición, el alcohol y el tabaco son deseos que se encuentran en niveles mucho más bajos a pesar de generar adicción.

Según revela el director del estudio, Wilhelm Hofmann, la forma de controlar esta adicción es resistir a la tentación, ya que de esta manera se fortalece la fuerza de voluntad y cada día se tienen menos ganas de “caer en la tentación”.

Dominan en cu campo de acción

Facebook y Twitter se han convertido en las redes sociales más populares del momento, al punto de que los smartphones y tablets permiten estar conectados a ellas las 24 horas al día.

FUENTE: MINUTO DIGITAL ESPAÑA


Facebook e Twitter viciam mais que cigarro e álcool


Pesquisa da Universidade de Chicago (EUA) concluiu que é mais difícil uma pessoa deixar de usar redes sociais, como o Facebook e o Twitter, do que largar cigarro ou álcool - tidos como altamente viciantes.

A instituição pesquisou hábitos de 250 pessoas, que manifestaram os seus principais desejos diários.

Mas há um dado positivo - ainda! De acordo com a pesquisa, sexo e sono são as coisas que indivíduos mais desejam.

FUENTE: OGLOBO BRASIL
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febrero 02, 2012

Corte francesa multa a Google por ofrecer su servicio Maps gratis

Categoría: DERECHO DE LA COMPETENCIA — gcornejo @ 07:38 — Visto: 211 veces
Corte francesa multa a Google por ofrecer su servicio Maps gratis


Una empresa francesa, que ofrece un servicio similar, aseguró que al no cobrar, Google estaba destruyendo el mercado.

Foto: Google Maps Google+ ya habría llegado a los 100 millones de usuarios Congresistas estadounidenses piden a Google explicar nuevas reglas de privacidad Google y Bing son acusados de fomentar la piratería con sus resultados de búsqueda Nueva versión de Google Earth suaviza el "efecto mosaico" de los lugares Ver másGoogle
PARÍS.- Este martes, los tribunales parisinos crearon un precedente al multar a Google por ofrecer su servicio Maps sin cobrarle a los usuarios y a algunas empresas.

La historia comenzó hace dos años, cuando la empresa local Bottin Cartographes (que ofrece un servicio de mapeo similar a Maps) presentó una queja ante la corte, asegurando que al no cobrarle a algunas empresas por el uso de su producto, Google estaba atacando al mercado.

Según afirmaron los representantes de Bottin, el objetivo de Google era frenar el avance de su competencia al pagar todos los costos de Maps hasta que lograran controlar el mercado.

Finalmente ayer la corte local entregó su veredicto, obligando a Google a pagar 500 mil euros a Bottin Cartographes y una multa de 15 mil euros al Estado francés.

Un portavoz de Google Francia afirmó a AFP que apelarán a la decisión: "Estamos convencidos que una herramienta gratuita de mapeo de alta calidad es beneficiosa para sitios de Internet y los usuarios".

FUENTE: EL MERCURIO CHILE
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febrero 02, 2012

CIDH demanda a Perú ante Corte Interamericana por caso de tortura

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 07:23 — Visto: 255 veces
CIDH demanda a Perú ante Corte Interamericana por caso de tortura


La Comisión Interamericana presentó hoy el caso de una presunta terrorista “que fue detenida de manera ilegal, torturada y violada por agentes estatales”

Jueves 02 de febrero de 2012 - 05:33 pm

La detenida, según indica el organismo internacional, fue privada de su libertad en condiciones inhumanas y sin control judicial durante 17 días. (Foto referencial/ Archivo El Comercio)
Washington (EFE). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó hoy al Estado peruano en el caso de una presunta terrorista que fue torturada y violada por agentes estatales durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Tras presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la CIDH sostuvo que la mujer, de la que tan sólo se reveló la inicial de su nombre, J., fue detenida ilegalmente en 1992 por agentes estatales, que la torturaron, degradaron y violaron sexualmente por supuesta vinculación terrorista.

La detenida, según indica el organismo internacional, fue privada de su libertad en condiciones inhumanas y sin control judicial durante 17 días y fue absuelta en junio de 1993 tras un proceso penal en la que se le acusaba de delitos de terrorismo.

La Corte Suprema de Justicia peruana declaró nula la absolución a finales de 1993, poco después de que la víctima, sobre la que pesa una orden de captura internacional, abandonara Perú.

La CIDH considera que el Estado peruano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, legalidad y no retroactividad y protección a la honra de la víctima, entre otros.

Para la Comisión, Perú ha faltado a las obligaciones establecidas en la Convención Interamericana contra la tortura y la violencia contra la mujer.

El asunto será tratado en Costa Rica por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

FUENTE: EL COMERCIO PERU
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febrero 02, 2012

Juez argentino pide detener a Francisco Morales Bermúdez por Plan Cóndor

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 07:15 — Visto: 246 veces
Juez argentino pide detener a Francisco Morales Bermúdez por Plan Cóndor


Jueves, 02 de Febrero 2012 | 9:55 am
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RPP Foto: RPP
El expresidente peruano Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) es acusado del secuestro de 13 opositores a su gobierno que fueron llevados a Argentina como parte del llamado ´Plan Cóndor´.
Un juez federal argentino pidió la captura internacional del expresidente Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), acusado del secuestro de 13 opositores a su gobierno que fueron llevados a Argentina como parte del llamado "Plan Cóndor", informaron hoy a Efe fuentes judiciales.

El magistrado Norberto Oyarbide envió el miércoles a la Cancillería argentina la solicitud de detención "provisoria y preventiva" con fines de extradición del exdictador, de 90 años, agregaron.

Oyarbide pidió además la colaboración de Interpol para la captura de Morales Bermúdez, acusado del secuestro y el traslado de 13 opositores políticos en 1978 desde Perú hacia Argentina al calor del "Plan Cóndor", como se denomina a las acciones represivas coordinadas llevadas a cabo por las dictaduras instaladas en el Cono Sur en los años 70 y 80.

La causa fue iniciada a raíz de una denuncia de Ricardo Napurí Schapiro, una de los 13 opositores capturados el 25 de mayo de 1978 por "actividades subversivas" en Perú y deportados posteriormente a Argentina, según la presentación.

Los opositores fueron alojados luego en diversos lugares de detención de Argentina.

La Justicia italiana también pidió en 2007 la detención y extradición de Morales Bermúdez por la desaparición de 25 italianos en los años 70 y 80, en el marco del Plan Cóndor.

En la causa que lleva adelante Oyarbide también están imputados el exdictador argentino Jorge Videla y Albano Harguindeguy, que fue su ministro del Interior, los cuales fueron citados a declarar para finales de febrero por ser considerados colaboradores en el operativo.

Videla, de 86 años, el primer gobernante de la dictadura argentina (1976-1983), recibió en diciembre de 2010 una condena a prisión perpetua por el fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976 y acumula ya varios procesamientos por violaciones de los derechos humanos.

Harguindeguy está procesado por varios delitos cometidos durante el régimen, entre ellos el caso del obispo Enrique Angelelli, muy crítico con la dictadura, que murió en 1976 en un aparente accidente de tráfico que hoy se cree que fue debido a un atentado.

FUENTE: RADIO PROGRAMAS PERU
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febrero 02, 2012

Perú debe repatriar unos US$ 900 millones por casos de corrupción

Categoría: CORRUPCION — gcornejo @ 06:59 — Visto: 277 veces
Perú debe repatriar unos US$ 900 millones por casos de corrupción


Así se refirió el presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Gonzalo García Núñez, sobre el dinero dinero proveniente de cuentas secretas en bancos extranjeros

Jueves 02 de febrero de 2012 - 05:49 pm

(Foto: Andina)
(elcomercio.pe / Andina). El país debe repatriar unos 900 millones de dólares que tienen su origen en la corrupción, proveniente de de cuentas secretas en bancos extranjeros, estimó el presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Gonzalo García Núñez.

Dijo que el Perú suscribió diversos acuerdos con la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), que dan acceso a redes de intercambio de información sumamente valiosa.

“Son casi 900 millones de dólares en materia de repatriaciones”, precisó.

Indicó que en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción participan los poderes públicos, el Poder Judicial, las organizaciones constitucionalmente autónomas como el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y otras instituciones de la Sociedad Civil.

En entrevista con Radio Programas, refirió que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción es una manera constitucionalmente original para hacer frente a este flagelo, porque es una estructura del Estado y no del Gobierno.

Asimismo, mencionó que de los 10 mil casos de corrupción e irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República, se ha escogido un número importante que ya está en un proceso de denuncia formal.

FUENTE: EL COMERCIO PERU
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febrero 01, 2012

JURISPRUDENCIA SOBRE INDEMNIZACION POR MALA PRAXIS MEDICA

Categoría: DERECHO CIVIL — gcornejo @ 01:32 — Visto: 2368 veces
JURISPRUDENCIA SOBRE INDEMNIZACION POR MALA PRAXIS MEDICA


Expediente 694-86
RESOLUCION
CUARTA SALA DE LA CORTESUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Lima, diecisiete de octubre de mil novecientos ochentiseis.-
VISTOS; Interviniendo como Vocal ponente el señor Ezquerra Cáceres; por sus fundamentos pertinentes; y, CONSIDERANDO además: que aparece de autos, una pericia en la aplicación de la anestesia raquídea que ocasionó parálisis en la persona del actor, perfectamente reconocido por el demandado doctor Guido Diaz Vargas en el documento de fojas doce; que pese a que el documento de fojas doce, obligó al referido anestesista a cubrir los gastos de rehabilitación, en autos no aparece prueba alguna que haya cubierto esos gastos y por el contrario, este demandado y su co-demandada la nueva Clínica Villarán Sociedad Anónima, se despreocuparon por la salud del paciente, con muestras objetivas de indiferencia e inhumanidad y constituir una violación de los deberes médicos configurados en el incumplimiento de los medios y diligencias adecuados en la asistencia del paciente que fue objeto de una defectuosa intervención, causante de daños culposamente ocasionados; que la responsabilidad de los demandados es de naturaleza contractual, en cuanto al alcance de la reparación pecuniaria por el daño moral y económico sufrido por el actor y especialmente por la invalidez provocada con imposibilidad para movilizar voluntariamente muslos y piernas (historia clínica de fojas cuarentiocho); que el médico anestesista debe responder por las consecuencias del acto profesional en el cual la impericia está por encima del "riesgo quirúrgico" que no ha sido demostrado y por el contrario aparece un insólito proceder que se trasluce en la culpa médica; que la clínica demandada, en su responsabilidad solidaria se extiende a los hechos realizados por sus colaboradores, sean médicos o personal auxiliar, por el principio de la responsabilidad indirecta aplicada en materia contractual, propia de clínicas, hospitales o centros asistenciales, como así alega en su escrito de fojas ciento diecisiete; que la prueba pericial ordenada a fojas catorce, no se ha actuado, empero, es suficiente apreciar la Historia Clínica del paciente, la testimonial de fojas diecinueve, para ver en conjunto los daños físicos y morales causados al demandante; que el monto de la reparación debe fijarse con equidad y justicia, sobre la base de los datos que aparecen de la Historia Clínica, la edad, trabajo, estado civil entre otros; que cuando la demanda expresa que el monto de la indemnización "es de menor de quince millones de soles (quince mil intis)", debe interpretarse que está demandando por una suma no menor de la mencionada cantidad: CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas ciento veintiocho, su fecha veinticuatro de marzo del año en curso, en la parte que declara fundada la demanda interpuesta a fojas dos-cinco, por don Eduardo Oswaldo Heredia Bonilla en sus extremos a), b) y c) y ordena que los demandados deben abonar solidariamente al demandante la suma de NOVECIENTOS NOVENTIOCHO INTIS, valor de la silla de ruedas y además deben pagar también, por concepto de daños y perjuicios materia de los puntos a) y c) en forma solidaria, una suma de dinero; la REVOCARON en cuanto al monto señalado, el que FIJARON en VEINTE MIL INTIS, por concepto de daños y perjuicios; con costas; y los devolvieron.-

Señores:
SILVA VALLEJO; ESQUERRA CACERES; VASQUEZ CORTEZ
Se publicó conforme a ley
LILIANA HAYAKAWA RIOJAS, Secretaria
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febrero 01, 2012

MODIFICAN TASAS DEL PODER JUDICIAL PARA EL PERIODO 2012

Categoría: DERECHO JUDICIAL — gcornejo @ 12:36 — Visto: 7168 veces
FUENTE<:

http://www.bn.com.pe/tramites/poder-judicial.html


TASAS TUPA PODER JUDICIAL
URP 2012 = S/. 365
TUPA PODER JUDICIAL
Concepto URP % IMPORTE S/.
Certificado de Antecedentes Penales 14.59 52.50
Certificado de Deudor Alimentario Moroso 2 7.20
P.J. Expedición Certificado de Homonímia 2 7.20
Copias Certificadas de Documentos Administrativos
Corte Suprema (Por cada folio) 2.5 9.00
Consejo Ejecutivo,Corte Superior, OCMA, ODICMA, Gerencia General (Por cada folio) 2 7.20
Copias Simples (Consejo Ejecutivo)
Documentos Administrativos (Por cada folio) 1 3.60
Certificación de Firmas (Vocales Supremos, Vocales Superiores y Jueces, para Uso Nacional o en el extranjero (Por Firma) 50 180.00
Registro de Título de Abogado 10 36.00
Registro de Título de Estudios Colectivos e Inscripción de nuevos Integrantes
Inscripción de nuevos integrantes (por integrante). 50 180.00
Registro de Estudios 100 360.00
Inscripción / Reinscripción de Martillero Público 25 90.00
Certificación de Libros de los Martilleros Públicos 30 108.00
TUPA -Expedientes con Mandato Judicial de Archivo :
Búsqueda y Lectura (por expediente) 5 18.00
Expedición de Copias Simples (por cada folio) 0.5 1.80
Expedición de Copias Certificadas (por cada folio). 2 7.20
Copias Certificadas para Estudiantes de Derecho expeditos para el ttulo (por expediente) 35 126.00
Desarchivamiento (por expediente) 10 36.00
Devolución de Anexos de expedientes (por expediente) 10 36.00
Trámites donde no hay Notario :
Legalización de Firmas por Juez de Paz Letrado (por firma) 1.25 4.50
Legalización de Documentos por Juez Paz Letrado (por folio) 1.25 4.50
Otorgamiento de Carta Poder con Firmas legalizadas 2 7.20
Legalización de Libros de Sociedades, Actas, Registros y Otros. Por c / 100 folios (Por libros u hojas sueltas) 5 18.00
Protesto de Títulos Valores 6 21.60
Inscripción de Escrituras Imperfectas 6.5 23.40
Certificado de Constatación de Supervivencia 4 14.40
PERITOS JUDICIALES
Abono del valor neto de la Pericia (8 % Peritaje REPEJ). Retención automática del 8 %, de acuerdo al valor neto de la pericia (*)
Examen de Selección para Perito Judicial 50 180.00
Gastos Administrativos y Operativos de Peritaje :
Constancia de Inscripción del Perito Judicial. 5 18.0
Expedición de Listados de Peritos Judiciales. 5 18.0
Antecedentes del Perito Judicial (por folio). 2.5 9.00
Expedición de Carné de Perito Judicial. 10 36.00
Inscripción de Peritos Judiciales (Tiene validez por 1 año) 100 360.00
Revalidar Inscripción del Perito Judicial 50 180.00
Solicitud de Acceso a la Información
En Copia Simple : De 1 a 5 copias 0.50 (S/. 0.10 por copia adicional) (*)
En Copia Certificada : De 1 a 5 copias 2.50 (S/. 0.50 por copia adicional)
En Diskette: S/. 3.00
Otros pagos:
Purga de Rebeldía 200 730.00
Derecho de Notificación Judicial 1.04 3.80
Poder Judicial – Multas (*)
(*) Importe que indique el usuario
VALORES DE ARANCELES JUDICIALES-2011
URP 2010 = S/. 360
CONCEPTOS (ACTOS PROCESALES) Hasta 250 URP o Cuantía Indet S/. 90,000 Mas de 250 hasta 500 URP S/. 180,000 Mas de 500 hasta 1000 URP S/. 360,000 Mas de 1000 hasta 2000 URP S/. 720,000 Mas de 2000 hasta 3000 URP S/.1'080,000 Mas de 3000 URP
Otorgamiento de Poder por Acta 36.00 36.00 36.00 72.00 79.20 79.20
Solicitud de Nulidad de Actos Procesales 36.00 43.20 50.40 57.60 72.00 79.20
POR OFRECIMIENTO DE PRUEBAS ó por Calificación de Título ejecutivo o de ejecución 36.00 72.00 108.00 162.00 324.00 486.00
Por Excepciones y Defensas Previas 36.00 72.00 108.00 162.00 324.00 486.00
Por recurso de Apelación de Autos 36.00 72.00 108.00 162.00 324.00 486.00
Por recurso de Apelación de Sentencia 144.00 288.00 432.00 648.00 1,368.00 1,674.00
Por recurso de Queja. 90.00 180.00 270.00 406.80 828.00 1,188.00
Por recurso de Nulidad y Casación 576.00 720.00 1,080.00 1,620.00 3,240.00 4,680.00
Por actuaciones a realizarse fuera del Local Judicial 180.00 360.00 540.00 810.00 1,620.00 1,800.00
Por Formas Especiales de Conclusión del Proceso :
Suspensión Convencional Proceso, (excepto Conciliación y Abandono) 100.8 180.00 324.00 486.00 972.00 1,476.00
POR EXHORTO :
- Dentro del Distrito Judicial 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
- Otro Distrito Judicial. 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00
- Al Extranjero. 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
Aranceles Copia Certif. (por folio) 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
PROCESOS NO CONTENCIOSOS : En los siguientes actos de procediemientos :
CONCEPTOS Actos de Procedimientos Reconoc. Sentencia o Laudo Extranjero
Por otorgamiento de Poder por Acta 36.00 36.00
Por Ofrecimiento de Pruebas 72.00 144.00
Por recurso de Apelación de Autos 144.00 288.00
Por Recurso de Queja 180.00 180.00
Por Actuaciones a realizarse fuera del local judicial 360.00 360.00
Por Formas Especiales de Conclusión del Procesos o por Suspensión Convencional del Proceso (excepto Conciliación y Abandono) 180.00 360.00
Por Exhorto
Dentro del Distrito Judicial 36.00 36.00
Otro Distrito judicial 72.00 72.00
Al Extranjero 180.00 180.00
Aranceles Copia Certificada (por cada folio) 3.60 3.60
PROCESO NO CONTENCIOSOS : El artículo 749 del código Procesal Civil señala :
Inventario,administración judicial de bienes,adopicón,autorización para disponer Derechos de Incapaces, Declaración de desaparición, Ausencia o muerte presunta, patrimonio familiar , ofrecimiento de pago y consignación, comprobación de testamento, Inscripción y Rectificación de partida , Sucesión Intestada , Reconocimiento de resoluciones judiciales o laudo extranjero y las solicitudes que carezcan de contención u otros que la ley señale.
POR SOLICITUD DE : Hasta 100 URP o de Cuantía Indeterminable Mas 100 URP hasta 300 URP Mas 300 URP hasta 3000 URP Mas 3000 URP hasta 3500 URP Más 3500 URP
MEDIDAS CAUTELARES y anotaciones de demandas y de embargos en ejecución forzada 360.00 720.00 1,440.00 4,500.00 5,940.00
Solicitud de REMATE JUDICIAL 360.00 720.00 1,440.00 4,500.00 5,940.00


SOLICITUD DE ACTOS JUDICILAES % de URP IMPORTE S/.
Reintegro (*)
Expedición de partes Judiciales para el Registro Personal 10% 36.00
Expedición de copias simples en los procesos de violencia familiar 0.10% 0.36
POR DERECHO A PARTICIPAR EN REMATE JUDICIAL
VALOR DEL BIEN MUEBLE POR REMATAR
Hasta 10 URP 15% 54.00
Más de 10 URP hasta 30 URP 30% 108.00
Más de 30 URP 50% 180.00
VALOR DEL BIEN INMUEBLE POR REMATAR
Hasta 100 URP 50% 180.00
Más de 100 URP hasta 1000 URP 100% 360.00
Más de 1000 URP 200% 720.00
PROCESOS LABORALES (1) *
PROCESOS ALIMENTOS (1) *
QUERELLA
(Procesos penales por querella) *
Saneamiento y Expedición de partes judiciales 1%del valor de adjudicación del inmueble
Para Inscripición en registro de propiedad Inmueble del bien rematado (3) 1% del valor de adjudicación del inmueble
Por Prueba Anticipada
Por actuación de prueba anticipada de cuantía indeterminable y determinable se sujetarán a los valores consignados en los procesos contenciosos *
Aranceles Copia Certificada (por cada folio)
Al momento de retiro del expediente 1% 3.60
(*) Importe que indique el usuario
(1) REDUCCION DEL 50% : En los PROCESOS SUMARÍSIMOS POR ALIMENTOS, cuando la pretensión del demandante exceda las 20 URP (S/. 7,100) se abonará el 50 % del Arancel correspondiente. En los PROCESOS LABORALES y PREVISIONALES, los trabajadores, ex trabajadores y sus herederos, cuyo petitorio exceda del mínimo señalado por Ley vigente como exonerados 70 URP (S/. 24,850), abonarán el 50 % del Arancel correspondiente.

(2) Los Actos Procesales por QUERELLAS se sujetarán al pago de Aranceles de los Procesos Contenciosos en lo que sea aplicable.

(3) Se encuentran obligados al pago de este Arancel las partes o terceros que se adjudiquen un bien inmueble
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febrero 01, 2012

HABILITACION DE ABOGADOS SERA VERIFICADA POR JUECES VIA INTERNET

Categoría: DERECHO JUDICIAL — gcornejo @ 12:25 — Visto: 629 veces
EN PATROCINIO
Flexibilizan habilitación de abogados

Para mantener la plena vigencia de los derechos a la tutela procesal efectiva y el acceso a la justicia, el Poder Judicial dispuso a los juzgados y tribunales de todo el país verificar la habilitación de los abogados patrocinantes a través de las páginas web de sus gremios profesionales y, de ser necesario, cursar oficio con similares propósitos.

Así lo precisa la RA Nº 256-2011-CEPJ, la cual refiere que ya no será necesario exigir la presentación de las constancias o papeletas de habilitación profesional a los abogados y abogadas que intervengan en cada proceso, tal como se venía realizando desde 2009 para evitar el ejercicio de la defensa sin estar habilitados.
El objeto de la medida es evitar los sobrecostos a los justiciables, así como garantizar que la defensa sea ejercida en las condiciones que la ley establece, sin restricción alguna en el ejercicio de la profesión legal.
Justifica, asimismo, dicha decisión, pues ni el TUO del Poder Judicial ni los códigos procesales establecen como requisito para la admisibilidad de las demandas la presentación de la constancia de habilitación profesional.

EL PERUANO
Fecha:31/01/2012
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febrero 01, 2012

Una mujer deberá pagar 20.000 euros a su exmarido por esconderle que no era el padre de su hijo durante 15 años

Categoría: DERECHO DE FAMILIA — gcornejo @ 10:50 — Visto: 144 veces
Una mujer deberá pagar 20.000 euros a su exmarido por esconderle que no era el padre de su hijo durante 15 años


Fecha: 01/02/2012 (EUROPA PRESS) - La Audiencia de Barcelona ha condenado a una mujer a pagar 20.000 euros a su exmarido por el "daño moral y físico" que le originó el hecho de descubrir que uno de sus cuatro hijos no era suyo, ya que, según él, le provocó un infarto.

El hombre denunció en junio de 2005 a la que fue su esposa "por el daño moral producido por la pérdida de un hijo, la infidelidad padecida y el ocultamiento del mismo durante 15 años", según recoge la sentencia.

Además de pedir 200.000 euros por estos daños, en la demanda Juan Antonio F. añadía que el hecho de conocer en 2003 que Antonio no era hijo suyo le provocó un infarto ese mismo día, por el que también ha reclamado, lo que el juez desestima por considerar que no se puede demostrar tal vinculación.

También alegaba "daño moral producido por una esterilización irreversible", puesto que, según él, dos meses después del nacimiento de este niño, fue esterilizado quirúrgicamente con el consentimiento de su esposa, lo que la mujer negó ante el Tribunal que también lo rechaza.

El recurso da la razón parcialmente a la demandada, María del Carmen N., y rebaja a la mitad la cantidad a pagar, de 46.200 euros que fijó la sentencia en 2009, a 20.000.


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febrero 01, 2012

NEGATIVA A TENER RELACIONES SEXUALES ES CAUSAL DE DIVORCIO

Categoría: DERECHO DE FAMILIA — gcornejo @ 10:38 — Visto: 717 veces
NEGATIVA A TENER RELACIONES SEXUALES ES CAUSAL DE DIVORCIO


El Tribunal de Casación en su fallo N º, 6276/2005, ha determinado que la persistente negativa a tener relaciones sexuales con su cónyuge constituye una violación de la obligación moral de la atención consagrada en el artículo. 143 cc, que incluye todos los aspectos de apoyo, en el cual, estriseca el principio de la comunión conyugal y, en este caso, los jueces han dictaminado que tal conducta voluntaria Palazzaccio legítimo de la separación de la carga como "hace que sea imposible cónyuge a la satisfacción de sus necesidades emocionales y sexuales y evita la explícita comunión de vida en su significado más profundo "

TRADUCCION DE TODO DERECHO ITALIA
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