Blog de GROVER CORNEJO YANCCE

LA FISCALÍA DE MURCIA SE QUERELLA CONTRA LA IGLESIA EVANGÉLICA POR EXCESO DE RUIDO

Fecha: 10/11/2011
(EFE).- La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que dirige José Luis Díaz Manzanera, ha presentado una querella contra la Iglesia Evangélica de Luz de Dios Misión por el exceso de ruido que producen sus altavoces y los cánticos de sus seguidores, que han afectado a la salud de algunos vecinos.

La querella, a la que ha tenido acceso Efe, solicita como medidas cautelares que el juez ordene "la paralización y cese inmediato de toda actividad sonora que genere ruido o contaminación acústica, ya sea procedente de altavoces o instrumentos musicales como de voces que puedan superar los niveles permitidos".

El fiscal asegura en su querella, que está pendiente de su admisión a trámite por el juzgado de Instrucción al que ha correspondido por reparto, que la emisión de estos ruidos se produce en la nave que la citada Iglesia Evangélica utiliza y que está ubicada en el Camino de la Fuensanta de Murcia.

Añade que los vecinos de la zona "han formulado múltiples denuncias dirigidas tanto al Ayuntamiento como a la Policía Local, que ha realizado innumerables visitas de inspección en las que en la mayoría de los casos ha comprobado el elevado nivel de ruidos procedentes de la citada nave".

En concreto, cita de forma detallada un total de 14 visitas de los agentes, efectuadas entre el 24 de febrero de 2008 y el 6 de noviembre de 2011.

Indica asimismo que "se han producido problemas de salud en varios vecinos que han precisado de tratamiento médico y dos de ellos han tenido que acudir en numerosas ocasiones al médico de urgencia debido a los problemas de crisis de ansiedad y por insomnio, teniendo que tomar medicación".

La Fiscalía pide al juez que incoe diligencias previas para averiguar los hechos y los presuntos responsables de los mismos.

Como medidas cautelares, y para evitar daños irreversibles, solicita que el juzgado ordene "el cese inmediato" de estas actividades contaminantes, así como que se exija al responsable de la Iglesia la entrega de una fianza de 12.000 euros. EFE

EL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA EL DERECHO DE UNA ABUELA A RELACIONARSE CON SU NIETO PESE A LA OPOSICIÓN DE LOS PADRES

La abuela y el padre no se hablan desde hace años, pero el Supremo establece visitas de dos horas un sábado de cada mes

Fecha: 10/11/2011
El Tribunal Supremo ha declarado en una reciente sentencia el derecho de una abuela a ver a su nieto dos horas al mes pese a la oposición de los padres a dicho encuentro debido a que el padre del menor y su progenitora no se hablan desde hace años.

La resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Encarnación Roca, resuelve este litigio de forma contraria a lo que habían decretado anteriormente tanto el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Liria como la Audiencia Provincial de Valencia, que desestimaron la pretensión de la mujer por considerar que perjudicaba al menor.

Concretamente, el Juzgado de Liria señaló que dado el conflicto familiar existente, constatado en diversos informes periciales, el menor podría verse envuelto en un clima que afectaría de modo negativo a su equilibrio emocional. Esta valoración, ratificada por la Audiencia de Valencia, dio al traste con las pretensiones de la abuela.

El Supremo, en consonancia con el criterio de la Fiscalía, establece no obstante que los abuelos y los nietos deben relacionarse porque es beneficioso para ambos y porque además así se señala en el propio Código Civil, donde se indica que únicamente puede suspenderse este derecho "cuando exista causa".

Según los magistrados del alto tribunal "la causa no puede centrarse en el hecho de que las relaciones de los abuelos con los menores sean mejores o peores para la salud de sus padres" como consecuencia de la falta de entendimiento entre los adultos.

Por ello, reconoce el derecho de la abuela de visitar a su nieto durante dos horas un sábado cada mes, si bien este encuentro podría ampliarse "según vayan desarrollándose las relaciones" entre ambos. Eso sí, advierte que las visitas podrán suspenderse o limitarse en caso de observarse, a juicio del juez, un perjuicio para el menor.

En el XI Congreso Notarial Español que se celebra en Benidorm

Fecha: 15/11/2011
(EP)-. El notario de Valencia Fernando Olaizola, moderador de la primera mesa de debate de la cuarta sesión del XI Congreso Notarial Español, ha propuesto que este colectivo asuma mayores competencias en la contratación para una mejor protección del consumidor, según ha informado en un comunicado los organizadores del citado Congreso Notarial.

El XI Congreso Notarial Español, que dio comienzo en marzo de este año, se enmarca en la celebración del 150 Aniversario de la Ley del Notariado, y tiene por objeto realizar un profundo estudio de nuestro Derecho Privado, desde el punto de vista de la libertad personal, ámbito en el que los notarios prestan sus servicios.

En el transcurso del encuentro, que se celebra hasta este martes en Benidorm, los notarios han analizado que la normativa sobre la materia atribuye a los notarios una función informativa y asesora que, "aún siendo importante, supone desaprovechar el papel que pueden desempeñar en la defensa de los consumidores", según ha explicado Olaizola.

Sin embargo, ha considerado que "los peligros para el consumidor se dan en el momento de contratar, y por ello lo efectivo sería velar por sus derechos e intereses en el momento de la formalización del negocio, para lo que el notario sería la figura idónea".

Entre las funciones que podrían realizar los notarios, Olaizola ha apuntado que podrían intervenir desde la fase precontractual "para una mayor protección jurídica del consumidor, y extender la posibilidad del control de las cláusulas abusivas a la contratación con pequeños y medianos empresarios dada la realidad social del consumo empresarial".

Así mismo, podría establecerse el carácter obligatorio de la inscripción en el Registro de Condiciones Generales de los clausulados propios de aquellas esferas de la contratación de especial trascendencia económica para el consumidor, como la inmobiliaria y la financiera, posibilidad que la Ley contempla pero que nunca se ha llevado a efecto.

De igual modo, ha propuesto que podría realizarse una expresa atribución legal de facultades de control preventivo al notario, con el señalamiento de un elenco de cláusulas intrínsecamente abusivas y suficientemente objetivadas, de tal modo que su apreciación no requiriese de valoraciones discrecionales, que no puede realizar el notario dentro de su labor de control de la legalidad al carecer de potestad jurisdiccional.

La función notarial consiste "en dar a los ciudadanos certidumbre y tranquilidad en cuanto a sus derechos y titularidades en el ámbito extrajudicial, realizando así lo que es un valor social y un principio constitucional".

El notario, a la vez funcionario público y profesional del Derecho, informa, asesora y aconseja a las partes, interpreta su voluntad y la adecua al ordenamiento jurídico, ejerciendo el control de la legalidad, y finalmente le da forma mediante la redacción de la escritura pública, que permite a las partes disfrutar de los efectos privilegiados que la ley confiere al documento notarial.

Un atributo del notario es "su imparcialidad", ya que se le exige una actitud equilibradora y compensadora, orientada a asistir a la parte más necesitada de protección, según han explicado las mismas fuentes.

En la mesa de debate celebrada este lunes han participado también Fernando Gomá, notario de Madrid; Manuel González-Meneses, notario de Madrid; Miguel Ángel Campo Güerri, notario de Barcelona, y Pedro del Olmo, profesor de Derecho Civil de la Universidad Carlos III.
ENMENDAR ERRORES

En la Segunda Mesa Redonda, moderada por el notario de Madrid Ignacio Gomá también se ha debatido sobre la posibilidad de que el notario intervenga en las fases iniciales de la contratación para que quien quiera acudir al notario desde el principio pueda hacerlo.

Según Gomá "los notarios podrían realizar una importante labor en beneficio del ciudadano en estadios anteriores de la formación del negocio, porque cuando los precontratos llegan a ellos ya están perfeccionados y es difícil enmendar errores".

Además, ha indicado que el tiempo que va desde el contrato privado a la escritura "es una fase de tensión e incertidumbre", y ha planteado que podrían utilizarse varias fórmulas para conseguirlo, "pero deberían siempre incluir la voluntariedad, la economía, un tratamiento fiscal neutro y la posibilidad de causar algún tipo de asiento en el Registro de la Propiedad, con unos efectos que no distorsionaran los propios de éste".

En esta mesa han participado asimismo Juan Pérez Hereza, notario de Madrid; José Antonio Escartín, notario honorario y miembro de la Comisión General de Codificación; Nieves Fenoy, profesora de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, y Elías Campo, notario honorario.

El coordinador de esta sesión, el notario madrileño José Ángel Martínez Sanchiz, "con la intervención de los notarios en la fase precontactual se evitarían muchos abusos y se otorgaría mayor seriedad al mercado inmobiliario".

Así, podrían contar con el valor añadido de la revisión notarial de las ofertas y la correspondencia de las mismas con las cargas existentes sobre el piso, así como la adecuación a la legalidad de las arras, ha explicado.

En esta sesión también ha intervenido como ponentes los catedráticos de Derecho civil, Luis Díez Picazo y Antonio Manuel Morales.

Fecha: 14/11/2011
(EP)-. La Sección sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado al párroco del barrio de San Gregorio, F.J.H.O., a dos años, seis meses y 30 días de prisión por participar en una trama que organizaba bodas falsas. Las 51 inscripciones en el Registro Civil han sido anuladas.

El juicio que se iba a celebrar el pasado 17 de octubre no se llevó a cabo porque el sacerdote se conformó con la pena solicitada.

Según los hechos probados que constan en la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Carlos Lasala, F.J.H.O. "no dudó" en participar en esta trama investigada por el Cuerpo Nacional de Policía, cuyo objetivo era la celebración de matrimonios canónicos fraudulentos entre ciudadanos extranjeros y españolas y a la inversa, a cambio del pago de cantidades que oscilaban entre los 3.000 y los 7.000 euros por parte de los ciudadanos extranjeros, quienes conseguían regularizar su situación administrativa en España.

M.C.B.C., A.C.J. y J.X.G. se dedicaban a captar a los ciudadanos extranjeros y buscaban la iglesia en la que realizar la boda, para lo cual contactaron con F.H.O.

La sentencia señala que el sacerdote no solicitaba la dispensa necesaria para salvar el impedimiento que suponía la disparidad de cultos y tampoco reclamaba las amonestaciones ni las proclamas. De hecho buscaba domicilios "inveraces e inexistentes" en Zaragoza para obviar las amonestaciones del lugar de residencia de los ciudadanos extranjeros, la mayoría vecinos de Barcelona y Valencia.

Tampoco pedía los certificados de soltería. Los condenados se servían de documentación sustraída o extraviada, lo que acarreaba los consiguientes problemas a los titulares, que repentinamente quedaban registrados como casados o solteros.

El sacerdote ofició varias bodas el mismo día en el que los contrayentes se presentaban en la iglesia, sin haberse entrevistado con ellos e incorporando al expediente canónico las partidas de bautismo que los contrayentes habían confeccionado ad hoc y que eran "totalmente inveraces".

F.J.H.O. remitía la documentación al Registro Civil y recogía los libros de familia para que los beneficiarios regularizaran su situación cobrando a cambio entre 300 y 600 euros.
ESTRATAGEMAS

Los condenados recurrían a tres estratagemas para legalizar las bodas. La más corriente era utilizar documentos de identidad sustraídos para que las condenadas o sus parientes comparecieran en la parroquia y contrajeran matrimonio.

En otro caso ofrecían a parejas estables la posibilidad de contraer matrimonio rápidamente sorteando los trámites a cambio de una cantidad de dinero. La tercera opción era captar a un contrayente al que ofrecían la posibilidad de ganar entre 1.000 y 3.000 euros por casarse con un ciudadano extranjero.

Los agentes encontraron abundante documentación en los registros realizados en los domicilios de las condenadas. El sacerdote ofreció resistencia al ser detenido el 7 de febrero de 2008 en Zaragoza, por lo que también ha sido condenado.
CONDENAS

F.J.H.O. ha sido condenado por un delito continuado de falsificación de documentos oficiales cometido por un responsable de una confesión religiosa a un año, un mes y 15 días de prisión y una multa de seis meses con una cuota diaria de tres euros y la inhabilitación especial respecto de actos y documentos que puedan producir efectos en el estado de las personas o en el orden civil durante un año.

Por un delito continuado contra los derechos de los extranjeros, le ha sido impuesto un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante todo el tiempo de la pena privativa de libertad.

Como autor de un delito de usurpación del estado civil tendrá que cumplir también cinco meses y 15 días de prisión con una pena accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante todo el tiempo de su condena.

Como autor de una falta de respeto a los agentes de la autoridad ha sido sancionado con una multa de 30 días, a razón de tres euros por cada día multa, y como autor de un delito de lesiones dolosas ha sido condenado a una multa de 30 días, a razón de tres euros por cada día multa. También tendrá que condenar al policía nacional que lesionó con 40 euros. El arzobispado de Zaragoza ha sido absuelto de su presunta responsabilidad subsidiaria.

También han sido condenadas M..C..B.C., A.C.J. y J.X.G. como coautoras de un delito continuado de falsificación de documentos oficiales a cinco meses y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, además de una multa de cuatro meses con una cuota diaria de tres euros.

Como coautoras de un delito continuado contra los derechos de los extranjeros con la atenuante de reparación del daño han sido condenadas a un año de prisión con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.

Asimismo, se les ha considerado coautoras de un delito continuado de usurpación de estado civil a cinco meses y 15 días de prisión para cada una de ellas con la inhabilitación para el sufragio pasivo. Las tres han sido condenadas a indemnizar con 2.000 euros a 44 personas afectadas por el caso.

Los pobladores del distrito de Vinchos exigen una indemnización por uso de terrenos agrícolas a la firma Perú LNG

Martes 15 de noviembre de 2011 - 07:19 am

Pobladores se manifestaron con violencia en Ayacucho. (Luis Puell)
El Comercio

Doce personas fueron heridas (dos de ellas debido al impacto de un perdigón en el brazo y rostro) y 11 quedaron detenidas luego de que comuneros del distrito ayacuchano de Vinchos, en la provincia de Huamanga, se enfrentaran a la policía durante un paro contra la empresa gasífera Perú LNG. Arcadio Oré Huamán (33) y Melisión Ramírez Soto (31) son los heridos de gravedad, según informó a este Diario el abogado de los comuneros, Edwin Sulca Quispe.

El enfrentamiento se produjo cuando los casi 200 manifestantes, armados de palos, piedras y hondas, intentaron tomar las instalaciones de la válvula número 5, ubicada en la comunidad de Accopampa, que era resguardada por la PNP.

Sin embargo, comuneros de la zona indicaron que fueron los policías quienes incitaron la violencia al realizar disparos al aire.

Hasta el cierre de esta edición, los comuneros se mantenían alrededor de la válvula número 5.

La fiscal de prevención del delito de Huamanga, Ana Jáuregui, explicó que los pobladores exigen a Perú LNG el pago de una indemnización por la utilización de sus tierras agrícolas para el paso del gasoducto del gas de Camisea.

REAFIRMAN TREGUA
En tanto, Pelayo Hurtado, presidente de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Andahuaylas y Chincheros, informó ayer a este Diario que se reunieron más de 130 dirigentes de su gremio con los de Chincheros y Uripa, quienes se habían negado a acatar la tregua con el gobierno hasta el 26 de este mes.

“Tenemos un acta de tregua que vamos a hacerla cumplir. Los que motivan las protestas [en alusión al grupo liderado por Guido Flores] son unas 10 y 15 personas politizadas”, dijo.

Anunció que están en alerta y que 40 comuneros formarán un comité de vigilancia para fiscalizar las promesas del gobierno y que si no se declara a Andahuaylas y Chincheros zonas libres de minería, continuarán con su protesta. Afirmó que hoy las carreteras estarán despejadas. Según el congresista de Gana Perú, Jhon Reynaga, las protestas antimineras han dejado más de S/.55 millones en pérdidas económicas.

PAÍS AGITADO
De otro lado, unos 2 mil trabajadores de la compañía minera Casapalca, en la provincia de Huarochirí, iniciaron ayer una huelga general indefinida, para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Se reunieron desde muy temprano en la plaza principal de su localidad y realizaron un plantón pacífico. Según informó la policía, no cerraron la Carretera Central como ocurrió en anteriores oportunidades.

En Cerro de Pasco, cientos de pobladores del asentamiento humano José Carlos Mariátegui realizaron ayer una marcha frente a las oficinas de la empresa minera Cerro SAC (antigua Volcan), para solicitar que, en cumplimiento a su compromiso social, les instalen conexiones de agua potable.

Además, para las cero horas de hoy, los trabajadores de las unidades mineras Andaychagua, San Cristóbal, Carahuacra y Mahr Túnel, de la empresa Volcan, ubicada en la provincia de Yauli (La Oroya) anunciaron el inicio de una huelga indefinida. Ellos reclaman el incremento de salarios y mejoras en las condiciones de trabajo, como la vestimenta de los mineros. La huelga ha sido declarada legal por la Dirección Regional de Trabajo de Junín.

Asimismo, en Junín, los pobladores de La Merced, capital de la provincia de Chanchamayo, realizarán hoy un paro de 24 horas, con bloqueo de carreteras y cierrapuertas total para pedir que no se modifique la ley de creación de la Universidad Nacional Juan Santos Atahualpa.

También ayer, los frentes de defensa de Cajamarca y de las provincias de Bambamarca, San Marcos y Celendín informaron que desde el jueves 24 de noviembre acatarán un paro indefinido contra la minera Conga. Sus paralizaciones temporales generan pérdidas que ascienden a US$350 mil diarios.

SEPA MÁS
El Presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, señaló ayer que las mesas de trabajo instaladas por el Ejecutivo en diferentes regiones, han permitido que el gobierno escuche y atienda las demandas de la población, y que de ninguna manera se justifican actos de violencia como las que subsisten en Andahuaylas y Chincheros.

Lerner señaló ayer en un programa televisivo que el gobierno implementará un nuevo modelo de minería en el país, libre de actividad informal y medioambientalmente sostenible, en mancomunidad con el Ministerio del Ambiente.

Ayer, cientos de choferes de combis y buses de Piura paralizaron sus labores y realizaron una marcha de protesta hasta la Municipalidad de Piura. Los manifestantes solicitaron más plazo para renovar su flota de vehículos.

fuente: EL COMERCIO PERU