Blog de GROVER CORNEJO YANCCE

A. M. Palma de Mallorca 14 JUN 2011 - 15:34 CET2
Archivado en: Política España Baleares Corrupción Autoridades portuarias Palma de Mallorca Gerardo Díaz Ferrán Puertos

El funcionario director de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y director del puerto de Palma, Ángel Matías, fue detenido por orden judicial este martes en Palma, en una segunda fase de la investigación del caso Mar Blau, que alude a supuestas actuaciones delictivas en las adjudicaciones de la explotaciones de amarres y marinas en los puertos de interés general de Palma, Mahón e Ibiza. Este caso estalló en diciembre pasado tras dos años de indagaciones previas. En la causa está imputado el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

El grupo de delincuencia económica de la Policia Judicial actúa en este asunto bajo el impulso de la Fiscalía Anticorrupción y la tutela del juez de instrucción Antoni Rotger. Se indagan las posibles delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública y estafa. Están inculpados desde hace seis meses otros funcionarios y empresarios, entre ellos el expresidente de la Autoridad Portuaria, el expolítico y empresario Juan Verger, del PP, y el actual responsable de la Autoridad Portuaria, Francesc Triay, ingeniero y expolítico del PSOE.

En la causa está imputado el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán
La explotación de los amarres en Mahón fue objeto de negociaciones entre Juan Verger con el responsable del club marítimo de Mahón, Luis Barca, que perdió la adjudicación, grabó el diálogo con Verger y lo entregó al juez. Las oficinas de la empresa Trapsa, adjudicataria de los concursos en Menorca y Palma, y que fue propiedad de los empresarios turísticos Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, fueron registradas, así como las de la Autoridad Portuaria.

fuente: EL PAIS ESPAÑA

AGENCIAS | Madrid 14/06/2011
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La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha multado a Vodafone por haber incumplido "gravemente" la normativa de conservación y migración numérica durante el plazo comprendido entre el 15 de marzo y el 11 de mayo de 2010, al rechazar un número muy elevado de solicitudes de portabilidad numérica, según ha informado en un comunicado el regulador.

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En concreto, el órgano regulador considera que el operador ha cometido una infracción "muy grave" del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios y le impone una multa de 250.000 euros.

El organismo presidido por Bernardo Lorenzo considera que Vodafone retrasó en dos ocasiones la fecha de puesta en funcionamiento del Nodo Central -entidad de referencia para posibilitar a los operadores el acceso transparente y en igualdad de condiciones a la numeración móvil y a los procedimientos de portabilidad.

La migración del sistema distribuido de la portabilidad móvil hacia una solución centralizada (Nodo Central) suponía que los operadores móviles, además de continuar manteniendo en funcionamiento sus sistemas internos de tramitación de las portabilidades vigentes, debían de acometer las adaptaciones que fueran necesarias para posibilitar su interacción con el Nodo Central, explica la CMT.

El motivo principal que provocaba estos retrasos se debía a que la arquitectura de Vodafone no era capaz de tramitar de forma correcta las exportaciones de numeración. Por esta razón, el operador solicitó, el 19 de febrero de 2010, el retraso en la puesta en funcionamiento del Nodo Central. La Asociación de Operadores para la Portabilidad Móvil (AOPM) acordó retrasar la puesta en funcionamiento del Nodo Central para las fechas 6 y 7 de marzo de 2010.

No obstante, desde el 15 de marzo hasta el 11 de mayo de 2010 Vodafone continuó sufriendo incidencias en sus sistemas internos, lo que afectó a un número muy elevado de solicitudes de cambio de operador con conservación de la numeración.

Así según los datos que maneja la CMT, Vodafone acumuló, durante los quince primeros días de marzo, una tasa de rechazos en relación con las solicitudes de portabilidad muy superior a la tasa generada por los otros dos operadores en conjunto. Así, mientras que la tasa de Vodafone alcanzó la cifra del 21%, la tasa media de los otros dos operadores (Movistar y Orange) ascendió al 9%.

Asimismo, si se analizan las causas que Vodafone utilizó para justificar los rechazos, se comprueba que esta operadora presentó un volumen de rechazos por no respuesta anormalmente muy alto durante los primeros meses de funcionamiento del Nodo Central, en particular, en los meses de marzo, abril y mayo de 2010.

Por todo esto, la CMT considera que a 15 de marzo de 2010 Vodafone no se encontraba preparado para funcionar correctamente a través del sistema de portabilidad centralizado, lo que provocó una elevada tasa de rechazos de portabilidad.

FUENTE: EL PAIS ESPAÑA

Pero ministro del Ambiente anunció que se aplicarían multas millonarias. Compañías suelen ser advertidas de las visitas de los fiscalizadores

Martes 14 de junio de 2011 - 07:57 am

(Foto: Archivo El Comercio)
ROXABEL RAMÓN

A menos de un km de su naciente, en las punas del distrito de Chicla, el río Rímac –aún en formación– ya discurre envenenado con altas concentraciones de plomo, aluminio, arsénico, cadmio y zinc. Y envenenado continúa a lo largo de toda la cuenca alta. Así lo reveló ayer este Diario, tras haber analizado muestras de agua del Río Hablador.

Pero esos resultados, validados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Agricultura (Minag), no son suficientes para culpar a las empresas mineras que operan en la zona, como Volcan, Casapalca, Los Quenuales o San Juan.

Para saber si son estas compañías formales las responsables del envenenamiento de nuestro principal río limeño, era necesario contar con los informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam). Anteayer publicamos las disculpas de funcionarios del OEFA por no poder remitirnos tal información, y la promesa de que la entregarían ayer lunes. Pero tampoco sucedió.

“Lamentablemente no hemos podido reunir los datos a tiempo”, se volvió a disculpar el secretario general de esta entidad, Ruperto Taboada. Sin embargo, contó que la última supervisión de los vertimientos mineros en la cuenca alta del Rímac se hizo en enero de este año. Según dijo, no hubo sanciones porque no hallaron irregularidades.

EVALUACIÓN ES INADECUADA
Será muy difícil que el OEFA halle irregularidades, pues la mayoría de las veces las mineras están advertidas de la visita de los fiscalizadores. “Normalmente, nosotros avisamos a las mineras que iremos a fiscalizarlas con una semana de anticipación. Lo hacemos porque es esa misma empresa la que debe financiarnos la visita [arancel de fiscalización]”, admite el funcionario. Agrega que los costos de las visitas fluctúan entre S/.15 mil y S/.30 mil.

Para especialistas de la ANA, el que la empresa esté advertida descalifica la fiscalización, pues la compañía puede controlar su vertimiento en las fechas programadas.

“Bueno, algunas quizá lo realicen, pero eso no es algo tan fácil de hacer”, alega Taboada.

CONTAMINAN CON IMPUNIDAD
Y aun cuando el OEFA hallara que los vertimientos mineros superan los límites máximos permisibles para el agua (LMP- agua) fijados por ley, esto no implica que la empresa contaminadora vaya a ser sancionada. Esto debido al permisivo Decreto Supremo 010-2010, emitido por el propio Ministerio del Ambiente en agosto del año pasado.

Esta disposición fija los nuevos LMP-agua y otorga a las mineras que ya vienen operando un plazo de adecuación de entre dos y tres años. Para acceder al plazo máximo, debieron presentar hasta febrero un plan de implementación al Ministerio de Energía y Minas. Pero este último no ha remitido ningún documento al OEFA.

“Sí, la verdad es que ese decreto es demasiado favorable para las mineras que contaminan y nos pone un freno en nuestra facultad sancionadora”, admite Taboada.

No obstante, ayer el ministro del Ambiente, Antonio Brack, dijo que cerraría y multaría de inmediato hasta con S/.30 millones a mineras que contaminen ríos. ¿Entonces no podrá hacerlo?, le preguntamos a Taboada. “Puede hacerlo en base a los informes que presente la ANA sobre contaminación”, respondió.

Lo que no sabía era que la ANA, el otro ente con capacidad de sancionar, también está atada de manos frente a las mineras. Esto por culpa de otro decreto supremo del Minam, el 023 del 2009, el cual permite a las mineras adecuarse a los estándares de calidad ambiental para el agua en un plazo de cinco años.

EN PUNTOS
Ruperto Taboda, de la OEFA, señaló que en esta semana se reanudarán las fiscalizaciones a los vertimientos mineros de la cuenca alta del río Rímac.

Aseguró que la ley no le exige una frecuencia determinada para hacer este control.

LAS CIFRAS
12,22
Veces más plomo de lo permitido presenta el río Rímac, a menos de 1 km de su naciente.

11
Empresas contaminadoras identificó la ANA en la cuenca alta del Rímac, en Huarochirí.

2
Meses estuvo paralizado por falta de recursos el equipo de la ANA que debía medir el nivel de contaminación.

US$11 mil
Diarios invierte Sedapal en potabilizar el agua del Rímac.

FUENTE: EL COMERCIO PERU

El legislador fujimorista consideró “que sería lamentable que se derogue” la Ley N° 29703, que presuntamente beneficia a los funcionarios corruptos

Lunes 13 de junio de 2011 - 11:46 pm

El congresista fujimorista Rolando Sousa defendió las modificaciones que se realizaron al Código Penal, que, según especialistas, ponen trabas y obstáculos para la lucha contra los delitos de esta clase.

En diálogo con Canal N, indicó que antes de promulgación de la norma, la Corte Suprema interpretaba de dos formas el delito de colusión. “Algunos consideraban que no bastaba que haya el perjuicio sino el acuerdo entre las personas para defraudar y otros que si debía haber perjuicio (...) En el sentido de lo que hemos aclarado, es que debe existir para que haya colusión una defraudación real, un perjuicio para el Estado”.

No obstante, negó que esto beneficie a algún funcionario que haya cometido un acto de corrupción, porque hay otras figuras penales para estos actos como “el delito de negociación incompatible con el cargo, el delito de cohecho, que son las que tipifican ese acuerdo previo entre personas”.

“En el caso de la colusión tiene una pena altísima que nosotros la hemos incrementado, tiene hoy no menor de 6 años y mayor de 15. Ante tenía una pena no menor de 3 años, con lo cual no había pena efectiva”, agregó el también presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, quien consideró “que sería lamentable” que se derogue la Ley N° 29703.

FUENTE: EL COMERCIO PERU

Fuad Khoury argumentó que no es necesario acreditar el perjuicio económico al Estado para investigar, perseguir y sancionar los delitos de corrupción

Lunes 13 de junio de 2011 - 08:50 pm

(Foto: Archivo El Comercio)
El contralor general de la República, Fuad Khoury, expresó su preocupación por la Ley N° 29703 que modifica el Código Penal respecto a los delitos contra la administración pública y que, según especialistas, pone trabas y obstáculos para la lucha contra la corrupción.

Según el Contralor, dicha modificación “no recoge las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, así como de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA.

Citado por la agencia Andina, Khoury argumentó que en ambos instrumentos internacionales ratificados por el Estado Peruano, no es necesario acreditar el perjuicio económico al Estado para investigar, perseguir y sancionar los delitos de corrupción.

En ese sentido, agrega que al incluir que la defraudación debe tener efecto patrimonial, se crea una barrera para la Contraloría para la identificación de los presuntos responsables.

fuente: EL COMERCIO PERU