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Blog de GROVER CORNEJO YANCCE

abril 29, 2011

Estranguló a su tío por 500 soles. Asesino usó soguilla de plástico y, al verse descubierto, quiso matar a testigo.

Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 11:30 — Visto: 223 veces
Estranguló a su tío por 500 soles. Asesino usó soguilla de plástico y, al verse descubierto, también quiso matar a testigo.



Viernes 29 de abril 2011
Por: M. Rochabrum

No tuvo compasión ni porque era sangre de su sangre. Para robarle 500 soles, un desalmado sujeto estranguló a su tío, quien le alquilaba un cuarto en su vivienda, en Ate-Vitarte.

El horrendo crimen se produjo a las 3 de la tarde en la Mz. B, lote 26, de la segunda zona del asentamiento humano “Túpac Amaru”.

“Salvador Gaspar Fidel (46) dormía en el mueble de su casa cuando ingresó su sobrino Elder Romaní Vásquez (26) junto a su amigo “Cléver”. Ambos se abalanzaron contra la víctima, la amarraron con una soguilla y le taparon la boca con un trapo”, contó un policía.

Luego prosiguió: “Peter Romaní Gaspar, primo de Elder Romaní, escuchó el ruido y se asomó. Vio a uno de los criminales estrangulando a su tío, mientras el otro se apoderaba del dinero que la víctima guardaba en un armario”.

El suboficial agregó que el asesino, al verse descubierto, atacó a su familiar, pero este se defendió y pidió ayuda, por lo que ambos agresores huyeron corriendo.

LO AMORDAZÓ

“Pese a tener la cara cubierta con un trapo, lo reconocí. Había atacado a mi tío y lo amarró de pies y manos. Luego le tapó la boca con un trapo y lo estranguló”, contó Peter Romaní. El muchacho agregó que auxilió a su tío, quien aún tenía signos vitales, y lo trasladó al hospital de Vitarte, donde murió.

Los deudos acusaron a Elder Romaní como el asesino, a quien la víctima le había alquilado un cuarto tras llegar de Huancayo.

Efectivos de la Divincri Ate-Vitarte investigan el caso, mientras los restos del occiso fueron trasladados a Huancayo.

FUENTE: TROME PERU
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abril 29, 2011

Sicario mexicano de 20 años confesó asesinato de 200 personas

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 11:26 — Visto: 250 veces
Sicario mexicano de 20 años confesó asesinato de 200 personas


El joven es integrante de la temible banda de Los Zetas y fue capturado en un grupo de 16 delincuentes, detenidos por ser los sospechosos de la muerte de cerca de 300 personas enterradas en narcofosas

Jueves 28 de abril de 2011

Detenidos. Los integrantes de "Los Zetas" deberán responder por las muertes en las conocidas narcofosas. (Seguridad Nacional de México)
Ciudad de México (DPA). Un sicario de 20 años de edad, presunto miembro del grupo de Los Zetas, confesó haber asesinado a 200 personas en su “breve pero escalofriante” carrera criminal, dijo el portavoz de seguridad nacional de México, Alejandro Poiré.

El joven hizo la confesión después de ser detenido en días pasados en relación con el hallazgo de 183 cadáveres en fosas en el nororiental estado de Tamaulipas.

Poiré dijo que las 200 muertes que se atribuyó ocurrieron tanto en Tamaulipas como en otros estados del país.

La mayoría de las organizaciones criminales de México tienen a jóvenes y adolescentes en sus filas. Uno de los casos más famosos fue el del “niño sicario” conocido como ‘El Ponchis’, de 14 años, detenido en diciembre.

El muchacho relató que había sido reclutado por la fuerza a los 11 años por el Cártel Pacífico Sur (CPS) y que había asesinado y degollado a varias personas en su carrera.

YA VAN 279
La cifra de cadáveres hallados en varias fosas clandestinas en dos estados del norte de México golpeados por la violencia del narcotráfico se elevó a 279, mientras autoridades continuaban el miércoles buscando más cuerpos.

El hallazgo en los estados de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, y Durango es el peor en su tipo desde que comenzó la ofensiva antidrogas del Gobierno a fines del 2006.

fuente: TROME PERU
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abril 29, 2011

LA RENUNCIA VOLUNTARIA LUEGO DE FIRMAR CONVENIO POR MUTUO DISENSO ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR EXTINGUE EL VÍNCULO LABORAL

Categoría: DERECHO LABORAL — gcornejo @ 11:20 — Visto: 1238 veces
LA RENUNCIA VOLUNTARIA LUEGO DE FIRMAR CONVENIO POR MUTUO DISENSO ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR EXTINGUE EL VÍNCULO LABORAL.


EXP. N.° 00344-2011-PA/TC
AREQUIPA
REY ANTONIO
CRUZ TACO


RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 30 de marzo de 2011

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rey Antonio Cruz Taco contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 89, su fecha 30 de septiembre de 2010, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 9 de diciembre de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo contra Xstrata Tintaya S.A. solicitando que se deje sin efecto el despido del que fue objeto, y que en consecuencia se lo reponga en el cargo que venía desempeñando como Técnico de Identificación y Comunicación de Emergencias. Alega que ingresó a laborar a la Sociedad emplazada el 1 de enero de 2004 y que con fecha 10 de febrero de 2009 se le comunicó su inclusión en el procedimiento de cese colectivo por motivos económicos y estructurales solicitado por la emplazada, el mismo que culminó con la Resolución Directoral Nacional N.º 032-2009/MTPE/2/11.1, expedida por la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo, que desaprobó la solicitud de cese colectivo, por lo que con fecha 11 de noviembre de 2009 solicitó su reincorporación, lo que no se ha llevado a cabo hasta la fecha.

2. Que a fojas 84 obra el escrito de fecha 21 de septiembre de 2010, presentado por la Sociedad emplazada, a través del cual pone en conocimiento de la Sala Superior que la relación laboral que mantuvo con el demandante se extinguió el 31 de mayo de 2009 a causa de la renuncia voluntaria y la celebración del convenio de terminación del contrato de trabajo por mutuo disenso, suscrito por ambas partes.

3. Que en autos, a fojas 80, se aprecia la carta de renuncia voluntaria de fecha 4 de junio de 2009, comprobándose así que se extinguió la relación laboral mantenida entre las partes por renuncia del actor, supuesto establecido en el inciso b) del artículo 16 del Decreto Supremo N.º 003-97-TR. Por otro lado de fojas 81 a 83 obra el convenio de cese por mutuo disenso, manifestando el actor su conformidad con la disolución del vínculo laboral.

4. Que asimismo en el recurso de agravio constitucional la abogada del demandante señala que tanto en la renuncia con incentivos como en el cese por mutuo disenso, no debe existir coacción o amenaza para lograr el cese del trabajador, por cuanto viciarían la voluntad del trabajador; sin embargo en dicho recurso no se precisa que la renuncia del demandante haya sido producto de la coacción o intimidación; en todo caso, de haberse alegado ello, por sí solo no generaría certeza pues en autos no existe medio de prueba alguno que pudiera sustentar dicho alegato.

5. Que en consecuencia la presente demanda no puede ser acogida toda vez que al efectuarse la renuncia voluntaria y al haber operado el mutuo disenso entre el trabajador y el empleador, supuesto contemplado en el inciso b) del artículo 16º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, se ha extinguido el vínculo laboral. Es decir, que antes de interponer la demanda no ha existido violación alguna, pues el demandante por voluntad propia dio por extinguida su relación laboral.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.


SS.

ETO CRUZ
VERGARA GOTELLI
URVIOLA HANI
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abril 29, 2011

Remuneraciones por el feriado del 1° de mayo

Categoría: DERECHO LABORAL — gcornejo @ 11:11 — Visto: 862 veces
Remuneraciones por el feriado del 1° de mayo

La próxima celebración del Día del Trabajo, este 1° de mayo, coincidirá con el día de descanso semanal obligatorio de algunos trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que de acuerdo DS N° 12-92-TR, cuando dicha fecha coincida con el día de descanso semanal obligatorio, se le deberá pagar al trabajador un día de remuneración por el citado feriado, independientemente de la remuneración por el día de descanso semanal respectivo.


A continuación, el gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima, Víctor Zavala, explica la aplicación de dicha disposición.

• La remuneración por el feriado Día del Trabajo se percibe íntegramente y sin condición alguna (aún cuando el trabajador registre inasistencias y/o tardanzas en la semana).
• Cuando el Día del Trabajo coincida con el día de descanso semanal del trabajador (domingo 1° de mayo), se le debe pagar doble: una remuneración por el feriado y otra remuneración por su descanso semanal (Art. 9º, D.S. Nº 012-92-TR).
• Los destajeros perciben por el Día del Trabajo una remuneración promedio que se calcula dividiendo entre 30 el total de remuneraciones –consecutivas o no– anteriores al 1 de mayo (Art. 10º, D.S. Nº 012-92-TR).
• El que trabaja el 1° de mayo, sin descanso sustitutorio, percibe lo siguiente: Una remuneración por el descanso semanal (Art. 4- D. Leg. Nº 713); una remuneración por el feriado 1º de mayo (Art. 9- D. Leg. Nº 713) y, doble remuneración por trabajo en 1º de mayo (Art. 3- D. Leg. Nº 713). En el caso expuesto, el trabajador que labora en 1º de mayo sin descanso sustitutorio, percibirá en total 4 remuneraciones (una de ellas ya está incluida en el sueldo)

Feriado no laborable

El lunes 2 de mayo 2011 ha sido declarado "día no laborable" en el sector público. Este día será compensado o recuperado en la oportunidad que lo establezca el titular de la entidad pública.

Los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse al día no laborable (2 de mayo), previo acuerdo entre el empleador y los trabajadores, quienes deberán de establecer la forma de recuperación (horas extras, descuento de vacaciones) del día que se deje de laborar, a falta de acuerdo decidirá el empleador.

Importa precisar que como no es feriado remunerado, el trabajador que labore ese día tendrá derecho a su remuneración normal por el día trabajado, sin sobretasa adicional.


FUENTE: EL PERUANO
Fecha:28/04/2011
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abril 29, 2011

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL; El despido fraudulento y la negativa de someterse al dosaje etílico

Categoría: DERECHO LABORAL — gcornejo @ 11:06 — Visto: 1246 veces
EXP. N.° 03844-2010-PA/TC
AREQUIPA
AMÉRICO ALEXANDER
ZEA AQUISE


SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima (Arequipa), a los 10 días del mes de marzo de 2011, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Vergara Gotelli y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Américo Alexander Zea Aquise contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 218, su fecha 26 de julio de 2010, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 31 de julio de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo contra Manufacturas del Sur S.A. solicitando que se deje sin efecto la carta de preaviso y la carta de despido que le fueron cursadas; y que en consecuencia se disponga su reposición en el puesto de trabajo que venía desempeñando en el cargo de operario de coneras. Manifiesta que laboró para la sociedad demandada desde el 25 de setiembre de 2000 hasta el 7 de julio de 2009, fecha en la cual se le impidió ingresar a su centro de trabajo, por la supuesta comisión de la falta grave prevista en el inciso e) del artículo 25º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR. Sostiene haber sido víctima de un despido fraudulento por ser falso el hecho que se le atribuye como falta y que por ello, al haber sido despedido, se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso.

La sociedad emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada manifestando que el recurrente ha sido despedido por haber incurrido en falta grave consistente en haber acudido a su centro de trabajo en estado de ebriedad. Señala que la sanción que se aplicó al actor se efectuó teniendo en cuenta las funciones de operario que éste realizaba y el peligro que implicaba el trabajar en estado de ebriedad, lo que se encuentra regulado en el inciso e) del artículo 25º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR.

El Octavo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 30 de diciembre de 2009, declara fundada la demanda por estimar que se ha producido un despido fraudulento por haberse transgredido el principio de tipicidad dado que no se acreditó que el demandante se hubiese negado a hacerse la prueba del dosaje etílico y porque la sanción fue desproporcionada al no existir reiteración en la conducta del actor de asistir ebrio a su centro de trabajo.

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por considerar que la existencia de hechos controvertidos para resolver el caso de autos hace necesaria la actuación de medios probatorios.

FUNDAMENTOS

1. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativos a materia laboral individual privada establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC N.º 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, en el presente caso corresponde evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido fraudulento.

2. La demanda tiene por objeto que se disponga la reposición del recurrente en el cargo que venía desempeñando como operario en la sociedad demandada, toda vez que sostiene haber sido víctima de un despido fraudulento, en el que se habrían vulnerado sus derechos al trabajo y al debido proceso.

3. Este Tribunal, en la STC 976-2001-AA/TC, sostiene que se produce el despido fraudulento cuando “Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño; por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aún cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad [...]; o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad [...] o mediante la “fabricación de pruebas”.

4. El demandante manifiesta que habría sido objeto de un despido fraudulento y que se ha afectado el principio de tipicidad, por cuanto en la carta de preaviso no se consignó que el haber ido a laborar en estado de ebriedad revestía mayor gravedad debido a que realizaba la función de operario de coneras, mientras que en la carta de despido sí se hizo referencia a ese hecho, lo que no le permitió ejercer válidamente su derecho de defensa.

5. Al respecto, en el inciso e) del artículo 25º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR se establece que constituye falta grave: “La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada cuando por la naturaleza de la función o del trabajo revista excepcional gravedad. La autoridad policial prestara su concurso para coadyuvar en la verificación de tales hechos; la negativa del trabajador a someterse a la prueba correspondiente se considerará como reconocimiento de dicho estado, lo que se hará constar en el atestado policial respectivo”.

6. Se advierte que a fojas 4 obra la carta de preaviso de fecha 26 de junio de 2009, en la que se le imputa al demandante la falta grave prevista en el inciso e) del artículo 25º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, por “La concurrencia en estado de embriaguez. La negativa del trabajador a someterse a la prueba correspondiente. (…) Los hechos descritos revelan falta grave consistente en la concurrencia a laborar en estado de embriaguez, así como a la negativa suya a someterse a la prueba correspondiente”. Asimismo, en la carta de despido de fecha 7 de julio de 2009, obrante a fojas 6, la sociedad emplazada comunica al demandante su decisión de despedirlo, indicándose en ella que “Cabe aclarar que las imputaciones realizadas están referidas a: a. Su asistencia a laborar en estado de ebriedad hecho que reviste excepcional gravedad al ser usted un obrero que opera maquinaria, específicamente las Enconadoras (SSM o Sharer), el hecho de asistir a laborar en estado de ebriedad no sólo pone en riesgo a su propia persona sino a sus compañeros. b. Su negativa a someterse a la prueba correspondiente”.

7. Teniendo presente el contenido transcrito de las cartas mencionadas puede concluirse que no se ha afectado el derecho de defensa del demandante ni el principio de tipicidad, pues tanto en la carta de preaviso como en la carta de despido se le atribuyen al demandante los mismos hechos que son considerados como faltas que cometió y que ocasionaron su despido luego de haberse seguido el procedimiento previsto en el Decreto Supremo N.º 003-97-TR, y en el cual el demandante ejerció su derecho de defensa conforme obra a fojas 78 en la carta de descargo de fecha 3 de julio de 2009. Asimismo, es importante destacar que el hecho de que no se haya especificado la excepcional gravedad que implicaba que el actor vaya a trabajar en estado de ebriedad dada las funciones que realiza, en nada enerva que el despido se haya efectuado conforme a ley, pues la falta cometida por el actor no sólo ha quedado debidamente acreditada en autos, sino que además el actor al operar una máquina tantos años debe conocer los riesgos que implica un manejo inadecuado de ella.


8. En efecto, en el caso de autos, ha quedado corroborado que la falta imputada no fue fabricada sino que el actor la cometió, pues conforme consta en el Memorando Interno de fecha 22 de junio de 2009, el Informe N.º 54 AVP.SEINTER-NAOSA de fecha 22 de junio de 2009, y la copia certificada emitida en la Comisaría José Luis Bustamente y Rivero de fecha 22 de junio de 2009, obrantes de fojas 71 a 73, respectivamente, el demandante llegó a su centro de trabajo en estado de embriaguez y se negó a que le realicen la prueba de dosaje etílico, por lo que resulta aplicable la presunción de haber concurrido en estado de ebriedad establecida en la parte final del inciso e) del artículo 25º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, por lo que corresponde desestimar la demanda.

Asimismo, es importante resaltar que el demandante laboraba como operador de una máquina conera, por lo que no existe duda respecto a la gravedad de su accionar imprudente al pretender realizar su labor diaria en evidente estado de embriaguez.

9. En consecuencia, examinados los autos se concluye que el despido del demandante no corresponde a ninguno de los supuestos de despido fraudulento, por cuanto la falta grave que se le imputa, además de no ser inexistente, se encuentra prevista en la ley; y, por tanto, no habiéndose vulnerado los derechos constitucionales alegados la demanda debe ser desestimada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo porque no se ha acreditado la vulneración de los derechos alegados.

Publíquese y notifíquese.


SS.

ÁLVAREZ MIRANDA
VERGARA GOTELLI
URVIOLA HANI


cometarios HABIDOS EN EL DIARIO OFICIAL


El despido fraudulento y la negativa de someterse al dosaje etílico

El Tribunal Constitucional (TC) recientemente señaló que el despido basado en el hecho de que el trabajador se negó a hacerse el dosaje etílico no constituye un despido fraudulento, mediante la sentencia recaída en el Exp. Nº 03844-2010-AA.

Según el expediente, un trabajador interpuso una demanda de amparo solicitando que se deje sin efecto la carta de preaviso y la carta de despido que le fueron cursadas, al señalar que fue víctima de un despido fraudulento que afecta el principio de tipicidad, dado que se le había imputado la falta grave consistente en acudir al centro de trabajo en estado de ebriedad sin que exista una prueba de tal hecho. Por su parte, la empresa alegó la veracidad de los hechos descritos, precisando, además, que la sanción de despido fue aplicada atendiendo las funciones de operario que éste realizaba y el peligro que implicaba trabajar en estado de ebriedad.

Al resolver el caso, el tribunal remarcó que el despido fraudulento se produce cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o se le atribuye una falta no prevista en la ley vulnerándose el principio de tipicidad o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad mediante la fabricación de pruebas.

En el caso analizado, el TC resalta que de las cartas de preaviso de despido y de despido cursadas por la empresa se desprende que no se ha afectado el derecho de defensa del demandante ni el principio de tipicidad, pues se atribuyeron al demandante los mismos hechos que son considerados como faltas graves y que motivaron el despido, siguiéndose el procedimiento de ley y ejerciendo el trabajador su derecho de defensa, refiere un informe legal del Estudio Miranda & Amado Abogados.
Por lo señalado, el tribunal concluyó que el despido del demandante no corresponde a ninguno de los supuestos de despido fraudulento, dado que la falta grave imputada, además de no ser inexistente, se encuentra prevista en la ley. Por tanto, declaró infundada la demanda de amparo.

FUENTE; EL PERUANO
Fecha:29/04/2011
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abril 29, 2011

Vence plazo para informar sobre sueldos del personal

Categoría: DERECHO LABORAL — gcornejo @ 10:56 — Visto: 598 veces
Vence plazo para informar sobre sueldos del personal


Para aplicar los nuevos límites de la libre disponibilidad de la CTS

Incumplimiento será sancionado por el Ministerio de Trabajo

Mañana vence el plazo de los empleadores para comunicar a las entidades depositarias de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el importe de las seis últimas remuneraciones mensuales brutas de cada trabajador, a fin de determinar los nuevos montos de libre disponibilidad que regirán sobre ellos desde mayo próximo, en cumplimiento del DS Nº 016-2010-TR.

Así lo advirtió el gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima, Víctor Zavala Lozano, quien detalló que al no existir formatos especiales para la remisión de dicha data, cada empresa será responsable sobre la información que alcancen a las citadas instituciones, como pueden ser bancos, financieras, cooperativas de ahorro y crédito, cajas municipales o rurales de crédito.
Al respecto, explicó que en caso el trabajador tenga menos de seis meses de labor al 30 de abril, el empleador sólo informará los sueldos de los meses laborados. Para los trabajadores comisionistas o destajeros, se deberá comunicar el pago bruto de las remuneraciones básicas más las comisiones percibidas en cada mes.
Remarcó que desde el próximo 16 de mayo las entidades depositarias deberán verificar que el monto de la CTS abonada en la cuenta de cada trabajador supere las seis remuneraciones brutas, a efecto de dar trámite a las solicitudes de retiro de hasta el 70% del exceso de dicho depósito. Se entiende por remuneración bruta a la suma de los conceptos remunerativos sin los descuentos de ley (ONP, AFP, 5ta. categoría).

Castigos
Zavala Lozano advirtió que el incumplimiento de esta obligación comunicación constituye infracción leve en materia de relaciones laborales, sancionada en función del número de trabajadores afectados. En el caso de mype que cuenten con trabajadores en el régimen general, la inobservancia se castiga con multa rebajada en un 50%.
En efecto, la Ley Nº 29352 sobre la libre disponibilidad temporal y posterior intangibilidad de los depósitos de la CTS, así como su reglamento, el DS Nº 016-2010-TR, estableció que a partir de mayo próximo los trabajadores solo podrán disponer del 70% del exceso de seis remuneraciones mensuales brutas de la CTS depositada, siendo indispensable para ello que los empleadores comuniquen a las entidades depositarias sobre el importe de dichos haberes al 30 de abril y al 31 de octubre de cada año.

Situaciones especiales
Respecto a la intangibilidad de los depósitos, la citada normativa también contempla algunos supuestos específicos. Entre ellos, refiere que en el caso de trabajadores con más de una cuenta individual de depósito del mismo empleador en una misma entidad depositaria, el 70% del excedente de seis remuneraciones mensuales brutas se calculará sobre la suma de los montos depositados en cada una de las cuentas individuales de CTS que el trabajador posee, debiendo registrarse el íntegro del saldo disponible en la cuenta que recibe el abono de la CTS.

Luego, en el caso de trabajadores con más de una cuenta individual de depósito que corresponda a distinto empleador, para efectos de los límites establecidos por la ley, cada cuenta se administrará de manera independiente; no debiendo sumarse sus saldos.
Finalmente, en caso existan cuentas en diferentes tipos de monedas, el monto total de las cuentas deberá convertirse al tipo de moneda elegida por el trabajador para calcular el monto del saldo disponible. La conversión se realizará al tipo de cambio vigente en la entidad depositaria al momento del abono de la CTS.

En todos los casos, si el trabajador ha dejado de laborar y no ha retirado su CTS proveniente de una relación laboral anterior, se sujetará a lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 del TUO de la Ley de CTS.


FUENTE: EL PERUANO
Fecha:29/04/2011
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abril 29, 2011

prostituia a menores de edad a la fuerza, bajo amenaza de matar a sus familiares

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 10:54 — Visto: 218 veces
Acusada de proxenetismo
De menores en penal



Una mujer acusada de prostituir a dos menores de edad en el centro penitenciario San Pedro, ex Lurigancho, fue detenida por agentes de la División de Trata de Personas de la Dirincri cuando caminaba con sus víctimas por el paradero 10 de la avenida Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según los efectivos, Yuliana Rebeca Requena Barriga (29) había amenazado a las menores de iniciales Y.K.C.F (14) y Y.E.Q. (15) con matar a sus familiares si la denunciaban. "Iba a mi vivienda y se llevaba a mi hija a la fuerza", dijo entre llantos Milagros García, madre de una las agraviadas.

fuente: OJO PERU
29 de Abril del 2011
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abril 29, 2011

Cae presunto violador de hijo y sobrino

Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 10:52 — Visto: 348 veces
Cae presunto violador de hijo y sobrino


La policía capturó a Marco Antonio Moscoso Castro (26), acusado de haber abusado sexualmente de su hijo (9) y su sobrino (7). El sujeto fue capturado en la casa de un familiar en el Rímac.

Según el reporte policial, Moscoso Castro abusó sexualmente de su sobrino G.F.M.M. el pasado 4 de abril, luego de llevarlo con engaños a una choza que levantó en una apartada zona de Jicamarca, en San Juan de Lurigancho.

El pequeño contó lo ocurrido a su madre, quien lo denunció. La policía determinó que semanas antes había empleado la misma modalidad para abusar de su propio hijo de iniciales A.M.C.

FUETNE: OJO PERU
29 de Abril del 2011
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abril 29, 2011

Adolescente se ahorcó en su camarote. Vecinos dijeron que su mamá y padrastro le pegaban y rapaban el cabello

Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 10:51 — Visto: 352 veces
Adolescente se ahorcó en su camarote. Vecinos dijeron que su mamá y padrastro le pegaban y rapaban el cabello



Una adolescente que era constantemente maltratada física y psicológicamente por su madre, padrastro y hermana mayor, habría acabado con su vida, ahorcándose con un polo que ató previamente a su camarote, en una vivienda de San Juan de Miraflores.

La menor Evelyn D.O.A. (16), quien el lunes pasado había cumplido años, fue hallada por su padrastro, el comerciante Mario Cárdenas Melgarejo (48), en una pequeña habitación que ocupaba en el segundo piso de la vivienda ubicada en el jirón Hernando Lavalle 348, zona K, en Ciudad de Dios.

Según su versión, a la una de la tarde del miércoles último, salió a recoger al colegio a su hija menor y cuando regresó encontró a su hijastra colgada, por lo que inmediatamente la llevó al hospital María Auxiliadora, donde los médicos certificaron su deceso.

"Esa niña era maltratada brutalmente por toda su familia. Siempre le pegaban y le cortaban el pelo coco para que no salga a la calle. Hace poco el padrastro le pegó porque su hija menor se cayó y le echaron la culpa a ella", manifestaron sus vecinos.
Los agentes de la Divincri-San Juan de Miraflores no descartan un posible homicidio.

algomás
Zaida Acuña, madre de la menor, dijo que su hija estaba deprimida por la muerte de su padre en julio pasado.

fuente: OJO PERU
29 de Abril del 2011
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abril 29, 2011

Congreso declara como derecho fundamental el acceso a Internet

Categoría: DERECHO CONSTITUCIONAL — gcornejo @ 10:46 — Visto: 413 veces
Congreso declara como derecho fundamental el acceso a Internet

Fondo Fitel ahora obtendrá ingreso del servicio de televisión por cable

Viernes 29 de abril de 2011 - 07:46 am 6 comentarios

Foto referencial. (Archivo El Comercio)
El pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de ley que declara como derecho fundamental el acceso irrestricto y gratuito a los servicios de Internet. La misma propuesta establece la masificación del servicio de banda ancha, especialmente en las zonas rurales y en los lugares de preferente interés social.

El legislador aprista Mauricio Mulder fue quien impulsó en el último momento del debate que el acceso a la red sea irrestricto y gratuito, y manifestó que esta propuesta era respaldada por el Poder Ejecutivo.

Por ello, la presidenta de la Comisión de Transportes, Yaneth Cajahuanca (Partido Nacionalista), consideró que lo aprobado no será observado, sino promulgado por el Ejecutivo. Interpretó que lo gratuito no significaría que la población deje de pagar las tarifas, sino que no solventará la infraestructura de la banda ancha.

Explicó que el objetivo principal de lo aprobado es incrementar la cobertura de redes dorsales de telecomunicaciones de alta capacidad en todo el país y fomentar la inversión en redes de fibra óptica y en el despliegue de servicios de comunicaciones de banda ancha.

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), existe una penetración de 3% en conexiones de banda ancha, índice que nos deja muy relegados en comparación con nuestros países vecinos.

A solicitud del congresista Yonhy Lescano (AP), se modificó la Ley 28900 del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel), con la finalidad de que los recursos del citado órgano provengan, entre otros, del 1% de los ingresos facturados y declarados por las empresas operadoras de telecomunicaciones. La norma vigente toma como base los ingresos facturados y percibidos, lo cual resulta un monto menor.

La legisladora Cajahuanca comentó que en ese 1% también se incluyó la facturación de la televisión por cable, antes no contemplada.

Además señaló que el Fitel ya no será un órgano administrativo, sino que se volverá un órgano técnico sectorial, de tal manera que reemplace a Pro Inversión en la entrega de las concesiones de la banda ancha para agilizar el proceso.

FUENTE: EL COMERCIO PERU
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abril 29, 2011

Falta de sueño puede apagar parte del cerebro aunque estés despierto

Categoría: General — gcornejo @ 10:44 — Visto: 159 veces
Falta de sueño puede apagar parte del cerebro aunque estés despierto


Un estudio demuestra que algunas neuronas, para descansar, se apagan y alternan sus funciones con otras para que el cerebro siga funcionando

Viernes 29 de abril de 2011 - 03:49 am

Foto referencial (Archivo El Comercio)
A veces la ausencia de sueño afecta el nivel de atención de las personas o las puede desorientar y hacer que caigan levemente dormidas a mitad del día. Esto se debería a que algunas partes de nuestro cerebro se apagarían mientras otro sector sigue funcionando.

Según un estudio publicado en la revista Nature, esto permitiría que las personas permanezcan conscientes con un nivel de atención inferior y mayor sensación de agotamiento. El cerebro, así, funcionaría parcialmente mientras las neuronas alternan sus momentos de descanso.

La investigación fue realizada con ratas, las cuales fueron obligadas a buscar comida sin haber dormido. Los científicos descubrieron que el desempeño de los roedores disminuyó con el paso de las horas, ya que el número de neuronas dormidas iba en aumento y en lapsos de tiempo más largos.

SEPARAR NEURONAS FAVORECERÍA A LA EVOLUCIÓN
En un comentario que acompaña al estudio, un científico de la Universidad de California, Christopher Colwell, relacionó este descubrimiento con el estado de sonambulismo, en el cual la persona pasa por estados alternados de sueño y de estar despierto. También lo vincula con algunos animales que duermen parte de su cerebro para mantenerse en constante vigilancia con la otra mitad despierta.

“Estas observaciones sugieren también que neuronas individuales pueden ponerse a dormir. La habilidad de controlar de forma activa el comportamiento de ciertos circuitos neuronales mientras otros descansan puede ser ventajosa evolucionariamente”, sostuvo en su comentario Colwell.

FUENTE: EL COMERCIO PERU
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abril 29, 2011

Anularon sentencia de Aguilas Negras implicados en muerte de Wilhem Calero

Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 10:42 — Visto: 236 veces
Anularon sentencia de Aguilas Negras implicados en muerte de Wilhem Calero



La viuda del contador denunció que han sido reincorporados a la institución cuatro de los siete policías que participaron en los hechos

Viernes 29 de abril de 2011

A casi nueve meses de la muerte de su esposo en un una confusa intervención policial en una agencia bancaria del distrito de San Miguel, la viuda de Wilhem Calero Coronel denunció que el Tribunal Disciplinario Nacional de la PNP anuló la sentencia que dio de baja a los siete agentes implicados en la muerte de su esposo, ocurrida el 14 de julio de 2010.

Según Ericka Sandoval, viuda de Calero, los efectivos César Fernando Verástegui Malpica, Nelson Osias Becerra Vásquez, Daniel Loayza Carbaja y Pedro Antonio Aguilar Pérez ya han sido reincorporados a sus trabajos.

“Me prometieron muchas cosas, pero hasta ahora nada, acá sigo desamparada. Gente como esta no debe estar en las institución porque la manchan.”, señaló Sandoval en declaraciones a “90 Segundos”.

Cabe indicar que Sandoval ha solicitado al Ministerio del Interior una indemnización de 2 millones de soles, sin embargo aún no ha llegado a ningún acuerdo.

El 6 de mayo se hará una reconstrucción de los confusos hechos en los que el contador fue asesinado.

fuente; EL COMERCIO PERU
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abril 28, 2011

El número de jóvenes no creyentes casi dobla al de católicos practicantes. Un 19,1% y un 10,3%, respectivamente

Categoría: DERECHO RELIGIOSO — gcornejo @ 10:32 — Visto: 168 veces
El número de jóvenes no creyentes casi dobla al de católicos practicantes. Un 19,1% y un 10,3%, respectivamente



El Instituto de la Juventud refleja el auge de los agnósticos y ateos
Para la juventud la religión es algo 'privado' que afecta poco a su vida
'Hay rechazo a las doctrinas de la Iglesia', que deben ser 'menos agresivas'


Europa Press | Madrid
Actualizado jueves 28/04/2011

El número de jóvenes que se declara católico practicante cae en picado. Ha pasado del 29,2% en 2002 al 10,3% en 2010, según datos del Instituto de la Juventud de España (Injuve). Asimismo, los no creyentes (19,1%) y los ateos (9,6%) han aumentado nueve y tres puntos, respectivamente. Los católicos no practicantes son mayoría, un 45% del total.

Según los últimos sondeos de la institución, que depende del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en los jóvenes entre 15 y 29 años se está produciendo un "desplazamiento de lo religioso hacia el ámbito privado".

El director general del Instituto, Gabriel Alconchel, ha señalado que para la juventud "la religión es una asunto privado sin apenas incidencias sobre los comportamientos de su vida", así como "tampoco la debería tener dentro de otros ámbitos como la política o la economía".

Así, se basa en los datos que apuntan a que el número de católicos practicantes en esta franja de edad ha descendido del 29,5% en 2002 al 10,3% del último sondeo realizado en noviembre de 2010, mientras que los católicos no practicantes alcanzan cerca del 45% del total.

De esta forma, ha asegurado en la presentación del número 91 de la revista del Injuve dedicada a la laicidad que ésta "no se opone a la religión", ya que esta "simplemente garantiza que todas las personas puedan practicar la religión que deseen en un contexto de igualdad, sin prevalencias ni privilegios de unas sobre otras".

Por su parte, el coordinador de la revista y miembro del equipo de investigación de la Fundació Ferrer i Guàrdia, Jesús Sanz, ha señalado que "se percibe un rechazo de los jóvenes a las doctrinas propugnadas por la Iglesia Católica, ya que "éstas chocan con la modernidad y con las actividades realizadas habitualmente por éstos".

Asimismo, ha reconocido que la Iglesia "es muy consciente" de que su estrategia debe girar en torno a los jóvenes, sin embargo, señala que "deberían ser menos agresivos en sus planteamientos".

El informe se centra en la evolución de los sondeos que sitúan el número de católicos practicantes en un 10,3%, frente a un 9,6% de ateos. Asimismo, los datos de la última oleada -que corresponden al mes de noviembre de 2010- apuntan a que hay un 44,8% de católicos no practicantes y un 19,1% de no creyentes.

Alconchel ha destacado la diferencia de estas cifras con las recogidas en el año 2002, cuando cerca del 30% de los jóvenes decían ser católicos practicantes y "sólo el 10% no creyentes o el 6,2% ateos". De esta forma, ha explicado que se debe a que "en los últimos años se está viviendo un fenómeno de modernización y secularización muy fuerte".

fuente: EL MUNDO ESPAÑA
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abril 28, 2011

Madre cayó en contradicciones y admitió que envenenó a su hijo

Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 10:22 — Visto: 148 veces
Madre cayó en contradicciones y admitió que envenenó a su hijo


El cuerpo del menor de dos años fue encontrado en una choza ubicada en el Cerro Los Andes de San Juan de Lurigancho

Jueves 28 de abril de 2011

Luego de denunciar la muerte de su hijo y caer en contradicciones, Nelly Obregón confesó que envenenó a su pequeño hijo de dos años, Steven Poma, y tomó un poco de veneno que no alcanzó a hacer efecto.

Según informó el noticiero “América Noticias”, el cuerpo del menor fue encontrado en una choza ubicada en el Cerro Los Andes de San Juan de Lurigancho.

El testimonio de la mujer indica que su hijo empezó a convulsionar cinco minutos después de darle el veneno, y para contrarrestar los efectos le dio leche. De ahí se fue a dormir hasta el día siguiente y cuando despertó el menor ya estaba muerto.

fuente: EL COMERCIO PERU
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abril 28, 2011

No compra cerveza y lo acuchillan. Vecino agresor ahora le pide perdón al herido

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 10:05 — Visto: 167 veces
No compra cerveza y lo acuchillan. Vecino agresor ahora le pide perdón al herido



Un sujeto que acuchilló en el estómago a su vecino porque no quiso comprar más cerveza para que sigan bebiendo en una "pollada bailable", fue detenido por efectivos de Investigación de Homicidios de la Dirincri en el Paseo Colón del Cercado de Lima.

Según testigos, el pasado 2 de abril, Marco Antonio Chávez Castillo (41) fue atacado con un filudo cuchillo por Daniel Abimael Vega Obregón (41) en la loza deportiva San José, porque se negó a comprar más cerveza.

"Empezaron a discutir, Daniel que estaba completamente ebrio no quería entender razones. Marco le dijo que al día siguiente tenía que ir a trabajar, pero aun así no le hizo caso, lo atacó con el cuchillo y luego huyó", declararon a la policía.

Al ser detenido el acusado dijo estar arrepentido por su actitud y pidió perdón a su vecino. "Espero que me disculpe, no fue mi intención herirlo, estaba borracho", sostuvo antes de ser trasladado a la fiscalía.

Se supo que el herido se recupera en su vivienda, tras haber permanecido internado en el hospital Dos de Mayo.

FUENTE: OJO PERU
28 de Abril del 2011
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abril 28, 2011

Desalmada envenena a su hijito. Le dio raticida porque padre del menor no quería regresar con ella

Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 10:04 — Visto: 184 veces
Desalmada envenena a su hijito. Le dio raticida porque padre del menor no quería regresar con ella



Una enloquecida mujer, perturbada emocionalmente, asesinó a su hijo de apenas 2 años de edad al darle de beber veneno para ratas mezclado con gaseosa en su precaria vivienda de San Juan de Lurigancho.

La filicida Nelly Obregón Rivera (22) durmió una noche con el cadáver de su hijo, Steven R.D. (02), mientras tramaba una coartada.

Luego de ser interrogada por los detectives de la comisaría 10 de octubre, al mando del mayor PNP Zenovio Becerra Vargas, entró en contradicciones, pero finalmente confesó que lo hizo en venganza porque el papá de su hijo, de quien estaba separada hace 2 años, no quería retomar la relación sentimental con ella.

Los hechos se suscitaron la noche del último lunes cuando la mujer luego de pasear con su hijo en el Parque de la Reserva en Lima, regresó a su casa de la Mza. P Lt. 4 en la Agrupación Familiar Los Andes en el sector Casa Blanca.
Una vez en el interior, mezcló gaseosa con 2 sobres de veneno para ratas y le dio de beber a su hijo.

La mala madre al día siguiente, al verificar que el menor yacía sin vida, tomó el veneno restante y contó su deceso a una de sus tías, Eufresina Rivera Durand (36), aduciendo que un hombre le invitó a ella y su hijito una gaseosa y luego se sintieron mal.

FUENTE: OJO PERU
28 de Abril del 2011
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abril 28, 2011

'Policías lo mataron'; Madre acusa a efectivos de masacrar a su hijo

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 10:00 — Visto: 208 veces
"Policías lo mataron"; Madre acusa a efectivos de masacrar a su hijo


Tras 48 horas de agonía falleció el vigilante Gherson Alexis Falla Marreros (26) producto de la terrible golpiza que recibió, según sus familiares, por parte de agentes policiales de la comisaría de San Borja, tras ser confundido con un delincuente.

"Era un chico sano, su único pasatiempo era jugar fútbol. Esos malditos lo mataron en una confusión y ahora necesito justicia para vivir en paz", precisó Natalia Marreros, madre de la víctima, en un aparte del velorio.
Agregó que los golpes que recibió su hijo dañaron sus riñones, el hígado, los pulmones y la vejiga. De otro lado, el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, anunció que se investigará la muerte del joven, cuyo caso fue denunciado por la prensa.

FUENTE: OJO PERU
28 de Abril del 2011
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abril 28, 2011

Callao pide penas más duras para delincuentes

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 10:00 — Visto: 229 veces
Callao pide penas más duras para delincuentes

Alcalde chalaco dice ladrón reincidente debe ir a la cárcel

Sotomayor García fue condecorado por el gobierno con el Grado de Gran Cruz por los servicios prestados a la comunidad.

El alcalde provincial del Callao, Juan Sotomayor García, primer alcalde condecorado con la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el Grado de Gran Cruz, declaró a OJO que la solución al problema de la inseguridad ciudadana pasa por endurecer la legislación y las penas contra la delincuencia.
"El que por primera vez roba, tiene que cumplir una labor social en el municipio, pero el reincidente tiene que ser sancionado con la cárcel. No podemos esperar que la policía o las juntas vecinales hagan todo", sostuvo.
Sotomayor demandó al Congreso de la República revisar la Ley de Seguridad Ciudadana e impulsar estos cambios porque el panorama es preocupante, ya que delincuencia hay en todo el país y no sólo en el Callao. "Yo creo que hay que cambiar la legislación haciéndola más dura (...) no puede quedar impune", dijo.

De otro lado, consideró importante que los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Ollanta Humala tengan una propuesta concreta con relación a los gobiernos locales, y no sólo se preocupen de alianzas partidarias. "No se han dado cuenta de que acá existen dos mil municipios, y que son ellos quienes están más cerca al pueblo, y van a definir al nuevo presidente de la República", expresó.

En cuanto a la condecoración otorgada por disposición del presidente Alan García, por sus 16 años de gestión a favor de la población chalaca, Sotomayor indicó que ello lo compromete aun más con el país y con el pueblo chalaco, y destacó la labor de su equipo de trabajo que lo ha acompañado desde que era alcalde de Bellavista.

Consideró que su mejor logro ha sido la obra social, que se encarna en la Fundación Aída Sotoma­yor, creada por su familia, porque es una forma de "humanizar" la gestión municipal.

algomás
El gobierno también ha dispuesto la condecoración de Félix Moreno, presidente regional del Callao, en reconocimiento a su labor en beneficio del primer puerto. En la ceremonia prevista para hoy recibirá la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz.

FUENTE: OJO PERU
28 de Abril del 2011
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abril 28, 2011

Trujillo: madre es asesinada a tiros por no pagar cupos

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 09:58 — Visto: 186 veces
Trujillo: madre es asesinada a tiros por no pagar cupos


Conmoción por el caso de una mujer a quien acribillaron por negarse a pagar 100 soles. Extorsionadores mataron a otras dos personas.


Aumentan los crímenes contra los que se niegan a pagar cupos. (Difusión)
La delincuencia organizada que impera en la ciudad de Trujillo sigue avanzando y cobrando nuevas víctimas. En las últimas horas, tres nuevos crímenes conmocionaron a la población, pues las víctimas fueron blanco de las bandas de extorsionadores.

El caso que más llamó la atención fue el de la joven madre de familia Sofía Mercedes Alavo, de 24 años, quien fue asesinada en la puerta de su casa ubicada en el distrito de Chao, en la provincia de Virú.

Se supo que la mujer, cuyo único ingreso era el trabajo con su mototaxi, fue acribillada por negarse a pagar a los delincuentes un cupo de 100 soles.

FUENTE: TROME PERU
28.04.2011
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abril 27, 2011

LEY Nº 29678, LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA VIALIZAR EL REGIMEN DE LAS EMPRESAS AGRARIAS

Categoría: General — gcornejo @ 09:08 — Visto: 498 veces
LEY Nº 29678, LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA VIALIZAR EL REGIMEN DE
LAS EMPRESAS AGRARIAS AZUCARERAS



PODER LEGISLATIVO
CONGRESO DE LA REPUBLICA
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.
POR CUANDO:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA:
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA VIALIZAR EL REGIMEN DE LAS EMPRESAS AGRARIAS AZUCARERAS

ARTICULO 1.- OBJETO DE LA LEY
El objeto de la presente Ley es establecer medidas para viabilizar el régimen de las empresas agrarias azucareras para efectos de la ejecución de la Ley 29299, Ley de Ampliación de la Protección Patrimonial y Transferencia de Participación Accionaría del Estado a las Empresas Agrarias Azucareras.
ARTICULO 2.- MODIFCACION DEL ARTICULO 3 DE LA LEY 29299
Modifíquese el artículo 29299, Ley de Ampliación del Protección Patrimonial y Transferencia de Participación Accionaría del Estado a las Empresas Agrarias Azucareras, con el siguiente texto:

“Articulo3.- de los programas requeridos
Las empresas agrarias azucareras, para acogerse a lo dispuesto en el articulo 1, bajo responsabilidad, presentan al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), hasta el 30 junio de 2011, el Programa de Reflotamiento, empresarial, el Programa de Reconocimiento de Obligaciones y el Cronograma de Pagos, debidamente actualizados. Dichos documentos son evaluados y aprobados por una comisión integrada por un representante del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y otro de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), quienes verifican la documentación presentada.
Los cronogramas de pago y sus reajustes son exigibles y de obligatorio cumplimiento para las empresas agrarias azucareras y sus acreedores. En caso de incumplimiento, el acreedor perjudicado puede iniciar o continuar la ejecución forzada de la obligación insastifecha, conforme a las normas del Código Proceso Civil.
El instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), bajo responsabilidad;
a) Verifica y evalúa la documentación presentada por cada empresa.
b) Aprueba los programas requeridos y supervisa su ejecución, según el procedimiento y las normas que establezca para tal efecto. En estos casos, no es de aplicación la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal.
c) Informa periódicamente a las Comisiones Agraria y de Economia, Banca Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la Republica, sobre el cumplimiento y ejecución de las acciones establecidas en la presente Ley.”

ARTICLO 3.- PLAZO PARA CONCLUIR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA PARTICIPACION ACCIONARIOA DEL ESTADO EN LAS EMPRESAS AGRARIAS AZUCARERAS.
El plazo concluir el proceso de transferencia de la participación accionaría del Estado en las empresas agrarias azucareras acogidas a la Ley 29299, Ley de Ampliación de la Protección Patrimonial y Transferencia de participación Accionaría del Estado a las Empresas Agrarias Azucareras, a cargo de la Agencia de PROMOCION DE LA Inversión Privada (ProInversion), vence indefectiblemente el 31 de Diciembre del 2011, con arreglo al procedimiento y trato preferentemente establecidos en el articulo 2 de la citada Ley, para lo cual las administraciones de las empresas deben entregar toda las información contable y financiera requerida para la valorización correspondiente, bajo responsabilidad.
Dentro de los cientos veinte (120) días naturales siguientes a la fecha de vencimiento establecida en el primer párrafo, los trabajadores ejercen ante la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro Inversión) su derecho de preferencia en la que las empresas mantengan deudas laborales con los trabajadores y estas deudas sean exigibles, los trabajadores pueden adquirir acciones de las empresas en compensación por dichas deudas. En caso de que no se concreta la venta mediante los mecanismos antes señalados, se prosigue con los procesos de venta hasta su conclusión definitiva en el plazo fijado en el primer párrafo.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro Inversión) informa periódicamente a las Comisiones Agraria y de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la Republica, sobre el cumplimiento y ejecución de este proceso.
ARTÍCULO 4.- EXTENSION Y TÉRMINO DEL REGIMEN DE PROTECCION PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS AGRARIAS AZUCARERAS.
El régimen de protección patrimonial de las empresas agrarias azucareras contenido en el párrafo 4.1 del articulo 4 de la Ley 28027, Ley de la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera, se extiende y termina indefectiblemente el 31 de diciembre de 2011, sin excepción, exceptuándose de este régimen las obligaciones laborales, sociales y tributarias que venzan a partir de la vigencia de la presente Ley. El atraso en el cumplimiento de estas obligaciones ocasiona la conclusión del régimen de protección patrimonial.
DISPÒSICION COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. DEROGATORIA
Deroganse o déjanse sin efecto, según corresponda, las normas que se opongan a la presente ley.

SEGUNDA. VIGENCIA DE LA LEY
La presente Ley entra en vigencia el dia siguiente de su publicación en el Diari Oficial El Peruano

DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA.
UNICA. SUSPENSION DEL PROCESO DE VENTA DE ACCIONES
El proceso de venta de las acciones de las empresas agrarias azucareras iniciado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (pro Inversión) queda suspendido mientras ase encuentran vigentes los plazos establecidos en la presente Ley.

POR LO TANTO:
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la Republica, insistiendo en el Texto aprobado en sesión del Pleno realizada el día dos de diciembre de dos mil diez, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se publique cumpla.

En Lima, a los veintiún días del mes de abril de dos mil once.

CESAR ZUMAETA FLORES
Presidente del Congreso de la Republica

ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO
Primer Vicepresidente del Congreso de la Republica
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abril 27, 2011

Matan a un niño. Le dispararon porque lloraba mientras robaban a sus padres

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 08:49 — Visto: 209 veces
Matan a un niño. Le dispararon porque lloraba mientras robaban a sus padres



Salvajes. Una banda de delincuentes mató de un balazo en el tórax a un niño de 2 años de edad sólo porque comenzó a llorar durante el asalto a sus padres.

El lunes último, seis delincuentes encapuchados y armados ingresaron a la vivienda de los jóvenes esposos Justiniano Lipa Arhuire (21) y Carolina Quispe Condori (20), ubicada en la comunidad de Ajoyani, del distrito de Ananea, en Putina, Puno.

Tras maniatar a la pareja y disparar contra el jefe de familia, el menor Elvis Jhon comenzó a llorar desconsoladamente.

Desesperados porque el llanto del bebé podría ponerlos al descubierto, uno de ellos disparó sin piedad contra el niño provocando su muerte instantánea.

Los sujetos permanecieron en la casa aproximadamente noventa minutos, mientras cargaban las 30 bolsas de arenilla en bruto combinado con oro, valorizado en poco más de 14 mil nuevos soles.
Tras el asalto con la muerte del infante, los ladrones taparon con frazadas a la pareja de esposos y cuatro personas más que se encontraban en la casa y los encerraron en una habitación.

Luego huyeron a bordo de una camioneta 4x4 con dirección a Sandia o Juliaca.

algomás
Los esposos denunciaron el hecho en la comisaría del distrito de Ananea, y ayer se realizaron operativos sin resultado positivo hasta el momento.
FUENTE: OJO PERU
27 de Abril del 2011
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abril 27, 2011

Salomón Lerner: 'Candidatos deben asumir compromisos en DD.HH.'

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 08:46 — Visto: 297 veces
Salomón Lerner: "Candidatos deben asumir compromisos en DD.HH."

El ex presidente de la Comisión de la Verdad señaló que Humala y Fujimori deben garantizar el acceso a la justicia


Martes 26 de abril de 2011

Los candidatos presidenciales Ollanta Humala y Keiko Fujimori deben asumir compromisos concretos en materia de derechos humanos, lo que debe traducirse en políticas efectivas de acceso a la justicia. Así lo señaló hoy Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

También consideró importante que los programas de gobierno incluyan un pronunciamiento puntual sobre el respeto a los derechos fundamentales como pilar fundamental de la democracia.

“Lo que pido a los candidatos es un compromiso público, directo y muy solemne (...) un pronunciamiento concreto sobre derechos humanos, donde no solo haya palabras, arrepentimientos, sino el desarrollo de políticas muy concretas con programas”, expresó.

QUÉ COMPROMISOS DEBEN ASUMIR
Mencionó que ambos candidatos deben reconocer como víctimas a los afectados por la violencia registrada entre 1980 y el 2000, desarrollar una política contraria a la aplicada en el pasado (que permitió violaciones a los derechos humanos) y diseñar estrategias para garantizar el acceso a la justicia.

Asimismo, garantizar la continuidad del Lugar de la Memoria y honrar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la CVR.

Lerner asistió al acto desarrollado por familiares víctimas de la violencia terrorista en el monumento el Ojo que Llora, en la que se emplazó a los postulantes de gobierno a pronunciarse en estos temas.

“(...) Le exigimos a la candidata fujimorista, que fue la primera dama en el pasado, que haga un deslinde público con las Fuerzas Armadas y el grupo Colina”, señaló una de sus representantes.

En otro momento se dirigió a Humala: “Los familiares requerimos que quede claro su compromiso en la defensa y garantía de los Derechos humanos (...) asimismo le pedimos al señor Humala, que ratifique lo firmado en el Acuerdo Nacional”.

fuente: EL COMERCIO PERU
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abril 26, 2011

APRUEBAN “REGLAMENTO DE EDIFICACIONES PARA USO DE LAS UNIVERSIDADES

Categoría: UNIVERSIDAD — gcornejo @ 04:33 — Visto: 2233 veces
ASAMBLE NACIONAL DE RECTORES

APRUEBAN “REGLAMENTO DE EDIFICACIONES PARA USO DE LAS UNIVERSIDADES

COMISION DE COORDINACION INTERUNIVERSITARIA
RESOLUCION Nº 0282-2011- ANR

Lima, 17 de marzo de 2011.

EL PRESIDENTE DE LA ASMBLEA NACIONAL DE RECTORES.

VISTOS:

Los memorandos Nº 189-2010-DPIDI, de fecha 17 de diciembre de 2010, Nº 1302-2010/DGPU, DE FECHA 21 diciembre de 2010; los informes Nº 115-2011-DGAJ, de fecha 14 de febrero de 2011; Nº 249-2011-SE, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2011,y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Nº 1055-2009-ANR, se constituye la Comisión Especial encargada de elaborar y proponer las características esenciales que deben reunir los proyectos de infraestructura Física de las Universidades del país, coherentes con su propia naturaleza académica;
Que, mediante memorando Nº 002-2010-CE, de fecha 16 de diciembre de 2010, la referida Comisión remite el proyecto de “Reglamento de Edificaciones para uso de las Universidades” para la consideración de la Alta Dirección de la Asamblea Nacional de rectores:
Que, mediante memorando Nº 189-2010-DPIDI y Nº 1302-2010/DGPU, se remite el referido proyecto a la alta dirección y se solicita su aprobación mediante la emisión de una Resolución;
Que, mediante informes de vistos, la dirección General de Accesoria Jurídica de la Asamblea Nacional de Rectores opina que, teniendo en cuenta que el Reglamento Nacional de Edificaciones, publicado el 08 de junio de 2006 en el diario Oficial El Peruano, es de aplicación obligatoria para quienes desarrollen proceso de habilitación urbana y edificación en el ámbito nacional, la ANR puede aprobar el proyecto final de “Reglamento de Edificación para uso de las Universidades”;
Que, mediante memorando 249-2011-SE, el Secretario Ejecutorio de la Asamblea Nacional de Rectores dispone la elaboración de un a Resolución por la que se apruebe el “Reglamento de Edificaciones para el uso de las Universidades” , de conformidad al memorando Nº 1302-2010/DGPU, teniendo en cuenta la recomendación del informe de la Dirección General de Accesoria Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la ley Universitaria, Ley Nº 23733, y en uso de las atribuciones conferidas a la Presidencia de la Asamblea Nacional de Rectores en Virtud del Reglamento General de la Comisión de Coordinación Ínter universitaria;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aprobar el “Reglamento de Edificaciones para uso de las Universidades” el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTICULO 2º.- Publicar la presente resolución en el diario oficial El Peruano y en la pagina Web de la institución.

Regístrese y comuníquese

ELIO RODRIGUEZ CHAVEZ
Rector de la Universidad Ricardo Palma y
Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores.

RAUL MARTIN VIDAL CORONADO
Secretaria General de la Asamblea Nacional de Rectores.


ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES
REGLAMENTO DE LAS UNIVERSIDADES

CAPITULO I
GENERALIDADES

ARTICULO 1.- FINALIDAD: El presente Reglamento tiene por finalidad complementar las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones con el propósito de lograr las condiciones de habitabilidad y seguridad paras las edificaciones de las Universidades.

ARTICULO 2.- AMBITO DE APLICACIÓN: El presente reglamento es de observancia general y obligatoria en el ámbito nacional y forma parte, conjuntamente con el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y otras normas pertinentes, del cuerpo normativo a considerar en el proceso de aprobación de lo proyectos de edificaciones universitarias.

ARTICULO 3.- COMPETENCIA: El presente reglamento se expide de conformidad con lo establecido por el RNE en sus artículos 1,2,3, Norma A..040 EDUCACION, sobre las características y requisitos que deben cumplir las edificaciones de uso educativo, las que deben considerar las normas especificas que dicte el sector respectivo, y la obligatoriedad de obtener informe favorable de la Comisión de Proyectos de Infraestructura Física de la Universidades del País de la Asamblea Nacional de Rectores.(ANR).

ARTICULO 4.- JUSTIFICACION: Las normas urbanistas y edificatorias vigentes con referencia a las universidades no consideran suficientemente la necesidad de regular la gran diversidad existente de establecimientos y ambientes de uso universitario que obliga a establecer normas específicas para este sector.

ARTICULO 5.- USO EDUCATIVO UNIVERSITARIO: De conformidad con el articulo 1, norma A.040 de RNE, se denomina edificación de uso educativo universitario a toda reconstrucción destinada a prestar servicio de formación académica y profesional de nivel universitario y sus actividades complementarias.

ARTICULO 6.- ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS: Las actividades educativas de la Universidad comprenden los estudios preuniversitarios, los de integrados y titulación profesional, los de Segunda Especialidad Profesional, los de postgrado (maestría y doctorado) y los especiales (reciclaje, capacitación laboral, extensión cultural, etc.) son actividades complementarias la investigación, la proyección social, la producción de bienes y la prestación de servicios.

ARTÍCULO 7: DEFINICIONES: Para efectos del presente reglamento se deberá tener en cuenta los siguientes tipos de establecimiento universitario:

7.1. CAMPUS UNIVERSITARIO: Establecimiento formado por un terreno que alberga edificios y áreas libres pertenecientes a una Universidad donde se desarrollan en forma integral y autosuficiente las actividades de formación integral y autosuficiente las actividades de forración académica y profesional y sus actividades complementarias.
7.2. SEDE ANEXA: Establecimiento formado por un terreno que alberga edificios pertinentes a una Universidad, donde se desarrollan actividades, o contiene facilidades, que son solo complementarias de la formación academiza y/o profesional o actividades de producción de bienes y servicios relacionados fundamentalmente con la formación.

ARTICULO 8.-UNIDADES FUNCIONALES: Las universidades pueden estar conformada por las siguientes unidades funcionales.
CLASE UF1.- Administración Central y Servicios Centrales (Rectorado, admisión, Direcciones Generales, Biblioteca Principal, etc.)
CLASE UF2.- Centros de Enseñanza (Facultades Escuelas de Postgrado, Centro Preuniversitarios, Escuelas Especiales).
CLASE UF3.- Unidades de Apoyo a la Enseñanza (Talleres, Laboratorios, Centros Informáticos de Investigación, Bibliotecas Auditorios, Aulas Magnas, etc.)
CLASE UF4.- Centros de producción de bienes y servicios con fines académicos y mixtos (oficinas de Investigación y Consultaría, Talleres Artesanales y Fabriles, Laboratorios, Campos de Producción, Hoteles, Mercados, Centros de Salud, etc.)
CLASE UF5.- Centros de producción de bienes y servicios sin fines000 académicos (Oficinas de Investigación y Consultaría, Talleres Artesanales y Fabriles, Laboratorios, campos de Producción, e)
CLASE UF6.-Alojamientos Universitarios y Centros de Esparcimientos (Residencias Estudiantiles, Comedores universitarios, Campos Deportivos, Parques Recreativos, etc.)
CALSE UF2.-Facilidades de transporte (Esparcimientos Vehiculares, Paraderos, y terminales de transporte, etc.)
ARTICULO 9.- CAPACIDADES DEL ESTABLECIMIENTO: Con la finalidad de establecer las áreas de mínimas de establecimiento universitario, Así como para el calculó de la población estudiantil que sirva de base para establecer la dimensión de los ambientes, el arrea libre, el numero de aparatos sanitarios, de establecimientos, la capacidad de espacios de circulación, los requisitos de evacuación y otros, se determinara la capacidad máxima de uso de los locales en función del numero de puestos para estudiantes existentes en aulas y laboratorios
La capacidad total del establecimiento se calculara dividiendo el área total de la superficie de piso interior de aulas y laboratorios (incluye talleres y centros de computo para la enseñanza) entre el área unitaria que normativamente ocupa un estudiante.(factor estudiante carpeta indicando en el articulo 21.6 del presente reglamento).

ARTICULO 10.- CALIDAD DE LAS EDIFICACIONES: De conformidad con el articulo 5, norma G.010 del RNE la calidad de las edificaciones esta dad por un optimo nivel de seguridad, funcionalidad, habitabilidad y con adecuación al entorno y protección del medio ambiente, y en concordancia con el articulo 4, norma A.040 del RNE, debe establecerse la idoneidad de los espacios al uso previsto considerando los planes y programas de desarrollo institucional

ARTICULO 11- CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS: En virtud de lo dispuesto en el articulo 2, norma A.040 del RNE, la opinión favorable de la ANR sobre la calidad de un proyecto de edificación para uso de las Universidades se sustenta en el cumplimiento de la normativa vigente y es de carácter obligatorio, previo al tramité a nivel municipal y sin perjuicio de calificación posterior que a este le corresponda.

ARTICULO 12.- DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL EXPEDIENTE: El expediente de solicitud de opinión favorable de la ANR debe incluir como requisito mínimo la siguiente documentación.

12.1. Anteproyecto arquitectónico
12.2. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios vigente y, de ser emitida por la Municipalidad correspondiente.
12.3. Constancia de habilidad del profesional proyectista emitido por el Colegio de Arquitectos del Perú.
12.4. Memoria Descriptiva del proyecto, indicando la correspondencia de las edificaciones con el uso proyectado, el análisis del cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios establecidos en la normativa vigente y del cumplimiento de los aspectos relativos a seguridad. Así mismo, de ser necesario, la descripción de los establecimientos de la Universidad, y de sus edificaciones, que en conjunto estén comprometidos en albergar las actividades de formación académica y profesional correspondientes.
12.5. Fotografías actuales del terreno y/o edificaciones comprometidas con las obras proyectadas. Complementariamente, según la naturaleza del proyecto se deberá agregar.
12.6. Planos y cálculos de evacuación de las edificaciones proyectadas.
12.7. Plano de diseño de la habilitación urbana.
12.8. Plano de localización del establecimiento con relación al campus universitario, con el que se relaciona.
12.9. Estudios de demanda proyectada de estacionamiento y de accesibilidad al establecimiento.

La comisión Revisora del proyecto podrá solicitar información complementaria de utilidad para la evaluación del mismo.

ARTICULO13.- EL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO: El anteproyecto de Arquitectura debe contener, como mínimo, los planes indicados en adicionalmente la acotación de medidas que permita evaluar el cumplimiento de las normas y la denominación de los ambientes techados y áreas libres en función de su uso especifico. Los planos deben presentarse con ubicación de muebles y equipos a instalar, en cumplimiento del artículo 4, norma A.040 del RNE.

CAPITULO II
NORMAS URBANISTICAS

ARTICULO 14.- CORRESPONDENCIA ENTRE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS Y EQUIPAMIENTO FISICO: La necesaria correspondencia entre las actividades universitarias y el equipamiento físico lleva a considerar un terreno adecuado, edificaciones apropiadas, servicios accesibles, mobiliario y equipos a nivel optimo. Por tanto, se debe establecer una relación apropiada entre usuarios del campus universitario y las facilidades existentes.

ARTICULO 15.- IMPACTO AMBIENTAL Y VIAL: Las actividades que se realizan en cada establecimiento universitario deben producir niveles operacionales de impacto ambiental y vial no superiores a los normados para los predios y espacios públicos colindantes. Así mismo, se debe considerar niveles óptimos de impacto ambiental y de seguridad vial al interior del campus universitario.

ARTICULO 16.- LOCALIZACION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO: El campus universitario debe ser localizado de conformidad con el Plan de Desarrollo urbano y/o el Esquema de Zonificación vigente del centro urbano donde se ubica. De no existir tales instrumentos de ordenamiento territorial, se debe obtener el correspondiente certificado de compatibilidad de uso emitido por la autoridad municipal. En todo caso, se debe cumplir con lo establecido en el artículo 5, norma A.040 del RNE.
ARTÍCULO 17.- TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS UNIVERSITARIOS: Por la naturaleza de las unidades Funcionales que contiene de las Unidades Funcionales que contiene cada establecimiento, se establecí la siguiente tipologia de establecimientos universitarios:
TIPO A. Campus Principal de Unidad Central o Filial:
Contienen de Clase UF1 a Clase UF2; (obligatoriamente Clase UF1 y Clase UF7)
Área mínima de lote: 3000m2.
Zonificacion: Educación Superior (E3, E4 o similar).
TIPO B. Campus Secundario:
Contiene de Clase UF2 clase UF/7 (obligatoriamente UF2, UF3 Y Case UF7)
Área mínima de lote: 3000m2.
Zonificacion: Educación Superior (E3, E4 o similar) o de uso compatible.
TIPO C Sede Anexa con fines académicos:
Contienen solo Clase UF3, Clase UF4, Clase UF6 y/o Clase UF7
Área mínima del Lote: 1002
Zonificacion: Educación Superior (E3, E4 o similar)o de uso compatible con los usos propios del establecimiento.
TIPO D Establecimiento Anexo sin fines académicos:
Contiene solo Clase UF5 Y/O Clase UF7
Dimensión del Terreno: lote normativo. Área mínima: 450m2.
Zonificacion: Correspondiente a los usos propios del establecimiento.


ARTÍCULO 18.- PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS: En el caso de ubicación en terreno con zonificacion correspondiente al uso especifico de educación universitaria, la edificación se regirá por los parámetros establecidos para ese uso, y en concordancia con lo establecido en el presente reglamento. En el caso de ubicación en terreno cuyo uso para educaron universitaria es de carácter complementario o compatible con el uso dominante, se consideran parámetros propios del uso universitario en armonía con los parámetros correspondiente al uso dominante y en concordancia con lo establecido en el presente reglamento.
ARTÍCULO 19.- CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD: Los establecimientos universitarios deben cumplir con las siguientes condiciones de funcionalidad:
a. Los establecimientos de enseñanza (Clase UF2) deben constituir una unidad funcional con condiciones de accesibilidad y vencida que ofrezcan confort y seguridad a sus usuarios y eviten incompatibilidades entre sus actividades y las propias del vecindario.
Deben contar con las aulas y otros espacios de enseñanza apropiados a la naturaleza de los estudios (laboratorios, talleres, campos de trabajo, etc.) y complementariamente, como mínimo, con las siguientes facilidades:
1.- Biblioteca y/o Centro de Documentación
2.- Cafetería y/o comedor.
3.- Sala de Profesores
4.- Servicios Higiénicos para estudiantes, profesores y personal.
5.- Oficina Administrativa y área de recepción
7.- Área de Servicios al estudiante (fotocopiado, librería, impresiones, útiles,
Comunicaciones y actividades similares)
8.- Área libre con fines de descanso, recreación y refugio en caso de desastres.
9.- Campo o edificio deportivo.
10.- Zona de estacionamiento vehicular y/o paradero de transporte publico.

b. Las Unidades de Apoyo (Clase UF3) y los centros de producción (clase UF4) ubicados en Establecimientos Tipo C (sedes anexas) ubicados a distancia mayor de 500m. Del campus universitario respectivo deberán contar con:
1.- Biblioteca y/o centro de Documentación
2.- Cafetería y/o comedor
3.-Sala de profesores
4.-Servicios Higiénicos para estudiantes, profesores y personal
5.-Oficina administrativa y área de recepción
6.- Tópico y/o Centro de Salud
7.-Área de servicios al estudiante fotocopiado, librería, impresiones, útiles, comunicaciones y actividades similares.
8.-Área libre con fines de descanso, recreación y refugio en caso de desastres
9.-Zona de estacionamiento vehicular y/o paradero de transporte publico.


ARTÍCULO 20.- CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y RELACIONES DE VENCIDAD DEL CAMPUS:
20.1. Los establecimientos Tipo A y B deben tener el ingreso principal desde una vía del sistema vial primario de la ciudad (expresa, arterial o colectora), teniendo como sección mínima la correspondiente a una vía colectora de 21.60.m de ancho que incluya berma central. En el caso de las vías expresas y arteriales el acceso será desde la vía de servicio local que le compone.
20.2. Los establecimientos Tipo A o tipo B pueden constituir una unidad funcional con el establecimiento tipo C en los siguientes casos:
a) Con conexión por medio de vía peatonal y/o ciclo vía exclusiva a distancia no mayor de 500ml
b) Con conexión por medio de vías del sistema vial primario dentro del territorio de la Provincia o hasta 50 km. De distancia por la red vial con transporte publico. Km. De distancia por la red vial con transporte publico.
c) Por situarse en lotes enfrentados y divididos por una vía local, parque o plaza.
20.3 Los accesos al campus no podrán ubicarse a menos de 15.00m. de casinos, tragamonedas, salones de baile, discotecas, salas de billar, cabaret y otros locales de diversión similares.
20.4 El campus no podrá ubicarse a menos de 50.00m de estaciones de expendio de combustible y otros establecimientos que impliquen riesgos para la salud y/o la seguridad de sus usuarios.
20.5 Los edificios y playas de estacionamiento (UF7) ubicados fuera del campus, que sirven complementariamente a este, estarán a distancia no mayor de 350m medidos a partir del punto de acceso al campus. Podrán ser propios o alquilados.

CAPITULO III
NORMAS DE EDIFICACION


ARTÍCULO 21.- AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS DE ENSEÑANZA: Complementariamente con lo establecido en el artículo 6, norma A.040 del RNE, las aulas y otros ambientes de enseñanza deberán cumplir con los siguientes requisitos:
21.1 La altura mínima de piso a cielorraso será de 2.80 m, en las localidades con temperatura máxima en los ambientes que cuenten con sistema de ventilación forzada su altura mínima serán de 2.60m.
21.2 La ventilación en forma natural de las aulas deberá ser permanente, alta y cruzada, de conformidad con el articulo 6, inc. D, norma A.040 del RNE y los vanos con apertura serán no menores de 10% del área del piso del aula en la Costa 5% en la Sierra y 15% en la Selva, en caso de ventilación en forma mecánica se asegurara la instalación de equipos que produzcan la renovación total del aire cada 30 minutos, de conformidad con la norma EM. 030 del RNE. Si un recinto requiere ser oscurecido para realizar proyecciones, deberá asegurarse su adecuada ventilación por medio propio.
21.3 La iluminación en forma natural de un aula o taller se hará de conformidad con los incisos a), f), g) y h) del articulo 6, norma A.040 del RNE, salvo que cuente con iluminación artificial complementaria, debiendo asegurar un nivel uniforme de 500 luxes en aulas y talleres, de conformidad con la norma EM. 010 del RNE.
21.4 En cumplimiento del inciso j) del artículo 6, norma A.040 del RNE, el nivel de ruido máximo admisible en las aulas será de 50 decibeles.
21.5 En los recintos destinados a proyecciones deberá considerarse la adecuada visibilidad del ecran o pantalla, siendo las dimensiones mínimas las siguientes.
a) Las proporciones entre medida de altura de pantalla o ecran (de borde a borde)y profundidad del aula no serán mayores de 1 a 5.
b) La distancia mínima entre la primea carpeta o butaca y el ecran deberá ser igual a la dimensión de la diagonal de la pantalla.
c) Para los casos en que la distancia entre frente y fondo del aula supera los 8m. o para aulas que se integren en una mayor se deberá resolver los ángulos de visibilidad y cuyo estudio se presentara en el expediente.
d) La altura mínima del piso del primer espectador al borde inferior de la pantalla no debe ser menor de 0.90m.
21.6 La capacidad de uso de los recintos se establecerá de conformidad con los siguientes indicadores (factor estudiante- carpeta):
a) Aulas de piso plano o en galería: 1.30 m2 por estudiante – carpeta
b) Aulas tipo auditorio; 090 m2 por estudiante- carpeta
c) Talleres y laboratorios: 2.25 m2 por estudiante- carpeta.
d) Laboratorio de computación y salas de estudio: 1.8 m2 por alumno-mesa.
e) Biblioteca y centros de información (Sala de lectura o trabajo): 2.00m2 por alumno- asiento.
21.7 De conformidad con el artículo 11, norma A.040 del RNE, en ancho mínimo de la s puertas de las aulas y otros ambientes de enseñanza, se calculara a razón de:
a) Aulas con capacidad no mayor de 40 alumnos: una puerta de 1.00 m.
b) Aulas entre 41 y 80 alumnos: dos puertas separadas de 1.00m
c) Aulas con más de 80 alumnos; dos puertas separadas de 1.20m. C/u.

ARTÍCULO 22.- AREA LIBRE: El área libre mínima de un establecimiento universitario será calculada considerando las siguientes áreas mínimas y características según el tipo de establecimiento:
AREA LIBRE MINIMA: Se deberá cumplir con los niveles mínimos de área libre para los siguientes establecimientos:
TIPO A. CAMPUS PRINCIPAL DE UNIDAD CENTRAL O FILIAL, O
TIPO B. CAMPUS SECUNDARIO:
Área libre total mínima: 3m2 por estudiante- carpeta, siendo 1m2 por estudiante- carpeta siendo 1m2 por estudiante- carpeta el área verde mínima
TIPO C: SEDE ANEXA CON FINES ACADEMICOS:
Área libre mínima: 2m2 por estudiante – carpeta.
TIPO D: ESTABLECIMIENTO ANEXO SIN FINES ACADEMICOS:
Área libre total mínima: según parámetro municipal correspondiente al tipo de establecimiento.
a) CARACTERISTICAS DE LAS AREAS LIBRE:
FINALIDAD: El área libre del establecimiento universitario tiene como
Finalidad proporcionar a la comunidad universitaria espacios para recreación pasiva o activa, zona de refugio en caso de evacuación y área de estudio no comprometida con la circulación general de los usuarios del local.
AREA DE ESTACONAMIENTO: El área destinada a estacionamiento vehicular no forma parte del área libre computable para el cumplimiento de éste parámetro.
AREA LIBRE CUBIERTA: Los patios, plazas y/o áreas de circulación exteriores deberán considerar por lo menos el 20% del área cubierta para protección del sol y la lluvia.
AREA DE EVACUACION: Adecuadamente localizados, se deben considerar áreas libres sobre terreno natural para zonas de refugio, en caso de evacuación, a razón de por lo menos 1m2 por estudiante- carpeta.
AREA LIBRE EN PISOS SUPERIORES: Se puede considerar en pisos superiores área libre techada o sin techar, con la finalidad de ser área de descanso o estudio, como áreas complementarias al mínimo establecido para áreas complementaria al mínimo establecido para áreas de refugio, siempre que reúnan condiciones adecuadas de accesibilidad, confort y seguridad.
AREA VERDES:
Se considera arrea verde toda superficie sembrada de terreno cubierto de vegetación o parque plaza arborizada, con un mínimo de 70% de área cubierta de vegetación.

ARTÍCULO 23.- CIRCULACION INTERIORES: Los pasajes de circulación y las escaleras de los diversos edificios deberán cumplir con las siguientes condicione:

a) El ancho libre de circulación será, por piso de hasta:

150 personas: 1.50m de ancho mínimo pasajes y escaleras.
225 personas: 1.80m escaleras 1.50m pasaje
300 personas: 2.40 escaleras, 1.80m pasaje
360 personas: 3.00 escaleras, 2.40m pasaje
450 personas: 3.60m escaleras, 3.00m pasaje

A partir de 526 personas agregar un modulo de 0.60m de escalera por cada 75 personas o fracción.
A partir de escaleras mayores de 2,40m. Debe instalarse una baranda cada dos módulos de ancho.

b) Cada tramo de escalera tendrá un máximo de 18 contrapasos, de 16 a 18cm y 17 pasos, de 28 a 30cm.
c) Las escaleras de uso exclusivo de escape podrán tener un ancho mínimo de 1.20m.

ARTICULO 24.- ASCENSORES: Los ascensores en los edificios de enseñanza deberán cumplir con lo siguiente:
a) Los ascensores que sirven a aulas y otros ambientes de enseñanza a partir de los 11m, sobre el nivel de la planta baja será calculados en su capacidad mínima considerando la totalidad de los usuarios existentes a partir de ese nivel, debiendo existir en todos los casos accesibilidad a dos ascensores.
b) El número y capacidad de los ascensores se establecerá como mínimo, para atender simultáneamente, en cinco minutos, al 20% de la población usuaria y de conformidad con el artículo 4º, inciso 1.14 Capacidades, norma EM.070 del RNE. Se presentara estudios específicos de transito que garanticen sastifacer este requerimiento.

ARTÍCULO 25.- FACILIDADES DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO:
Las facilidades de acceso y estacionamiento vehicular en el campus universitario se deben establecer considerando las necesidades de:
a) Los estudiantes segregados por categorías (preuniversitaria, pregrado, postgrado, otras) y medio de transporte a la Universidad, considerando la máxima demanda horaria.
b) Los docentes y administrativos, en la máxima demanda.
c) Los visitantes y público asistente a eventos.
d) Los vehículos de transporte público sirven al establecimiento.
e) El espacio para maniobra y establecimiento para los vehículos de servicio y el parque vehicular propio de la universidad.
f) La demanda adicional producida por las actividades complementarias indicadas en el artículo 6 del presente reglamento.

ARTICUO 26.- DEMANDA DE ESPACIO DE ACCESOS Y ESTABLECIMIENTO. Todo establecimiento debe ser resuelto al interior del establecimiento universitario o en locales vecinos, salvo establecimiento externo debidamente autorizado por el municipio. Para la determinación de la demanda de espacio para el adecuado acceso al campus y de estacionamiento vehicular se requiere establecer las necesidades de:
a) Espacio de refugio de vehículos de transporte publico que sirven al establecimiento (vías de servicio paraderos de ómnibus, taxis, etc., aceras de circulación).
b) Ámbito de acceso al establecimiento (retiro peatonal, puestos de control de ingreso, establecimiento vehicular, temporal, etc.)
c) Ingresos segregados de: peatones, ciclistas, vehículos motorizados.
d) Sistema interno segregado de circulación de peatones, ciclistas, vehículos motorizados.
e) Áreas de establecimiento vehicular: automóviles, motos y bicicleta, ómnibus y camiones, etc.

ARTICULO 27.- ESPACIO DE ACCESO PEATONAL AL CAMPUS.

Las vías públicas desde las que se accede al campus, peatonalmente y/o por vehículos no motorizado, deben estar previstas de lo siguiente:
a) Espacio de parada de vehículos de transporte publico y privado, en carril propio, o refugio habilitado en la berma, de 2.70 m. de ancho mínimo. Debe tener una longitud mínima de 20m, debiendo agregarse 10 m. por cada 1000 estudiantes, a partir de los 5000 estudiantes.
b) Sobreancho en la acera correspondiente al espacio de parada, debiendo tener la acera un ancho mínimo de 2.40m, debiendo agregarse un modulo de de 6.0m. por cada 1000 estudiantes, a partir de los 5000 estudiantes.
c) Las puertas de ingreso no deben abrir ocupando el espacio de las aceras.


ARTICULO 28.- ESPACIOS DE ACCESO VEHICULAR AL CAMPUS.
Los puntos de control de ingresos de vehículos motorizados al establecimiento deberán estar provistos de espacios propios de espera para ingresar, no siendo valido utilizar para la espera los carriles de circulación de la vía publica de acceso al local universitario. La dimensión del espacio de espera estará en función de la máxima demanda de ingreso y la tecnología a emplear para el control del mismo. No es admisible utilizar para el ingreso peatonal los carriles de ingreso vehicular.
ARTICULO 29.- CALCULO DE LA CAPACIDAD MINIMA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR.
Para establecer las necesidades mínimas de estacionamiento vehicular en el campus o sede anexa se podrá optar por una de las siguientes modalidades:
A) PAUTA GENERAL: En el presente reglamento se establece una relación fija entre la población usuaria y número de vehículos a proporcionar simultáneamente la facilidad de estacionamiento. En el indicador vehiculo/ estudiante- carpeta esta considerada la demanda tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo correspondiente, así como de las actividades universitarias complementarias que tienen finalidad académica exclusiva. Al número resultante por ste medio debe agregarse la demanda generada por las unidades funcionales Clase UF4 Y UF5 sin finalidad académica directa.
B) CASO ATIPICO: En casos de excepción, por ser de naturaleza distinta al modelo que corresponde al estándar anterior, la demanda se establecerá por medio de un estudio específico al caso que considere los factores indicadores en los artículos 25 y 26 del presente reglamento. El estudiante presentado por el recurrente deberá ser aprobado por la Comisión.

ARTICULO 30.- INDICADORES NORMATIVA VEHICULO/ ESTUDIANTE- CARPETA
Los valores de la relación vehiculo/estudiantes- carpeta para uso como pauta general indicada en el inciso a) del artículo anterior, son los siguientes:
a) estudios de integrado y titulación profesional (licenciatura, etc.): 1 estacionamiento de automóvil por cada 10 estudiante- carpeta (valor estudiante-carpeta indicando en el articulo 21.6 del presente reglamento).adicionalmente, 1 estacionamiento de bicicletas y motocicletas cada 100 estudiantes.
b) Estudios de Segunda Especialidad Profesional y los de Postgrado (maestría y doctorado): 1 estacionamiento por cada 1.25 estudiante- carpeta.
c) Estudios Preuniversitarios: 1 estacionamientos por cada 15 estudiante. Adicionalmente 1 estacionamiento de bicicletas y motocicletas cada 100 estudiantes- carpeta.
d) Estudios Especiales (reciclaje, capacitación laboral, extensión cultural, etc.): 1 estacionamiento por cada 5 estudiante- carpeta.

ARTICULO 31.- DEMANDA DE ESTACIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SIN FINES ACADEMICAS.
Para dotar a las actividades complementarias sin fines académicos de facilidad estacionamiento vehicular se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las unidades funcionales clase UF4 y UF5 ubicadas al interior de un campus universitario (Tipo A o Tipo B) o sedes anexas Tipo C, adicionaran las necesidades de estacionamientos de sus actividades sin fines académicos a la establecida para las actividades de enseñanza. Se consideran los parámetros existentes para esas actividades establecidos para la Zona por el municipio respectivo, y en su defecto, con base en un estudio de la demanda efectiva.
b) Las unidades funcionales clase UF4, UF5 Y UF6 ubicadas en sedes anexas Tipo D establecerán sus necesidades de estacionamiento de conformidad con los parámetros establecidos para la zona por el municipio respectivo.


ARTÍCULO 32.- CRITERIOS DE ESTRUCTURACION
El análisis y diseño estructura de las edificaciones destinadas a locales de universidades debe realizarse respetando las normas relacionadas con estructuras contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El anexo 1 del presente reglamento ofrece criterios para el análisis y diseño estructural de las edificaciones de universidades, en especial, lineamientos para la concepción estructural de las edificaciones.el anexo 1 del presente reglamento ofrece criterios para el análisis y diseño estructural de las edificaciones de universidades, en especial, lineamiento para la concepción estructural de las edificaciones de pabellones de aulas.

PCAPITULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALS

ARTICULO 33. COMPATIBILIDAD DE NORMAS.
Las normas expedidas por los municipios no serán aplicables si se oponen a les establecidas en el presente reglamento.

Articulo 34. FECHA DE VIGENCIA.
El presente reglamento rige de su publicación en el diario “El Peruano”.

ARTÍCULO 35.- CASO DE APLICACIÓN
El presente reglamento se aplica a todas los `proyectos de edificaciones nuevas, de ampliaciones de remodelaciones que se presentan a la ANR a partir de su fecha de vigencia.

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO
01 DE ABRIL DEL 2011

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abril 26, 2011

DECRETRO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29542, LEY DE PROTECCION AL DENUNCIANTE EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO Y DE COLABORACION EFICAZ

Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 04:26 — Visto: 661 veces
DECRETRO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29542, LEY DE PROTECCION AL DENUNCIANTE EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO Y DE COLABORACION EFICAZ EN EL AMBITO PENAL.

DECRETO SUPREMO Nº 038-2011-PCM.
22.04.2011


EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 29542, se establece la Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal, la cual tiene por objeto proteger y otorgar beneficios a los funcionarios y servidores públicos, o a cualquier ciudadano, que denuncien en forma sustentada la realización de hechos arbitrarios o ilegales que ocurran en cualquier entidad publica y que puedan ser investigados o sancionados administrativamente.
Que, conforme a lo dispuesto en la Única Disposición Final del citado dispositivo el Poder Ejecutivo dictara el Reglamento Correspondiente.
Que, por Resolución Ministerial Nº 337-2010.PCM se constituyo el Grupo de Trabajo encargado de proponer el proyecto de Reglamento de la Ley Nº 29542.
De conformidad con lo establecido en el inciso 8 del articulo 118º de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Articulo 1.- Aprobación:
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29542, Ley de protección al denunciante en el ambito administrativo y de colaboración eficaz en el ambito penal, que consta de tres (3) Capítulos, doce (12) Artículos y un anexo denominado “Formulario para presentar una denuncia”, cuyos textos forman parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Plazo de Implementación:
La contraloría General de la Republica dictara las medidas necesarias para la implementación de lo dispuesto en el Reglamento aprobado mediante el presente dispositivo, en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha de su vigencia.

Artículo 3º.- Vigencia:
El presente Decreto Supremo entrara en vigencia el dia siguiente de su publicación en Diario “El Peruano”.

Articulo 4º.- Refrendo:
El presente Decreto Supremo Serra refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros y Ministra de Justicia y la Ministra de Trabajo y promoción del Empleo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los veintiún días del mes de abril del año dos mil once.

ALAN GARCIA PEREZ
Presidente constitucional de la Republica

ROSARIO DEL PILAR FERNANDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros y ministra de Justicia.

MANUELA GARCIA COCHAGNE
Ministra de trabajo y Promoción del Empleo.


REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCION AL DENUNCIANTE EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO Y DE COLABORACION EFICAZ EN EL AMBITO PENAL.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º.- OBJETO:
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos relacionados con las medidas de protección de los funcionarios y servidores públicos o de cualquier ciudadano, que denuncien en forma sustentada la realización de hechos arbitrarios o ilegales que ocurran en cualquier entidad publica, que contravengan las disposiciones legales vigentes y afecten o pongan en peligro la función o el servicio publico.
ARTÍCULO 2º.- DEFINICIONES.
Para la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº 29542- Ley de protección al denunciante en el ambito administrativo y de colaboración eficaz en el ambito penal, y del presente Reglamento, se tomaran en cuenta las siguientes definiciones:

Ley
Ley Nº 29542- Ley de protección al denunciante en el ambito administrativo y de colaboración eficaz en el ambito penal.

Funcionario o servidor público
Todo aquel que presta servicios en las entidades de las Administración Publica, en cualquiera de los niveles jerárquicos, como nombrado, contratado, designado, de confianza o electo; sin importar el régimen jurídico de la entidad ni el régimen laboral o de contratación al que este sujeto

Hechos Arbitrarios
Se configura un hecho arbitrario cuando un servidor o funcionario publico, de manera consciente y voluntaria, se realiza u omite actos, sin la existencia de justificación objetiva y razonable.

Hechos ilegales
Se configura el hecho ilegal cuando por acción u omisión, el servidor o funcionario público contraviene la normativa vigente.

Denunciante
Es aquella persona que habiendo presentado una denuncia ante la contraloría General de la Republica, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 7º de la Ley.
Denunciado
Es todo aquel que presta servicios en las entidades de la Administración Publica, en cualquiera de los niveles Jerárquicos, como nombrado, contratado, designado, de confianza o electo; sin importar el redimen jurídico de la entidad ni el régimen laboral o de contratación al que este sujeto y que es objeto de una denuncia.
La presente definición también alcanza a los ex funcionarios o ex servidores públicos.

Coparticipe
Es todo aquel que presta servicios en las entidades de la Administración Publica en cualquiera de los niveles jerárquicos, como nombrado, contratado, designado, de confianza o electo, sin importar el régimen jurídico de la entidad ni el redimen laboral o de contratación al que este sujeto, que brinda asistencia al denunciado para la realización de un hecho arbitrario o ilegal.

Artículo 3.- Ambito de Aplicación
La protección establecida en la Ley alcanza a todo denunciante que presente una denuncia sustentada reseñando la realización de hechos arbitrarios o ilegales, ocurridos en cualquier entidad pública que contravengan las disposiciones legales vigentes y afecten o pongan en peligro la función o el servicio publico.

Artículo 4.- Competencia
La contraloría General de la Republica, a nivel nacional, recibe y evalúa las denuncias, respecto al ambito de competencia del Sistema Nacional de Control.
En caso de denuncias que deben ser atendidas por otros organismos, la Contraloría General de la Republica, informa al denunciante y las deriva a la entidad competente, cuando corresponda.

CAPITULO II
DE LA DENUNCIA

Artículo 5.- Presentación de la denuncia
La denuncia se formula por escrito y puede ser presentada en forma personal, correo postal o electrónico, u otros medios, ante la Contraloría General de la Republica a nivel nacional, tramitándose conforme a las disposiciones emitidas por esta entidad.

Artículo 6.- Requisitos de la Denuncia.
Para fines de su adecuada tramitación, toda denuncia que se formule deberá cumplir los requisitos siguientes:
a) Los nombres y apellidos completos, domicilio y, de ser el caso numero de teléfono y correo electrónico del denunciante, acompañándose copia del respectivo documento de entidad. La denuncia no debe tener origen anónimo.
b) Los actos materia de denuncia deben ser expuestos en forma detallada y coherente, incluyente la identificación de los participes en los hechos denunciados, indicando la información o adjuntando la documentación u otros elementos de prueba que permitan su evaluación y, en caso se determine su procedencia comenzara su verificación. Los actos objeto de la denuncia no deben constituir asuntos, o ser materia de controversia, sujetos a la competencia constitucional, y/o legal de otros organismos del Estado. Se considera entre estos a los hechos comprendidos en causas o investigaciones pendientes ante el Poder Judicial, Tribunal Constitucional u otras instituciones publicas competentes; procesos disciplinarios en curso; reclamaciones de carácter laboral, procedimientos administrativos de reclamos y quejas sobre costos de tramitación, por la deficiente atención de servicios públicos y/o transgresión en los tramites de ejecución externa de la ciudadanía; así como los relativos a requerimientos o impugnaciones de proveedores que no fundamenten la existencia de perjuicio económico al estado en procesos de adquisiciones y contrataciones;
c) Las pruebas pertinenetes se adjuntan en copia simple; o se indicara la correspondiente evidencia y sus característicos o lugar de ubicación para acceder a ella;
d) El compromiso de denunciante para permanecer a disposición de la Contraloría General de la Republica, a fin de brindar las aclaraciones o mayor información disponible a que hubiere lugar.
e) Lugar y fecha; y
f) Firma y huella, según corresponda

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos puede ser subsanado en un plazo de diez (10) días hábiles contados desde la recepción del requerimiento formulado por la Contraloría General de la Republica. De no ser subsanado en el plazo indicado, se procede al archivo de la denuncia.

Artículo 7º.- Formato de la denuncia
Las denuncias pueden presentarse utilizando el modelo de Formato de Denuncia que como Anexo forma parte del Decreto Supremo que aprueba el presente Reglamento y se encuentra disponible en la pagina web de la Contraloría General de la Republica (www.contraloria.gob.pe) o mediante comunicación dirigida al contralor General de la Republica .
Artículo 8.- Procedimiento
El procedimiento de evaluación y verificación de denuncias de competencias de la Contraloría General de la denuncia de competencia de la Contraloría General de la Republica, se efectúa conforme a las disposiciones emitidas por está entidad

Artículo 9.- Denuncia maliciosa
El que denuncia ante la Contraloría General de la Republica un hecho arbitrario o ilegal a sabiendas que no se ha cometida, o el que simula pruebas o indicios no se ha cometido, o el que puedan servir de motivo para un proceso de investigación administrativa, será sancionado por esta entidad con una multa no mayor a cinco (5) Unidades impositivas Tributarias (UIT) sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.
Para imponer la sanción respectiva se tomaran en cuenta los siguientes criterios:
a) Antecedentes del denunciante
b) Circunstancias en que se produjo el hecho que motivo la interposición de la denuncia:
c) Gravedad de las imputaciones alegadas
d) Falsedad de las pruebas o indicios empleados para sustentar las imputaciones alegadas
e) El daño o perjuicio potencial causado al presunto denunciante.
f) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la imputación
g) Beneficio directo o indirecto obtenido por el denunciante
h) Conducta del denunciante en el procedimiento de investigación
i) Realización de medidas reparadoras o correctivas para la subsanación del daño causado del perjuicio potencial alegado; y
j) Declaración voluntaria respecto de la falsedad de la imputación alegada

En estos casos, archivada la investigación, la Contraloría General de la Republica remite los actuados al Ministerio Publico para los fines legales correspondientes.
En el caso de la Denuncia maliciosa presentada por un ciudadano, el afectado podrá ejercer su derecho conforme a ley.

CAPITULO III
MEDIDAS DE PROTECCION

Articulo 10º .- Las medidas de protección y beneficios

Calificada la denuncia por la instancia correspondiente, comprobando el cumplimiento de los requisitos del artículo 7º del presente Reglamento, se procede a otorgar al denunciante las siguientes medidas de protección y beneficios;
a) Un Código de identificación, y se solicita que confirme la dirección postal o electrónica a la que se le remitirán las comunicaciones. Los datos de identidad que figuran en el expediente de denuncia serán reemplazadas por el Código asignado, estableciendo la Contraloría General de la Republica los mecanismos de custodia de dicha información.
b) La prohibición de cese, despido o remoción establecida en el inciso b) del articulo 8º de la Ley, implica la imposibilidad de separara del servicio funcionario o servidor denunciante como consecuencia de la denuncia interpuesta de acuerdo a la ley y al presente Reglamento, pero no enerva la facultad de sancionarlo disciplinariamente por la comisión de faltas e infracciones previstas en el régimen laboral o de contratación que sea aplicable.
c) La entidad no se encontrara obligada a renovar el contrato temporal celebrado con el denunciante, siempre y cuando tal decisión se base en la no necesidad por parte de l Entidad de la continuidad de la prestación de dichos servicios y no como consecuencia de la denuncia formulada, de darse este ultimo caso el denunciante podrá interponer recurso de apelación contra la medida impuesta ante el Tribunal de Servicio Civil.
d) El funcionario o servidor despedido, destituido o removido de su cargo como consecuencia de la denuncia presentada, puede interponer recurso de apelación contra la medida impuesta, correspondiendo su resolución al Tribunal de Servicio Civil en el ámbito de su competencia conforme a las reglas de la materia. Para el efecto referido en el párrafo anterior, el impugnante debe acreditar que se encuentra dentro del alcance de protección de la Ley, presentando de manera directa al Tribunal del Servicio Civil los medios probatorios correspondientes.
e) Cuando el trabajador denunciante, independientemente del régimen laboral al que pertenece, es objeto de represalias que se materializan en alguno de los actos de la hostilidad comprendidos en el articulo 30º del Texto Único de la Ley de productividad y Competitividad Laboral, aprobada por Decreto Supremo Nº 003-97.TR, se sujeta al siguiente procedimiento: i)Pone en conocimiento de la Contraloría General de la Republica el tipo de acto de hostilidad del cual viene siendo objeto, así como la identificación de los presuntos responsables, adjuntando de ser el caso, los medios probatorios correspondientes, ii) La contraloría General de la Republica, luego de la evaluación pertinente, remite la referida documentación al Ministerio de Trabajo Y Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales o la que haga sus veces, dentro del plazo máximo de cinco (05) días hábiles de requerido el otorgamiento de la medida de protección solicitada.,iii)La Autoridad Inspectiva realiza la actuación de inspección dentro de los cinco (05) días hábiles de recibida la solicitud por parte de la instancia competente, iv) La Autoridad Inspectiva remite a la Contraloría General de la Republica, las actas o informes conteniendo el resultado de la actuación de inspección, dentro del plazo máxima de cinco (05) días hábiles de realizada esta , v) La contraloría General de la Republica recibe la documentación respectiva y, de ser el caso, la traslada a las instancias competentes para la determinación de responsabilidades administrativas e imposición de las sanciones que correspondan frente a la falta grave incurrida.
f) El denunciante sujeto al régimen laboral de la actividad privada que sea objeto de actos de hostilidad como consecuencia de la denuncia presentada, puede optar por alguna, de las medidas establecidas en el articulo 35º del Texto Único de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR; sin perjuicio de poner en conocimiento de la Contraloría General de la Republica tales actos.
g) En los casos que el denunciante sea coparticipe de los hechos denunciados, se otorgará la reducción gradual de la sanción administrativa, de acuerdo al grado de partición en los hechos arbitrarios o ilegales, teniendo en cuenta el régimen laboral o de contratación aplicable en virtud del cargo o función desempeñada. En estos casos, la sanción se reducida teniendo en cuenta los siguientes criterios: i) El perjuicio ocasionado a la administración publica, ii) La afectación a la función o el servicio publico, ii) La naturaleza de las funciones desempeñadas así como el cargo y jerarquía del coparticipe, iv) El beneficio obtenido por el Coparticipe, v) Ausencia de sanción administrativa.
h) En los casos que los hechos denunciados constipen infracción prevista en la norma administrativa y sea sancionada con multa, el denunciante obtiene como recompensa hasta un cincuenta por ciento (50%) de lo efectivamente cobrado por la entidad, el cual será entregado directamente al denunciante. Al momento de determinar el porcentaje de la multa entregable en los procedimientos promovidos por el denunciante, deberá evaluar, como mínimo los siguientes criterios:
i) Documentación e información previa proporcionada por el denunciante que contribuye a la investigación de los hechos denunciados o que porten pruebas significativas para la determinación de la infracción materia de denuncia.
ii) Trascendencia del hecho denunciado, impacto económico del mismo y magnitud de los perjuicios que hubiesen afectado o que sean suspcetibles de afectar la función o el servicio público.
La contraloría General de la Republica comunicara a la entidad el grado de participación e importancia de la información proporcionada por e l denunciante, en base a los criterios señalados en los numerales precedentes, para efectos de la determinación del porcentaje de la recompensa.

Artículo 11º.- Compromiso de Difusión
El titular de cada entidad deberá cumplir con las obligaciones comprendidas en el artículo 11º de la ley, disponiendo a la Secretaria General de la entidad o quien haga sus veces la Difusión de los alcances y beneficios que otorga la Ley, conforme al Reglamento de Organización y Funciones.
El secretario General o quien haga sus veces se encargara del cumplimiento de difusión de la ley y del Presente Reglamento. La Omisión de la referida difusión será pasible de sanción disciplinaria administrativa o de responsabilidades administrativa funcional.
Articulo 12º.- Indicios de Comisión de Delitos.
Si a consecuencia de la denuncia la Contraloría General de la Republica concluye que existen indicios de la comisión de algún hecho delictivo, dará cuenta del mismo al Ministerio Publico a efectos de que se inicie la investigación fiscal.
En este caso, el denunciante puede acogerse a la Ley nº 27378, Ley que Establece Beneficios por Colaboración Eficaz en el Ámbito de la Criminalidad Organizada, siempre que se halle relacionado con la comisión de los delitos establecidos en el articulo 1º de la referida Ley y se encuentre o no sometido a investigación preliminar o a un proceso penal, o se encuentre sentenciado por dichos delitos. Además, para que sean de aplicación las medidas de protección establecidas en la Ley Nº 27378 Será necesario que el Fiscal y, en su caso cuando exista proceso abierto, el Juez aprecie racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en ellas, su cónyuge o su convivencia, o sus ascendientes, descendientes o hermanos.


ANEXO
FORMULARIO PARA PRESENTAR UNA DENUNCIA
FECHA:…./…./….



1. NOMBRES Y APELLIDOS DEL RECURRENTE:
…………………………………………………………………………………….
DOC. IDENT: ……………………………………………………………………...
DOMICILIO: ………………………………………………………………………
TELEF: ……………………………………………………………………………..
EMAIL: ……………………………………………………………………………..

2. ENTIDAD BAJOP CONTROL COMPRENDIDA EN LOS HECHOS:
3. NOMBRE Y CARGO DE LOS FUNCIONES Y/O SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LOS HECHOS:
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

4. LA DENUNCIA HA SIDO PRESENTADA ANTE OTRA INSTANCIA O EN FECHAANTERIOR?
SI (Nº Y fecha Exp)

a) Congreso de la Republica
b) Presidencia de la Republica
c) Ministerio Publico
d) Poder Judicial
e) Defensoria del Pueblo
f) Órgano del Control Institucional
g) Contraloría General
h) Comisión Permanente/Especial de Procesos administración Disciplinarios del sector.
i) Otros (Especificar)
………………………………………………………………………………..
Precise cual es su estado:
…………………………………………………………………………………
5. PRESUNTAS IRREGULARIDADES:

HECHO Nº 1
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

Fecha en la que ocurrieron los hechos:
………………………………………………………………………………………...
Si es cuantificable, señalar el monto, indicando la fuente de información:
………………………………………………………………………………………
Pruebas sustentatorias:
………………………………………………………………………………………..


HECHO Nº 2
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

Fecha en la que ocurrieron los hechos:
………………………………………………………………………………………...
Si es cuantificable, señalar el monto, indicando la fuente de información:
………………………………………………………………………………………
Pruebas sustentatorias:
……………………………………………………………………………………



HECHO Nº 3

……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

Fecha en la que ocurrieron los hechos:
………………………………………………………………………………………...
Si es cuantificable, señalar el monto, indicando la fuente de información:
………………………………………………………………………………………
Pruebas sustentatorias:
……………………………………………………………………………………

NOTA: Mediante el presente quedo a disposición del Órgano de Control para cualquier aclaración o ampliación que se requiera.


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FIRMA Y DNI.
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abril 26, 2011

DISPONEN IMPLEMENTAR EN PLAZO MAS BREVE EL LIBRO DE RECLAMACIONES

Categoría: DERECHO DEL CONSUMIDOR — gcornejo @ 04:25 — Visto: 254 veces
DISPONEN IMPLEMENTAR EN PLAZO MAS BREVE EL LIBRO DE RECLAMACIONES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES A LOS QUE COMPRENDE EL CODIGO De PROTECCON Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

DECRETO SUPREMO
Nº 037-2011-PCM.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:
Que, conforme al literal g) del numeral 1.1 del Articulo Nº 1º de la Ley Nº 29571- Código de Protección y Defensa del Consumidor, es derecho de los consumidores la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, celeres o ágiles, con formalidades mínimas, gratuitos o no costosos, según sea el caso, para la atención de sus reclamos o denuncias ante las autoridades competentes.
Que, el Articulo 10º del Reglamento del Libro de Reclamaciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2011-PCM establece que el plazo de implementación del Libro de Reclamaciones por parte de todos los proveedores a los que comprende el código de Protección y Defensa del Consumidor es de ciento veinte (120) días calendario contados desde la fecha de publicación de dicha norma;
Que, el Estado se encuentra obligado a orientar sus acciones a defender los intereses de los consumidores contra aquellas practicas que afectan sus legítimos intereses, según dispone el Articulo VI del Titulo Preliminar sentido, corresponde dictar medidas que permitan que uno de los instrumentos mas importantes existente en el marco normativo nacional en defensa del consumidor, como es el mas breve al previsto actualmente;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29571- Código de Protección y Defensa del Consumidor.
DECRETO:

Artículo 1º.- Implementación del libro de Reclamaciones:
El plazo de Implementación del Libro de Reclamaciones por parte de todos los proveedores a los que comprende el Código de Protección y Defensa del Consumidor y el presente Reglamento, es de que quince (15) días calendario contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente. Decreto Supremo.
Articulo 2.- Derogación:
Deróguese el Articulo 10º del Reglamento del Libro de Reclamaciones, aprobada por Decreto Supremo Nº 011-2011. PCM.
Articulo 3º.- Refrendo:
El presente Decreto Supremo será refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de abril del dos mil once.

ALAN GARCIA PEREZ
Presidente Constitucional de la Republica

ROSARIO DEL PILAR FERNANDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros y Ministras de Justicia.
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abril 26, 2011

Hombre mata a su mujer y luego se quita la vida en Chillán. Se trata de Alfonso San Martín, quien asesinó de un disparo a su esposa, Marisel Figueroa

Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 04:05 — Visto: 351 veces
Hombre mata a su mujer y luego se quita la vida en Chillán. Se trata de Alfonso San Martín, quien asesinó de un disparo a su esposa, Marisel Figueroa, y posteriormente se autoflageló.

SANTIAGO.- Un nuevo caso de femicidio se registró esta madrugada en el sector suroriente de Chillán, Región del Bío Bío.

Por causas que aún se investigan, Alfonso San Martín Grandón, de 33 años, mató a su mujer, identificada como Marisel Solange Figueroa Sepúlveda, de 30 años.

El crimen lo llevó a cabo con un arma calibre 38, con la cual le disparó en la sien a la mujer.

Una vez perpetrado el asesinato, San Martín decidió quitarse la vida disparándose con el mismo revólver.

Policia de Investigaciones y de Carabineros se encuentran recabando antecedentes para esclarecer los hechos.

FUENTE: EMOL CHILE
24.04,2011
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abril 26, 2011

Hombre mata a su esposa y se suicida

Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 04:02 — Visto: 263 veces
Hombre mata a su esposa y se suicida


GABRIELA VARGAS L. COLABORADORA / LA NACION/ COSTA RICA
23/04/2011
San José (Redacción).Un hombre mató a su esposa de dos balazos y luego se suicidó ayer en la noche.

El hecho ocurrió en Barrio Lotes Peralta, en San Rafael, de Heredia a las 6:46 p. m.

En el lugar, la Cruz Roja de Heredia declara fallecida a Mayra Zúñiga Gutiérrez, de 49 años y a Víctor Manuel Barboza Barboza, de 53 años.

Zúñiga fallece producto de dos balazos, uno en la espalda y el otro en el pecho. Mientras que Barboza falleció de un balazo en la sien derecha.
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abril 26, 2011

Sancionan actos de competencia desleal en la modalidad de denigración

Categoría: DERECHO DE LA COMPETENCIA — gcornejo @ 10:53 — Visto: 430 veces
Sancionan actos de competencia desleal en la modalidad de denigración


La Sala de la Competencia Desleal N° 1, a través de la Res. N° 1653-2010/SC1-Indecopi, sancionó a una empresa por haber difundido publicidad mediante comunicaciones electrónicas que hacían referencia a una sanción impuesta por el Indecopi a otra empresa con la cual mantiene una competencia en el mismo rubro de su actividad empresarial, generándole descrédito en el mercado.

Ello motivó a que el Indecopi sancionara a la empresa infractora por actos de denigración.

De acuerdo con la resolución, la denigración constituye un acto de competencia desleal en la medida que tiene como efecto menoscabar la imagen, crédito, fama o reputación empresarial correspondiente a otro agente económico. En el ámbito concurrencial, la denigración consiste precisamente en una lesión del crédito comercial del que gozan quienes operan en el mercado, comercializando productos y servicios, explicó el experto en derecho corporativo José Yataco Arias.

Agregó que sin perjuicio de lo expuesto, los actos de denigración se reputan lícitos siempre que transmitan, de manera concurrente, información exacta, verdadera y pertinente, tanto en la forma como en el fondo, conforme al artículo 11.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.
En esa línea, la difusión de afirmaciones verdaderas también será considerada desleal en el caso que estas resulten inexactas o impertinentes, dentro del contexto en el que son difundidas.

Por ello, la sala, al analizar el caso en concreto, consideró que las afirmaciones difundidas a través de comunicaciones electrónicas objeto de controversia son susceptibles de afectar ostensiblemente el crédito comercial que una empresa mantiene en el mercado, que si bien pueden representar información verdadera y pertinente en la forma y en el fondo, no eran íntegramente exactas, por lo que se reputan ilícitas, manifestó el especialista.

FUENTE: EL PERUANO
Fecha:26/04/2011
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abril 26, 2011

Impiden sacerdocio a ex gobernador de New Jersey que confesó ser gay

Categoría: DERECHO RELIGIOSO — gcornejo @ 10:34 — Visto: 221 veces
Impiden sacerdocio a ex gobernador de New Jersey que confesó ser gay

La Iglesia desaprueba que James McGreevey se convierta en sacerdote luego de que declarara haber mantenido una relación extramarital con un hombre



Lunes 25 de abril de 2011
(AP)
Nueva York (EFE). El ex gobernador de Nueva Jersey McGreevey, quien dimitió de su cargo tras declarar que era “un estadounidense gay” y que había mantenido una relación extramarital con un hombre, no podrá convertirse en sacerdote de la Iglesia Episcopal, publica hoy The New York Post en su edición digital.

Según fuentes anónimas de la diócesis de Newark (Nueva Jersey) mencionadas por el diario, la Iglesia Episcopal ha decidido impedir la tentativa de McGreevey de convertirse en sacerdote de esa confesión religiosa “no por ser gay”, sino por “lo mal parada que salió su imagen después de su divorcio”.

Algunos líderes religiosos mostraron además sus dudas sobre la fe del ex político, que se volcó rápidamente en ese culto religioso después del escándalo sexual en el que se vio envuelto en 2004.

Además expresaron sus temores de que McGreevey estuviera utilizando a la iglesia “para rehacer su vida profesional”, siempre según el rotativo neoyorquino.

Esas mismas fuentes añadieron que “incluso si es un buen tipo” debería esperar entre cinco y diez años antes de intentar unirse a la Iglesia Episcopal, y apuntaron que “es muy común entre aspirantes primerizos que se les pida continuar con sus estudios y trabajos caritativos antes de que se les permita unirse”.

McGreevey, que según el diario vive en Plainfield (Nueva Jersey) junto a su pareja, el australiano Mark O’Donnell, dejó el catolicismo para convertirse en episcopaliano tras dimitir como gobernador en 2004.

Desde entonces ha estudiado un seminario de teología en Manhattan (Nueva York) y trabajado en el centro de rehabilitación Integrity House de Newark.

La imagen del ex gobernador demócrata se vio más dañada en 2008, cuando se inició el juicio de divorcio de su mujer, Dina Matos, quien le acusó de haber cometido fraude por casarse con ella siendo homosexual y le pidió por ello una compensación de 600.000 dólares.

FUENTE: EL COMERCIO PERU
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abril 26, 2011

Sentencian a ex policía brasileño por ofender a una musulmana

Categoría: DERECHO RELIGIOSO — gcornejo @ 10:32 — Visto: 179 veces
Sentencian a ex policía brasileño por ofender a una musulmana
Raúl Oliveira Dias cumplirá una condena de casi dos años de servicio comunitario por insultar a una joven que usaba la burka




Lunes 25 de abril de 2011
(AP)
Río de Janeiro (AP) . Una jueza brasileña determinó que un ex inspector de policía debe cumplir una sentencia de casi dos años de servicio comunitario por ofender a una mujer que vestía un velo islámico en Río de Janeiro.

La jueza Andrea Teixeira señaló en su fallo que el oficial jubilado violó las leyes brasileñas que protegen la libertad de religión.

En su decisión emitida el lunes, la jueza indica que el ex inspector Raúl Oliveira Dias Alves confrontó el año pasado verbalmente a la mujer, una ciudadana brasileña, dentro de panadería.

Insultó en voz alta a la mujer respecto a su ropa y sobre la fe islámica, y le preguntó qué estaba haciendo en Brasil. En el fallo de la jueza Teixeira se indica que el agresor mostraba señales de estar alcoholizado.

Otro juez decidirá exactamente qué tipo de servicio comunitario realizará Alves, quien además enfrentará restricciones indeterminadas en sus traslados durante los fines de semana.

FUENTE: EL COMERCIO PERU
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abril 26, 2011

Balean a joven desde camioneta. Ocupantes de station wagon se llevaron a su enamorada

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 10:31 — Visto: 213 veces
Balean a joven desde camioneta. Ocupantes de station wagon se llevaron a su enamorada



Un joven de 16 años fue atacado a balazos por un grupo de desconocidos cuando paseaba con su enamorada en San Juan de Lurigancho.

El adolescente M.F.C.(16) reveló a la policía que fue interceptado por los ocupantes de una station wagon roja cuando caminaba junto a su enamorada de iniciales M.E.C. (15) por el paradero 5 de la avenida Wiese.

"Seis sujetos viajaban en dicho vehículo, pero fue una mujer que trabaja en una discoteca de la zona quien descendió primero y agredió a mi hijo. Luego bajó un hombre que finalmente le disparó en la pierna", detalló Pascual Fernando Castro, padre del menor.

Agregó que tras perpetrar el ataque, los sujetos se llevaron a la fuerza a la enamorada de su hijo, con quien escaparon con rumbo desconocido.

Mal herido, el muchacho fue conducido al Hospital de San Juan de Lurigancho, donde los médicos diagnosticaron "herida en fémur izquierdo por arma de fuego", por lo que quedó internado.
El extraño hecho está siendo investigado por agentes policiales de la comisaría de 10 de Octubre.

FUENTE OJO PERU
24 de Abril del 2011
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abril 26, 2011

Acuchillado por Facebook. Colgó en internet foto bailando con chica y enamorado lo atacó

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 10:26 — Visto: 353 veces
Acuchillado por Facebook. Colgó en internet foto bailando con chica y enamorado lo atacó



Un menor de edad integrante de una barra de Alianza Lima, quien acuchilló a un escolar porque colgó en Facebook una fotografía en que éste bailaba con su enamorada, fue detenido en una losa deportiva del distrito de Santa Anita.

Según el agraviado de iniciales P.Q.L.(14), él jugaba fútbol cuando J.P.O.C. (16) "Pelao" se acercó amenazándolo con un filudo cuchillo porque acababa de ver la página social de Internet. Los primos del menor agraviado, Henry Alarcón Taype (20) y José Alarcón Roque (20), salieron en su defensa, pero también fueron atacados.

"Yo no sabía que era su enamorada. Sólo bailé con ella en la fiesta, su amiga nos tomó la foto y luego la puso en Facebook. Me amenazó de muerte. Felizmente estaban mis primos que me defendieron, porque si no, ahora no estaría vivo", sostuvo el menor.

Durante una operación en el jirón Angamos, en la asociación de vivienda Los Jardines, efectivos de la comisaría del sector arrestaron al agresor, quien fue sindicado como integrante de la barra de Alianza Lima "Arrebato Grone".

En la dependencia policial, el detenido dijo estar arrepentido.

algomás
Los primos sufrieron cortes en piernas, brazos y cabeza. Ana Alarcón, familiar de los agredidos, pidió mayor vigilancia policial.
FUENTE: OJO PERU
24 de Abril del 2011
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abril 26, 2011

Acribillan ex recluso delante de 2 mujeres. Era investigado por otro asesinato

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 10:24 — Visto: 400 veces
Acribillan ex recluso delante de 2 mujeres. Era investigado por otro asesinato



En extrañas circunstancias, temibles delincuentes, supuestamente del pueblo joven Magdalena Nueva, en Chimbote, asesinaron a balazos al ex recluso y "chaleco" de construcción civil Jorge Boyaski Paredes el domingo último, mientras transitaba por la mencionada jurisdicción acompañado de dos féminas.
Boyaski, minutos antes, había estado bebiendo licor con las mujeres en un local de baile conocido como Cielo Azul. Según testigos, el homicidio se produjo cuando una camioneta station wagon les cerró el paso, para que tres sujetos, fuertemente armados, dispararan a sangre fría solamente contra Boyaski, quien murió en el acto.

Su cuerpo permaneció tendido por varias horas en la escena del crimen. "Tras el ataque las féminas huyeron del lugar", informó la policía.

Cabe indicar que Jorge Boyaski era investigado por la muerte de José Ardiles, quien fue asesinado de una puñalada en el pecho en mayo de 2009 en la cebichería Yeti, donde Boyaski se encontraba departiendo con unos amigos.

FUENTE: OJO PERU
26 de Abril del 2011
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abril 26, 2011

Lo asesinan de balazo en la cabeza. Pandilleros, en aparente ajuste de cuentas

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 10:22 — Visto: 302 veces
Lo asesinan de balazo en la cabeza. Pandilleros, en aparente ajuste de cuentas


En un aparente ajuste de cuentas, un desconocido de aproximadamente 25 años fue asesinado de un balazo en la cabeza en el distrito de Comas.

La víctima habría sido emboscada por un grupo de pandilleros que lo esperó en la primera cuadra de la calle Sucre, alrededor de las tres de la madrugada de ayer. Tras propinarle una salvaje golpiza, le dispararon en la cabeza, acabando con su vida de manera instantánea.

La víctima, quien luce numerosos cortes en los brazos y dos tatuajes con los nombres de Jazumi y Karina, sería un feroz pandillero de la zona, por lo que no se descarta que el móvil del crimen sea un ajuste de cuentas.

"Los asesinos serían pandilleros de la zona de Belaunde, quienes se han ensañado con la víctima, por lo que podríamos hablar de una venganza o ajuste de cuentas", indicó un agente de la Divincri-Comas.

FUENTE: OJO PERU
26 de Abril del 2011
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abril 26, 2011

La Libertad: Asesinan a jovencita en la puerta de su casa

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 10:20 — Visto: 159 veces
La Libertad: Asesinan a jovencita en la puerta de su casa



La Libertad. Una joven de 24 años de edad murió asesinada de un disparo en la cabeza en la puerta de su vivienda del distrito de Chao, en la provincia de Virú.

Se trata de Sofía Mercedes Alayo, quien al escuchar que tocaron la puerta, salió para ver quién era. Apenas abrir, recibió un disparo a la altura del pómulo derecho.

Sus familiares la encontraron tendida en el suelo sin percatarse de quien o quienes fueron los autores del crimen. Ella murió instantáneamente.

La Policía llegó al lugar de los hechos y el representante del Ministerio Público ordenó trasladar el cadáver a la morgue central. Ellamurió al instante.

fuente: OJO PERU
25 de Abril del 2011
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abril 25, 2011

LEY Nº 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal.

Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 12:43 — Visto: 612 veces
LEY Nº 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal.


EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y DE COLABORACIÓN EFICAZ EN EL ÁMBITO PENAL

Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene el objeto de proteger y otorgar beneficios a los funcionarios y servidores públicos, o a cualquier ciudadano, que denuncien en forma sustentada la realización de hechos arbitrarios o ilegales que ocurran en cualquier entidad pública y que puedan ser investigados o sancionados administrativamente.

Artículo 2.- Entidades de la administración pública

Para efectos de la presente Ley, se entiende por entidades de la administración pública las señaladas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 3.- Hechos arbitrarios o ilegales

Son hechos arbitrarios o ilegales las acciones u omisiones realizadas por los funcionarios y servidores públicos que contravengan las disposiciones legales vigentes y afecten o pongan en peligro la función o el servicio público.

Artículo 4.- Competencia

La Contraloría General de la República es la autoridad competente que recibe y evalúa las denuncias presentadas, dando el trámite a las que se encuentren dentro de su ámbito de competencia y derivando aquellas cuyo trámite corresponda ser efectuado por otras instancias administrativas que, por disposición legal expresa, tengan competencia sobre la materia objeto de la denuncia.

Artículo 5.- Beneficiarios

La protección a que se refiere la presente Ley alcanza a:

a) Funcionarios y servidores públicos.

b) Ex funcionarios y ex servidores públicos.

c) Personal que preste servicios en las entidades públicas bajo cualquier modalidad o régimen laboral de contratación.

d) Cualquier ciudadano que tuviera conocimiento de los hechos arbitrarios o ilegales.

Artículo 6.- Excepciones de aplicación de la Ley

Están exentas de los beneficios que otorga la presente Ley las denuncias:

a) Que afectan directamente la defensa nacional, el orden interno y las actividades de inteligencia que pueden ser desarrolladas por las diferentes entidades públicas en el ámbito de sus funciones y competencias, con excepción de las denuncias referidas a los procesos de adquisición o mantenimiento de equipos, bienes o servicios.

b) Que afectan la política exterior y las relaciones internacionales.

c) Que se sustentan en información obtenida lesionando los derechos fundamentales.

d) Que se formulan lesionando el secreto profesional.

e) Que presentan personas beneficiadas o protegidas por leyes específicas.

Artículo 7.- Requisitos de la denuncia

Las denuncias presentadas son calificadas y admitidas por la Contraloría General de la República, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que estén referidas a acciones u omisiones que revelen hechos arbitrarios o ilegales.

b) Que se formulen por escrito y estén debidamente sustentadas.

c) Que incluyan la identificación o individualización de los autores y, si fuera el caso, de quienes participen en los hechos denunciados.

d) Que los hechos denunciados no sean materia de proceso judicial o administrativo en trámite, tampoco que versen sobre hechos que fueron objeto de sentencia judicial consentida o ejecutoriada.

e) Que contengan la suscripción del compromiso del denunciante a brindar información cuando lo solicite la autoridad competente. Ante la negativa, renuencia o desistimiento del mismo, la investigación es promovida por la autoridad competente.

Artículo 8.- Medidas de protección y beneficios

Calificada la denuncia por la instancia correspondiente, se procede a otorgar al denunciante las siguientes medidas de protección y beneficios:

a) La reserva de su identidad. Para ello se asigna un código de identificación a la persona denunciante y se implementan las demás medidas necesarias que establezca el reglamento.

b) Independientemente del régimen laboral al que pertenece, no puede ser cesado, despedido o removido de su cargo a consecuencia de la denuncia calificada y admitida. En caso de que el denunciante se encuentre contratado bajo la modalidad de Locación de Servicios o Contratación Administrativa de Servicios (CAS), el contrato o su renovación, de haberse producido ésta, no se suspende por causa de la denuncia realizada.

La Contraloría General de la República adopta las medidas necesarias de apoyo al denunciante para recurrir a las instancias laborales correspondientes.

c) Cuando las represalias contra el denunciante, independientemente del régimen laboral al que pertenece, se materializan en actos de hostilización comprendidos en el Decreto Legislativo núm. 728 y en otras normas conexas, el denunciante pone en conocimiento de la Contraloría General de la República dicha situación, la que procede a su remisión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para que realice la inspección laboral correspondiente. Si dicho ministerio constata el acto de hostilización, la conducta del funcionario que lo realizó es considerada una falta grave, siendo ésta una causal de despido justificado, conforme a la ley de la materia.

d) En los casos en que el denunciante sea copartícipe de los hechos denunciados, la reducción gradual de la sanción administrativa, de acuerdo al grado de participación en los hechos constitutivos de los hechos arbitrarios o ilegales.

e) En los casos en que los hechos denunciados constituyan infracción prevista en norma administrativa y sea sancionada con multa, el denunciante obtiene como recompensa un porcentaje de lo efectivamente cobrado, según lo establezca el reglamento de la presente Ley.

El beneficio establecido en el literal e) no es aplicable cuando el denunciante se ha beneficiado de alguna manera con el acto de corrupción denunciado.

Para el caso del denunciante referido en el literal d), caducan los beneficios a otorgarse cuando, luego de concluida la investigación de la denuncia por la instancia correspondiente, se confirma su participación en los hechos denunciados y éste no lo hubiera declarado en el momento de presentar su denuncia.

En el caso de que la denuncia sea presentada por cualquier ciudadano, son de aplicación las medidas de protección y beneficios establecidos en los literales a) y e).

Artículo 9.- Confidencialidad

La información proporcionada por el denunciante y el trámite de evaluación a cargo de la instancia correspondiente y hasta su conclusión tienen carácter confidencial, bajo responsabilidad, salvo los casos de denuncia maliciosa.

Artículo 10.- Denuncia maliciosa

El que denuncia ante la Contraloría General de la República un hecho arbitrario o ilegal a sabiendas que no se ha cometido, o el que simula pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso de investigación administrativa, es sancionado con una multa no mayor a cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

Artículo 11.- Compromiso de difusión

Las entidades públicas a las que se refiere el artículo 2 deben establecer los procedimientos internos necesarios para difundir entre sus trabajadores los alcances y beneficios otorgados por esta Ley.

Es obligación del titular de la entidad pública disponer la adopción de medidas para la difusión de las disposiciones de la presente Ley, bajo responsabilidad administrativa funcional.

Artículo 12.- Indicios de comisión de delitos

Si a consecuencia de la denuncia la Contraloría General de la República concluye en que existen indicios de la comisión de algún hecho delictivo, da cuenta del mismo al Ministerio Público a efectos de que inicie la investigación fiscal.

En este caso, el denunciante puede acogerse a la Ley núm. 27378, Ley que Establece Beneficios por Colaboración Eficaz en el Ámbito de la Criminalidad Organizada, sin perjuicio de mantener las medidas de protección y beneficios previstos en la presente Ley.

Artículo 13.- Exclusión de protección y beneficios

No les alcanza las medidas de protección y beneficios establecidos en el artículo 8 a los denunciantes que sean autores de los hechos arbitrarios o ilegales.

DISPOSICIÓN MODIFICATORIA ÚNICA.- Modificación del artículo 1 de la Ley núm. 27378

Modifícase el artículo 1 de la Ley núm. 27378, Ley que Establece Beneficios por Colaboración Eficaz en el Ámbito de la Criminalidad Organizada, en los términos siguientes:

“Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto regular los beneficios por colaboración eficaz ofrecida por las personas relacionadas con la comisión de los siguientes delitos:

1) Perpetrados por una o varias personas o por organizaciones criminales, siempre que en su realización se hayan utilizado recursos públicos o hayan intervenido funcionarios o servidores públicos o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de éstos.

2) Contra la libertad personal, previstos en los artículos 153 y 153-A del Código Penal; de peligro común, previstos en los artículos 279, 279 -A y 279-B del Código Penal; contra la administración pública, previstos en el Capítulo II del Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal; y, delitos agravados previstos en la Ley núm. 27472, Ley que Deroga los Decretos Legislativos núms. 896 y 897, que Elevan las Penas y Restringen los Derechos Procesales en los Casos de Delitos Agravados, siempre que dichos delitos se cometan por una pluralidad de personas o que el agente integre una organización criminal.

3) Contra la humanidad, previstos en los Capítulos I, II y III del Título XIV-A del Libro Segundo del Código Penal; y contra el Estado y la defensa nacional, previstos en los Capítulos I y II del Título XV del Libro Segundo del Código Penal.

4) De terrorismo, previsto en el Decreto Ley núm. 25475, sobre penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, sus modificatorias y normas conexas; de apología de los delitos señalados en el artículo 316 del Código Penal; y de lavado de activos, previsto en la Ley núm. 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos. También se comprende en el presente inciso a quien haya participado en la comisión de otros delitos distintos de los antes mencionados y se presente al Ministerio Público, colabore activamente con la autoridad pública y proporcione información eficaz sobre los delitos mencionados anteriormente.

Son competentes para intervenir en este procedimiento especial los fiscales y jueces que conocen de los delitos de terrorismo.

5) Delitos aduaneros, previstos y penados en la ley penal especial respectiva.

No podrán acogerse a ninguno de los beneficios por colaboración eficaz los que incurran en el delito de financiamiento de los delitos aduaneros.

6) De tráfico ilícito de drogas, previsto en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal, siempre que dicho delito se cometa por una pluralidad de personas.

7) Otros cuando el agente integre una organización criminal.

El Fiscal de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo núm. 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, dictará las instrucciones necesarias que orienten a los fiscales acerca de los delitos materia de la presente Ley. Asimismo, designará al fiscal superior coordinador, reglamentando sus funciones, a fin de que oriente y concerte estrategias y formas de actuación de los fiscales en la aplicación de la presente Ley y comunique periódicamente a su despacho todo lo referente a la participación del Ministerio Público en este ámbito.”

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Reglamentación

El Poder Ejecutivo dicta el reglamento de la presente Ley en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de su vigencia.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los tres días del mes de junio de dos mil diez.
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abril 25, 2011

RESOLUCION MINISTERIAL 87-2011-JUS, APRUEBA EL DISEÑO DEL CURSO DE ACTUALIZACION PARA CONCILIADORES EXTRAJUDICIALES PARA LA RENOVACION DE LA HABILITACION PARA

Categoría: 1 CONCILIACION EN EL PERU — gcornejo @ 12:26 — Visto: 803 veces
RESOLUCION MINISTERIAL 87-2011-JUS, APRUEBA EL DISEÑO DEL CURSO DE ACTUALIZACION PARA CONCILIADORES EXTRAJUDICIALES PARA LA RENOVACION DE LA HABILITACION PARA CONCILIADORES EXTRAJUDICIALES PARA LA RENOVACION DE LA HABILITACION PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCION CONCILIADORA

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL JUEVES 21 DE ABRIL DEL 2011
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abril 25, 2011

Wikileaks reveló abusos de Estados Unidos en cárcel de Guantánamo

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 10:01 — Visto: 156 veces
Wikileaks reveló abusos de Estados Unidos en cárcel de Guantánamo


Según los 759 informes secretos del Pentágono, el objetivo de la prisión era “explotar” información de reclusos, pese a que muchos eran inocentes

Lunes 25 de abril de 2011

Madrid (EFE). WikiLeaks difundió hoy 759 documentos secretos del Pentágono que revelan que el Gobierno de EE.UU. utilizó la prisión de Guantánamo de forma ilegal para obtener información de sus reclusos, muchos de ellos claramente inocentes, según informa el diario español El País.

De acuerdo a los documentos oficiales filtrados por Wikileaks, en la prisión de Guatánamo, Estados Unidos “creó un sistema policial y penal sin garantías en el que solo importaban dos cuestiones: cuánta información se obtendría de los presos, aunque fueran inocentes, y si podían ser peligrosos en el futuro”, añade el periódico en su página en internet.

El País señala que ha tenido acceso junto con otros medios internacionales, a través de Wikileaks, “a las fichas militares secretas de 759 de los 779 presos que han pasado por la prisión, de los cuales unos 170 siguen recluidos”.

EL 60% DE REOS NO SIGNIFICABAN AMENAZA
Según el diario, los documentos revelan que el principal propósito de la prisión era “explotar” toda la información de los reclusos a pesar de la reconocida inocencia de muchos de ellos.

El 60% fue conducido a la base militar sin ser una amenaza “probable”, afirma el rotativo español en su edición digital.

El Pais subraya que “ancianos con demencia senil, adolescentes, enfermos psiquiátricos graves y maestros de escuela o granjeros sin ningún vínculo con la yihad fueron conducidos al presidio y mezclados con verdaderos terroristas como los responsables del 11-S”.

UN SISTEMA CON TRES NIVELES DE RIESGO
Los informes están fechados entre 2002 y 2009 y en ellos se revela el sistema que seguía EE.UU. para valorar a los presos, de tal manera que determinase si el recluso debía quedar libre, ser trasladado a otro país o continuar en la cárcel creada por el ex presidente George W. Bush en 2002 en la isla de Cuba.

Ese sistema establece tres niveles de riesgo: el más alto, cuando la persona “probablemente” supone “una amenaza para EEUU, sus intereses y aliados”; el medio, relativo a que “quizá” lo suponga; y el más bajo, aquel en el que aparecen los presos que han estado ocho o nueve años en Guantánamo y cuyo riesgo es “improbable” para la seguridad del país.

“EEUU determinó que 83 presos no suponían ningún riesgo para la seguridad de la nación, y de otros 77 se reconoce que es “improbable” que sean una amenaza para el país o sus aliados”, señala el diario español.

Sobre aquellos que “quizá” podrían suponer un peligro para la seguridad del país, los documentos revelan que “Estados Unidos no ha creído seriamente en la culpabilidad o amenaza de casi el 60 por ciento de sus prisioneros”.

SOLO SIETE CONDENADOS DE 779
En este sentido, agrega el diario, que el principal objetivo de la cárcel era “explotar” toda la información que pudieran ofrecer los detenidos aún sabiendo que muchas de ellos eran inocentes.

Y ofrece un dato relativo a ello al afirmar que tan solo siete reclusos han sido juzgados y condenados hasta el momento, de los 779 que han pasado por Guantánamo.

“La prisión funciona como una inmensa comisaría de policía sin límite de estancia y en la que la duración del castigo no es proporcional al supuesto hecho cometido”, indica El País.

Aunque solo el 22 por ciento de los presos, agrega el diario, han aportado información para los servicios de inteligencia frente al 78 por ciento restante, cuyo valor informativo era medio o bajo, según han reconocido los propios militares en los documentos difundidos por WikiLeaks.

fuente: EL COMERCIO PERU
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abril 25, 2011

Participación de los Narcos en la Politica: Narcocandidatos, una posibilidad real; Fepade

Categoría: DERECHO POLITICO — gcornejo @ 09:58 — Visto: 187 veces
Narcocandidatos, una posibilidad real: Fepade

Alejandro Páez Morales | Nacional
2011-04-25


Luis Vargas Valdez, titular de la Fepade, quiere “dientes” para llegar al fondo de los ilícitos en materia electoral. Foto: Alonso Gallegos

El crimen organizado se ha insertado como poder fáctico que busca influir e incluso colocar candidatos en los procesos electorales, afirmó el titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade), Luis Vargas Valdez, y añadió que por ello esta entidad jurisdiccional busca ampliar el margen de delitos de 168 a 553 para los comicios presidenciales del 2012.

La Fepade —añadió— busca además que la participación de los miembros de bandas delincuenciales en las elecciones “sea altamente penada”, incluso con cárcel, pues en la actualidad hay un vacío legal que permite la impunidad para quienes incurren en esos ilícitos.

De hecho para las elecciones del 2012 donde se renovará la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado, la Fepade calcula que el número de delitos electorales se incrementará en un 100 por ciento respecto a los que se denunciaron en las elecciones del 2010 donde se renovaron 12 gubernaturas, sin contar los delitos vinculados al crimen organizado donde por ahora esa dependencia no tiene facultades para investigar y menos perseguir.

A diferencia de los mil 100 delitos que hubo en los comicios del 2010, para el 2012 “habrá arriba de los dos mil delitos electorales”, estima el Fiscal electoral Luis Vargas Valdez.

Con 16 años de existencia, la normatividad de la Fepade para perseguir delitos electorales se ha rezagado, sobre todo ante los nuevos retos como son la aparición del crimen organizado como poder fáctico en los procesos comiciales, donde no tiene facultades para sancionar estos ilícitos, y la sofisticación de tecnologías para evadir la ley en las elecciones como son el internet y el lavado de dinero.

“A 16 años de la vida del Código en materia de delitos electorales, los delitos electorales, se han venido sofisticando, y obviamente eso hace que con el paso del tiempo la Fiscalía no tenga todas las herramientas que se requieren para poder demostrar ante los jueces federales que existen delitos electorales”, lamenta.

CATALOGO DE SANCIONES. A unos días de que termine el periodo ordinario de sesiones y con ello disminuya la posibilidad de realizar modificaciones a la ley electoral para ponerlas en marcha en las elecciones del 2012, Vargas Valdez demanda a los legisladores aprobarle un nuevo ”catálogo de sanciones” pues advierte que “ el narcotráfico es un peligro en los procesos electorales”.

“Lavado de dinero electoral”, actos de intimidación por parte de la delincuencia organizada, que hacen rondines en las casillas con hombres armados para inhibir el voto, robo por la vía armada de urnas para interferir en el proceso electoral, aportación de recursos en especie de origen ilícito, son algunos de los delitos vinculados al crimen o narcotráfico que no están actualmente tutelados y por lo tanto la Fepade no tiene facultades para perseguirlos.

FUENTE: CRONICA MEXICO
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abril 21, 2011

DETENIDOS INJUSTIFICADAMENTE TIENEN DERECHO A QUE EL ESTADO LES INDEMNICE

Categoría: DERECHO CIVIL — gcornejo @ 11:06 — Visto: 253 veces
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado una indemnización de 20.000 euros para un recluso que permaneció "injustificadamente" durante 314 días en prisión.


El alto tribunal ha reconocido el "daño moral" que sufrió el afectado y ha apreciado un "anormal funcionamiento" de la Administración de Justicia.[Europapress.es, 04/12/2010]


El Supremo ha estimado el recurso presentado por Pablo Guisasola contra la resolución de la Audiencia Nacional, que en enero de 2007 había denegado la compensación. La sentencia dictada en primera instancia recordaba los "numerosos antecedentes delictivos" y el "amplio y complejo historial carcelario" del reo y alegaba que podría existir bien un error judicial o un fallo de Prisiones, pero no un funcionamiento anormal de la Administración de la Justicia.

Los hechos se remontan al 12 de febrero de 2000 cuando el Juzgado de lo Penal número 2 de Valencia acordó la libertad del interno. Sin embargo, éste no salió a la calle hasta casi un año después, concretamente el 21 de diciembre del mismo año. Por ello, el demandante dirigió un escrito en junio de 2001 al Ministerio de Justicia reclamando una indemnización de 338.840,65 euros por los perjuicios causados.

El Ministerio desestimó en dos ocasiones la pretensión del afectado y apreció que "en el fondo de la reclamación subyacía una confusión entre los conceptos de refundición de condenas y acumulación de condenas".

Sin embargo, la sentencia dictada ahora por el Tribunal Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos Trillo, da la razón al demandante y atribuye el origen del daño a "un sistema de ejecución de penas" que ha dado lugar a que haya permanecido "indebidamente" entre rejas durante 314 días.

El recurrente puso de manifiesto que su expediente penitenciario era de "extraordinaria complejidad" y denunció que, pese a que ningún tribunal tenía "un conocimiento completo", se iban produciendo "resoluciones judiciales contradictorias" a las que siguieron las oportunas órdenes penitenciarias.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

"Ante ello, cabe afirmar que todos y cada uno de los tribunales sentenciardores, todos y cada uno de los centros penitenciarios en los que ha estado interno el recurrente, y todos y cada uno de los juzgados de vigilancia penitenciaria, han originado o coadyuvado al resultado dañoso", defendió su abogado, quien denunció el "grave problema" que sufrió su representado por la "deficiente" forma en la que se ejecutan y controlan las condenas.

Tras exponer la responsabilidad compartida de todos los órganos a los que el afectado solicitó "auxilio", su letrado rebajó la indemnización que pedía para el preso y la cifró en 338.274,24 euros. "Se ha venido confundiendo la refundación de condenas con la acumulación de condenas, de manera que, habiéndose declarado en reiteradas ocasiones que las condenas no son refundibles, se ha venido entendiendo que tampoco eran acumulables", alegó.

Al igual que el Ministerio de Justicia y la Audiencia Nacional, el Abogado del Estado también se opuso a los recursos presentados por el preso y argumentó que no se daban los requisitos necesarios para estimar un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia ni ordenar ningún tipo de compensación.
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abril 20, 2011

Cuatro niños austriacos eran atados por sus padres frente al televisor durante horas

Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 03:41 — Visto: 233 veces
Cuatro niños austriacos eran atados por sus padres frente al televisor durante horas


Efe | Viena
Actualizado miércoles 20/04/2011

Los servicios de protección al menor de Viena han retirado a una pareja la custodia de sus cuatro hijos, de entre 10 meses y 4,5 años, a los que mantenían atados durante horas delante del televisor, hasta el punto de que los niños presentan serios transtornos de desarrollo.

La información, hecha pública el miércoles por el diario 'Kronen Zeitung' y confirmada por las autoridades vienesas, indica que los niños eran sujetados en carritos de bebés y "aparcados" delante del televisor, una situación que se prolongó durante meses.

"Al principio no podíamos creerlo. Los niños estaban amarrados, fijados en el carrito. Delante de sus caras estaba el televisor encendido", declaró al 'Kronen Zeitung' la portavoz de la oficina de protección del menor, Herta Staffer.

Aunque el caso ha salido a la luz ahora, la intervención de los servicios sociales tuvo lugar el pasado enero, cuando se descubrió la situación en la que vivían los niños y éstos fueron traslados a un piso de acogida.

Según Staffer, los pequeños presentan claros síntomas de transtornos cognitivos.

"El mayor, un niño de cuatro años y medio, tiene el nivel intelectual de un niño de dos años. Ni siquiera puede hablar. También una niña de tres años y medio tiene graves problemas de desarrollo y no camina", explicó la portavoz.

Los padres, desempleados, han sido denunciados y parece totalmente descartado que puedan recuperar la custodia de sus hijos a medio plazo, aunque siguen teniendo contacto con ellos.

Staffer dice tener la impresión de que los progenitores parecen "no comprender que algo ha ido mal".

Según el diario, la oficina de protección del menor comenzó a tener sospechas sobre maltrato durante la estancia de la madre en un hospital para dar a luz al menor de los hijos.

Las enfermeras que la atendieron se percataron de que la madre parecía estar abrumada por la situación y también se refirieron al desagradable comportamiento de la abuela de los niños, por lo que se pidió a la oficina de protección del menor que inspeccionara a la familia.

Según Christian Popow, de la sección de Pediatría del Hospital General de Viena, los niños pueden sufrir trastornos del habla, emocionales y de sociabilidad que requerirán años de terapia.

Fuente: EL MUNDO ESPAÑA
20.04.2011
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abril 20, 2011

LEY Nº 23733, LEY UNIVERSITARIA

Categoría: UNIVERSIDAD — gcornejo @ 11:56 — Visto: 1122 veces
LEY Nº 23733, LEY UNIVERSITARIA


ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE
CAPÍTULO I: Disposiciones Generales
CAPÍTULO II: Del Régimen Académico y Administrativo de las Universidades
CAPÍTULO III: De los Estudios y Grados
CAPÍTULO IV: Del Gobierno de las Universidades
CAPÍTULO V: De los Profesores
CAPÍTULO VI: De los Estudiantes
CAPÍTULO VII: De los Graduandos
CAPÍTULO VIII: De la Investigación
CAPÍTULO IX: De la Extensión y Proyección Universitaria
CAPÍTULO X: Del Personal Administrativo
CAPÍTULO XI: Del Bienestar Universitario
CAPÍTULO XII: Del Régimen Económico
CAPÍTULO XIII: De la Coordinación entre las Universidades
CAPÍTULO XIV: De los Estudios de Post-Grado y de Segunda Especialización
CAPÍTULO XV: Disposiciones Complementarias
CAPÍTULO XVI: Disposiciones Transitorias
CAPÍTULO XVII: Disposiciones Finales

LEY UNIVERSITARIA, LEY N° 23733

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Las Universidades están integradas por profesores, estudiantes y graduados. Se dedican al estudio, la investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y a su extensión y proyección sociales. Tienen autonomía académica, normativa y administrativa dentro de la ley.

Artículo 2°.- Son fines de las Universidades:
a. Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crítico y creativo afirmando preferentemente los valores nacionales;
b. Realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las tecnologías, y fomentar la creación intelectual y artística;
c. Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de acuerdo con las necesidades del país, desarrollar en sus miembros los valores éticos y cívicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad social y el conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad de la integración nacional, latinoamericano y universal;
d. Extender su acción y sus servicios a la comunidad, y promover su desarrollo integral; y
e. Cumplir las demás atribuciones que les señalen la Constitución, la Ley y su Estatuto.

Artículo 3°.- Las Universidades se rigen en su actividad por los siguientes principios:
a. La búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la comunidad;
b. El pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra con lealtad a los principios constitucionales a los fines de la correspondiente Universidad; y,
c. El rechazo de toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia.

Artículo 4º.- La autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las leyes de la República e implica los derechos siguientes:
a. Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él;
b. Organizar su sistema académico, económico y administrativo.
c. Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la ley.
La violación de la autonomía de la Universidad es sancionable conforme a Ley.

Artículo 5º.- Las Universidades nacen o son suprimidas sólo por Ley. La fusión de Universidades también es autorizada por Ley. En todos estos casos se solicitará informes a los organismos pertinentes. (*)

Para la creación de una Universidad se deberá acreditar previamente su necesidad, así como la disponibilidad de personal docente calificado y los recursos que aseguren la eficiencia de sus servicios. (*)

Una Universidad no tiene filiales o anexos. Excepcionalmente, puede crear nuevas Facultades, dentro del ámbito departamental, de acuerdo a las necesidades de la región, en concordancia con los planes de desarrollo nacional. (*)

No hay impedimento para establecer centros de investigación, experimentación, aplicación y servicios fuera de su sede, para el mejor cumplimiento de sus fines.

Las Universidades tienen los mismos derechos y obligaciones, con las peculiaridades establecidas por la ley y las propias de su condición jurídica.
(*) Concordar con la Ley Nº 26439. Ley de creación del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), publicada el 21.1.95.

Artículos 6º.- Las Universidades son públicas o privadas, según se creen por iniciativa del Estado o de particulares. Las primeras son personas jurídicas de derecho público interno y las segundas son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. El excedente que pudiera resultar al término de un ejercicio presupuestal anual, tratándose de universidades privadas, lo invierten a favor de la Institución y en becas para estudios. No puede ser distribuido entre sus miembros ni utilizado por ellos, directa ni indirectamente.

Los bienes de las Universidades que pongan fin a su actividad, serán adjudicados a otras Universidades para que continúen cumpliendo la misma finalidad educativa. (*)
(*) Concordar con el Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, publicado el 9.11.96

Artículo 7º.- La ley de creación de una Universidad establece una Comisión Organizadora de ella; la que debe realizar su labora y regirla por el plazo máximo e improrrogable de cinco años. En el caso de una Universidad privada, sus fundadores, organizados como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, designan a los miembros de la Comisión Organizadora. Los miembros de las Comisiones Organizadoras deben tener el título o grado previstos en el artículo 45º de esta ley para el ejercicio de la docencia.

Durante el plazo señalado, y anualmente, la Asamblea Nacional de Rectores evalúa a la nueva Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de creación y en la presente ley.

En caso de ser favorable el resultado de la evaluación, al término del plazo, será remitida al Poder Legislativo para el efecto de la derogatoria de la ley de creación de la Universidad. (*)
(*) Concordar con la Ley Nº 26439. Ley de creación del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), publicada el 21.1.95.

Artículo 8º.- Los locales universitarios constituyen domicilio institucional y , en consecuencia, son inviolables.
Salvo en caso de flagrante o peligro inminente de su perpetración, la Policía Nacional sólo puede ingresar en ellos por mandato judicial o a petición expresa del Rector de la que
este dará cuenta inmediata al Consejo Universitario.

El campus universitario, forma parte de la estructura urbana y la Policía Nacional puede ejercer vigilancia en él, para resguardar el patrimonio universitario y prevenir la comisión de delitos.

En las zonas declaradas en estado de emergencia el Presidente de la República puede disponer la intervención de la Fuerzas Armadas en los locales universitarios.
Las acciones a que se refiere el presente artículo no comprometen el ejercicio de la libertad de cátedra. ( * )
( * ) Artículo sustituido por el artículo único de la Ley N° 25416 publicada el 12 .3.92.

CAPÍTULO II
DEL RÉGIMEN ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS UNIVERSIDADES
Artículo 9º.- Cada Universidad organiza y establece su régimen académico por Facultades de acuerdo con sus características y necesidades.
Artículo 10º.- Las Facultades son las unidades fundamentales de organización y formación académica y profesional. Están integradas por profesores y estudiantes. En ellas se estudia una o más disciplinas o carreras, según la afinidad de sus contenidos y objetivos, y de acuerdo con los currícula elaborados por ellas.
Cada Universidad regula las relaciones de sus Facultades con las demás unidades académicas dentro del espíritu de la presente Ley.
Artículo 11º.- Los Departamentos Académicos son unidades de servicio académico, específico a la Universidad, que reúnen a los profesores que cultivan disciplinas relacionadas entre si. Coordinan la actividad académica de sus miembros y determinan y actualizan los syllabi de acuerdo con los requerimientos curriculares de las Facultades.
Los Departamentos sirven a una o más Facultades según su especialidad, y se integran a una Facultad sin pérdida de su capacidad funcional, según lo determine el Estatuto de la Universidad.
Artículo 12º.- Las Universidades pueden organizar institutos, escuelas, centros y otras unidades con fines de investigación, docencia y servicio.
Artículo 13º.- La Universidad que dispone de los docentes, instalaciones y servicios necesarios, puede organizar una Escuela de Post-Grado o secciones de igual carácter en una o más Facultades, destinadas a la formación de docentes universitarios, especialistas e investigadores. Sus estudios conducen a los grados de Maestro y de Doctor.
Su creación requiere el pronunciamiento favorable de la Asamblea Nacional de Rectores.
Artículo 14º.- Las Universidades cuentan con servicios y oficinas académicas, administrativas y de asesoramiento, cuya organización determinan sus Estatutos garantizando su racionalización y eficiencia. Están a cargo de funcionarios nombrados por el Consejo Universitario a propuesta del Rector.
Artículo 15º.- Las Universidades tienen un Secretario General designado por el Consejo Universitario a propuesta del Rector, quien actúa como Secretario de dicho Consejo y de la Asamblea Universitaria, con voz pero sin voto. El Secretario General es fedatario de la Universidad y con su firma certifica los documentos oficiales.

CAPÍTULO III
DE LOS ESTUDIOS Y GRADOS

Artículo 16º.- El régimen de estudios lo estable el Estatuto de cada Universidad, preferentemente mediante el sistema semestral, con currículo flexible y por créditos.
Artículo 17º.- Los estudios profesionales, los de segunda especialidad, y según el caso que establece el artículo 13 de la presente ley, los de Post-Grado, se realizan en las Facultades. Los primeros están precedidos por un ciclo de cultura general, cuya duración y orientación son establecidos por cada universidad. Estos estudios también se realizan en las Facultades.
La educación física, el cultivo del arte y la cooperación social son actividades que fomenta la Universidad en los estudiantes, con tendencia a la obligatoriedad. Su práctica regulada puede alcanzar valor académico.
Artículo 18º.- Cada Universidad señala los requisitos para la obtención de los grados académicos y de los títulos profesionales correspondientes a las carreras que ofrece.
Para tener acceso a los estudios de post-grado se necesita poseer el grado académico de Bachiller, o título profesional si aquel no existe en la especialidad, además de los requisitos que fijan los Estatutos y reglamentos internos.
Artículo 19º.- El período lectivo tiene una duración mínima de treinta y cuatro (34) semanas anuales que se cumplen en la Universidad en la forma que determine su Estatuto y que comienza a más tardar el primer día útil del mes de abril de cada año.
Artículo 20º.- El Estatuto de cada Universidad organiza el horario de clases en función de sus fines académicos.
Artículo 21.- La admisión a la Universidad se realiza mediante concurso, con las excepciones previstas en el artículo 56º de la presente Ley, una o dos veces en cada año durante los períodos de vacaciones. El Estatuto de la Universidad y los reglamentos de las Facultades establecen los mecanismos que permitan evaluar los intereses vocacionales, aptitudes y rasgos de personalidad para el estudio de determinada carrera.
La Universidad establece con debida anticipación el número de vacantes para cada una de sus Facultades; estas cifras son inmodificables después de aprobadas y publicadas para cada concurso.
El régimen de declaración de vacantes regirá para el traslado de matrícula tanto interno como externo, así como para las exoneraciones del concurso.
Artículo 22º.- Sólo las Universidades otorgan los grados académicos de Bachiller, Maestro y Doctor. Además otorgan, en nombre de la Nación, los títulos profesionales de Licenciado y sus equivalentes que tienen denominación propia, así como los de segunda especialidad profesional.
Cumplidos los estudios satisfactoriamente se accederá automáticamente al bachillerato.
El título profesional se obtendrá:
a. A la presentación y aprobación de la tesis; o
b. Después de ser egresado y haber prestado servicios profesionales durante tres años consecutivos en labores propias de la especialidad. Debiendo presentar un trabajo u otro documento a criterio de la universidad;
c. Cualquier otra modalidad que estime conveniente la universidad. ( * )
El título profesional de Abogado se obtendrá después de ser egresado y haber cumplido el SECIGRA DERECHO durante un (1) año consecutivo, debiendo presentar un trabajo u otro documento a criterio a de la universidad. ( ** )
( * ) Artículo modificado por el artículo primero del Decreto Legislativo N° 739 publicado el 12.11.91.
( ** ) Párrafo adicionado por la Primera Disposición Final del Decreto Ley N° 25647 publicado el 31.7.92.

Artículo 23º.- Los títulos profesionales de Licenciado o sus equivalentes requieren estudios de una duración no menor de diez semestres académicos o la aprobación de los años o créditos correspondientes, incluidos los de cultura general que los preceden. Además, son requisitos la obtención previa del Bachillerato respectivo y, cuando sea aplicable, el haber efectuado práctica profesional calificada. Para obtener el título de Licenciado o sus equivalentes, se requiere la presentación de una tesis o de un examen profesional.
La segunda especialidad profesional requiere la licenciatura u otro título profesional equivalente previo. Da acceso a título, o a la certificación mención correspondientes.

Artículo 24º.- Los grados de Bachiller, Maestro y Doctor son sucesivos. El primero requiere estudios de una duración mínima de diez semestres, incluyendo los de cultura general que los preceden. Los de Maestro y Doctor requieren estudios de una duración mínima de cuatro semestres cada uno. En todos los casos habrá equivalencia en años o créditos. Para el Bachillerato se requiere un trabajo de investigación o una tesis y para la Maestría y el Doctorado es indispensable la sustentación pública y la aprobación de un trabajo de investigación original y crítico; así como el conocimiento de un idioma extranjero para la Maestría y de dos para el Doctorado.

Artículo 25º.- Las Universidades están obligadas a mantener sistemas de evaluación interna para garantizar la calidad de sus graduados y profesionales. Ofrecen servicios de orientación psicopedagógica y de asesoría a sus estudiantes.

CAPÍTULO IV
DEL GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES
Artículo 26º.- Las Universidades organizan su régimen de gobierno de acuerdo con la presente ley y sus Estatutos, atendiendo a sus características y necesidades.

Artículo 27º.- El gobierno de las Universidades y de las Facultades se ejerce por:
a. La Asamblea Universitaria;
b. El Consejo Universitario;
c. El Rector, y
d. El Consejo y el Decano de cada Facultad.

Artículo 28º.- La Asamblea Universitaria tiene la composición siguiente:
a. El Rector y el o los Vicerrectores;
b. Los Decanos de las Facultades y, en su caso, el Director de la Escuela de Post-Grado;
c. Los representantes de los profesores de las diversas Facultades, en número igual al doble de la suma de las autoridades universitarias a que se refieren los incisos anteriores. La mitad de ellos son profesores principales. El Estatuto de cada Universidad establece la proporción de los representantes de las otras categorías;
d. Los representantes de los estudiantes que constituyen el tercio del número total de miembros de la Asamblea; y
e. Los representantes de los Graduados, en número no mayor al de la mitad del número de los Decanos.
Los funcionarios administrativos del más alto nivel asisten, cuando son requeridos, a la Asamblea, como asesores, sin derecho a voto.

Artículo 29º.- La Asamblea Universitaria representa a la comunidad universitaria y tiene como atribuciones las siguientes:
a. Reformar el Estatuto de la Universidad;
b. Elegir al Rector, al o a los Vicerrectores, y declarar la vacancia de sus cargos;
c. Ratificar el plan anual de funcionamiento y desarrollo de la Universidad aprobado por el Consejo Universitario:
d. Pronunciarse sobre la memoria anual del Rector y evaluar el funcionamiento de la Universidad; y
e. Acordar la creación, fusión y supresión de Facultades, Escuelas, Institutos y Escuelas o Secciones de Post-Grado.
Artículo 30º.- La Asamblea Universitaria se reúne en sesión ordinaria una vez al semestre, y extraordinariamente por iniciativa del Rector o de quien haga sus veces o de más de la mitad de los miembros del Consejo Universitario o de más de la mitad de la Asamblea Universitaria.

Artículo 31º.- El Consejo Universitario es el órgano de dirección superior, de promoción y de ejecución de la Universidad. Está integrado por el Rector y el o los Vicerrectores, los Decanos de las Facultades y, en su caso, el de la Escuela de Post-Grado; por representantes de los estudiantes, cuyo número es el de un tercio del total de los miembros del Consejo, y por un representante de los graduados.

Los funcionarios administrativos del más alto nivel asisten cuando son requeridos, al Consejo como asesores, sin derecho a voto.

El Consejo Universitario puede tener comisiones permanentes o especiales, las que rinden cuenta al plenario del cumplimiento de sus tareas. Estas comisiones son obligatorias si el Consejo Universitario tiene veinte (20) miembros o más.

Artículo 32º.- Son atribuciones del Consejo Universitario:
a. Aprobar, a propuesta del Rector, el plan anual de funcionamiento y desarrollo de la universidad;
b. Dictar el Reglamento General de la Universidad, el Reglamento de Elecciones y otros reglamentos internos especiales.
c. Aprobar el Presupuesto General de la Universidad, autorizar los actos y contratos que atañen a la Universidad y resolver todo lo pertinente a su economía;
d. Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, supresión o reorganización de Facultades, Escuelas o Secciones de Post-Grado, Departamentos Académicos, Escuelas e Institutos;
e. Disponer el organismo que, con la participación de los distintos estamentos, en la proporción establecida para la conformación del Consejo Universitario, fije el monto de las pensiones de enseñanza y demás derechos por los servicios que prestan las universidades privadas y resolver directamente y en última instancia las reclamaciones que sobre la materia se formulen. ( * )
( * ) Inciso adicionado por el artículo 3° de la Ley 25306, publicado el 13.2.91.
f. Conferir los grados académicos y los títulos profesionales aprobados por las Facultades, así como otorgar distinciones honoríficas y reconocer y revalidar los estudios, grados y títulos de universidades extranjeras cuando la Universidad está autorizada para hacerlo;
g. Aprobar anualmente el número de vacantes para el concurso de admisión, previa propuesta de las Facultades y Escuelas, en concordancia con el presupuesto y el plan de desarrollo de la Universidad;
h. Nombrar, contratar, remover y ratificar a los profesores y personal administrativo de la Universidad, a propuesta, en su caso, de las respectivas Facultades;
i. Declarar en receso temporal a la universidad o a cualquiera de sus unidades académicas, cuando las circunstancias lo requieran; con cargo de informar a la Asamblea Universitaria;
j. Ejercer en instancia revisora, el poder disciplinario sobre los docentes, estudiantes y personal administrativo y de servicio; y,
k. Conocer y resolver todos los demás asuntos que no están encomendados específicamente a otras autoridades universitarias.

Artículo 33º.- El Rector es el personero y representante legal de la Universidad. Tiene las atribuciones siguientes:
a) Preside el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria y hace cumplir sus acuerdos;
b) Dirige la actividad académica de la Universidad y su gestión administrativa, económica y financiera;
c) Presenta el Consejo Universitario, para su aprobación, el plan anual de funcionamiento y desarrollo de la Universidad, y a la Asamblea Universitaria su memoria anual.
d) Refrenda los diplomas de grados académicos y títulos profesionales, y de distinciones universitarias conferidos por el Consejo Universitario;
e) Expide las cédulas de cesantía, jubilación y montepío del personal docente y administrativo de la Universidad; y
f) Las demás que le otorgan la Ley y el Estatuto de la Universidad.

Artículo 34º.- Para ser elegido Rector se requiere:
a) Ser ciudadano en ejercicio;
b) Ser profesor principal con no menos de doce años en la docencia universitaria, de los cuales cinco deben serlo en la categoría. No es necesario que sea miembro de la Asamblea Universitaria, y
c) Tener el grado de doctor, o el más alto título profesional, cuando en el país no se otorgue aquel grado académico en su especialidad.

Artículo 35º.- El Rector es elegido para un período de 5 años. Puede ser reelegido.
El cargo de Rector exige dedicación exclusiva y es incompatible con el desempeño de cualquier otra función o actividad pública o privada. ( * )
( * ) Artículo modificado por el artículo 1° de la Ley N° 26302 publicada el 4.5.94.

Artículo 36º.- Hay uno o dos Vicerrectores, cuyas funciones señala el Estatuto de la Universidad. Reúnen los mismos requisitos que se exige para el cargo de Rector.
Son elegidos para un período de cinco años. Pueden ser reelegidos. ( * )
( * ) Artículo modificado por el artículo 1° de la Ley N° 26302 publicada el 4.5.94

Artículo 37º.- El gobierno de la Facultad corresponde al Consejo de la Facultad y al Decano, de acuerdo con las atribuciones que señala el Estatuto.
El Decano representa a la Facultad ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, es elegido por el Consejo de la Facultad entre los profesores principales de ella que tengan diez años de antigüedad en la docencia, de los cuales tres deben serlo en la categoría; y debe tener el grado de Doctor o el más alto título profesional cuando en el país no se otorgue dicho grado en la especialidad.

El Decano es elegido por un período de tres años mediante voto de los dos tercios del Consejo de Facultad.
Puede ser reelegido. ( * )
( * ) Artículo modificado por el artículo 1° de la Ley N° 26302 publicada el 4.5.94.

Artículo 38º.- El Consejo de la Facultad está integrado por el Decano, quien lo preside, por representantes de los profesores y de los estudiantes, elegidos por los profesores y los estudiantes de la Facultad, respectivamente; y, por un representante de los graduados en calidad de supernumerario.

Los profesores eligen no más de doce representantes. La mitad de ellos son profesores principales. El Estatuto de la Universidad establece la proporción de las otras categorías.

Artículo 39º.- Cada Universidad tiene un Comité Electoral Universitario elegido anualmente por la Asamblea Universitaria y constituido por tres profesores principales, dos asociados y un auxiliar, y por tres estudiantes. El Comité Electoral Universitario es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son inapelables.

El sistema electoral es el de lista incompleta. El voto de los electores es personal, obligatorio, directo y secreto.
Cada Universidad norma el funcionamiento del Comité Electoral Universitario.

Artículo 40º.- Para la instalación y funcionamiento de la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y el Consejo de la Facultad, el quórum es de la mitad más uno de sus miembros. En ninguna circunstancia la proporción de los estudiantes puede sobrepasar a la tercera parte de los miembros presentes en ellos.
La inasistencia de los estudiantes no invalida la instalación ni el funcionamiento de dichos órganos.

Artículo 41º.- Las Universidades tienen órganos de inspección y control para cautelar el cumplimiento del Estatuto y los Reglamentos.

Artículo 42º.- En el gobierno de las Universidades privadas participan, obligatoriamente, los profesores, los estudiantes y los graduados, así como la entidad fundadora, si se encuentra en actividad, en la proporción que determinen sus respectivos Estatutos.

CAPÍTULO V
DE LOS PROFESORES
Artículo 43º.- Es inherente a la docencia universitaria la investigación, la enseñanza, la capacitación permanente y la producción intelectual.

Artículo 44º.- Los profesores universitarios son: Ordinarios, Extraordinarios y Contratados.
Los Profesores Ordinarios son de las categorías siguientes: Principales, Asociados y Auxiliares.
Los Profesores Extraordinarios son: Eméritos, Honorarios, Investigadores y Visitantes.
Los Profesores Contratados son los que prestan servicios a plazo determinado y en las condiciones que fija el respectivo contrato.
Los Jefes de Práctica, Ayudantes de Cátedra o de Laboratorio y demás formas análogas de colaboración a la labor de profesor, realizan una actividad preliminar a la carrera docente. El tiempo en que se ejerce la función de Jefe de Práctica se computa, para el que obtenga la categoría de Profesor Auxiliar, como tiempo de servicios de la docencia.

Artículo 45º.- Para el ejercicio de la docencia ordinaria en la Universidad es obligatorio poseer grado académico de Maestro o Doctor o título profesional, uno u otro, conferidos por las Universidades del país o revalidados según ley. Para ser Jefe de Práctica basta, en casos de excepción, el grado de Bachiller conferido por una Universidad. Los demás requisitos los señalan los Estatutos de las Universidades.
El uso indebido de grados o títulos acarrea la responsabilidad civil y penal correspondientes.

Artículo 46º.- La admisión a la carrera docente, en condición de profesor ordinario, se hace por concurso público de méritos y prueba de capacidad docente o por oposición, y de acuerdo a las pautas que establezca al respecto el Estatuto de cada Universidad. La promoción, ratificación o separación de la docencia se realizan por evaluación personal, con citación y audiencia del profesor.
Participan en estos procesos la Facultad y el Departamento respectivos, y corresponde a la primera formular la propuesta del caso al Consejo Universitario para su resolución.

Artículo 47º.- Los Profesores Principales son nombrados por un período de siete años, los Asociados y Auxiliares por cinco y tres años, respectivamente. Al vencimiento de estos períodos son ratificados, promovidos o separados de la docencia por el Consejo Universitario previo el proceso de evaluación que determina el Estatuto.
Los Profesores contratados lo son por el plazo máximo de tres años. Al término de este plazo tienen derecho de concursar, para los efectos de su admisión a la carrera docente, en condición de Profesores Ordinarios, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo anterior.
En el caso de no efectuarse dicho concurso, el contrato puede ser renovado por una sola vez y por el mismo plazo máximo, previa evaluación del profesor.

Artículo 48º.- Sin perjuicio de los demás requisitos que determine el Estatuto de cada Universidad, y previa evaluación personal, la promoción de los Profesores Ordinarios requiere:
a. Para ser nombrado Profesor Principal, haber desempeñado cinco años de labor docente con la categoría de Profesor Asociado, tener el grado de Maestro o Doctor y haber realizado trabajos de investigación de acuerdo con su especialidad. Por excepción podrán concursar también a esta categoría, profesionales con reconocida labor de investigación científica y con más de diez (10) años de ejercicio profesional y,
b. Para ser nombrado Profesor Asociado, haber desempeñado tres años de docencia con la categoría de Profesor Auxiliar.
Toda promoción de una categoría a otra está sujeta a la existencia de vacante y se ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente.

Artículo 49º.- Según el régimen de dedicación a la Universidad los Profesores Ordinarios pueden ser:
a. Profesor Regular (tiempo completo) cuando dedican su tiempo y actividad a las tareas académicas indicadas en el artículo 43;
b. Con dedicación exclusiva cuando el Profesor Regular tiene como única actividad ordinaria remunerada la que presta la Universidad; y
c. Por tiempo parcial, cuando dedica a las tareas académicas un tiempo menor que el de la jornada legal de trabajo.
El Estatuto de cada Universidad establece las reglas e incompatibilidades respectivas de acuerdo con la Constitución y la presente ley.

Artículo 50º.- Profesor Investigador es el de categoría Extraordinaria que se dedica exclusivamente a la creación y producción intelectual. Es designado en razón de su excelencia académica y está sujeto al régimen especial que la Universidad determine en cada caso. Puede o no haber sido Profesor Ordinario y encontrarse o no en la condición de cesante o jubilado.

Artículo 51º.- Son deberes de los Profesores Universitarios:
a. El ejercicio de la cátedra con libertad de pensamiento y con respeto a la discrepancia;
b. Cumplir con el Estatuto de la Universidad y sus reglamentos y realizar cabalmente y bajo responsabilidad las actividades de su cargo;
c. Perfeccionar permanentemente sus conocimientos y capacidad docente y realizar labor intelectual creativa;
d. Observar conducta digna;
e. Presentar periódicamente informes sobre el desarrollo de su labor en caso de recibir remuneración especial por investigación; y
f. Ejercer sus funciones en la Universidad con independencia de toda actividad política partidaria.
El Estatuto de cada Universidad establece un sistema de estricta evaluación del profesor, que incluye la calificación de su producción intelectual universitaria o extra universitaria.
Son aplicables a los docentes las siguientes sanciones: amonestación, suspensión y separación, previo proceso.

Artículo 52º.- De conformidad con el Estatuto de la Universidad, los Profesores Ordinarios tienen derecho a:
a. La promoción en la carrera docente;
b. La participación en el gobierno de la Universidad;
c. La libre asociación conforme a la Constitución y la ley para fines relacionados con los de la Universidad;
d. El goce, por una sola vez, de un año sabático con fines de investigación o de preparación de publicaciones aprobadas expresamente una y otras por la Universidad. Este beneficio corresponde a los Profesores Principales o Asociados; a tiempo completo y con más de siete (7) años de servicios en la misma Universidad, y es regulado en el Estatuto de cada una de ellas. Comprende el haber básico y las demás remuneraciones complementarias.
e. El reconocimiento de cuatro años adicionales de abono al tiempo de servicios por concepto de formación académica o profesional, siempre que en ellos no se haya desempeñado cargo o función pública. Este beneficio se hace efectivo al cumplirse quince años de servicios docentes;
f. Las vacaciones pagadas de sesenta (60) días al año, sin perjuicio de atender trabajos preparatorios o de rutina universitaria de modo que no afecten el descanso legal ordinario;
g. Los derechos y beneficios del servidor público y a la pensión de cesantía o jubilación conforme a ley; y
h. La licencia sin goce de haber, a su solicitud en el caso de mandato legislativo o municipal, forzosa en el caso de ser nombrado Ministro de Estado, conservando la categoría y clase docente.

Artículo 53º.- Las remuneraciones de los profesores de las Universidades públicas se homologan con las correspondientes a las de los Magistrados Judiciales.
Los profesores tienen derecho a percibir, además de sus sueldos básicos, las remuneraciones complementarias establecidas por la ley cualquiera sea su denominación. La del Profesor Regular no puede ser inferior a la del Juez de Primera Instancia.

Artículo 54º.- Los profesores de las Universidades privadas se rigen por las disposiciones del Estatuto de la respectiva Universidad, el que establece las normas para su ingreso a la docencia, su evaluación y su promoción. Les son aplicables además las normas del presente Capítulo con excepción del artículo 52º incisos "e" y "g", y 53º.
La legislación laboral de la actividad privada determina los derechos y beneficios de dichos profesores.

CAPÍTULO VI
DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 55º.- Son estudiantes universitarios quienes han aprobado el nivel de educación secundaria, han cumplido con los requisitos establecidos para su admisión en la Universidad y se han matriculado en ella.
El Estatuto de cada Universidad establece el procedimiento de admisión y el régimen de matrícula al que pueden acogerse los estudiantes.
Los estudiantes extranjeros no requerirán de visa para la matrícula pero sí para su posterior regularización.

Artículo 56º.- Están exonerados del procedimiento ordinario de admisión a las Universidades:
a. Los titulados o graduados en otros centros educativos de nivel superior;
b. Quienes hayan aprobado en dichos centros de educación por lo menos cuatro períodos lectivos semestrales completos o dos anuales o setentidós (72) créditos; y
c. Los dos primeros alumnos de los centros educativos de nivel secundario, respecto a las Universidades de la región.
En los casos a) y b) los postulantes se sujetan a una evaluación individual, a la convalidación de los estudios realizados en atención a la correspondencia de los "syllabi", a la existencia de vacantes y a los demás requisitos que establece cada Universidad.
Las Universidades procurarán celebrar acuerdos con centros educativos del nivel superior para la determinación de la correspondencia de los "syllabi".

Artículo 57º.- Son deberes de los estudiantes:
a. Cumplir con esta ley y con el Estatuto de la Universidad y dedicarse con esfuerzo y responsabilidad a su formación humana, académica y profesional;
b. Respetar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria;
c. Contribuir al prestigio de la Universidad y a la realización de sus fines;
d. Aprobar las materias correspondientes al período lectivo, caso contrario perderán la gratuidad de la enseñanza; ( * )
e. Quienes al término de su formación académica decidan matricularse en otra especialidad no gozarán de la gratuidad de la enseñanza; ( * )
f. El número mínimo de créditos por semestres para mantener la condición de estudiante regular, no deberá ser menor de un décimo de su carrera por año; de no aprobar los cursos en esta proporción será amonestado por el Decano de la facultad; si al semestre siguiente no supera esta situación será suspendido por un semestre; si a su reincorporación sigue sin aprobar los cursos en la proporción establecida en el presente inciso, será separado definitivamente de la universidad; ( * )
g. Los alumnos que no concluyan sus estudios dentro de los plazos establecidos por la autoridad universitaria para cada especialidad, perderán la gratuidad y los beneficios de los programas de bienestar. ( * )
h. Si el estudiante no pudiera continuar sus estudios durante uno o varios semestres, por razones de trabajo o de otra naturaleza, podrá solicitar licencia a la universidad por dichos períodos; ( * )
i. Los alumnos que promuevan, participen o colaboren en la comisión de actos de violencia que ocasionen daños personales y/o materiales que alteren el normal desarrollo de las actividades académicas, estudiantiles y administrativas serán separados de la universidad sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar; ( * )
j. Quienes utilicen los ambientes e instalaciones de la universidad con fines distintos a los de la enseñanza, administración y bienestar universitarios, serán expulsados de la universidad y puestos a disposición de la autoridad correspondiente. ( *)
( * ) Incisos adicionados por el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 739 publicado el 12.11.91

Artículo 58º.- De conformidad con el Estatuto de la Universidad los Estudiantes tienen derecho a:
a. Recibir una formación académica y profesional en un área determinada libremente escogida, sobre la base de una cultura general:
b. Expresar libremente sus ideas y no ser sancionados por causa de ellas;
c. Participar en el gobierno de la Universidad;
d. Asociarse libremente de acuerdo con la Constitución y la ley para fines relacionados con los de la Universidad; y
e. Utilizar los servicios académicos y de bienestar y asistencia que ofrece la Universidad, así como los demás beneficios que establece la ley en su favor. (*)
(*) Concordar con Art. 3° del Dec. Leg. N° 739: "Los comedores y residencias estudiantiles en las diversas universidades del país, serán destinados única y exclusivamente a estudiantes regulares, y que por su situación económica requieren de estos programas de bienestar".

Artículo 59º.- Cada Universidad establece en sus estatutos un Sistema de Evaluación del Estudiante, así como el régimen de sanciones que le es aplicable por el incumplimiento de sus deberes, debiendo considerarse como factores generales de evaluación la asistencia al dictado de clases y la no participación en actos que alteren el orden y desarrollo de las actividades académicas y administrativas. Dichas sanciones son: Amonestación, Suspensión y Separación de la universidad. ( * )
( * ) Artículo modificado por el artículo primero del Decreto Legislativo N° 739 publicado el 12.11.91.

Artículo 60º.- Para ser representante de los estudiantes en los diferentes organismos de Gobierno de la Universidad, se requiere: ser estudiante regular de ella, no haber perdido la gratuidad de la enseñanza en los semestres lectivos anteriores por las causales que determine la Ley, tener aprobados dos (2) semestres lectivos completos o un (1) año o treinta y seis (36) créditos, según el Régimen de Estudios y no haber incurrido en responsabilidad legal por acto contra la Universidad. El período lectivo inmediato anterior a su postulación deber haber sido cursado en la misma Universidad. En ningún caso hay reelección para el período siguiente al del mandato para el que fue elegido. ( *)
( * ) Artículo modificado por el artículo primero del Decreto Legislativo N° 739 publicado el 12.11.91.

Artículo 61º.- Los representantes de los estudiantes en los organismos de gobierno de la Universidad y de la Facultad están impedidos de tener cargo o actividad rentada en ellas durante su mandato y hasta un año después de terminado éste.

CAPÍTULO VII
DE LOS GRADUADOS
Artículo 62º.- Son graduados quienes, habiendo terminado los estudios correspondientes, han obtenido en la Universidad un grado académico o título profesional con arreglo a ley y al Estatuto de la Universidad.
Artículo 63º.- Los graduados de cada Universidad, registrados en sus respectivos padrones, son convocados por ella para el ejercicio del derecho de participación en sus organismos de gobierno, en la forma y proporción establecidas en la presente ley, y de acuerdo a lo que regule el Estatuto correspondiente.
Artículo 64º.- Las Universidades mantienen relación con sus graduados con fines de recíproca contribución académica, ética y económica.

CAPÍTULO VIII
DE LA INVESTIGACIÓN
Artículo 65º.- La investigación es función obligatoria de las Universidades, que la organiza y conduce libremente. Igual obligación tiene los profesores como parte de su tarea académica en la forma que determine el Estatuto. Su cumplimiento recibe el estímulo y el apoyo de su institución.
Artículo 66º.- Las universidades mantienen permanente relación entre sí y con las entidades públicas y privadas que hacen labor de investigación, a fin de coordinar sus actividades.
Son órganos regulares de investigación humanista, científica y tecnológica, apoyadas económicamente por los organismos del Estado creados para fomentar la investigación en el país, así como por el aporte de entidades privadas, sea este voluntario o legal; dan preferencia a los asuntos y proyectos de interés nacional y regional; participan en los organismos encargados de formular la política nacional de ciencia y tecnología.
Las Universidades publican anualmente un resumen informativo de los trabajos de investigación realizados.
Artículo 67º.- Las Universidades cooperan con el Estado realizando, por iniciativa propia o por encargo este, de acuerdo con sus posibilidades, estudios, proyectos e investigaciones que contribuyan a atender los problemas de la región o del país.

CAPÍTULO IX
DE LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
Artículo 68º.- Las Universidades extienden su acción educativa a favor de quienes no son estudiantes regulares; en tal sentido, organizan actividades de promoción y difusión de cultura general y estudios de carácter profesional, que pueden ser gratuitos o no, y que pueden conducir a una certificación.
Establecen relación con las instituciones culturales, sociales y económicas con fines de cooperación, asistencia y conocimiento recíprocos.
Participan en la actividad educativa y cultural de los medios de comunicación social del Estado.
Prestan servicios profesionales en beneficio de la sociedad y regulan estas acciones en su Estatuto de acuerdo con sus posibilidades y las necesidades del país, con preferencia por las regionales que corresponden a su zona de influencia.
Artículo 69º.- Cada Universidad, con la finalidad de atender a la formación que requieren los estudios en ella, puede crear un Centro o Centros Pre-Universitarios, cuyos alumnos ingresan a ella previa comprobación de asistencia, rigurosa y permanente evaluación y nota aprobatoria. Su organización y funcionamiento es determinada por el Estatuto y reglamentos de la respectiva Universidad.

CAPÍTULO X
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE LOS SERVICIOS
Artículo 70º.- El personal administrativo y de los servicios de las Universidades públicas está sujeto al régimen de los servidores públicos, con excepción del dedicado a labores de producción, que se rige por la legislación laboral respectiva. El personal administrativo y de los servicios de las Universidades privadas se rige por la legislación del trabajador privado.
Artículo 71º.- El personal administrativo al servicio de las Universidades públicas con título o grado universitario, tiene derecho a que se le reconozca de abono hasta cuatro años, por concepto de formación profesional, al cumplir quince años de servicios efectivos los varones y doce y medio las mujeres, siempre que estos servicios no sean simultáneos con otros prestados al Sector Público.
Artículo 72º.- El personal administrativo y de los servicios de cualquier Universidad puede asociarse libremente de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y la ley.
Artículo 73º.- La Universidad promueve y lleva a cabo, cursos de capacitación y de especialización a favor de su personal.
Artículo 74º.- Cada Universidad organiza el escalafón de su personal.

CAPÍTULO XI
DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO
Artículo 75º.- Las Universidades ofrecen a sus miembros y servidores, dentro de sus posibilidades, programas y servicios de salud, bienestar y recreación, y apoyan los que surjan de su propia iniciativa y esfuerzo. Fomentan sus actividades culturales, artísticas y deportivas. La editorial universitaria y las olimpiadas universitarias, quinquenales son objeto de su especial atención.
Asimismo, atienden con preferencia la necesidad de libros y materiales de estudio de los profesores y estudiantes mediante procedimientos y condiciones que faciliten su uso o adquisición. (*)
(*) Concordar con Art. 3° del D. Leg. N° 739: "Los comedores y residencias estudiantiles en las diversas universidades del país, serán destinados única y exclusivamente a estudiantes regulares, y que por su situación económica requieren de estos programas de bienestar".

CAPÍTULO XII
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 76º.- La comunidad nacional sostiene económicamente a las Universidades. Ellas corresponden a ese esfuerzo con la calidad de sus servicios.
Todas las Universidades tienen derecho a la contribución pública de acuerdo con sus méritos y necesidades. Es responsabilidad del Estado proporcionársela con magnitud adecuada para mantener y promover los niveles alcanzados por la educación universitaria.

Artículo 77º.- Son recursos económicos de las Universidades:
a. Las asignaciones provenientes del Tesoro Público;
b. Los ingresos por concepto de leyes especiales, y
c. Los ingresos propios.

Artículo 78º.- La enseñanza en las Universidades públicas es gratuita. El pago de pensiones en las Universidades privadas se hará por el sistema de escalas, que puede ser reemplazado por otras formas de ayuda o promoción social. En los casos en que las Universidades privadas reciban subsidios del Estado dedicarán una parte de ellos a becas y préstamos para los estudiantes.

Este beneficio cubre por una vez estudios académicos o profesionales correspondientes a los ciclos semestrales o anuales requeridos para cada grado académico o título profesional, con una tolerancia adicional de dos ciclos semestrales o uno anual.

Cada Universidad determinada en su Estatuto la suspensión temporal de la gratuidad por el período de estudios siguiente a aquel en que se registre deficiente rendimiento académico; así como las condiciones de su recuperación.

Artículo 79º.- Las Universidades pueden establecer, órganos y actividades dedicados a la producción de bienes económicos y a la prestación de servicios, siempre que sean compatibles con su finalidad. La utilidad resultante es recurso propio de cada Universidad.

Artículo 80º.- Créase el Fondo de Ayuda del Profesional a las Universidades, constituido con la contribución anual obligatoria de sus respectivos Graduados en un porcentaje de sus ingresos anuales. El Poder Ejecutivo aprueba el Reglamento de este Fondo cuyo proyecto formula la Asamblea Nacional de Rectores.

Artículo 81º.- Créase el Fondo de Desarrollo y Promoción Universitaria en cada Universidad Pública. Se constituye con las donaciones de dinero y valores hechas a su favor por personas naturales y jurídicas. El Poder Ejecutivo complementa dichas donaciones en el ejercicio presupuestal inmediato siguiente con aportes iguales al 50% de los recibidos en el curso del año por cada Universidad y hasta por una suma que no sobrepase del 25% del presupuesto de ella, en el ejercicio en el que recibió las donaciones. Las Universidades tienen la libre disposición de los recursos de sus respectivos fondos sin esperar los aportes del Tesoro Público. Los recursos de estos fondos no pueden utilizarse para remuneraciones en más de 5%.

Las donaciones que se efectúen a favor de una Universidad se rigen por las disposiciones contenidas en las leyes tributarias pertinentes, en lo relativo a las deducciones.

Artículo 82º.- Créase la Corporación Financiera Universitaria con la finalidad de obtener recursos destinados al financiamiento de los programas de inversión, de becas y bienestar estudiantil, de becas para docentes, de investigación y de extensión y proyección sociales. La Corporación podrá realizar las operaciones de crédito requeridas para el cumplimiento de su finalidad. El Estado participa en el capital de la Corporación con aportes anuales de hasta el 50% de su monto.

La Asamblea Nacional de Rectores formula el proyecto de Estatutos de la Corporación, cuya aprobación corresponde al Poder Ejecutivo.

Artículo 83º.- Constituyen patrimonio de las Universidades los bienes y rentas que actualmente les pertenecen y los que adquieran en el futuro por cualquier título legítimo. Las Universidades pueden enajenar sus bienes de acuerdo a ley; los recursos provenientes de la enajenación sólo son aplicables a inversiones permanentes, muebles o inmuebles.

Los bienes provenientes de donaciones, herencias y legados, quedan sujetos al régimen establecido por el donante o causante, según el caso.

Artículo 84º.- Cada Universidad pública elabora su proyecto de presupuesto anual y lo remite a la Asamblea Nacional de Rectores antes del 30 de junio de cada año. Igual trámite cumplen las Universidades particulares que soliciten ayuda del Estado. La Asamblea Nacional de Rectores formula el proyecto que le corresponde. Todos los proyectos y solicitudes deberán ser fundamentados.
La Asamblea Nacional de Rectores eleva dichos proyectos y solicitudes, acompañados de la información que sustenta al Poder Ejecutivo, antes del 10 de agosto para su inclusión en el proyecto del Presupuesto del Sector Público.

Las asignaciones presupuestales de cada Universidad son determinadas por el Poder Legislativo, sobre la base de las propuestas y la información recibida.

El Congreso, de acuerdo con el principio establecido en el artículo 76º de la presente ley, al aprobar el presupuesto anual del Sector Público, asigna al conjunto de las Universidades un porcentaje del gasto corriente del mismo. Dicho porcentaje no puede ser inferior al del año anterior, con tendencia al incremento real de esa partida global.

Artículo 85º.- Toda Universidad aprueba en el mes de febrero su presupuesto anual, en el que debe ser equilibrado y comprender todos sus ingresos y gastos, y lo ejecuta de conformidad con la ley y respectivo Estado. Se le debe otorgar preferente atención a gastos de inversión.

Artículo 86º.- Las Universidades públicas están sujetas al Sistema Nacional de Control. También lo están las Universidades privadas en cuanto a la asignación que reciben del Estado.

La Asamblea Nacional de Rectores puede ordenar la práctica de auditorías destinadas a velar por el recto uso de los recursos de las Universidades. Dentro de los seis meses de concluido un período presupuestal, las Universidades Públicas rinden cuenta del ejercicio a la Contraloría General, informan al Congreso y publican gratuitamente en el Diario Oficial el balance respectivo.

Las Universidades privadas rinden análoga cuenta y proporcionan igual informe por la asignación del Estado. Publican su balance con la misma gratuidad en el Diario Oficial.
El incumplimiento de estas normas determina la suspensión del pago de la asignación fiscal hasta que se regularice la situación.

Artículo 87º.- Las Universidades están exoneradas de todo tributo fiscal o municipal, creado o por crearse. Gozan de franquicia postal y telegráfica y las actividades culturales que ellas organizan están exentas de todo impuesto. La exoneración de los tributos a la importación se limita a los bienes necesario para el cumplimiento de sus fines.(*)
(*) Concordar con el capítulo II del Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, publicado el 9.11.96

Artículo 88º.- Créase la Derrama Universitaria como fondo obligatorio formado por los aportes de los profesores y personal administrativo y de servicios de las Universidades públicas, destinado a proporcionar ayuda económica a los aportantes. El Poder ejecutivo reglamentará la Derrama Universitaria a propuesta de la Asamblea Nacional de Rectores.

Artículo 89º.- Las Universidades ubicadas en zonas de frontera reciben el apoyo especial del Estado para su pleno desarrollo, y específicamente para la realización de estudios y actividades de interés nacional regional.

CAPÍTULO XIII
DE LA COORDINACIÓN ENTRE LAS UNIVERSIDADES
Artículo 90º.- Los Rectores de las Universidades públicas y privadas constituyen la Asamblea Nacional de Rectores cuyos fines son el estudio, la coordinación y la orientación general de las actividades universitarias en el país, así como de su fortalecimiento económico y de su responsabilidad con la comunidad nacional. En el ámbito regional los Rectores constituyen Consejos Regionales.

Artículo 91º.- La Asamblea Nacional de Rectores elige a su presidente y aprueba el Reglamento General de la Coordinación Interuniversitaria en que se precisan las atribuciones, organización y actividades de sus órganos. La aprobación y modificación del Reglamento General requiere más de la mitad de los votos de los miembros de la Asamblea.

Artículo 92º.- Son atribuciones específicas e indelegables de la Asamblea Nacional de Rectores las siguientes:
a. Informar, a requerimiento del Poder Legislativo, en los casos de creación, fusión o supresión de Universidades públicas o privadas;
b. Elevar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo los proyectos de los presupuestos anuales de las Universidades públicas y los pedidos de ayuda de las privadas, con la información correspondiente a cada uno, y formula su propio proyecto de presupuesto;
c. Publicar un informe anual sobre la realidad universitaria del país y sobre criterios generales de política universitaria;
d. Elegir a los Rectores de las Universidades que integran la Comisión de Coordinación Interuniversitaria conforme al artículo 93º de la presente ley;
e. .Coordinar, proporcionando información previa e indispensable, la creación de carreras, títulos profesionales y de segunda especialidad acordados por una Universidad y de las Facultades en que se hacen los estudios respectivos;
f. .Concordar en lo referente a los requisitos mínimos exigibles para el otorgamiento de grados y títulos universitarios y a la unificación de sus denominaciones, sin perjuicio del derecho privativo de cada universidad a establecer los currícula y requisitos adicionales propios;
g. Evaluar a las nuevas Universidades de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la presente ley;
h. Designar a las Universidades que puedan convalidar estudios, grados y títulos obtenidos en otros países;
i. Elegir a los miembros del Consejo de Asuntos Contenciosos Universitarios;
j. Recopilar los Estatutos vigentes en las Universidades del país;
k. Conocer y resolver de oficio y en última instancia, los conflictos que se produzcan en las universidades Públicas y Privadas del país relativos a la legitimidad o reconocimiento de sus autoridades de gobierno como son: Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Rector, Vicerrectores y Comisiones Organizadoras de las Universidades de reciente creación que afecten el normal funcionamiento institucional. Las resoluciones que expida son de observancia obligatoria por todas las universidades y se ceñirán al siguiente procedimiento:
1. Producido un conflicto del nivel señalado, el Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores convoca inmediatamente al Consejo de Asuntos Contenciosos y para el undécimo día a la Asamblea Nacional de Rectores; el Consejo encargará a 3 de sus miembros para que en un plazo improrrogable de 10 días informe y proponga las medidas que permitan resolver el conflicto.
2. A base de la propuesta del Consejo de Asuntos Contenciosos, la Asamblea Nacional de Rectores determina las medidas a aplicar que pueden alcanzar el cese definitivo de las autoridades de gobierno, y la convocatoria a elecciones para su reemplazo, de conformidad con la Ley N° 23733.
3. La Asamblea Nacional de Rectores designará una Comisión de Gobierno Transitorio con el fin de restablecer la normalidad institucional, y reemplazar mediante elección a las autoridades universitarias, sin exceder en ningún caso del plazo improrrogable de 60 días calendario, y ajustándose en este caso a lo dispuesto en el Capítulo XVI de la Ley N° 23733 en cuanto sea aplicable.
4. Elegidas las nuevas autoridades de la universidad, cesa en sus funciones la Comisión de Gobierno Transitoria;
5. Desde su instalación y hasta su reemplazo por las nuevas autoridades, la Comisión de Gobierno Transitoria ejerce las facultades previstas en la Ley N° 23733 para la conducción administrativa de la Universidad en todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, y
6. Cuando las medidas alcancen a las Comisiones Organizadoras de las Universidades de reciente creación, dichas Comisiones se reestructurarán con un 70% de sus miembros designados por los promotores y en un 30% con representantes de los profesores elegidos en la forma que establece el artículo 39° de la Ley N° 23733. Además, habrán tres representantes de los estudiantes, elegidos en igual forma ; y ( * )
( * ) Inciso adicionado por el artículo 1° de la Ley N° 24387 publicado el 6.12.85.
l. Llevar el Registro Nacional de Grados y Tïtulos expedidos por las universidades de la República. ( ** ).
(**) Inciso adicionado por el artículo 1° de la Ley N°25064 publicada el 24.6.89

Artículo 93º.- La Asamblea Nacional de Rectores está representada por una Comisión de Coordinación Interuniversitaria, que tiene las funciones que el Reglamento General de la Coordinación Interuniversitaria le señala, al efecto de que las decisiones propias de la Asamblea Nacional de Rectores, se adopten oportuna y fundamentalmente. La Comisión de Coordinación Interuniversitaria, tiene como Presidente al de la Asamblea Nacional de Rectores y está formada por los Rectores de las Universidades de San Marcos, Cusco, Trujillo, Arequipa, Ingeniería, Agraria y Pontificia Universidad Católica y por otros seis Rectores elegidos cada dos años por la Asamblea Nacional con criterio de distribución geográfica, dos de los cuales son de Universidades privadas.

Vencido el primer bienio se determina el orden en que cesarán, cada dos años y sucesivamente, los Rectores de las Universidades mencionadas en el párrafo anterior. Su reemplazo se sujetará al Reglamento General de la Coordinación Interuniversitaria.
A las reuniones de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria pueden asistir, con acuerdo de la misma, sendos delegados de los Ministerios de Educación y de Economía, Finanzas y Comercio, con voz pero sin voto.

Artículo 94º.- La Secretaría Ejecutiva es el órgano administrativo de ejecución de la Coordinación Interuniversitaria. Depende de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria y desempeña sus funciones de conformidad con el Reglamento General y las directivas de dicha Comisión. Tiene a su cargo especialmente la recopilación de Estatutos de las Universidades, el padrón de grados y títulos en base a los datos remitidos por ellas, y acopia la información sobre sus estadísticas y funcionamientos.

Artículo 95ª.- El Consejo de Asuntos Contenciosos está integrado por cinco miembros, que hayan sido Rectores, Decanos de Facultades de Derecho o Directores de Programas Académicos de Derecho.
Tiene las siguientes funciones:
a. Resolver en última instancia administrativa los recursos de revisión contra las resoluciones de los Consejos Universitarios en los casos de desconocimiento de los derechos legalmente reconocidos a los profesores y alumnos; y
b. Ejercer la jurisdicción arbitral previo sometimiento de ambas partes a petición de una Universidad, de sus órganos legales o de las asociaciones reconocidas de profesores y estudiantes, en los conflictos que impidan o alteren su actividad.

CAPÍTULO XIV
DE LOS ESTUDIOS DE POST-GRADO Y DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN
Artículo 96º.- Sólo las Universidades organizan estudios de post-grado académico en la forma prevista en el artículo 13º. Igualmente pueden ofrecer estudios de segunda y ulterior especialidad profesional para los titulados en ellas, los que dan lugar a los títulos o a las certificaciones o menciones respectivas.

CAPÍTULO XV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 97º.- Las Universidades siguientes tienen el nombre y la precedencia de antigüedad que a continuación se indica:
1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Real Cédula de 12-05-1551.
2. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Cusco. Real Cédula de 01-06-1692.
3. Universidad Nacional de La Libertad, Trujillo. Decreto Dictatorial de 10-05-1824.
4. Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Res. Prefectural 02-06-1827.
5. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. D.S. 24-03-1917.
6. Universidad Nacional de Ingeniería, Lima. Ley 12379 de 19-07-1955.
7. Universidad Nacional de San Luis Gonzaga de Ica, Ica. Ley 12495 de 20-12-1955.
8. Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Ley 12828 de 24-04-57
9. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima. Ley 13417, Art. 87º de 08-04-1960.
10. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos. Ley 13498 de 14-01-1961.
11. Universidad Nacional del Altiplano, Puno. Ley 13516 de 10-02-1961.
12. Universidad Nacional de Piura, Piura. Ley 13531 de 30-03-1961.
13. Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima. D.S. 18 de 22-09-1961.
14. Universidad Católica Santa María, Arequipa. D.S. 24 de 06-12-1961.
15. Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Ley 13827 de 02-01-1962.
16. Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca. Ley 14015 de 13-02-1962.
17. Universidad del Pacífico, Lima. D.S. 8 de 28-02-1962.
18. Universidad de Lima, Lima. D.S. 23 de 25-04-1962.
19. Universidad de San Martín de Porres, Lima. D.S. 28 de 16-05-1962.
20. Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Lima. D.S. 71 de 24-12-1962.
21. Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima. Ley 14692 de 30-10-1963.
22. Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María. Ley 14912 de 20-02-1964.
23. Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco. Ley 14915 de 20-02-1964.
24. Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima. D.S. 74 de 21-12-1964.
25. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima. Ley 15519 de 07-04-1965.
26. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Cerro de Pasco. Ley 15527 de 23-04-1965.
27. Universidad Nacional del Callao, Callao. Ley 16225 de 02-09-1966.
28. Universidad de Piura, Piura. Ley 17040 de 02-06-1968.
29. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho. D.L. 17358 de 31-12-1968.
30. Universidad Ricardo Palma, Lima. D.L. 17723 de 01-07-1969.
31. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. D.L. 18179 de 17-03-1970
32. Universid
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abril 20, 2011

Ley N° 26439, Crean el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades - CONAFU

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Crean el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades - CONAFU
Ley N° 26439



EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO:
El Congreso Constituyente Democrático ha dado la Ley siguiente:
Artículo 1o.- Créase el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) como órgano autónomo de la Asamblea Nacional de Rectores, con sede en la ciudad de Lima.
Artículo 2o.- Son atribuciones del CONAFU:
a) Evaluar los proyectos y solicitudes de autorización de funcionamiento de las nuevas universidades a nivel nacional, y emitir resoluciones autorizando o denegando el funcionamiento provisional, previa verificación del cumplimiento efectivo de los requisitos y condiciones establecidos.
b) Autorizar la fusión de universidades, previa evaluación del proyecto, así como la supresión de las mismas.
c) Evaluar en forma permanente y durante el tiempo que estime conveniente el funcionamiento de las universidades, hasta autorizar o denegar su funcionamiento definitivo. La autorización de funcionamiento definitivo no puede ser concedida antes de transcurridos cinco años, contados a partir de la fecha de la autorización provisional de funcionamiento.
d) Autorizar, denegar, ampliar o suprimir facultades, carreras o escuelas, así como, limitar el número de vacantes en las universidades con funcionamiento provisional.
e) Reconocer a las comisiones organizadoras a propuesta de los promotores.
f) Elaborar sus propios estatutos.
g) Elaborar la reglamentación que señale los requisitos, procedimientos y plazos, para la autorización provisional o definitiva de funcionamiento y para la evaluación de las universidades con autorización provisional.
Artículo 3o.- El CONAFU está integrado por cinco ex-rectores de reconocida trayectoria institucional, elegidos entre los candidatos propuestos por las universidades institucionalizadas. Tres de ellos son elegidos por las universidades públicas y los dos restantes por las universidades privadas. La Asamblea Nacional de Rectores convoca y organiza el proceso electoral respectivo y emite la resolución de nombramiento.
El mandato de los miembros de CONAFU es de cinco años. Pueden ser reelegidos. Eligen a su presidente y vice-presidente. En caso de vacancia, la Asamblea Nacional de Rectores convoca al proceso electoral respectivo para cubrirla dentro de los cuarenta y cinco días de producida.
Artículo 4o.- Los miembros del CONAFU están prohibidos de integrar la plana de promotores y organizadores, docentes o cualquier órgano de gobierno y realizar cualquier tipo de contratos con las universidades cuyo funcionamiento hayan autorizado. Dicha prohibición rige hasta los cinco años posteriores en que hayan dejado el cargo.
Artículo 5o.- Los procedimientos establecidos por el CONAFU para las evaluaciones referidas en los incisos a) y d) del artículo 2o. de la presente ley, incluyen solicitar opinión técnica a la Asamblea Nacional de Rectores y a otras instituciones relacionadas con las especialidades profesionales que les corresponda.
Artículo 6o.- Para autorizar el funcionamiento de las universidades públicas se requiere, además de la evaluación que realiza el CONAFU, la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la capacidad del Estado para financiarlas.
Artículo 7o.- Para otorgar la autorización provisional de funcionamiento de una universidad, la entidad promotora debe acreditar ante el CONAFU

a) Conveniencia regional y nacional, sustentada en un estudio de mercado de las especialidades que se proponga ofrecer y las proyecciones a los diez años de funcionamiento.
b) Objetivos académicos, grados y títulos a otorgar, así como los planes de estudios correspondientes.
c) Disponibilidad de personal docente calificado.
d) Infraestructura física adecuada.
e) Previsión económica y financiera de la universidad, proyectada para los primeros diez años de funcionamiento.
f) Servicios académicos imprescindibles (bibliotecas, laboratorios y afines) y de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, social, psico- pedagógico y deportivo).
f) Servicios académicos imprescindibles (bibliotecas, laboratorios y afines) y de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, social, psico- pedagógico y deportivo).
g) Previsiones que hagan posible el acceso y la permanencia de estudiantes que no cuenten con suficientes recursos para cubrir el costo de su educación.
h) Las demás que el CONAFU establezca en sus reglamentos.
Artículo 8o.- Los actos, tanto académicos como administra- tivos, que se efectúan en nombre de la universidad antes de que se expida la autorización provisional de funcionamiento por el CONAFU, son nulos de pleno derecho.
Artículo 9o.- Son recursos del CONAFU:
a) Las transferencias del Tesoro Público.
b) Los montos que reciban por la venta de bienes o prestación de servicios.
c) Las donaciones que reciban.
El CONAFU constituye un programa presupuestario del pliego de la Asamblea Nacional de Rectores.
Artículo 10o.- Deróganse las normas legales que se opongan a la presente ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- La Asamblea Nacional de Rectores convoca al proceso electoral previsto en el artículo tercero dentro de los treinta días de publicada la presente ley. El CONAFU se instala dentro de los quince días de concluído dicho proceso.
SEGUNDA.- Las universidades que se encuentran en proceso de institucionalización se someten a lo dispuesto en la presente ley.
Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los seis días del mes de enero de mil novecientos noventa y cinco.
JAIME YOSHIYAMA
Presidente del Congreso Constituyente Democrático
CARLOS TORRES Y TORRES LARA
Primer Vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de enero de mil novecientos noventa y cinco.
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República
PEDRO VILLENA HIDALGO
Ministro de Educació
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abril 20, 2011

DECRETO LEGISLATIVO N° 882, LEY DE PROMOCION DE LA INVERSION EN LA EDUCACION

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DECRETO LEGISLATIVO N° 882

LEY DE PROMOCION DE LA INVERSION EN LA EDUCACION
(Publicado 09/11/96)



EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO :

Que el Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 104° de la Constitución Política del Perú, mediante Ley N° 26648, prorrogada por la Ley N° 26665 y la Ley N° 26679, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de dictar normas legales para promover la generación de empleo y eliminar trabas a la inversión e iniquidades, entre otras materias;

Que, de acuerdo con el Artículo 15° de la Constitución Política del Estado, toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a Ley;

Que es necesario que el esfuerzo realizado a través de las Escuelas Públicas en las que, de acuerdo al Mandato Constitucional, el Estado garantiza la gratuidad de la enseñanza, sea complementado con una mayor participación del Sector Privado;

Que, en este marco, es conveniente dictar normas que fomenten la inversión privada en el esfuerzo nacional de modernización de la educación;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:





LEY DE PROMOCION DE LA INVERSION EN LA EDUCACION
(Publicado 09/11/96)

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- La presente Ley establece condiciones y garantías para promover la inversión en servicios educativos, con la finalidad de contribuir a modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta y la cobertura.
Sus normas se aplican a todas la Instituciones Educativas Particulares en el territorio nacional, tales como centros y programas educativos particulares, cualquiera que sea su nivel o modalidad, institutos y escuelas superiores particulares, universidades y escuelas de posgrado particulares y todas las que estén comprendidas bajo el ámbito del sector Educación.

Artículo 2°.- Toda persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades en la educación. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa.

Artículo 3°.- El derecho a adquirir y transferir la propiedad sobre las Instituciones Educativas Particulares, se rige por las disposiciones de la Constitución y del derecho común. Conlleva la responsabilidad del propietario en la conducción de la institución y en el logro de los objetivos de la educación.
Artículo 4°.- Las Instituciones Educativas Particulares, deberán organizarse jurídicamente bajo cualquiera de las formas previstas en el derecho común y en el régimen societario, incluyendo las de asociación civil, fundación, cooperativas, empresa individual de responsabilidad limitada y empresa unipersonal.

Artículo 5°.- La persona natural o jurídica propietaria de una Institución Educativa Particular, con sujeción a los lineamientos generales de los planes de estudio, así como a los requisitos mínimos de la organización de las instituciones educativas formulados por el Estado, establece, conduce, organiza, gestiona y administra su funcionamiento, incluyendo a título meramente enunciativo:

a) Su línea institucional dentro del respeto a los principios y valores establecidos en la Constitución, considerando que la Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana; promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte; prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad;
b) La duración, metodología y sistema pedagógico del plan curricular de cada período de estudios, cuyo contenido contemplará la formación moral y cultural, ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos.
c) La Educación Universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica.
d) Los sistemas de evaluación y control de los estudiantes.
e) La dirección, organización, administración y funciones del centro;
f) Los regímenes económicos, de la selección, de ingresos, disciplinario, de pensiones y de becas;
g) Las filiales, sucursales, sedes o anexos con que cuente de acuerdo a la normatividad específica.
h) El régimen de sus docentes y trabajadores administrativos.
i) Su función, transformación, escisión, disolución o liquidación; e
j) Los demás asuntos relativos a la dirección, organización, administración y funcionamiento de la Institución Educativa Particular.
Tratándose de Instituciones Educativas Particulares de Educación Inicial, Primaria o Secundaria, el Estatuto o Reglamento Interno contempla la forma de participación de los padres de familia en el proceso educativo. En las Instituciones Educativas Particulares de Nivel Universitario, el Estatuto o el Reglamento Interno de cada una, establece la modalidad de participación de la Comunidad Universitaria, conformada por profesores, alumnos y graduados. El Estatuto o Reglamento Interno debe permitir la participación de la comunidad Universitaria en los asuntos relacionados al régimen académico, de investigación y de proyección social.

Artículo 6°.- El personal docente y los trabajadores administrativos de las Instituciones Educativas Particulares, bajo relación de dependencia, se rigen exclusivamente por las normas del régimen laboral de la actividad privada.
Artículo 7°.- Son de aplicación en las Instituciones Educativas Particulares las garantías de libre iniciativa privada, propiedad, libertad contractual, igualdad de trato y las demás que reconoce la Constitución, así como las disposiciones de los Decretos Legislativos N°s. 662 y 757, incluyendo todos los derechos y garantías establecidos en dichos Decretos. También son de aplicación a las Instituciones Educativas Particulares las disposiciones de los Decretos Legislativos N°s. 701 y 716 y sus normas modificatorias, así como las demás disposiciones legales que garanticen la libre competencia y la protección de los usuarios.

Artículo 8°.- El Ministerio de Educación registra el funcionamiento de los centros educativos a que se refiere la Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. Autoriza el funcionamiento de los institutos y escuelas superiores particulares. Las universidades y las escuelas de postgrado particulares, son autorizadas de acuerdo a ley.

El Ministerio de Educación supervisa el funcionamiento y calidad de la educación de todas las instituciones educativas en el ámbito de su competencia, dentro del marco de libertad de enseñanza, pedagógica y de organización que establecen la Constitución y las leyes.

Para efectos de registro, acreditación, autorización y supervisión que realice el Ministerio de Educación, podrá contar con el concurso de entidades especializadas.
Sólo el Ministerio de Educación autoriza el cierre o clausura de las instituciones educativas dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 9°.- Sólo las universidades otorgan el grado académico de Bachiller. Los grados de Maestro o Magister y de Doctor, son otorgados por las universidades y por las escuelas de posgrado.
Los estatutos o reglamentos internos de las universidades y escuelas de posgrado particulares, establecen los diplomas, grados y títulos que éstas otorgan, así como los requisitos para obtenerlos, con sujeción a las normas en la materia.

Las escuelas de posgrado particulares, que no pertenezcan a universidades, que se creen a partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, se regirán por las normas aplicables a las universidades.
Los institutos y escuelas superiores particulares, otorgan títulos profesionales previa autorización del Ministerio de Educación, con sujeción al Reglamento que se dicte mediante Decreto Supremo.

Artículo 10°.- El Ministerio de Educación puede imponer sanciones administrativas a las Instituciones Educativas Particulares bajo su supervisión por infracción de las disposiciones legales y reglamentarias que las regulan, siéndoles aplicable lo dispuesto en el Capítulo VI de la Ley N° 26549.
Las sanciones son aplicadas en función a la gravedad de las infracciones, de acuerdo con la siguiente escala:

a) Infracciones Leves: Amonestación o multa no menor a 1 IUT ni mayor a 10 UIT.
b) Infracciones Graves: Multa no menor de 10 UIT ni mayor de 50 UIT.
c) Infracciones Muy Graves: Multa no menor de 50 IUT hasta 100 UIT, suspensión o clausura.

Los incisos precedentes sustituyen los establecidos en el Artículo 18° de la Ley N° 26549.
El Reglamento de Infracciones y Sanciones es aprobado por Decreto Supremo.














CAPITULO II

DISPOSICIONES TRIBUTARIAS


Artículo 11°.- Las Instituciones Educativas Particulares se regirán por las normas del Régimen General del Impuesto a la Renta.
Para tal efecto, se entiende por Instituciones Educativas Particulares aquellas referidas en el segundo párrafo del Artículo 1° y en el Artículo 4° de la presente Ley, siempre que no estén comprendidas en alguno de los volúmenes de la Ley General del Presupuesto de la República.

Artículo 12°.- Para efectos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del Artículo 19° de la Constitución Política del Perú, la utilidad obtenida por las Instituciones Educativas Particulares será la diferencia entre los ingresos totales obtenidos por éstas y los gastos necesarios para producirlos y mantener su fuente, constituyendo la renta neta. A fin de la determinación del impuesto a la Renta correspondiente se aplicarán las normas generales del referido Impuesto.
Artículo 13°.- Las Instituciones Educativas Particulares, que reinviertan total o parcialmente su renta reinvertible en sí mismas o en otras Instituciones Educativas Particulares, constituidas en el país, tendrán derecho a un crédito tributario por reinversión equivalente al 30% del monto reinvetertido.
La reinversión sólo podrá realizarse en infraestructura y equipamiento didáctico, exclusivos para los fines educativos y de investigación que corresponda a sus respectivos niveles o modalidades de atención, así como para las becas de estudios. Mediante Decreto Supremo se aprobará la relación de bienes y servicios que serán materia del beneficio de reinversión.
Los bienes y servicios adquiridos con las rentas reinvertibles serán computados a su valor de adquisición, el cual en ningún caso podrá ser mayor al valor del mercado. Tratándose de bienes importados, se deducirán los impuestos de importación si fuere el caso.
Los programas de reinversión deberán ser presentados a la autoridad competente del Sector Educación con copia a la SUNAT con una anticipación no menor a 10 días hábiles al vencimiento del plazo para la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. Los referidos programas de reinversión se entenderán automáticamente aprobados con su presentación.
La Aprobación a que se refiere el párrafo anterior es sin perjuicio de la fiscalización posterior que pueda efectuar la SUNAT.
Las características de los programas de reinversión, así como la forma, plazo y condiciones para el goce del beneficio a que se refiere el presente artículo, se establecerán en el Reglamento.

Artículo 14°.- Incorpórase como inciso i) del Artículo 28° del Decreto Legislativo N°774, Ley del Impuesto de la Renta, el texto siguiente:
“Art. 28°.- Son Rentas de Tercera Categoría:
i) Las Rentas obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares”.

Artículo 15°.- Incorpórase como inciso j) del Artículo 116° del Decreto Legislativo N° 774, Ley del Impuesto a la Renta, el texto siguiente:
“Art. 116°.- No están afectas al Impuesto Mínimo:
j) Las Instituciones Educativas Particulares.

Artículo 16°.- Derógase el inciso b) del Artículo 18° del Decreto Legislativo N° 774, Ley del Impuesto a la Renta.

Artículo 17°.- Sustitúyase el inciso c) del Artículo 18° del Decreto Legislativo N° 774, Ley del Impuesto a la Renta, por el texto siguiente:
“c) Las fundaciones legalmente establecidas, cuyo instrumento de constitución comprenda exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines: cultura, investigación superior, beneficencia, asistencia social y hospitalaria y beneficios sociales para los servidores de las empresas; fines cuyo cumplimiento deberá acreditarse con arreglo a los dispositivos legales vigentes sobre la materia”.

Artículo 18°.- Incorpórase como tercer párrafo del Artículo 18° del Decreto Legislativo N° 774, Ley del Impuesto a la Renta, el texto siguiente:
“La verificación del incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en los incisos c) y d) del presente artículo dará lugar a presumir, sin admitir prueba en contrario, que estas entidades han estado gravadas con el Impuesto a la Renta por los ejercicios gravables no prescritos, siéndoles de aplicación las sanciones establecidas en el Código Tributario”.

0 Incorpórase como inciso m) del Artículo 19° del Decreto Legislativo N°774, Ley del Impuesto a la Renta, el texto siguiente:
“m) Las Universidades Privadas constituidas bajo la forma jurídica a que se refiere el Artículo 6° de la Ley N° 23733, en tanto cumplan con los requisitos que señala dicho dispositivo”.

1 ) Incorpórase como último párrafo del Artículo 19° del Decreto Legislativo N° 774, Ley del Impuesto a la Renta, el texto siguiente:
“La verificación del incumplimiento de alguno de los requisitos para el goce de la exoneración establecidos en los incisos a), b) y m) del presente artículo dará lugar a presumir, sin admitir prueba en contrario, que la totalidad de las rentas percibidas por las entidades contempladas en los referidos incisos, han estado gravadas con el Impuesto a la Renta por los ejercicios gravables no prescritos, siéndoles de aplicación las sanciones establecidas en el Código Tributario”.

2 ) Sustitúyase el inciso d) del Artículo 88° del Decreto Legislativo N° 774, Ley del Impuesto a la Renta, por
el texto siguiente:

“Art. 88°.- inciso d)
“d) Tendrán derecho a aplicar un crédito contra el Impuesto:

1. Las personas perceptoras de rentas de cualquier categoría que otorguen donaciones a las Instituciones Educativas Particulares comprendidas en el Artículo 19°, o a Instituciones con fines culturales a que se refieren el inciso c) del Artículo 18° y el inciso b) del Artículo 19° o a Instituciones Educativas Públicas, cuyo importe será el que resulte de aplicar la tasa media del contribuyente sobre los montos donados a los citadas entidades que en conjunto no excedan del diez (10%) por ciento de su renta neta global o del diez (10%) de las rentas netas de tercera categoría, luego de efectuada la compensación de pérdidas que autorizan los Artículos 49° y 50°. También podrán aplicar el referido crédito, quienes efectúen donaciones a favor de las entidades y dependencias del Sector Público Nacional, excepto a empresas; siempre que la donación sea aprobada por Resolución Suprema, refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro del Sector correspondiente.

2. Las Instituciones Educativas Particulares no comprendidas en el Artículo 19° que otorguen donaciones a Instituciones Educativas Particulares comprendidas en el Artículo 19° o a Instituciones Educativas Públicas. En este caso el crédito será equivalente al treinta por ciento (30%) del monto donado.
Tratándose de donaciones en dinero, y sin perjuicio del cumplimiento de las formalidades establecidas por la Ley, el crédito a que se refiere el presente inciso se computará a partir del momento en que el monto respectivo sea entregado al donatario, si la donación se realiza en efectivo; o desde que los cheques, letras de cambio y otros documentos similares sean cobrados si la donación se efectúa mediante la entrega de títulos valores.

En el caso de donaciones en especie, el valor de las mismas deberá ser comprobado por la Administración Tributaria, de acuerdo con las normas que establezca el Reglamento, no pudiendo en ningún caso ser superior al costo computable de los bienes donados.”

Artículo 22°.- Sustitúyase el inciso g) del Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 821, Ley del Impuesto a las Ventas, por el texto siguiente:

“g) La transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios que efectúen las Instituciones Educativas Públicas o Particulares exclusivamente para sus fines propios. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, se aprobará la relación de bienes y servicios inafectos al pago del Impuesto General a las Ventas”.
La transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios debidamente autorizada mediante Resolución Suprema, vinculadas a sus fines propios, efectuada por las Instituciones Culturales o Deportivas a que se refieren el inciso c) del Artículo 18° y el inciso b) del Artículo 19° de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobada por el Decreto Legislativo N° 774, y que cuenten con la calificación del Instituto Nacional de Cultura o del Instituto Peruano del Deporte, respectivamente”.

Artículo 23°.- Las Instituciones Educativas Particulares o Públicas estarán inafectas al pago de los derechos arancelarios correspondientes a la importación de bienes que efectúen exclusivamente para sus fines propios. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación se aprobará la relación de bienes inafectos al pago de derechos arancelarios.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS


PRIMERA.- Mediante Decreto Supremo, en un plazo de 90 días hábiles, se establecerán las normas que regirán para la autorización de funcionamiento de los Institutos y Escuelas Superiores Particulares en el ámbito de competencia del Ministerio de Educación. Los expedientes en trámite se adecuarán a dichas normas.

SEGUNDA.- Las Instituciones Educativas Particulares, bajo el ámbito del Ministerio de Educación, constituidas y autorizadas antes de la vigencia de la presente Ley, se rigen por las disposiciones de ésta.
Dichas Instituciones podrán reorganizarse o transformarse en cualquier otra persona jurídica contemplada en el Artículo 4° de la presente Ley. Mediante Decreto Supremo se establecerá el plazo, procedimiento y condiciones a fin que la indicada reorganización o transformación se considere una distribución para efectos tributarios.

TERCERA.- Las entidades promotoras de las universidades particulares que cuenten con autorización de funcionamiento provisional, otorgada de conformidad con la Ley N°26439, o que, habiendo sido creadas por Ley, se encuentran en proceso de organización, de conformidad con el Artículo 7° de la Ley 23733, así como las demás universidades particulares, podrán adecuarse a lo dispuesto en la presente Ley.
Para tal efecto las solicitudes de adecuación, se presentarán ante el CONAFU, quien establecerá en cada caso y en un plazo no mayor de 120 días hábiles de presentada la solicitud, los procedimiento correspondientes.
Mientras no se presente tal solicitud y no se culmine el procedimiento, dichas universidades se regirán por las Leyes N°s. 23384, Ley General de Educación, 23733, Ley Universitaria y 26439, Ley del CONAFU.

CUARTA.- Las Academias de Preparación, para el ingreso de las Universidades o a otras Instituciones de formación de Nivel Superior, reciben el tratamiento establecido en la presente Ley para las Instituciones Educativas Particulares, con excepción de los beneficios que se establecen en los Artículos 15°, 21° y 23°. Dichas Academias deberán registrarse en el Ministerio de Educación, en un plazo no mayor de 120 días hábiles de entrar en vigencia la presente Ley.





DISPOSICIONES FINALES


PRIMERA.- Las Leyes N°s. 23384, 23733, sus ampliatorias, modificatorias y conexas, 26439 y 26549 mantienen su vigencia en lo que no se opongan a la presente Ley.
Quedan sin efecto todas las inafectaciones, exoneraciones u otros beneficios concedidos con carácter general por dispositivos distintos a la presente Ley, a los Centros Educativos y Culturales respecto del Impuesto General a las Ventas y del Impuesto a la Renta.
Lo dispuesto en esta Ley no afecta lo establecido en el Acuerdo aprobado por el Decreto Ley N° 23211.

SEGUNDA.- Las Universidades Públicas, con autorización del CONAFU, excepcionalmente podrán participar en la conducción y gestión de universidades privadas declaradas en reorganización. Para estos efectos, en ningún caso se comprometerá el patrimonio de la Universidad Pública.

TERCERA.- Por Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, se dictarán las Disposiciones Reglamentarias y Complementarias que se requieran para la mejor aplicación de la presente Ley.

CUARTA.- Deróguese las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

QUINTA.- Lo dispuesto en la presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación; con excepción de lo previsto en el capítulo II y el segundo párrafo de la Primera Disposición Final, los cuales entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 1997.

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abril 20, 2011

Matan a cuatro comuneros por conflicto de mina Buenaventura en Oyón

Categoría: CONFLICTOS SOCIALES — gcornejo @ 10:49 — Visto: 513 veces
Matan a cuatro comuneros por conflicto de mina Buenaventura en Oyón

Cuatro muertos es el saldo del enfrentamiento producido el domingo entre comuneros de la provincia de Oyón y 600 policías cuando más de 300 comuneros de la provincia limeña de Oyón protestaban contra la usurpación de tierras por parte de la empresa minera y en exigencia del cumplimiento de acuerdos.

Los comuneros se encontraban bloqueando la vía de acceso a la Unidad de Producción de Uchucchacua de la Compañía Minera Buenaventura.

En un comunicado, los comuneros indican que luego de 13 días la empresa había comunicado que el Sr. Benavides llegaría hasta la provincia para conversar, pero el día viernes 15 sólo llegaron dos funcionarios sin mayores indicaciones que la de seguir paseando a los dirigentes, respecto a los temas que reclaman que son:

1) Estricto cumplimiento de las acuerdos y compromisos de la compañía para con la comunidad de los años 2001 y 2006

2) Cambio o reasignación de los funcionarios de las áreas de Ingeniería, Recursos Humanos y Relaciones Comunitarias y del Superintendente de Operaciones: por los constantes abusos y maltratos que cometieron con nuestros hermanos comuneros.

3) Verificación de los hitos de las áreas cedidas a la compañía, ya que esta empresa viene ocupando más terrenos comunales sin el consentimiento de la comunidad.

El domingo 17 policías de la DINOES fue trasladado desde la Séptima Región para disuadir y retirar a los comuneros que se mantenían en la vía de acceso de la compañía, realizándose disparos a quemarropa; de lo cual han resultado 4 muertos y más de 12 heridos de bala, informaron los manifestantes.

Los comuneros exigen la entrega de un aporte económico del 50 por ciento del costo para la ejecución del proyecto de agua y alcantarillado, así como la reposición de los terrenos que la minera ha usurpado, entre otros puntos de su plataforma.

FUENTE: CON NUESTROPERU.COM
20.04.2011
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abril 20, 2011

MOTIVACION ESCRITA SUFICIENTE DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES: SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Categoría: JURISPRUDENCIA TC — gcornejo @ 10:24 — Visto: 2970 veces
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



En Lima, a los 24 días del mes de mayo de 2010, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia


ASUNTO.


Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Armando Daga Rodríguez, abogado del menor A.B.T., contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 335, su fecha 10 de octubre de 2008, que declara infundada la demanda de autos.


ANTECEDENTES.


Con fecha 31 de julio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor del menor A.B.T., en contra de los Vocales de la Primera Sala de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, doña Luz María Capuñay Chávez, doña Carmen Julia Cabello Matamala y doña Rosario Victoriana Donayre Mavila, con el objeto de que se deje sin efecto la resolución de fecha 9 de mayo de 2008, recaída en el Expediente 414-2008, la cual se impide la salida del país al menor favorecido.


Sostiene sobre el particular que dentro del proceso sobre Régimen de Visitas tramitado por ante el Segundo Juzgado de Familia de Lima (Exp. 1098-2002), por Resolución N.º 24, del 27 de marzo de 2006, se dispuso ordenar el impedimento de salida del menor antes señalado, lo que motivó que su madre solicitara el levantamiento de la medida, lo que fue concedido por Resolución N.º 33, del 24 de octubre de 2007, resolución que al ser apelada, dio lugar a la resolución que se impugna en autos. Asimismo, expone que la resolución impugnada en autos, no invoca ninguna norma legal, lo que afecta la garantía relativa a la motivación de las resoluciones judiciales contenida en el artículo 139º, inciso 5), de la Constitución.


Admitida la demanda a trámite, se realizó la investigación sumaria que ordena el Código Procesal Constitucional.


El Quincuagésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima, el 29 de agosto de 2008 declaró infundada la demanda, por considerar que no se había afectado la garantía de la motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que el fundamento cuarto de la resolución impugnada contenía los fundamentos de hecho y de derecho que explicaban la decisión tomada.


La recurrida confirmó la apelada, por considerar que lo que pretendía la parte demandante era el reexamen de los fundamentos de la decisión judicial.


FUNDAMENTOS.


1. Mediante la demanda de autos se pretende que se declare la nulidad de la resolución judicial emitida por las vocales emplazadas, en el proceso ordinario que fue de su conocimiento al tramitarse el Expediente N.º 414-2008, en el que ordenaron el impedimento de salida del menor favorecido.


La demanda se sustenta en la afectación que dicha resolución ocasiona en relación con el derecho a la libertad de tránsito del menor favorecido, así como en la violación de la garantía constitucional relativa a la motivación de las resoluciones judiciales, en los términos del artículo 139º, inciso 5), de la Constitución.


La garantía del debido proceso y el proceso de hábeas corpus.


2. Este Colegiado considera oportuno reiterar que cuando se denuncia en un proceso de hábeas corpus la violación de la garantía constitucional del debido proceso, primero debe realizarse un análisis formal de procedencia antes de emitir un pronunciamiento de fondo. En ese sentido, cabe recordar que el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso, sino que la supuesta violación de este derecho tiene que producir efectos lesivos en la libertad individual para que se pueda habilitar su procedencia. En consecuencia, si se considera que se ha producido una violación al debido proceso, la vía idónea para buscar su restitución y protección es el proceso de amparo.


3. En el presente caso, la resolución impugnada efectivamente contiene una orden o mandato de impedimento de salida del país, dirigida al menor favorecido; en consecuencia, corresponde que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el particular. En ese sentido, la imputación se sustenta en la falta de motivación de la resolución que ordena el impedimento de salida, lo que agraviaría la garantía expuesta en el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución, la misma que será materia de análisis a continuación.


La Motivación de las Resoluciones Judiciales.


4. En cuanto a la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, este Colegiado ha sostenido en reiterada jurisprudencia que “uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos, lo que es acorde con el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa” (Exp. Nº 04729-2007-HC, fundamento 2).


5. En ese sentido, la propia Constitución establece en la norma precitada los requisitos que deben cumplir las resoluciones judiciales; esto es, que la motivación debe constar por escrito y contener la mención expresa tanto de la ley aplicable como de los fundamentos de hechos en que se sustentan.


Al respecto, este Colegiado (STC 8125-2005-PHC/TC, FJ 11) ha señalado que la “(…) exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139 de la Norma Fundamental garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables (...)”.


6. Además, cabe señalar que en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. Nº 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que:


“[…] el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios.


En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”.


7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente una violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.


Así, en el Exp. Nº 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. Nº 1744-2005-PA/TC), se ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:


a. Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.


b. Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.


c. Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o el Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por equis, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de equis en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrá ser enjuiciada por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.


Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.


d. La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.


e. La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.


f. Motivaciones cualificadas. Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afecta un derecho fundamental como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.


8. De la resolución impugnada que corre a fojas 27 de autos, se desprende que cumple cuando menos con el requisito de la motivación escrita, así como con expresar los fundamentos de hecho que la sustentan. El cumplimiento del otro requisito, el referido a la mención de la norma legal que la sustenta, requiere de un análisis más preciso, toda vez que la norma citada en dicha resolución es el artículo 328º del Código Procesal Civil, relativa a los efectos de la conciliación, similares a los de una sentencia con calidad de cosa juzgada.


9. La cita de esta última norma se justifica en relación con la conciliación celebrada entre los padres del menor, de donde deriva el régimen de visitas acordado entre ellos y homologado judicialmente; empero la cita de dicha norma es insuficiente para justificar el mandato de impedimento de salida del menor, pues para ello es necesario que se exprese de manera objetiva las razones o motivos mínimos que supuestamente justifiquen la imposición de dicha medida.


10. En efecto, se advierte que la medida de impedimento de salida del país ha sido expedida para garantizar el régimen de visitas del padre; sin embargo, este Tribunal considera que la motivación referida a que “(…) la matrícula del menor en un centro de estudios escolares no desvirtúa el supuesto del peligro de traslado del menor a otro país (…)”, y que “(...) la actora no acreditado (…) el domicilio donde actualmente reside el menor”(fojas 286), no resulta suficiente para establecer la imposición de dicha medida, pues tal como dijimos en líneas anteriores, para ello se requiere que además se justifique en la existencia de otros elementos o actos sustentados en medios de prueba o indicios razonables, valorados y expuestos en la resolución, lo que no ha ocurrido en el caso de autos. Por lo demás, tampoco se señala el tiempo de duración de dicha medida, lo que hace que su término se convierta en una medida intemporal, por lo que, a criterio de este Tribunal, no se ha cumplido con la exigencia constitucional de la debida motivación de las resoluciones judiciales, y, por lo tanto, corresponde amparar la demanda de autos.


11. Este pronunciamiento, por cierto, no significa que el Tribunal Constitucional esté levantando el impedimento de salida dispuesto, sino únicamente que la resolución impugnada queda sin efecto y la Sala emplazada debe emitir un nuevo pronunciamiento sobre el particular, subsanando la omisión advertida, en los términos que considere pertinentes, tomando en cuenta el contenido propio del proceso judicial en trámite ante aquella u otras instancias.


Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú


HA RESUELTO:


1. Declarar FUNDADA la demanda por violación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 139º, inciso 5, de la Constitución, relativa a la motivación de las resoluciones judiciales.


2. En consecuencia, queda SIN EFECTO la resolución impugnada, dictada por la Sala emplazada en el Expediente 414-2008, de fecha 9 de mayo de 2008, relativa al mandato de impedimento de salida del país del menor A.B.T.



3. Dispone que la Sala emplazada emita nuevo pronunciamiento subsanando las omisiones advertidas en la presente sentencia.



Publíquese y notifíquese.



SS.



LANDA ARROYO
CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA
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abril 20, 2011

DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL: SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Categoría: JURISPRUDENCIA TC — gcornejo @ 10:10 — Visto: 1650 veces
EXP. N.° 1014-2007-PHC/TC

LIMA

LUIS FEDERICO

SALAS GUEVARA SCHULTZ



SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



En Lima, a los 5 días del mes de abril de 2007, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, García Toma, Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia




I. ASUNTO



Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Federico Salas Guevara Schultz contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 920, su fecha 18 de octubre de 2006, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos.



II. ANTECEDENTES



1. Demanda



Con fecha 8 de junio de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los vocales de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, César Javier Vega Vega, Hugo Herculano Príncipe Trujillo, Pedro Ortiz Portilla y Alfonso Hernández Pérez, por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, a fin de que se declare la nulidad de la resolución de fecha 14 de diciembre de 2005 (Exp. N.° AV.23-2001), por la que se resuelve –en mayoría– confirmar la sentencia que lo condena a tres años de pena privativa de libertad suspendida, se le impone una reparación civil de tres millones de nuevos soles y se lo inhabilita por el plazo de dos años, por su participación en la comisión de los delitos de falsedad ideológica y asociación ilícita para delinquir, en calidad de autor; y en el delito de peculado, en calidad de cómplice. Asimismo, solicita que se lleve a cabo un nuevo juicio oral ante otro órgano colegiado.



La demanda se fundamenta en los siguientes hechos:



- En el marco del proceso penal seguido en su contra, se determina su responsabilidad penal tomando en consideración, únicamente, que su firma consta en el Decreto de Urgencia N.° 081-2000; pero sin tener en cuenta que el documento original del referido Decreto de Urgencia fue ingresado al proceso de manera extemporánea, restringiéndose su derecho de defensa; puesto que se vio imposibilitado de contradecir dicho elemento probatorio mediante un peritaje grafotécnico. Esta situación se torna aún más grave si –según alega– ha venido sosteniendo de manera uniforme y reiterada, desde el inicio de las investigaciones, que la firma que consta en dicho documento no le corresponde.



- Asimismo, señala que el original del Decreto de Urgencia N.° 081-2000 fue requerido a diversas instituciones del Estado desde el inicio de las investigaciones, sin que ninguna de ellas diera cuenta de su existencia; lo que hace pensar que la prueba aportada por Carlos Boloña Behr, durante la etapa de autodefensa del proceso penal, es una prueba prohibida, por haber sido conseguida de manera ilícita.



- De otro lado, alega que pese a que en la resolución emitida en primera instancia se lo incrimina de ser coautor de los delitos de falsedad ideológica y asociación ilícita para delinquir, en la parte resolutiva de la sentencia emitida por los vocales demandados, se lo sindica de ser autor de los mismos, contraviniéndose el principio que prohíbe la ‘reforma peyorativa de la pena’ (reformatio in peius).



2. Investigación sumaria de hábeas corpus



Realizada la investigación sumaria, se recibe la declaración indagatoria del demandante, quien se ratifica en el contenido de su demanda, agregando que en el negado supuesto de que él hubiera firmado el Decreto de Urgencia N.° 081-2000, no estaría actuando con dolo puesto que se limitó a cumplir un mandato constitucional que lo obliga a suscribir este tipo de normas (fojas 28). Por su parte, los demandados manifiestan que de lo actuado en el expediente número AV.23-2001, se evidencia que han procedido de conformidad con la Constitución y las leyes, sin vulnerar los derechos al debido proceso y a la defensa del presunto agraviado (fojas 34, 61, 828 y 830).



3. Resolución de primer grado



Con fecha 3 de agosto de 2006, el Cuadragésimo Noveno Juzgado Penal de Lima declara fundada la demanda, por considerar que de lo actuado se desprende que el accionante ha sido sometido a un proceso penal irregular, en el que se han vulnerado sus derechos al debido proceso y a la defensa; puesto que se le ha impedido actuar medios probatorios indispensables para determinar su responsabilidad en los hechos imputados. A ello se suma que no se ha utilizado el procedimiento del cotejo al momento de analizar la similitud entre el documento original y la copia fotostática del Decreto de Urgencia N.° 081-2000, y que se desconoce el resultado de las apelaciones interpuestas durante la tramitación del juicio oral, una de los cuales está vinculada a la denegatoria de la pericia grafotécnica solicitada por el demandante.



4. Resolución de segundo grado



Con fecha 18 de octubre de 2006, la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda, mediante resolución emitida en mayoría, argumentando que no se ha acreditado la existencia de algún tipo de amenaza o vulneración de los derechos invocados en la demanda. Adicionalmente, señala que el original del Decreto de Urgencia N.º 81-2001 fue adecuadamente valorado en el proceso penal seguido contra el demandante.




III. FUNDAMENTOS



A) Precisión del petitorio de la demanda



1. De lo actuado en autos se desprende que el demandante solicita que este Colegiado declare la nulidad de la resolución judicial de fecha 14 de diciembre de 2005 (Exp. N.° AV.23-2001), que resuelve –en mayoría– confirmar la sentencia que lo condena a tres años de pena privativa de libertad suspendida, le impone una reparación civil de tres millones de nuevos soles y lo inhabilita por el plazo de dos años, por su participación en los delitos de falsedad ideológica y asociación ilícita para delinquir, en calidad de autor; y en el delito de peculado, en calidad de cómplice. Asimismo, solicita que se lleve a cabo un nuevo juicio oral ante otro órgano jurisdiccional colegiado.



2. Previamente a la resolución del caso concreto, el Tribunal Constitucional estima pertinente realizar algunas consideraciones.



3. Es posición reiterada en anterior jurisprudencia que el Tribunal Constitucional, prima facie, no es instancia en la que se determine la responsabilidad penal de una persona, se califique el tipo penal en el que se subsume la conducta del imputado, o se valoren las pruebas aportadas al proceso, pues estos ámbitos son de exclusiva competencia de la jurisdicción penal ordinaria. Sin embargo, lo señalado tiene como única y obligada excepción la tutela de los derechos fundamentales, pues es evidente que allí donde el ejercicio de una atribución exclusiva vulnera o amenaza un derecho reconocido por la Constitución, el Tribunal no solo puede sino que debe, legítimamente, pronunciarse sobre la eventual vulneración de un derecho fundamental.



4. No se trata, como es evidente, de que el Tribunal Constitucional, revise todo lo realizado por el Juez ordinario, sino, específicamente, que controle desde un canon de interpretación constitucional si en el ejercicio de la función jurisdiccional se ha vulnerado o no un derecho fundamental específico. Lo que se justifica si se considera que no toda afectación al debido proceso es susceptible de ser sometida a control constitucional por parte de este Colegiado. Así, mientras las afectaciones al debido proceso constitucional siempre son susceptibles de ser controladas por parte del Juez constitucional, no sucede lo mismo en relación con el debido proceso legal.



5. En efecto, en anterior jurisprudencia (vid. STC 8453-2005-PHC/TC, FJ 7) se ha señalado que



(…) solo si vulnera el contenido esencial de alguno de los derechos antes mencionados, estaremos ante un proceso inconstitucional, quedando totalmente descartado que, dentro de dicha noción, se encuentren las anomalías o simples irregularidades procesales, violación del contenido no esencial o adicional, que no son, por sí mismas, contrarias a la Constitución sino al orden legal. Mientras que el proceso que degenere en inconstitucional se habrá de corregir mediante el ejercicio del proceso constitucional, la simple anomalía o irregularidad lo será mediante los medios de impugnación previstos al interior de cada proceso. Ese es el límite con el cual ha de operar el juez constitucional y, a la vez, la garantía de que no todo reclamo que se le hace por infracciones al interior de un proceso pueda considerarse un verdadero tema constitucional.



6. El debido proceso constitucional garantiza que todas las afectaciones del contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso y de los principios y derechos que de él se derivan sean susceptibles de ser controladas mediante los procesos constitucionales destinados a su tutela. Únicamente este ámbito es susceptible de control y tutela por parte de la jurisdicción constitucional, a fin de evitar que la jurisdicción constitucional termine sustituyendo a la justicia ordinaria. Por tanto, mientras que el debido proceso constitucional siempre puede ser sometido a control a través de los procesos constitucionales, el debido proceso legal –esto es, aquellas afectaciones o irregularidades que no inciden en dicho contenido– no convierte necesariamente al proceso penal en inconstitucional.



7. Sin embargo, esta distinción entre el debido proceso constitucional y el debido proceso legal no debe ser asumida como una sistematización rígida. Ello por cuanto no cabe descartar que, en un determinado caso, una cuestión que, prima facie, puede considerarse violatoria del debido proceso legal, puede esconder una afectación también al debido proceso constitucional. En estos casos, como es evidente, el proceso constitucional es el instrumento idóneo para su cuestionamiento y resolución. Precisamente, uno de los derechos comprendidos por el debido proceso constitucional es el relacionado con el derecho a presentar y controvertir pruebas dentro del proceso penal (vid. STC 6712-2005-PHC/TC, FJ 13), lo cual lleva aparejada también la exigencia de que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el valor jurídico de las pruebas controvertidas.


B) Debido proceso constitucional y derecho fundamental a la prueba



8. Este Tribunal Constitucional ha señalado (vid. STC 010-2002-AI/TC, FJ 133-135) que el derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucional, en la medida en que se trata de un derecho comprendido en el contenido esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución. Una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten la creación de convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos. Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho a la prueba también está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados con otros derechos o bienes constitucionales –límites extrínsecos–, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión –límites intrínsecos.



9. Sin embargo, el reconocimiento del derecho a la prueba en la normatividad es restringido y se lo relaciona casi exclusivamente con la presunción de inocencia. Por eso, normalmente aparece bajo la fórmula siguiente: “la persona se considera inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Este es el enunciado utilizado en el artículo 2, inciso 24, acápite e, de la Constitución, que reproduce lo estipulado por el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y, en cierta forma, lo prescrito en los artículos 11, inciso 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, inciso 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.



10. No obstante, es menester considerar también que el derecho a la prueba lleva aparejada la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances que la Constitución y las leyes reconocen, los medios probatorios pertinentes para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor. Por ello, no se puede negar la existencia del derecho fundamental a la prueba. Constituye un derecho fundamental de los justiciables producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según esta dimensión subjetiva del derecho a la prueba, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa.



11. Atendiendo al doble carácter de los derechos fundamentales en general y del derecho a la prueba en particular, éste, en su dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa de solicitar, actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia. En la medida en que el objetivo principal del proceso penal es el acercamiento a la verdad judicial, los jueces deben motivar razonada y objetivamente el valor jurídico probatorio en la sentencia. Esto es así por cuanto el proceso penal no sólo constituye un instrumento que debe garantizar los derechos fundamentales de los procesados, sino también debe hacer efectiva la responsabilidad jurídico-penal de las personas que sean halladas culpables dentro de un proceso penal.



12. Por ello, la prueba capaz de producir un conocimiento cierto o probable en la conciencia del juez debe reunir las siguientes características: (1) Veracidad objetiva, según la cual la prueba exhibida en el proceso debe dar un reflejo exacto de lo acontecido en la realidad; asimismo, prima facie, es requisito que la trayectoria de la prueba sea susceptible de ser controlada por las partes que intervienen en el proceso, lo que no supone desconocer que es al juez, finalmente, a quien le corresponde decidir razonablemente la admisión, exclusión o limitación de los medios de prueba. De esta manera, se puede adquirir certeza de la idoneidad del elemento probatorio, pues éste se ajustará a la verdad de lo ocurrido y no habrá sido susceptible de manipulación; (2) Constitucionalidad de la actividad probatoria, la cual implica la proscripción de actos que violen el contenido esencial de los derechos fundamentales o transgresiones al orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba; (3) Utilidad de la prueba, característica que vincula directamente a la prueba con el hecho presuntamente delictivo que se habría cometido, pues con esta característica se verificará la utilidad de la prueba siempre y cuando ésta produzca certeza judicial para la resolución o aportación a la resolución del caso concreto; (4) Pertinencia de la prueba, toda vez que la prueba se reputará pertinente si guarda una relación directa con el objeto del procedimiento, de tal manera que si no guardase relación directa con el presunto hecho delictivo no podría ser considerada una prueba adecuada.



13. Se trata, pues, de un derecho complejo cuyo contenido, de acuerdo con lo señalado anteriormente por el Tribunal Constitucional (vid. STC 6712-2005/HC/TC, FJ 15), está determinado:



(...) por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado.



14. Como puede verse, uno de los elementos que forman parte del contenido del derecho a la prueba está constituido por el hecho de que las pruebas actuadas dentro del proceso penal sean valoradas de manera adecuada y con la motivación debida. De lo cual se deriva una doble exigencia para el Juez: en primer lugar, la exigencia del Juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y a lo establecido en las leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y razonables (vid. STC 4831-2005-PHC/TC, FJ 8). Por ello, la omisión injustificada de la valoración de una prueba aportada por las partes, respetando los derechos fundamentales y las leyes que la regulan, comporta una vulneración del derecho fundamental a la prueba y, por ende, del debido proceso.


C) Análisis del caso concreto



Sobre la supuesta afectación del derecho fundamental a probar



15. Dentro de este marco constitucional cabe analizar, ya en el caso concreto, los argumentos del demandante en relación con su derecho fundamental a la prueba. El demandante señala que se ha afectado su derecho fundamental al debido proceso en la medida en que ha negado desde el inicio del proceso penal e incluso en el procedimiento de acusación constitucional la autenticidad de su firma en la fotocopia del Decreto de Urgencia N.º 081-2000 (fojas 8), más aún cuando se ha impedido, según alega, la realización de una pericia grafotécnica (fojas 10). Todo ello, a su juicio, deslegitima el proceso penal que se le siguió.



16. Como se ha señalado supra, parte del contenido esencial del derecho fundamental a la prueba consiste en el derecho del procesado a presentar pruebas, pero también a controvertir las mismas, así como a que el órgano jurisdiccional resuelva dichas contradicciones. En el caso concreto, se aprecia que, efectivamente, el demandante ha venido ejerciendo este derecho tanto al interior del procedimiento parlamentario de acusación constitucional como en el propio proceso penal. En efecto, en el informe de acusación constitucional, de fecha 30 de octubre de 2001 (fojas 74), el demandante afirmó que se había falsificado su firma; afirmación que ha reiterado también dentro del proceso penal que se le siguió, al negar sucesivamente la autenticidad de su firma en el Decreto de Urgencia N.º 081-2000, sin crear la convicción jurídica suficiente en sede parlamentaria y judicial. De lo cual se desprende que, en este aspecto, el demandante ha ejercido plenamente y sin restricciones su derecho a controvertir las pruebas.



17. Sin embargo, en la medida en que este derecho también implica, de acuerdo con lo que se ha expuesto supra, la exigencia de que el órgano jurisdiccional se pronuncie en torno a las controversias probatorias propuestas por el procesado, debe examinarse, a continuación, si ello se ha observado en el presente caso. A fojas 782 consta la sentencia de fecha 28 de febrero de 2005, de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República recaída en el expediente penal AV. Nro. 23-2001.



18. En ella se resuelve declarar infundada la tacha presentada por el demandante contra la fotocopia del Decreto de Urgencia N.º 081-2000. En dicha sentencia dice (fojas 790):



(...) el documento objeto de cuestionamiento fue incorporado desde la etapa preliminar (pre-procesal) y las actuaciones del Congreso de la República, y la tacha se dedujo cuando ya se había dispuesto la iniciación de la segunda etapa del proceso penal. (...) no obstante lo expuesto, es de puntualizar que en sesión de audiencia del veintidós de febrero de dos mil cinco (autodefensa) el acusado Carlos Alberto Boloña Behr, ha presentado el acotado Decreto de Urgencia, por lo que, este Colegiado considera que el documento cuestionado es copia del mismo y por tanto tiene el valor probatorio suficiente (...) por tanto la articulación deviene en infundada (...).



19. A fojas 799 dice :



(...) está acreditado que el citado Decreto de Urgencia fue suscrito por los acusados Carlos Alberto Boloña Behr, Carlos Alberto Bergamino Cruz y Luis Federico Salas Guevara Schultz, todos ellos en sus condiciones de funcionarios públicos del más alto nivel, esto es Ministro de Economía y Finanzas, Ministro de Defensa y Presidente del Consejo de Ministros, respectivamente; según es de apreciarse del original del citado documento, además del reconocimiento realizado por Boloña Behr y Bergamino Cruz a lo largo del proceso; (...) asimismo, con el oficio de fojas tres mil ciento trece y las instrumentales obrantes de fojas tres mil ciento quince a tres mil ciento treinta y ocho, se determina que el cuestionado Decreto no apareció registrado en cuanto a su formulación ni aprobación en las Actas de sesiones del Consejo de Ministros realizadas entre el ocho de agosto al siete de noviembre de dos mil; mientras que el oficio de fojas tres mil ciento catorce suscrito por José Kamiya Teruya, ex Secretario General de la Presidencia de la República, da cuenta que el documento fue entregado personalmente por Fujimori Fujimori para ser llevado a la Secretaría del Consejo de Ministros donde se enumeró y selló, tras lo cual fue devuelto a aquél, indicación que lo ha reiterado en su declaración testimonial obrante a fojas tres mil cuatrocientos treinta y cinco a tres mil cuatrocientos treinta y nueve, donde precisa que el documento original contenía las firmas de los citados funcionarios públicos; por lo que todo ello, genera la convicción –aún cuando no exista pericia al respecto– que el documento alcanzado por el acusado Boloña Behr en la sesión de audiencia del veintidós de febrero, resulta ser el Decreto original.



20. Lo mismo puede apreciarse en la resolución de fecha 14 de diciembre de 2005, expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (fojas 814), que declara no haber nulidad en la sentencia de fecha 28 de febrero de 2005, de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República recaída en el expediente penal AV. Nro. 23-2001.



21. A juicio de este Tribunal, en el presente caso, no se ha vulnerado el derecho fundamental a probar. En primer lugar, porque, tal como se aprecia de autos, al demandante, en ningún momento del proceso penal, se le ha impedido o restringido cuestionar, como medio de prueba, la fotocopia del Decreto de Urgencia mencionado; prueba de ello es que ha tenido la libertad para formular tacha, a pesar de que, tal como señaló el representante del Ministerio Público en la audiencia pública del proceso penal, de fecha 13 de octubre de 2004 (fojas 236), “(...) el 2 de junio de 2001, en el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación reconoció haber firmado dicho documento y ahora dice que no existe (...)”. Motivo por el cual, si se considera que el derecho sub exámine protege la posibilidad de que el procesado ponga en cuestión o controvierta las pruebas ofrecidas por las otras partes, éste no resulta vulnerado en el presente caso, dado que el demandante ha tenido la oportunidad de oponerse al medio de prueba antes mencionado.



22. En segundo lugar, queda plenamente acreditado que el órgano jurisdiccional correspondiente no sólo ha resuelto la tacha formulada por el recurrente, sino que, en valoración conjunta con otros elementos probatorios –tal como se puede apreciar del texto transcrito en el fundamento 16 de la presente sentencia– ha podido formarse convicción jurídica de la responsabilidad penal del demandante. Evidentemente, no se trata de que la formación de convicción jurídica sobre una determinada prueba y, por ende, de la responsabilidad del procesado quede absolutamente a la libre discreción del juzgador, sino que está delimitada tanto por la argumentación e interpretación jurídica que debe realizar, como también sobre la base de argumentos objetivos y razonables, lo que se aprecia, precisamente, en la resolución judicial cuestionada por el demandante.



23. Por tanto, este Colegiado concluye que, habiendo el demandante ejercido su derecho a controvertir las pruebas y habiendo obtenido también una resolución al respecto por parte del órgano jurisdiccional, en el presente caso no se ha vulnerado el derecho fundamental a la prueba del demandante, por lo que este extremo de la demanda debe ser desestimado.



Sobre la supuesta afectación del principio que prohíbe la ‘reforme peyorativa de la pena (reformatio imperius)



24. Finalmente, el demandante aduce que prohíbe la que en la sentencia de primera instancia se lo condena como coautor de los delitos de falsedad ideológica, contra la tranquilidad pública y por el delito de asociación ilícita para delinquir; sin embargo, la sentencia expedida por los vocales supremos demandados lo han sindicado como autor, lo que vulnera el principio que prohíbe la ‘reforma peyorativa de la pena’ (reformatio in peius).



25. El Tribunal Constitucional no comparte este argumento. Conforme se ha subrayado anteriormente (vid. STC 0553-2005-HC/TC, FJ 3),



(...) la interdicción de la reformatio in peius o ‘reforma peyorativa de la pena’ es una garantía del debido proceso implícita en nuestro texto constitucional, la cual se relaciona con los derechos de defensa y de interponer recursos impugnatorios. De acuerdo con dicha garantía, el órgano jurisdiccional que conoce de un proceso en segunda instancia no puede empeorar la situación del recurrente en caso de que solo este hubiese recurrido la resolución emitida en primera instancia.



26. En atención a dicho principio y a lo dispuesto en el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, si el sentenciado sólo solicita la nulidad de la sentencia condenatoria, entonces el ius puniendi del Estado, cuyo poder se expresa en la actuación de la instancia decisoria, no podrá modificar la condena sancionando por un delito que conlleve una pena más grave que la impuesta en anterior instancia. Distinto, como es lógico, es el caso en que el propio Estado, a través del Ministerio Público, haya mostrado su disconformidad con la pena impuesta, a través de la interposición del recurso impugnatorio, pues en tal circunstancia el Juez de segunda instancia queda investido de la facultad de aumentar la pena, siempre que ello no importe una afectación del derecho a la defensa, esto es, siempre que no se sentencie sobre la base de un supuesto que no haya sido materia de acusación.



27. El Tribunal estima que el fundamento constitucional de este segundo supuesto, es decir, la inaplicación del principio en cuestión, cuando el Ministerio Público se opone a la pena impuesta, radica en que, en nuestro ordenamiento jurídico, dicho órgano constitucional (artículo 158 de la Constitución) asume determinadas funciones constitucionales, entre ellas, la de representar en los procesos judiciales a la sociedad (artículo 159, inciso 3); más aún si la comisión de un delito no sólo afecta bienes jurídicos individuales, sino también bienes que atañen a la sociedad en general. De ahí que se debe considerar no solo legítimo sino también necesario que el Ministerio Público asuma la representación y defensa de la sociedad en los procesos judiciales; deber y facultad que se concretiza a través de la interposición de recursos impugnatorios.



28. Sin embargo, en el presente caso no se está frente a un supuesto de aplicación como el descrito en las consideraciones precedentes, esto es, en cuanto a la pena. Por el contrario, en la demanda se cuestiona que el órgano jurisdiccional –que conforman los emplazados– estima que el demandante no es responsable, penalmente, en tanto que coautor, sino más bien como autor de los delitos que se le imputaron. Esto, a criterio del Tribunal, no vulnera el principio invocado, pues se trata del ejercicio legítimo de la función jurisdiccional que la Constitución (art.38) le reconoce a los órganos jurisdiccionales, para determinar el grado de responsabilidad penal de un procesado.



29. Por ello, no cabe afirmar que el órgano jurisdiccional, al variar el grado de responsabilidad penal del demandante, haya vulnerado el principio invocado; en consecuencia, este extremo de la demanda también debe ser desestimado.



Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú



HA RESUELTO



Declarar INFUNDADA la demanda.



Publíquese y notifíquese





SS.



LANDA ARROYO

GONZALES OJEDA

ALVA ORLANDINI

GARCÍA TOMA

VERGARA GOTELLI

MESÍA RAMÍREZ
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abril 20, 2011

EXISTENCIA DE PROFUGOS DE LA JUSTICIA INVOLUCRADOS EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 10:05 — Visto: 497 veces
¿Quiénes son los prófugos de la última dictadura militar?
Hay casi 40 fugitivos de la justicia presuntamente involucrados en delitos de lesa humanidad; los casos más emblemáticos



Miércoles 20 de abril de 2011
Vladimir Hernández
BBC Mundo

En Argentina hay más de 200 personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad (como secuestros, violaciones, torturas o asesinatos) durante el último gobierno militar entre 1976 y 1983.

Aún hay cientos de personas que están siendo procesadas por este tipo de causas, pero también hay un número de prófugos de la justicia a quienes se les dictó orden de arresto por haber sido partícipes en alguno de estos actos.

BBC Mundo investigó cuáles son algunos de los prófugos más emblemáticos para la justicia argentina en cuanto a personas presuntamente involucradas en la represión contra activistas políticos o civiles en dicho período de tiempo, según una la información que maneja el Ministerio de Justicia y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una referencia en la investigación de estos casos.
De los casi 40 casos de fuga registrados, estos son algunos de los que fueron resaltados.

Aldo Mario Álvarez. Es un ex coronel del ejército que está solicitado por la justicia desde 2007. Fue el jefe de inteligencia de este cuerpo castrense en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno militar.

"El caso de Álvarez tiene que ver con el puesto jerárquico de importancia que ocupaba en la represión. De los que quedaron vivos en Bahía Blanca todos lo señalan como el responsable de mayor cargo", dijo a BBC Mundo Lorena Balardini, investigadora del CELS.

El ex coronel -quien hasta principios del 2000 tuvo una empresa de seguridad privada- está imputado múltiples veces en una megacausa (un juicio que por la cantidad de querellantes se agrupa en un sólo proceso) de toda la provincia.

Álvarez, de más de 80 años, fue indultado en los años ochenta durante el gobierno de Raúl Alfonsín, pero tras la derogación de las leyes del perdón, cuando llegó Nestor Kirchner al poder, fue nuevamente requerido por la justicia.

"Hay dos tipos de tendencias que marcan a los prófugos. Están los que se fugan cuando se les imputa, como Aldo Mario Álvarez, y los que sólo se sabe que están fugados cuando se les busca", explicó la investigadora.

El Ministerio de Justicia ofrece US$25.000 dólares por información que conduzca a su captura. Hay nueve efectivos del ejército que están solicitados sin que se conozca su paradero.

Jorge Raúl Vildoza y Ana María Grimaldos. Jorge Raúl Vildoza es un capitán de la Armada y Ana María Grimaldos, su esposa. Ambos, probablemente con más de 70 años de edad, son los que más tiempo tienen huyendo de la justicia desde que en 1986 se dictó su orden de captura por la apropiación de un menor.

En Argentina hay 34 casos en los tribunales por la entrega ilegal de bebés de mujeres que dieron a luz en centros de detención clandestinos. En algunos casos los niños eran entregados a los torturadores de sus padres. Además, la organización Abuelas de la Plaza de Mayo, formada principalmente por madres de detenidos "desaparecidos" ha identificado a 104 bebés que fueron dados por militares o civiles.

Uno de estos casos involucra a esta pareja y está relacionado con Cecilia María Viñas, quien dio a luz en cautiverio. Su hijo, Javier Gonzalo Penino Viñas, fue entregado a Vildoza y su esposa, pero al final de la década de los noventa fue él mismo quien descubrió la verdad mientras la familia vivía en Suiza.

Penino Viñas regresó a Argentina y recobró su verdadera identidad en 1999.

Vildoza es requerido en otra causa, también emblemática: lo sucedido en la tristemente célebre Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros de detención más conocido por sus horrores.

Este militar era jefe de un grupo de tareas cuya función era recoger información sobre personas consideradas "subversivas", detenerlos, interrogarlos con métodos que normalmente incluían torturas y, en un número de casos, terminaba con su "desaparición" u homicidio.

"Él era jefe de toda esta estructura en la ESMA y es una de las caras emblemáticas de esta causa", aseveró Balardini.

"Nuestra labor es reconstruir todo el rompecabezas de estos casos, no con una sino con varias fuentes que después cotejamos con la unidad fiscal. Y si hubo orden de detención por parte de las autoridades, es que hay pruebas de un delito lo suficientemente grave", agregó.

La recompensa por la captura de Vildoza o Grimaldos, según el despacho de Justicia, es de US$25.000 por cada uno. También están solicitados por la Interpol.

Luis Enrique Baraldini. Este ex coronel del Ejército argentino fue jefe de la policía de la provincia de La Pampa y se encuentra prófugo desde 2003.

"Es requerido por toda la represión ocurrida en La Pampa, que ocurrió con él como jefe de policía en cargo de interventor", señaló la investigadora del CELS.

Baraldini está solicitado en una causa que lo acusa de responsabilidad en la detención ilegal, tortura y homicidio de detenidos. Una vez que se le imputó, se le perdió el rastro en Argentina.
Sin embargo, pocos años después se supo que este militar se encontraba en Santa Cruz, Bolivia, con un nombre diferente.

Incluso fue condecorado por el ejército boliviano por su labor de comisario de pruebas ecuestres.

En 2009 Baraldini fue acusado por las autoridades del gobierno de Evo Morales de conspiración en un caso en que se acusó a varios ciudadanos extranjeros de un complot para asesinar al mandatario boliviano.

Desde entonces el paradero de este ex oficial es desconocido y pesa sobre él una orden de captura internacional y se ofrece una recompensa de US$25.000 por información que conduzca a su captura.
"La policía aeroportuaria ha sido muy efectiva a la hora de detener a algunos de los fugados si intentan salir del país", explicó la investigadora.

Eduardo Salvador Ullua. No sólo militares argentinos están prófugos por crímenes de lesa humanidad.
Eduardo Salvador Ullua es un abogado y forma parte de un grupo de más de 10 civiles requeridos por la justicia.

Por ningún otro prófugo hay una oferta de recompensa tan alta que los US$50.000 que ofrece por Ullua el Ministerio de Justicia argentino.

Este abogado es acusado, como miembro de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), en Mar del Plata, de haberse infiltrado en las universidades a recopilar información de presuntos "subversivos" para entregarla a los grupos de tarea que luego los llevarían a los centros de detención.
"Hubo un hecho llamado 'la noche de las corbatas' donde ocurrió un secuestro de varios abogados (se habla de unos siete) y se responsabiliza a la CNU de ello", señaló Balardini.

Ullua, quien es acusado por el homicidio de una estudiante durante el gobierno militar, pasó 17 años en prisión por narcotráfico al ser capturado en la llamada Operación Langostino, en 1988.
Una vez en libertad se reemprendieron los esfuerzos para capturarlo por su participación en violaciones a los derechos humanos, pero fue declarado prófugo en 2008
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abril 20, 2011

Sale de pollada y aparece muerta. Mototaxista es sospechoso por llevarla en su vehículo

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 10:00 — Visto: 286 veces
Sale de pollada y aparece muerta. Mototaxista es sospechoso por llevarla en su vehículo



Una madre de familia que asistió a una pollada y se retiró de ella en compañía de un mototaxista a quien recién había conocido fue asesinada a golpes y su cadáver apareció en una zona desolada de Villa El Salvador.

Según las primeras investigaciones de la policía, Wendelyn Zayda Salcedo Villalta (24) salió a las 11:30 de la noche de un inmueble de la urbanización 6 de agosto, donde se celebraba una pollada, y lo hizo en compañía del mototaxista Sergio Marcelo Páucar (42).

El hombre, al verla ebria, le propuso salir en su mototaxi para ir a comprar discos compactos y luego retornar de nuevo a la fiesta, algo que nunca sucedió, informó uno de los policías a cargo de las investigaciones.

Preocupada, su hermana Joselyn la esperó y luego recibió la noticia del asesinato.
"Ese hombre la mató. Ella se habría quedado dormida en la mototaxi y el hombre quiso propasarse y ella al darse cuenta luchó. Pedimos justicia y que lo capturen", manifestaron sus parientes, entre ellos su dolida progenitora, Julissa Villalta.

Exigen que la policía evite que el sospechoso escape de Lima.

FUENTE: OJO PERU
20 de Abril del 2011
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abril 20, 2011

Caen cuando pretendían asaltar grifo. Policía Nacional los detuvo en la Carretera Central

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 09:54 — Visto: 305 veces
Caen cuando pretendían asaltar grifo. Policía Nacional los detuvo en la Carretera Central


Tres sujetos fueron aprehendidos por la policía cuando, provistos de armas de fuego, pretendían asaltar un grifo en el distrito de Ate-Vitarte.

Según fuentes policiales, Juan Pedro Rodríguez Tapara (37), Luciano Emiliano Ruiz Muñoz(21) y Marlon Armando Pezo Pinchi (27) fueron sorprendidos de manera sospechosa por inmediaciones del grifo Pecsa, ubicado en el kilómetro 17 de la Carretera Central, altura del asentamiento humano Huaycán.

"Teníamos la información (de inteligencia) de que dicho grifo iba a ser asaltado, así que decidimos examinar la zona y encontramos un camioneta que circulaba por la zona de forma muy extraña", señaló un detective de la División de Investigación de Robos de la Dirincri.

Agregó que al identificar dicho vehículo, una camioneta station wagon de placa B3A-611, procedieron a intervenir a los ocupantes, a quienes hallaron en poder de dos revólveres, municiones y varios ketes de PBC.

Por ello, los sospechosos fueron conducidos a la sede de la Dirincri de Lima, donde están siendo investigados para determinar en qué ilícitos incurrieron.

FUENTE: OJO PERU
20 de Abril del 2011
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abril 20, 2011

Roban en en dos casas de juego. Hasta a clientes

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 09:51 — Visto: 176 veces
Roban en en dos casas de juego. Hasta a clientes



Dos casas de juego ubicadas en los distritos de La Victoria y Villa El Salvador fueron asaltadas durante la madrugada de ayer por delincuentes armados que se llevaron todo el dinero de las cajas y objetos de valor de los clientes.

Poco después de la una de la madrugada, cuatro delincuentes inmovilizaron al vigilante del tragamonedas Money-Money, Marco Martínez Arias, a quien le robaron su pistola. Dentro del local de la avenida Juan Velasco Alvarado, en Villa El Salvador, robaron 20 mil nuevos soles de la caja y objetos de valor de los clientes. Luego huyeron en un auto oscuro.

Una hora después, el tragamonedas Salón Aventura, de la intersección de las avenidas Canadá y Esteban Campodónico, en La Victoria, fue asaltado y robaron más de cinco mil nuevos soles de la caja. También escaparon raudos en un auto oscuro.

En ambos casos usaron pistolas automáticas y un auto oscuro, por lo que podrían ser los mismos asaltantes.

FUENTE: OJO PERU
20 de Abril del 2011
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abril 20, 2011

MVLL: ''El equipo de Keiko es el equipo de cómplices de su padre''

Categoría: DERECHO POLITICO — gcornejo @ 09:48 — Visto: 142 veces
MVLL: ''El equipo de Keiko es el equipo de cómplices de su padre''

Declaraciones políticas del Nobel fueron dadas al diario argentino “La Nación”: “Votar por ellos es para que se abran las cárceles”

Miércoles 20 de abril de 2011
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa lanzó una dura crítica contra la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori.

En una entrevista ofrecida al diario argentino “La Nación”, Vargas Llosa calificó a Fujimori como el mal mayor, cuando le preguntaron cómo pasó de decir que Humala ponía en riesgo el sistema en Perú a querer votar por él.

“En estas situaciones hay que elegir. Ya no soy sartriano en muchas cosas pero, como [el filósofo Jean Paul] Sartre, siempre se debe elegir y siempre hay un mal mayor y un mal menor. El mal mayor es la legitimación a posteriori de una de las dictaduras más corruptas y sanguinarias que hemos tenido. Eso fue Fujimori”.

Vargas Llosa consideró que “todo el equipo de la hija de Fujimori es el equipo de cómplices de su padre. Votar por ellos es para que se abran las cárceles y los asesinos y ladrones pasen otra vez a gobernar. No lo voy a hacer. Una dictadura es el mal absoluto y debe ser combatida con uñas y dientes”. También reflexionó sobre la encrucijada en la que se encuentra el Perú al tener que decidir entre Humala y Fujimori.

“Es sorprendente que en un contexto así haya tres candidatos que representan la continuación de un modelo y que se dedicaran a destrozarse entre ellos y a permitir que los dos candidatos que ponen en peligro este sistema pasen a la segunda vuelta. ¿Qué hubo? ¿Ceguera, egoísmo, torpeza? Esos tres candidatos [...] han dejado al país en una disyuntiva muy inquietante”, comentó

FUENTE: EL COMERCIO PERU
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abril 20, 2011

Cura ebrio amenaza con excomunión a policías que lo detuvieron. Sacerdote se enfureció con los custodios del orden porque detectaron que estaba condiciendo borr

Categoría: DERECHO RELIGIOSO — gcornejo @ 09:42 — Visto: 294 veces
Cura ebrio amenaza con excomunión a policías que lo detuvieron. Sacerdote se enfureció con los custodios del orden porque detectaron que estaba condiciendo borracho



Un sacerdote colombiano amenazó con la excomunión a los policías que lo detuvieron por conducir en estado de embriaguez, en medio de las operaciones de control de las autoridades para evitar accidentes por los masivos desplazamientos por carreteras durante la Semana Santa.

El caso ocurrió en el caribeño departamento de La Guajira (norte), donde el automóvil que conducía al sacerdote recibió la orden de detenerse en un retén policial.

La prueba de embriaguez arrojó resultados positivos y los policías le dijeron al religioso que la infracción podría costarle una suspensión de la licencia por medio año, ante lo cual éste amenazó a los uniformados con la excomunión.

"El sacerdote conducía un automóvil en el que transportaba a varias personas. También les dijo a los uniformados que les iba a hacer la misa de su funeral y al patrullero que le realizó el comparendo (documento que sustenta una multa) le dijo que lo iba a excomulgar", dijo un policía a la cadena radial RCN.

DPA
fuente: OJO PERU
19 de Abril del 2011
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abril 19, 2011

LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DEL ECUADOR

Categoría: 1 MEDIACION EN ECUADOR — gcornejo @ 09:50 — Visto: 1652 veces
LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
(Ley s/n)
EL CONGRESO NACIONAL
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:
LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
Título I
DEL ARBITRAJE
VALIDEZ DEL SISTEMA ARBITRAL
Art. 1.- El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al
cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de
transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje administrado o por árbitros independientes que se conformaren para conocer dichas controversias.
ARBITRAJE ADMINISTRADO O INDEPENDIENTE
Art. 2.- El Arbitraje es administrado cuando se desarrolla con sujeción a esta Ley y a
las normas y procedimientos expedidos por un Centro de Arbitraje, y es independiente cuando se realiza conforme a lo que las partes pacten, con arreglo a esta Ley.
ARBITRAJE DE EQUIDAD O DERECHO
Art. 3.- Las partes indicarán si los árbitros deben decidir en equidad o en derecho, a
falta de convenio, el fallo será en equidad.
Si el laudo debe expedirse fundado en la equidad, los árbitros actuarán conforme a su leal saber y entender y atendiendo a los principios de la sana crítica. En este caso, los árbitros no tienen que ser necesariamente abogados.
Si el laudo debe expedirse fundado en derecho, los árbitros deberán atenerse a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina. En este caso, los árbitros deberán ser abogados.
CAPACIDAD PARA ACUDIR AL ARBITRAJE
Art. 4.- Podrán someterse al arbitraje regulado en esta Ley las personas naturales o
jurídicas que tengan capacidad para transigir, cumpliendo con los requisitos que
establece la misma.
Para que las diferentes entidades que conforman el sector público puedan someterse al arbitraje, además de cumplir con los requisitos que establece esta Ley, tendrán que
cumplir los siguientes requisitos adicionales:
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abril 19, 2011

Menor asesina a su padrastro. Discutieron y lo acuchilló

Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 08:13 — Visto: 331 veces
Menor asesina a su padrastro. Discutieron y lo acuchilló



Un adolescente de 17 años mató a cuchilladas a su padrastro cuando ambos protagonizaron una acalorada discusión en el interior de su casa en la ciudad de Trujillo.

Según las investigaciones policiales, José Antonio Moreno Díaz (41) y su hijastro de iniciales A.M.C. tomaron cervezas desde la noche del sábado hasta el mediodía del domingo, en su vivienda de la avenida Bolivia, en el balneario de Buenos Aires, distrito de Víctor Larco.

De un momento a otro, ambos se enfrascaron en una fuerte discusión con palabras soeces y luego se agredieron a patadas y puñetes.

Acto seguido, Moreno Díaz cogió un palo y quiso golpear a su hijastro, pero el menor atinó a correr hacia la cocina, donde cogió un cuchillo y regresó hasta donde se encontraba su padrastro.

Ni los gritos ni las súplicas de la madre del menor impidieron que el muchacho clave el arma blanca en la ingle a su padrastro, quien cayó desplomado en el piso.

Gravemente herido fue evacuado al Hospital Regional, donde después de varias horas de agonía expiró.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la comisaría de Buenos Aires y capturaron al menor.

FUENTE: OJO PERU
19 de Abril del 2011
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abril 19, 2011

Visita primas y lo matan. Víctima mortal sería familiar del futbolista Sidney Faiffer

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 08:10 — Visto: 224 veces
Visita primas y lo matan. Víctima mortal sería familiar del futbolista Sidney Faiffer


Un hombre que sería familiar del futbolista del César Vallejo, Sidney Faiffer, fue baleado por dos sujetos que lo asesinaron cuando visitaba a sus primas en el jirón Cangallo 545, en el Cercado de Lima.


Según la policía, Félix Fernando Faiffer Torres (37), quien tiene antecedentes por robo agravado, fue atacado a las 11:15 de la noche del viernes por los sujetos que descendieron de un automóvil y dispararon diez veces para asegurar su muerte. Aunque sólo dos balas le impactaron en el tórax fueron suficientes para matarlo.

Sus familiares intentaron llevarlo al hospital, pero se dieron cuenta de que ya estaba sin vida. Al lugar llegaron efectivos de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, quienes recogieron diez casquillos percutados calibre 39.

Por orden del fiscal de turno, el cadáver fue trasladado a la Morgue Central de Lima, donde se confirmó que presentaba dos impactos de bala. Una de las balas ingresó por la espalda y dañó su corazón, lo que le causó la muerte de inmediato.

La Policía Nacional cree que Félix Faiffer fue asesinado en un acto de venganza.

algomás

Familiares no quisieron pronunciarse. "No vamos a declarar, eso sólo nos compete a nosotros", sostuvieron enojados.

FUENTE: OJO PERU
17 de Abril del 2011
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abril 19, 2011

Hallan el cadáver de una mujer en Tacna. Agentes de Serenazgo tacneños realizaron el macabro hallazgo.

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 08:08 — Visto: 304 veces
Hallan el cadáver de una mujer en Tacna. Agentes de Serenazgo tacneños realizaron el macabro hallazgo.


De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima tiene aproximadamente 28 años, es de contextura gruesa, tiene rasgos de haber sido golpeada y ultrajada. Además, habría muerto por asfixia.

El cuerpo de la infortunada mujer fue hallado semidesnuda en el distrito Gregorio Albarracín, en medio de matorrales de la avenida Bohemia Tacneña, en la ciudad de Tacna.

La fiscal Jenny Gutiérrez ordenó el levantamiento y traslado del cadáver al Instituto de Medicina Legal de Tacna.

FUENTE: TROME PERU
Martes 19 de abril 2011
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abril 19, 2011

Mujer aparece muerta y sin ojos. Fue hallada en el río Rímac, a la altura de la atarjea

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 08:06 — Visto: 517 veces
Mujer aparece muerta y sin ojos. Fue hallada en el río Rímac, a la altura de la atarjea


Una mujer aún no identificada, de aproximadamente 25 años de edad, fue encontrada sin vida y con varios golpes en la cabeza en el río Rímac, a la altura del primer mirador de La Atarjea, en el distrito de El Agustino.

El cadáver, que yacía boca arriba en el agua y carecía de los dos ojos, fue descubierto por trabajadores de dicha planta de tratamiento de agua de la carretera Ramiro Prialé.

Al lugar llegaron agentes de la Policía de Rescate, quienes tras ardua labor y con la ayuda de una polea lograron recuperar el cuerpo de las embravecidas aguas del río hablador.

La joven de tez trigueña y de contextura delgada sólo vestía un pantalón jean tipo pescador y un brassiere blanco.

"Se presume que tendría sólo 48 horas de muerta porque aún su cuerpo no está hinchado y en las heridas que presenta hay restos de sangre", precisó un agente policial.

Detalló que tampoco se puede descartar un accidente. "Pudo haber caído", recalcó.

Varios curiosos se aglomeraron alrededor de la mujer con la intención de identificarla, pero ninguno señaló reconocerla.

FUENTE: OJO PERU
17 de Abril del 2011
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abril 19, 2011

Sicarios balean a dirigente Frente a comisaría

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 08:04 — Visto: 248 veces
Sicarios balean a dirigente Frente a comisaría


Frente a la comisaría de la Ciudadela Chacala, en el Callao, dos sicarios hirieron de bala a un dirigente de construcción civil en una aparente pelea por liderar las obras de la zona que se levantan en los últimos meses.
Según la policía se escucharon disparos y de inmediato se dirigieron al lugar. De pronto vieron a dos sujetos de contextura gruesa disparando a Jou Larce Muñoz Ramos (26), quien quedó tirado en el suelo en medio de un gran charco de sangre.
Al ver a la policía, los sicarios huyeron en diversas direcciones, mientras el herido, quien está requisitoriado por homicidio, fue conducido de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde se debate entre la vida y la muerte.
Peritos de criminalística dijeron que en el lugar encontraron ocho casquillos de bala y que cuatro disparos hirieron a Jou Muñoz. Familiares del agraviado evitaron pronunciarse al respecto. "Respeten nuestro dolor", enfatizaron.

FUENTE: OJO PERU
18 de Abril del 2011
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abril 19, 2011

Balean a profesor en aula de Idat. Atacante utilizó arma con silenciador y sería un sicario

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 08:00 — Visto: 801 veces
Balean a profesor en aula de Idat. Atacante utilizó arma con silenciador y sería un sicario


De un disparo de bala efectuado con un arma con silenciador fue herido un profesor de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y del instituto superior tecnológico Idat cuando se encontraba en un salón de clases de esta última entidad educativa, en el sexto piso de su sede de la cuadra siete de la avenida Arequipa, en Santa Beatriz. José Carlos García recibió el disparo. La policía investiga varias hipótesis sobre una posible venganza, incluida la referida a que el pistolero podría haber sido contratado por un alumno desa­probado. Al momento de recibir el impacto de bala, García conversaba con un grupo de estudiantes.
El delincuente habría usado un arma con silenciador porque nadie escuchó el disparo y logró escapar en medio de la confusión.
Tras los gritos y la desesperación de alumnos y profesores, el docente fue llevado al hospital Edgardo Rebagliati. El instituto Idat no se pronunció al respecto.

FUENTE: OJO PERU
19 de Abril del 2011
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abril 19, 2011

Matan a chino en ajuste de cuentas. Cuerpo presenta tatuajes y fue abandonado en chacra chalaca

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 07:57 — Visto: 329 veces
Matan a chino en ajuste de cuentas. Cuerpo presenta tatuajes y fue abandonado en chacra chalaca


El cadáver de un joven tatuado y de rasgos orientales, quien fue asesinado de un disparo de bala en la cabeza en un aparente ajuste de cuentas, fue hallado la mañana de ayer en una trocha desolada de la hacienda San Agustín, en Sarita Colonia, en el Callao.
El hombre de tez blanca y de 1,60 metros de estatura yacía en posición lateral izquierda y en la zona occipital derecha presentaba una herida por arma de fuego que le hizo perder parte de la masa encefálica.
Vestía pantalón crema a cuadros tipo pescador, polera verde con capucha, polo rosado manga corta y trusa roja.
Al examinar el cuerpo, los peritos de criminalística encontraron que presentaba numerosos tatuajes. En el hombro derecho llevaba dibujado un payaso y en el izquierdo una aureola y dos dragones cruzados. En el centro de la espalda, con letras rojas y en mayúscula, tenía tatuada la inscripción Kazumi.
"Un trabajador que regaba unos sembríos de poros, lo halló en la mañana", relató un agente de la Divincri-Callao encargado de las investigaciones que buscan dar con los homicidas.

FUENTE: OJO PERU
19 de Abril del 2011
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abril 19, 2011

Ex pareja casi deja inválida a mujer por golpiza. La fémina perdió el control de sus extremidades tras sufrir el brutal maltrato del sujeto.

Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 07:56 — Visto: 243 veces
Ex pareja casi deja inválida a mujer por golpiza. La fémina perdió el control de sus extremidades tras sufrir el brutal maltrato del sujeto.


Martes 19 de abril 2011 - 15:00
Continuos dolores de cabeza, problemas con los brazos y las piernas fueron los primeros síntomas que se le presentaron a Rubí Centeno Vásquez (41), luego de los incesantes golpes que le propinaba su pareja, Orlando Salvador Fermín.

Según denunciaron sus familiares, Centeno Vásquez tiene dificultades para movilizarse de un lado a otro, no puede realizar sus tareas en casa y desde hace varias semanas depende de un familiar o de una vecina, quien la ayuda.

La joven madre de familia, con dificultad, dijo que su ex pareja inició los maltratos cuando dio a luz a su primer hijo. “Empezó a pegarme, a insultarme, a llegar borracho a la casa, me aventaba a la ventana de la casa. A su mamá también agredía”.

Luego de presentar la denuncia, el despreciable sujeto habría escapado de la zona de La Merced, en Comas, lugar donde vivieron varios años y donde la dejó en la calle, solo con unas prendas de vestir.

Actualmente vive con unos familiares, y en su delicado estado de salud, duerme en el suelo. Por ello, pide apoyo a las autoridades de salud para que la apoyen con la tomografía que necesita realizarse para saber qué tipo de daño cerebral padece.

fuente: TROME PERU
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abril 19, 2011

Consideran que Adulterar Documentación Justifica el Despido por Pérdida de Confianza

Categoría: DERECHO LABORAL — gcornejo @ 07:02 — Visto: 241 veces
Consideran que Adulterar Documentación Justifica el Despido por Pérdida de Confianza


Al considerar que las expectativas acerca de una conducta leal acorde con la responsabilidad del cargo de la actora se vieron frustradas como consecuencia de la adulteración de documentación, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo determinó que resultó ajustado a derecho el despido dispuesto por la empleadora.

En los autos caratulados “Stancanelli Soledad Malvina c/ La Nueva Metropol S.A. s/ despido”, la sentencia de primera instancia consideró justificada la medida rescisoria dispuesta por el empleador, desestimando la pretensión indemnizatoria, al considerar acreditada la conducta manifiestamente negligente de la trabajadora en el cumplimiento de sus obligaciones.

El juez de grado consideró que se encontraba plenamente justificada la denuncia contractual por pérdida de confianza debido a las graves irregularidades en el manejo de la documentación e incumplimientos que causaron un importante perjuicio económico a la empresa.

Ante la apelación presentada por la actora, los jueces de la Sala IX confirmaron el pronunciamiento apelado al considerar que “los hechos del caso en concreto permiten razonablemente inferir que las expectativas acerca de una conducta leal y acorde con el deber de fidelidad creada con el devenir del vínculo y la responsabilidad del cargo ocupado por la hoy apelante (tesorera), se vieron claramente frustradas a raíz de acontecimientos que permiten considerar que aquélla ya no era confiable (arts. 62, 63, 84 y 85 L.C.T.)”.

Los magistrados explicaron en la sentencia del 22 de diciembre pasado que “en la calificación de la injuria los jueces deben atender al carácter de las relaciones que resultan del contrato de trabajo, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso (art. 242 L.C.T.)”,

Según los jueces, “los hechos que se ventilan en jurisdicción penal resultan irrelevantes para dirimir la contienda pues la culpa laboral se informa de principios diferentes y por ende, carece de trascendencia, para lo que aquí interesa, que los testigos que declararon a influjo de la requerida no hayan podido identificar en esta sede a la demandante como la autora material de las modificaciones en la documentación", por lo que confirmaron la sentencia apelada.

Por último, los jueces señalaron que “carece de relevancia el hecho de que el resultado de la auditoría interna se haya plasmado por escrito con una fecha posterior al despido, pues los hechos que se analizan y que derivaron en la cesantía datan de seis meses antes”, agregando a ello que “este sentido, los testigos fueron contestes en que el sumario se instruyó en vigencia de la relación y la propia actora reconoce que fue transferida en un primer momento para prestar servicios en la sede administrativa de la empresa y luego suspendida provisoriamente durante la "tramitación de averiguaciones sumariales”.

FUENTE: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 19, 2011

Prorrogan Plazo para Deudores Hipotecarios

Categoría: DERECHO PROCESAL CIVIL — gcornejo @ 07:01 — Visto: 515 veces
Prorrogan Plazo para Deudores Hipotecarios


Por medio de la Resolución 97/2011, el Ministerio de Economía de la Nación prorrogó por seis meses el plazo para que los deudores presenten la documentación correspondiente a mutuos hipotecarios que en su oportunidad pactaron con el ex Banco Hipotecario Nacional concertados con anterioridad a la vigencia de la convertibilidad del Austral.

Cabe resaltar que anteriormente el Poder Ejecutivo había dictado el Decreto 1366/10 por el que se introdujeron modificaciones relacionadas con las operaciones individuales que han tenido una intención social, los mutuos susceptibles de cancelación automática, período de mora, acreditación de situación de emergencia, entre otros.

Tales modificaciones trajeron aparejado la necesidad de establecer un nuevo plazo para que los deudores hipotecarios presentasen la documentación correspondiente, recordando la reciente normativa que ese plazo podía ser prorrogado por única vez, que ahora el Ministerio de Economía volvió a extender.

La medida publicada en el Boletín Oficial aclara que la legislación vigente establece que en caso de duda sobre la aplicación, interpretación o alcance se decidirá en el sentido más favorable al prestatario, a la subsistencia y conservación de la vivienda y a la protección integral de la familia.

FUENTE: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 19, 2011

Determinan Ineficacia de la Notificación a Clientes Mediante una Publicación en Internet

Categoría: DERECHO PROCESAL CIVIL — gcornejo @ 07:00 — Visto: 275 veces
Determinan Ineficacia de la Notificación a Clientes Mediante una Publicación en Internet


La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que no puede tenerse por cumplida la notificación a los clientes con la publicación en Internet de las nuevas cláusulas contractuales introducidas en sus contratos.

Al considerar que se encontraba pendiente de cumplimiento la efectiva y fehaciente notificación a sus clientes de las nuevas cláusulas contractuales introducidas en sus contratos como consecuencia de las que fueron declaradas abusivas, la Dirección Nacional de Comercio Interior impuso a HSBC Bank Argentina S.A. una multa de 20 mil pesos por infracción al art. 38 del decreto 1798/94, reglamentario de la ley 24.240 confirmado por la Sala II de esa Cámara, con excepción de la abusividad del punto

En su apelación contra dicha sanción, la sumariada sostuvo que había cumplido con la intimación acreditándolo con la impresión de la pantalla de la página web, sin perjuicio de lo cual se informó a todos los clientes que los nuevos contratos con las modificaciones se encontraban a su disposición en cualquier sucursal.

En la causa “HSBC Bank Argentina S.A. c/DNCI-DISP. 622/99”, la Sala III resolvió que “no se puede tener por cumplida la notificación a los clientes con la publicación de las nuevas cláusulas en INTERNET pues dicha forma de notificación no se encuentra prevista en la ley, razón por la cual se torna ineficaz”, a la vez que “tampoco cumple con la notificación fehaciente la invocada publicación de la cláusula B-7 en el diario La Nación del 26/12/03”.

Los jueces remarcaron que “se trata pues, de infracciones formales donde la verificación de tales hechos hace nacer por sí la responsabilidad del infractor”, donde “no se requiere daño concreto sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley”, por lo que “su apreciación es objetiva y se configuran por la simple omisión que basta por sí misma para violar las normas”.

fuente: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 19, 2011

Determinan Pérdida del Derecho del Asegurado a Cobrar Indemnización por Exagerar Bienes Sustraídos

Categoría: DERECHO CIVIL — gcornejo @ 06:57 — Visto: 278 veces
Determinan Pérdida del Derecho del Asegurado a Cobrar Indemnización por Exagerar Bienes Sustraídos

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial decidió aplicar la sanción prevista por el artículo 48 de la ley 17.418 con la consecuente pérdida del derecho del asegurado a percibir la indemnización prevista, al haber quedado demostrado que el actor empleó una facturación apócrifa para intentar acreditar la preexistencia de los bienes que le habrían sido sustraídos del interior del local asegurado.

En los autos caratulados “Rossi Alejandro Javier c/ Provincia Seguros S.A. s/ ordinario”, la sentencia de primera instancia rechazó la demanda interpuesta por la actora y le impuso las costas, al considerar que había existido una exageración fraudulenta de los daños y que el actor había incurrido en el empleo de pruebas falsas para acreditarlos, lo cual encontró acabadamente probado en el caso.

La Sala D explicó que “la ley 17.418 en su art. 48 sanciona con la liberación de la aseguradora el incumplimiento malicioso de la carga prevista en el párrafo 2 del art. 46 (suministrar las informaciones necesarias para verificar el siniestro o la extensión de la prestación del asegurador y a permitir las indagaciones necesarias a tal fin), o la exageración fraudulenta de los daños o el empleo de las pruebas falsas para acreditarlos”, agregando que “debe tratarse de una exageración hecha con el propósito de obtener una indemnización superior al daño realmente sufrido, y el dolo o el fraude lo debe probar el asegurador de manera amplia, plena y satisfactoria”.

En tal sentido, explicaron que “para que la exageración de los daños traiga aparejada la pérdida del derecho del asegurado a la indemnización es necesario que éste deliberadamente los estime en una suma superior al perjuicio realmente sufrido, y en tal hipótesis incurra en una exageración dolosa cuando lo hubiese hecho para sorprender la buena fe de la contraparte y obtener de ella una suma mayor a la que debía recibir”, mientras que “la sanción de caducidad también opera en la hipótesis que de la denuncia del siniestro o de las ampliaciones de aquella, por ejemplo, con motivo de requerimientos complementarios, surjan la exageración fraudulenta de los daños, o el empleo de pruebas falsas para acreditarlos sin que baste la mera exageración ya que lo que debe imputarse y probarse es que haya sido fraudulenta”.

En base a lo anteriormente señalado, en la sentencia del 16 de noviembre de 2010, los camaristas concluyeron que “al haber quedado demostrado que el actor empleó una factura apócrifa para intentar acreditar la preexistencia de los bienes que le habrían sido sustraídos del interior del local asegurado, debe concluirse que actuó con una deliberada intención de exagerar los daños mediante el empleo de aquella, lo cual permite la aplicación de la sanción prevista por el art. 48 de la ley 17.418 con la consecuente perdida del derecho del asegurado a la indemnización prevista”.

FUENTE: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 19, 2011

Rechazan Nulidad del Proceso a Pesar de que el Abogado Defensor No Estaba Inscripto en el Colegio de Abogados

Categoría: DERECHO PROCESAL CIVIL — gcornejo @ 06:56 — Visto: 288 veces
Rechazan Nulidad del Proceso a Pesar de que el Abogado Defensor No Estaba Inscripto en el Colegio de Abogados


Tras remarcar que si bien el abogado no se encontraba administrativamente habilitado para litigar ante los tribunales de esta Ciudad había actuado de manera efectiva como abogado defensor en todos los actos procesales que lo requería, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechazó un planteo de nulidad sobre la base de la falta de inscripción en el Colegio Público de Abogados del letrado.

En la causa “Reynoso Juan Oscar s/ nulidad y prescripción”, el actual abogado defensor del imputado había presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez de grado que rechazó los planteos de nulidad y prescripción que habían sido presentados, alegando que el anterior asistente técnico había actuado durante el transcurso del proceso sin encontrarse debidamente inscripto en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

El magistrado de grado había rechazado tal planteo al considerar que el defecto advertido no poseía la entidad suficiente para afectar la validez de los actos en los que intervino el mencionado letrado, ya que si bien no se hallada inscripto en la correspondiente colegiatura, estaba habilitado para actuar como abogado ante la justicia federal del interior del país.

Contra dicho pronunciamiento, el impugnante sostuvo que el vicio acreditado resultaba insubsanable en la medida de que el imputado no había contado en actos esenciales del proceso con una defensa plena, resultando inválidos por esa razón todos los actos alcanzados por esa irregularidad.

Al resolver la cuestión atinente a la validez de los actos procesales llevados a cabo por el anterior letrado del imputado, la Sala I consideró que “resultan acertados los motivos expresados por el a quo al momento de rechazar el planteo de nulidad articulado por la defensa, sobre la base de considerar que la falta de inscripción en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal del letrado que intervino en representación de Reynoso no habría acarreado un menoscabo al ejercicio pleno de su derecho de defensa”.

Los camaristas remarcaron que si bien el anterior letrado del imputado no se encontraba habilitado administrativamente para litigar ante los tribunales de la ciudad, este “actuó de manera efectiva como abogado defensor de Reynoso en todos los actos procesales que así lo requerían, sugiriendo algunas medidas de prueba y articulando las herramientas procesales a su disposición para representar acabadamente los intereses de su asistido”.

Los jueces concluyeron que “más allá de las cuestiones mencionadas de un modo general en el recurso vinculadas con las funciones de contralor asignadas a la colegiatura de esta ciudad, no ha podido ser demostrado por el impugnante que el vicio alegado haya provocado una lesión concreta y efectiva al derecho de defensa del implicado, resultando insuficiente su mera invocación como fundamento excluyente de la sanción procesal pretendida”, por lo que confirmaron la resolución apelada.

FUENTE: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 19, 2011

Falta de Legitimación del Síndico para Solicitar la Desafectación de un Inmueble como Bien de Familia

Categoría: DERECHO DE FAMILIA — gcornejo @ 06:55 — Visto: 249 veces
Falta de Legitimación del Síndico para Solicitar la Desafectación de un Inmueble como Bien de Familia


La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial determinó la falta de legitimación del síndico para solicitar la desafectación de un inmueble como bien de familia, al considerar que el acreedor con crédito anterior a la afectación del inmueble es el único legitimado para solicitarla.

En la causa “Ricco Gabriel Alfredo s/ quiebra”, el fallido apeló la resolución que rechazó su pedido de suspender la subasta de un inmueble afectado al régimen de bien de familia, al considerar el magistrado que existían créditos verificados en la quiebra, anteriores a la fecha de inscripción de dicha afectación.

En su apelación, la recurrente sostuvo que las afirmaciones de la sindicatura respecto a la existencia de créditos anteriores a la afectación del inmueble como bien de familia, no fue probado, debido a que no se había aportado documentación mientras que las fechas en cuestión tampoco constarían en el informe presentado en los términos del artículo 35 de la Ley de Concursos y Quiebras.

Los jueces de la Sala A explicaron que “la legitimación del síndico no se extiende a la actuación respecto de bienes que no han sido objeto de desapoderamiento por encontrarse excluidos por leyes especiales (art. 108, inc.7, LCQ) y que lo resuelto por el a quo traducía un nítido apartamiento de los dispuesto en el art. 38 de la ley 14.394 en cuanto declara la oponibilidad del bien de familia aún en caso de concurso o quiebra, ya que la tutela legal, de base constitucional, sólo cede frente a los acreedores con derecho a obtener la desafectación”.

En tal sentido, los camaristas explicaron que “apunta la Corte Suprema a que el derecho que atribuye la ley 14.394 para agredir el inmueble inscripto como bien de familia, es propio del acreedor anterior a ese acto, que lo detenta y que tratándose de un derecho disponible, si éste no lo ejerce carece el síndico de atribuciones para enervar los efectos de una renuncia u omisión, en la que no se encuentra comprometido el orden público”, mientras que “el ejercicio de las acciones individuales que competen a tales acreedores, por el síndico, autorizado fuera del marco fijado por la Ley de Concursos y sin base normativa para subrogarse en los derechos de terceros, contraviene la solución legal y la torna inoperante, al privar de todo efecto la expresa subsistencia del beneficio frente a la ejecución universal (considerandos n° 7 y 8, causa B. 2339. XLI " Baumwohlspiner de Pilevski, Nélida s. quiebra" sentencia del 10.04.07)”.

De acuerdo a lo resuelto en la sentencia del 30 de diciembre pasado, los jueces determinaron que “conforme la doctrina del Alto Tribunal en la materia, cabe acoger el planteo efectuado en torno a la falta de legitimación del síndico respecto a sus facultades para subrogarse en derechos disponibles de aquellos acreedores anteriores a la afectación del inmueble, con lo cual, quedan resguardados los fines tuitivos del régimen del bien de familia, no comprometiéndose el orden público prevaleciente, conforme la ley especial de aplicación”.

Al hacer lugar al recurso presentado por la fallida, la mencionada Sala concluyó que “ante la falta de petición expresa por parte de los acreedores legitimados para agredir el bien, no habrá de admitirse el pedido de "desafectación" (rectius: declaración de inoponibilidad) formulado por la sindicatura”.

FUENTE: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 19, 2011

Revocan Procesamiento de un Acusado de Robo Porque Estaba Alcoholizado

Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 06:50 — Visto: 246 veces
Revocan Procesamiento de un Acusado de Robo Porque Estaba Alcoholizado


En el marco de una causa en la que un joven se encontraba acusado de robo simple en concurso con lesiones leves, la Cámara del Crimen decidió revocar su procesamiento al considerar que no se encontraba comprobado que al cometer los hechos el acusado hubiera podido dirigir sus acciones, debido a la elevado nivel de alcoholemia que presentaba.

El acusado, quien había empujado a una mujer a la salida de un comercio y la golpeó solicitándole la entrega de su dinero, al momento de cometer el hecho poseía un nivel de alcoholemia muy cercana al máximo absoluto para la inconsciencia total.

El voto mayoritario compuesto por los jueces Jorge Luis Rimoldi y Gustavo Bruzzone, sostuvo que “el grado de alcoholismo que presentaba el encausado se encuentra muy próximo al grado tres, estadio en el que el individuo cae en estado de suspensión de conciencia, arreflexia, hipotermia y coma, con riesgo vital, aunque con conservación de los reflejos”.

Cabe destacar que si bien fue ordenada la inmediata libertad del acusado, la resolución a la cual tuvo acceso la agencia Télam, dispuso la intervención de la justicia civil, la que podría disponer la internación en un instituto de salud mental para tratar su adicción.

En sentido contrario, el voto en disidencia del juez Alfredo Barbarosch, al confirmar el procesamiento del acusado, sostuvo que “frente a la alegada hipótesis de un estado de inconsciencia habilitante de su inculpabilidad, se ignora cómo pudo realizar los movimientos descritos y brindar correctamente sus datos personales, pues la concreción de un hecho de tales características requiere de un comportamiento y razonamientos adecuados al fin perseguido”.

ABOGADOS ARGENTINA
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abril 19, 2011

Fijan Competencia del Fuero Laboral en la Ejecución de Honorarios del Conciliador de un Acuerdo Homologado

Categoría: DERECHO LABORAL — gcornejo @ 06:47 — Visto: 525 veces
Fijan Competencia del Fuero Laboral en la Ejecución de Honorarios del Conciliador de un Acuerdo Homologado


La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que cualquier crédito emergente de un acuerdo conciliatorio homologado debe ser ejecutado ante un juzgado del trabajo de esta Capital.

En la causa “A. A. E. c/ Federacion de Cooperativas Vitivinicolas Argentinas Cooperativa Ltda. s/ ejecucion de honorarios”, el letrado actor interpuso recurso de apelación contra la resolución del juez de primera instancia que se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones y ordenó su remisión a la Justicia Nacional en lo Civil.

La Sala II sostuvo en relación de la cuestión, que “resulta de aplicación el criterio sostenido por esta Sala in re “Dimant, Ana Irene c/ Sosto Luciano Carlos s/ Ejecución de Honorarios” en cuanto allí se sostuvo que corresponde admitir la aptitud jurisdiccional de este fuero cuando se trata de la ejecución de un acuerdo conciliatorio homologado y ello toda vez que del escrito de inicio surge claro que lo que se persigue es el cobro de los honorarios allí pactados a favor del conciliador”.

Los camaristas concluyeron que “cualquier crédito emergente de un acuerdo homologado debe ser ejecutado ante un juzgado del trabajo de esta Capital”, a lo que añadieron que “la ley no distingue entre la naturaleza de los créditos involucrados; y está bien que así sea porque ante el SECLO pueden llegar a celebrarse conciliaciones referidas a relaciones que se invocan como "laborales" pero cuya existencia es negada por la "reclamada", por lo que la asignación de competencia para la ejecución del acuerdo conciliatorio prescinde de la naturaleza jurídica de la relación sustancial discutida”.

En la sentencia del 27 de diciembre de 2010, los camaristas remarcaron que “a la ejecución del acuerdo se debe aplicar el procedimiento de ejecución de sentencia de los arts. 132 a 136 de la L.O.; porque es obvio que asimila el efecto de cosa juzgada que atribuye al acuerdo homologado al de una sentencia que homologa un acuerdo en sede judicial”.

FUENTE: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 19, 2011

Rechazan Pedido de Cobertura Cautelar de Tratamiento de Fertilización Asistida

Categoría: DERECHO PROCESAL CIVIL — gcornejo @ 06:45 — Visto: 233 veces
Rechazan Pedido de Cobertura Cautelar de Tratamiento de Fertilización Asistida


Tras remarcar la naturaleza abreviada del trámite proceso sumarísimo impuesto a la causa, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal rechazó una solicitud de cobertura cautelar de un tratamiento de fertilización asistida.

La sentencia de primera instancia rechazó la medida cautelar por medio de la cual se solicitaba la cobertura del tratamiento de fertilización in Vitro (FIV) por técnica ICSI, al considerar que ni la verosimilitud del derecho, ponderando la falta de previsión legislativa al respecto, ni el peligro en la demora, habida cuenta del trámite impuesto a la causa, se encontraban debidamente configurados.

Los recurrentes alegaron que el peligro en la demora se encontraba suficientemente acreditado mediante un certificado médico así como que el derecho a la cobertura del tratamiento solicitado surgía de las prescripciones de los artículos 2, inciso f, 3 y 7 de la ley 25.673.

En los autos caratulados “G. C. J. y otro c/ Galeno Argentina S.A. s/ sumarísimo”, los jueces de la Sala I señalaron en primer lugar que “en tanto las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar bienes o mantener situaciones de hecho para la seguridad de personas o la satisfacción de necesidades urgentes, como un anticipo, que puede o no ser definitivo, de la garantía jurisdiccional de la defensa de la persona y de los bienes, y para hacer eficaces las sentencias de los jueces (conf.esta Sala, causas 289/94 del 10.2.94, 39.380/95 del 19.3.96, 35.653/95 del 29.4.97 y 43.716/95 del 16.4.98), la medida cautelar requerida comporta -por la índole de lo solicitado- un anticipo de la pretensión sustancial”.

Tras remarcar que “si bien es cierto que -aun en aquellos casos en los cuales la admisión de una medida precautoria agota el objeto de la pretensión principal- la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que no se puede descartar el acogimiento de la medida cautelar pedida por temor de incurrir en prejuzgamiento, cuando existen fundamentos que imponen expedirse sobre la índole de la petición formulada”, los camaristas concluyeron que “no es ésta la hipótesis que se presenta en la especie, habida cuenta de la naturaleza - esencialmente abreviada- del proceso impuesto”.

En base a ello, en la sentencia del 28 de septiembre de 2010, confirmaron la resolución apelada debido a que las circunstancias del caso “tornan aconsejable que la cuestión sea resuelta en oportunidad de dictarse la sentencia definitiva”.

FUENTE: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 19, 2011

Buscan Elevar las Indemnizaciones por Despidos Sin Causa

Categoría: DERECHO LABORAL — gcornejo @ 06:44 — Visto: 286 veces
Buscan Elevar las Indemnizaciones por Despidos Sin Causa


Con el fin de incrementar las indemnizaciones en los casos de despido sin justa causa dispuesto por el empleador o de despido indirecto, en la Cámara de Diputados fue presentado un proyecto de ley que busca elevar el tope salarial para realizar el cálculo establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y la base de cálculo de la indemnización por despido.

La iniciativa presentada por el diputado oficialista Edgardo Llanos pretende convertir en ley el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Vizotti c/ AMSA s/despido”, en la que el Máximo Tribunal determinó la inconstitucionalidad del tope establecido en el artículo 245, al considerar en dicho caso, que resultaba confiscatorio debido a la gran diferencia entre el tope de convenio y lo que realmente ganaba el empleado.

El proyecto pretende que el artículo 245 de la ley 20.744 establece que “en los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo mediado o no preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a TRES (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor”.

A su vez, el artículo establecería que “dicha base no podrá exceder el equivalente de cinco veces el importe mensual del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el promedio resultante, juntamente con las escalas de cada Convenio Colectivo de Trabajo”.

FUENTE: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 19, 2011

Procedencia de la Inhabilitación del Fallido Sometido a Proceso Penal por Quiebra Fraudulenta Luego de Ser Rehabilitado

Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 06:40 — Visto: 463 veces
Procedencia de la Inhabilitación del Fallido Sometido a Proceso Penal por Quiebra Fraudulenta Luego de Ser Rehabilitado


La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial determinó en el marco de una causa en la que el fallido había sido sometido a proceso penal por quiebra fraudulenta con posterioridad a haber sido rehabilitado, que si la inhabilitación retoma su vigencia los efectos del artículo de la Ley de Concursos y Quiebras nunca cesaron, por lo que debe actuar como si la rehabilitación nunca se hubiese verificado.

En la causa “Moiguer Fernando Marcelo s/ quiebra”, los jueces que componen la Sala B señalaron que “la LCQ 236 establece que la inhabilitación del fallido cesa de pleno derecho, al año de la fecha de sentencia de quiebra”.

En tal sentido, los jueces remarcaron que la normativa “prescribe que la inhabilitación del fallido puede prorrogarse o retomar su vigencia si éste es sujeto pasivo de un proceso penal por quiebra culpable o fraudulenta”, supuesto en el cual “la inhabilitación dura hasta el dictado de sobreseimiento o absolución”.

Sentado lo anterior, los camaristas resaltaron que en el presente caso “el fallido ha sido sometido a proceso penal con posterioridad a haber sido rehabilitado en el marco del presente proceso concursal”.

Tras destacar que “este Tribunal no desconoce la existencia de diversas opiniones doctrinarias en relación a la compleja cuestión debatida en autos, relacionada con la "reanudación" de la inhabilitación contenida en la LCQ 236”, los camaristas consideraron que “si la inhabilitación "...retoma su vigencia...", todo indica que las consecuencias previstas por la LCQ 107 nunca cesaron”, por lo que “no se trata entonces de una nueva inhabilitación la que se impone al fallido, sino que, sencillamente, se actúa como si la rehabilitación nunca se hubiese verificado”.

En base a ello, los jueces sostuvieron que “los bienes adquiridos en esta etapa deben caer necesariamente en la órbita de desapoderamiento”.

En base a lo anteriormente señalado, en la sentencia del 7 de diciembre pasado, los camaristas desestimaron el recurso de apelación presentado y confirmaron la decisión apelada.

FUENTE: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 19, 2011

Condenan a un Hombre a Indemnizar a su Ex Mujer por Adulterio

Categoría: DERECHO DE FAMILIA — gcornejo @ 06:39 — Visto: 468 veces
Condenan a un Hombre a Indemnizar a su Ex Mujer por Adulterio


La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió que el esposo deberá indemnizar a la mujer con 25 mil pesos en concepto de reparación por el daño moral causado por el adulterio y las injurias graves comprobadas en la causa.

En los autos caratulados “B.A.M. c/ P.C.A. s/ Divorcio. Ordinario”, los jueces que integran la Sala K dieron por acreditado el abandono voluntario y malicioso, adulterio e injurias graves cometidas por el marido.

Los magistrados determinaron que en el presente caso “se encuentran acreditadas entonces las ausencias del marido los fines de semana y en las fiestas familiares, sus llegadas tarde al hogar durante el último año del matrimonio y el reconocimiento de la mujer del video por varios testigos, donde se la ve entrando junto al demandado a un departamento, del que éste también tenía llave, esas circunstancias resultan suficientes indicios que constituyen presunciones graves, precisas y concordantes que prueban la causal de adulterio”.

En la causa quedó comprobado que el marido le decía a su mujer que los fines de semana iba a pescar con un amigo, cuando en realidad iba a la casa de su amante.

Los jueces también tuvieron en cuenta al fijar la indemnización por daño moral, que cuando la mujer le pidió que se quedara en casa con los hijos porque debía someterse a una operación ginecológica, se fue de vacaciones sin que la familia tuviera conocimiento de él por un largo período.

La mujer tomó conocimiento de la infidelidad luego de haber contratado un detective privado, habiendo aceptado los jueces como pruebas “distintos videos en los que se ve al demandado con otra mujer por la calle y entrando en un departamento juntos y en otra ocasión sólo a aquél abriendo la puerta con su propia llave”.

De esta manera, en la sentencia del 10 de diciembre de 2010, la mencionada Sala elevó la suma fijada en concepto de indemnización por daño moral establecido en la suma de 10 mil pesos por el juez de grado, al considerar insuficiente dicho monto.

FUENTE: ABOGADOS PERU
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abril 19, 2011

Resaltan Cuándo Corresponde Restringir el Acceso del Padre al Contacto con su Hijos

Categoría: General — gcornejo @ 06:37 — Visto: 159 veces
Resaltan Cuándo Corresponde Restringir el Acceso del Padre al Contacto con su Hijos


Al rechazar un pedido de la madre quien solicitaba que fueran sus hijas las que pudieran decidir estar o no con su padre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil determinó que el derecho del padre a tener contacto con sus hijas es amplio, y sólo corresponde su restricción cuando medien causas de extrema gravedad que pongan en peligro la salud o la seguridad de las niñas.

En los autos caratulados “V. L. M. D. R. y P. F. M. s/ divorcio art. 215 CCiv.”, la resolución de primera instancia que homologó lo convenido por las partes sobre el régimen de visitas fue apelada por la Sra. M. d R. V. de L., quien sostuvo que dicha sentencia, en aras de respetar el derecho y deber del progenitor, no contempló el derecho que le asiste a las niñas de ser oídas, ni a que sea considerada su opinión al momento de arribar a una resolución que las afecte.

En tal sentido, la recurrente propicia la revocatoria en ese sentido, con el fin de que se les permita decidir estar o no con su padre para evitar situaciones de fuerza que aprecia como inevitables.

Los jueces de la Sala G confirmaron el pronunciamiento apelado al considerar que el criterio adoptado en la instancia anterior “se orienta a evitar que por el solo arbitrio -vgr.simple oposición o antojo- pueda verse frustrado el derecho del padre a mantener contacto con las hijas, a la vez de sortear eventuales obstáculos que puedan -de manera infundada- oponerse a la fluidez de los encuentros”.

Los magistrados resaltaron que “el derecho del padre al contacto con su descendencia es amplio, y sólo corresponde que se restrinja cuando medien causas de extrema gravedad que pongan en peligro la salud -física o moral- o la seguridad de las niñas”.

En la sentencia del 5 de noviembre pasado, los magistrados remarcaron que “en la especie no se halla en juego el derecho de las niñas a ser oídas, ni a que se tenga en cuenta su voluntad (art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño), pues en la medida que se trata de circunstancias -vgr. la negativa de las niñas a ver a su padre- aún no acontecidas, no ameritan su consideración a priori”.

Al confirmar la resolución apelada, los camaristas aclararon que “frente la existencia de causas que lo justifiquen y ante el requerimiento de la parte interesada, podrán adoptarse las medidas del caso, ya sea en punto la modalidad que quepa implementar o su conveniencia”.

FUENTE: ABOGADOS PERU
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abril 19, 2011

Consideran Aplicable Ley de Defensa del Consumidor a la Ejecución de una Prenda Sobre un Vehículo Destinado a Uso Particular

Categoría: DERECHO DEL CONSUMIDOR — gcornejo @ 06:22 — Visto: 212 veces
Consideran Aplicable Ley de Defensa del Consumidor a la Ejecución de una Prenda Sobre un Vehículo Destinado a Uso Particular

En los autos caratulados “Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados c/ Castillo Graciela Elena s/ ejecución prendaria”, la ejecutante apeló la resolución en la cual el juez de grado declaró su incompetencia para intervenir en el presente caso.

Al entender en el presente caso, los jueces de la Sala D señalaron que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que tratándose de una compraventa de automotores (cuyo incumplimiento dio lugar a la ejecución prendaria) instrumentada en un formulario pre-impreso, ese contrato podía considerarse de adhesión, por lo que sus cláusulas generales predispuestas (entre las que se encontraba la prórroga de jurisdicción) debían interpretarse -en función de la normativa específica (art. 3°, ley 24.240)- en el sentido más favorable a la parte más débil, cual es, el consumidor”.

En tal sentido, los jueces sostuvieron que como ocurren en el presente caso, en el que “se promueve la ejecución de una prenda sobre un vehículo destinado a uso particular -tal el presente caso es dable presumir la existencia de una operación de financiación para el consumo”.

En tal sentido, sostuvieron que también corresponde presumir que “el vínculo contractual de que se trata se encuentra regido -en general- por la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240 modif. ley 26.361), y -en particular- por la regla de competencia específica en esa materia, según la cual, "(s)erá competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor" (art.36)”.

A ello, los magistrados añadieron, que “cuando una cláusula de prórroga de jurisdicción predispuesta, es decir, sin posibilidad alguna de discusión por parte del aceptante, tiene por efecto colocar a este último en un estado de indefensión cierto y concreto, es nula, debiendo así declararse sobre la base de los principios del abuso del derecho y la lesión”, mientras que “esa nulidad parcial y absoluta, en tanto surge de violaciones del orden público contractual, es aplicable de oficio o a petición de parte y sería ab initio imprescriptible”.

En base a lo anteriormente expuesto, en el pronunciamiento del 10 de noviembre de 2010, la mencionada Sala desestimó la apelación presentada.

FUENTE: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 19, 2011

Ordenan Indemnizar a Pasante que Realizaba Tareas de Trabajadores Dependientes

Categoría: DERECHO LABORAL — gcornejo @ 06:14 — Visto: 145 veces
Ordenan Indemnizar a Pasante que Realizaba Tareas de Trabajadores Dependientes


La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró ajustado a derecho el despido indirecto en que se colocó un pasante quien desempeñaba las mismas tareas que los trabajadores dependientes, tras considerar los jueces que si no se respeta el objetivo de formación que posee el instituto de la pasantía, ello pasa a ser una ficción legal a través de la cual la empresa obtiene un beneficio injustificado.

En la causa “Canestrari María Fernanda c/ Telefónica de Argentina S.A. y otro s/ diferencias de salarios”, la demandada apeló la sentencia de primera instancia debido a que se había considerado que medió una relación laboral durante el período en que la actora se había desempeñado como pasante.

La magistrada de grado acreditó que la demandada ocupó a la trabajadora como pasante en tareas propias de su giro empresarial ya que se desempeñaba como operadora atendiendo los requerimientos de sus clientes, para lo cual no requiere capacitación especial y, por último, que los cursos que recibió la actora ninguna ventaja importaban para ella.

Los jueces que integran la Sala X sostuvieron que “la inserción de un pasante en el ámbito de la empresa que contrata con una entidad educativa bajo el sistema de pasantías se vincula con la oportunidad que el empresario le da de aprender, es decir, que por parte de la empresa hay carencia de finalidad económica”.

En tal sentido, al confirmar la sentencia de primera instancia, los camaristas explicaron que “si los pasantes efectúan trabajos típicos y corrientes de la empresa, bajo condiciones de contratación que los ponen en un pie de igualdad con los trabajadores dependientes, sin que se respete su objetivo de formación y sin un adecuado seguimiento de la entidad educativa que ha mediado en la contratación, todo pasa a ser una ficción legal a través de la cual la empresa obtiene un beneficio injustificado”.

En la sentencia del 28 de febrero pasada, la Sala concluyó que dicha situación burlaría “un instituto que ha pretendido ser tuitivo y útil porque se lo convierte en un instrumento más que conduce, en definitiva y fraudulentamente, a la más pronunciada precarización del empleo”.
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abril 19, 2011

Jubilación Anticipada para Desocupados

Categoría: DERECHO PENSIONARIO — gcornejo @ 06:04 — Visto: 333 veces
Jubilación Anticipada para Desocupados


Durante la próxima sesión de la Cámara de Diputados podría ser tratado un proyecto de ley que contempla la posibilidad de que aquellas personas que queden desocupadas hasta cinco años antes de la edad exigida para su jubilación, puedan acceder al cobro de la prestación, en caso de contar con los 30 años de aportes al sistema de la seguridad social.

La iniciativa impulsada por varios partidos de la oposición, busca reestablecer el sistema de jubilación anticipada que estuvo vigente durante la crisis económica, debido a las dificultades que poseen las personas de esa edad para poder reinsertarse en el mercado laboral.

El mencionado beneficio sería establecido en forma permanente, favoreciendo a las mujeres de entre 55 y 60 años y los varones de entre 60 y 65 años, quienes además de contar con los mencionados aportes, deberán acreditar estar desocupados durante por los menos los 12 meses previos a iniciar la gestión del beneficio.

El monto mensual percibido por las personas que accedieran a tal beneficio sería equivalente al 50% de la prestación que le correspondería liquidar al Estado, en caso de que esa persona tuviera la edad jubilatoria.

Según la iniciativa, tal monto también se actualizaría según la ley de movilidad que dispone subas en los meses de marzo y septiembre de cada año.

fuente: ABOGADOS PERU
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abril 19, 2011

Denuncian al Arquero de River por Evasión Fiscal

Categoría: DERECHO TRIBUTARIO — gcornejo @ 06:00 — Visto: 203 veces
Denuncian al Arquero de River por Evasión Fiscal


La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ante la Justicia al arquero del Club Atlético River Plate, Juan Pablo Carrizo, debido a que se demoró en realizar la presentación de la declaración jurada correspondiente al ejercicio económico de 2008.

La AFIP imputó a Carrizo por el intento de evadir aproximadamente 350 mil pesos en concepto de impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, quedando radicada dicha causa ante el Juzgado Penal Tributario Nº 1, a cargo de Javier López Biscayart.

Según fue informado, Carrizo regularizó su situación tras la denuncia de la AFIP, en la que se lo acuso de “ocultar su patrimonio omitiendo la presentación de las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales”.

En otro caso similar, la AFIP denunció recientemente al colombiano Giovanni Hernández por presunta evasión fiscal, la que superaría los 500 mil pesos, siendo procesado el mediocampista por el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fé.

Cabe señalar que otros futbolistas del ámbito local también habían sido denunciados anteriormente por la AFIP, como es el caso del delantero Esteban Fuertes, quien fue procesado por el delito de evasión del Impuesto a las Ganancias junto con los ex presidentes de Colón de Santa Fé, Horacio Darrás y José Néstro Vignatti.

FUENTE: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 19, 2011

D.S. QUE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES DEL DESTINO DEL MONTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES. D.S.032-2011-PCM

Categoría: DERECHO DEL CONSUMIDOR — gcornejo @ 05:59 — Visto: 195 veces

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES DEL DESTINO DEL MONTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.

DECRETO SUPREMO Nº 032-2011-PCM




CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, reconoce rol de las asociaciones de consumidores, estableciendo que su finalidad es proteger, defender, informar y representar a los consumidores y usuarios;:
Que, el articulo 156º del Código de Protección y Defensa del consumidor, dispone que el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor dispone que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad intelectual- INDECOPI y los organismos reguladores de los servicios públicos, pueden celebrar convenios de cooperación institucional con asociaciones de consumidores, otorgándoles la posibilidad de que un porcentaje de las multas administrativas impuestas en los procesos promovidos por esta les sea entregado, sin exceder un 50%, constituyendo los mismos fondos publicos;
Que, dispositivo establece ademas, que los recursos de consumidores a efectos de implementar acciones especificas de promocion y defensa de los intereses de los consumidores y un monto no mayor al cinco por ciento (5%) del monto que se les entrega puede ser utilizado para su funcionamiento a efectos del desarrollo de su finalidad, en las condiciones que establece el Reglamento;
Que, la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que el Poder Ejecutivo expide, entre otras, las disposiciones reglamentarias de lo dispuesto en el artículo 156º sobre las condiciones del destino del monto para el funcionamiento de las asociaciones de consumidores;
Que, por tanto, corresponde aprobar el reglamento de lo dispuesto en el articulo 156º de la ley Nº 29571- Código de Protección y Defensa del Consumidor sobre las condiciones del destino del monto para el funcionamiento de las asociaciones de consumidores;
De conformidad con el numeral 8) del articulo 118º

DECRETA:

ARTICULO 1.-APROBACION DEL REGLAMENTO:
Apruébese el Reglamento sobre condiciones del destino del monto para el funcionamiento de las asociaciones de consumidores a que hace referencia el articulo 156º de la Ley Nº 29571, Código de PROTECCION Y Defensa del Consumidor, el cual forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

ARTICULO 2.- PUBLICACION:
El presente Decreto Supremo y el Reglamento deberán ser publicados en el Diario Oficial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en el Portal de la Presidencia del Consejo Ministros (www.pcm.gob.pe) y en el Portal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (www.Indecopi.gob.com).
ARTICULO 3º.- REFRENDO
El presente Decreto Supremo sera refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministerios.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de abril del año dos mil once.

ALAN GARCIA PEREZ
Presidente Constitucional de la Republica

ROSARIO DEL PILAR FERNANDEZ FIGUEROA
Presidenta del consejo de Ministros y Ministra de Justicia

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES DEL DESTINO DEL MONTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.

ARTICULO 1.- OBJETO
El objeto del presente Reglamento es establecer condiciones de uso del monto no mayor del cinco por ciento (5%) del total que se entrega a las asociaciones de consumidores de las multas administrativas impuestas en los procedimientos promovidos por estas.

ARTICULO 2.- CONDICIONES:
Las condiciones de uso del monto no mayor del cinco por ciento (5%) del total que se entrega a las asociaciones de consumidores de las multas administrativas impuestas en los procedimientos promovidos por estas, son las siguientes:
a. Puede ser utilizado para solventar los gastos relativas a las condiciones propias de información y presentación los consumidores y usuarios.
b. Puede ser utilizado para solventar gastos corrientes. No puede destinarse mas de treinta por ciento (30%) de la suma percibida en pago de sueldo y salarios.
c. El convenio de cooperación institucional al que hace referencia el numeral 156.1 del articulo 156º del Código de Protección del consumidor establecerá con presicion el uso que la asociación de consumidores dará al monto no mayor del cinco (5%) del porcentaje que se acuerde entregarle.
Para tal efecto la resolución del Consejo Directivo del INDECOPI al que hace referencia el numeral 156.4 del articulo 156º del Código de Protección y Defensa del Consumidores deberá contemplar entre los requisitos para la celebración de los convenios, la documentación que sustente el uso que la asociación de consumidores dará al monto no mayor del cinco (5%) del porcentaje que se acuerde entregarle.

ARTICULO 3º.- supervisión del DESTINO DE LOS RECURSOS .

3.1º. Para efectos de la supervisión a que alude el numeral 156.3 del artículo 156º del Código de Protección y Defensa del Consumidor deberán remitir con la periodicidad que la controlaría General de la Republica establezca, con copia al INDECOPI, el sustento documentado del uso de los recursos que se les hubiere entregado en virtud de lo dispuesto por dicho artículo.

3.2. Una vez determinada por la contraloría General de la Republica el incumplimiento de las asociaciones de consumidores de la obligación de destinar los fondos públicos entregados por conceptos de multas para una finalidad distinta a la asignada, conforme a las condiciones establecidas en el código de Protección y Defensa del Consumidor, el presente Reglamento y el Convenio suscrito, da lugar al inicio del procedimiento sancionador respectivo y la sanción se aplicara sin perjuicio de las consecuencias derivadas de la acción de control correspondiente.
3.3. El INDECOPI, en caso de advertir alguna irregularidad en el uso de los fondos públicos, deberá remitir la información y documentación correspondiente a la Contraloría General de la Republica para el ejercicio de la acción de control respectiva.
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abril 19, 2011

Fidel Castro confirmó renuncia a dirección del Partido Comunista Cubano

Categoría: DERECHO POLITICO — gcornejo @ 01:19 — Visto: 156 veces
Fidel Castro confirmó renuncia a dirección del Partido Comunista Cubano


El ex presidente votó para elegir al nuevo comité central en su calidad de delegado al cónclave comunista

Martes 19 de abril de 2011

(Reuters)
La Habana (EFE). El ex presidente de Cuba Fidel Castro ha renunciado a la dirección del Partido Comunista Cubano (PCC), en el que no desea ocupar cargo alguno, según ha confirmado él mismo.

“Raúl conocía que yo no aceptaría cargo alguno en el Partido”, afirma Castro, de 84 años, en alusión a su hermano y actual presidente cubano en un texto divulgado por la web Cubadebate, uno de los medios en los que Fidel suele publicar sus reflexiones.

Fidel, primer secretario del partido (máximo cargo de la organización) desde su fundación en 1965, había cedido la dirección a su hermano en 2006 por motivos de salud. “Él (Raúl Castro) había sido siempre quien me calificaba de Primer Secretario y Comandante en Jefe, funciones que como se conoce delegué en la Proclama señalada cuando enfermé gravemente. Nunca intenté ni podía físicamente ejercerlas, aun cuando había recuperado considerablemente la capacidad de analizar y escribir”, añade Fidel.

El ex presidente explica que sugirió a su hermano que no se excluyera de la lista de candidatos al Comité Central a “algunos compañeros que, ya por sus años o su salud, no podrían prestar muchos servicios al Partido”. “Y añadí que lo más importante es que yo no apareciera en esa lista”, asegura.

En su nueva “Reflexión”, Fidel Castro explica que, aunque no asistió al Congreso comunista, ejerció su derecho al voto para elegir al nuevo comité central en su calidad de delegado al cónclave comunista.

COMITÉ CENTRAL FUE ELEGIDO AYER
El Comité Central del PCC elegido ayer, lunes, celebrará hoy su primera reunión para elegir a la cúpula de la organización: su buró político y su secretariado. Se espera que Fidel sea sustituido por su hermano Raúl en la primera secretaría del partido.

Estas decisiones se darán a conocer en la sesión de clausura del VI Congreso del PCC que se celebrará este martes a las 10.00 hora local (15.00 GMT) y que será transmitida en directo por la televisión y radio cubanas.

En su artículo de hoy, Fidel Castro se refiere también al informe central que su hermano, el presidente Raúl, presentó en la inauguración del Congreso comunista y dice que uno de los puntos que más le interesó fue la propuesta de limitar los mandatos de los principales cargos políticos y estatales a un máximo de diez años. “Me agradó la idea; era un tema sobre el que yo había meditado mucho”, indica Fidel Castro, de 84 años y que estuvo al frente de Cuba durante 49 años y 55 días.

También confiesa que él no se preocupó “realmente nunca” por el tiempo que estaría ejerciendo el papel de presidente del Estado y del Gobierno y de primer secretario del partido.

fuente: EL COMERCIO PERU
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abril 19, 2011

Exige Comisión Interamericana de Derechos Humanos aclarar masacre de San Fernando Imprimir

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 10:58 — Visto: 172 veces
Exige Comisión Interamericana de Derechos Humanos aclarar masacre de San Fernando
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Por: El Universal
Washington, D.C. / Abril 19.-
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el multihomicidio de 145 personas cuyos cuerpos han sido exhumados de fosas clandestinas en Tamaulipas y lamentó el hecho de que este nuevo episodio se produzca a menos de un año del crimen perpetrado contra 72 migrantes centroamericanos.
“La comisión insta al Estado mexicano a esclarecer lo ocurrido, identificar a las víctimas y sancionar a los responsables, así como a adoptar en forma urgente las medidas necesarias, a fin de evitar que estos hechos sigan repitiéndose”, afirmó la CIDH mediante un comunicado distribuido después de que las autoridades mexicanas dieran a conocer la detención de Martín Omar Estrada Luna “El Kilo”, presunto jefe de plaza de “Los Zetas” y a quien se considera como el autor intelectual del asesinato de 217 personas en San Fernando, Tamaulipas.
“La CIDH insta a sancionar a los responsables materiales e intelectuales, ya sea que se trate de delincuencia organizada o de agentes del Estado en colusión con ésta”, aseguró el organismo de la OEA encargado de velar por el respeto a los derechos humanos en el hemisferio.
La CIDH se remite a los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en los que se advierte que Tamaulipas se ha convertido en “uno de los estados con mayor número de víctimas” relacionadas con secuestros, desapariciones, tortura, violaciones.
Según el informe especial de la CNDH, en México se registraron 11 mil 333 secuestros de migrantes entre abril y septiembre de 2010.
“La Comisión Interamericana hace un llamado al Estado mexicano a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para proteger a todos los migrantes en su territorio y garantizar el respeto absoluto a sus derechos humanos”, insistió al hacer eco de la condena internacional por los multihomicidios perpetrados en Tamaulipas.
En un comunicado paralelo, la oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA) consideró que resulta “indignante que el secuestro, la desaparición y la muerte de tantos migrantes y de otras personas pueda ocurrir con pleno conocimiento y colusión de algunos miembros de la policía.

FUENTE: LA CRONICA MEXICO
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abril 19, 2011

D.S. Nº 031-2011-PCM REGLAMENTO SOBRE DESIGNACION DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES Y GREMIOS PARA EL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR

Categoría: DERECHO DEL CONSUMIDOR — gcornejo @ 10:39 — Visto: 337 veces
Reglamento que establece los mecanismos para la propuesta y designación de los representantes de las entidades y gremios que integran el Consejo Nacional de Protección del Consumidor


DECRETO SUPREMO Nº 031-2011-PCM
REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS MECANISMOS PARA LA PROPUESTA Y DESIGNACIÓN DE
LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES Y GREMIOS QUE INTEGRAN EL CONSEJO NACIONAL
DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
Artículo 1.- Objeto.
El objeto del presente Reglamento es establecer los mecanismos para la propuesta y designación de los
representantes de las entidades y gremios que integran el Consejo Nacional de Protección del Consumidor,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 133º de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del
Consumidor.
Artículo 2.- Requisitos para ser integrante del Consejo Nacional de Protección del Consumidor
Para ser integrante del Consejo Nacional de Protección del Consumidor se requiere tener pleno ejercicio de
los derechos civiles.
Artículo 3.- Propuesta y designación de integrantes.
3.1. Los integrantes del Consejo Nacional de Protección del Consumidor son designados mediante
resolución ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros a propuesta de las entidades y
gremios que conforman dicho Consejo Nacional.
3.2. El representante del INDECOPI preside el Consejo Nacional de Protección del Consumidor, y es
propuesto por su Consejo Directivo mediante comunicación dirigida a la Presidencia del Consejo de
Ministros.
3.3. Los representantes de las demás entidades y gremios que integran el Consejo Nacional de
Protección del Consumidor, con excepción de la Defensoría del Pueblo, son propuestos por éstos a
la presidencia del Consejo de Ministros para la verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 2º del presente Reglamento y la expedición de la resolución ministerial correspondiente.
3.4. El representante de la Defensoría del Pueblo es designado por resolución de su titular.
3.5. A solicitud de la entidad o gremio que propuso la designación, la Presidencia del Consejo de
Ministros podrá dar por concluida la misma.
Artículo 4.- Mecanismos especiales para la propuesta de representantes.
4.1. El representante de los gobiernos regionales y el de los gobiernos locales es propuesto por la
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y por la Asociación de Municipalidades del Perú,
respectivamente, siguiendo los mecanismos previstos en sus respectivas normas internas.
4.2 El representante de los organismos reguladores de los servicios públicos es propuesto por acurdo
de los titulares de dichos organismos, adoptado con el voto de la mayoría de los titulares.
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abril 19, 2011

DECRETO SUPREMO Nº 030-2011-PCM REGLAMENTO DE PROCESOS JUDICIALES PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES COLECTIVOS DE LOS CONSUMIDORES

Categoría: DERECHO DEL CONSUMIDOR — gcornejo @ 10:32 — Visto: 508 veces
Reglamento de Procesos Judiciales para la Defensa de los Intereses Colectivos de los Consumidores y el Fondo Especial para Financiamiento y Difusión de Derechos de los Consumidores

DECRETO SUPREMO Nº 030-2011-PCM
REGLAMENTO DE PROCESOS JUDICIALES PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES COLECTIVOS
DE LOS CONSUMIDORES Y EL FONDO ESPECIAL CREADO POR EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY Nº
29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR



Artículo 1.- Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las reglas aplicables a:
- La participación de las asociaciones de consumidores en los procesos judiciales para la defensa de
los intereses colectivos de los consumidores.
- La adecuada distribución entre los consumidores de los montos obtenidos por indemnización por el
INDECOPI o por una Asociación de Consumidores en el marco de procesos judiciales para la
defensa de los intereses colectivos de los consumidores.
- La adecuada ejecución de las obligaciones no dinerarias obtenidas en los procesos judiciales para
la defensa de los intereses colectivos de los consumidores.
- El adecuado uso del fondo especial para el financiamiento y difusión de los derechos de los
consumidores y del sistema de patrocinio de intereses de los consumidores.
Artículo 2.- Participación de las Asociaciones de Consumidores en los procesos judiciales para la
defensa de los intereses colectivos de los consumidores.
2.1. Las Asociaciones de Consumidores podrán promover procesos judiciales en defensa de los
intereses colectivos de los consumidores siempre que el INDECOPI, previo acuerdo de su Consejo
Directivo, les delegue tal facultad.
2.2. La delegación que efectúe el INDECOPI se realizará de oficio o a solicitud de cualquier asociación
en cada caso en particular, y debe sustentarse en una evaluación que tenga en cuenta los
siguientes aspectos:
a. La representatividad y trayectoria de la asociación de consumidores; y
b. El precedente administrativo del caso materia de delegación a fin de verificar si la solicitante
es la asociación de consumidores cuya denuncia en sede administrativa resulta ser materia
del proceso judicial.
2.3. La transcripción del acta de la parte pertinente de la sesión del Consejo Directivo del INDECOPI en
el que se acordó la delegación será en conocimiento de la respectiva asociación de consumidores.
Dicho documento servirá para acreditar la legitimidad para obrar de dicha asociación ante el órgano
jurisdiccional correspondiente.
2.4. La demanda que presente la asociación de consumidores deberá además cumplir con los requisitos
previstos en los artículos 424º y 425º del Código Procesal Civil, a efectos de su admisión.
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abril 19, 2011

Reglamento del Registro de Infracciones y Sanciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor

Categoría: DERECHO DEL CONSUMIDOR — gcornejo @ 10:26 — Visto: 555 veces
Reglamento del Registro de Infracciones y Sanciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor



DECRETO SUPREMO Nº 029-2011-PCM

REGLAMENTO DEL REGISTRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES AL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y
DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 1.- Objeto.
Las infracciones y sanciones a la Ley Nº 29751, Código de Protección y Defensa del Consumidor serán
consignadas en el Registro de Infracciones y Sanciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor,
conforme a lo previsto en el artículo 119º de dicho código.
Artículo 2.- Implementación y Publicación.
El Registro de Infracciones y Sanciones se implementará a través de un aplicativo informático y será
publicado en el Portal Institucional del INDECOPI, a efectos de viabilizar que la información sea de acceso
público y gratuito.
Artículo 3.- Designación del Responsable.
Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI se designará al responsable de la
publicación del Registro de Infracciones y Sanciones.
Sin perjuicio de dicha designación, los correspondientes órganos resolutivos del INDECOPI deberán
proporcionar la información al responsable de la publicación y actualización del Registro de Infracciones y
Sanciones, relativa a los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede
administrativa, por infracciones a las disposiciones previstas en el Código de Protección y Defensa del
Consumidor.
Para tal efecto, el órgano resolutivo al que le corresponde proporcionar la información actualizada sobre los
proveedores sancionados es aquél es aquel ante el que la respectiva resolución de sanción adquiere el
carácter de firme en sede administrativa.
Artículo 4.- Contenido del Registro.
El Registro de Infracciones y Sanciones debe contener, como mínimo, la siguiente información:
a) Nombre, razón o denominación social del proveedor sancionado.
b) Nombre comercial del proveedor sancionado.
c) Número de Documento de Identidad o número de RUC del proveedor sancionado.
d) Sector Económico.
e) Materia.
f) Número y fecha de la resolución firme que impuso o confirmó la sanción.
g) Tipo de sanción y monto en caso de multa.
h) Hecho infractor. Reglamento del Registro de Infracciones y Sanciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor
Artículo 5.- Período de Publicación.
Los proveedores sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente
registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.
Artículo 6.- Implementación del Registro de Infracciones y Sanciones
El INDECOPI contará con un plazo de treinta (30) días hábiles para la implementación del Registro de
Infracciones y Sanciones contado a partir del día siguiente de la publicación del presente Reglamento.
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abril 19, 2011

CONDENAN A CADENA PERPETUA VIOLADOR DE MENOR DE EDAD

Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 10:21 — Visto: 227 veces
Fiscalía de Tumbes logra cadena perpetua para violador de un menor



Penal de Tumbes donde cumple condena el violador de un menor. Foto: ANDINA/Internet.
Tumbes, abr. 17 (ANDINA). La Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Tumbes logró que se emita sentencia de cadena perpetua a Erikson Augusto Gamboa Paucar, de 21 años, por el delito de violación sexual contra un menor de 10 años, revocando de esta maneta la pena inicial de 25 años de prisión.

Los jueces integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Sonia Torre, Luis Cerrón y Carlos Coral, emitieron sentencia tras la apelación de sentencia presentada por el fiscal adjunto provincial Donald Rodríguez Sánchez.

El hecho materia de condena ocurrió en el mes de diciembre de 2009, cuando el menor agraviado J.Q.C (10) se encontraba buscando a su profesor de matemáticas para requerir ayuda en esa materia.

Sin embargo al no encontrar al profesor, el hoy sentenciado, Gamboa Paucar, se ofreció a enseñarle al niño, quien era su vecino.

De acuerdo con lo narrado por el menor, el acusado ingresó a la vivienda ubicada a cuatro casas de su domicilio, donde lo ultrajó contra natura, repitiéndose dicho abuso hasta en diez ocasiones.

El condenable acto ocurrió desde el 25 de diciembre del 2009, llegando a tener conocimiento el progenitor del agraviado en enero del 2010, tras confesarle su hijo la terrible experiencia que de manera persistente había sufrido.

(FIN) NDP/LIT


(AND354005) Fecha: 17/04/2011
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abril 19, 2011

NULA RESOLUCION JUDICIAL POR INCORRECTA FUNDAMENTACION DE LAS REGLAS DE CONDUCTA: SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONALN

Categoría: JURISPRUDENCIA TC — gcornejo @ 10:16 — Visto: 730 veces

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 2262-2004-HC/TC
TUMBES
CARLOS LAUREANO
RAMÍREZ DE LAMA
En Lima, a los 17 días del mes de octubre de 2005, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular discrepante, adjunto, del magistrado Vergara Gotelli
I. ASUNTO
Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Laureano Ramírez de Lama contra la sentencia de la Sala Penal de la Corte Superior de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de fojas 105, su fecha 12 de abril de 2004, que declara improcedente la acción de hábeas corpus de autos.
II. ANTECEDENTES
a. Demanda
Con fecha 9 de marzo de 2004, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el magistrado Carlos Eugenio Bendezú Díaz, de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, alegando que, mediante Resolución de fecha 3 de marzo de 2004, el demandado le prohíbe que se abstenga de declarar y que propale comentarios sobre el desarrollo del proceso N.° 27-04, que se le sigue por el delito de cohecho en agravio del Estado, con lo cual vulnera sus derechos constitucionales a no ser violentado para obtener declaraciones, a no ser compelido a declarar en causa penal contra sí mismo, a ser asistido por abogado defensor de su elección y al debido proceso.
Manifiesta que la Sala Superior revocó el mandato de detención y lo varió a uno de comparecencia con ciertas reglas de conducta, mediante Resolución N. º 1 de fecha 23 de febrero de 2004, y que el magistrado sustanciador consideró pertinente ampliar el auto de apertura de instrucción agregándole una nueva regla, la misma que se consigna de forma contradictoria en la resolución respectiva. De un lado, se le impide hacer comentarios periodísticos, radiales o televisivos sobre hechos del proceso y de la materia de juzgamiento; y, de otro, se le prohíbe que se abstenga de propalar tales versiones. Agrega que la última regla impuesta vulnera su derecho relativo a las declaraciones.
Además, alega que no se permitió a sus abogados tener acceso al expediente, afectándose también su derecho a la defensa.
b. Declaración del Vocal Superior demandado
Con fecha 10 de marzo de 2004, el juzgador toma la declaración del demandado. Este niega rotundamente que haya coaccionado u obligado al demandante a realizar algún tipo de manifestación pública, y menos aún a reconocer su culpabilidad.
c. Resolución de primera instancia
Con fecha 10 de marzo de 2004, el Juzgado Mixto de Zarumilla declaró improcedente la demanda, por estimar que la resolución cuestionada fue emitida en un proceso regular, quedando expedito el derecho del demandante de interponer el recurso judicial que le corresponda.
d. Resolución de segunda instancia
Con fecha 12 de abril de 2004, la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tumbes
confirma la apelada, reafirmando que el proceso fue realizado de manera regular y no se
apreciaba, por tanto, vulneración alguna del derecho a la defensa del recurrente.
III. CUESTIONES PRELIMINARES
A. DATOS GENERALES
à Daño constitucional invocado
La presente demanda fue interpuesta por don Carlos Laureano Ramírez de Lama contra
el magistrado Carlos Bendezú Ríos.
El acto lesivo denunciado se atribuye a la resolución de fecha 3 de marzo de 2004,
mediante la cual el magistrado emplazado pretendió, por una parte, obligar a declarar al
demandante y, por otra, a que se abstenga de propalar comentarios del proceso 27-04,
seguido ante la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tumbes.
à Reclamación constitucional
El demandante alega la afectación de los derechos constitucionales a no ser violentado para obtener declaraciones (artículo 2º, inciso 24, acápite h ), a no ser compelido a declarar en causa penal contra sí mismo (artículo 2º, inciso 24, acápite b), a ser asistido por abogado defensor de su elección (artículo 139º, inciso 14 ) y al debido proceso (artículo 139º, inciso 3).
El demandante solicita lo siguiente:
- Que se declare nula la resolución del 3 de marzo de 2004.
- Que se declaren nulas todas las diligencias y actos procesales derivados y subsecuentes.
- Que se ordene que el demandado se inhiba por decoro de conocer cualquier caso
en que el demandante sea parte.
B. MATERIAS CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTES
En atención a la importancia de los temas a ser tratados en la presente sentencia, se
procederá a analizar su naturaleza e implicancias desde una perspectiva general y con
vocación vinculante. Por tal motivo, la sentencia deberá esclarecer lo siguiente:
􀂃 ¿Es posible la protección de los derechos fundamentales a la información y a la
expresión a través del Hábeas Corpus, teniendo en cuenta que estos derechos
clásicamente son salvaguardados a través del Amparo?
􀂃 ¿De qué forma una medida restrictiva a los derechos comunicativos puede terminar
afectando la libertad personal? En tal sentido:
− ¿Cuál es la relación entre los derechos comunicativos y la libertad personal
que permita su tutela a través del Hábeas Corpus?
− ¿Qué significa la reserva del proceso en la etapa instructiva?
− ¿Tal medida judicial puede terminar afectando la proscripción de la censura previa?
− ¿Se debe aplicar el principio de proporcionalidad en la medida restrictiva?
􀂃 ¿Existe vulneración al debido proceso del demandante si es que éste careció de la asistencia adecuada de un abogado defensor?
IV. FUNDAMENTOS
1. Aplicación de las normas procesales al caso concreto
Como bien se ha señalado, el proceso constitucional previsto por nuestro ordenamiento jurídico como procedente para la tutela de la libertad frente a la privación arbitraria o ilegal de la libertad física por mandato judicial, es el hábeas corpus reparador, cuyo efecto es reponer las cosas al estado anterior a la violación del derecho, tal como lo expresa el artículo 1° del Código Procesal Constitucional.
En tal sentido, su objeto es la tutela de derechos fundamentales y, en consecuencia, si se afectase la situación jurídica del demandante, ésta se repondrá al estado anterior al auto de ampliación de instrucción.
2. Los límites a la aplicación inmediata del Código Procesal Constitucional
Al respecto, es necesario determinar cuál es la norma procesal aplicable al presente caso.
Según la Segunda Disposición Final del Código Procesal Constitucional, que rige desde el 1 de diciembre del año 2004, (...) las normas procesales previstas por el presente Código son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado.
Teniendo en cuenta tal prescripción, al presente caso deben aplicarse las disposiciones
de la Ley N.° 23506 por ser el Código Procesal Constitucional más gravoso para la persona,
al incluir nuevos supuestos que afectarían los derechos fundamentales invocados, sobre todo el que se refiere a la resolución judicial que puede ser recurrida, según lo establece el artículo 4° del Código Procesal Constitucional: El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva.
Como en el presente caso no existe resolución judicial firme, es preferible aplicar, como ya se señaló, la Ley N.° 23506.
A. LA POSIBILIDAD DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COMUNICATIVOS A
TRAVÉS DEL HÁBEAS CORPUS
3. El Hábeas Corpus y la protección de la libertad personal
La protección de los derechos comunicativos se encuentra claramente prevista por el proceso constitucional de amparo. Según el artículo 37° del Código Procesal Constitucional, (...) el amparo procede en defensa de los siguientes derechos: (...) 3) De información, opinión y expresión.
Es decir, la tutela de estos derechos se realiza a través del Amparo. Sin embargo, en el
presente caso, debido a que la cuestión central del problema está relacionada con la libertad
personal, este Colegiado debe declararse competente para resolver este proceso.
De acuerdo con reiterada jurisprudencia de este Tribunal, el proceso constitucional
central del ordenamiento jurídico es el Hábeas Corpus; la propia Constitución, en su artículo
200°, inciso 2, ha señalado, con respecto al Amparo, que éste procede contra la vulneración
o amenaza (...) de los demás derechos reconocidos en la Constitución, con excepción de los
derechos previstos en el inciso anterior, el cual se refiere al Hábeas Corpus. El Amparo
aparece como un proceso constitucional residual. Cabe, entonces, preguntarse cuál es la
base para la presentación de un Hábeas Corpus. Será, sin duda, la protección de la libertad
personal o derechos conexos, según el artículo 200°, inciso 1 de la Constitución.
4. Los derechos comunicativos son derechos conexos a la libertad personal?
En el presente caso, se solicita la protección de los derechos comunicativos a través de un Hábeas Corpus porque tal salvaguarda cautela directamente la libertad personal del recurrente.
Con el Hábeas Corpus se protege un núcleo duro de derechos relacionados con la libertad personal. Entonces, siempre y cuando exista conexión de los hechos referidos en la demanda con tal derecho, será pertinente que se realice la protección constitucional a través de este tipo de proceso1.
Tal como queda señalado en la variación del mandato de detención por el de
comparecencia, que posteriormente fue ampliado por el demandado, en cuanto a las reglas
de conducta impuestas, se indica que todo bajo apercibimiento de revocarse la medida
coercitiva comparecencia dictada en su contra2.
En consecuencia, este Colegiado no se encuentra ante un supuesto típico de suplencia de queja.
5. La capacidad del Hábeas Corpus para proteger los derechos comunicativos
Entonces, es procedente analizar la supuesta vulneración de los derechos
comunicativos, puesto que, en caso de que ésta se compruebe, se estaría violentando una
de las reglas de conducta impuestas al demandante y, por lo tanto, se variaría su mandato
de comparecencia por el de detención.
Debe quedar claro que los derechos comunicativos no se convierten en derechos conexos a la libertad personal per se, sino que en el caso concreto existe un nivel de conexidad tal que, en el fondo, a través de este proceso, se está protegiendo el derecho fundamental a la libertad personal.
B. LA ADUCIDA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS COMUNICATIVOS Y SUS CONSECUENCIAS RESPECTO A LA LIBERTAD PERSONAL
6. El alegato de supuesta vulneración del derecho de libertad
Tal como se ha presentado el caso, el hecho principal a dilucidar es si un acto
relacionado con los derechos comunicativos, como es la declaración en la parte instructiva
del proceso, puede ser limitado mediante una regla de conducta que condicione el mandato
de comparecencia, que, en caso de ser incumplido, amerite la variación a un mandato de detención.
§1. Relación entre derechos comunicativos y libertad personal
7. El sustento de la supuesta afectación
A juicio de este Colegiado, el origen de este proceso constitucional se encuentra en una
resolución emitida por el demandado que determina lo siguiente:
“AUTOS Y VISTOS:
Que aparece del proceso, que el inculpado Carlos Laureano Ramírez de Lama se
le ha variado el mandato de detención por el de Comparecencia Restringida.
Que el artículo setentitrés del Código de Procedimientos Penales establece el
carácter reservado de la instrucción y estando a que el inculpado viene incoando
y/o propagando por medios de difusión una serie de adjetivos incalificables contra
los Magistrados del Poder Judicial que hace necesario que se le aplique reglas
de conducta en garantía del debido proceso sin recortársele el Derecho de la
Defensa, dentro del proceso al instruido, Siendo así,
SE RESUELVE:
Ampliar el auto apertorio de instrucción en lo referente a las reglas de conducta,
fijándose lo siguiente:
PRIMERO: Queda terminantemente prohibido hacer comentarios periodísticos,
radiales o televisivos sobre hechos del proceso y de la materia del juzgamiento
(...).
TERCERO: Prohibírsele que en forma directa o indirecta se abstenga de propalar
versiones o comentarios del desarrollo del proceso”3.
El demandante alega que la afectación de sus derechos constitucionales se produce
porque se le obliga a declarar. Sin embargo, contradiciendo su principal argumento,
posteriormente aduce que lo que se le está prescribiendo es un imposible jurídico: (...) como
se puede colegir, el Magistrado Sustanciador Dr. Bendezú, por un lado, conminativamente
me prohíbe que declare, y acto seguido, me compele a declarar, con lo cual ha ordenado un
imposible de cumplir4.
8. El iura novit curia constitucional
Pese a que no se ha criticado la validez de la restricción de los derechos comunicativos
como pretensión del presente Hábeas Corpus, en tanto posibilita la variación del mandato
de comparecencia por el de detención, en la presente sentencia se analizará tal aspecto
para mejor resolver.
Este Colegiado ya ha señalado, en el fundamento 4 de la sentencia recaída en el
Expediente N.° 0905-2001-AA/TC, que el ámbito contradictorio del proceso y la congruencia
de la sentencia no se ven afectados por el hecho de que el juez constitucional se pronuncie
por un derecho subjetivo no alegado por la demandante, pues una de las particularidades de
la aplicación del iura novit curia en este proceso constitucional es que la obligación del
juzgador de aplicar correctamente el derecho objetivo involucra, simultáneamente, la
correcta adecuación del derecho subjetivo reconocido en aquel.
Por tanto, consideramos pertinente analizar si a través de un mandato de comparecencia
se puede incluir una regla de conducta que puede terminar afectando la proscripción
constitucional de la censura previa.
9. La supuesta obligación de declarar
Según el demandante, la resolución judicial materia de la presente demanda constituye
un imposible jurídico ya que, de un lado, lo obliga a declarar y, de otro, le prohíbe hacerlo.
En cuanto a este mandato abstencionista, alega que (...) se me prohíbe de abstenerme, es
decir, que se me impone la obligación de propalar versiones, lo cual resulta ilógico e ilegal,
pues nadie puede ser compelido ni obligado a declarar5.
Tal mandato también afectaría derechos como el de no ser violentado a declarar y de ser
compelido a declarar contra sí mismo. En efecto, nadie está obligado a hacer lo que la ley
no manda, ni está impedido de hacer lo que ella no prohíbe, según el artículo 2°, inciso 4, de
la Constitución.
Por su parte, el demandado refiere que (...) hasta la fecha no se ha recibido la
declaración instructiva del denunciante, y que en ningún momento ha coaccionado u
obligado a dicha persona para verter algún tipo de declaración en la causa penal que se le
sigue, por el delito de Corrupción de Funcionario, la misma que está a cargo del deponente
como vocal instructor6.
10. El mensaje y la obligación de declarar
En primer lugar, debe definirse cuál es la obligación impuesta al demandante a través de
la resolución mencionada. Sólo así será posible dilucidar la supuesta vulneración invocada.
¿Qué es lo que intentó señalar el juzgador cuando redactó, respecto al recurrente, el
mandato de “prohibírsele que en forma directa o indirecta se abstenga de propalar versiones
o comentarios del desarrollo del proceso”? Para responder a tal interrogante, consideramos
que se debe examinar un mensaje informativo o de opinión a través de cinco elementos: el
contexto, ya sea lingüístico (el texto completo) o extralingüístico (situación7); el modo en que
se presenta; el lenguaje técnico, las ambigüedades -o doble sentido-, y las inferencias.
11. Inexistencia de la obligación de declarar
El abuso verbal o hipérbole se produce cuando el contexto deshace el contenido que se
trata de dar al discurso8, tal como está sucediendo en el caso. Si bien el juez ha dispuesto
una “prohibición de abstenerse” esto no significa que se esté obligando a declarar, como lo
ha venido señalando el demandante. De los considerandos de la resolución se aprecia que
el accionante ha estado declarando excesivamente a los medios; por otro lado, se dispone
expresamente la interdicción de emitir opiniones, de lo cual se concluye que la “prohibición
de abstenerse” ha sido un error de redacción del juzgador, al no presentarse como un
mandato positivo de exigencia.
En tal sentido, se debe declarar infundada la demanda respecto al alegato de no ser
violentado para obtener declaraciones y no ser compelido a declarar contra sí mismo. Sin
embargo, resta dilucidar si la prohibición de declarar puede ser constitucionalmente
aceptable.
§2. Afectación a la proscripción de la censura previa
12. El control previo del discurso como medio de protección del secreto
sumarial
Cuando se determina una restricción de la libertad personal a través de una regla de
conducta del mandato de comparecencia, puede establecerse un control previo del discurso
que va a ser emitido por las partes en el proceso penal.
En el caso concreto, se impide al demandante realizar comentarios referidos a los
hechos que son materia del juzgamiento. Para determinar la viabilidad de esta restricción es
necesario analizarla a la luz de la proscripción de la censura previa en el ordenamiento
nacional, en el marco de los derechos fundamentales a la expresión y a la información,
establecidos en el artículo 2°, inciso 4, de la Constitución.
13. La expresión y la información como derechos fundamentales
Si bien la Constitución señala en su artículo 2°, inciso 4, la existencia de (...) las
libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento (...), en realidad,
existen solamente dos derechos fundamentales en juego: a la expresión y a la información,
pues el derecho a la opinión solo es el bien jurídico tutelado de la expresión; y el derecho a
la difusión del pensamiento, un grado superlativo en que la comunicación puede llegar al
público. Respecto a la información, esta se refiere a la capacidad de emitir y recibir las
noticias veraces, completas y asequibles, en la medida en que su objeto son los hechos, los
mismos que pueden ser comprobables.
Respecto a la expresión, esta se refiere a la capacidad de recibir los puntos de vista
personales del emisor, que en tanto son opinables, requieren un carácter básico de
congruencia entre lo que se busca señalar y lo que finalmente se declara públicamente.
Además, ambos derechos tienen un sólido sustento democrático, e incluso se han
propuesto garantías para que la injerencia a su ejercicio sea lo más limitada posible. De ello
se sigue la imposibilidad de control o censura previa sobre ellos.
En tal sentido, este Colegiado ha precisado, como parte del fundamento 15 de la
sentencia emitida en el Expediente N.° 0905-2001-AA/TC, Caso Caja Rural de Ahorro y
Crédito de San Martín, que (...) como consecuencia del ejercicio de las libertades
informativas, se transgreden otros derechos constitucionales, como los derechos al honor o
a la buena reputación, su tutela no puede significar que, con carácter preventivo, se impida
que un medio de comunicación social, cualquiera que sea su naturaleza, pueda propalar la
información que se considera como lesiva, pues ello supondría vaciar de contenido a la
cláusula que prohíbe la censura previa, la que proscribe el impedimento del ejercicio de
tales libertades y, con ellos, la condición de garantía institucional de las libertades
informativas como sustento de un régimen constitucional basado en el pluralismo.
14. El sentido constitucional del control previo del discurso
La norma constitucional es lo suficientemente clara e inequívoca: se encuentra proscrito
todo tipo de censura previa al contenido de un discurso. El ejercicio de los derechos a la
expresión y a la información se realiza de acuerdo con el artículo 2°, inciso 4, de la
Constitución (...)sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos”.
Según el artículo 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cualquier
derecho de comunicación del discurso (...) no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores,
Sobre la base de las normas del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos, la Corte Interamericana ha expresado, en el párrafo 38 de la Opinión Consultiva
OC-5/85, Colegiación Obligatoria de Periodistas, que la prohibición de la censura previa, la
cual es siempre incompatible con la plena vigencia de los derechos enumerados por el
artículo 13, salvo las excepciones contempladas en el inciso 4, referentes a espectáculos
públicos, incluso si se trata supuestamente de prevenir por ese medio un abuso eventual de
la libertad de expresión. En esta materia toda medida preventiva significa, inevitablemente,
el menoscabo de la libertad garantizada por la Convención9.
De otro lado, la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, en el
Informe sobre Nicaragua-1981, considera que la irrestricta posibilidad de vigilar opiniones e
informaciones (...) puede dar origen a serios abusos al poderse interpretar por las
autoridades que cualquier crítica al Gobierno se encuentre prohibida.
15. La censura previa y la Administración
La Constitución recoge tres acepciones para definir de manera genérica la censura
previa prohibida. No obstante, es preciso puntualizar cada una de ellas para entender su
dimensión y sentido. La autorización previa consiste en solicitar permiso a alguna autoridad
para ejercer el derecho, la cual podría no concederlo sin mediar razón alguna. La censura
previa propiamente dicha se presenta en la revisión de aquello que se va a informar, opinar,
expresar o difundir, con la opción del veto. El impedimento previo se refiere a la
implementación de algún obstáculo o prohibición para ejercer estos derechos. ¿Qué se
protege contra tales impedimentos? Lo que se evita es que exista cualquier tipo de examen
administrativo, político o económico del discurso.
De la jurisprudencia nacional se extrae el caso de la Municipalidad de Lima
Metropolitana contra los cines Teatro Colón y República, a los cuales pretendía clausurar
invocando la protección de la moral y las buenas costumbres del vecindario, declarando la
Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de
Lima, en la Resolución N.° 922, Expediente 1003-98, del 9 de octubre de 1998, fundado el
Amparo interpuesto por las empresas Cines y Servicios S.A. y Multifilms S.A. En similar
sentido resolvió este Colegiado en la sentencia del Expediente N.° 57-95-AA/TC, Caso
Editora Sport S.A., cuando la Municipalidad de Lince emitió una ordenanza que impedía la
exhibición externa de fotos de contenido morboso en los kioscos y puestos de venta de
periódicos y revistas.
16. El control judicial previo como método de censura previa
Lo precedentemente expuesto cambia definitivamente de contenido si es que el pedido
de control lo realiza un órgano jurisdiccional, tal como sucede con la resolución emitida por
el demandado que pretende controlar el discurso del demandado. Al respecto, en el
Derecho Comparado se ha convenido en que la proscripción de la censura previa no incluye
la “revisión anticipada judicial” de un caso referido a los derechos al honor y al vida privada.
Sin embargo, la norma constitucional reconoce el verdadero contenido de la información
y la expresión como formador de opinión pública libre y presupuesto de la configuración del
Estado como Democrático de Derecho. Según lo señalado en el Tribunal Constitucional en
el fundamento 2 de la Sentencia del Expediente 829-98-AA/TC, Caso Alberto Felipe Ortiz
Prieto, un derecho de este tipo (...) impide que cualesquiera sean las circunstancias, éstas
se encuentren sujetas a unos límites de carácter preventivo, por medio de los cuales pueda
impedirse el ejercicio de tales libertades como consecuencia del dictado de un mandato
judicial de prohibición.
17. ¿Es capaz de controlar el Poder Judicial una opinión o una información
perjudicial?
Para este Colegiado, el “mandato judicial de prohibición” también pertenece al espectro
de la censura previa. Para fortalecer este argumento se ha expresado que (...) la admisión
de la tutela judicial preventiva puede generar una gran inseguridad, o convertirse en un
medio de control indirecto por parte del gobierno, esto es, puede llegar a cumplir las mismas
funciones, ajustadas a los mismos fines, que la censura previa10.
No obstante, esta argumentación no reconoce facultad controladora preventiva al Poder
Judicial y cuestionaría básicamente su actuación fáctica ante su capacidad. En la década
pasada, la dominación de los media se produjo no por las sentencias de un Poder Judicial
sometido, sino por sobornos y compra de editoriales de periódicos, canales de televisión,
señales de radio e inclusive internet, ordenados directamente por el gobierno de Fujimori, y
por lo cual muchos de los propietarios de tales medios se encuentran hoy juzgados por
casos de corrupción. Esta forma de control indirecto también se encuentra proscrita11.
En doctrina se señala que la censura o la autocensura no puede ser tan amplia como
para negar el acceso de la judicatura al conocimiento de estos supuestos, más aún si el
propio ordenamiento jurídico prevé formas de protección preventiva, específicamente
cuando se trata de derechos fundamentales. Censura previa es (...) condicionar la
publicación de una información al previo plácet de la autoridad, pero no lo es, en absoluto,
que un juez (...) prohíba la publicación difamatoria objetivamente falsa o lesiva del derecho a
la intimidad personal12.
18. La forma de control judicial del discurso
Pese a la restricción normativa de la Convención Americana y de la propia Constitución,
un estudio sistemático de ambas, cuyo fin sea la búsqueda de un sentido de unidad y
coherencia interna, permite aseverar que mientras estén en juego bienes jurídicos tutelados
por las normas constitucionales, es imprescindible, en un Estado Democrático de Derecho,
que los jueces puedan analizar con un criterio de conciencia jurídicamente amplio la
posibilidad de control de un discurso que resulte perjudicial para la sociedad, en un caso
concreto. Esto lo harán, según el artículo 146°, inciso 1, de la Constitución, como parte de
(...) su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley,
Por ello, debe determinarse con claridad qué tan conveniente es la prohibición de emitir
comentarios que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo correcto de un proceso
penal, a fin de llegar a una verdadera justicia.
§3. La reserva del proceso en la parte instructiva
19. El principio constitucional de publicidad del proceso
La Norma Fundamental, en su artículo 139°, inciso 14, señala como principio
jurisdiccional: (...) la publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.
Tal dispositivo básicamente relaciona la publicidad de los procesos con la parte oral de
los mismos. Similar prevención estatuye en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos en su artículo 14.1:
La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática,
o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente
necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la
publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia
penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de
edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela
de menores13.
Este principio adquiere importancia inusitada por su carácter político: (...) sirve al sistema
democrático, pues el público controla la labor de los jueces14.
Sin embargo, la publicidad no se restringe a una parte de los procesos, sino que incluye
a todas sus etapas, y en tal sentido debe ser entendida. No obstante, se pueden poner
límites a tal publicidad, a través de una norma de desarrollo legal.
20. Secreto sumarial y publicidad del proceso
A través de la remisión constitucional, es permisible que se señale en las normas
procesales (artículo 73° del Código de Procedimientos Penales) que (...) la instrucción tiene
carácter reservado. El defensor puede enterarse en el despacho del juez de las actuaciones
a las que no haya asistido el inculpado, bastando para ello que lo solicite verbalmente en las
horas útiles del despacho judicial. Sin embargo, el juez puede ordenar que una actuación se
mantenga en reserva por un tiempo determinado cuando juzgue que su conocimiento puede
entorpecer o dificultar en alguna forma el éxito de la investigación que lleva a cabo. En todo
caso cesa la reserva cuando se ponga la instrucción a disposición del defensor durante tres
días en el juzgado para que se informe de toda la instrucción, haya concurrido o no a las
diligencias.
Así, el secreto sumarial aparece como un límite constitucionalmente válido de la
publicidad de los procesos. Una cosa es mantener la reserva del sumario, es decir, prohibir
el acceso al expediente o a la audiencia, y otra muy distinta que se prohíba expresarse
públicamente.
Ahora bien, el derecho de mantener el secreto profesional sí debe tenerse como límite,
según se desprende del artículo 2º, inciso 18, de la Norma Fundamental, ya que es un
derecho y un deber constitucional.
En tal sentido, se ha señalado en jurisprudencia comparada que (...) el secreto sumarial
tiene por objeto impedir que el conocimiento e intervención del acusado en las actuaciones
judiciales pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la
investigación en su objetivo de averiguación de la verdad de los hechos y constituye una
limitación al derecho de defensa, que no implica indefensión, en cuanto que no impide a la
parte ejercitarlo plenamente, cuando se deja sin efecto el secreto por haber satisfecho su
finalidad15.
Con el fin de lograr la pobranza de los hechos sujetos al procesamiento y la necesidad
de realizar una correcta investigación penal, el secreto sumarial se configura como (...) una
garantía institucional del derecho fundamental a la seguridad y del valor constitucional de la
justicia16.
21. Limitación material del secreto sumarial
Por consiguiente, aun cuando la Constitución únicamente señale la forma en que deben
plantearse las excepciones en el proceso público, el desarrollo legal de esta norma exige
que sea interpretada según los parámetros que la Convención Americana señala en su
artículo 8.5:
El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los
intereses de la justicia17.
Es decir, solamente tendrá sentido el secreto sumarial si está relacionado con el
mantenimiento de la justicia en los casos concretos.
22. Finalidad del secreto sumarial
Según el artículo 72° del Código de Procedimientos Penales, (...) la instrucción tiene por
objeto reunir la prueba de la realización del delito, de las circunstancias en que se ha
perpetrado, y de sus móviles; establecer la distinta participación que hayan tenido los
autores y cómplices, en la ejecución o después de su realización, sea para borrar las huellas
que sirven para su descubrimiento, para dar auxilio a los responsables o para aprovecharse
en alguna forma de sus resultados.
De modo que a través del proceso sumarial se puede evitar (...) las comunicaciones de
la causa, que puedan provocar la fuga de los partícipes en el hecho punible, y/o la
destrucción o manipulación de las fuentes de prueba18.
23. Mandato de comparecencia, reglas de conducta y secreto sumarial
Dentro de un proceso, el juez puede dictar mandato de comparecencia en los casos en
que no corresponda la detención. De acuerdo con el artículo 143º Código Procesal Penal,
Decreto Legislativo N.° 638, de 1991, juntamente con tal mandato:
El juez podrá imponer algunas de las alternativas siguientes:
1. La detención domiciliaria del inculpado, en su propio domicilio o en custodia de
otra persona, de la autoridad policial o sin ella, impartiéndose las órdenes
necesarias.
2. La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución
determinada, quien informará periódicamente en los plazos designados.
3. La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de no concurrir a
determinados lugares, o de presentarse a la autoridad en los días que se le
fijen.
4. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que ello no
afecte el derecho de defensa.
5. La prestación de una caución económica, si las posibilidades del imputado lo
permiten.
El Juez podrá imponer una de estas alternativas o combinar varias de ellas, según
resulte adecuada al caso y ordenará las medidas necesarias para garantizar su
cumplimiento. Si el hecho punible denunciado está penado con una sanción leve o las
pruebas aportadas no la justifiquen, podrá prescindir de tales alternativas.
Es decir, se podrá reducir la comunicación del discurso del demandante si forma parte
de las medidas de un mandato de comparecencia a partir del secreto sumarial. Por ende, es
lógico que cuando se varíe el mandato de detención por el de comparecencia, se impongan
las siguientes reglas:
Obligación de no ausentarse de esta localidad en la que reside, a no concurrir ni
frecuentar lugares de dudosa reputación, a concurrir cada quince días al local del juzgado a
justificar sus actividades, prohibición de comunicarse con Félix Medina Soria, a no cometer
nuevo delito doloso, prestar una CAUCIÓN ECONÓMICA de CINCO MIL NUEVOS
SOLES19.
A las cuales se agrega una ya nombrada:
Queda terminantemente prohibido hacer comentarios periodísticos, radiales o televisivos
sobre hechos del proceso y de la materia del juzgamiento20.
Sin embargo, ¿son coherentes tales reglas de conducta con el secreto sumarial y el fin
que cumple en la viabilidad del proceso penal?; ¿tales reglas afectan algún derecho
fundamental del demandante?
24. El secreto sumarial como límite a la proscripción del control judicial
previo
Atendiendo a la congruencia entre las normas constitucionales, es necesario que se fijen
adecuadas limitaciones a la proscripción de censura previa. En tal sentido, (...) en la medida
en que la tutela judicial preventiva puede resultar el medio más idóneo para conjurar daños
graves e irreparables a los bienes y derechos citados, negar esta posibilidad supondría
actuar en el sentido contrario al objetivo de ‘afianzar la justicia’ (...) pues impediría actuar
contra cierta clase de acciones y situaciones injustas21.
En caso de que no exista tal limitación, solamente se estará realizando una protección “a
medias” de la justicia en el país22, y ello no puede estar permitido en un Estado Democrático
de Derecho. Para que, efectivamente, esta se logre, es necesario que se evite la transmisión
de discursos que comporte la vulneración de la idoneidad de la instrucción penal.
Por ejemplo, una buena medida de técnica legislativa en el constitucionalismo
comparado es aquella que impone como límite de la censura previa la prevención de la
comisión de un delito23.
25. La norma de excepción constitucional
Si se considera la proscripción de la censura previa como una regla que resguarda el
contenido de un derecho-principio, como puede ser la expresión o la información, y se
aprecia la norma de función jurisdiccional (según el artículo 138º de la Constitución, el
Estado tiene la “potestad de administrar justicia”) también como una regla, se estaría ante
un conflicto de reglas24.
La resolución del conflicto pasará por la eliminación de una de ellas o por la introducción
de una excepción. Esta última debe ser la solución adecuada y se tendrá entonces una
regla final, como la que sigue: “toda persona ejercitará sus derechos a la expresión y a la
información sin previa autorización, ni censura ni impedimentos algunos, salvo para
garantizar el correcto ejercicio de la potestad de administrar justicia”.
Para determinar si el juez puede dictar, en el caso concreto, una medida restrictiva a un
derecho fundamental sobre la base del respeto del secreto sumarial, este debe analizar la
existencia, o no, de un riesgo claro e inminente a la independencia judicial. Así, se debe
determinar si la suma del ‘coste del valor de la pérdida social derivada de la restricción del
discurso’ con el ‘valor del error judicial’ es mayor o menor a los ‘beneficios de la supresión’,
a fin de consentir el control previo del discurso. Es decir, se debe realizar un estudio sobre lo
que la sociedad deja de recibir cuando se prohíbe la emisión de un discurso, a lo que se
habrá de sumar las circunstancias que pueden llevar al juez a equivocarse en contraposición
con los bienes jurídicos constitucionales que se estaría protegiendo a través de la supresión
del discurso. Este triple análisis permitirá al juzgador analizar cuándo, en pos del secreto
sumarial, es preferible poner medidas restrictivas al derecho de las personas sujetas a un
proceso penal.
§4. La proporcionalidad de la medida restrictiva
26. Medida restrictiva, secreto sumarial y proscripción de censura previa
No se puede negar el carácter reservado que tiene la instrucción, y el fin que busca es
uno específicamente, según lo determina el artículo 73 del Código de Procedimientos
Penales [el juez hará limitaciones]: (...) cuando juzgue que su conocimiento puede
entorpecer o dificultar en alguna forma el éxito de la investigación que lleva a cabo.
En tal sentido, en la resolución emitida por el demandado se observa que se ha resuelto
prohibir terminantemente “hacer comentarios periodísticos, radiales o televisivos sobre
hechos del proceso y de la materia del juzgamiento”, así como “que en forma directa o
indirecta (el demandante) se abstenga de propalar versiones o comentarios del desarrollo
del proceso” sobre una doble base fáctica concreta: ‘el carácter reservado de la instrucción”
y el hecho de que ‘el inculpado viene incoando y/o propagando por medios de difusión una
serie de adjetivos incalificables contra los Magistrados del Poder Judicial’25.
27. El sustento del mandato de comparecencia
El proceso constitucional previsto por nuestro ordenamiento jurídico para la tutela de la
libertad frente a la privación arbitraria o ilegal por mandato judicial es el hábeas corpus
reparador, cuyo fin es reponer las cosas al estado anterior a la violación del derecho, tal
como lo señala el artículo 1º del Código Procesal Constitucional.
El Tribunal Constitucional es competente para evaluar la razonabilidad del mandato de
detención, dada su función tutelar de la libertad, bajo el canon de interpretación
constitucional del principio in dubio pro libertatis, que encuentra su principal manifestación
en el derecho a la presunción de inocencia (artículo 2°, inciso 24, literal e de la
Constitución). Este derecho únicamente puede ser restringido por una detención preliminar
en sede judicial, siempre que sea de carácter subsidiario, provisional y proporcional, y que
se motive la concurrencia de los requisitos previstos en la legislación procesal penal, tal
como lo expresa el artículo 135º del vigente Código Procesal Penal.
Sólo será coherente un mandato de comparecencia restringido cuando las reglas de
conductas sean convenientes desde el punto de vista constitucional; de lo contrario, en el
presente caso se llegaría a la detención del demandante.
28. La aplicación del principio de proporcionalidad en la proscripción de
censura previa sobre la base del secreto sumarial
En este marco, es imprescindible realizar un análisis desde el punto de vista de la
proporcionalidad, en íntima correlación con la razonabilidad, de la medida contenida en la
resolución sujeta a crítica constitucional.
Como bien lo ha señalado el Tribunal Europeo cuando discurría sobre las restricciones
de los derechos comunicativos dentro de procesos penales, (...) hay que determinar ahora si
la “injerencia” correspondía a una “necesidad social imperiosa”, si era “proporcionada al fin
legítimo que perseguía”, si los motivos alegados por las autoridades nacionales para
justificarla eran “pertinentes y suficientes”26.
Por ello, para que el juez pueda determinar una medida restrictiva de la libertad con
reglas de conducta tan específicas, debe analizar las variables antes expuestas para el caso
del riesgo claro e inminente.
29. Coste del valor de la pérdida social derivada de la restricción del discurso
Por mandato de la resolución incoada, se le impide al demandante verter comentarios en
medios de comunicación social sobre los hechos del proceso.
Sin embargo, ¿sobre qué se está prohibiendo declarar al recurrente? A él se le ha
abierto instrucción teniendo en cuenta un informe fiscal27, por el delito de corrupción de
funcionarios–cohecho propio (artículo 393º del Código Penal), en agravio del Estado, sobre
la base de los supuestos siguientes hechos: (...) fluye de la investigación que en los
primeros días del mes de Mayo del año próximo pasado, Félix Medina Salazar, interpuso
una demanda no contenciosa de rectificación de partida, por ante el Juzgado Mixto de
Zarumilla, a cargo del denunciado Carlos Laureano Ramírez de Lama, habiéndose
comentado su abogado defensor, que dicha acción había sido admitida e inclusive que el
señor Juez, quería entrevistarse con él en su Despacho, donde llegó a conversar con el ex
magistrado, donde le indicó que tenía que darle una colaboración, para luego después
comunicarse telefónicamente con dicho ex magistrado quien le informó que la colaboración
era de dos mil tickets verdes (dos mil dólares americanos) habiéndole comentado esto a su
abogado defensor, diciéndole que no estaba de acuerdo con la propuesta del denunciado.
Que, asimismo en la última comunicación que tuvieron, acordaron que el día veintiséis del
mismo año, en horas de la tarde, le iba a hacer entrega de los mil dólares americanos, en su
domicilio sito en la calle Arica número trescientos diecinueve de esta ciudad, hecho éste que
no se llegó a concretar. Que asimismo Ramírez de Lama concurrió al inmueble de la
hermana del denunciante doña Beatriz Medina Salazar, donde llegó a conversar con Félix
Medina solicitándole dinero para favorecerlo con una Resolución, hechos éstos que se
encuentran corroborados con el acto de visitas fiscal28.
En un país tan asolado por la corrupción, en el Estado, incluido el Poder Judicial, la
formación de la ética pública requiere del apoyo constante y de la vigilancia perseverante de
la población. Por tanto, el mayor conocimiento de un tema de tal trascendencia para la
indemnidad judicial tumbesina es indispensable para el control ciudadano de la investigación
judicial.
30. El valor del error judicial
Sobre este punto, es oportuno analizar los fundamentos utilizados por el juzgador para
que se pueda justificar la lógica argumentativa usada.
Independientemente del error gramatical y de redacción cometidos a la hora de componer la resolución, debe analizarse si el hecho de que (...) el inculpado viene incoando y/o propagando por medios de difusión una serie de adjetivos incalificables contra los Magistrados del Poder Judicial29, es razón más que suficiente para que el juez se aparte de las resolución del órgano superior e imponga una nueva regla de conducta como parte de la comparecencia.
Este Colegiado considera que, a través de la resolución, el juzgador está asumiendo un nivel de discrecionalidad que puede llegar a ser arbitrario. Como se ha analizado, lo que se está protegiendo en este caso, antes que la vulnerabilidad de la instrucción, es el honor de los magistrados. Sin embargo, a través de una regla de conducta de la comparecencia restringida, no cabe proteger derechos de la persona que no involucran la consecución final de la justicia.
Los magistrados, como personas con proyección pública, poseen poder de influencia for all purposes, es decir, para todos los propósitos, aunque no determinen la marcha colectiva.
Sus actividades repercuten en la sociedad, pero no la promueven. En el caso de los magistrados, teniendo en cuenta que (...) los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión (...) con la salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura30.
Si son cuestionados en el desempeño de sus cargos, deben dar explicaciones a la sociedad respecto de cualquier acto que suponga duda en su conducta funcional, ya que el cargo o rango que le confía la Nación lleva anexa tal obligación.
31. Beneficios de la supresión
La supresión del discurso del demandante debe tener algún tipo de beneficios.
Supuestamente, uno de ellos es que a los magistrados encargados de juzgarlo no se les perturbe en el ejercicio de sus funciones. Una respuesta pública por parte de los supuestos afectados en su honor a través de una querella por difamación podría servir como el mejor mecanismo de protección de su derecho fundamental, antes que afectar el de otra persona.
Es lógico que, sobre la base de la reserva del proceso en la fase instructiva, pueda imponérseles a los denunciados reglas de conducta relativas al proceso mismo, pero de ahí a que sea un acto de libre albedrío por parte del juzgador dista mucho. En caso de que la supresión esté claramente sustentada en este componente de la resolución, el juez debió argumentar por qué llegó a tal conclusión restrictiva.
32. La existencia de una medida desproporcional con los fines del proceso
La concurrencia de los tres elementos antes explicados en una clave de confrontación
(valor de la pérdida social, valor del error judicial y beneficios de la supresión) determina la
inexistencia de proporcionalidad en la medida impuesta. La restricción sobre la base del
secreto sumarial no ha sido argumentada por el juzgador. Y el juicio referido a la protección
de los magistrados intervinientes no justifica en lo más mínimo que se impida al demandante
emitir su discurso, pues ello afectaría el derecho a ser informado, en un tema tan delicado
como es la corrupción de funcionarios.
Por ello, debe declararse la nulidad de la resolución emitida por el demandado sin fundamentación válida con el fin de controlar el discurso del recurrente, a fin de que quede subsistente la realizada por el superior, que varía el mandato de detención por el de comparecencia.
C. LA SUPUESTA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y A LA
DEFENSA
33. Según el demandante, no se ha permitido a los abogados tener acceso al
expediente
El demandante alega que el vocal sustanciador actúa de manera sesgada, entre otras
actitudes, por (...) haber impedido a mis dos Abogados Dr. Ricardo Cevallos Vegas y Dr.
Rómulo Herrera Neyra, [tener] acceso al expediente de la instrucción, con el fin de
impedirme ejercer mi derecho a la Legítima Defensa, conforme consta en sendos escritos de
mis dos Abogados, que obran en el expediente31.
Este Colegiado debe suponer que el recurrente confunde involuntariamente el derecho a
la legítima defensa con el de defensa, y sobre esta base analizará el caso.
34. Según el demandado, los abogados nunca han solicitado lectura del
expediente
Tal es la argumentación de parte del demandado para contradecir lo que afirma la otra
parte. Afirma que en ningún momento he negado tal acceso por la sencilla razón que nunca
se me ha solicitado, tanto por el demandante o algún abogado defensor de su elección, sin
embargo, debo hacer presente que el denunciante ha presentado escrito facultando para
lectura del expediente, pero que en la práctica nunca han concurrido a su despacho a
solicitarle dicho expediente32.
35. Los derechos a la defensa y al debido proceso
Constitucionalmente se ha previsto que el derecho al debido proceso (nombrado genéricamente como parte del artículo 139°, inciso 3, de la Constitución) tenga conexión con el derecho a la defensa, pues esta permite que un proceso sea llevado a cabo con corrección; es decir entre ellos se entabla una relación de género–especie. Por tal razón, se ha previsto en el artículo 139º, inciso 14, de la Constitución (...) el principio de no ser privado en ningún estado del proceso (...) Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.
Por tal razón, debe describirse con claridad cómo ha sido el acto que ha impedido el
ejercicio del derecho a la defensa con la intervención apropiada de un abogado.
36. El sustento fáctico de la afectación del derecho a la defensa
Para argüir la afectación del derecho a la defensa, el recurrente ha presentado su queja ante la ODICMA como sustento probatorio idóneo. En dicha acta se señala que (...) ante mí, Luz Arreátegui Calle encargada de Imagen Institucional se procede a levantar la presente acta interpuesta por la Señora ROSEMARY SOTIL BUENDÍA contra el Doctor Carlos Bendezú Díaz en su condición de Vocal de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tumbes; por el presunto cargo de Abuso de Facultades y Falta a los Abogados Defensores, atentado contra el derecho de defensa (...) a favor del Doctor Ramírez de Lama privándolo y violentando la Constitución33.
37. La oportuna intervención de los abogados
En el Código Procesal Constitucional, exactamente en su artículo 9º, se establece que (...) en los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son procedentes los medios probatorios que no requieren actuación, lo que no impide la realización de las actuaciones probatorias que el Juez considere indispensables, sin afectar la duración del proceso. En este último caso no se requerirá notificación previa.
En este esquema, no se ha logrado determinar la existencia de la vulneración expuesta por el demandante. De otro lado, cuando este presentó la demanda, debió sustentar, por lo menos, la apariencia de la vulneración de un derecho fundamental, fumus bunis iuris, lo que no ha sucedido.
Es decir, como bien ha señalado el a quo (...) que en cuanto a que el Vocal había denunciado no ha permitido que los Abogados Defensores (Ricardo Cevallos Vegas y Rómulo Herrera Neira) del denunciante tengan acceso al expediente que origina la presente acción, ésta se ve desestimada por el primero de los nombrados, versión que tiene coherencia si tenemos en cuenta que él mismo les ha permitido su incorporación al proceso como Abogados Defensores del denunciante, según así se infiere de los escritos y proveídos de fojas cincuenta y ocho, cincuentinueve, sesentitrés y sesenticuatro34.
V. FALLO
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
Declarar:
1. FUNDADA la demanda en el extremo que señala que el juez no sustentó correctamente la regla de conducta que restringe los derechos de comunicación del accionante, pese a que sí está permitido el secreto sumarial.
2. Nula la Resolución s/n emitida por el demandado el día 3 de marzo de 2004.
3. Plenamente válida la Resolución N.° 1de fecha 23 de febrero de 2004, expedida
por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tumbes.
4. INFUNDADA la demanda en cuanto a la supuesta vulneración del derecho a no ser
violentado para obtener declaraciones y no ser compelido a declarar contra sí mismo.
5. INFUNDADA en lo que respecta a la supuesta vulneración de los derechos a ser asistido por abogado defensor de su elección y al debido proceso.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA
LANDA ARROYO
VOTO EN SINGULAR DEL DOCTOR JUAN FRANCISCO VERGARA GOTELLI
Emito este voto con el debido respeto por la opinión vertida por el ponente por los
siguientes fundamentos:
1. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la resolución de fecha 3
de marzo del 2004, expedida por el Vocal Instructor de la Sala Penal de la Corte Superior de
Justicia de Tumbes, Dr. Carlos Eugenio Bendezú Díaz, en el expediente N.º 27-04, así
como de todas las diligencias y actos procesales subsecuentes. Afirma el actor que con la
cuestionada resolución se le estaría obligando a declarar y propalar comentarios del
desarrollo del proceso en el que viene siendo instruido, toda vez que habiéndose ampliado
el auto de apertura de instrucción se le ha dictado una nueva regla de conducta que lo
obliga a hacer lo que en principio le prohibió, vulnerándose con ello su “derecho a no ser
violentado para obtener declaraciones, a no ser compelido a declarar en causa penal contra
sí mismo, a ser asistido por un abogado defensor” y al debido proceso.
2. De la demanda y de sus anexos se advierte que el demandante viene siendo procesado en la vía ordinaria ante la Sala Penal de la Corte Superior de Tumbes por el delito de Corrupción de Funcionarios -Cohecho Propio- en Agravio del Estado, proceso en el que se le abrió instrucción con mandato de detención por su actuación como Juez del Juzgado Mixto de Zarumilla y en el que se le acusa de ejercer presión contra Felix Medina Salazar, conducta dirigida a obtener dinero a cambio de favorecerlo con una resolución judicial, (fojas 53).
3. Asimismo se advierte que luego que el recurrente interpuso recurso de apelación
contra el mandato de detención la Sala Superior revocó dicho mandato, variando la decisión
a una de comparecencia restringida con reglas de conducta, conforme se aprecia de la
resolución de fecha 23 de febrero del 2004 de fojas 12.
4. Que posteriormente, con fecha 03 de marzo del 2004, se dicta la resolución
cuestionada, que en copia certificada obra a fojas 65-66, en la que se observa que en la
parte considerativa se exponen los fundamentos o motivos por los cuales se resuelve
ampliar el auto de apertura de instrucción, justificándose la nueva regla de conducta
impuesta contra el recurrente en el hecho de que el procesado, desconociendo el carácter
reservado de la instrucción, viene “incoando y/o propagando por medios de difusión una
serie de adjetivos incalificables contra los magistrados del Poder Judicial”, infringiendo el
artículo 73 del Código de Procedimientos Penales.
5. Siendo así considero que la resolución que se cuestiona expone con suficiente
claridad el fundamento de hecho y la fundamentación jurídica en la que se sustenta,
verificándose además que el recurrente ha impugnado en la vía ordinaria la referida
resolución conforme se aprecia de fojas 74, habiéndosele concedido el recurso interpuesto
con fecha 08 de marzo del 2004, como es de verse a fojas 79. Cabe agregar que el
recurrente viene haciendo uso de los medios impugnatorios dentro del proceso ordinario
ejercitando cabalmente su derecho a la defensa.
6. Conforme se dijo en la STC N.º 1230-2002-HC/TC, “La Constitución no garantiza
una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por
sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión”.
7. Respecto a la supuesta implicancia de las reglas Primera y Tercera de la parte
resolutiva de la resolución impugnada, en la que se precisa la nueva regla de conducta que
debe observar el recurrente, considero poco serio el cuestionamiento realizado por el actor
pues existiendo una adecuada fundamentación en la parte considerativa que justifica la
decisión adoptada, es obvio que lo que se ha producido es un error material que no puede
ser aprovechado a efectos de desconocer la facultad que tiene el Juez ordinario para
conducir el proceso corrigiendo los vicios en los que pudieran caer las partes, pues la
facultad de abrir instrucción, ampliar el auto de apertura o imponer una nueva regla de
conducta es una atribución propia de la jurisdicción ordinaria, que constituye expresión de la
autonomía del Juez y de la independencia del Poder Judicial, facultad que el Intructor puede
ejercitar cada vez que advierta el hecho condicionante respectivo, el que, en el presente
caso, es distinto e independiente de la resolución Superior citada.
8. Es oportuno referirme al sentido del numeral 3. del fallo del texto de la ponencia en
el que “se otorga plena validez a la Resolución Superior que revocó el mandato de
detención y que lo varió por uno de comparecencia restringida con reglas de conducta”,
pues considero que así como se declara que es válida la referida resolución Superior
también sería factible decir que no lo es, lo que podría significar un exceso inútil desde que
no estamos en facultad ni en necesidad de decir que lo resuelto por un Juez Competente es
válido sin haber cuestionamiento alguno contra la referida resolución.
9. En conclusión, estamos frente a un proceso penal llevado bajo el rigor de la ley
procesal en el que el Juez de la causa ha dispuesto motivadamente una regla de conducta
en ejercicio de sus legales atribuciones por hecho imputable al procesado, debidamente
señalado y acreditado, no obstante que en la redacción del auto correspondiente aparece un
evidente error material del que el recurrente pretende servirse con la finalidad de obtener
una suerte de revocación, por vía indirecta, de la referida regla de conducta impuesta por el
instructor, contra la que incluso ha interpuesto recurso de apelación.
Siendo clara la orfandad del petitorio, mi voto es porque se declare infundada la
demanda de habeas corpus.
S.
JUAN FRANCISCO VERGARA GOTELLI
1 Sobre la conexidad, Hart Ely, John. On constitutional. New Jersey, Princenton University Press,
1996. pp. 279 ss.
2 Resolución N.° 1 de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, del 23 de febrero
de 2004 (f. 8 del Expediente).
3 Resolución s/n, del 3 de marzo de 2004, presentada en la demanda (ff. 9, 10 del Expediente).
4 Fundamento de Hecho Cuarto de la demanda de hábeas corpus (f. 16 del Expediente), en la que
se alega, además, que “(...) ambas órdenes son contradictorias entre sí, pues si cumplo una,
incumplo la otra, pues forzosamente sólo se puede cumplir una de ellas”.
5 Fundamento de Hecho Cuarto de la demanda de hábeas corpus (f. 16 del Expediente).
6 Declaración del denunciado (f. 26 del Expediente).
7 Sobre la importancia del contexto extralingüístico o factual, véase precedente estadounidense
Ollman c/ Evans, 750 F. 2d. 970 (1984).
8 Salvador Coderch, Pablo. El mercado de las ideas. Madrid, CEC, 1990. p. 169.
9 Entonces, a salvedad del caso claramente identificado en sede americana, la interdicción de la
censura previa es absoluta, pues “constituye una indicación de la importancia asignada por
quienes redactaron la Convención a la necesidad de expresar y recibir cualquier tipo de
información, pensamientos, opiniones e ideas” [Comisión Interamericana, Informe 11/96, caso nº
1 230 (Francisco Martorell c/ Chile), 3 de mayo de 1996].
10 Serna, Pedro. La llamada ‘censura previa judicial’ y el Derecho Constitucional argentino.
Consideraciones a partir de la Constitucionalización de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. En: Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Liber Amicarum:
Héctor Fix-Zamudio. San José, CIDH, 1998. t. II, p. 1429.
11 “(...) no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”
[artículo 13, punto 3, de la Convención Americana de Derechos Humanos].
12 Pantaleón, Fernando. La Constitución, el honor y el espectro de la censura previa. En: Derecho
Privado y Constitución. Madrid, año 4, nº 10 (set. - dic. 1996). p. 215.
13 A esta etapa también se refieren los artículos 215° y 218° del Código de Procedimientos Penales,
y es analizada correctamente el artículo 357° del recientemente promulgado Código Procesal
Penal (Decreto Legislativo N.° 957), aún no vigente: “(...) el Juzgado también podrá disponer,
individual o concurrentemente, con sujeción al principio de proporcionalidad, las siguientes
medidas” referidas a la limitación de la audiencia pública [punto 2].
14 Gómez Colomer, Juan-Luis. La constitucionalización del proceso penal español. En: El Proceso
Penal en el Estado de Derecho. Lima, Palestra, 1999. p. 23.
15 Sentencia del Tribunal Constitucional español 176/1988, de 4 de octubre de 1988, fund. 3.
16 San Martín, César. Derecho Procesal Penal. Lima, Grijley, 2003. t. 1, p
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abril 19, 2011

PJ plantea al Congreso nueva escala remunerativa para los magistrados

Categoría: DERECHO JUDICIAL — gcornejo @ 09:54 — Visto: 801 veces
PJ plantea al Congreso nueva escala remunerativa para los magistrados


Lima, abr. 19 (ANDINA). La Corte Suprema presentó al Congreso el proyecto de ley que propone la nueva escala remunerativa de los magistrados del Poder Judicial a partir del año 2012, y para ser aplicable en dos tramos, uno por año, a fin de evitar un impacto en la caja fiscal.
La propuesta de escala de remuneraciones está medida en función de la Unidad de Ingresos del Sector Público (UISP), actualmente fijada en 2,600 soles.

La iniciativa plantea que los vocales supremos ganen 6 UISP (15,600 soles), los jueces superiores 5 UISP (13,00 soles), los jueces especializados y mixtos 4 UISP (10,400 soles), y los jueces de paz letrados 3 UISP (7,800 soles).

A ello debe sumarse los ingresos por concepto de Asignación por alta dirección jurisdiccional, en el caso de los jueces supremos, y la Asignación por función jurisdiccional, en los rangos inferiores.

Con la finalidad de atenuar el impacto fiscal, la aplicación de la norma se daría en dos tramos: 138 millones 959,999 soles en el años 2012, y 118 millones 249,734 soles, en el 2013.

Durante el primer año las escalas remunerativas se aplicarán en un monto equivalente al 50 por ciento, y se otorgará adicionalmente por concepto de gastos operativos un monto mensual e igual a sus respectivas remuneraciones.

A partir del segundo año de vigencia se aplicará el cien por ciento de la escala remunerativa.

También en este segundo año y en sustitución de los gastos operativos que se pagaron en el primero, se propone otorgar la asignación por función jurisdiccional, a los jueces superiores, jueces especializados y mixtos; y jueces de paz letrados, en un monto mensual equivalente al 20, 21 y 17 por ciento de sus respectivas remuneraciones.

El proyecto de ley, que ha sido aprobado por la Sala Plena de la Corte Suprema, tiene por finalidad permitir el ordenamiento de las remuneraciones de los magistrados del Poder Judicial, en atención a los criterios de función y jerarquía, y respetando la dignidad de la labor jurisdiccional.

El proyecto de ley tendrá que ser debatido ahora por la Comisión de Justicia del Congreso.

(FIN) EGZ/GCO
EL PERUANO
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abril 18, 2011

Condenan por Daño Moral a Productora de Televisión que Mostró a una Mujer en un Lugar Privado Sin Su Consentimiento

Categoría: DERECHO CIVIL — gcornejo @ 09:47 — Visto: 332 veces
Condenan por Daño Moral a Productora de Televisión que Mostró a una Mujer en un Lugar Privado Sin Su Consentimiento

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil condenó a un canal de televisión y a la empresa productora de un programa televisivo a abonar una indemnización por el daño moral provocado a una mujer que fue filmada sin su consentimiento mientras se encontraba en un show de strippers.

En los autos caratulados “S., L. J. c/ América Televisión S.A. y Otros; s/ Ordinario. Daños y perjuicios”, la sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios por lesión al derecho a la imagen entrabada contra Endemol Argentina S.A., como productora del programa televisivo “Código”, América TV S.A., en su calidad de canal de televisión emisor, y L SRI, como explotador del local comercial conocido como “Golden”, a raíz de la difusión de imágenes grabadas con strippers dentro de ese espacio privado.

En su apelación, la empresa Endemol Argentina S.A. sostuvo que no solo existió autorización del responsable de Golden para la realización de la nota periodística dentro de sus instalaciones, sino que también de la accionante, quien se había prestado a una entrevista , habiendo consentido la actora tanto su filmación, como la difusión de esas imágenes.

Por su parte, la codemandada América TV S.A. alegó que existía un contrato entre la productora y la empresa televisiva que le impedía revisar y, en su caso, responder por los contenidos de los programas emitidos.

Al analizar el presente caso, los jueces de la Sala H en primer lugar sostuvieron que “en atención que la imagen de la accionante fue utilizada por un medio televisivo, debe entonces evaluarse la tensión que existe entre el derecho a la libertad de información (protegido en los artículos 14 de la Constitución Nacional, IV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 del Pacto de San José de Costa Rica, 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y el derecho a la imagen y a la intimidad (consagrados en los artículos 19 de la Constitución Nacional, 1071 bis del Código Civil, V de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y 11 del Pacto de San José de Costa Rica)”.

Con relación a la responsabilidad del productor del programa televisivo, los camaristas sostuvieron que “la actora si bien se prestó al reportaje instantes antes del espectáculo, no puede de ello concluirse que aceptó sin cortapisa la filmación de su participación en el show, más cuando había carteles que vedaban la toma de fotografías e imágenes durante el él”.

En tal sentido, los magistrados remarcaron que “si bien puede existir un resquicio de duda sobre este aspecto, ello debe beneficiar a la actora por aplicación del principio in dubio pro consumidor, quien se encontraba en un lugar privado festejando junto a sus amigas (art. 3 ley del consumidor)”, añadiendo a ello que “no existe acreditación de un consentimiento tácito, y menos expreso de la actora para que se filmara y difundiera su intervención en el espectáculo de vodevil (conf.art.377, 386 y cc CPCC)”.

Sin embargo, los camaristas aclararon que la accionante “se prestó a una activa intervención en el show sobre el escenario, frente a gran cantidad de personas desconocidas, que aun cuando es muy inferior al televisivo, no por ello hizo que transcurriera dentro de una esfera de verdadera intimidad”.

En la sentencia del 21 de febrero pasado, señalaron “la actora con su actuación se colocó en una situación que indujo a error a la accionada al proceder en forma desinhibida, abrazando y estampando un beso amoroso en los labios a uno de los desnudistas del show, en el centro del escenario y frente a todo el público de ese descontrolado auditorio, lo que será oportunamente ponderado en la cuantificación del daño moral reclamado”.

Con relación al emisor del programa, la mencionada Sala resolvió que “idéntica consideraciones que las vertidas ut supra le caben al canal de televisión, quien lucró con la propalación de la nota periodística, en forma despreocupada, sin siquiera arbitrar los medios adecuados para filtrar aquello que podía lesionar a terceros (conf. art.512, 902, 1113 y cc C. Civil)”, por lo que confirmaron la sentencia apelada.

FUENTE: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 18, 2011

Resaltan Carácter Alimentario de los Honorarios Profesionales del Abogado

Categoría: DERECHO DE FAMILIA — gcornejo @ 09:46 — Visto: 586 veces
Resaltan Carácter Alimentario de los Honorarios Profesionales del Abogado


Al hacer lugar a un reclamo de cobro de retribución por los servicios profesionales prestados, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil remarcó el carácter alimentario de los honorarios profesionales.

En la causa “N., M. I. c/ Repsol YPF s/ Cobro de Honorarios Profesionales”, el actor promovió demanda por cobro de honorarios contra Repsol YPF S.A, alegando que desde 1994 comenzó a prestar servicios para YPF S.A., contestando en general procesos iniciados por trabajadores contra la empresa, entre las que se encontraban reclamos por diferencias relacionados con el Programa de Propiedad Participada.

A ello el actor agregó que cuando Repsol YPF comenzó a intervenir en el mercado petrolero argentino tomó a su cargo en dichos procesos, la defensa de los intereses de ésta, desempeñándose como mandataria de ambas empresas, refiriendo que en tales circunstancias nació su legítimo derecho a percibir honorarios.

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó a la demandada a abonar a la actora la suma de 30 mil pesos dentro del plazo de 10 días bajo apercibimiento de ejecución, siendo tal resolución apelada por ambas partes.

La demandada señaló que la actividad profesional desplegada por la actora lo había sido cumpliendo lo convenido con YPF S.A, razón por la cual la remuneración acordada con dicha empresa quedó incluida la aquí pretendida.

Los jueces de la Sala K señalaron en primer lugar que “se encuentra acreditado el vínculo existente a partir del año 1991 entre YPF SA y el Estudio Jurídico "M., F. y Asociados", así como que también “dicho estudio asumió, a cambio de una remuneración mensual fija, la atención de procesos de naturaleza laboral en que fuera parte YPF SE y su continuadora YPF SA.”.

Los magistrados agregaron que “se encuentra también acreditado que la actora se incorporó al estudio en el año 1994”, y que “Repsol YPF SA es una persona jurídica distinta de YPF SA”, siendo esta última empresa incluida en diverso reclamos laborales y que con tal motivo se encomendó su representación.

Tras remarcar que “los contratos suscriptos con el estudio jurídico mencionado, solo contemplan la defensa de los derechos de YPF SA, no existiendo causa legalmente hábil que permita justificar o poder considerar la extensión del objeto del mandato a la defensa de otra sociedad distinta de la señalada”, los jueces sostuvieron que “incumbía a Repsol YPF SA la carga de acreditar que la prestación profesional ejercida por la actora se encontraba alcanzada por la locación de servicios que asumiera el Estudio M.- F. respecto de otro ente societario, y en su caso, que ello era sin costo alguno o que se encontraba incluido en el costo pactado con otra sociedad, lo que no hizo (cfr. art. 377 del CPCC)”.

En la sentencia del pasado 24 de febrero, los magistrados remarcaron que “en el caso no se ha objetado la existencia del mandato otorgado ni desconocido la actuación llevada a cabo por la profesional”, remarcando “la presunción de onerosidad del mandato cuando consiste en atribuciones o funciones conferidas por la ley al mandatario y cuando, como en el caso, consiste en actos propios de la profesión del mandatario o de su modo de vivir (cfr. art. 1871 del Código Civil)”, de allí que “el art. 1952 del Código Civil imponga al mandante la obligación de satisfacer al mandatario la retribución por el servicio prestado”.

A su vez, los jueces destacaron que “el art. 1627 del código citado prescribe que, el que hiciere algún trabajo o prestare algún servicio a otro puede demandar el precio, aunque ningún precio se hubiere ajustado, siempre que tal servicio o trabajo sea de su profesión o modo de vivir”, añadiendo que “más allá de la postura jurídica que pudiere adoptarse, el derecho de la actora a percibir sus honorarios nace no sólo de la existencia de un contrato (cfr. arts. 1137, 1197, 1198, 1493, 1623, 1627, 1869, 1871, 1872, 1952 sgtes. y concords. del Código Civil) sino también de la efectiva prestación de la tarea, manda, o servicio encomendado (cfr. arts. 1869, 1871, 1889, sgtes. y concords. cód. cit)”.

Los camaristas concluyeron que “tomando en consideración lo expuesto, la presunción de onerosidad que emerge de las normas citadas, la naturaleza alimentaria de los honorarios profesionales, la interpretación restrictiva con que debe juzgarse la gratuidad de este tipo de servicios, y el no haberse acreditado haber satisfecho la empresa demandada su remuneración a la actora, he de compartir el temperamento adoptado por la magistrada actuante al admitir la viabilidad sustancial de la demanda promovida”, por lo que resolvieron elevar el monto establecido en concepto de remuneración de la actora por los trabajos extrajudiciales realizados.

fuente: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 18, 2011

Extienden Plazo de Prescripción de Delitos Sexuales contra Menores de Edad

Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 09:18 — Visto: 521 veces
Extienden Plazo de Prescripción de Delitos Sexuales contra Menores de Edad

La Cámara de Diputados aprobó en el día de ayer un proyecto de ley que pretende reformar el Código Penal, con el fin de ampliar el plazo de prescripción de los delitos sexuales cuando la víctima sea un menor de edad.

De acuerdo a la iniciativa que fue girada a la Cámara de Senadores, cuando la víctima de delitos contra la integridad sexual fuera un menor de 18 años, el plazo de prescripción de la acción penal comenzará a correr a partir de la hora 0 del día en que adquiera la mayoría de edad, y no del día en que ocurrió el hecho, como ocurre en la actualidad.

El proyecto de ley elaborado por la diputada oficialista Diana Conti, también prevé que el plazo de prescripción puede comenzar a correr desde el momento en que el menor realiza la denuncia, incluso si se efectúa con anterioridad a cumplir los 18 años.

Según sostuvo la autora del proyecto, muchas veces este tipo de delitos ocurre en contextos en los que el menor no puede hacer la denuncia, por lo que esta modificación le daría el derecho a la víctima de realizar la denuncia cuando alcanza la mayoría de edad.

Como en la actualidad, en los delitos sexuales, el plazo de prescripción comienza a correr como en el resto de los casos, el día en que se cometió el hecho, esto impide que puedan ser investigados muchos casos, debido a que las víctimas sólo se atreven a denunciar el hecho muchos años después de que éste fue cometido.

FUENTE: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 18, 2011

Consideran Bienes Embargables a la Impresora y al Monitor de la PC

Categoría: DERECHO PROCESAL CIVIL — gcornejo @ 09:17 — Visto: 413 veces
Consideran Bienes Embargables a la Impresora y al Monitor de la PC

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial remarcó al rechazar el pedido de embargo sobre un monitor de PC y una impresora perteneciente a una inmobiliaria, que tales bienes no pueden considerarse indispensables en los términos del inciso 1º del artículo 219 del Código Procesal.

La parte actora apeló la resolución en la que el juez de primera instancia hizo lugar al pedido de levantamiento de embargo en relación a un monitor y una impresora.

En la causa “BBVA Banco Frances S.A. c/Glecer Silvio Osvaldo s/ ejecutivo”, los jueces de la Sala B señalaron en relación al concepto de “indispensable uso” utilizado en el artículo 219 del Código Procesal que apunta a “mantener en el patrimonio del deudor aquellos elementos de los que no puede prescindir sin desmedro de la dignidad del individuo y del reconocimiento mínimo de bienestar propio y de su núcleo familiar”.

Los magistrados remarcaron que “el carácter de indispensable de un bien debe apreciarse en cada caso en particular y está determinado por el destino del mismo en conjunción con el nivel de vida medio alcanzado por la comunidad”.

En la resolución del 13 de diciembre pasado, los camaristas entendieron que “no cabe incluir como indispensables los bienes involucrados (monitor e impresora), en tanto el accionado no acreditó que éstos cumplan con los requisitos del cpr: 219-1°, resultando insuficiente sus dichos en punto a que los mismos resultan necesarios e indispensables para llevar a cabo sus tareas como martillero”.

En tal sentido hicieron referencia al hecho de que “tal como se desprende de las impresiones de la página web correspondiente al ejecutado (www.glecer.comhttp://www.glecer.com) –las que se glosan en forma precedente y forman parte de la presente-, una inmobiliaria que presta servicios de 'asesoramiento legal y notarial', 'servicios de refacciones y pintura'; 'administración de alquileres', 'inversiones inmobiliarias' y 'otorgamiento de créditos hipotecarios', se vea impedida de desarrollar su giro empresario ante la falta de un monitor y una impresora”.

Por último remarcaron que si bien sus tareas “se verán dificultadas por el mayor esfuerzo que implicará hacerlo por vía manual, debe tenerse presente que la deuda es de antigua data”.

FUENTE: REVISTA ABOGADOS ARGENTINA
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abril 18, 2011

Quitan la Tenencia a la Madre de una Menor que se Cayó del Auto Sin que Ella se Enterara

Categoría: DERECHO DE FAMILIA — gcornejo @ 09:06 — Visto: 192 veces
Quitan la Tenencia a la Madre de una Menor que se Cayó del Auto Sin que Ella se Enterara

En el día de ayer, un juez de Córdoba decidió quitarle a un madre la tenencia de su hija de 19 meses, debido a que la menor se había caído del automóvil en el que viajaba con su madre, quien no se percató de que se hija se había caído al asfalto hasta que llegó a otra localidad.

La mujer recién advirtió que había perdido a su hija cuando llegó a la localidad de Huerta Grande, ubicada a 3 kilómetros de donde se había caído la niña, donde acudió a la policía a denunciar que habían secuestrado a su hija.

En realidad, la niña se había caído frente a la terminal de ómnibus de La Falda, donde fue vista por personas que estaban en el lugar, quienes la llevaron hasta el Hospital Municipal donde permanece internada como consecuencia de las heridas provocadas por la caída.

El juez de Control, Familia y Faltas de Cosquín, Gabriel Prémoli, comunicó que “se le retiró la menor a la madre y se la entregó en guarda provisoria a los abuelos maternos”.

Por su parte, la fiscal de Cosquín, María Alejandra Hillman, denunció a la mujer por lesiones culposas contra su hija, al considerar que “esta conducta pasa ya de un negligencia y debe ser encuadrada en lesiones culposas”, según explicó en declaraciones radiales.

A su vez, la fiscal aclaró que no existen medidas restrictivas para que la madre pueda ver a su hija, debido a que la guarda sólo tiene que ver con la verificación de las circunstancias en que ocurrió el hecho.
FUENTE: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 18, 2011

Ratifican Inviolabilidad del Correo Electrónico al Considerarlo Correspondencia Privada

Categoría: DERECHO CONSTITUCIONAL — gcornejo @ 08:50 — Visto: 448 veces
Ratifican Inviolabilidad del Correo Electrónico al Considerarlo Correspondencia Privada

Al resolver sobre la necesidad de la citación de los demandados ante la producción de prueba anticipada sobre correos electrónicos, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial sostuvo que el correo electrónico no puede ser observado por terceros, y que cualquier injerencia en el ámbito privado de una persona sólo puede ser realizada con el control del órgano jurisdiccional.

En la causa “Royal Vending SA c/Cablevision SA y otro s/ ordinario”, la Defensora oficial apeló en forma subsidiaria la resolución que dispuso su intervención en la medida de prueba anticipada ordenada en el caso.

La actora había solicitado en la causa como prueba anticipada la designación de un perito en informática para que se constituyera en la sede de la demandada y verificara la existencia de los correos electrónicos que acompañó con su demanda, e informara para el supuesto de que dichas constancias hubieren sido borradas o alteradas, si existe algún medio o procedimiento para su recuperación.

El magistrado de grado hizo lugar a la medida, pero en lugar de ordenar la citación de la contraria dispuso que la prueba anticipada se realizara con la intervención de la defensora oficial, al considerar que lo demandados no pueden ser notificados de la medida, debido a que su anticipación en el conocimiento podría permitir que modifiquen o destruyan el objeto probatorio a adquirir.

En sus agravios, la recurrente sostuvo que en la forma en que fue dispuesta la medida se asemejaba más a una medida cautelar que a una prueba anticipada.

Los jueces de la Sala A señalaron en primer lugar que en el presente caso “se ha ordenado la producción de una prueba anticipada y no la traba de una medida cautelar, institutos que tienen finalidades distintas”, ya que la primera “tiende a asegurar la eficacia práctica de la sentencia definitiva mediante la tutela del derecho invocado, y por ello se ordena inaudita parte”, mientras que la prueba anticipada “tiene como objeto asegurar pruebas de realización dificultosa en el período procesal correspondiente”.

Los camaristas explicaron que “en supuestos de producción anticipada de la prueba debe conferirse intervención a la contraria, a quien se debe citar al efecto de que tenga oportunidad de controlarla”, mientras que “sólo en supuestos en que la medida pueda frustarse por la demora que se ocasionaría por la notificación, el Código permite omitir la citación acordando en su lugar la participación de la Defensora Oficial”.

Tras destacar que “la designación del defensor oficial debe disponerse cuando no se pueda ubicar el domicilio del futuro contradictor o cuando por razones de extrema urgencia no exista el tiempo necesario para notificarlo”, los jueces resolvieron que en el presente caso “no se advierten razones para omitir la citación de la contraria y ordenar en su lugar la intervención de la Defensora Oficial”.

Según los jueces, ello se debe a que la actora “no ha alegado desconocer el domicilio de las demandadas -Cablevisión SA y GC Gestión Compartida SA-, sino por el contrario los ha denunciado en su demanda por lo que no se configura el supuesto de desconocimiento del domicilio de las accionadas”, por lo que no cabe omitir la citación de las demandadas.

En la sentencia del 17 de febrero pasado, al considerar que no cabía omitir la citación de las demandadas, los jueces expresaron que “el objeto de la pericia encomendada son correos electrónicos (e-mail)”, habiéndose resuelto en el ámbito del derecho penal que “es correspondencia privada protegida por la Constitucional Nacional en razón del reconocimiento de la libertad de intimidad y el consecuente derecho a la vida privada, por ende, la única forma en que se podría ingresar al ámbito privado sería por orden de juez competente, mediante auto fundado, ya que esa es la autoridad a la que se refiere la CN”.

En base a ello, concluyeron que “el correo electrónico no puede ser observado por terceros, aún cuando no se empleen todavía los medios idóneos para la reserva de sus contenidos y en esa inteligencia cualquier injerencia en el ámbito privado de una persona sólo puede ser realizada con el control del órgano jurisdiccional”, debido a que “se estarían infringiendo derechos básicos como la intimidad y la inviolabilidad de la correspondencia ordinaria (art.19 CN)”.

fuente: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 18, 2011

En Córdoba seguirá el proceso contra funcionarios judiciales de la dictadura

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 01:30 — Visto: 183 veces
En Córdoba seguirá el proceso contra funcionarios judiciales de la dictadura


La Cámara Federal de Apelaciones cordobesa resolvió rechazar los planteos de "prescripción" y "falta de acción" promovidos por las defensas de tres ex funcionarios de la Justicia Federal que están siendo investigados por sus desempeños durante la última dictadura militar.

Los camaristas, en su resolución, también piden al juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, quien tiene a cargo la instrucción de la causa, que el proceso de investigación lo lleve adelante con la "mayor celeridad posible", según precisó uno de los abogados querellantes, Miguel Vaca Narvaja.

El tribunal se expidió sobre los planteos de las defensas de los ex fiscales federales, Alí Fuad Alí y Antonio Sebastián Cornejo y del ex juez federal Miguel Angel Puga. Estos tres ex funcionarios judiciales, junto a otros, fueron mencionados como colaboradores o por no cumplir sus funciones durante el juicio por la muerte de 31 presos políticos ocurrido en 1976, y por el cual el año pasado fueron condenados en Córdoba, entre otros, los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.

Los abogados defensores de los imputados, José Buteler, Julio Loza, Carlos Lascano Roqué y Angel Carranza habían planteado la prescripción de la causa, en desacuerdo con la imputación y también por la falta de acción del expediente.

Por su parte, los abogados querellantes, Miguel Ceballos, Miguel Martínez y Vaca Narvaja se opusieron al pedido de las defensas de los imputados y como contrapartida solicitaron la ampliación del requerimiento fiscal existente para que sean investigadas las conductas de magistrados y funcionarios de la justicia federal de Córdoba de aquella época. En ese sentido mencionaron también a Ricardo Haro, actual conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN); Carlos Otero Álvarez; Luis Eduardo Molina y Eudoro Vázquez, quienes también son investigados por el juez Piedrabuena.

FUENTE: PAGINA 12 ARGENTINA
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abril 18, 2011

El Gobierno encarecerá la prejubilación. Trabajo exigirá a las grandes empresas con beneficios que asuman las prestaciones por desempleo de los prejubilados -

Categoría: DERECHO PENSIONARIO — gcornejo @ 01:25 — Visto: 225 veces

El Gobierno encarecerá la prejubilación. Trabajo exigirá a las grandes empresas con beneficios que asuman las prestaciones por desempleo de los prejubilados - La iniciativa se incorporará a una norma ya en trámite


MANUEL V. GÓMEZ - Madrid - 18/04/2011

El Gobierno está decidido a poner coto a las prejubilaciones. Al menos, las que acometen grandes empresas con beneficios. Y para ello ha encontrado una vía: encarecerlas. Según fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo, el Ejecutivo va a exigir a las corporaciones más rentables que, si reducen plantilla a través de prejubilaciones, asuman el coste de las prestaciones por desempleo que suelen soportar las arcas públicas.



Se plantea cargar el coste a las firmas cuando se prejubile a mayores de 52 años

Está aún por decidir a partir de cuántos beneficios y empleos se exigirá el pago

Las prejubilaciones son una de las vías más utilizadas en despidos pactados

No es la primera vez que el Gobierno propone este tipo de cambio

Trabajo cree que la enmienda contará con apoyo suficiente en el Congreso

El ministerio se ha inspirado en una regulación aplicada en Finlandia

La idea no es nueva; el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, la estudia desde hace meses. Pero es ahora, con una iniciativa parlamentaria, cuando tomará cuerpo. Como norma general, un prejubilado es un trabajador en sus últimos años de vida laboral que ha llegado a un acuerdo, colectivo o individual, con su empresa por el que recibe una indemnización en el momento de ser despedido. Entonces, el prejubilado, como cualquier otro desempleado -la figura administrativa del prejubilado no existe- pasa a cobrar de los servicios públicos de empleo la prestación a la que tiene derecho durante un máximo de dos años. Esto supone un abaratamiento del coste del despido para las empresas, ya que a la hora de calcular la indemnización ambas partes cuentan con el dinero que el prejubilado percibirá del antiguo Inem.

No obstante, en toda norma hay excepciones. En España ha habido grandes reducciones de plantillas en las que los prejubilados que perdían su trabajo no han pasado por las oficinas públicas de empleo y, por tanto, el Estado no ha tenido que desembolsar dinero alguno. Son los casos de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en los ajustes de plantilla de la banca y alguno de los que ha hecho la propia Telefónica hasta el momento. Telefónica protagonizó el mayor expediente de regulación de empleo (aprobado sin cambios por el Gobierno), al que se acogieron 14.000 personas entre 2003 y 2008. En aquel ERE, pactado con los sindicatos, el grueso de las bajas fueron prejubilaciones de mayores de 52 años en las que la empresa compensó a los extrabajadores hasta su jubilación anticipada (61 años), y en menor medida, hasta la edad legal de jubilación (65 años). Y como era (y es) habitual, el antiguo Inem se hizo cargo de las prestaciones por desempleo.

Ahora, la intención del Gobierno es obligar a las grandes empresas con ganancias a asumir el coste de esa prestación en despidos colectivos para trabajadores mayores de 52 años que no van a reintegrarse al mercado laboral.

Para ello, fuentes cercanas al Ministerio que dirige Valeriano Gómez apuntan que Trabajo ha redactado un borrador que planea incorporar como enmienda en la tramitación de la Ley General de Seguridad Social o en el Decreto Ley de Políticas Activas de Empleo. En esta última opción se incluiría en la disposición final primera. Ambas normas se encuentran pendientes de su aprobación en el Congreso, con un plazo de presentación de enmiendas que se agota en las próximas semanas. En Trabajo creen que habrá apoyo político suficiente para sacarla adelante.

No es este el único detalle que falta por cerrar. A "la primera versión" del texto que ha redactado Trabajo, todavía le faltan aspectos determinantes como a partir de qué número de trabajadores se impondrá la norma o cuál será el volumen de ganancias que servirá como referencia.

No es la primera vez que el Gobierno se propone endurecer las prejubilaciones. Ya el anterior ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, las criticó con fiereza. "En los casos de empresas en beneficios, hay que prohibirlas directamente", llegó a afirmar. Pero el departamento llegó a la conclusión de que esa era una vía jurídica cerrada: en muchos casos, la prejubilación no es más que un despido pactado libremente entre empresa y trabajador.

La alternativa, en la que el equipo de Valeriano Gómez trabaja desde noviembre, apuesta por encarecerlas de forma indirecta. Hasta que no se fije a partir de qué volumen de empleo y de qué umbral de beneficios se aplicaría es imposible estimar el ahorro para los servicios públicos de empleo. Y en este asunto, escasean las referencias oficiales. Un informe elaborado por el Consejo Económico y Social hace una década calculaba en 240 millones anuales al año el coste en prestaciones por desempleo por las prejubilaciones de grandes empresas. Pero las condiciones laborales han variado de forma notable.

Tampoco hay muchas más pistas sobre la dimensión total del colectivo de prejubilados, cobren o no prestación por desempleo. La asociación de técnicos de Hacienda cree que ronda las 400.000 personas, aunque esto incluye todo tipo de casos (expedientes colectivos y pactos individuales en empresas con beneficios o pérdidas, grandes o pequeñas),

En Europa, Finlandia ya cuenta con una regulación de este estilo. De hecho, Trabajo se ha inspirado en la norma finlandesa para su diseño. En el país nórdico, existen las llamadas "pensiones por desempleo" para los trabajadores mayores de 50 años afectados por regulaciones de empleos en empresas con beneficios. En estos casos, la compañía abona el 100% de la pensión si tiene más de 1.000 trabajadores. El porcentaje disminuye hasta el 80% conforme baja la plantilla.

Las prejubilaciones son una de las vías más utilizadas en los despidos colectivos pactados por empresas y sindicatos. Pierden el empleo los trabajadores más próximos a la jubilación a cambio de una indemnización que, muchas veces, supera lo establecido en la norma. Con ella el parado-prejubilado abandona un mercado laboral que tampoco les ofrece muchas oportunidades. Normalmente, acaban jubilándose con pensiones menores por los coeficientes de reducción por hacerlo de forma anticipada. Por eso, en muchos casos no suponen un sobrecoste para el sistema de pensiones, ya que su paga será menor durante el resto de su vida.

FUENTE: EL PAIS ESPAÑA
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abril 18, 2011

El Supremo ordena a la Audiencia revisar la liquidación de condenas de dos etarras

Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 01:10 — Visto: 154 veces
El Supremo ordena a la Audiencia revisar la liquidación de condenas de dos etarras

La sentencia del alto tribunal contradice la interpretación de la 'doctrina del doble cómputo de las penas' que permitió la salida en libertad de Troitiño

EL PAÍS / AGENCIAS - Madrid - 18/04/2011

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ordenado a la Audiencia Nacional que revise la liquidación de condena de los exmiembros del comando Araba de ETA, Ignacio Fernández de Larrinoa y Miren Gotzone López de Luzuriaga. En su sentencia el alto tribunal ha estimado el recurso de casación que presentaron los terroristas, condenados a más de 100 años de prisión, que pidieron una revisión de la pena basada en la doctrina del doble cómputo de las penas, gracias a cuya aplicación logró salir en libertad el sanguinario etarra, Antonio Troitiño.

Al menos seis etarras más se acogen al resquicio legal de Troitiño para salir de prisión
La Audiencia Nacional decidirá sobre Troitiño el 25 de abril


La resolución del Supremo, de la que ha sido ponente el juez conservador José Manuel Maza, entiende que sí debe aplicarse a los dos presos etarras la doctrina del Constitucional, pero concluye que el tiempo de prisión preventiva debe abonarse sobre cada una de las penas impuestas y no sobre el límite legal de 30 años de estancia en prisión, que establece el Código Penal. De este modo, el altro tribunal contradice la interpretación que de la doctrina del doble cómputo de la pena hizo la Audiencia Nacional y que permitió el pasado miércoles la puesta en libertad de Troitiño. La sentencia del Supremo que se ha dado a conocer hoy sostiene la aplicación de la doctrina del Constitucional pero aplicada a la luz de la doctrina Parot.

La excarcelación de Troitiño será estudiada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el próximo 25 de abril, teniendo en cuenta el recurso que la Fiscalía interpuso contra la puesta en libertad del etarra seis años antes de lo previsto, si se le hubiera aplicado la doctrina Parot.

FUENTE: EL PAIS ESPAÑA
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abril 18, 2011

Charles Manson: 'Soy un mal hombre que dispara a la gente'

Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 01:04 — Visto: 159 veces
Charles Manson: "Soy un mal hombre que dispara a la gente"

A 40 años de su condena por el asesinato de siete personas, el ahora anciano de 76 años dice que vive “en el inframundo”

Lunes 18 de abril de 2011
Asesinos, Charles Manson
(AP)

Madrid (EFE). Cuando se cumplen 40 años desde que fue condenado por el asesinato de siete personas, entre ellas la actriz Sharon Tate, casada con Roman Polanski y embarazada de ocho meses, Charles Manson en una entrevista en exclusiva a Vanity Fair España se declara “un mal hombre que dispara a la gente”.

Tras más de dos décadas de silencio y desde la prisión californiana de Corcoran, Charles Manson, de 76 años, dice en español a esta revista que “la mala hierba nunca muere”.

“Vivo en el inframundo. No le digo a la gente lo que tienen que hacer. Ellos saben lo que tienen que hacer. Y si no lo saben, no vienen a mí. Soy un mezquino, un sucio, un forajido y malo”, así responde el anciano cuando se le pregunta por el caso Tate/La Bianca producido las noches del 9 y 10 de agosto de 1969.

Crímenes que, según se estableció en el juicio, Manson ordenó que se cometiesen a cuatro jóvenes con los que compartía comuna hippy en un rancho a las afueras de Los Ángeles, con el fin de espolear una guerra racial que el propio Manson habría vaticinado.

Recientemente, Manson se ha puesto por primera vez en manos del abogado italiano Giovanni DiStefano, conocido por haber defendido a Sadam Husein, para intentar reabrir su caso, según la revista.

El abogado ha presentado en su nombre un recurso ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos y ha enviado una carta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la que le solicita la anulación de la condena por haberse vulnerado durante el juicio los derechos de Manson.

En las alegaciones, DiStefano explica que a Manson no se le permitió defenderse a sí mismo ni tampoco testificar ante un jurado al que consideran que el fiscal del caso manipuló creando una teoría sobre una conspiración que no existió, según avanza Vanity Fair España.

OBAMA ES UN “ESCLAVO DE WALL STREET”
“Creo que Obama es idiota por hacer lo que hace. No sé como le han podido engañar para meterse ahí. Están jugando con él”, afirma Manson a Vanity Fair cuando se le pregunta su opinión por el presidente de Estados Unidos, a quien considera “un esclavo de Wall Street”.

Manson, que fue condenado a muerte, pero cuya pena fue conmutada por cadena perpetua tras la abolición de la pena capital en California, mantiene un gran número de seguidores que continúan enviándole cartas a la cárcel, donde ha pasado casi 42 años de su vida.

“Todos somos mártires. El amor es un mártir. Por eso Cristo llama la atención. Por eso le crucificaron”, sentencia Manson, quien añade que “tarde o temprano la voluntad de Dios se impondrá sobre todos vosotros, y a mí me condenasteis por ser la voluntad de Dios”.

FUENTE: EL COMERCIO PERU
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abril 18, 2011

Detenciones por fosas de San Fernando suman 45

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 12:47 — Visto: 379 veces
Detenciones por fosas de San Fernando suman 45



Por: El Universal
México, D.F. / Abril 18.-
Con la del sábado, en total suman 45 las detenciones en torno a las fosas clandestinas de San Fernando, pues las autoridades aprehendieron en principio a 17 personas que se encuentran bajo arraigo, posteriormente, a 16 policías implicados y a 11 personas más.
El vocero de Semar precisó que tras el descubrimiento de las recientes fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, aumentó la presencia de personal de la Marina en la zona, con el propósito de efectuar trabajos de inteligencia e intercambiar la información con agencias nacionales y extranjeras, lo que permitió ubicar y asegurara las personas.
Después de la presentación de los detenidos y el parte informativo, el vocero de la Secretaría de Marina evitó dar mayores detalles como resultado de que las investigaciones están en curso y podrían afectarse.
Tanto los detenidos como lo asegurado serán puestos a disposición de la Procuraduría General de la República para realizar las investigaciones respectivas.

FUENTE: LACRONICA MEXICO
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abril 18, 2011

Mercedes Cabanillas: Corrupción minó al APRA

Categoría: CORRUPCION — gcornejo @ 12:37 — Visto: 178 veces
Mercedes Cabanillas: Corrupción minó al APRA



Lun, 18/04/2011 - 11:21
Mercedes Cabanillas: Corrupción minó al APRA
Ex ministra del Interior no accedió al Congreso y ensaya las razones a porqué el APRA tiene tan pocos parlamentarios electos. "La corrupción minó al gobierno y perjudicó al partido", indicó.

Mercedes Cabanillas, actual congresista y no reelecta, en el APRA, respondió a las razones del poco apoyo que recibió el partido de gobieno en las pasadas elecciones generales.

“La corrupción minó al Gobierno y perjudicó al partido. El partido fue generoso en dar su apoyo al Gobierno y la Cédula Parlamentaria aprista también, pero la corrupción, el no haber sido más drásticos en reclamar sanciones inmediatas (nos perjudicó), manfiestó Cabanillas Bustamante en RPP.

Sobre su responsabilidad en el Baguazo

Más adelante, la aún parlamentaria, insistió en negar cualquier responsabilidad en el lamentable "Baguazo", remarcó que si se trata de cuestionamiento a su honestidad no los acepta de ninguna manera.

"Pongo mis manos al fuego por mí misma y por nadie más porque no he tenido ningún acaparamiento ni tocamiento de dineros extraños y menos de fondos públicos, con eso hay deslindar porque eso sí le hace mucho daño al partido y los compañeros que me escuchan saben bien quiénes se han beneficiado indebidamente de fondos públicos", finalizó.

FUENTE: LA REPUBLICA.PE
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abril 16, 2011

SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA EL EX PRESIDENTE AUGUSTO LEGUIA

Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 11:32 — Visto: 678 veces
SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA EL EX PRESIDENTE AUGUSTO LEGUIA


TRIBUNAL DE SANCION NACIONAL
SEGUNDA SALA
SECRETARIA

Lima, siete de enero de mil novecientos treinta y uno.

Vistos los procesos cumulados seguidos contra Don A gusto b. Leguia, ex presidente de la Republica y sus hijos Augusto, José y Juan Leguia Swayne, y los traídos que se devolverán, de los que resulta: que remitida por el Ministerio de Gobierno la lista de los encausados por enriquecimiento ilícito en la que figuran los anteriormente nombrados, se abrió contra estos los procesos respectivos, los que seguidos en sus debidos tramites, y observadas las reglas del Decreto- Ley de veintiocho de octubre ultimo, y atendiendo a la estrecha relación de las actividades de los encausados en lo concerniente al enriquecimiento ibicito que se juzga, ha sido necesaria la acumulación de los procesos iniciados contra ellos, a fin de dar unidad a la apreciación de la responsabilidad, toda vez que esta surge de los mismos hechos en que los encausados han tenido casi siempre participación conjunta, y cuyo merito procesal no debe fraccionarse; que prestada la declaración por los encausados presente, Augusto B. Leguia y Juan Leguia Swayne se declaro rebelde a los ausentes Augusto y José Leguia Swayne, por no haber comparecidos oportunamente por si o por medio de apoderado o defensor, que emitido el dictamen fiscal correspondiente, se corrió traslado a los encausados por el termino de ocho días habiendo absuelto el tramite de defensa únicamente l abogado de Augusto B, Leguia, y vencido dicho termino quedan los proceso expeditos para sentenciar: y
CONSIDERAR:

1. Que la abundante prueba reunida en los respectivos autos y anexos patentiza que los procesados Juan, Augusto y José Leguia Swayne han aprovechado de concesiones, contratos, comisiones, primas, etcétera, etcétera, por concepto de los cuales han obtenido ingentes sumas de dinero mermados al erario nacional.
2. Que las infinitas y diversas participaciones que se han adjudicado dichos procesados aparecen en primera línea las primas o comisiones recibidas por los Empresitas Nacionales, por los negociados de “Sasape” y “La Molina”, por la explotación del Juego en la Republica, por la venta del opio y demás estupefacientes, por los privilegios y monopolios para la explotación del petróleo y sus derivados, venta de explosivos y otros materiales y la construcción de los mas onerosos caminos y carreteras.
3. Que la responsabilidad del exmandatario Augusto B. Legui, en todos estos negociados queda asimismo demostrada con las pruebas palpables sobre el carácter de esas especulaciones o contratos en que, contrariando los principios de orden moral y jurídico, ha intervenido ya directamente o por medio de terceras personas, en venta o compras como las ya indicadas de las haciendas “3 La Molina” y “ Sasape”; en contratos de obras publicas como la del nuevo Palacio de Justicia a cargo de Gildred & Co; en concesiones de terrenos de montaña, petroleras, carreteras, viniendo a aumentar su indebido enriquecimiento los giros hechos en sus cuentas corrientes de los Bancos de esta capital por mas de dos millones de soles cuyo aprovechamiento en su favor o el de sus familiares y obsequios a terceras personas, con fincas construidas por su orden, queda especificada en sus talonarios de cheques correspondientes solo a los últimos cinco años.
4. Que después de producido el dictamen fiscal se trae a este tribunal nueva prueba de oscuras operaciones comerciales y es la referente a los cheques girados al portador por Rosa E. Chiri, mujer de Arturo Cisneros, rematistas de las casa de juego y tolerancia, por valor de cincuenta y tres mil sesenta y dos mil soles respectivamente y endosados por don Lisandro Quezada Caisson, al Banco del Peru y Londres, con fecha quince de mayo de mil novecientos treinta, quien en esa misma fecha nueve ese abono en un cheque por noventa y ocho mil soles a la orden del referido Banco que hace ingresar en la cuenta particular de A gusto B, Leguia como precio de bonos allí pignorados.
5. Que el ejercicio indebido que hacia Augusto B. Leguia de la autoridad suprema no solo se descubre en la forma y circunstancias que quedan enumeradas sino que aparece aun mas en sus actividades comerciales con las instituciones de crédito de las cuales obtenía prestamos que no hubieran sido concebidos a ningún particular, pues según afirmación de su abogado con algunos tan contrarios a los principios que rigen estas operaciones que si se liquidara, por ejemplo, la sociedad agrícola e industrial de Cañete se irrogaría una perdida de dos millones de soles a los acreedores, al haberse facilitado mas de cuatro millones de soles por bienes que están muy lejos de responder a ese valor.
6. Que igualmente persuade del desconocimiento en que vivió el exmandatario de los mas elementales deberes que le correspondían al conocerse los descuentos constantes que hacia de su firma en letras y pagares ante esas mismas instituciones bancarias, con mengua indiscutibles de la alta función que desempeñaba.
7. Que tal situación resulta aun mas agravada al saberse que especulo con valores del Estado, como deuda interna del siete por cinto y deuda de amortización del uno por ciento, cuyas fluctuaciones dependen en lo absoluto del poder administrativo; y que garantizo con estos valores muchas de las operaciones bancarias, dejando impagas y sin resguardo otras en que dieron fe a su firma.
8. Que nuestro criterio se afirma al conocer por las comunicaciones, cartas cablegramas que corren en los archivos de Juan Leguia, la evidente relación y concomitancia de este procesado con los banqueros y prestamistas del Perú señores Seligman And Compaña, sobre las fuertes primas y comisiones que por concepto de los empréstitos nacionales percibía, participaciones acrecentadas con daño evidente de la nación al haber alejado por este interés la concurrencia de otros banqueros que hubiera permitido aprovechar las propuestas mas liberales y de tipos de descuentos mas favorables sin necesidad de entregar en garantía las mas saneadas rentas de la Republica.
9. Que todos esos negociados o contratos no han podido ser alentados sino por un afán de lucro inmoderado, además de aportar sumas al erario para subvenir y mantener la desatentada política de derroches que ha dejado exhausto la hacienda nacional.
10. Que la inescrupulosidad en el manejo de las rentas nacionales, puestas de manifiesto como nunca hubiera sido dable imaginar en documentos, escrituras, cartas, etcétera, fue de tal naturaleza que solo así se explica actos notorios, entre otros muchos como los de cancelación del contrato Dreyfus siendo Leguia apoderado de esa firma, la entrega de la administración del correo a la Compañía Marconi, y venta a perpetuidad de los ferrocarriles de la Republica a la Peruvian Corporation- precisamente por quien mantenía en los presupuestos partidas enormes para la construcciones ferrocarriles- y arreglos y liquidación del guano con la misma compañía.
11. Que si no es posible fijar de manera precisa y matemática el monto del enriquecimiento ilícito de los encausados, porque no hay medio de apreciar e investigar en esa forma la multitud de primas y comisiones percibidas, que por propia naturaleza escapan a todo control, como tampoco de determinar las sumas dilapidadas en la vida dispendiosa que llevaron o en las especulaciones a que se dedicaron, cabe llegar a una suma aproximada globalmente por la efectiva solidaridad que ha existido entre los cuatro procesados, respondiendo a los distintos renglones, contenidos en los anteriores considerandos como a los enorme gastos hechos por esas personas, y a los informes de los contadores, no puede dejar de alcanzar a la cantidad de veinticinco millones de soles oro.
12. Que nada disminuye o destruye la calificación del enriquecimiento ilícito que dejamos establecida, la situación de insolvencia en que se presentan los procesados, porque es lógico suponer que ocultan grandes capitales en valores o en depósitos en el extranjero o que han dilapidado en operaciones ruinosas el dinero extraído a la nación, debiendo en cualquiera de estos supuestos condenárseles a reintegrarlo con los bienes embargados e incautados o con los bienes que posteriormente puedan ser descubiertos como de su propiedad.

POR LO TANTO:

De conformidad, con el dictamen de los señores Fiscales, cuyos fundamentos se producen FALLAMOS a nombre de la Nación, y con el criterio de conciencia que la ley nos ha concedido, que han incurrido en ilícito enriquecimiento Augusto B Leguia, Augusto Leguia Swayne, José Leguia Swayne y Juan Leguia Swayne; fijamos en veinticinco millones de soles oro el monto de la responsabilidad monetaria que conjuntamente les afecta, ordenamos su restitución al Estado, en la cantidad que sea posible, previo el pago de los créditos preferenciales respectivos; y establecemos que los procesados serán responsables económicamente por la cantidad que quedare insastifecha, disponemos se saque copia certificada de los documentos que forman en anexo “B” , referente a las casas de juego y tolerancia, y se remita al tribunal Correccional, para los efectos del juicio penal correspondiente, en armonía con lo dispuesto en la ultima parte del articulo treinta y siete del Estatuto- Ley; y mandamos pase este expediente y sus anexos junto con los cerditos presentados por los acreedores, a la primera Sala de este Supremo Tribunal, para los efectos del citado articulo treinta y siete, parte primera Carlos Augusto Pasara , Manuel a. Sotil; Enrique F. Maura; Daniel Desmaisson; Alberto Panizo S; Juan F. Mendoza . Secretario.

CERTIFICO, Que el voto de los señores vocales, capitanes, Desamaisson y Panizo es en voto conforme, excepto en cuanto a la cantidad del enriquecimiento ilícito que la estima en cincuenta millones de soles oro- Mendoza. Secretario.

Nosotros tenemos que señalar que hay igualdad en los textos cotejados tanto del Libro del Tribunal como del “Fallo” publicado por el Diario “Libertad “, Año I, nº 113, PAG. 3, Lima, Jueves 8 de enero de 1931.
TOMADO DE REPRODUCCION EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.
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abril 16, 2011

MODIFICAN CODIGO PENAL, MODIFICA DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL SOBRE DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA.

Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 11:30 — Visto: 1320 veces
LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL SOBRE DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA.

PODER LEGISLATIVO
POR CUANTO:
El congreso de la Republica
Ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA,
Ha dado la ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL SOBRE DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA.

ARTICULO 1.- MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 286, 287, 288 Y 294 DEL CODIGO PENAL.

Modificanse los artículos 286, 286, 287, 288 Y 294 del Código Penal, conforme a los siguientes textos:

Articulo 286. Contaminación o adulteración de bienes o insumos destinados al uso o consumo humano y alteración de la fecha de vencimiento
El que contamina o adultera bienes o insumos destinados al uso o consumo humano, o altera la fecha de vencimiento de los mismos, sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
Articulo 287. Contaminación o adulteración de alimentos o bebidas y alteración de la fecha de vencimiento.
El que contamina o adultera bienes o insumos destinados al uso o consumo humano, o altera la fecha de vencimiento de los mismos, sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años.
Articulo 288. Producción, comercialización o trafico ilicito de alimentos y otros productos destinados al uso o consumo humano.
El que produce, vende, pone en circulación, importa o toma en deposito alimentos, aguas, bebidas o bienes destinados al uso o consumo humano, a sabiendas de que son contaminados, falsificados o adulterados, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.
Articulo 294. Suministro infiel de productos farmacéuticos, dispositivos medico o productos sanitarios.
El que teniendo o no autorización para la venta de productos farmacéuticos, dispositivo médicos o productos sanitarios, a sabiendas, los entrega en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta medica o distinta de la declarada o convenida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.
Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando el químico farmacéutico proceda conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 32 de la Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitario.”

ARTICULO 2. INCORPORACION DE LOS ARTICULOS 294-A 294-B Y 294-C AL CODIGO PENAL.
Incorpórense los artículos 294-A, 294-B y 294-C al Código Penal en los términos siguientes:
Articulo 294-A. Falsificación, contaminación o adulteración de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios.
El que falsifica, contamina o adultera productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, o adultera su fecha de vencimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco multa.


El que, a sabiendas, importa, comercializa, almacena, transporta o destruye en las condiciones antes mencionadas productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, será reprimido con la misma pena.
Articulo 295-B. Comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios sin garantía de buen estado.
El que vende, importa o comercializa productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios luego de producida su fecha de vencimiento, o el que para su comercialización los almacena, transporta o distribuye en esa condición, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días de multa.
Articulo 294-C. Agravantes
Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos 286,287, 288,294,294-A Y 294-B, ocasiona lesiones graves o la muerte y el agente pudo prever, la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de quince años.
Si el agente en los delitos previstos en los artículos 294-A y 294-B, tiene la condición de director técnico, o quien haga sus veces, de un establecimiento farmacéutico o establecimiento de salud, será también reprimido con inhabilitación conforme a los numerales 1, 2 y 4 del articulo 36”.

Comuníquese al señor Presidente de la Republica para su promulgación.
En Lima, a los treinta y un dias del mes de marzo de dos mil once.

CESAR ZUMAETA FLORES.
Presidente del Congreso de la Republica
ALDA LAZO RIOS DE HOURNUNG
Segunda Vicepresidenta del Congreso de la Republica
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA.
POR TANTO:
Mano se publique y cumpla
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once dias del mers del añoi dos mil once.
ALAN GARCIA
Preside Constitucional de la Republica
ROSARIO DEL PILAR FERNANDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros y Ministra de Justicia.


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abril 16, 2011

Mujer que mató a sus hijos pidió perdón en Facebook antes del crimen

Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 11:25 — Visto: 213 veces
Mujer que mató a sus hijos pidió perdón en Facebook antes del crimen


Solo el mayor de 10 años pudo escapar luego de que su madre lanzó el auto en el que viajaban al río Hudson

Viernes 15 de abril de 2011 - 09:50 pm
LaShanda Armstrong
(gawker.com)
EL COMERCIO PERU


“Por favor, perdónenme por lo que estoy a punto de hacer. Este es el final”, escribió LaShanda Armstrong (25 años) en su cuenta en Facebook el martes, minutos antes de lanzar al río Hudson (Nueva York, Estados Unidos) el automóvil familiar en el que viajaban ella y sus cuatro hijos.

Solo el hijo de 10 años de la mujer pudo escapar vivo de la ventana del auto, pero no corrieron la misma suerte los menores de 11 meses, 2 y 5, quienes murieron ahogados.

El hijo sobreviviente contó a los bomberos que su madre les dijo “todos vamos a morir hoy” y minutos después cometió el desquiciado acto. Milagrosamente el menor pudo escapar de la muerte y nadar hasta las orillas del río, donde fue auxiliado y llevado a un parque de bomberos cercano a Newburg (ubicado a 96 kilómetros de Nueva York).

Según informó “New York Times”, la mujer tuvo una pelea doméstica con su pareja, a quien descubrió con otra mujer.
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abril 16, 2011

Líbano: video muestra brutal tortura a detenidos

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 11:24 — Visto: 238 veces
Líbano: video muestra brutal tortura a detenidos

Ciudadanos denunciaron que les propinaron una paliza cuando fueron arrestados y se encontraban tumbados en el suelo


Sábado 16 de abril de 2011
EL COMERCIO PERU

Patadas, pisotones y golpes en el rostro recibieron varios hombres en dos localidades de Líbano cuando fueron detenidos. Una ONG de derechos humanos denunció estas torturas con un impactante video.

Los hombres recibieron la golpiza cuando se encontraban enmarrocados y tumbados en el suelo. Tras recuperar su libertad, los detenidos mostraron las visibles huellas de la golpiza que le propinaron.

Esta denuncia se produce luego que autoridades sirias lanzaran una campaña de detención por protestas en las que pedían “más libertades” en algunas localidades.
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abril 16, 2011

Cómo deberle menos al banco sin gastar un sol

Categoría: DERECHO FINANCIERO — gcornejo @ 11:23 — Visto: 303 veces
Cómo deberle menos al banco sin gastar un sol

Si tiene deudas que no estén morosas puede ordenar sus cuentas personales y, además, generar ahorros


EL COMERCIO PERU
Sábado 16 de abril de 2011


RICARDO SERRA FUERTES

En la actual coyuntura, en la que prima el nerviosismo en los mercados y muchas empresas podrían postergar sus decisiones o proyectos hasta que se defina quién será el próximo presidente de la República, surgen dudas en las personas naturales sobre lo que podrá ocurrir con sus empleos, sus ingresos, los precios, ahorros y otras variables que afecten su economía personal.

Ante ello, una buena idea es disminuir los gastos de la vida diaria.

Una manera de hacerlo, si es que tiene deudas con entidades del sistema financiero y las has estado pagando puntualmente, es consolidarlas.

¿QUÉ ES?
Tal vez el término ‘consolidación de deudas’ suene extraño para algunos, pero no es otra cosa que juntar todas las deudas en una sola.

Por ejemplo, si una persona le debe S/.500 al banco A, S/.1.200 al banco B y S/.200 al banco C, y por cada una de ellas está pagando cuotas, una consolidación de deudas consiste en que una entidad financiera paga los montos que le debe a esos bancos.

Así, la persona le deberá S/.1.900 (S/.500 + S/.1.200 + S/.200) a un solo banco.

Además, generalmente ese banco que le compró las deudas le ofrecerá una tasa de interés menor, por lo que las cuotas que pagará por ese nuevo y único crédito deberían ser menores que la suma de las cuotas anteriores a la consolidación de sus deudas.

Así, sin desembolsar un solo sol o un solo dólar, el cliente financiero podrá deberle menos dinero a los bancos.

PROS Y CONTRAS
Una de las ventajas que ofrece una consolidación de deudas es la facilidad de realizar tan solo un pago mensual, con lo cual se eliminan los riesgos de movilizar su dinero a través de varias entidades financieras.

Además, la consolidación de las deudas le permite al usuario programar mejor sus fechas de pago de acuerdo con la entrada de sus ingresos.

Pero debe tener cuidado con lo que pacte con el banco que agrupará todas sus deudas en una sola, pues este trámite a veces conlleva cobros de comisiones, seguros y otros conceptos, que lo podrían llevar a tener una tasa de costo efectivo mayor que antes de la consolidación.

Una manera de hacer un buen cálculo es sumar todas sus cuotas actuales y compararlas con las nuevas cuotas de la deuda consolidada, y que esta incluya en sus flujos el financiamiento de todos los conceptos administrativos.

“Una consolidación de deudas conviene porque uno se ahorra gastos adicionales como comisiones. Por ejemplo, una persona se ahorrará tener que pagar varios seguros de desgravamen, varias comisiones y varios portes o mantenimientos. Uno puede ahorrarse todos estos gastos adicionales una vez que se consolide la deuda en una sola”, afirmó Anna Patricia Willstatter, jefa de la Plataforma de Atención al Usuario (PAU) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

NO POR TELÉFONO
No es poco usual recibir una llamada telefónica, quizás mientras uno está en el auto, en el transporte público, en el trabajo o en medio de cualquier otra actividad, en que un banco le ofrece comprarle las deudas de sus otras tarjetas de crédito a tasas aparentemente bajas.

Un consejo que no debe pasar por alto es evitar este tipo de ofertas, señaló Willstatter.

“La compra de deuda no siempre conviene. Hay que ver si la tasa de costo efectivo anual (TCEA) que ofrecen es mejor que las de las deudas que uno tiene. Normalmente estas propuestas las hacen por teléfono y ofrecen tasas mensuales, que no se pueden comparar con la TCEA y menos por teléfono. Una recomendación que yo daría es que nunca contraten por teléfono una compra o compensación de deuda, pues no vas a tener las cosas claras. Por lo menos que te envíen un correo electrónico”, comentó la funcionaria de la SBS.

Otro aspecto con el que hay que tener cuidado es que a veces las compras de deuda son para una forma de pago revolvente (al estilo de las tarjetas de crédito) y no en cuotas. Cuando la modalidad es en cuotas, normalmente la TCEA es mayor que la modalidad revolvente.

CÓMO CONSOLIDAR
No cualquier persona puede consolidar sus deudas. Quienes pueden hacerlo son los que están al día en sus pagos y tienen un buen comportamiento crediticio, y que buscan evitar el desorden de sus finanzas.

Para hacerlo existen dos posibilidades. La primera es aprovechar alguna de las promociones o llamadas de los bancos para compra de deuda, pero siempre teniendo en cuenta los aspectos mencionados en el artículo.

La segunda alternativa es acudir a un banco y solicitar la consolidación.

Una buena idea es acudir al banco donde uno tiene la cuenta de pago de sus haberes o su compensación por tiempo de servicios. En aquella institución financiera, dado que ya tienen un registro de sus ingresos, podría obtener beneficios o tasas de interés menores.

Pero si quien busca consolidar sus deudas lo hace porque ha caído en el ‘carrusel’ o en la mora, difícilmente encontrará una entidad financiera que lo quiera aceptar.

“Si se trata de personas que ya han sido reportadas a centrales de riesgo con una calificación negativa, el banco pondrá más peros a comprarle la deuda o no se va a querer hacer de un crédito que es riesgoso”, manifestó Willstatter.

LAS CIFRAS
3,28%
Fue la morosidad bancaria, a febrero de este año, en tarjetas de crédito para créditos de consumo. La entidad con mayor morosidad en este rubro es el Banco Azteca, con 18,28%. El BIF registró la menor morosidad (0,86%).
2,87%
Fue la cartera crediticia con problemas de las microempresas, según datos de la SBS.
4,71%
Fue la morosidad de los créditos a pequeñas empresas. En medianas empresas, la tasa fue de 2,46%. En grandes empresas la cifra fue de 0,23% y en créditos corporativos llegó a 0,01%.
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abril 16, 2011

Padre acusado de violación a menor hija desde los 10 años

Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 10:55 — Visto: 346 veces
Padre acusado de violación a menor hija desde los 10 años



El chofer de una empresa distribuidora de golosinas, Francisco Gutiérrez Pacora (43), fue capturado por la policía al ser acusado de presuntamente violar a su hija biológica N.A.G.G. (13) desde hace tres años, cuando la conoció. Según la policía, antes de mantener relaciones sexuales, obligaba a la menor a ver películas pornográficas en su vivienda de San Borja.

13 de Abril del 2011
FUENTE: OJO PERU
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abril 16, 2011

DOCUMENTO. ONU PRESENTA INFORME SOBRE LOS GASTOS PARA COMBATIR DELINCUENCIA EN EL PAÍS

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 10:45 — Visto: 409 veces
DOCUMENTO. ONU PRESENTA INFORME SOBRE LOS GASTOS PARA COMBATIR DELINCUENCIA EN EL PAÍS


El costo del delito

Monto total asciende a mil 705 millones de nuevos soles al año

Europeos expresan interés en apoyar lucha contra el narcotráfico



Walter Carrillo Sánchez (wcarrillo@editoraperu.com.pe)

El costo total que asume la población peruana como consecuencia de los robos, asaltos y secuestros, así como por las secuelas que dejan estos delitos en la salud de las víctimas, asciende a mil 705 millones de nuevos soles al año, revela un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
De esta cantidad, 289 millones de nuevos soles (17%) corresponden a los gastos de hospitalización, días de recuperación, daño permanente por lesiones y otros que son asumidos directamente por las familias afectadas.

El otro 83% se relaciona con los gastos de prevención que ejecuta el Estado, las familias y las empresas privadas para defenderse de los delincuentes, señala el informe El costo económico de la delincuencia organizada en el Perú: estudio sobre los costos directos que el crimen ocasiona al Estado y las familias.

Para este estudio, realizado en 2008, se aplicó una encuesta a viviendas particulares de Lima y Callao y de 14 ciudades del país.

"Las cifras podrían ser mayores, ya que existen personas que no recuerdan o simplemente no desean declarar sobre su experiencia ante el accionar de la delincuencia", señala el representante de la UNODC en el Perú, Flavio Mirella.

De acuerdo con el documento, los delitos que presentan una mayor ocurrencia son los de robo sin violencia, tentativa de robo de vivienda y corrupción, este último más relacionado con pequeños pagos realizados a funcionarios para realizar determinada gestión.

Índices

La muestra revela que entre 2004 y 2008 el 37.8% de los peruanos sufrió robo sin violencia, el 36.9% padeció de tentativa de robo de casa, otro 33.9% fue objeto de las acciones del pandillaje, el 30.5% fue víctima de delitos relacionados con la corrupción y 26.3% resultó afectado con el robo de vehículos o piezas de automotores.

En otro acápite, el informe anota que solo en 2008 el 75% de la población consultada indica haber observado el accionar de las pandillas en su zona o barrio de residencia y el 18% precisa que ha sido víctima del accionar de estos grupos.

Mirella explica que el motivo del trabajo es sensibilizar a los actores políticos acerca de las graves consecuencias económicas que trae el accionar de la delincuencia organizada.
Por su parte, el embajador británico en el Perú, James Dauris, cuyo país financió el estudio, manifiesta que se debe concertar entre las instituciones para enfrentar y derrotar al narcotráfico, delito que socava la democracia.

Su país y las naciones europeas están interesadas en aportar recursos a las agencias peruanas para detener y controlar la amenaza del narcotráfico, revela. "Más de la mitad de la cocaína producida en el Perú termina en Europa, por eso el interés de Gran Bretaña de colaborar en el financiamiento del estudio."

Sobre este aspecto, el informe afirma que si se lograra recuperar solo el 10% del dinero o bienes relacionados con actividades ilícitas, se podría financiar la construcción de aproximadamente 235 hospitales medianos, 425 centros educativos medianos o 423 kilómetros de carreteras, incluyendo el empleo que genera esta actividad.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP identificó en 2010 la cifra de tres mil 460 millones de dólares que se movería en el lavado de activos en el país.

Mirella destaca que "la promulgación de la Ley de Pérdida de Dominio es una herramienta clave para combatir el lavado de dinero, así como los esfuerzos para mejorar la defensa jurídica del Estado, como la creación de la Procuraduría Especializada de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio en el Ministerio de Justicia".

Estudio sobre victimización

La ONUDC presentó también el estudio La victimización de la delincuencia organizada y otros delitos graves en el Perú, que tuvo como base la realización de una encuesta efectuada a cerca de mil 700 personas de 14 diferentes ciudades del país.

En la consulta, los encuestados resaltan que los principales problemas del país se refieren a la falta de trabajo (62%) y delincuencia (46%), que son los mismos resultados de la muestra que tomó la UNODC en 2005.

Asimismo, para el nivel socioeconómico alto la corrupción sería la principal preocupación, para los niveles medio bajo es la falta de trabajo y para los sectores bajos el consumo de drogas.

"En general, se aprecia una importante percepción de inseguridad en la población. El 77% de los entrevistados considera que el delito en el país se incrementó en los últimos años y el 64% piensa que es probable o muy probable que sea víctima de algún delito en los próximos 12 meses después de la entrevista", se lee en el informe.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones que formula el estudio "El Costo Económico de la Delincuencia Organizada en el Perú: Estudio sobre los costos directos que el crimen ocasiona al Estado y las familias", figura mejorar los recursos destinados en la lucha contra ese flagelo y optimizar su uso, en combinación con la preparación del capital humano.

También, estandarizar y crear sistemas de integración de base de datos entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú (PNP) para compartir y cruzar información estadística sobre los casos de delincuencia registrados.

Asimismo, desarrollar programas de toma de conciencia en la población sobre este tema, facilitar la aplicación de la ley de pérdida de dominio en los casos de delincuencia organizada, y generar mecanismos legales que permitan el rastreo e incautación de los bienes mal habidos.

Se debe considerar, además, una mejor articulación entre el Poder Ejecutivo y la sociedad civil, así como con los gobiernos regionales y locales en materia de programas eficaces para combatir la delincuencia organizada; y ampliar el presupuesto para el tema preventivo.

Acciones

1 El jefe del Estado Mayor de la PNP, Oswaldo Hurtado, precisa que en los últimos cinco años la Policía incorporó a más de 25 mil nuevos agentes al servicio de la ciudadanía.

2 En ese tiempo, se adquirió cinco mil 285 vehículos policiales, entre camionetas, autos, motocicletas y otros.

3 Se implementó el sistema integrado de denuncias que interconecta a 134 comisarías de Lima y Callao.

4 La Policía realizó un millón 105 mil operativos contra la delincuencia y se desarticularon ocho mil 988 bandas organizadas.


fuente: EL PERUANO
Fecha:16/04/2011
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abril 15, 2011

anticorrupción; Eran 207 los fujimoristas sentenciados por la justicia anticorrupción

Categoría: CORRUPCION — gcornejo @ 09:43 — Visto: 1101 veces
anticorrupción; Eran 207 los fujimoristas sentenciados por la justicia anticorrupción


Vie, 15/04/2011
LA REPUBLICA

El ex procurador Ronald Gamarra publicó ayer en su cuenta de Twitter una lista que complementaba los 78 nombres de sentenciados por temas de corrupción y violación a los derechos humanos presentados por la revista Caretas.

Gamarra afirmó que la lista excluye a los que recibieron condenas pero se acogieron a la colaboración eficaz. La lista fue elaborada por el Instituto Promoviendo Desarrollo (IPRODES).

A continuación les dejamos la lista con los 207 nombres recopilados por IPRODES.




RELACIÓN DE PERSONAS CON SENTENCIA FIRME EXPEDIDA POR LAJUSTICIA ANTICORRUPCIÓN

1. Alberto Fujimori Fujimori
2. Vladimiro Montesinos Torres
3. Nicolás de Bari Hermoza Ríos
4. Elesván Bello Vásquez
5. José Villanueva Ruesta
6. Humberto Rozas Bonucelli
7. Antonio Américo Ibárcena Amico
8. César Enrique Saucedo Sánchez
9. Víctor Dionisio Joy Way Rojas
10. Juan Dianderas Ottone
11. José Alberto Bustamante Belaunde
12. Carlos Alberto Boloña Behr
13. Carlos Alberto Bergamino Cruz1
14. Luis Federico Salas Guevara Schultz
15. Juan Abraham Briones Dávila
16. Jorge Francisco Baca Campodónico
17. José Ramos García Marcelo
18. Manuel Máximo Vara Ochoa
19. Absalón Vásquez Villanueva
20. Julio Rolando Salazar Monroe
21. Blanca Nélida Colán Maguiño
22. Edgard Orlando Solís Cano
23. Alfredo Jaililie Awapara
24. Luis Alberto Emilio Kouri Bumachar
25. Máximo Agustín Mantilla Campos
26. Luis Guillermo Bedoya de Vivanco
27. Ernesto Ramón Gamarra Olivares
28. Waldo Ríos Salcedo
29. José Tomas Gonzales Reategui
30. Róger Cáceres Pérez
31. José Luis Cáceres Velásquez
32. Gregorio Ticona Gómez
33. Yvonne Susana Díaz Díaz
34. Juan Silvio Valencia Rosas
35. Víctor Alberto Venero Garrido
36. Eduardo Valdizán Paredes
37. Eduardo Elías Duthurburu Cubas
38. James Eliot Stone Cohen
39. Pedro Huertas Caballero
40. Manuel Aybar Marca
41. Roberto Huamán Azcurra
42. Oscar Eliseo Medelius Rodríguez
43. Mendel Percy Winter Zuzunaga
44. Samuel Winter Zuzunaga
45. José Francisco Crousillat Carreño
46. José Enrique Crousillat López Torres
47. Enrique Héctor Escardó Vallejo
48. Moisés Wolfenson Woloch
49. Alex Wolfenson Woloch
50. Oscar Dofuor Cattaneo
51. Víctor Victoriano Vera Benavides
52. José Olaya Correa
53. Jorge Rivera Schroeder
54. Alejandro Estenós Sepúlveda
55. Fernando Oliveri Agurto
56. José Alberto Oliveri Agurto
57. Manuel Reyes Apesteguía
58. Pablo Documet Silva
59. Boris Romero Ojeda
60. Edgar Camacho Camacho
61. Héctor Faisal Fracalossi
62. Francisco Chirinos Soto
63. María Angélica Arce Guerrero
64. Wilbert Ramos Viera
65. Oscar Rolando Granthon Stagnaro
66. Miguel Montalván Avendaño
67. Raúl Aurelio Talledo Valdivieso
68. Juvenal Mendivil Dávila
69. Carlos Uribe Román
70. María Trinidad Becerra de Montesinos
71. Jacqueline Beltrán Ortega
72. Antonio Vera Juárez
73. Arnan Guido Lora Lora
74. Mario Arbulú Seminario
75. Pilar Rocío Meza Ramírez
76. Ernesto Ángel Delhonte López
77. José Ordóñez Villanueva Villanueva
78. Edwyn Rodomiro Vidal Córdova
79. Ángel Rodríguez Flores
80. Giovani Miguel Vargas Meza
81. Lourdes Muñoz Rodríguez
82. Milagros Janet Alarcón Guillergua
83. Janet Evelyn Guillergua García
84. Julián Cortéz Sánchez
85. Hernán Meléndez Vera
86. Luis Calle Arias
87. Martín Concha Aragón
88. Enrique Alberto Romero Zuleta
89. Angela Berta Cristina Romero Talledo
90. Alberto Venero Nazar
91. César Cerna Pajuelo
92. María Teresa Bacigalupo Matellini
93. Alejandro Rodríguez Medrano
94. Víctor Raúl Castillo Castillo
95. Emilio Alipio Montes de Oca Begazo
96. Feliciano Almeida Peña
97. Nelson Reyes Ríos
98. Adalberto Seminario Valle
99. Julia Eguía Dávalos
100. Sixto Muñoz Sarmiento
101. José Carlos Bringas Villar
102. Rómulo Muñoz Arce
103. Ramiro Eduardo de Valdivia Cano
104. Walter Miguel Hernández Canelo
105. Ángel Rafael Fernández Hernani Becerra
106. Elías Moisés Lara Chienda
107. Nina Sonia Isabel Rodriguez Flores
108. Arquímides Roberto Pesantes Kredert
109. David Belisario Pezúa de Vivanco
110. Luis Aybar Cancho
111. José Aybar Cancho
112. Brichani Aybar Cancho
113. Santos Cenepo Shapiama
114. Juan López Rodríguez
115. Charles Acelor Cokeran
116. Luis García Tamariz
117. Luis Meza Rodríguez
118. Eduardo Moisés Ramos Chávez Valdivia
119. Guillermo Felipe Venegas Pinto
120. César Enrique Saucedo Linares
121. César Alberto Saucedo Linares
122. Jenny Rossemary Saucedo Linares
123. Annie Jaqueline Saucedo Linares
124. María Delia Vergara Pérez
125. Erlinda Claudia Sánchez Franco
126. Rosa María Sánchez Franco
127. Antonio Cabello Cruz
128. Luis Clemente Malca Guizado
129. Héctor Chumpitaz Gonzáles
130. José Tito López Paredes
131. Manuel Humberto López Paredes
132. Herless Diaz Diaz
133. Manuel Castillo Salazar
134. Alejandro Sánchez Quispe
135. Wilfredo Enrique Valderrama Zegarra
136. Manuel Ubillús Tolentino
137. Federico Gonzalo Hurtado Ezquerra
138. Diomelo Portocarrero Grandez
139. Dionisio Alejandro Delfos Medina
140. Antonio Valverde Aranda
141. Manuel Aybar Marca
142. José Lizier Corbetto
143. Javier Pérez Pezo
144. Alejandro Montes Walters
145. Manuel Túllume Gonzales
146. Emma Mejía Guzmán
147. Liliana del Carmen Pizarro de la Cruz
148. Magda Collantes Maguiña de Peña
149. Nelly Tovar Mendivil
150. Antonio Palomo Orefice
151. Luis Manuel Delgado de la Paz
152. Aldo Wilfredo Rodríguez Cesti
153. Marco Antonio Rodríguez Huerta
154. Mariano Eliseo Rodriguez Oliva
155. Victoria Rogelina Alfaro Vargas
156. Winston Enrique Alfaro Vargas
157. Elsa Felicita Casa Sotomayor
158. Migdonio Bellota Viera
159. Laura Cecilia Bozzo Rotondo
160. Alberto Briceño Galdós
161. Miguel Ángel Gómez Rodríguez
162. Luis César Abt Torres
163. Juana Luisa Quiroz Bocanegra
164. Carla Eleonora Hermoza Quiroz
165. Nicolás de Bari Hermoza Quiroz
166. Abel Alberto Muñoz Sáenz
167. Julio César Rosales Alarcón
168. José Luis Malpartida del Pino
169. Roberto Camilo Samanamud Garay
170. Hugo Alberto Infante Cueva
171. Américo Abelardo Fernández Cáceres
172. Aldo Wilfredo Rodríguez Cesti
173. Juan Alejandro León Varillas
174. . Luis Enrique Mayaute Ghezzi
175. Manuel Esteban Pancorbo Rivera
176. Eduardo Agustín Bornaz Saavedra
177. Andrés Esteban Cochachín Quintana
178. Jorge Víctor Huapaya Naupay
179. Maximiano Marroquín Girón
180. Walter Pachas Ochoa
181. Santos Ramiro Tesen Lorenzo
182. Manuel Himerón Ramírez Ortiz
183. Ramón Jaime Vicente Pérez
184. Constante Traverso Paz
185. José Palma Beltrán
186. Ángel Pongo Machado
187. Manuel Tafur Ruiz
188. Adolfo Felipe Lira Chiock
189. Julia Edith Chávez Norabuena
190. Marisa Isabel Morón Miranda
191. Jaime Reynaldo Iberico Iberico
192. Carlos Alfonso Rivas Vargas Machuca
193. Roguer Burgos León
194. Jorge Martín Felices Pareja
195. Luís Enrique Ganoza Céspedes
196. José Luis Castañeda Céspedes
197. Enrique Alberto Gonzáles Vásquez
198. Néstor Gustavo Tafur López
199. Rodolfo Romero Herrera
200. Javier Revilla Palomino
201. César Enrique Victorio Olivares
202. Homero Nureña León
203. Ricardo Vargas Cayo
204. Américo Crescencio León Márquez
205. Cosme Ccucho Oviedo
206. Martín Hernan Luna Ames
207. Nicolás Miyamoto Honda


Notas
.1. Diversas personas tienen más de una condena firme.

2. En esta relación no aparecen las personas condenadas cuya apelación a la sentencia no ha sido resuelta por el tribunal superior (los miembros del destacamento Colina, por ejemplo).

3. En esta relación tampoco aparecen las personas que, admitiendo su responsabilidad en actos de corrupción fujimontesinista, se acogieron a la colaboración eficaz
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abril 15, 2011

TC ORDENA REPOSICION DEL TRABAJADOR POR INVOCACION DEFECTUOSA DE CAUSA OBJETIVA DE DESPIDO

Categoría: DERECHO LABORAL — gcornejo @ 09:39 — Visto: 771 veces


EXP. N.° 03872-2010-PA/TC
LIMA
JOSÉ TABOADA APARICIO


SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 22 días del mes de marzo de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Taboada Aparicio contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 157, su fecha 2 de junio de 2010, que declaró infundada la demanda de amparo.

ANTECEDENTES

Con fecha 3 de julio de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo contra Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú SAC, solicitando que se ordene su reposición en el puesto de Técnico de Almacén del Área de Logística, con el pago de las costas y costos del proceso. Refiere que ingresó en dicha empresa el 5 de marzo de 2007, mediante contratos modales por incremento de actividades, y que laboró hasta el 31 de mayo de 2009, fecha en que fue despedido sin expresión de causa; alega que las labores que realizaba eran propias de la empresa, por lo que se cometió fraude a las normas laborales.

La emplazada contesta la demanda alegando que para cuestionar el despido arbitrario la vía procesal idónea es el proceso laboral ordinario. Asimismo, refiere que el demandante laboró desde marzo de 2007 hasta el 31 de mayo de 2009, fecha en que venció el plazo del contrato por incremento de actividades y que su contratación se debió "al incremento de volúmenes de los equipos de un cliente de nuestra empresa, la Compañía Telefónica Móviles SAC, lo que obligó a que las labores del área de Control de Calidad del Centro de Distribución también se incrementen de manera considerable, hasta el punto de que los trabajadores de esa área no pudieron abastecerse lo que originó la contratación del trabajador".

El Sexto Juzgado Especializado Constitucional de Lima, con fecha 27 de noviembre de 2009, declara infundada la demanda, por considerar que la relación laboral tuvo una duración inferior al plazo máximo establecido en la Ley.

La Sala Superior competente confirma la apelada por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

Procedencia de la demanda

1. El demandante alega haber sido objeto de un despido arbitrario debido a que la Sociedad emplazada le comunicó la extinción de su relación laboral en la expresión de una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral, por lo que solicita que se ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando.
Refiere que su contrato de trabajo por incremento de actividad fue desnaturalizado por cuanto desempeñaba labores de naturaleza permanente y no una actividad accesoria.

2. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativos a materia laboral individual privada establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal considera que, en el presente caso, se debe efectuar la verificación del despido arbitrario denunciado por el demandante.

3. El artículo 72 del Decreto Supremo N.º 003-97-TR establece los requisitos formales de validez de los contratos modales al determinar que “Los contratos de trabajo (modales) deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral”.

4. A este respecto, en el contrato por incremento de actividades, de fojas 3, se ha obviado especificar con detalle la causa objetiva que justificó la contratación temporal del demandante, es decir, que en dicho contrato la causa se encuentra expresada de modo ambiguo. Así en la cláusula segunda se ha expresado que "con el objeto de atender las necesidades de nuevo personal derivadas del incremento de sus actividades referido en la cláusula primera, La Empresa" contrata bajo modalidad al trabajador para que ocupe el Cargo de Técnico ejecutando las funciones de Técnico de Almacén y Distribución Física. Asimismo, en la cláusula primera se ha limitado a expresar que requiere contratar personal temporal “a fin de atender el incremento de actividades producido del incremento de las actividades de la Dirección de Logística y Gestión inmobiliaria” (sic). A ello, la emplazada en la contestación de la demanda, recién ha manifestado que la causa objetiva que justificó la contratación del demandante es el incremento de volúmenes de los equipos de un cliente de nuestra empresa, la Compañía Telefónica Móviles SAC, lo que obligó a que las labores del área de Control de Calidad del Centro de Distribución también se incrementen de manera considerable.

5. Por tanto, al no haberse especificado con detalle la causa objetiva de contratación en el contrato por incremento de actividad, el contrato de trabajo ha sido desnaturalizado, por haberse producido el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 77º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, debiendo ser considerado, entonces, como un contrato de trabajo a plazo indeterminado, según el cual el demandante solamente podía ser despedido por causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

6. Por tanto, se ha acreditado la vulneración de los derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y a la adecuada protección contra el despido arbitrario, por lo que, en mérito de la finalidad restitutoria del proceso de amparo, procede la reposición del demandante en el cargo que venía desempeñando antes del cese, pues en autos se encuentra comprobado que la Sociedad emplazada consignó la causa objetiva de manera defectuosa, razón por la cual los contratos modales obrantes en autos son considerados fraudulentos.

7. En la medida en que en este caso se ha acreditado que la emplazada vulneró los mencionados derechos constitucionales, corresponde, de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, que asuma los costos y las costas procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo al haberse acreditado la vulneración de los derechos al trabajo, al debido proceso y a la adecuada protección contra el despido arbitrario; en consecuencia, NULO el despido arbitrario de que ha sido objeto el demandante.

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho fundamental vulnerado, ORDENAR que la Sociedad emplazada cumpla con reponer a don José Taboada Aparicio en el cargo que venía desempeñando antes del despido, o en otro de similar nivel o jerarquía, en un plazo máximo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos y las costas del proceso.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
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abril 15, 2011

CUBA EXCULPA A EISENHOWER POR EL ATAQUE A LA GIRON

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 08:44 — Visto: 221 veces
CUBA EXCULPA A EISENHOWER POR EL ATAQUE A LA GIRON



La Batalla de Girón (Primera parte)
El líder de la Revolución Cubana narra detalles inéditos de los ataques que precedieron a la agresión por Girón y de los factores que propiciaron la primera gran derrota del imperialismo en América Latina. El texto incluye, fotografías,fragmentos de discursos, referencias de la época, mapas y testimonios de algunos de los combatientes que participaron en la gesta (Ver Suplemento en PDF)

15 de Abril del 2011 0:35:59 CDT
Más de un año antes del 16 de abril de 1961, después de rigurosos análisis e intercambios, el presidente Dwight Eisenhower decidió destruir a la Revolución Cubana.
El instrumento fundamental del tenebroso plan era el bloqueo económico a Cuba, al que la literatura política del imperio califica con el término anodino y casi piadoso de “embargo”.
En memorando secreto del entonces subsecretario asistente de Estado Lester Mallory, se enumeraron los objetivos concretos del tenebroso plan: “La mayoría de los cubanos apoyan a Castro —expresa el documento— […] No existe una oposición política efectiva […] El único medio posible para hacerle perder el apoyo interno [al gobierno] es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria […] Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica […] negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno.”
El conjunto de medidas a tomar se denominaba “Programa de Acción Encubierta contra el régimen de Castro”.
Cualquier observador, esté o no de acuerdo con tan repugnantes métodos porque carecen de elemental ética, admitiría que esto implica la idea de doblegar a un pueblo. En este caso, se trataba de una confrontación entre la potencia más poderosa y rica del planeta y un país pequeño de diferente origen, cultura e historia.
Eisenhower no era un criminal nato. Parecía, y tal vez lo fuera, una persona educada y de buena conducta de acuerdo a los parámetros de la sociedad en que vivía. Había nacido en el seno de una modesta familia agricultora en Denison, Texas, en el año 1890. De educación religiosa y vida disciplinada, ingresó en la Academia Militar de West Point en el año 1911, y se graduó en 1915. No participa en la Primera Guerra Mundial, y le asignan solo tareas administrativas.
Asume por primera vez el mando de tropas en 1941, cuando Estados Unidos no participaba todavía en la Segunda Guerra Mundial. Era ya general de cinco estrellas y carecía de experiencia combativa cuando George Marshall le asigna el mando de las tropas que desembarcan al Norte de África.
Roosevelt, como presidente del país con más riquezas y medios militares, asume el papel de nombrar al jefe militar de las fuerzas aliadas que desembarcarían en Europa en junio de 1944, catorce meses antes de finalizar la guerra; tarea que asignó al general Eisenhower, ya que Marshall, su jefe de mayor autoridad, desempeñaba el cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército.
No era un militar brillante, cometió errores de consideración en el Norte de África y en el propio Desembarco de Normandía, donde tuvo rivales serios entre sus aliados, como Montgomery, y adversarios como Rommel; pero era un profesional serio y metódico.
Concluida esta referencia obligada del General de cinco estrellas Dwight Eisenhower, presidente de Estados Unidos desde enero de 1953 hasta enero de 1961, paso a una pregunta: ¿cómo es posible que un hombre serio, que se atrevió a exponer el nefasto papel del Complejo Militar Industrial, sea conducido a una actitud tan criminal e hipócrita como la que llevó al gobierno de Estados Unidos al ataque contra la independencia y la justicia que durante casi un siglo buscó nuestro pueblo?
Fue el sistema capitalista, la preeminencia de los privilegios de los ricos, dentro y fuera del país, en detrimento de los derechos más elementales de los pueblos. Nunca le preocupó a la poderosa potencia el hambre, la ignorancia, la ausencia de empleo, tierra, educación, salud y los derechos más elementales para los pobres de nuestra nación.
En el intento brutal de someter a nuestro pueblo, el gobierno de Estados Unidos arrastraría a los soldados de su país a una lucha en la que no habría podido obtener la victoria.
En los asuntos de carácter histórico son muchos los imponderables y no poca la incidencia del azar. Yo parto de la información que poseo, y de la experiencia que viví aquellos días en que nació la frase de que Girón fue la “primera derrota del imperialismo en América”. De aquella experiencia extraje muchas conclusiones. Quizás a otros también interesen.
Nosotros no disponíamos de un ejército nacional en nuestro país. Al finalizar lo que los historiadores en Cuba denominaban la Tercera Guerra de Independencia —en la que el ejército colonial español derrotado y exhausto solo podía conservar ya, a duras penas, el control de las grandes ciudades—, la metrópoli arruinada, a miles de millas de distancia, no podía mantener una fuerza casi igual a la de Estados Unidos en Vietnam, al final de la guerra genocida que llevó a cabo en esa antigua colonia francesa.
Es en aquel momento que Estados Unidos decide intervenir en nuestro país. Engaña a su propio pueblo, al de Cuba y al mundo, con una declaración conjunta en la cual se reconoce que Cuba, de hecho y de derecho, debía ser libre e independiente. Firma en París un acuerdo con el gobierno colonial y vengativo de la España derrotada, y desarma al Ejército Libertador mediante soborno y engaño. Con posterioridad, se le impone a nuestro país la Enmienda Platt, la entrega de puertos para uso de su armada, y se le otorga la supuesta independencia, condicionada por un precepto constitucional que le concedía al gobierno de Estados Unidos el derecho a intervenir en Cuba.
Nuestro valeroso pueblo luchó en solitario, tanto como el que más en este hemisferio, por su independencia frente a la nación que, como expresó Simón Bolívar, estaba llamada a plagar de miseria a los pueblos de América en nombre de la libertad.
En Cuba había un ejército entrenado, armado y asesorado por Estados Unidos. No diré que nuestra generación posea más mérito que alguna de las que nos precedieron, cuyos líderes y combatientes fueron insuperables en sus luchas heroicas. El privilegio de nuestra generación fue la oportunidad de probar, por azar más que por méritos, la idea martiana de que “un principio justo desde el fondo de una cueva, puede más que un ejército”.
A partir de ideas justas y después de superar amargas pruebas, partiendo solo de siete fusiles, no vacilamos en proseguir la lucha en la Sierra Maestra después que nuestro destacamento de 82 hombres, por falta de experiencia y otros factores adversos, fue atacado por sorpresa antes de alcanzar las estribaciones de las montañas. En solo 25 meses nuestro pueblo heroico derrotó a aquel ejército, equipado con el armamento, la experiencia combativa, las comunicaciones, centros de instrucción y el asesoramiento con el que Estados Unidos mantuvo durante más de medio siglo el dominio total de nuestro país y de Nuestra América.
Al aplicar los métodos correctos de lucha, los principios de respeto a la población y la política de guerra con el adversario —curando a los heridos y respetando la vida de los prisioneros sin una sola excepción en toda la guerra—, asestamos una derrota aplastante al aparato militar creado por los yankis, y le ocupamos finalmente las cien mil armas y los equipos de guerra que poseían y emplearon contra nuestro pueblo.
Pero fue necesario también derrotar en el campo ideológico el inmenso arsenal de que disponían, y el monopolio casi total de los medios de información con que inundaban al país de edulcoradas mentiras.
Los trabajadores sin empleo, los campesinos sin tierra, los obreros explotados, los ciudadanos analfabetos, los enfermos sin hospitales, los niños sin libros o sin escuelas, la interminable lista de ciudadanos heridos en su dignidad y sus derechos, eran incomparablemente más que la minoría rica, privilegiada y aliada al imperio.
Educación, ciencia, cultura y arte, deporte, las profesiones que entrañan el desarrollo humano, carecían de apoyo en nuestro país, dedicado al monocultivo de la caña y a otras actividades económicas subordinadas a bancos y empresas trasnacionales yankis, con las que el poderoso vecino del norte impone su “democracia” y los “derechos humanos”.
Debo señalar que un espectáculo como el de La Colmenita —que hace unos días se exhibió en el teatro Karl Marx—, creado por el hijo de una de las personas asesinadas por los terroristas del Gobierno de Estados Unidos en el avión que partió de Barbados el 6 de octubre de 1976, no tiene rival en el mundo. Tanto el impresionante acto cultural de los pioneros, como el Congreso que clausuraron ese día, jamás serían posibles sin la educación que la Revolución ha brindado a los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra Patria.
El 16 de abril de 1961, cuando se proclamó el carácter socialista de la Revolución, habían transcurrido dos años y tres meses desde el triunfo del Primero de Enero de 1959. Nuestro pequeño y victorioso Ejército Rebelde en su lucha por la liberación, solo contaba con las armas ocupadas a la tiranía, que en su inmensa mayoría fueron suministradas por Estados Unidos. Era imprescindible armar al pueblo.
Para no brindar pretextos que sirvieran de base a las agresiones de Estados Unidos, como hicieron en Guatemala, intentamos comprar y pagar al contado fusiles y otras armas en países de Europa, que tradicionalmente las exportaban a muchas naciones.
Adquirimos varias decenas de miles de fusiles semiautomáticos FAL calibre 7,62 con peines de 20 balas y las municiones correspondientes, entre ellas, las granadas antipersonales y antitanques de esas armas que fueron trasladadas en buques mercantes habituales, igual que hace cualquier país.
Pero ¿qué ocurrió con aquellas ingenuas compras de armas “no comunistas” y que por su calidad nos parecían excelentes?
El primer barco arribó a Cuba normalmente y con él, decenas de miles de fusiles FAL.
No había ilegalidad alguna, ni existían pretextos para las campañas contra Cuba.
Poco duró, sin embargo, aquella situación. El segundo barco arribó a un importante muelle de la capital, obreros portuarios y combatientes rebeldes descargaban los bultos, no existían entonces contenedores. Yo estaba en el cuarto o quinto piso del edificio del Instituto de Reforma Agraria, donde hoy se encuentra el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en las inmediaciones de la Plaza de la Revolución; allí tenía la oficina de trabajo cuando no me movía por cualquier parte de la ciudad o el país. El viejo Palacio de Gobierno había sido convertido en museo y el nuevo no estaba terminado. Era el 4 de marzo de 1960. Una fuerte explosión hizo trepidar el edificio; miré por instinto hacia el puerto, donde sabía que estaba descargándose el mercante francés La Coubre; una densa columna de humo ascendía desde aquel punto, no distante en línea recta. Comprendí en el acto lo ocurrido.
Imaginé las víctimas, bajé rápido, y con la pequeña escolta abordamos los carros, nos movimos hacia el puerto transitando por estrechas calles y elevado tránsito. Estaba ya muy próximo, cuando escucho una segunda explosión en el mismo punto. Se puede comprender la ansiedad que nos provocó aquella nueva explosión. Imaginé el daño ocasionado a los obreros y soldados que estarían ayudando a las víctimas de la primera. A duras penas logré que el carro se aproximara al muelle, donde pude observar el dramático pero heroico comportamiento de aquellos hombres.
Alrededor de 100 personas murieron; los heridos eran muchos y requeridos de atención urgente.
Al día siguiente, desde la Universidad, trasladamos los muertos por la ancha calle 23 hasta el mismo cementerio donde un año, un mes y 11 días después daríamos revolucionaria sepultura a las víctimas del bombardeo de los aviones yankis con insignias cubanas.
El 5 de marzo, por primera vez y de forma absolutamente espontánea, durante el sepelio de los obreros y combatientes vilmente asesinados, exclamé ¡Patria o Muerte! No se trataba de una frase: era una convicción profunda.
Muchas investigaciones estaban por hacerse, pero en ese instante no tenía ya dudas de la intencionalidad de la mencionada masacre. El mercante venía saboteado desde que zarpó de puerto europeo y el sabotaje era obra de expertos.
Dediqué la debida atención a las investigaciones requeridas. Necesitaba conocer si aquellas granadas, contenidas en las cajas donde se produjeron las explosiones, podían estallar por accidentes tales como la caída de una o algo similar. Para descartar esa posibilidad —que los especialistas previo estudio de los mecanismos de seguridad de las granadas habían desechado—, pedí que algunas cajas con granadas que venían en el barco fueran lanzadas desde mil metros de altura; observé las pruebas y ninguna granada estalló. Se indagaron todos los movimientos que aquel barco realizó y se hizo evidente que manos expertas realizaron aquel sabotaje, como parte del plan aprobado por la administración de Estados Unidos.
Habíamos recibido una lección de lo que podía esperarse del imperialismo. No vacilamos en dirigirnos a los soviéticos, con los cuales no teníamos contradicción de principios.
Se nos otorgaron los créditos pertinentes para adquirir aquellas armas. Desde que la URSS y otros países socialistas como la República Socialista de Checoslovaquia, la República Popular China y la República Popular Democrática de Corea comenzaron a suministrarnos armas, hasta hoy, más de mil barcos transportaron armas y municiones a Cuba sin que se produjera una explosión.
Nuestros propios buques han trasladado durante decenas de años gran parte del armamento empleado por las fuerzas internacionalistas cubanas sin que ninguno estallara.
El discurso que pronuncié el 16 de abril de 1961, en las honras fúnebres de las víctimas del traidor bombardeo del amanecer del día anterior, estaba dirigido a los compañeros del Ejército Rebelde, a las Milicias Nacionales Revolucionarias y al pueblo de Cuba. Reproduzco párrafos textuales e ideas, sin las cuales sería imposible conocer la importancia y el ardor de la batalla que se libró:
“Es la segunda vez que nos reunimos en esta misma esquina. La primera fue cuando la explosión de La Coubre, que le costó la vida a casi un centenar de obreros y soldados.”
“Desde el inicio del Gobierno Revolucionario el primer esfuerzo que realizaron los enemigos de la Revolución fue impedir que nuestro pueblo se armara.”
“…ante el fracaso de los primeros pasos de tipo diplomático, acudieron al sabotaje […] para impedir que esas armas llegaran a nuestras manos…”
“Aquel brutal zarpazo costó la vida de numerosos obreros y soldados, […] teníamos derecho a pensar que los culpables del sabotaje eran los que estaban interesados en que nosotros no recibiéramos esas armas…”
“…a todos nosotros, a nuestro pueblo, le quedó la profunda convicción de que la mano que había preparado aquel hecho bárbaro y criminal, era la mano de los agentes secretos del gobierno de Estados Unidos.”
“…para muchas personas en este país, y aun fuera, resultaba difícil creer que el gobierno de Estados Unidos fuese capaz de llegar a tanto; resultaba difícil creer que los dirigentes de un país fuesen capaces de llevar a la práctica procedimiento semejante. […] todavía nosotros no habíamos podido adquirir la dura experiencia que hemos ido adquiriendo durante estos dos años y medio; todavía no conocíamos bien a nuestros enemigos; […] todavía no sabíamos lo que era la Agencia Central de Inteligencia del gobierno de Estados Unidos; todavía no habíamos tenido oportunidad de ir comprobando, día a día, sus actividades criminales contra nuestro pueblo y nuestra Revolución.”
“…ya nuestro país venía sufriendo una serie de incursiones por parte de aviones piratas que un día lanzaban proclamas, otro día quemaban nuestras cañas, y otro día trataban de lanzar una bomba sobre uno de nuestros centrales azucareros.”
“…por el estallido de la bomba que iban a lanzar explotó el avión pirata con sus tripulantes, […] en aquella ocasión, no pudo el gobierno de Estados Unidos negar, como lo venía haciendo, que aquellos aviones salían de sus costas; […] ante la documentación ocupada intacta […] no pudo negar la realidad, […] se decidieron por pedirnos una excusa y darnos una explicación.”
“Sin embargo, los vuelos no se paralizaron. […] y en una ocasión una de aquellas incursiones costó a nuestro país un saldo elevado de víctimas. Sin embargo, ninguno de aquellos hechos tenía el carácter de un ataque militar…”
“Nunca se había llevado a cabo una operación que revistiera todas las características de una operación de carácter netamente militar.”
“…semanas atrás, una embarcación pirata penetró en el puerto de Santiago de Cuba, cañoneó la refinería que está allí instalada, y al mismo tiempo causó víctimas con sus disparos entre soldados y marinos que estaban destacados a la entrada de la bahía.”
“…una operación de ese tipo, con embarcaciones de aquella naturaleza, no podía llevarse a cabo si no era con barcos facilitados por los norteamericanos y abastecidos por los norteamericanos en algún lugar de la zona del Caribe.”
“…este continente sí había sabido lo que eran desembarcos de tropas extranjeras. Y lo había sabido en México, […] en Nicaragua, […] en Haití, […] en Santo Domingo […] y todos estos pueblos habían tenido oportunidad de saber lo que eran las intervenciones de la infantería de marina de Estados Unidos.”
“…lo que ningún pueblo de este continente había tenido oportunidad de conocer era esa acción sistemática por parte de los servicios secretos del gobierno de Estados Unidos […] lo que nunca un pueblo de este continente había tenido que conocer era la lucha contra la Agencia Central de Inteligencia […] empeñada a toda costa, cumpliendo instrucciones de su gobierno, […] en destruir sistemáticamente el fruto del trabajo de un pueblo, en destruir sistemáticamente los recursos económicos, los establecimientos comerciales, las industrias, y lo que es peor: vidas valiosas de obreros, de campesinos y de ciudadanos laboriosos y honestos de este país.”
“Pero con todo eso, ninguno de los hechos anteriores había revestido, como en el caso de ayer, una agresión de carácter típicamente militar. No se trató del vuelo de un avión pirata, no se trató de la incursión de un barco pirata: se trató nada menos que de un ataque simultáneo en tres ciudades distintas del país, a la misma hora, en un amanecer; se trató de una operación con todas las reglas de las operaciones militares.
“Tres ataques simultáneos al amanecer, a la misma hora, en la ciudad de La Habana, en San Antonio de los Baños y en Santiago de Cuba […] llevados a cabo con aviones de bombardeo tipo B-26, con lanzamiento de bombas de alto poder destructivo, con lanzamiento de rockets y con ametrallamiento sobre tres puntos distintos del territorio nacional. Se trató de una operación con todas las características y todas las reglas de una operación militar.
“Fue, además, un ataque por sorpresa; fue un ataque similar a esos tipos de ataques con que los gobiernos vandálicos del nazismo y del fascismo acostumbraban a agredir a las naciones. […] Los ataques armados sobre los pueblos de Europa por las hordas hitlerianas fueron siempre ataques de este tipo: ataques sin previo aviso, ataques sin declaración de guerra, ataque artero, ataque traicionero, ataque por sorpresa. Y así fueron invadidos por sorpresa Polonia, Bélgica, Noruega, Francia, Holanda, Dinamarca, Yugoslavia y otros países de Europa.”
Les recordé lo que habían hecho los militaristas japoneses con la base norteamericana de Pearl Harbor en diciembre de 1941:
“…no pretendemos con esto hacer comparaciones —dije—, porque cuando los japoneses luchaban contra los norteamericanos, era una pugna entre dos países imperialistas, una pugna entre dos países capitalistas, una pugna entre dos gobiernos explotadores, era una pugna entre dos gobiernos colonialistas, una pugna entre dos gobiernos que intentaban dominar los mercados, las materias primas y la economía de una parte considerable del mundo.”
“Nos diferenciamos de Estados Unidos en que Estados Unidos es un país que explota a otros pueblos, en que Estados Unidos es un país que se ha apoderado de una gran parte de los recursos naturales del mundo, y que hace trabajar en beneficio de su casta de millonarios a decenas y decenas de millones de trabajadores en todo el mundo.”
“¡Nosotros, con nuestra Revolución, no solo estamos erradicando la explotación de una nación por otra nación, sino también la explotación de unos hombres por otros hombres!”
“Estados Unidos constituye políticamente hoy un sistema de explotación de otras naciones por una nación, y un sistema de explotación del hombre por otros hombres.
“Por eso, la pugna entre Japón y Estados Unidos era una pugna entre sistemas similares; la pugna entre Estados Unidos y Cuba es una pugna de principios distintos, es decir, es una pugna entre los que carecen de todo principio humano y los que hemos enarbolado la defensa de los principios humanos.”
“Sin embargo, ¡cómo sirven estos hechos para comprender!, ¡cómo sirven estos hechos para enseñarnos las realidades del mundo!, ¡cómo sirven estos hechos para educar a nuestro pueblo! Son caras las lecciones, son dolorosas las lecciones, son sangrientas las lecciones, pero ¡cómo aprenden los pueblos con esos hechos!, ¡cómo aprende nuestro pueblo!, ¡cómo se educa y cómo se crece nuestro pueblo!”
“…por algo somos en estos instantes uno de los pueblos que más ha aprendido, en menos tiempo, en la historia del mundo.”
“¡Qué difícil era saber lo que pasaba en el mundo cuando a nuestro país no llegaban más noticias que las noticias norteamericanas! ¡Cuánto engaño inculcarían en nosotros y de cuántas mentiras nos harían víctima! Si alguno le quedara alguna duda, si alguno en este país de buena fe —y no hablo de la miserable gusanera, hablo de hombres y mujeres capaces de pensar honradamente, aunque no pensaran como nosotros—, si alguno le quedara alguna duda, si alguno creyera que quedara un ápice de honra en la política yanki, si alguno creyera que quedara un ápice de moral en la política yanki, si alguno creyera que quedara un átomo de vergüenza o de honradez o de justicia en la política yanki…”
“Si alguno en este país, que ha tenido el privilegio de ver convertirse a todo un pueblo en un pueblo de héroes y en un pueblo de hombres dignos y valientes; si alguno en este país, cuyo cúmulo de mérito, de heroísmo y de sacrificio crece por día, tuviese o albergase todavía alguna duda; si aquellos que no pensaran como nosotros creen que enarbolan o defienden una bandera honrada, creen que enarbolan o defienden una bandera justa, y por creer eso son proyankis y son defensores del gobierno de Estados Unidos; si alguno de buena fe quedara en nuestro país de esos, sirvan estos hechos […] para que no les quede ya ninguna duda.
“En el día de ayer, como todo el mundo sabe, aviones de bombardeo divididos en tres grupos, a las 6:00 en punto de la mañana penetraron en el territorio nacional procedentes del extranjero y atacaron tres puntos del territorio nacional; en cada uno de esos puntos los hombres se defendieron heroicamente, en cada uno de esos puntos corrió la sangre valerosa de los defensores, en cada uno de esos puntos hubo miles y cuando no cientos y cientos de testigos de lo que allí ocurrió. Era, además, un hecho que se esperaba; era algo que todos los días se estaba esperando; era la culminación lógica de las quemas a los cañaverales, de los centenares de violaciones a nuestro espacio aéreo, de las incursiones aéreas piratas, de los ataques piratas a nuestras refinerías por embarcación que penetró en una madrugada; era la consecuencia de lo que todo el mundo sabe; era la consecuencia de los planes de agresión que se vienen fraguando por Estados Unidos en complicidad con gobiernos lacayos en América Central; era la consecuencia de las bases aéreas que todo el pueblo sabe y todo el mundo conoce, porque lo han publicado hasta los propios periódicos y agencias de noticias norteamericanas, y las propias agencias y los propios periódicos se han cansado de hablar de los ejércitos mercenarios que organizan, de los campos de aviación que tienen preparados, de los aviones que les había entregado el gobierno de Estados Unidos, de los instructores yankis, de las bases aéreas establecidas en territorio guatemalteco.”
“¿Creen ustedes que el mundo iba a enterarse del ataque a Cuba, creen ustedes que el mundo iba a enterarse de lo ocurrido, creen ustedes o concibieron ustedes que fuese posible intentar apagar en el mundo el eco de las bombas y los rockets criminales que tiraron ayer en nuestra patria?, ¿que eso se le habría ocurrido a alguien en el mundo?, ¿que alguien pudiese tratar de engañar al mundo entero, tratar de ocultarle la verdad al mundo entero, tratar de estafar al mundo entero? Pues bien, en el día de ayer no solo atacaron nuestra tierra, en ataque artero y criminal preparado, y que todo el mundo sabía, y con aviones yankis, y con bombas yankis, y con armas yankis, y con mercenarios pagados por la Agencia Central de Inteligencia yanki; no solamente hicieron eso, y no solamente destruyeron bienes nacionales, y no solamente destruyeron vidas de jóvenes, muchos de los cuales no habían cumplido todavía ni los 20 años, sino que además, además, el gobierno de Estados Unidos ha intentado en el día de ayer estafar al mundo. […] de la manera más cínica y más desvergonzada que pudo concebirse jamás.”
“…lo que le dijeron al mundo, y lo que tal vez les han hecho creer a decenas y a decenas de millones de seres humanos, lo que publicaron ayer miles y miles de periódicos, lo que pronunciaron ayer miles y miles de estaciones de radio o de televisión, de lo que pasó en Cuba, de lo cual supo el mundo, o una gran parte del mundo, una parte considerable del mundo, a través de las agencias yankis.”
“‘Miami, abril 15. UPI. Pilotos cubanos que escaparon de la fuerza aérea de Fidel Castro, aterrizaron hoy en Florida con bombarderos de la Segunda Guerra Mundial tras haber volado instalaciones militares cubanas para vengar la traición de un cobarde entre ellos. Uno de los bombarderos B-26 de la fuerza aérea de Cuba aterrizó en el aeropuerto internacional de Miami, acribillado por el fuego de artillería antiaérea y de ametralladoras, y con solo uno de sus dos motores en funcionamiento. Otro descendió en la estación aérea de la marina en Cayo Hueso; un tercer bombardero aterrizó en otro país extranjero […] Circulan versiones no confirmadas de que otro avión, otro aeroplano, se estrelló en el mar cerca de la isla Tortuga. De todos modos, la marina de Estados Unidos investiga el caso. Los pilotos que pidieron no se divulgaran su identidad descendieron de sus aviones vistiendo sus uniformes de maniobra, e inmediatamente solicitaron asilo en Estados Unidos’.”
“…‘Edward Ahrens, director del Servicio de Inmigración de Miami, declaró que las solicitudes están a consideración. El aviador con bigotes que descendió en Miami expresó a los funcionarios de inmigración que él y otros tres pilotos de la fuerza aérea cubana tenían proyectado desde hacía meses escapar de la Cuba de Castro. Añadió que a causa de la traición de Galo fue que él y los otros dos resolvieron darle una lección con el bombardeo y ametrallamiento de las instalaciones de las bases aéreas en su camino hacia la libertad. Dijo que él había actuado sobre su propia base, la de San Antonio de los Baños, y que los otros pilotos atacaron otras. Este piloto se mostró dispuesto a conversar con los periodistas, pero inclinó la cabeza y se puso anteojos para el sol cuando los fotógrafos intentaron tomarle vistas.
“‘Explicó que —óigase bien qué tamaña mentira y qué cosa tan absurda—, que él y los otros pilotos habían dejado familia en Cuba y temía represalia de Castro contra sus parientes.’ Es decir que afirman que se robaron los aviones, que desertaron y que no dicen sus nombres para que no sepan cómo se llaman los que se robaron los aviones y los que desertaron. Y eran pilotos de la fuerza aérea, dicen ellos.” “Cables de la AP:
“‘Miami, 15. AP —lo que le han dicho al mundo—, Miami 15, AP. Tres pilotos cubanos de bombarderos, temiendo ser traicionados en sus planes para escapar del gobierno de Fidel Castro, huyeron hoy a Estados Unidos después de ametrallar y bombardear los aeropuertos en Santiago y La Habana.
“‘Uno de los dos bombarderos bimotores, de la época de la Segunda Guerra Mundial, aterrizó en el aeropuerto internacional de Miami, con un teniente en los controles del avión. Refirió la forma en que él y otros tres de los 12 pilotos de aviones B-26, que son los que quedan en la fuerza aérea cubana, proyectaron durante meses huir de Cuba.
“‘El otro avión, con dos hombres a bordo, aterrizó en la estación aeronaval de Cayo Hueso. Los nombres de los pilotos fueron mantenidos en reserva. Las autoridades de inmigración pusieron en custodia a los cubanos y confiscaron los aviones’.”
“‘…vean ustedes a qué grado de cinismo llegan, […] hasta qué punto son desvergonzados los funcionarios y dirigentes del imperialismo; […] llegan a inventar hasta en detalles una leyenda truculenta que no la cree ni el gato, creo que ni la ‘gatica de María Ramos’. Dice el piloto —vean la historia que entrega a la publicidad, para revestir toda la noticia con detalles, para hacer el truco completo, con todos los detalles, vean la historia que inventan—:
“‘Soy uno de los 12 pilotos de aviones B-26 que permanecí en la fuerza aérea de Castro después de la deserción de Díaz Lanz, exjefe de la fuerza aérea cubana, y de las purgas que siguieron. Tres de mis compañeros pilotos y yo habíamos proyectado, durante meses, la forma de poder escapar de la Cuba de Castro. Antier me enteré de que uno de los tres, el teniente Álvaro Galo —hasta un nombre, toman el nombre de uno de los aviadores de las FAR, ponen un nombre; ¡a qué extremo llegan de cinismo y de desfachatez!—, antier me enteré de que uno de los tres, el teniente Álvaro Galo, quien es piloto de avión B-26, número FAR-915 —resulta que el piloto, precisamente, está en Santiago, da la casualidad que está destacado en Santiago—, había estado conversando con un agente de Ramiro Valdés, el jefe del G-2. Alerté a los otros dos, y decidimos entonces que probablemente Álvaro Galo, quien siempre había actuado algo así como un cobarde, nos había traicionado. Decidimos entonces tomar una acción inmediata. Ayer por la mañana me destacaron a la patrulla de rutina desde mi base, San Antonio de los Baños, sobre una sección de Pinar del Río, y alrededor de Isla de Pinos. Les avisé a mis amigos en el Campo Libertad, y ellos estuvieron de acuerdo en que debíamos actuar. Uno de ellos debía volar hacia Santiago; el otro presentó como excusa que deseaba revisar su altímetro; ellos iban a despegar del Campo Libertad a las 6:00 —en el Campo Libertad no había ningún avión B-26, había aviones con desperfectos. Yo estuve en el aire a las 6:05; debido a la traición de Álvaro Galo, habíamos convenido en darle una lección, de modo que volé de regreso a San Antonio, donde su avión está estacionado e hice dos pases de acribillamiento sobre su avión, y sobre tres más estacionados cerca. Al retirarme fui tocado por fuego de armas cortas, y entonces adopté una acción evasiva. Mis camaradas ya habían salido con anterioridad para atacar campos aéreos que habíamos convenido que deberían atacarse. Luego, debido a estar bajo de gasolina, tuve que entrar a Miami, debido a que no podía llegar a nuestro destino, que ya habíamos convenido. Puede ser que ellos se hayan dirigido a ametrallar otros campos antes de retirarse, tales como la playa de Baracoa, donde Fidel guarda su helicóptero’.
“Es decir que esto es lo que le han dicho al mundo. No solamente la UPI y la AP dan al mundo la noticia de que ‘aviones cubanos’, ‘que se fueron con los aviones y bombardearon’, sino que además distribuyen por el mundo esta historieta, ¿y qué creen ustedes que decenas de millones de personas han leído y han oído ayer en el mundo, publicado por miles y miles de periódicos distintos, estaciones de radio y televisión?, ¿qué creen ustedes que han dicho en Europa, en muchos sitios de América Latina, en muchas partes del mundo?
“No solamente han afirmado semejante cosa, sino que han hecho toda una historia completa, con detalles y nombres, de cómo fraguaron todo. En Hollywood nunca habían llegado a tanto.”
“‘México D.F., 15. AP. El bombardeo de bases cubanas por aviones cubanos desertores fue acogido aquí con muestras de agrado por la mayor parte de los diarios, que se unieron con los grupos de cubanos exilados para decir que el bombardeo era el comienzo de un movimiento de liberación del comunismo. El gobierno guardó silencio, en tanto que grupos de estudiantes izquierdistas y comunistas apoyaron la declaración del embajador cubano, José Antonio Portuondo, de que los ataques aéreos fueron ataques cobardes y desesperados de los imperialistas. Entre los cubanos exilados se notaba gran actividad. Una fuente cubana comentó que el nuevo gobierno cubano en el exilio se trasladará a Cuba a poco de la primera ola de invasión contra el régimen cubano de Fidel Castro, para establecer un gobierno provisional, que se espera sea reconocido rápidamente por muchos países latinoamericanos anticastristas’.”
“Ambas agencias dan a la publicidad la siguiente noticia:
“‘Una declaración entregada por el doctor Miró Cardona —esto es de AP y de UPI—: un heroico golpe en favor de la libertad cubana fue asestado esta mañana por cierto número de oficiales de la fuerza aérea cubana. Antes de volar con sus aviones a la libertad, estos verdaderos revolucionarios trataron de destruir el mayor número posible de aviones militares de Castro. El Consejo Revolucionario se enorgullece de anunciar que sus planes fueron realizados con éxito, y que el consejo ha tenido contacto con ellos y ha estimulado a esos valientes pilotos. Su acción es otro ejemplo de la desesperación que a los patriotas de todas las capas sociales pueden ser arrastradas bajo la implacable tiranía de Castro. Mientras Castro y sus partidarios tratan de convencer al mundo —oigan bien—, mientras Castro y sus partidarios tratan de convencer al mundo de que Cuba ha sido amenazada de invasión desde el extranjero, este golpe en favor de la libertad, como otros anteriores, fue asestado por cubanos residentes en Cuba que se decidieron a luchar contra la tiranía y la opresión o morir en el intento. Por razones de seguridad no se darán a conocer más detalles’.
“Miró Cardona era precisamente el jefe del gobierno provisional que Estados Unidos tenía junto a un avión con las maletas listas para aterrizar en Playa Girón tan pronto la cabeza de playa estuviese asegurada.”
“…no termina ahí; ahora vamos a acabar de desenmascarar a ese farsante que tiene el imperialismo allí en la ONU, y que posó de hombre ilustre, liberal, de izquierda, etcétera, etcétera, el señor Adlai Stevenson […]. Sigue la estafa, es decir que sigue la estafa al mundo: ya la UPI, la AP, han regado la historieta, miles de periódicos y ellos mismos lo publican, que los principales periódicos acogieron con agrado la noticia de la deserción de esos pilotos.
“El cúmulo de mentiras no era todavía suficiente.”
“‘El embajador norteamericano Adlai Stevenson rechazó las afirmaciones de Roa y reiteró la declaración del presidente John F. Kennedy de que bajo ninguna circunstancia —repito—, en ninguna circunstancia habrá intervención de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Cuba. Stevenson mostró a la comisión fotografías de United Press International, que muestran dos aviones que aterrizaron hoy en Florida después de haber participado en la incursión contra tres ciudades cubanas’.”
“‘Tiene la marca de la fuerza aérea de Castro en su cola —expresó, señalando una de ellas—; tiene la estrella y las iniciales cubanas; son claramente visibles. Con gusto exhibiré esta foto. Stevenson añadió que los dos aviones en cuestión estaban piloteados por oficiales de la fuerza aérea cubana, y tripulados por hombres que desertaron del régimen de Castro. Ningún personal de Estados Unidos participó en el incidente de hoy, y no fueron de Estados Unidos los aeroplanos —recalcó—, fueron aviones del propio Castro que despegaron de sus propios campos.
“‘El ministro cubano dijo que ‘las incursiones de esta madrugada indudablemente son el prólogo de una tentativa de invasión en gran escala, organizada, abastecida y financiada por Washington. El gobierno de Cuba, dijo Roa, acusa solemnemente al gobierno de Estados Unidos ante esta comisión y ante la opinión pública del mundo de intentar emplear la fuerza para zanjar sus diferencias con los estados miembros’’.
“Aquí tenemos, como pocas veces ha tenido ningún pueblo, la oportunidad de conocer por dentro, y por fuera, y por los costados, y por abajo, y por arriba, qué es el imperialismo; […] cómo funciona todo su aparato financiero, publicitario, político, mercenario, cuerpos secretos, funcionarios, que con tanta tranquilidad, que de manera tan inaudita estafan al mundo.”
“Es decir que organizan el ataque, preparan el ataque, entrenan a los mercenarios, les entregan aviones, les entregan bombas, preparan los aeropuertos, lo sabe todo el mundo, ocurre el ataque, y afirman, tranquilamente, ante ese mundo —¡un mundo que saben se levantaría indignado ante una violación tan monstruosa, tan cobarde, […] de los derechos de los pueblos, y de la paz!
“Y estos miserables imperialistas, después de sembrar el luto en más de media docena de hogares, después de asesinar a un puñado de jóvenes, que no eran millonarios, ¡porque esos que hemos venido a enterrar no son millonarios parasitarios, no son mercenarios vendidos al oro de ningún extranjero, no son ladrones, son hijos entrañables de nuestro pueblo!; jóvenes obreros, hijos de familias humildes, que no le roban a nadie, que no explotan a nadie, que no viven del sudor, ni del trabajo de nadie, y que tienen derecho a la vida más que los millonarios, ¡y que tienen derecho a la vida, más que los parásitos! […] Porque no viven del trabajo de los demás, como los millonarios yankis; no viven del oro extranjero, como los mercenarios, gusanos vendidos al imperialismo; no viven del vicio, no viven del robo; y tienen derecho a que se respete su vida, ¡y ningún miserable millonario imperialista tiene derecho a mandar aviones, ni bombas, ni cohetes, para destruir esas vidas jóvenes y queridas de la patria!”
“…los que estén de acuerdo con semejante crimen, los que estén de acuerdo con semejante salvajada, los que se venden miserablemente y apoyan las actividades de esos criminales, los que conspiran contra la patria, en la calle, en las iglesias, en las escuelas, en dondequiera, ¡merecen que la Revolución los trate como se merecen!”
“El imperialismo proyecta el crimen, organiza el crimen, arma a los criminales, entrena a los criminales, paga a los criminales, vienen los criminales y asesinan a siete hijos de obreros, aterrizan tranquilamente en Estados Unidos, y, aun cuando el mundo entero sabía sus andanzas, declaran entonces que eran pilotos cubanos, preparan la historieta truculenta y novelesca, la riegan por todo el mundo, la publican en todos los periódicos, estaciones de radio y televisión…”
“¿Queda algún cubano honesto que no comprenda?, ¿queda algún cubano honesto que lo dude? […] que vayan allí y comprueben por sí mismo si hay una sola verdad en lo que han dicho; que comprueben allí cómo reaccionarios, imperialistas y clero farsante engañan y estafan al mundo, cómo engañan y estafan a los pueblos, y cómo es hora de que los pueblos se sacudan de la explotación, del engaño y de la estafa de los imperialistas y de cuanto farsante hay en el mundo, ¡cueste lo que cueste zafarse de ese yugo!”
“…concibo que el señor presidente de Estados Unidos tenga aunque sea un átomo de pudor, y si el señor presidente de Estados Unidos tiene un átomo de pudor, el Gobierno Revolucionario de Cuba lo emplaza ante el mundo […] ¡a que presente ante las Naciones Unidas los pilotos y los aviones que dice que salieron del territorio nacional!”
“…Cuba demandará ante las Naciones Unidas que sean presentados allí los aviones y los pilotos que dicen desertaron de la fuerza aérea…”
“…¿por qué no los presentan? Naturalmente que el señor Presidente de Estados Unidos tendría derecho a que no lo llamaran mentiroso. […] ¿quiere el señor Presidente de Estados Unidos que nadie tenga derecho a llamarlo mentiroso?, ¡presente ante las Naciones Unidas los dos pilotos…!”
“…si el Presidente de Estados Unidos no presenta ante las Naciones Unidas esos pilotos, para demostrar […] que esos pilotos estaban aquí y desertaron de aquí, entonces no solo el Gobierno Revolucionario cubano, sino todo el mundo, tendrá derecho a llamarlo ¡mentiroso!”
“…al gobierno imperialista de Estados Unidos no le quedará más remedio que confesar que los aviones eran suyos, que las bombas eran suyas, que las balas eran suyas, que los mercenarios fueron organizados, entrenados y pagados por él, que las bases estaban en Guatemala, y que de allí partieron a atacar nuestro territorio, y que los que no fueron derribados fueron allí a salvarse en las costas de Estados Unidos donde han recibido albergue.”
“…¿cómo puede el gobierno de Estados Unidos mantener esa mentira?”
“…no estamos en la época de la diligencia, estamos en la época del radio, y las verdades de un país se pueden llevar muy lejos.”
“…lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí, lo que no pueden perdonarnos es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba.”
“…lo que no pueden perdonarnos, […] es que hayamos hecho una Revolución socialista…”
“¡Y que esa Revolución socialista la defendemos con esos fusiles!; ¡y que esa Revolución socialista la defendemos con el valor con que ayer nuestros artilleros antiaéreos acribillaron a balazos a los aviones agresores!”
“…esa Revolución no la defendemos con mercenarios; esa Revolución la defendemos con los hombres y las mujeres del pueblo.”
“… ¿Acaso las armas las tiene el mercenario? ¿Acaso las armas las tiene el millonario? Porque mercenario y millonario son la misma cosa. ¿Acaso las armas las tienen los hijitos de los ricos? ¿Acaso las armas las tienen los mayorales? ¿Quién tiene las armas? ¿Qué manos son esas que levantan esas armas? […] ¿Son manos de ricos? ¿Son manos de explotadores? ¿Qué manos son esas que levantan esas armas? ¿No son manos obreras? ¿No son manos campesinas? ¿No son manos endurecidas por el trabajo? ¿No son manos creadoras? ¿No son manos humildes del pueblo? ¿Y cuál es la mayoría del pueblo?, ¿los millonarios o los obreros?, ¿los explotadores o los explotados?, ¿los privilegiados o los humildes?...”
“Compañeros obreros y campesinos, esta es la Revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes. Y por esta Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida.
“Obreros y campesinos, hombres y mujeres humildes de la patria ¿juran defender hasta la última gota de sangre esta Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes?
“Compañeros obreros y campesinos de la patria, el ataque de ayer fue el preludio de la agresión de los mercenarios, el ataque de ayer que costó siete vidas heroicas, tuvo el propósito de destruir nuestros aviones en tierra, mas fracasaron, solo destruyeron tres aviones, y el grueso de los aviones enemigos fue averiado o abatido. Aquí, frente a la tumba de los compañeros caídos; aquí, junto a los restos de los jóvenes heroicos, hijos de obreros e hijos de familias humildes, reafirmemos nuestra decisión, de que al igual que ellos pusieron su pecho a las balas, al igual que ellos dieron su vida, vengan cuando vengan los mercenarios, todos nosotros, orgullosos de nuestra Revolución, orgullosos de defender esta Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, no vacilaremos, frente a quienes sean, en defenderla hasta nuestra última gota de sangre.”
El final de aquel discurso fue, sin duda, una encendida arenga de respuestas y preguntas revolucionarias. Al final, di vivas a la clase obrera, a los campesinos, a los humildes, a la Revolución Socialista, a los mártires de la Patria, y finalicé con “¡Patria o Muerte!” que se hizo habitual desde que dimos sepultura a los caídos hacía más de un año en la explosión de La Coubre.
Lo que nadie sabía es que, mientras yo hablaba ya casi de noche y próximo a finalizar el discurso, un compañero de la escolta se acercó a mí y me comunicó que el enemigo estaba desembarcando por las proximidades de la bahía de Cabañas, al Oeste de La Habana.
El desembarco era absolutamente lógico y esperado, después del ataque para destruir nuestra pequeña fuerza aérea al amanecer del día anterior. Hice entonces lo que nunca hice antes al finalizar un discurso. Después de la habitual frase de ¡Patria o Muerte! continué hablando brevemente. En realidad procedí a darle instrucciones a los combatientes.
Tras los aplausos finales, dije textualmente: “Al combate... Vamos a cantar el Himno Nacional, compañeros.” (Los presentes entonan el Himno Nacional).
“Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones, en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las Casas de los Milicianos, formemos los batallones y dispongámonos a salirle al frente al enemigo, con el Himno Nacional, con las estrofas del himno patriótico, con el grito de ‘al combate’, con la convicción de que ‘morir por la patria es vivir’ y que ‘en cadenas vivir es vivir en afrentas y oprobios sumidos’.
“Marchemos a nuestros respectivos batallones y allí esperen órdenes, compañeros.”
Después del acto me trasladé al “Punto Uno”, nombre en clave del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, para conocer la situación.
No se había producido desembarco alguno, era un simulacro instrumentado por la Marina de Estados Unidos. Se revisó la situación y se dieron instrucciones.
Después, me retiré alrededor de las 12 de la noche. Persuadido de que el enemigo estaba a punto de actuar, decidí ganar unas horas al sueño.
Roxana Rodríguez, fallecida hace unos días, esposa del entonces director del Plan de Desarrollo de la Ciénaga de Zapata, Abraham Maciques, testimonió que ella llamó a Celia para comunicarle que el teniente Antelo Fernández, jefe de la unidad militar de Jagüey Grande, le había informado de un desembarco por Playa Larga, y se escuchaban fuertes disparos de ametralladoras y cañonazos en aquel punto.
En una nota transmitida por Celia al “Punto Uno”, afirma que tuvo comunicación con el Central Australia y pudo comprobar que estaban atacando Playa Girón y Playa Larga.
La nota del Puesto de Mando señala las 03:29 del 17 de abril de 1961.
Revisando mis propias palabras en el programa televisivo Universidad Popular, es decir, tres días después de la victoria, hablé de las 03:15 como la hora en que recibí la noticia. Celia realmente no perdía un minuto ante cualquier situación.
Desde ese momento ocurrieron acontecimientos difíciles de creer. Sobre ellos escribo una síntesis a partir de la cual se podría indagar la historia detallada y objetiva de los hechos que alguien con tiempo, salud y energía suficiente, podría reconstruir.
Lo importante es la esencia, que nunca debe ser alterada. Los detalles son de especial significación para los historiadores más rigurosos. En este caso, mi interés se relaciona con el deseo de que nuestra juventud tenga acceso a los acontecimientos ocurridos en aquellos años decisivos, que conozca la contienda en la que sus antecesores arriesgaron su existencia por la Revolución y por la inmensa riqueza cultural que hoy poseen nuestros jóvenes, y a los cuales corresponde seguir defendiéndola.
“¡Patria es humanidad!”
Como expliqué al programa Universidad Popular “…me comunican y le comunican a los demás compañeros que se estaba combatiendo en Playa Girón y Playa Larga, donde el enemigo había desembarcado…”.
“Mandamos a comprobar, a ratificar. En estas cosas siempre hay que tener la seguridad, porque luego llegan las noticias de que hay barcos por tal punto, hay barcos por otro punto […] el hecho es que ya, de una manera cierta, total, y con los primeros heridos de los combates, llega la noticia de que una fuerza invasora está cañoneando fuertemente con bazucas, con cañones sin retroceso, y con ametralladoras 50 y con cañones de barcos. Están atacando a Playa Girón y Playa Larga en la Ciénaga de Zapata. Ya no había la menor duda de que efectivamente estaba produciéndose un desembarco por aquel punto, y que aquel desembarco venía fuertemente apoyado por armas pesadas.”
“Las microondas de Playa Girón y Playa Larga estuvieron comunicando el resultado del ataque […] hasta el mismo momento en que como consecuencia del ataque mismo dejaron de funcionar […] y de tres a cuatro de la mañana ya no hay más noticias de Playa Larga y de Playa Girón.”
“La península de Zapata tiene estas características: este pedazo de tierra firme a la orilla de la costa […] tierra firme rocosa y de monte […] Pero por el norte de este pedazo de tierra firme hay una zona de ciénaga absolutamente intransitable.”
“Antes no existía la menor comunicación […] un ferrocarril de vía estrecha era la única comunicación que tenían los campesinos en esa zona.”
“Había doscientos maestros en la zona de la Ciénaga de Zapata, alfabetizando, en el momento que se produce la invasión.”
“Era uno de los lugares pilotos de la Campaña de Alfabetización. Todos estos pueblos —Jagüey Grande, Covadonga, Australia—, […] no tenían acceso al mar, eran ciénaga exclusivamente. Ahora toda esa gente tiene playa. A Playa Larga y Playa Girón van miles de personas los domingos, aún cuando no están terminadas.”
“Hay […] trescientos hijos de campesinos de la ciénaga que están en La Habana estudiando cerámica, curtido de pieles, mecánica, carpintería.”
“Se había convertido la Ciénaga de Zapata en un lugar de los más concurridos y de los más visitados.”
En julio de 1976 comenté al cineasta de la televisión sueca, Gaetano Pagano:
“Ellos desembarcaron por un lugar donde podían sostenerse un tiempo, porque era un lugar muy difícil de recuperar, puesto que las carreteras de acceso tienen que atravesar varios kilómetros de ciénaga, intransitable, se convertía en una especie de Paso de las Termópilas.”
La costa de Playa Larga, que pretendían ocupar los mercenarios, está ubicada a una distancia de 29 kilómetros del pequeño central Australia. De Playa Larga a Girón, por carretera muy próxima al mar, son 39 kilómetros, para un total de 68 kilómetros entre Australia y Playa Girón. Al Norte de Girón, a 11 kilómetros, está Cayo Ramona, que no está rodeado de mar; es un espacio de tierra firme rodeado de ciénaga. A 14 kilómetros de Girón, está San Blas; a 30 kilómetros, está Covadonga; 36 kilómetros hacia el nordeste se encuentra Horquita; y a 44 kilómetros, Yaguaramas.
En la Sierra Maestra yo no tenía escolta de seguridad, ni la necesitaba. Marchaba con la tropa y cuando me movía de un punto a otro era acompañado por personas que me ayudaban en diversas tareas. Los responsables de armas, servicios de salud, abastecimientos y transporte, se movían en sus respectivas tareas, hasta el final de la guerra. Celia se ocupaba de la logística del pequeño grupo que me acompañaba, y de los combatientes de la Columna 1.
Cuando el colapso de la tiranía, me movía hacia la capital con una fuerza de la Columna 1 y los tanques, la artillería y dos mil soldados de las tropas élites —derrotadas en la contraofensiva y la ofensiva rebelde ya narradas en los textos correspondientes—, se unieron a nosotros, que curábamos a los soldados heridos en combate y respetábamos a los prisioneros sin una sola excepción. Los llevaba conmigo porque la situación en la Capital no estaba todavía bien definida. Camilo y Che recibieron instrucciones de avanzar rápidamente por la Carretera Central y ocupar el Campamento de Columbia y la Cabaña, respectivamente. Tuve entonces, por primera vez, una escolta de combatientes seleccionados por Raúl de las fuerzas del Segundo Frente Oriental Frank País.
Fueron excelentes, y me acompañaron durante más de dos años. Luego marcharon a otras tareas importantes de la Revolución.
La seguridad pasó a ser tarea del Ministerio del Interior, bajo la dirección del compañero Ramiro Valdés y sus asesores. Ramiro fue combatiente del Moncada, del Granma, e invasor junto al Che. Nunca objeté a ninguna de las personas escogidas. Eran, como norma, jóvenes procedentes de humildes familias campesinas y obreras de conocidas ideas de izquierda.
Como se sabe, en nuestro país había un caos ideológico sembrado por los yankis, que dominaban más por la mentira y la ignorancia que por la fuerza.
Los nuevos compañeros de la escolta recibían cursos rápidos de entrenamiento para su tarea y eran, por lo general, valientes y decididos, pero no tenían experiencia combativa alguna.
Eso no me preocupaba mucho. Me importaban sobre todo las cualidades personales de cada uno de ellos. Entre otras cosas, que manejaran bien las armas y los carros. Todos teníamos muchas cosas que aprender.
Les voy a contar lo que uno de ellos textualmente dijo, y consta por escrito en un testimonio suyo, sobre lo ocurrido la madrugada del 17 de abril cuando llegó la noticia del desembarco:
“Yo estaba de guardia en el pasillo frente a la escalera y recuerdo que cerca de la madrugada comenzó un movimiento anormal en el piso. De pronto el Comandante se levantó y empezó a pedir llamadas telefónicas a distintos jefes militares. Mientras se comunicaban, daba constantes paseos de un lado al otro y decía: ‘Ya desembarcaron y por donde me lo suponía. Pero no importa: ¡Vamos a aplastarlos!’ […] ‘¡Vámonos!’ Yo pensé: ¡Ahora sí se jodió esto, los americanos están desembarcando y este hombre se ha vuelto loco! Salimos rápido para el Punto Uno.”
Bienvenido estaba realmente asustado ese día.
En el “Punto Uno” estaban reunidos, en la madrugada del 17 de abril, el comandante Sergio del Valle Jiménez, jefe del Estado Mayor; el capitán Flavio Bravo Pardo; los jefes de sectores de la defensa de La Habana: comandante Filiberto Olivera Moya, capitán Emilio Aragonés Navarro, capitán Osmany Cienfuegos Gorriarán, capitán Rogelio Acevedo González, el capitán Raúl Curbelo Morales, que sería nombrado jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria, y el capitán Sidroc Ramos Palacios, entre otros. Ya me comunicaba con distintos jefes.
Debo señalar que durante la batalla de Girón taquígrafos de primera calidad se turnaron en el “Punto Uno” anotando con asombrosa precisión cada conversación que yo sostenía con los diversos Puntos, y también las del Puesto de Mando Central con cualquier jefe de la zona de operaciones. Aquí transcribo muchas de esas comunicaciones que marcan el desarrollo de la batalla con el mínimo de explicaciones, que elaboro solo cuando resultan imprescindibles. Si algo no está claro lo complemento; muchas veces suprimo palabras gruesas y solo las transcribo cuando sirven para ofrecer una idea del ardor que experimentábamos.
Notas y órdenes emitidas desde el punto uno:
“03:30 horas. El Comandante Sergio Del Valle (comandante del Ejército Rebelde y jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias) le comunica a la Escuela de Responsables de Milicias de Matanzas que se encuentren listos como para salir de operaciones inclusive hasta los camiones.
“03:35 hrs. El Comandante Fidel Castro le comunica al capitán (del Ejército Rebelde) Osmany Cienfuegos Gorriarán que tenga listos a todos los batallones de su sector en los camiones para salir de operaciones.
“03:36 hrs. Confirmado desembarco en Playa Larga. El batallón 339 de Milicias —que está en el central Australia— que avance hasta Playa Larga urgentemente. El batallón de Milicias de Matanzas que avance urgentemente hacia Jovellanos.”
El batallón 339 de Cienfuegos debía estar posesionado en Girón y Playa Larga, de acuerdo a instrucciones que yo personalmente transmití con tiempo suficiente antes del desembarco enemigo. En un testimonio emitido hace muchos años, el 17 de marzo de 1986, 24 años después, Abraham Maciques, director del Plan de Desarrollo de la Península de la Ciénaga de Zapata, afirmó: “Una semana antes del desembarco, el Comandante estuvo en la zona de Girón. Recorrió el malecón, aeropuerto, las obras turísticas, en compañía del comandante Guillermo García y otros oficiales. Comentó que si él fuera a realizar un desembarco lo haría por esta zona, porque tenía dos accesos de salida y otras condiciones. Dio instrucciones de que pusieran ametralladoras cuatro bocas en el aeropuerto y una ametralladora calibre 50 en el tanque de agua de Girón. Mandó mil fusiles checos M-52 para las milicias. Le indicó al comandante Juan Almeida que trasladara al batallón 339 de Cienfuegos hacia esa zona. Estas orientaciones no se concretaron porque a los pocos días vino la invasión.”
Almeida envió el batallón. Por alguna confusión, el batallón tenía un pelotón en Playa Larga. De haber estado desplegado en Girón y Playa Larga, y no en el central Australia, a 68 y 29 kilómetros respectivamente, las consecuencias habrían sido considerables para los invasores que ya estaban navegando hacia tales puntos.
La instrucción que di a las 03:36 de la madrugada, para que esa unidad se moviera en horas de la noche para apoyar a los hombres que resistían en Playa Larga, era lo que debía hacerse. Dar esa instrucción en pleno día, cuando los paracaidistas enemigos habían sido lanzados, no hubiera sido correcto. Fue alrededor de las 6 y 30 de la mañana, es decir 3 horas después, cuando el enemigo lanzó el batallón de paracaidistas para ocupar las vías de acceso a través de la ciénaga. Como era lógico, los B-26 enemigos, entre los cuales estaban los pilotos batistianos que tantas bombas lanzaron sobre nosotros en la Sierra Maestra, les dieron apoyo aéreo a los paracaidistas que descendieron sobre Pálpite, donde no podían llegar a esa hora las antiaéreas que debían participar en el contraataque.
Esta es una importante observación para comprender los acontecimientos ulteriores.
“03:55 hrs. Se le informe al Comandante Jefe FAR (Fuerza Aérea Revolucionaria) mantenga listos dos Sea Fury y un B-26 con toda su carga lista. Julio. (capitán Flavio Bravo Pardo).
“04:06 hrs. Ordena Fidel al Jefe FAR tener los aviones listos, organizar dos escuadrillas dos Sea Fury y un B-26.
“04:45 hrs. Ordena Fidel a Silva (capitán del Ejército Rebelde y piloto de combate Luis Alfonso Silva Tablada) de Base San Antonio de los Baños cumplir misión. Dos Sea Fury y dos B-26; un chorro (avión T-33 de retropropulsión a chorro de fabricación norteamericana), debe estar listo a despegar para defender la Base. Silva a los otros aviones con cohetes y metralla, atacar cabeza de playa en Playa Larga y Punta Perdiz […] Despegar a las 05:20 horas, atacar primero barcos y después regresar a La Habana para informar. Chorro listo para defender la base, también las antiaéreas […] Hay también en Punta Perdiz (muy próximo a Girón), pero interesa más ahora Playa Larga.”
La base aérea de San Antonio de los Baños está a 149 kilómetros y 600 metros de Playa Larga, y a 176 kilómetros y 800 metros de Playa Girón; era cuestión de minutos.
“04:48 hrs. Mover otro batallón para Matanzas, importante ocupar todos los puentes por La Habana y Matanzas y dejar cuatro (batallones) de reserva en Kukine.
“05:10 hrs. Llamada del Comandante Fidel a Silva, en Base de San Antonio de los Baños para ratificar orden anterior, es la siguiente: Se asegura que han tomado Playa Girón y no Playa Larga como se había informado, avanzan fuerzas considerables de enemigos, éste se encuentra situado a la entrada de la Bahía de Cochinos, hacia el este, allí se encuentra un pueblo construido por nosotros (Girón), hay también un campo de aviación y pista. Silva, imagina una herradura con su centro hacia el norte, dos puntas hacia el sur; mirar el extremo sur derecho, más o menos por allí está ese punto: Girón, tienes que observar si hay aviones en el aeropuerto, si hay tírales, y si no atacar a los barcos si están en aguas jurisdiccionales, primer objetivo avión, segundo barcos, observa si hay movimiento de camiones muy cerca de Girón, cualquier camión que tú veas entre Girón y Playa Larga, 2 kilómetros partiendo de Girón a Playa Larga, todo lo que esté en ese término, ataca. Así que los objetivos a seguir son los siguientes:
“Primer objetivo: atacar con todo al aeropuerto, si hay allí aviones.
“Segundo objetivo: atacar a los barcos.
“Tercer objetivo: observar si hay movimientos de camiones muy cerca de Girón, si es positivo, atacarlo también, así como al personal.
“Si se ven maniobras de barcos y personal meterle a los barcos y después a la gente. Coger por sureste a Bahía de Cochinos, el avión debe partir a las 05:20 horas.” (Es decir, antes del amanecer).
“05:45 hrs. Comandante Del Valle efectuó llamada a Base San Antonio al comandante Raúl Guerra Bermejo, Maro (jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria), para informar que se ha mandado para allá al Ministro Curbelo para tratar el asunto del aire, que se coordinen entre tú y él, ya que él está por encima, comprendiendo civil y militar.”
“A las 05:50 horas del 17. Avisados Olivera y Acevedo por orden del comandante Del Valle para movilizar a todo el personal sin utilizar radio y lo tenga todo preparado para recibir órdenes. Se le informó del desembarco y como está ocurriendo. Por teniente Crabb.
“Todo listo en Managua esperando órdenes de Fidel.”
“06:00 hrs. Fidel llama a San Antonio de los Baños investigando si no le habían informado de que había tres B-26 listos. Tengan listos los B-26 y el chorro con cohetes y bombas, esto para cuando regresen los demás, y que haya uno siempre vigilando la Base, que si tienen comunicación con los aviones, y a la vez que nos den informe. En veinticinco minutos están sobre el objetivo.
“06:30 hrs. Interesa Fidel a las FAR para saber sobre los aviones listos para atacar, que vaya el Jefe FAR al mando del Sea Fury y un chorro para atacar a Playa Larga, y más atrás un B-26, al llegar los que salieron anteriormente que informen enseguida y que preparen y salgan de inmediato. Cumplir esas órdenes inmediatamente.
“06:33 hrs. Se le informa a la Base de San Antonio comunique a nuestros aviones que al volar sobre Australia informen anteriormente, porque hay orden de disparar.
“06:34 hrs. Curbelo de las FAR le comunica a Fidel que sobre las prisiones de Isla de Pinos vuelan aviones enemigos. Los aviones nuestros hicieron fuego contra los barcos en Playa Larga. Meterle a los barcos y a la playa, a Playa Larga, un Sea Fury y un B-26. El compañero Leyva va de jefe de la escuadrilla. Ir, descargar y regresar.”
“A las 06:35 horas. Orden de Fidel: Antitanque hacia Aguada de Pasajeros dos baterías. Las que salieron a Matanzas que sigan hacia Aguada. Dos baterías antitanques más hacia Matanzas.
“06:40 hrs. Ordena Fidel el chorro que esté listo, hay aviones que se dirigen hacia esa, también preparar las antiaéreas, el chorro que esté listo, otro avión para defender la Base. El Sea Fury que salga hacia el objetivo y el chorro mantenerlo en el aire o en la pista, listo para atacar, la artillería (antiaérea) lista a repeler la agresión conjuntamente con el avión.”
“A las 06:46. Salió otra escuadrilla hacia allá. (Girón).
“A las 06:46. Isla de Pinos: cuatro aviones enemigos atacaron Isla de Pinos y se le está haciendo fuego.”
“07:20 hrs. Silva informa a Fidel: ¿Qué hiciste? Rompiste. ¿Y al barco no le han tirado? ¿Y al barco no lo atacaron? ¿Y el Sea Fury al barco? ¿Lo hundieron? ¿Sobre Girón qué hiciste? A una lancha, no la hundiste. Los viste n
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abril 15, 2011

Los restos de Salvador Allende volverán a ser exhumados

Categoría: DERECHO POLITICO — gcornejo @ 08:20 — Visto: 176 veces
Los restos de Salvador Allende volverán a ser exhumados



La familia cree que el presidente de Chile entre 1970 y 1973 se suicidó durante el golpe militar de Pinochet, pero quiere llegar a la "verdad histórica".- Su hija, la senadora Isabel Allende, reclamó esta semana una nueva exhumación


EFE / EL PAÍS - Santiago de Chile -
15/04/2011


Los restos del presidente chileno Salvador Allende (1970-1973) serán exhumados en la segunda quincena de mayo, según una resolución dictada hoy por el juez a cargo del caso, Mario Carroza, informaron fuentes judiciales.

La Justicia chilena investigará por primera vez la muerte de Salvador Allende

Salvador Allende murió en el Palacio de la Moneda de Santiago de Chile, durante el golpe de Estado de Pinchet contra su Gobierno.- REUTERS

Salvador Allende
A FONDO
Nacimiento: 26-07-1908
Lugar:Valparaiso
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La diligencia, que debe ser cumplida por el Servicio Médico Legal, no implica una nueva autopsia al cadáver del mandatario socialista, sino que está destinada a tratar de determinar las causas de su muerte.

Salvador Allende murió el 11 de septiembre de 1973 durante el golpe militar que encabezó Augusto Pinochet para derrocar su gobierno socialista y hasta ahora la versión más aceptada, y corroborada por testigos, es que se quitó la vida en La Moneda, que ardía tras ser atacada por los golpistas por tierra y aire.

Su caso se encuentra entre 726 querellas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que la Fiscalía presentó el 26 de enero ante el juez Carroza, correspondientes a situaciones que nunca antes habían sido investigados por la justicia.


El 12 de abril, la senadora Isabel Allende, una de las tres hijas del fallecido mandatario, solicitó al juez Carroza que ordene una nueva exhumación de los restos de su padre y peritajes para esclarecer las causas de su muerte. "La familia Allende ha decidido solicitar la exhumación y autopsia de los restos del presidente Salvador Allende, para avanzar en la investigación que permita la certeza jurídica de las causas de su muerte", dijo entonces la parlamentaria a los periodistas. Ese día, Isabel y su hermana Carmen Paz proporcionaron, además, muestras de sangre para que sean cotejadas durante el nuevo examen necrológico.

El cadáver de Allende ha sido sometido antes a dos peritajes tanatológcos: el primero en 1973, antes de que sus restos fueran llevados a la ciudad costera de Viña del Mar, a 125 kilómetros de Santiago, y el segundo en 1990, tras la recuperación de la democracia, cuando el cadáver fue exhumado para ser sepultado definitivamente en la capital.

La petición del 12 de abril supuso un cambio en la postura de Isabel Allende, que hasta entonces había argumentado que esta diligencia era innecesaria porque el cadáver del líder político chileno ya había sido sometido a dos autopsias. La senadora reiteró que la familia tiene la convicción de que su padre se suicidó durante el bombardeo al palacio presidencial, pero también, precisó, cree que debe haber una investigación "que logre determinar, más allá de las versiones, la verdad histórica".

El testimonio clave de su médico personal

En su resolución de hoy, el juez Carroza dispone que el Servicio Médico Legal designe un equipo de peritos para llevar a cabo la exhumación en el Cementerio General de Santiago y concretar los peritajes necesarios. Otras fuentes de tribunales señalaron en tanto a Efe que en la diligencia también participarán expertos extranjeros.

Salvador Allende representó el primer experimento de la izquierda latinoamericana por llegar democráticamente al poder y de desarrollar sus programas desde las instituciones del sistema. Allende, médico de profesión y experimentado político marxista, fue elegido presidente de Chile el 4 de noviembre de 1970 y ejerció su mandato hasta el golpe de Estado encabezado por el general Pinochet, que llegó a bombardear desde aviones el Palacio de la Moneda, en una imágenes que quedaron grabadas en la memoria de millones de personas en Latinoamérica y en el resto del mundo.

Inicialmente, los pocos supervivientes de aquella jornada dijeron que Allende había sido asesinado por los militares que lograron entrar en el palacio, pero años después el médico personal del presidente constitucional explicó que el mandatario había decidido quitarse la vida con su propio fusil y no permitir que le detuvieran ni encarcelaran. La justicia chilena deberá decidir ahora si esta última versión, la más aceptada comúnmente, es realmente la verdadera.

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abril 15, 2011

Villarán: “No es posible indultar a un sentenciado por violación de DD.HH.'

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 08:13 — Visto: 160 veces
Villarán: “No es posible indultar a un sentenciado por violación de DD.HH."

La alcaldesa de Lima explicó que conmutar la pena del ex presidente Alberto Fujimori sería ir en contra del derecho internacional

Viernes 15 de abril de 2011 - 05:39 pm 46 comentarios

(Archivo El Comercio)
La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, dijo hoy en declaraciones a la prensa que indultar al ex presidente Alberto Fujimori sería ir en contra del derecho internacional.

“No es posible indultar a quien ha sido sentenciado por violación de los derechos humanos. Eso sería ir en contra de la legislación internacional”, indicó Villarán.

Por otro lado, pidió a los actuales candidatos a la presidencia, Ollanta Humala y Keiko Fujimori, no irse a los extremos.

“Los dos candidatos saben que un 60% no votó por ellos. Por lo tanto, aquí lo que se impone es un esfuerzo inmenso por tratar de entender que la sociedad peruana no quiere irse a los extremos sino concertar. Yo no puedo ponerme a favor de uno o de otro, debo mantener mi neutralidad política”, indicó.

“Siempre hay temores en las elecciones pero yo estoy segura que la racionalidad y la conciencia van a hacer que tomemos una decisión sabia para el futuro del Perú”.

fuente: EL COMERCIO PERU
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abril 15, 2011

ARGENTINA: Dictan cadena perpetua para ex dictador argentino Reynaldo Bignone

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 08:12 — Visto: 169 veces
ARGENTINA: Dictan cadena perpetua para ex dictador argentino Reynaldo Bignone


Fue acusado por delitos de lesa humanidad perpetrados durante el último régimen militar junto al ex subcomisario policial Luis Abelardo Patti

Viernes 15 de abril de 2011 - 07:05 pm

(Reuters)
(DPA). El ex dictador argentino Reynaldo Bignone y el ex subcomisario policial Luis Abelardo Patti fueron condenados hoy a prisión perpetua en cárcel común por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar (1976- 1983).

El Tribunal Oral Federal Nro. 1 de la localidad bonaerense de San Martín dictó también prisión perpetua a los ex militares Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez, condenados junto a Bignone y Patti por los delitos de privaciones ilegítimas de la libertad, allanamientos ilegales, torturas, desapariciones y homicidios agravados en la zona de Garín Escobar, dependiente de la guarnición militar Campo de Mayo.

En tanto, condenó a seis años de prisión al ex comisario Juan Meneghini.

Bignone, el último presidente de facto de la dictadura militar, ya cumple una condena a 25 años de cárcel impuesta el año pasado también por crímenes cometidos durante el régimen.

Patti, quien se recupera de un accidente cerebrovascular, fue tras el regreso de la democracia alcalde de la localidad de Escobar y ocupó diversos cargos ejecutivos.

Unas 30.000 personas desaparecieron durante la última dictadura, según estimaciones de las organizaciones de derechos humanos.

Con las condenas conocidas hoy, suman ya 204 los condenados en causas que investigan violaciones a los derechos humanos, según informó la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, de la Procuración General de la Nación.

fuente: EL COMERCIO PERU
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abril 15, 2011

Al menos 61 niños menores de 5 años han muerto este año por el frío

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 08:10 — Visto: 152 veces
Al menos 61 niños menores de 5 años han muerto este año por el frío


Uno de los principales obstáculos en la atención de los menores ha sido la distancia entre sus casas y los puestos de salud

Viernes 15 de abril de 2011 - 05:27 pm 13 comentarios

(Foto referencial: Archivo El Comercio)
Según el Ministerio de Salud, el frío habría ocasionado en lo que va del año la muerte de al menos 61 niños menores de 5 años en las regiones andinas del país, principalmente en departamentos del sur y sureste donde las temperaturas llegaron a 15 grados bajo cero.

“Las muertes notificadas por neumonía en el país acumuladas hasta el pasado 14 abril, en menores de 5 años, es de 61”, indicó el Minsa en un boletín epidemiológico que también informa que el 49% falleció en su casa por la lejanía a un puesto de salud.

El Minsa informa que se han notificado más de 645 mil episodios de infecciones respiratorias agudas no neumónicas y 6.727 casos de neumonía en niños menores de cinco años.

“Estamos trabajando en una campaña binacional con nuestros vecinos de Bolivia, para que juntos iniciemos una jornada de inmunización en el sur del país”, comentó la viceministra de Salud, Zarela Solís.

El año pasado se registraron un total de 397 muertes por neumonía de niños menores de cinco años.

fuente: EL COMERCIO PERU
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abril 15, 2011

Hallan centenar de inmigrantes ilegales viviendo en “ciudadela subterránea” en Moscu

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 08:09 — Visto: 168 veces
Hallan centenar de inmigrantes ilegales viviendo en “ciudadela subterránea” en Moscu


Se encontraba debajo de una fábrica de Moscú y contaba con baños, dormitorios y salones de oración

Viernes 15 de abril de 2011 - 03:03 pm

(Canal N)
Autoridades de Rusia descubrieron a, al menos, 100 inmigrantes ilegales viviendo clandestinamente debajo de una fábrica de Moscú, lugar al que calificaron de “ciudadela subterránea”.

El peculiar albergue contaba con salones de oración, dormitorios y baños. Las personas que habitaban dicha “ciudadela” provendrían de países de Asia central. Luego de dedicarse a fabricar piezas para máquinas de coser por un tiempo, todos serían deportados.

Este es el tercer sitio clandestino hallado en Moscú en lo que va del año.

Solo en el 2010, el Gobierno ruso expulsó a unos 10.000 inmigrantes indocumentados, informa el medio Semana.com.

FUENTE: EL COMERCIO PERU
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abril 15, 2011

Perú contrató a dos firmas de abogados ante millonaria demanda de Doe Run

Categoría: DERECHO ARBITRAL — gcornejo @ 08:06 — Visto: 414 veces
Perú contrató a dos firmas de abogados ante millonaria demanda de Doe Run


La minera del grupo Renco Group demandó al Estado y exige una indemnización de 800 millones de dólares

Viernes 15 de abril de 2011 - 06:25 pm 8 comentarios

(Foto referencial: Archivo El Comercio)
(Reuters). Perú designó a dos estudios de abogados para que los represente en un arbitraje internacional interpuesto por la estadounidense Renco Group y su filial Doe Run, dijo el viernes el ministro de Economía, Ismael Benavides.

El ministro precisó que se escogió White & Case en Estados Unidos y a Echecopar en Lima para encarar el caso de Renco Group, que presentó la semana pasada una demanda ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Renco Group, que controla el mayor complejo metalúrgico del país, La Oroya de Doe Run Perú, pide una indemnización al Estado peruano de aproximadamente 800 millones de dólares.

Su filial Doe Run Perú, que una vez fue el sexto exportador de metales de Perú, había notificado en enero su intención de presentar un arbitraje enmarcado en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú por el “incumplimiento del Gobierno en honrar sus obligaciones legales”.

“Para el caso Doe Run hemos designado a White & Case y a estudio Echecopar”, dijo Benavides a Reuters.

ANTECEDENTES
La firma Renco ha afirmado anteriormente, entre otras cosas, que el Gobierno peruano incumplió un compromiso de remediar los suelos de La Oroya, donde está ubicado el complejo metalúrgico, luego de que la estatal Centromín operara en el lugar durante varios años sin cuidar el medio ambiente.

El complejo está paralizado desde hace casi dos años por problemas financieros y el incumplimiento de un plan ambiental por parte de la empresa en La Oroya, una de las zonas más contaminadas del planeta.

Doe Run Perú también afronta actualmente un proceso en el organismo estatal que resuelve las insolvencias de las compañías en el país.

Los problemas de la empresa se agudizaron en el 2009 al no poder garantizar al Estado peruano la concreción de un plan ambiental por unos 150 millones de dólares.

Asimismo, la compañía debe unos 100 millones de dólares a sus proveedores de minerales, como la productora de metales preciosos Buenaventura.

Perú es el segundo productor mundial de plata, el tercero de cobre y el sexto de oro.

DENUNCIA DEL BANCO NUEVO MUNDO
La selección de White & Case y de Echecopar para el caso de Due Run se produce luego de que el Estado designó el viernes al bufete Sidley Austin LLP para representar a Perú ante el CIADI en un arbitraje interpuesto por el pequeño local Banco Nuevo Mundo, que fue liquidado durante el Gobierno del ex presidente Alberto Fujimori hace más de una década.
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abril 15, 2011

Iraq: hallan fosa con más de 800 cuerpos que datan del gobierno de Saddam

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 07:49 — Visto: 182 veces
Iraq: hallan fosa con más de 800 cuerpos que datan del gobierno de Saddam


Entre las vícitmas hay hombres, mujeres y niños de diferentes sectas con disparos en la cabeza. Autoridades creen que la cifra aumentará

Viernes 15 de abril de 2011 - 04:46 pm

(AP)
Autoridades iraquíes hallaron una espeluznante imagen: una fosa común en la provincia occidental de Anbar que contenía más de 800 cuerpos que habrían sido ejecutados durante el gobierno de Saddam Hussein.

El ministro de Derechos Humanos de este país, Mohammed Sudani, indicó que en dicha cavidad encontraron “hombres, mujeres y niños con disparos en la cabeza”.

Por su parte, Kamil Ameen, portavoz de dicha cartera del Estado iraquí, explicó a Reuters que el número de cuerpos hasta ahora es 822, pero podría aumentar.

“Nuestros técnicos prevén que el número llegará a 900. La tumba contiene (personas) de sectas diferentes. Los reportes iniciales indicaron que eran opositores políticos”, agregó.

Se presume que los cadáveres datan de la guerra entre Iraq e Irán entre 1980 y 1988, informa BBC.

En Iraq se han hallado varias fosas comunes desde la invasión liderada por Estados Unidos en el 2003 que derrocó al dictador suní Saddam. Sin embargo, esta última es una de las mayores concavidades desenterradas en los últimos años.

Grupos de representantes de los derechos humanos aseguran que existen cientos de tumbas en Iraq con los cuerpos de más de 300.000 personas que fallecieron bajo el régimen de Hussein.

FUENTE EL COMERCIO PERU
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abril 15, 2011

ESTADOS UNIDOS. COLOMBIA TAMBIÉN ENFRENTA PROBLEMAS DE DERECHOS HUMANOS ANTE LA CIDH

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 07:41 — Visto: 419 veces
ESTADOS UNIDOS. COLOMBIA TAMBIÉN ENFRENTA PROBLEMAS DE DERECHOS HUMANOS


Venezuela, Cuba, Honduras en “lista negra” de CIDH

Destaca señales de progreso en determinadas áreas en Haití

Pide a gobierno cubano evitar hostigamiento de opositores

[Washington, Efe] Venezuela, Cuba, Colombia y Honduras siguen en la "lista negra" de los países de América que deben mejorar el respeto a los derechos humanos, mientras que Haití fue retirado por la "especial situación" que padece la nación desde el sismo de 2010, según el informe anual presentado por la CIDH.


La presidenta de turno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la estadounidense Dinah Shelton, presentó como cada año el informe sobre derechos humanos para llamar la atención, en el denominado Capítulo IV, sobre aquellos Estados que deben mejorar en ese ámbito.

Este año, la CIDH afirma en relación con Haití que antes del terremoto del 12 de enero de 2010, ese país "estaba dando algunas señales de progreso en determinadas áreas, como en derechos civiles y políticos y en materia de seguridad".

Pero tras el terremoto, los desafíos no solamente se han acentuado sino que han surgido nuevas problemáticas en materia de vivienda, de seguridad, de violencia sexual y vejaciones contra las mujeres y niñas y el acceso a bienes y servicios básicos, sostiene.

En cuanto a Venezuela, la CIDH recuerda su preocupación por el deterioro de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, por asesinatos de defensores de derechos, el uso abusivo de la fuerza pública para reprimir manifestaciones y el uso del sistema penal para obstaculizar la labor de los activistas.

Asegura, además, que durante 2010 continuaba la "tendencia preocupante" de represalias contra personas que disentían.

Dentro del capitulo de Venezuela, la CIDH dedica un extenso apartado a la libertad de expresión, en el que da cuenta de agresiones contra periodistas, procesos disciplinarios, administrativos y penales contra medios y periodistas, la prohibición de contenidos y de leyes restrictivas.

Considera que la Ley Habilitante, que concede poderes especiales al presidente durante 18 meses, es "incompatible" con la Convención Americana de Derechos Humanos.

Condenas

En lo referente a Cuba, la CIDH valora la excarcelación durante el año pasado de 115 presos políticos, pero sigue pidiendo que se anulen a las víctimas de la "Primavera Negra" sus condenas.

Reitera que existe "una situación permanente de trasgresión" de los derechos fundamentales de los cubanos en la isla.

Urge al Estado cubano a adoptar las medidas necesarias para prevenir y erradicar los hostigamientos contra quienes ejercen el derecho de asociación y de reunión con fines humanitarios y sindicales y se dedican a la defensa de los derechos humanos.

Sobre Honduras, el organismo afirma que a partir del golpe de Estado de 2009, se produjeron violaciones que afectaron "gravemente" a los hondureños y que se han mantenido durante 2010.

El problema de los paramilitares

Por último, la CIDH señala que Colombia aún enfrenta desafíos en materia de desarticulación de las estructuras armadas ilegales y de implementación del marco legal adoptado con el fin de juzgar los crímenes perpetrados durante el conflicto.

A la CIDH le siguen preocupando la comisión de ejecuciones extrajudiciales presuntamente por miembros de la Fuerza Pública y el escaso número de condenas por éstos hechos, la utilización de la jurisdicción penal militar para conocer casos de violaciones de derechos humanos y el incremento del número de desplazados internos.


FUENTE: EL PERUANO
Fecha:15/04/2011
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abril 15, 2011

Seguridad ciudadana, tarea de todos

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 07:36 — Visto: 289 veces
Seguridad ciudadana, tarea de todos



C on la promulgación del reglamento de la Ley de Servicios de Seguridad Privada, el Gobierno ha dado un paso importante en la ardua tarea de consolidar una eficaz política nacional de seguridad ciudadana, en la que deben intervenir, además del papel conductor y rector del Estado, todos los estamentos de la sociedad peruana, incluyendo, como en este caso, al sector privado.

El indicado instrumento legal dispone expresamente que las empresas de servicios de seguridad privada, en adelante, estarán obligadas a prestar colaboración, auxilio y apoyo obligatorio a la Policía Nacional cuando ésta lo requiera.
De este modo, se estima que alrededor de 120 mil agentes privados reforzarán las labores de seguridad ciudadana en el país, al incorporarse como fuerzas de apoyo a la Policía Nacional.
En este punto es necesario subrayar el carácter de "fuerzas de apoyo" que la norma otorga al contingente de agentes privados, toda vez que no están facultados para actuar como autoridad pública, pero su concurso en los esfuerzos que realiza el Estado para combatir al crimen organizado será, sin duda, muy valioso.
A la red constituida por los servicios de serenazgo que brindan las municipalidades se suma ahora el personal entrenado con sus respectivos equipos y sistemas de alerta y vigilancia que tienen que integrarse y acoplarse con los que utiliza la Policía Nacional.
De acuerdo con la División de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec), alrededor de 85,000 agentes pertenecen a numerosas empresas dedicadas a brindar servicios de seguridad corporativa y 35,000 laboran en compañías e instituciones privadas, como centros comerciales, clubes y otros.
La misma fuente indica que las empresas de seguridad privada cuentan con 20,000 equipos de comunicación de última generación, 50,000 armas de fuego y 3,000 vehículos.
El mencionado reglamento dispone –es importante subrayarlo– que el personal que presta servicio de seguridad privada debe recibir formación, capacitación, actualización y seminarios de especialización en Centros Especializados de Formación y Capacitación en Seguridad Privada (Cefocsp), los que serán autorizados previamente por la Dirección General de Educación Superior y Técnico-Profesional y el Ministerio de Educación.
La Dicscamec, por su parte, supervisará y controlará a las empresas de seguridad privada por lo menos una vez al año y con visitas inopinadas, con la finalidad de garantizar la idoneidad de los servicios que prestan a la sociedad.
La seguridad ciudadana, es decir el derecho que tiene todo peruano a vivir seguro y protegido y a la intangibilidad de su patrimonio, es una de las tareas más urgentes que asume el Gobierno Nacional, así como las regiones y las municipalidades provinciales y distritales del país.
En momentos en que el país crece económicamente y mejora la calidad de vida de la población, establecer un sistema de seguridad eficaz y confiable es tarea en la que todos tenemos que aportar nuestros mejores esfuerzos.

FUENTE: EL PERUANO
Fecha:01/04/2011
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abril 15, 2011

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO; El poder frente a lo ético y lo moral.

Categoría: CORRUPCION — gcornejo @ 07:29 — Visto: 664 veces
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO; El poder frente a lo ético y lo moral.

Óscar Rodríguez Vargas. Periodista

Vivimos una época en la que nos damos muy poco tiempo para echar un vistazo dentro de nosotros mismos. En la medida en que estemos en mayor contacto con nuestro mundo interior, nuestro crecimiento personal y profesional se desarrollará.

En el proceso de conocernos a nosotros mismos, sin ningún temor hagamos un inventario moral, una autoevaluación realista de nuestra conducta.

¿Es usted moral? Eche una mirada a las implicaciones "buenas o malas" de su comportamiento. ¿Cómo van sus propios valores? Usted sabe que su conducta tiene aspectos positivos y negativos, bien orientados y perversos. Eso es algo propio de la vida. Analícela.

Reconozca su propia conducta, pero no se autocastigue. Nuestro propósito consiste en conocernos y aceptarnos. Sólo entonces podemos empezar a cambiar y crecer. Para tal fin dé ejemplos de su conducta que describan de modo específico su realidad.

El primer paso para cambiar es ser consciente de los aspectos internos que no queremos ver y que nos impiden transformarnos.
Nuestra cultura ha privilegiado excesivamente el dominio intelectual respecto al dominio ético y moral.

La ética es entendida como la actitud y el esfuerzo permanente que nos urge a vivir y descubrir nuestra situación humana, sin convertirnos en el infierno de los otros.
Es una actitud y un esfuerzo permanente que nos urge a vivir sin manipular, sin convertir en cosas a los otros seres humanos, sin abusar del poder que se nos otorgue. "Sólo los hombres buenos y justos son capaces de dirigir la política y la justicia de una nación", señala Aristóteles.

Aun Cervantes en El Quijote, en un acápite, al aconsejarle a su buen escudero Sancho, quien supuestamente iba a administrar una ínsula, recomendábale: "Sancho, si algún día doblaras la vara de la justicia, que no sea por el poder de la dádiva, sino por el de la piedad". A través de la historia universal los hombres que trataron sobre los valores fueron considerados una especie de quijotes contra los molinos del viento.

Cuando conservamos orientado hacia el bien nuestro pensamiento, la vida se torna más vigorosa y el carácter recibe una fuerza no imaginada.

Las personas tienen preferencias según sus temperamentos, es decir, según su carácter, su manera de ser o de reaccionar. ¿Dónde se encuentra el éxito? En la capacidad de moderar y balancear nuestro temperamento.

Como sucede con el agua, debemos ser inteligentes para adaptarnos a cada ambiente transformando nuestra forma de hacer las cosas. No importa si es vapor, líquido o hielo, el agua sigue siendo agua, nunca pierde su esencia.

Moderar nuestro temperamento no significa cambiar nuestra esencia, no significa dejar de ser hombres buenos, justos y honestos, sino adaptar nuestra conducta a cada situación humana, para así mejorar nuestra capacidad de lograr resultados.


FUENTE: EL PERUANO
Fecha:15/04/2011
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abril 15, 2011

ONPE. CANDIDATO DE GANA PERÚ OLLANTA HUMALA Obtiene el 31.7% de votos

Categoría: DERECHO POLITICO — gcornejo @ 07:23 — Visto: 213 veces
ONPE. CANDIDATO DE GANA PERÚ OLLANTA HUMALA
Obtiene el 31.7% de votos


Keiko Fujimori alcanza el 23.5% de votos en las elecciones generales

Al 97.279% de actas contabilizadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que el candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, obtiene 31.790%, seguido de Keiko Fujimori, de Fuerza 2011, con 23.531%.

Le sigue el candidato de Alianza por el Gran Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, con 18.483%, y Alejandro Toledo, de Perú Posible, con 15.607%. Luis Castañeda, consigue el 9.816% de los votos válidos. José Ñique, del Partido Fonavista del Perú, registra 0.252% y Ricardo Noriega, de Despertar Nacional, 0.147%. Continúa el candidato de Adelante, Rafael Belaunde, con 0.118% y Juliana Reymer, de Fuerza Nacional, obtiene 0.114%.
Finalmente, Humberto Pinazo de Juste con 0.076%; y el candidato de Fuerza Social, Manuel Rodríguez Cuadros, quien retiró su candidatura, 0.064%.

FUENTE: EL PERUANO
Fecha:15/04/2011
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abril 15, 2011

Dictan guía para prevenir el hostigamiento sexual laboral

Categoría: DERECHO LABORAL — gcornejo @ 07:21 — Visto: 592 veces
MTPE. ANTE DESCONOCIMIENTO DE EMPLEADORES Y TRABAJADORES PARA INICIAR TRÁMITE POR ESTOS ACTOS
Dictan guía para prevenir el hostigamiento sexual laboral


Texto precisa criterios de la administración para proteger al trabajador

Detalla además la calidad de las pruebas y castigo por falsa denuncia


Si bien la legislación peruana prevé mecanismos para salvaguardar la protección frente al hostigamiento sexual, la práctica demuestra que en lo laboral, tanto empleadores como trabajadores desconocen cómo enfrentar y tramitar la atención de estos casos.

Por ello, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó la guía para prevenir, detectar y tratar estas conductas en las relaciones laborales. A continuación, los criterios más importantes adoptados por este sector para admitir y sancionar dichos actos.

¿Cuáles son los elementos del hostigamiento sexual?
–Existe hostigamiento cuando se presentan los siguientes elementos: la conducta de hostigamiento sexual, el sometimiento a la conducta del hostigador y el rechazo a la conducta del hostigador. El primero, es una conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual o sexista no deseada y/o rechazada; el segundo, implica que se permite al hostigamiento sexual porque, de no hacerlo, el hostigador puede modificar, para mal, la situación laboral del trabajador, como proceder al despido, reducción de salarios, cambio de horario, entre otros. El tercero, el rechazo, es decir que en venganza por haber rechazado los actos del hostigamiento sexual, el hostigador toma decisiones que perjudican al trabajador afectado.

¿Qué conductas son típicas del hostigamiento sexual?
–En principio, realizar promesas de un trato preferente o beneficioso sobre la situación actual o futura del trabajador, a cambio de brindar favores sexuales. Luego, la amenaza o presión exigiendo una conducta no deseada, atentando o agraviando la dignidad del trabajador. Igualmente, el uso de términos sexuales escritos o verbales; las insinuaciones sexuales como gestos obscenos insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos; los mensajes escritos, llamadas telefónicas y exposiciones indecentes de contenido sexual; también las bromas obscenas a través de preguntas, chistes o piropos de contenido sexual; las conversaciones o comentarios con términos de corte sexual o de la vida sexual del trabajador; las miradas lascivas reiteradas con contenido sexual; proposiciones reiteradas para encuentros o citas con el trabajador; las muestras reiteradas de dibujos, grafitos, fotos, revistas, calendarios con contenido sexual; entre otros actos de similar naturaleza. Asimismo, constituye una conducta típica cuando se producen acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que ofendan al trabajador y no quiera; y, finalmente, cuando traten al trabajador ofensivamente o de modo hostil, en venganza por haber rechazado la conducta del hostigador.

¿Cómo puede probarse esta actitud violenta?
–Pueden ser de cuatro tipos. La primera, declaración de testigos; luego, los documentos públicos o privados; también las grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías, cintas de grabación, entre otros. Igualmente, las pericias sicológicas, psiquiátricas forenses, grafotécnicas, análisis biológicos, químicos, entre otros; y, finalmente, cualquier otro medio probatorio idóneo.

Rigor ante las falsas demandas

En el caso a la falsa queja, ¿existen consecuencias para estos actos?
–En principio, la falsa queja es aquella demanda por hostigamiento sexual interpuesta sin probados fundamentos y con acreditada mala fe. Sí tiene consecuencias legales. Así, cuando la queja o demanda de hostigamiento sexual es declarada infundada por resolución firme y queda acreditada la mala fe del demandante, la persona a quien se le imputan los hechos tiene expedito su derecho a interponer judicialmente las acciones pertinentes. En este caso, el supuesto hostigado denunciante queda obligado a pagar la indemnización que fije el juez.

Tener presente

Los trabajadores de los sectores público y privado tienen derecho a denunciar el hostigamiento sexual. Así, se entiende el hostigamiento sexual como aquella conducta física o verbal reiterada que vulnera la libertad sexual.

Esta conducta puede darse en cualquier relación en la que exista jerarquía, autoridad, dependencia o una situación que otorgue ventaja al hostigador. Se puede presentar en el centro de trabajo, sea público o privado, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, entidades educativas, el hogar, entre otros.

La mayoría de casos tiene como víctima a la mujer. Los varones también pueden ser víctimas. Los tipos pueden ser típico y ambiental. El primero, se presenta cuando el hostigador aprovecha una posición de autoridad u otra situación ventajosa para realizar los actos de hostigamiento sexual; y, el segundo, se presenta cuando el hostigamiento es realizado por personas que no tienen un rango superior al tuyo, pero que ocasionan un perjuicio en el ambiente de trabajo, convirtiéndolo en un entorno de intimidación, humillación u hostilidad.

Las medidas cautelares

El procedimiento frente al hostigamiento sexual ofrece a la víctima dos alternativas: solicitar el cese de hostilidad o dar por terminado el contrato de trabajo. El primero se concretará mediante la presentación de una queja ante la oficina de personal o RR HH o quien haga sus veces en el mismo centro, y, en el segundo, exigir el pago de una indemnización mediante una demanda, en caso de que el hostigador sea el empleador, personal de dirección o de confianza, director o accionista.

El trabajador, al presentar la queja, tendrá derecho a un proceso confidencial, reservado, imparcial y eficaz; las garantías de un debido proceso, y, las garantías a los testigos con medidas de protección personal.

El MTPE señala que ante la presentación de una queja por hostigamiento sexual, la autoridad podrá presentar diversas medidas cautelares temporales a favor de la víctima, atendiendo los criterios de intensidad, proporcionalidad y necesidad. Entre ellas, la rotación y suspensión temporal del presunto hostigador; la rotación del afectado si así lo solicita, el impedimento de acercarse a la víctima o al entorno familiar, entre otras.


FUENTE: EL PERUANO
Fecha:15/04/2011
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abril 15, 2011

Estado peruano prepara su defensa en arbitraje de Doe Run ante CIADI

Categoría: DERECHO ARBITRAL — gcornejo @ 07:20 — Visto: 266 veces
ESTRATEGIA. ANTE CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES
Estado peruano prepara su defensa en arbitraje de Doe Run


Delegados nacionales aseguran que adoptarán todas las previsiones del caso

El Estado peruano prepara su defensa por el pedido de arbitraje que solicitó la minera Doe Run, que operaba el Complejo Metalúrgico de La Oroya, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), manifestó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).


"Debemos tomar las previsiones del caso en defensa del Estado, que tiene todas las facultades, y obviamente lo va a hacer. Este es un proceso en el que debemos ser muy cuidadosos, no quiero adelantar ningún juicio", dijo el titular del sector, Pedro Sánchez.

El caso

El 27 de julio de 2010 venció el plazo de diez meses que estableció una ley del Congreso de la República para que Doe Run reinicie sus operaciones en La Oroya (Junín) y pueda culminar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Sin embargo, la estadounidense Renco Group y su filial Doe Run Perú, pese al incumplimiento de dicha norma, iniciaron un arbitraje internacional en contra del Estado peruano por una disputa empresarial en torno al mayor complejo metalúrgico del país.

Renco Group controla el complejo La Oroya de Doe Run Perú, que una vez fue el sexto exportador de metales del país, y presentó una demanda ante el Ciadi pidiendo una indemnización de 800 millones de dólares.

Los problemas de la empresa se profundizaron en 2009 al no poder garantizar al Estado peruano la concreción de un plan ambiental por unos 150 millones de dólares.

En enero de este año, la empresa dio a conocer su intención de comenzar un proceso de arbitraje internacional enmarcado dentro del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y Estados Unidos, por el incumplimiento del Gobierno peruano en honrar sus obligaciones legales.

fuente: EL PERUANO
Fecha:15/04/2011
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abril 14, 2011

712 cadáveres en fosas clandestinas este sexenio

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 04:45 — Visto: 276 veces
712 cadáveres en fosas clandestinas este sexenio



Daniel Blancas Madrigal | Nacional

72 innmigrantes fueron asesinados en una finca en San Fernando el año pasado. Foto: Archivo

Setecientos doce cadáveres han sido localizados en fosas clandestinas del crimen organizado en lo que va del sexenio calderonista, de acuerdo con un recuento realizado por Crónica con base en datos difundidos por procuradurías de todo el país y comisiones de derechos humanos.

De diciembre de 2006 a la fecha han sido reportadas 121 narcofosas en al menos 19 estados del país.

Las entidades donde más cuerpos se han descubierto son Guerrero, con 133, y Tamaulipas, con 126, estos últimos fueron hallados en hace unos días en diversos puntos del municipio de San Fernando.

Sin embargo, el estado con más fosas detectadas es Chihuahua —en especial en el área de Ciudad Juárez— con 24. Ahí, en territorio chihuahuense, han sido enterrados de manera ilegal 112 cuerpos.

Por el número de víctimas, Guerrero es el área de mayor incidencia: se han encontrado fosas con restos humanos en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Teloloapan, San Miguel Totolapan, Coyuca y Taxco, donde entre mayo y junio de 2010 fueron recuperados 55 cuerpos de una fosa, según la Procuraduría local, aunque en principio el Servicio Médico Forense había informado de 77. Este es el hallazgo de más personas en una sola área.

El 2 de noviembre se detectó otra fosa más en el poblado de Tunzingo, zona rural del puerto acapulqueño, con 18 de los 20 michoacanos que habían sido secuestrados días antes.

En Chihuahua, además de Juárez, donde en marzo de 2008 se encontraron 36 cadáveres, se han registrado tumbas en los municipios de Ascención (donde en noviembre del año pasado se hallaron en 11 fosas los restos de 20 personas) y Guerrero.

Sesenta y nueve ejecutados han sido inhumados de forma clandestina en seis fosas contabilizadas en Nuevo León, en los municipios de Monterrey, Guadalupe, Vallecillos y Anáhuac; en julio de 2010, 51 muertos fueron localizados en la alcaldía de Juárez.

En Michoacán se han confirmado 41 víctimas, en 13 fosas distintas de Pátzcuaro, Maravatío, Indaparapeo, Zinapécuaro, Aguililla, Morelia, Jiquilpan, Charo y Uruapán, donde en enero de 2007 las autoridades descubrieron 9 cuerpos enterrados.

En Coahuila se ha referido el hallazgo de 39 más en tres operativos, uno de ellos realizado en febrero de 2009 en Arteaga, con un saldo de 19 personas.

En Morelos la cifra la asciende a 35 en los municipios de Jiutepec, Mazatepec, Puente de Ixtla y Tlaltizapan; después de una acción policial desarrollada en estos dos últimos puntos, a mediados de septiembre de 2010, se informó de 13 rescatados.

Treinta y dos han sido reportados en Durango: en Santiago Papasquiaro, en Nuevo Ideal, en la capital y en Lerdo, donde en enero de 2011 se hallaron a siete.

Oaxaca y Sinaloa suman 23, con la diferencia de que en el segundo estado los cuerpos fueron ocultados en 11 fosas, por cinco en Oaxaca. Apenas ayer la Procuraduría sinaloense informó de 12 víctimas.

En el Estado de México se han ubicado cinco narcofosas con 20 cuerpos, al menos la mitad relacionada con la banda de secuestradores Los Aboytes.

La lista incluye al Distrito Federal, donde han sido detectados cinco cadáveres en sepulturas secretas: tres en diciembre de 2010 en un paraje de la autopista México-Cuernavaca dentro del perímetro de la delegación Tlalpan, tras la captura de Edgar Jiménez El Ponchis o el Niño Sicario; y dos en noviembre de ese mismo año, en un predio de la delegación Miguel Hidalgo, ligado al Cártel de los Beltrán Leyva.

En el recuento no se consideran los 72 cuerpos de inmigrantes encontrados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010; ni los 24 descubiertos en la zona de La Marquesa, Estado de México, en septiembre de 2008, pues en ambos casos no se cavaron fosas.

FUENTE: CRONICA MEXICO
14.04.2011
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abril 14, 2011

Negligencia costará $70 millones a doctor por cirugía plástica

Categoría: DERECHO CIVIL — gcornejo @ 02:34 — Visto: 442 veces
Actualizado 15:00 h. 14-04-2011

El doctor pertenece al Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
Negligencia costará $70 millones a doctor por cirugía plástica




Más de 70 millones de pesos deberá pagar un médico a una paciente por un error negligente en una cirugía plástica.

La decisión fue tomada por la Tercera Sala de la Corte Suprema que resolvió condenar al doctor Alex Eulufi Canu a pagar la suma de $70.607.850 a Leslie Peralta Sarmiento.

La mujer se sometió en 1998 a una intervención de reducción mamaria en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile que la dejó con severas secuelas.

Los magistrados Héctor Carreño, Sonia Araneda, Haroldo Brito, además de los abogados integrantes Jorge Lagos y Ricardo Peralta determinaron que el recinto asistencial no es responsable de la negligencia, sino enteramente el facultativo.

"Aparece que el demandado incumplió la obligación de utilizar cuantos remedios conozca la ciencia médica y estén a disposición del médico en el lugar en que se produce el tratamiento para revertir la infección del paciente y aquella obligación señalada en la letra C) del motivo 7°, esto es, continuar el tratamiento de la paciente hasta que pueda ser dada de alta, advirtiendo él mismo los riesgos que su abandono le pueda comportar", dice el fallo de primera instancia del 8 de septiembre de 2004 y que fue ratificado íntegramente por la Suprema

fuente. PUBLIMETRO CHILE
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abril 14, 2011

SIERRA LEONA, PRODUCE DIAMANTES PERO ES EL PAIS, MAS POBLE DEL MUNDO, EL PERU PRODUCE ORO, Y ES UNO DE LOS MAS POBRES DE AMERICA

Categoría: CORRUPCION — gcornejo @ 02:31 — Visto: 706 veces
Mama Wata se llevó los diamantes de Sierra Leona

Un documental, que esta tarde se estrena en Madrid, en la Filmoteca Nacional, retrata la vida diaria del país más pobre del mundo

PATRICIA R. BLANCO - Madrid - 14/04/2011

Mira el documental completo en Filmotech

Transgredir los tópicos de la pobreza sin hacer de la miseria su protagonista se antoja tarea difícil en el país que Naciones Unidas clasifica como el menos desarrollado del mundo. Pero se convierte en una empresa titánica si además se huye de edulcorarla con esperanzas imposibles que solo sirven para tranquilizar conciencias. A punto de cumplirse el 50 aniversario de la independencia de Sierra Leona -27 de abril de 1961-, Los hijos de Mama Wata (Making DOC Producciones, 2010), que hoy se estrena a las diez de la noche en Madrid, en la sede de la Filmoteca Nacional, retrata la historia de supervivencia, superación, unión y dignidad de un pueblo que lucha por superar las secuelas de la guerra de los diamantes.


'Los hijos de Mama Wata'
VIDEO - MAKING DOC PRODUCCIONES - 14-04-2011
El documental narra la vida diaria y la lucha por la supervivencia del pueblo de Sierra Leona. Mira el documental completo en Filmotech - MAKING DOC PRODUCCIONES

Mama Wata es la diosa del mar. Es una diosa universal. Yemanyá, en América Latina, la virgen del Carmen, en España. Los marineros se encomiendan a ella para pedir protección. Y los habitantes del pueblo pesquero de Goderich, a las afueras de Freetown, la capital de Sierra Leona, le rezan para que no les falte el pescado. Da igual que sean musulmanes, cristianos baptistas o evangelistas, porque en Goderich, que significa "el lugar que alcanzó Dios", todas las religiones conviven en paz. Pero es Mama Wata, según la creencia ancestral, la que pone en marcha el motor de su comunidad.

"Los hombres salen a pescar, sus mujeres prepararan el pescado y lo venden y otras mujeres cuidan de los hijos de quienes trabajan", explica Juan Antonio Amador, codirector junto a Silvia Venegas del documental. Esos hombres y mujeres tienen nombre y rostro en Los hijos de Mama Wata. Idrissa es pescador y cada día sale a faenar con el cayuco que heredó de su padre, Alfred Baion, de 69 años, una excepción en un país donde la esperanza media de vida no supera los 42. Como David contra Goliat, Idrissa se enfrenta a los barcos de arrastre coreanos, españoles y africanos que pescan ilegalmente en la costa de Sierra Leona, incapaz de defender sus aguas territoriales. Si Idrissa no sale a pescar, Memuna, madre de 10 hijos, no puede comprar pescado, ni cocinarlo ni venderlo. Y Saffie no sería necesaria para cuidar a los hijos de ninguno de ellos.

Hay sitio para todos en Goderich. Para los estudiantes como Suphie, que sueña con un futuro mejor e invierte lo que gana dando clases a los pescadores analfabetos en comprar libros. Y para los que no tienen nada, porque la comunidad "recoge a la gente que se encuentra en la calle, los alimenta de manera solidaria a cambio de que esa persona se encargue de los niños o de tareas como preparar la comida", añade Venegas. Coincide con ella el director de fotografía, Alberto González Casal: "Recuerdo la imagen de Idrissa un día que comimos con él. Sobró comida, la guardó. Llegó al patio, les dio a todos los niños; a sus hijos, los últimos, y el último pedacito que sobraba fue para él".

Por eso, según los directores del documental, lo fundamental de Los hijos de Mama Wata, que participa este año en festivales en Serbia y Etiopía, es el testimonio de sus protagonistas. "Nuestra primera idea era rodar un documental informativo" con políticos, dirigentes y responsables de organismos internacionales de Sierra Leona, explica Venegas. Pero los representes institucionales estaban fuera de la realidad y "hablaban de coco ecológico y biocombustible de aceite de palma cuando ni siquiera estaban produciendo arroz, que es lo que consume la población", critica Venegas. "Lo que tenían que decir los habitantes de Goderich era mucho más importante que lo que habíamos grabado con los representantes institucionales", admite con cierta satisfacción.

¿Y por qué Goderich? El pueblo pesquero de las afueras de Freetown "es muy representativo de lo que ocurrió en Sierra Leona después de la guerra de los diamantes, cuando el Frente Revolucionario Unido empujó a la población hacia la costa, para quedarse con el interior y con sus riquezas", estima Juan Antonio Amador.

Sin embargo, algo más que una creencia ancestral une Mama Wata, Sierra Leona y Goderich. "Mama Wata para nosotros es una metáfora de lo que ocurrió en Sierra Leona", asegura Silvia Venegas, que cuenta la leyenda de la diosa del mar: "Dueña de las riquezas, accedió a casarse con el dios guerrero siempre y cuando no la dañara. Pero un día, borracho, la golpeó y Yemanyá empezó a llorar y se convirtió en un río, que se llevó todas las riquezas, que llegaron al mar". La guerra de los diamantes golpeó Sierra Leona y robó sus riquezas. Ahora, el mar, es el único lugar donde el pueblo puede sobrevivir y recuperar parte de lo perdido.

fuente: EL PAIS ESPAÑA
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abril 14, 2011

Anciana envenenó a su esposo e intentó suicidarse, la mujer dijo que estaba aburrida de atender a su marido y de cambiarle los pañales

Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 02:28 — Visto: 308 veces
Anciana envenenó a su esposo e intentó suicidarse, la mujer dijo que estaba aburrida de atender a su marido y de cambiarle los pañales



Una anciana de 78 años quedó a disposición del Ministerio Público en Valparaíso por darle de beber veneno de ratas a su longevo marido de 83 años, con el objetivo de asesinarlo para luego ingerir el líquido con la finalidad de suicidarse.

Todo quedó al descubierto cuando la mujer, identificada con las iniciales L.G. tomó la drástica determinación en el paradero 17 de Rodelillo.

Antes de perder el conocimiento debido al elemento tóxico avisó a varias vecinas de lo que había hecho y éstas avisaron al párroco de la iglesia San José de Rodelillo, quien denunció el hecho a Carabineros.

Hasta el sitio del suceso llegaron la policía y personal del SAMU, quienes trasladaron a los dos ancianos al Servicio de Urgencia del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, donde quedaron internados.

La mujer señaló que estaba aburrida de atender a su marido enfermo durante todo el día, en especial de cambiar los pañales, según señala el diario "Estrella de Valparaíso" .

La mujer, dependiendo de su estado salud, enfrentará el control de detención por parricidio frustrado.

FUENTE: PUBLIMETRO CHILE
Publicado 12:44 h. 14-04-2011
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abril 14, 2011

Conozca a los 78 fujimoristas con sentencia

Categoría: CORRUPCION — gcornejo @ 02:22 — Visto: 469 veces
Conozca a los 78 fujimoristas con sentencia


LA REPUBLICA PERU
Jue, 14/04/2011


A continuación una lista de 78 fujimoristas con sentencia. Un buen recuerdo, cortesía de la revista Caretas, para tener siempre en perspectiva algo que no se debe repetir, un régimen corrupto, violador de derechos humanos y autoritario.
Corrupción y violación de los Derechos Humanos, son los principales delitos imputados y que generaron variadas condenas a 78 fujimoristas, que gracias a la Revista Caretas, citamos en esta lista casi interminable. Ideal para no olvidar algo que nunca más debe repetirse.

1.Presidente: Alberto Fujimori, condenado a 25 años por violación a los DD.HH, y seis por delitos contra la administración pública.

2. Asesor: Vladimiro Montesinos, condenado a 25 años por violación a los DD.HH y seis condenas más por delitos contra la administración pública. Penas varían entre tres y ocho años de prisión.

3.Jefe del SIN: Julio Salazar Monroe, 5 años, delitos contra la administración pública

4.Jefe del SIN: Humberto Rosas Bonucelli, 6 y cuatro años, delitos contra la administración pública

5.Jefe del Ejército: Nicolás Hermoza Ríos, 25 años por delitos contra los DD.HH y 8 y 8 por delitos contra la adminsitración pública.

6.Comandante General FAP: Eleván Bello, 8 años, delitos contra la administración pública

7.Comandante General EP: José Villanueva Ruesta, 8 y 9 años, delitos contra la administración pública

8.Comandante General Marina: Antonio Ibárcena, 6 años, delitos contra la administración pública

9. Director PNP: Juan Dianderas, 6 años

10.Director PNP: Federico Hurtado Ezquerre, 4 años

11.Primer Ministro:Luis Salas Guevara, 3 años suspendidos, por delitos contra la administración pública

12.Ministro de Economía:Carlos Boloña Behr, 4 años suspendidos, por delitos contra la administración pública

13.Ministro de Industrias: Victor Joy Way, 10 años por delitos contra la administración pública

14.Ministro de Agricultura: Absalón Vásquez, 7 años suspendidos, por delitos contra la administración pública

15. Ministro de Defensa: César Saucedo Sánchez, 2 años suspendidos, por delitos contra la administración pública

16. Ministro del Interior: Juan Briones Dávila, 10 años por delitos contra la administración pública

17. Viceministro de Hacienda: Alfredo Jaililie, 4 años suspendidos, por delitos contra la administración pública

18.Viceministro del Interior: Édgar Solís Cano, 9 años de prisión por delitos contra la administración pública.

19.Fiscal de la Nación: Blanca Nélida Colán, 10 años de prisión por delitos contra la administración pública

20.Presidente de la Corte Suprema: Víctor Castillo Castillo, 4 años de prisión suspendidos, por delitos contra la adminitración pública

21.Jefe del JNE: Alipio Montes de Oca, 4 años de prisión suspendida por delitos contra la administración pública.

22.Vocal del TC: José García Marcelo, 5 años por delitos contra la administración pública.

23. Vocal Supremo: Nelson Reyes Ríos 4 años suspendidos por delitos contra la administración pública.

24. Vocal Supremo: Alejandro Rodríguez Medrano, 8 años por delitos contra la administración pública.

25. Vocal Supremo: Adalberto Seminario, 4 años de prisión suspendida por delitos contra la administración pública

26.Vocal Supremo: Ángel Fernández Hernani, 5 años por delitos contra la prisión pública

27.Fiscal Supremo: Elías Lara Chienda, 5 años de prisión por delitos contra la prisión pública.
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abril 14, 2011

SE DEBE DEMOSTRAR 15 AÑOS DE APORTACIONES PARA QUE SE OTORGUE PENSION DE VIUDEZ

Categoría: DERECHO PENSIONARIO — gcornejo @ 02:04 — Visto: 495 veces
SE DEBE DEMOSTRAR 15 AÑOS DE APORTACIONES PARA QUE SE OTORGUE PENSION DE VIUDEZ


EXP. N.° 00596-2011-PA/TC

LAMBAYEQUE

FLOR DELI SAMAMÉ

FLORES





RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


Lima, 24 de marzo de 2011



VISTO



El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Flor Deli Samamé Flores contra la resolución expedida por la Sala Especializada de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque , de fojas 146, su fecha 16 de noviembre de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y,



ATENDIENDO A



1. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se le otorgue una pensión de viudez, considerando que a su cónyuge causante le correspondía la pensión dispuesta en el artículo 25, inciso a), del Decreto Ley 19990.



2. Que en la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que aun cuando, prima facie, las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes no son parte del contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, en la medida en que el acceso a las prestaciones pensionarias sí lo es, son susceptibles de protección a través del amparo los supuestos en que se deniegue una pensión de sobrevivencia, a pesar de cumplirse los requisitos legales.



3. Que de la Resolución 92743-2006-ONP/DC/DL19990, obrante a fojas 2 de autos, se advierte que a la demandante se le denegó la pensión de viudez puesto que su cónyuge causante, fallecido el 4 de setiembre de 1995, sólo había acreditado un total de 1 año y 7 meses de aportaciones, no cumpliendo con el requisito de aportes exigido por el artículo 25 del Decreto Ley 19990.



4. Que el inciso a) del artículo 25 del citado decreto ley establece que tiene derecho a pensión de invalidez el asegurado cuya invalidez se haya producido después de haber aportado cuando menos 15 años, aunque a la fecha de sobrevenirle la invalidez no se encuentre aportando.



5. Que este Colegiado en la STC 4762-2007-PA/TC (Caso Tarazona Valverde), y su resolución aclaratoria, ha establecido los criterios para el reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido considerados por la ONP.



6. Que para acreditar las aportaciones adicionales de su cónyuge causante, la demandante ha adjuntado en copia fedateada:



a) Certificado de trabajo (f. 4) expedido por el administrador de las Haciendas Carniche y Potrerillo S.A., que pretende acreditar las labores del 1 de enero de 1960 al 12 de julio de 1973; sin embargo, al no encontrarse sustentado con documentación idónea adicional, puesto que las boletas de pago de fojas 6 a 11 se encuentran con las fechas adulteradas, no puede servir para acreditar aportaciones. Respecto de las boletas de pago que fueran presentadas con el recurso de agravio y que obran de fojas 154 a 157, debe señalarse que es preferible que exista material probatorio adicional para el sustento de aportaciones, puesto que al haberse encontrado indicios de falsedad en las primeras boletas presentadas, éstas también resultarían de contenido dudoso.



b) Certificado de trabajo (f. 5) emitido por el gerente de la Cooperativa Agraria de Trabajadores Carniche Ltda. N.ª 019-B-II, que consigna las labores realizadas desde el 30 de diciembre de 1975 hasta el 12 de enero de 1980, y boletas de pago de fojas 158 y 159, correspondientes del 1 al 30 de abril de 1976 (periodo reconocido por la emplazada a fojas 3) y del 12 de diciembre de 1979 al 12 de enero de 1980, es decir, se acreditaría con este último periodo sólo 1 mes de aportes adicionales.



c) Boleta de pago y certificado de trabajo obrantes a fojas 12 y 13 de autos, que al no encontrarse sustentados con documentación adicional no pueden servir para demostrar aportes.



d) Hoja de pago de beneficios sociales (f. 14) y boletas de pago (f. 15 a 20) emitidos por la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de Irrigación Tinajones, que acredita los aportes realizados del 12 de octubre al 3 de diciembre de 1983; sin embargo dichas aportaciones ya fueron reconocidas por la emplazada tal como se evidencia del Cuadro Resumen de Aportaciones de fojas 3.



e) Declaración jurada notarial (f. 152), expedida por el ex gerente de la Cooperativa Agraria de Trabajadores Carniche que pretende acreditar las labores del causante; sin embargo, al haber sido expedido dicho documento por una persona que ya no se encontraba en funciones, éste no resulta idóneo para acreditar aportaciones.



7. Que siendo ello así, al no haber cumplido la demandante con acreditar los 15 años de aportaciones de su causante a fin de obtener la pensión solicitada, se concluye que la controversia debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal Constitucional; por lo que queda expedita la vía para que la demandante acuda al proceso que corresponda.



Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú



RESUELVE



Declarar IMPROCEDENTE la demanda.



Publíquese y notifíquese.





SS.



MESÍA RAMÍREZ

ETO CRUZ

VERGARA GOTELLI
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abril 14, 2011

El embargo sobre un bien social

Categoría: DERECHO DE FAMILIA — gcornejo @ 02:01 — Visto: 658 veces
El embargo sobre un bien social



ANÁLISIS. SOBRE DERECHOS Y ACCIONES QUE CORRESPONDEN A UN CÓNYUGE

El embargo sobre un bien social

Advierten posiciones jurisprudenciales en evidente contradicción

Incertidumbre debe ser prontamente resuelta por Suprema, piden

Hugo Escobar Ágreda Abogado (*)

En días recientes fue publicada la Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura Nº 093-2010-PCNM, la cual dispone sancionar con la destitución del cargo a un Juez Civil, por haberse demostrado irregularidades en la tramitación de un proceso de ejecución, donde se dispuso el embargo de los derechos y acciones que el demandado tenía sobre dos inmuebles que eran de propiedad de la sociedad conyugal, ordenando el remate, el cual se efectuó sobre la totalidad de los inmuebles para, luego, percatarse de su error y proceder a declararlo nulo, precisando que la adjudicación del inmueble se debía efectuar sobre el 50% de los derechos y acciones del demandado.
Esta sanción trae a colación un problema vigente en nuestra Corte Suprema, relacionado con la procedencia del embargo de los derechos y acciones que un cónyuge tiene sobre un bien perteneciente a la sociedad conyugal que se encuentra bajo el régimen de la sociedad de gananciales, al existir posiciones jurisdiccionales que se encuentran en evidente contradicción.
Por un lado, la Casación Nº 2150-98/Lima, publicada el 19 de marzo de 1999, expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, sostiene que: "(...) el hecho de que la sociedad conyugal y más propiamente la sociedad de gananciales constituye un patrimonio autónomo, no puede entenderse como que se encuentra fuera del comercio de los hombres o que se ha formado una persona jurídica distinta y que los acreedores de los cónyuges por obligaciones personales no pueden solicitar medidas para cautelar su acreencia sobre los derechos que su deudor tendrá al liquidarse la sociedad de gananciales (...)".
Por otro lado, tenemos la Casación Nº 3109-98/ Cusco-Madre de Dios, publicada el 27 de setiembre de 1999, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, la cual sostiene que: "(...) no es correcto disponer la aplicación de medidas cautelares que afecten a un bien social con la finalidad de garantizar el cumplimiento de una obligación personal a uno de los cónyuges ni tampoco disponer de una parte del citado bien, asumiendo que se estaría afectando la alícuota del obligado, por cuanto, (...) sobre los bienes sociales no existe un régimen de copropiedad, sino que estos constituyen parte de un patrimonio autónomo que es la sociedad de gananciales (...)".
Esta situación genera una falta de seguridad jurídica, resultando necesario que esta incertidumbre deba ser prontamente resuelta por nuestra Corte Suprema, conforme lo dispone el art. 400° del Código Procesal Civil, reuniendo a los Jueces Supremos Civiles para constituir doctrina jurisprudencial, quienes deberán sentar una única posición en dicha materia. De no darse este acuerdo, tal como la ha hecho la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en las Casaciones Nº 1859-2009 y Nº 2311-2009, se podrá recurrir a la facultad conferida en el primer párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a cualquier Sala Especializada a dictar Ejecutorias que fijen principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancia judiciales.
Al respecto, somos de la opinión que la posición que deberá prevalecer será la que ampara la aplicación de medidas cautelares que afecten un bien social con la finalidad de garantizar el cumplimiento de una obligación personal a uno de los cónyuges.

(*) Gerente Senior de KPMG Tax & Legal.

Amparo a las medidas cautelares
Ante lo expuesto, la justificación para que prevalezca el amparo de la aplicación de medidas cautelares, se sustenta en lo siguiente:
Protección del acreedor. El derecho no puede permitir la desprotección de un acreedor, caso contrario, en futuras transacciones los deudores podrían desentenderse de sus obligaciones, argumentando que los bienes a los que se les podría aplicar medidas cautelares pertenecen al patrimonio social, vulnerándose de esta forma los derechos de los acreedores.
Protección del cónyuge no deudor. Los derechos del cónyuge no deudor no se verán afectados, pues tan solo se afectará los que correspondan al cónyuge deudor.
La ejecución de los derechos embargados. Solo se podrá realizar luego que, previa liquidación de la sociedad de gananciales, se establezca el porcentaje que le corresponde al cónyuge deudor sobre el bien social, lo cual ocurrirá como consecuencia de la declaración del inicio del procedimiento concursal ordinario a que se refiere el artículo 330° del Código Civil.

FUENTE: EL PERUANO
Fecha:14/04/2011
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abril 14, 2011

Niño robaba para tías, Policía asegura que mujeres están plenamente identificadas

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 10:47 — Visto: 167 veces
Niño robaba para tías , Policía asegura que mujeres están plenamente identificadas



Las dos mujeres que fueron grabadas por una cámara de seguridad dando indicaciones a un niño de 10 años para que robe 30 mil soles de la caja registradora de una tienda de ropa, ubicada en el emporio de Gamarra, están identificadas y su captura sería cuestión de horas, aseguraron efectivos de la División de Robos de la Dirincri.

algomás
El niño, además de la fuerte suma de dinero, robó dos modernos celulares que se encontraban en el mostrador de la tienda.
Según las investigaciones, el menor es sobrino de una de las mujeres que aparece en el video, quien es conocida por el apelativo de "La Gorda". "Esa mujer es quien ordena entrar al niño de 10 años para que robe el dinero de la caja registradora, mientras que la otra mujer distrae a la vendedora para que no se dé cuenta del hurto", sostuvo la fuente.
Asimismo, dijo que esta organización delincuencial estaría operando desde el año pasado y habría robado al menos diez tiendas en la referida zona comercial situada en el distrito de La Victoria. "Hay varias denuncias bajo esta modalidad de asalto, las investigaciones están avanzadas, esperamos tener resultados en estos días", dijo un detective que investiga el caso.

FUENTE: OJO PERU
14 de Abril del 2011
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abril 14, 2011

Se entregó Hurtado Miller, es recordado por la frase “Que Dios nos ayude”, luego del “paquetazo”.

Categoría: CORRUPCION — gcornejo @ 10:39 — Visto: 184 veces
Se entregó Hurtado Miller, es recordado por la frase “Que Dios nos ayude”, luego del “paquetazo”.


Por: M. Beteta/J. Lizano

Luego de permanecer diez años prófugo de la justicia, el ex ministro de Economía del gobierno de Alberto Fujimori, Juan Carlos Hurtado Miller, se entregó ayer a las autoridades.

A las 2 de la tarde, el ex funcionario, quien lucía un saco beige, se puso a derecho ante la Tercera Sala Penal Liquidadora, que preside la vocal Carmen Rojassi.

Se le acusa de haber recibido 334 mil dólares de Vladimiro Montesinos, provenientes de los fondos del Estado, para financiar su campaña a la Alcaldía de Lima por Vamos Vecino en 1998, como constaría en un “vladivideo”.

Es recordado por la frase “Que Dios nos ayude”, que pronunció al dar un “paquetazo” de medidas económicas.

RAZONES FAMILIARES

Tras tomarle sus generales de ley, fue sometido a los exámenes de medicina legal. A las 5:45 de la tarde, personal de la Policía Judicial lo condujo a los calabozos del Departamento de Requisitorias de la avenida Canadá, donde pasó la noche. Hoy, a primera hora, la Sala decidirá a qué penal lo enviará.

A su vez, su abogado Julio Espinoza sostuvo que antes no se puso a derecho por razones familiares, pero ahora está tranquilo y consciente de que le impondrían hasta 15 años por delito de colusión desleal. Mientras que por el delito de peculado, no será juzgado porque ya prescribió.

Descartó que la entrega de su patrocinado tenga una motivación política.

FUENTE: EL TROME PERU
13.04.2011
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abril 14, 2011

Se durmió y le quitaron dientes de oro, la víctima se quedó dormido en un banca de la plazuela Grau, en Piura.

Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 10:21 — Visto: 214 veces
Se durmió y le quitaron dientes de oro, la víctima se quedó dormido en un banca de la plazuela Grau, en Piura.


Por: E. Nole

Caro le costó a un comerciante de abarrotes en Piura haberse quedado dormido en una banca de la plazuela Grau, pues acabó perdiendo sus dientes de oro.

Todo ocurrió cuando Adriano Chuquihuanga Cunya (30) esperaba su carro en ese lugar y se sacó de la boca un puente con 4 muelas de oro. Tanto habría sido su cansancio que se quedó dormido y, al despertar, se dio cuenta que no tenía sus dientes ni su billetera. Con ayuda de la policía determinaron que el lustrabotas Jack Ramos (36), “El chivas”, tenía la billetera de la víctima, pero no le encontraron la dentadura.

fuente TROME PERU
Jueves 14 de abril 2011
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abril 14, 2011

CASACION SOBRE CALIDAD DE EMBARGABLE PERO NO EJECUTABLE DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

Categoría: Z CASACION SOBRE FAMILIA — gcornejo @ 10:17 — Visto: 1475 veces
CASACION 3109-98 CUSCO-MADRE DE DIOS (PERU)
La sociedad conyugal crea un régimen especial de propiedad distinto al régimen de copropiedad y los bienes que se adquieren durante el matrimonio son indivisibles, no pudiendo uno de los cónyuges gravar un bien social sin consentimiento del otro cónyuge. En el caso, se afectó sólo la parte que corresponde a uno de los cónyuges. La Corte Suprema consideró que la tercería del cónyuge no afectado era procedente porque el bien social es indivisible.

Lima, veintiocho de mayo de mil novecientos noventinueve.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA, en la causa vista en audiencia pública de fecha ventisiete de mayo del presente año, emite la siguiente sentencia: con los acompañados:



1. MATERIA DEL RECURSO.- Se trata del Recurso de Casación interpuesto por doña Rosa Esther Pérez
Condorhuanca contra la sentencia de fojas ciento trece, su fecha veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho, que reformando en parte la apelada de fojas setentiséis, su fecha veintidós de julio del mismo año, declara infundada la demanda sólo en parte que corresponde al cincuenta por ciento de la propiedad del inmueble embargado a su cónyuge Emilio Condorhuanca Fernández, por tratarse de un bien social o común sujeto a copropiedad entre ambos
cónyuges, y confirmando la misma sentencia respecto al otro cincuenta por ciento del bien embargado.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- La Sala mediante resolución de fecha quince de enero del presente año estimó procedente el recurso por la causal de inaplicación, solamente, de las normas contenidas en los artículos trescientos trece y trescientos quince del Código Civil, basada en la aseveración de que el bien materia de autos pertenece a la sociedad de gananciales formada por la recurrente y su esposo Emilio Condorhuanca, régimen que es distinto al régimen de copropiedad, por ende sus bienes son indivisibles, no pudiendo uno de los cónyuges gravar un bien social sin consentimiento del otro cónyuge.

3. CONSIDERANDO:

Primero.- Que, el matrimonio es la forma legal de constituir una familia y que tal como lo dispone el primer párrafo del artículo doscientos treinta y cuatro del Código Civil, consiste en la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ello y formalizada con sujeción a las disposiciones de dicho Código, con la finalidad de hacer vida en común.

Segundo.- Que, la organización económica de la familia, constituida matrimonialmente, se regula a través de los llamados regímenes patrimoniales, que de acuerdo a nuestro ordenamiento legal son la sociedad de gananciales y la separación de patrimonios.

Tercero.- Que, la sociedad de gananciales está constituida por bienes sociales y bienes propios y constituye una forma de comunidad de bienes y no una copropiedad, comunidad que “recae sobre un patrimonio. A ella queda sujeto un conjunto de derechos y obligaciones. Por tanto ella rige tanto para el activo como para el pasivo patrimonial. La copropiedad, en cambio, recae sobre bienes singulares. La primera es, si se quiere, a título universal, la segunda a título particular quo; (AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. Los bienes en el matrimonio, en La Familia en el Derecho Peruano.
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, mil novecientos noventidós, página doscientos cincuenta y cinco); en consecuencia, la sociedad de gananciales constituye un patrimonio autónomo que no está dividido en partes alícuotas, y que es distinto del patrimonio de cada cónyuge que la integra, de forma tal que tanto para realizar actos de administración como de disposición que recaigan sobre bienes sociales será necesaria la voluntad coincidente de ambos cónyuges, tal como lo establecen los artículos trescientos trece y trescientos quince del Código Civil,
puesto que la voluntad coincidente de ambos cónyuges constituye la voluntad de la sociedad de gananciales.

Cuarto.- Que, al constituir la sociedad de gananciales, un patrimonio autónomo, éste sólo responderá por obligaciones asumidas por ésta y no por obligaciones asumidas personalmente por cada uno de los cónyuges, salvo que el objeto de la obligación hubiese tenido como beneficiaria a dicha sociedad.

Quinto.- Que, en el caso de autos ha quedado establecido por las instancias de mérito que el bien materia de litigio tiene la calidad de bien social perteneciente a la sociedad conyugal formada por la accionante y por el emplazado Emilio Condorhuanca Fernández.

Sexto.- Que, también ha quedado acreditado en autos que la obligación insoluta que determinó que, primero, se trabara embargo sobre el inmueble mencionado, y luego se ordenara su remate, fue asumida en calidad de garante únicamente por Emilio Condorhuanca Fernández, sin intervención de la recurrente, es decir no se trata de una obligación a cargo de la sociedad de gananciales, no habiéndose acreditado que ésta haya sido la beneficiaria del objeto de la obligación en mención.

Sétimo.- Que, atendiendo a lo señalado en los considerandos precedentes, resulta evidente que no es correcto disponer la aplicación de medidas cautelares que afecten a un bien social con la finalidad de garantizar el cumplimiento de una obligación personal a uno de los cónyuges ni tampoco disponerla sobre una parte del citado bien, asumiendo que se estaría afectando la alícuota del obligado, por cuanto, como ya se ha indicado sobre los bienes sociales no existe un régimen de copropiedad, sino que estos constituyen parte de un patrimonio autónomo que es la sociedad de gananciales; lo que evidencia que se ha inaplicado las normas contenidas en los artículos trescientos trece y trescientos
quince del Código Sustantivo.

4. SENTENCIA:

Que atendiendo a las conclusiones arribadas y en aplicación de lo establecido por el artículo trescientos noventa y siete del Código Adjetivo; declararon FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por doña Rosa Esther Pérez Condorhuanca, en consecuencia CASARON la sentencia de vista de fojas ciento trece, su fecha veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho; y actuando en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas setentiséis, su fecha veintidós de julio del mismo año, que declara FUNDADA la demanda sobre tercería de propiedad interpuesta por doña Rosa Esther Pérez de Condorhuanca contra don Donato Leoncio Quilla Sacaca y otro; y en consecuencia ordena la SUSPENSION del remate del inmueble ubicado en la intersección de las calles Jaime Troncoso y León Velarde, signado con el número ciento cinco por la calle Jaime Troncoso y setecientos catorce por la calle León Velarde, ordenado por el Juez del Segundo Juzgado Mixto de Tambopata-Puerto Maldonado, en la causa signada con el número cuarentiséis- noventa y siete, seguida por don Donato Leoncio Quilla Sacaca con don Emilio Condorhuanca Fernández y otro, sobre cobro de dólares; con costas y costos;

DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron.
publicada el 27 de septiembre de 1999


SS. PANTOJA; IBERICO; RONCALLA; OVIEDO DE A.; CELIS
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abril 13, 2011

Francia aplicó la primera multa por vestir la burka; Una mujer de 27 años tendrá que pagar 217 dólares. La ley entró en vigencia ayer

Categoría: DERECHO RELIGIOSO — gcornejo @ 12:01 — Visto: 254 veces
Francia aplicó la primera multa por vestir la burka; Una mujer de 27 años tendrá que pagar 217 dólares. La ley entró en vigencia ayer


Martes 12 de abril de 2011 - 09:57 pm

(Reuters)
París (EFE). Una mujer fue sancionada hoy en las afueras de París con 150 euros de multa por usar burka, un día después de la entrada en vigor de la ley contra el burka en Francia, que prohíbe llevar el rostro cubierto en los lugares públicos.

Según confirmaron a EFE fuentes policiales, se trata de una mujer de 27 años a la que la policía aplicó la nueva ley por llevar un velo integral o niqab en la localidad de Les Mureaux, al oeste de París, en un proceso que se desarrolló sin incidentes.

La multa a esta ciudadana llegó un día después de que tres mujeres fueran arrestadas frente a la catedral de Notre Dame de París, cuando protestaban ante los medios de comunicación por la entrada en vigor de la nueva y controvertida ley.

Los agentes tienen órdenes expresas del ministro del Interior, Claude Guéant, de no actuar con violencia contra las mujeres que infrinjan la ley y porten velo integral.

ESPECIFICACIONES DE LA LEY
La ley prevé una multa de hasta 150 euros para quienes lleven esta prenda islámica, además de la imposición de cursos de ciudadanía a las que lo incumplan.

Más severamente se castigará a quienes impongan el uso del burka, que podrán ser condenados hasta a dos años de prisión y multas de 60.000 euros.

La ley, adoptada sin apenas oposición, fue aprobada hace seis meses, pero las autoridades decidieron tener un periodo de prueba para explicársela a quienes llevan esta prenda.

Francia se convierte en el segundo país del mundo que prohíbe el burka, detrás de Bélgica.

La decisión cuenta con la oposición de asociaciones como Amnistía Internacional o el Consejo de Europa, que consideran que supone un ataque a la libertad religiosa.

FUENTE EL COMERCIO PERU
12.04,2011
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abril 13, 2011

Determinan Desde Cuándo Corre el Plazo de Prescripción por los Daños Producidos por Hechos Ilícitos

Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 11:48 — Visto: 644 veces
Determinan Desde Cuándo Corre el Plazo de Prescripción por los Daños Producidos por Hechos Ilícitos

En el marco de una causa en la que una trabajadora demandó a una aseguradora de riesgos del trabajo como consecuencia de la falsificación de la firma de la trabajadora en el formulario de alta médica, siendo tal documento en el que se habría fundado su empleador para despedirla, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió que el cómputo de la prescripción por los daños producidos por hechos ilícitos corre desde la toma de conocimiento del ilícito.

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda presentada por la actora contra Interacción A.R.T. S.A. por los daños y perjuicios que le ocasionaron la falsificación de su firma realizada en un formulario de alta médica de la demandada, documento del que luego se valió su empleadora para intimarla a reincorporarse a su trabajo y, frente a su incumplimiento para despedirla.

Para pronunciarse en tal sentido, en los autos caratulados “Benítez Elena Claudia c/ Interacción A.R.T. S.A. s/ ordinario”, la magistrada de grado hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por Interacción A.R.T. S.A., debido a que consideró que como el objeto de la pretensión fueron los daños derivados de la comisión de un ilícito, correspondía aplicar el plazo de prescripción de dos años previstos en el artículo 4037 del Código Civil.

Al analizar el presente caso, los jueces de la Sala E remarcaron que “la actora demandó por los daños y perjuicios que le causó Interacción A.R.T. S.A. por la falsificación de su firma en el formulario de alta médica, documento que en se habría fundado su empleador para despedirla”, por lo que “tratándose de daños producidos por hechos lícitos, corresponde aplicar al sub examine el plazo de prescripción de dos años previsto por el art. 4037 del Código Civil”.

Tras remarcar que “los agravios de la recurrente se centran en la fecha que se debe tomar para el inicio del cómputo de la prescripción”, los jueces explicaron que “si bien es principio aceptado que el computo de las prescripciones en materia extracontractual tienen inicio el día en que ocurrió el hecho ilícito, porque es lo ordinario que el perjuicio sea consecuencia inmediata del hecho, sin embargo, la jurisprudencia ha precisado también que cuando el damnificado ignora la existencia del daño, la prescripción ha de computarse desde que tal extremo llega a conocimiento del damnificado. (cfr. esta Sala in re "Lovera Maruto C/ Fernandez Alejandro" del 25.10.94;; ídem CNCom sala C in re, "Chemlik Martinec Andrés c/ Firestone de Argentina" del 5.9.06; Sala D in re "Mattei Ana María c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires" del 8.8.07))”.

“Toda vez que según las constancias de estas actuaciones la actora tomó conocimiento del ilícito entre el 12 y el 25 de agosto de 1999, que la audiencia de mediación se realizó el 6 de enero de 2005 (v. fs. 3) y que interpuso la demanda el 21 de octubre de 2005 (v. 19/24), se considera que transcurrió con holgura el plazo de prescripción de dos años previsto por el art. 4037 del Código Civil”, concluyeron los jueces en la sentencia del 15 de diciembre el 2010.


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06 de abril 2011
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abril 13, 2011

SER ABOGADO NO IMPLICA SOLVENCIA ECONOMICA EN PROCESO DE ALIMENTOS

Categoría: DERECHO DE FAMILIA — gcornejo @ 11:45 — Visto: 251 veces
Resuelven que Contar con el Título de Abogada No Demuestra la Existencia de Medios Ecónomicos

Al establecer una pensión alimentaria provisoria a favor de una mujer que ha trabajado en el hogar durante el matrimonio, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió que la circunstancia de contar la mujer con el título de abogada y hallarse habilitada para el ejercicio profesional, ello no da cuenta de la existencia de medios económicos ni de la actual aptitud para procurárselos.

En la causa “C. M. V. c/ P. M. A. s/ art. 250 CPC. - incidente familia”, el demandada apeló la pensión alimentaria provisoria que en carácter de medida cautelar decretó la resolución de grado a favor de la actora.

La Sala J señaló en primer lugar que “frente al reclamo de alimentos provisionales es improcedente la discusión previa de la validez del título -ya que los cónyuges están legitimados para accionar tanto mientras conviven, como cuando están separados de hecho o con juicio de separación personal o divorcio pendiente, pues el deber de asistencia entre ellos deriva del matrimonio y no de la convivencia”.

A ello agregaron que “sin profundizar el análisis para no incurrir en prejuzgamiento, el juez deberá limitarse a considerar si de la distribución de roles en el hogar surge "prima facie" que quien reclama alimentos requería -y por lo tanto sigue requiriendo- del aporte monetario del demandado, como ocurriría cuando no posee trabajo remunerado ni ingresos propios de ninguna índole”.

“El cónyuge que pide alimentos provisionales deberá poner de manifiesto cuál ha sido el sistema familiar, debiendo indicar en qué medida cada uno de los esposos ha contribuido a satisfacer las distintas prestaciones necesarias para el funciona-miento de la familia, ya sea en aportes personales (como el cuidado del hogar e hijos) o aportes materiales (en especie o dinero)”, sostuvieron los camaristas.

En base a tales consideraciones, los camaristas consideraron procedente “el pedido de alimentos provisionales de parte de una mujer que ha trabajado en el hogar durante el matrimonio, dedicándose al cuidado de los hijos habidos de dicha unión”.

La circunstancia de contar aquélla con el titulo de abogada y hallarse habilitada para el ejercicio profesional no da cuenta “de la existencia de medios económicos propios o constituya prueba demostrativa de su actual aptitud para procurárselos, o para atender las erogaciones más urgentes que hagan a su manutención, cuando el propio recurrente ha reconocido en el expediente que promoviera por régimen de visitas (expte. n°111.181/2009) que su cónyuge, pese a ser abogada, no trabajaba desde que nacieron sus hijos”, explicaron los camaristas.


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06 de abril 2011
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abril 13, 2011

Apartan a Abogado Defensor por Falta de Defensa en Juicio

Categoría: DERECHO PROCESAL CIVIL — gcornejo @ 11:41 — Visto: 235 veces
Apartan a Abogado Defensor por Falta de Defensa en Juicio


Tras remarcar que el abogado defensor no había dado sustento jurídico al recurso de apelación interpuesto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional apartó a dicho letrado de la defensa e intimó al imputado a designar otro profesional.

En el marco de la causa “L., R. O. s/ procesamiento”, el tribunal advirtió iniciada la audiencia prevista en el artículo 454 del Código de rito que el abogado defensor “en su alegato no logra dar sustento jurídico al recurso de apelación oportunamente interpuesto ni desarrolla una crítica concreta y razonada a los argumentos en los que se fundamenta el auto de mérito cuestionado”.

En base a ello, los jueces que integran la Sala VI señalaron que “siendo deber de los Jueces en materia criminal extremar los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio de una defensa sustancial y en los términos de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Noriega” (Fallos: 330:3256)”, resolvieron suspender la audiencia fijada para ese día.

A su vez, los camaristas apartaron de la Defensa a dicho letrado e intimaron al imputado para que en el término de cinco días a partir de su notificación designe a otro letrado bajo apercibimiento de asignársele Defensor Oficial.


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22 de marzo 2011
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abril 13, 2011

Rechazan Pedido de Sustitución de Medida Cautelar por Ser Satisfactorio el Tratamiento Brindado

Categoría: DERECHO PROCESAL CIVIL — gcornejo @ 11:36 — Visto: 761 veces
Rechazan Pedido de Sustitución de Medida Cautelar por Ser Satisfactorio el Tratamiento Brindado

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal rechazó el pedido de sustitución de medida cautelar solicitado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a pesar de que el Cuerpo Médico Forense sostuvo que la actora se encuentra en condiciones de ser tratada en un establecimiento de la demandada, debido a que los magistrados consideraron que el tratamiento brindado en el centro médico donde se encuentra internada resulta satisfactorio.

En primer instancia, el juez rechazó el pedido de sustitución de una medida cautelar dictada, la cual consistía en la cobertura integral de carácter médico asistencial a la actora, incluyendo el costo de su internación en la Fundación DIAPUDIFA, como así también el pago de los honorarios de los profesionales que deban atenderla, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, al considerar inadecuado modificar tales condiciones.

Dicha resolución fue apelada por la demandada, quien tras remarcar que las medidas cautelares son siempre provisionales de modo tal que el aporte de nuevos elementos puede señalar la improcedencia de su mantenimiento, destacó que el informe emitido por el Cuerpo Médico Forense concluye que la amparista se encuentra en condiciones de ser derivada y tratada en forma integral en alguna de las instituciones que ofrece la accionada, por lo que cuestiona que se obligue a la obra social de los jubilados a sostener a la afiliada en un establecimiento que no es prestador.

Tras destacar que “el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia”, los jueces de la Sala I concluyeron en los autos caratulados “C. M. H. c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y otro s/ incidente de apelación”, que “el mantenimiento de la medida precautoria decretada hasta el dictado de la sentencia definitiva -en los términos en los cuales ha sido dictada (y confirmada por este Tribunal)- no ocasiona un grave perjuicio a la demandada, pero es susceptible de evitar, en cambio, el agravamiento del estado de salud del actor”.

Al pronunciarse en tal sentido, los camaristas tuvieron en cuenta lo señalado por la parte actora, quien alegó que “desde que se encuentra internada en la Fundación DIAPUDIFA, además de haber resuelto sus crisis convulsivas, la actora cuenta con una asistente terapéutica en forma personal y que el tratamiento que allí recibe mejora sustancialmente su calidad de vida y su reinserción en la sociedad”, por lo que sostuvo que “modificar la medida dispuesta en estas actuaciones significaría un absoluto retroceso en su estado de salud”.

En la sentencia del 30 de septiembre pasado, los magistrados también tuvieron especialmente en cuenta al confirmar la resolución apelada que “el proceso sumarísimo, trámite que se ha impreso a esta causa, es un procedimiento rápido en cuanto a los plazos y abreviado en lo que respecta a las defensas y recursos admitidos en razón de la celeridad que lo caracteriza”.


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12 de abril 2011
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abril 13, 2011

Ratifican Facultad de los Jueces de Morigerar los Intereses Pactados por Resultar Excesivos

Categoría: DERECHO CIVIL — gcornejo @ 11:34 — Visto: 255 veces
Ratifican Facultad de los Jueces de Morigerar los Intereses Pactados por Resultar Excesivos


En los autos caratulados “Cooprativa de Crédito, Vivienda, Construcción y Administración Ya Limitada c/ Vítolo Antonio Javier s/ ejecutivo”, la parte demandada apeló la sentencia de primera instancia en la que el juez de grado mandó llevar adelante la ejecución en su contra con más los intereses pactados que no podrían exceder en dos veces y media la tasa activa que cobra el Banco Central de la Nación Argentina para sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días, capitalizables mensualmente.

Según sostuvo el recurrente, la tasa de interés aplicada sería excesivamente onerosa, por lo que solicitó que aquella fuera revisada y se aplicara la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días de conformidad con la doctrina del fallo plenario "Sociedad Anónima La Razón s/quiebra s/incidente de pago de los profesionales", del 27/10/1994.

Al analizar el recurso, los jueces de la Sala A señalaron en primer lugar que “el pacto de intereses contenido en el título (24 % anual, con más un interés punitorio del 50% de la tasa aplicada, véase instrumento copiado a fs. 9) cae dentro de lo establecido por el art. 622 del Código Civil y el art. 5 del Dec. ley 5965/63 y, en sí mismo, es lícito en la medida en que por exceso no trasgreda el orden moral, esto es, sin perjuicio del resultado que pudiera arrojar dicho pacto, cuando pudiera contrariar lo previsto por el C.Civil: 953 , 1071 y ccs.”.

Luego de admitida la procedencia de los intereses pactados, los camaristas sostuvieron que “debe reconocerse a los magistrados la facultad de morigerar los intereses susceptibles de ser calificados de "excesivos" o "usurarios", en supuestos, como el de la especie, en que por las circunstancias del caso, se pone en evidencia respecto de los intereses pactados, un cuadro de desproporción de los valores económicos en juego, situación que torna necesaria su recomposición en términos de justicia”.

En tal sentido, remarcaron que “si bien no existe en nuestra legislación una base legal que fije la cuantía de los intereses y que -indirectamente- determine cual es la tasa que debe reputarse "excesiva" o "usuraria" -influyendo especialmente en esa apreciación el ritmo de la inflación-“, corresponde a los tribunales “establecer la compatibilidad entre la tasa de interés y el orden moral, de forma tal de invalidar, no ya el pacto de intereses en sí mismo -como causa de deber-, sino la tasa de esos réditos, en la medida que se la juzgue exorbitante”.

En la sentencia del 30 diciembre de 2010, la mencionada Sala consideró que “el control de los intereses excesivos atribuido a los tribunales halla sustento en las claras disposiciones del artículo 953 del Código Civil y en el art. 502 del mismo cuerpo legal que llevan a concluir que los acrecidos con esas características constituyen una causa ilegítima de las obligaciones”.

Por lo expuesto, los magistrados resolvieron imponer la reducción de los réditos pactados en términos de equidad, determinando la nulidad parcial de los intereses en exceso, fijando el tope en “una vez y media la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a 30 días, sin capitalizar (conf. art. 623, Código Civil)”.


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12 de abril 2011
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abril 13, 2011

RECHAZAN DEMANDA POR NO PROBAR HABER ACUDIDO A LA VIA PREVIA DE LA MEDIACION

Categoría: 1MEDIACION EN ARGENTINA — gcornejo @ 11:32 — Visto: 402 veces
Consideran Prematura la Promoción de la Demanda por no Acudir a la Negociación Extrajudicial Pactada


Debido a la omisión del demandante de probar haber acudido al Centro de Medicación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial hizo lugar a la excepción de incompetencia al considerar que la promoción de la demanda fue prematura, debido a que las partes habían pactado que cualquier controversia sería llevada a dicho centro de medicación.

El juez de primera instancia tras rechazar diversas excepciones opuestas por uno de los codemandados, hizo lugar a la demanda ejecutiva.

Entre las excepciones deducidas, la demandada alegó la incompetencia basada en haberse pactado en el contrato de mutuo invocado por la ejecutante que en caso de discrepancia que debiera conducir a la interpretación y aplicación de ese convenio, la cuestión sería llevada al Centro de Mediación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta ciudad.

En los autos caratulados “Ferrari Ariel Horacio c/Trapanotto Antonio Felipe s/ ejecutivo”, la Sala C remarcó que “en la demanda se ha invocado expresamente un contrato de mutuo como antecedente de la emisión de los pagarés que se intentan ejecutar”

Los camaristas destacaron que en dicho contrato, una cláusula establece que “ante cualquier controversia surgida durante la vigencia contractual las partes llevarían la diferencia al Centro de Mediación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Tras enfatizar que ello “es lo pactado por las partes y constituye para ellas la ley a la que deben someterse (art. 1197, CC)”, los camaristas determinaron que “esa disposición contractual no podría ser ignorada por este Tribunal con la excusa -en que se funda la resolución apelada y el dictamen fiscal- de que, tratándose de un juicio ejecutivo, no podría ponderarse el contenido del contrato”.

“La promoción de la demanda resultó prematura, no habiéndose probado por la demandante haber acudido oportunamente al Centro de Mediación del Consejo Profesional de C. Económicas”, concluyeron los jueces en la sentencia del 7 de diciembre de 2010.

Por otro lado, en cuanto a la imposición de costas al demandado resuelta en primera instancia, los camaristas resolvieron que por “lo novedoso que puede parecer la cuestión en torno de la competencia del Centro de Mediación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, resulta apropiado que las costas del proceso, en ambas instancias, se distribuyan en el orden causado (conf. art. 68, 2do. párr., CPCC)”.

FUENTE: ABOGADOS ARGENTINA
12.04.2011
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abril 13, 2011

Consideran que el Pago de Salarios No Puede Acreditarse a Través de Testigos

Categoría: DERECHO LABORAL — gcornejo @ 11:22 — Visto: 193 veces
Consideran que el Pago de Salarios No Puede Acreditarse a Través de Testigos


La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que resultó el injustificado el despido dispuesto sobre un trabajador alegando un supuesto abandono de trabajo, debido a que la falta de pago de la remuneración en la medida convenida y en tiempo oportuno configura un grave incumplimiento contractual que legitima la retención de labores llevada a cabo por el empleado.

En los autos caratulados “Amaduro Damian Miguel c/ Lopez Elena s/ despido”, el juez de grado admitió el reclamo indemnizatorio incoado, al considerar que el comportamiento del actor carecía del elemento subjetivo requerido para que se repute configurado el alegado abandono de trabajo.

Ante la apelación presentada por la demandada, los jueces de la Sala II explicaron que “para que se configure la cesantía por abandono de trabajo en los términos del art. 244 de la LCT es necesario, además de la previa intimación al trabajador, que quede evidenciado su propósito expreso o presunto pero inequívoco, de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicios, sin que medie justificación alguna, y la nota que lo caracteriza es –en principio y generalmente- el silencio del dependiente”.

Según los camaristas, en el presente caso “esto no se evidencia dado que del intercambio telegráfico reseñado surge que el trabajador manifestó –además de concurrir a retirar el taxi y negársele el mismo- retener tareas hasta que la accionada abonara los salarios no percibidos de septiembre y octubre de 2008, con lo que estaba clara su intención de mantener el contrato de trabajo que unía a las partes”.

Tras remarcar que “el actor no concurrió a trabajar con invocación de una retención de tareas que entenderé justificada ante la falta de pago de los salarios de septiembre y octubre de 2008;; y encuadrable en las previsiones contenidas en el art. 1201 del Código Civil”, los magistrados determinaron que “era la demandada quien debía acreditar que dichos salarios se encontraban debidamente cancelados y que con ello, la retención de tareas del actor devino injustificada”.

Teniendo en cuenta que “el pago de los salarios no puede ser acreditado a través de testigos”, los jueces determinaron que “al no haber la demandada registrado o documentado en modo alguno la cancelación de los créditos salariales reclamados, corresponde tener por justificada la retención de tareas dispuesta por el dependiente (conf. args. arts. 510 y 1201 Cód. Civil)”.

En la sentencia del 28 de febrero pasado, los camaristas concluyeron que “el incumplimiento patronal respecto del pago de los salarios legitima la retención de tareas por parte del trabajador hasta que el empleador satisfaga su débito”, ya que “la falta de pago de la remuneración en la medida convenida y en tiempo oportuno configura un grave incumplimiento contractual que legitima dicho proceder (art. 1201 ya citado)”, por lo que confirmaron la sentencia de primera instancia.


Publicado por Abogados Argentina
05 de abril 2011
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abril 13, 2011

Debatirán Proyecto del Gobierno Sobre Cooperativas de Trabajo

Categoría: DERECHO LABORAL — gcornejo @ 11:16 — Visto: 172 veces
Debatirán Proyecto del Gobierno Sobre Cooperativas de Trabajo


En el día de hoy se debatirá en la Cámara de Diputados una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo con el fin de que aquellas empresas que se encuentran al borde de la quiebra puedan transformarse en cooperativas de trabajo.

Con el fin de brindar protección a los trabajadores de las empresas que se encuentran en una situación limite, el proyecto busca permitir que los dependientes puedan continuar en sus puestos laborales, estableciendo que el juez y el síndico de la quiebra deberán considerar como paso previo a la liquidación de la compañía, toda propuesta de los trabajadores tendiente a establecer una nueva organización.

El punto principal del proyecto radica en la posibilidad de que el cómputo de todas las acreencias de los trabajadores puedan ser utilizadas como forma de pago para comprar la liquidación de la empresa original.

Entre otros aspectos, el proyecto contempla la posibilidad de que la cooperativa de trabajo se inscriba en el registro de interesados para adquirir acciones o cuotas sociales de la firma concursada y poder formular una propuesta a los acreedores durante el acuerdo preventivo.

A su vez, la cooperativa de trabajo podrá proponer qué contrato llevar a cabo y garantizarlo en todo o en parte con los créditos laborales pendientes de sus asociados en caso de que proceda su pedido, mientras que en el plazo de 20 días a partir del pedido formal de hacerse cargo de la firma podrá presentar un proyecto de explotación donde consten las proyecciones referentes a la actividad económica que desarrollará.


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13 de abril 2011
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abril 13, 2011

Condenan a Línea Aérea a Indemnizar a Pasajera por Perderle su Equipaje

Categoría: DERECHO AERONAUTICO — gcornejo @ 11:14 — Visto: 236 veces
Condenan a Línea Aérea a Indemnizar a Pasajera por Perderle su Equipaje


La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal hizo lugar a una demanda por daños y perjuicios presentada por una pasajera contra una línea aérea como consecuencia de la pérdida de la única valija que llevaba como equipaje, fijando una indemnización por daño material y daño moral a raíz de la situación de desasosiego y angustia provocada, teniendo en cuenta que la finalidad del viaje era asistir a una boda.

En la causa “Luneva Yulia c/ Iberia Lineas Aereas de España SA s/ pérdida/daño de equipaje”, la actora promovió la demanda como consecuencia de los daños sufridos a raíz del extravío la única valija del equipaje que llevaba en un avión de la empresa demandada, que partió de Buenos Aires con destino a Londres, previa escala en Madrid.

En su demanda contra Iberia Líneas Aéreas de España S.A., la actora realizó una estimación de los gastos realizados para reemplazar los efectos desaparecidos , así como también las erogaciones que debió realizar en materia de transporte y telefonía y daño moral sufrido.

Por su parte, la demandada si bien reconoció el extravío de la valija, alegó que ello era responsabilidad de la empresa encargada del servicio de “handling”, es decir, del transporte y manejo del equipaje en aeropuertos. A su vez, la demandada también invocó el límite de responsabilidad establecido en la Convención de Varsovia.

La sentencia de grado hizo lugar a la acción presentada condenando a la transportista aérea a abonarle a la actora una indemnización en concepto de daño material y moral, siempre y cuando el monto establecido no supere el límite de responsabilidad que contempla el Protocolo de Montreal que actualiza el Convenio de Varsovia y el Protocolo de La Haya.

La actora apeló el monto establecido por daño moral por considerarlo escaso y su inclusión en el límite de responsabilidad.

Al analizar dicho recurso, los jueces de la Sala III explicaron que “para determinar el daño moral en los supuestos de pérdida de equipaje, la jurisprudencia se ha inclinado a reconocer su configuración, aún cuando ello acontece en el ámbito de la responsabilidad contractual (art. 522 Código Civil)”, agregando que “en materia contractual, el reconocimiento de una indemnización por daño moral tiene carácter restrictivo, debiendo el juez ponderar su procedencia en atención al hecho generador y a las particulares circunstancias del caso (conf. G.A. Borda, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, tomo 1, ed. 1976, p. 194/196)”.

Los camaristas determinaron que en el presente caso “la desaparición de la única valija que llevaba la pasajera Yulia Luneva, conforme al curso natural y ordinario de las cosas (pauta suministrada en el art. 901 del Código Civil), debió haber significado para ella un motivo de mortificación o disgusto, no sólo por la pérdida y los inconvenientes que debió afrontar, sino porque la empresa aérea no le brindó una respuesta satisfactoria acerca del equipaje desaparecido durante su estadía en Londres, habiendo prolongado –además- la definición del reclamo manteniendo las expectativas de la viajera en recuperar sus posesiones”.

Dicha circunstancia “revela que la actora fue colocada -por la conducta culpable o indiferente de la demandada- en una situación de desasosiego y angustia que resulta indemnizable”, ya que “la pérdida de elementos de valor afectivo -que razonablemente se incluyen en los viajes no profesionales como el que ella realizó- y la prolongación del conflicto que no pudo solucionarse por via extrajudicial, son factores que debieron haber coadyuvado a su mortificación espiritual”.

Tras tener en cuenta que la finalidad del viaje, la que era asistir a la boda de un familiar “resulta un elemento de importancia para la estimación, al propio tiempo que es demostrativo del impacto causado por la pérdida de cosas ligadas a los sentimientos”, la mencionada Sala consideró que el monto de 3 mil pesos establecidos en primera instancia resultan exiguos, por lo que decidió elevarlo a la suma de 6 mil pesos.

Por último, los camaristas rechazaron la protesta relativa a la inaplicabilidad del límite de responsabilidad al rubro daño moral formulado por la actora, debido a que “ya sea que la indemnización sea reclamada a título de perjuicio moral o material o de los dos al mismo tiempo, siempre se encuentra limitada a los topes fijados en la Convención de Varsovia, criterio éste que siguió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en la causa "Alvarez Hilda N. v. British Airways"”.

FUENTE: ABGOADOS ARGENTINA
13.04.2011
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abril 13, 2011

Detienen a ex presidente egipcio Hosni Mubarak

Categoría: DERECHO POLITICO — gcornejo @ 10:05 — Visto: 182 veces
Detienen a ex presidente egipcio Hosni Mubarak


Notimex en Madrid | Mundo
2011-04-13

Dejó el poder el 11 de febrero. Foto: AP

El procurador general de Egipto, Abdel-Meguid Mahmoud, ordenó hoy la detención por 15 días del ex presidente Hosni Mubarak en el curso de una investigación por corrupción y violación de los derechos humanos.

Un portavoz del tribunal de justicia anunció que el ex presidente egipcio fue detenido este miércoles, luego que la víspera había sido hospitalizado tras sufrir una crisis cardiaca durante un interrogatorio.

Mubarak, de 82 años de edad, fue hospitalizado con problemas cardíacos en una clínica del centro turístico de Sharm el-Sheikh, en el mar Rojo, donde ha estado viviendo junto con su familia tras dejar el poder el 11 de febrero, tras una revuelta popular.

También sus dos hijos, Alaa y Gamal, fueron detenidos horas antes para investigar su implicación en un caso de corrupción y violación de derechos humanos, informaron las autoridades.

La justicia egipcia anunció esta semana que Mubarak y sus dos hijos deben brindar explicaciones por la violencia represiva durante la revuelta popular de enero y de febrero, en la que murieron casi 800 personas y otras miles resultaron heridas.

En sus primeras declaraciones desde que dejó el cargo, emitidas el domingo por el canal árabe de televisión Al Arabiya, Mubarak negó cualquier mala práctica y describió las acusaciones como "mentiras".

Según la cadena estatal de televisión Nilo, la procuraduría también tiene bajo custodia al ex primer ministro Ahmed Nazif desde hace 15 días como parte de la investigación sobre actos de corrupción.

FUENTE: LA CRONICA MEXICO
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abril 12, 2011

LEY Nº 27665, LEY DE PROTECCION A LA ECONOMIA FAMILIAR RESPECTO AL PAGO DE PENSIONES EN CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PRIVADOS

Categoría: General — gcornejo @ 05:41 — Visto: 1106 veces

LEY Nº 27665, LEY DE PROTECCION A LA ECONOMIA FAMILIAR RESPECTO AL PAGO DE PENSIONES EN CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PRIVADOS


EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE PROTECCION A LA ECONOMIA FAMILIAR RESPECTO AL PAGO DE PENSIONES EN CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PRIVADOS

Artículo 1º.- Modificación del Artículo 14º de la Ley Nº 26549
Modifícase el inciso b) del Artículo 14º de la Ley Nº 26549 [T.235,§001], el mismo que queda redactado con el texto siguiente:
"Artículo 14º.- Antes de cada matrícula, los Centros y Programas Educativos están obligados a brindar en forma escrita, veraz, suficiente y apropiada a los interesados, la siguiente información:

b) El monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, así como los posibles aumentos. Las pensiones serán una por cada mes de estudios del respectivo año lectivo, pudiendo establecerse por concepto de matrícula un monto que no podrá exceder al importe de una pensión mensual de estudios".
Artículo 2º.- Modificación del Artículo 16º de la Ley Nº 26549
Modifícase el Artículo 16º de la Ley Nº 26549 [T.235,§001], el mismo que queda redactado con el texto siguiente:
"Artículo 16º.- Los Centros y Programas Educativos no podrán condicionar la atención de los reclamos formulados por los usuarios, ni la evaluación de los alumnos, al pago de las pensiones. En este último caso, la institución educativa puede retener los certificados correspondientes a períodos no pagados siempre que se haya informado de esto a los usuarios al momento de la matrícula.
Los usuarios no podrán ser obligados al pago de sumas o recargos por conceptos diferentes de los establecidos en esta Ley. Tampoco podrán ser obligados a efectuar el pago de una o más pensiones mensuales adelantadas, salvo en el caso en que dichos pagos sustituyan a las cuotas de ingreso. Se prohíbe condicionar la inscripción y/o matrícula al pago de las contribuciones denominadas voluntarias.
Tampoco podrán ser obligados a presentar el total de útiles escolares al inicio del año escolar; ni a adquirir uniformes y/o materiales o útiles educativos en establecimientos señalados con exclusividad por los centros educativos.
Sólo por resolución de la autoridad competente del Ministerio de Educación se autorizan cuotas extraordinarias, previa verificación de los motivos que dieren lugar a éstas."
Artículo 3º.- Reglamentación
La modificación prevista en el Artículo 1º es aplicable a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 882 [T.246,§064] en lo que corresponde. Asimismo, adecúase el Reglamento de Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas Particulares aprobado por Decreto Supremo Nº 004-98-ED [T.261,§059], a las disposiciones contenidas en la presente Ley, las mismas que deben ser expedidas por el Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de su publicación.
Artículo 4º.- Prohibición de fórmulas intimidatorias
Para el cobro de las pensiones, los Centros y Programas Educativos Privados de todos los niveles así como los de Educación Superior no universitaria están impedidos del uso de fórmulas intimidatorias que afecten el normal desenvolvimiento del desarrollo educativo y de la personalidad de los alumnos.
Artículo 5º.- Derogatoria
Deróganse o déjanse sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA

Unica.- El tercer párrafo del Artículo 16º de la Ley Nº 26549 [T.235,§001], modificado por el Artículo 2º de la presente Ley, será de aplicación en los Centros y Programas Educativos Estatales.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los diecisiete días del mes de enero de dos mil dos.
CARLOS FERRERO, Presidente del Congreso de la República. HENRY PEASE GARCIA, Primer Vicepresidente del Congreso de la República.
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

POR TANTO:
No habiendo sido promulgada dentro del plazo constitucional por el señor Presidente de la República, en cumplimiento de los Artículos 108º de la Constitución Política y 80º del Reglamento del Congreso, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los ocho días del mes de febrero de dos mil dos.

CARLOS FERRERO, Presidente del Congreso de la República.
HENRY PEASE GARCIA, Primer Vicepresidente del Congreso de la Republica.
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abril 12, 2011

LEY Nº 26549 Ley de los Centros Educativos Privados

Categoría: General — gcornejo @ 02:37 — Visto: 692 veces
LEY Nº 26549 Ley de los Centros Educativos Privados



CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ley de los Centros Educativos Privados

LEY Nº 26549

Viernes, 01 de diciembre de 1995

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

LEY DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.- La presente Ley regula las actividades de los centros y programas educativos privados. No es materia de la presente ley la regulación de las actividades de los Institutos y Escuelas Superiores y Universidades.

Artículo 2.- Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y conducir centros y programas educativos privados. Los centros educativos privados pueden adoptar la organización más adecuada a sus fines, dentro de las normas del derecho común.

Artículo 3.- Corresponde a la persona natural o jurídica, propietaria de un centro educativo, establecer la línea axiológica que regirá su centro, dentro del respeto a los principios y valores establecidos en la Constitución; la duración, contenido, metodología y sistema pedagógico del plan curricular de cada año o período de estudios; los sistemas de evaluación y control de los estudiantes; la dirección, organización, administración y funciones del centro; los regímenes económico, disciplinario, de pensiones y de becas; las relaciones con los padres de familia; sin más limitaciones que las que pudieran establecer las leyes, todo lo cual constará en el Reglamento Interno del centro educativo.

Las responsabilidades de ley por la actividad de los centros y programas educativos las asume la persona natural o jurídica propietaria o titular de los mismos.

CAPÍTULO II

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 4.- El Ministerio de Educación a través de sus órganos competentes registra el funcionamiento de los Centros Educativos. Para estos efectos los interesados presentan una solicitud, con carácter de declaración jurada, precisando lo siguiente:

a) Nombre o razón social, e identificación del propietario;
b) Información sobre los niveles y modalidades de los servicios educativos que cubrirá el centro educativo;
c) Resumen de los principios y metodología pedagógica;
d) Número probable de alumnos y de secciones que funcionarán;
e) Nombre del Director y de los miembros del Consejo Directivo, de ser el caso;
f) Proyectos de organización y de Reglamento Interno; y,
g) Inventario de los equipos y bienes con que contará el centro educativo al iniciar sus actividades.

Además acompañarán el informe de un arquitecto o ingeniero civil colegiado, que acredite la idoneidad de las instalaciones en que funcionará el centro educativo en relación con el número previsto de alumnos.

Presentada la documentación señalada en este artículo, la autoridad competente del Ministerio, en un plazo no mayor de 60 días calendario y bajo responsabilidad, emitirá la Resolución que aprueba o deniega el registro.
Transcurrido el plazo sin resolución de la autoridad competente el solicitante tendrá por registrado su Centro Educativo.

Artículo 5.- Sin perjuicio de lo establecido en el inciso b) del artículo 12 de la Ley General de Educación los centros educativos privados elaboran de manera autónoma sus planes y programas educativos sujetos únicamente a los lineamientos generales señalados en dicha Ley.

Artículo 6.- La autorización de funcionamiento en base al registro no exime a los centros educativos de la obtención de las licencias municipales respectivas, relacionadas, entre otras, con la compatibilidad de uso y condiciones apropiadas de higiene, salubridad y seguridad de los locales.

CAPÍTULO III

DE LA DIRECCIÓN

Artículo 7.- Los centros educativos serán dirigidos por uno o más directores, según lo determine el estatuto o Reglamento Interno del centro. Estos serán nombrados o removidos, en su caso, por el propietario del Centro Educativo o por el Consejo Directivo cuando lo hubiese.

Cuando exista más de un Director en el centro educativo, uno de ellos será el Director General.

Para ser Director se requiere tener título profesional universitario o pedagógico.

Artículo 8.- El Director o Director General, en su caso, es el responsable de la conducción y administración del centro educativo para lo que cuenta con facultades de dirección y de gestión. En el nombramiento se estipulan las atribuciones y poderes de éste, caso contrario, se presume que está facultado para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al centro educativo.

Las facultades no podrán ser menores que las necesarias para el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 9.- En el ejercicio de sus funciones, los Directores son responsables:

a) Del control y supervisión de las actividades técnico- pedagógicas del centro educativo;
b) De la elaboración de la estructura curricular;
c) De la correcta aplicación del Reglamento Interno;
d) De la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de la contabilidad, libros, documentos y operaciones, que señale la Ley dictando las disposiciones necesarias dentro de su ámbito para el normal desenvolvimiento de la institución.
e) De la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de los registros y actas de notas que señale la Ley dictando las disposiciones necesarias dentro de su ámbito para el normal desenvolvimiento de la institución.
f) De la administración de la documentación del centro educativo;
g) De la existencia de los bienes consignados en los inventarios y el uso y destino de éstos; y,
h) De las demás que sean propias de su cargo.

Artículo 10.- El Director o el Consejo Directivo, cuando lo hubiera, está facultado para:

a) Dirigir la política educativa y administrativa del centro educativo; y,
b) Definir la organización del centro educativo.

Artículo 11.- Es nula toda disposición estatutaria, del Reglamento Interno o acuerdo del Consejo Directivo tendiente a absolver en forma antelada de responsabilidad al Director General por el incumplimiento de las funciones señaladas en el artículo noveno.

CAPÍTULO IV

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA

Artículo 12.- De conformidad con el artículo 9 de la Ley N° 23384, las asociaciones de padres de familia participan con el centro educativo, mediante reuniones periódicas con el Director o el Consejo Directivo, las cuales versan sobre los siguientes puntos:

a) Planeamiento y organización del proceso educativo a fin de mejorar los niveles académicos en la formación de sus hijos;
b) Políticas institucionales dirigidas a consolidar los valores y significados culturales, nacionales y locales;
c) Estado de la infraestructura y mobiliario escolar.

La periodicidad de las reuniones se establecerá en el Reglamento Interno.

CAPÍTULO V

DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL

Artículo 13.- El Ministerio de Educación, a solicitud de parte o de oficio, supervisa el funcionamiento de los centros educativos, a través de sus órganos competentes, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y de la Ley General de Educación.

Artículo 14.- Los Centros educativos están obligados a brindar en forma veraz, suficiente, apropiada y muy fácilmente accesible a los interesados, antes de cada matrícula, la siguiente información:

a) Documentación del registro que autoriza su funcionamiento;
b) El monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, así como los posibles aumentos;
c) El monto y oportunidad de pago de cuotas de ingreso;
d) Requisitos para el ingreso de nuevos alumnos;
e) El plan curricular de cada año de estudios, duración, contenido, metodología y sistema pedagógico;
g) Los sistemas de evaluación y control de los estudiantes;
h) El número de alumnos por aula;
i) El horario de clases;
j) Los servicios de apoyo al estudiante que pudiesen existir;
k) El Reglamento Interno; y,
l) Cualquier otra información que resultare pertinente y que pudiera interesar a los alumnos.

Asimismo, en caso de discrepancia entre las características del servicio ofrecido y el efectivamente prestado, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 18 de la presente Ley.

Artículo 15.- La oferta, promoción y publicidad de los centros educativos debe ser veraz y ajustarse a la naturaleza, características, condiciones y finalidad del servicio que ofrecen.

Además en materia de publicidad se rigen por el Decreto Legislativo N° 691.

Artículo 16.- Los centros educativos no podrán condicionar la atención de los reclamos formulados por los usuarios al pago de las pensiones.

Los usuarios no podrán ser obligados al pago de sumas o recargos por conceptos diferentes de los establecidos en esta Ley.
Sólo por resolución de la autoridad competente del Ministerio de Educación se autorizarán cuotas extraordinarias, previa verificación de los motivos que diesen lugar a éstas.

CAPÍTULO VI

DE LAS SANCIONES

Artículo 17.- Los centros educativos que incumplan con las disposiciones contenidas en esta Ley, serán sancionados administrativamente por la autoridad competente del Ministerio de Educación, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran corresponder.

La aplicación de las sanciones previstas en este artículo requiere un proceso investigatorio previo, a cargo del órgano respectivo, en el que se garantice el derecho de defensa de la institución o centro educativo.
La autoridad competente del Ministerio, en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario y bajo responsabilidad, emitirá la resolución que pone fin al proceso de investigación.

Transcurrido el plazo sin resolución de la autoridad competente el solicitante tendrá expedita la vía administrativa para los reclamos e impugnaciones a que la demora diese lugar.

Artículo 18.- Las sanciones a imponerse a los infractores como consecuencia de un procedimiento administrativo, son las siguientes:

a) Multa, hasta un máximo de 10 UIT;
b) Clausura temporal, y;
c) Clausura definitiva. Esta sanción sólo procederá en caso que el centro haya sufrido por tres veces la sanción prevista en el inciso precedente.

Las sanciones señaladas en los incisos b) y c) son resueltas en primera instancia, por la máxima autoridad educativa regional. Para las provincias de Lima y Callao éstas serán impuestas por la Dirección Departamental de Lima y la Dirección Departamental del Callao, respectivamente. En estos casos, el centro o programa educativo está obligado a culminar el año lectivo o el ciclo de estudios, así como a entregar los certificados y actas de notas de los alumnos.

Artículo 19.- La aplicación y graduación de la sanción será determinada por la autoridad competente del Ministerio de Educación, de acuerdo con la escala del artículo precedente, atendiendo a la intencionalidad del sujeto activo de la infracción, al daño resultante de la infracción y la reincidencia.

Artículo 20.- Las sanciones que se apliquen conforme a la presente ley serán publicadas en el Diario Oficial El Peruano.

En los casos previstos en el artículo 15 de esta norma, facúltese a la Comisión de Supervisión de la Publicidad del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para la publicación de la resolución final.

Artículo 21.- El monto de las multas será calculado en base a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago voluntario o en la fecha en que se haga efectiva la cobranza. Las multas constituyen ingresos propios del Ministerio de Educación.

Artículo 22.- Constituye infracción, sancionada con multa hasta una (1) UIT, la negativa injustificada a suministrar, en un proceso administrativo iniciado con arreglo a la presente norma, datos y documentos, firmar actas o notificaciones y demás obligaciones derivadas del proceso. Si, a pesar de la sanción impuesta, el infractor persistiera en incumplir los requerimientos, se le apremia a hacerlo cada cinco días mediante multas sucesivas por el doble de lo impuesto en la oportunidad inmediata anterior.

Artículo 23.- La demora en la cancelación de multas está afecta al pago de intereses moratorios previsto en los artículos 1242 y 1245 del Código Civil.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Deróguense los artículos 26, 112 y 113 de la Ley N° 23384, y déjense sin efecto los Decretos Supremos N° 05-84-ED, 50-85-ED y la Resolución Directoral N° 785-88-ED.

Segunda.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de sesenta (60) días calendario.

Tercera.- Los centros educativos deberán adecuarse a lo establecido en la presente ley, en un plazo no mayor de un año.

Cuarta.- Las siguientes disposiciones no son aplicables a las instituciones comprendidas en el artículo primero de esta Ley:

a) Artículos 4 inciso f), 24, 25, 102, 108 y 110 de la Ley General de Educación; Ley N° 23384;
b) Resolución Ministerial N° 1326-85-ED;
c) Decreto Supremo N° 018-88-ED; y,
d) Las demás que se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veinte días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

MARTHA CHAVEZ COSSIO DE OCAMPO

Presidenta del Congreso de la República

VICTOR JOY WAY ROJAS

Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI

Presidente Constitucional de la República

DANTE CORDOVA BLANCO

Presidente del Consejo de Ministros

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abril 12, 2011

LA SIMPLE APARIENCIA NO ES SUFICIENTE PARA ANULAR UN LAUDO, (A RAIZ DE LA EMISION DE LA SENTENCIA DEL TC EN EL EXP. 92851-2010-PA)

Categoría: DERECHO ARBITRAL — gcornejo @ 01:42 — Visto: 611 veces
LA SIMPLE APARIENCIA NO ES SUFICIENTE PARA ANULAR UN LAUDO

ENTREVISTA A JACK BIGIO CHREM (ENTREVISTA EN EL COMERCIO 9.4.2011)


A titulo personal. El presidente del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la CCL, responde a las dudas que sobre esta institución genero una reciente sentencia del TC.

Aun cuando no es lo ideal, cada cierto tiempo el Tribunal Constitucional anula un laudo arbitral por diferentes razones. De hecho, en los últimos años ya son mas de cinco los laudos arbitrados por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) que han sido cuestionados. Sin embargo, este año se dio una situación original, porque el TC anulo un laudo (Exp. Nº 02851-2010-PA), con el argumento de que el consejo superior de dicho centro actuó en forma aparentemente imparcial al designar el arbitro del Caso Galashields contra Ivesury Lidercon, debido a que uno de los miembros del consejo que se inhibió era abogado de una de las partes.

SI UNO RESUMEN DE MANERA SIMPLE EL LAUDO, LLEGA A LA CONCLUSION QUE EL TC LE ESTA DICIENDO AL CONSEJO QUE PARECE QUE NO ES HONESTO…
No hay duda de que van contra la honorabilidad del consejo. Pero para hacerlo, tendrían que tener pruebas, sin embargo ello se basan solo en las apariencias. Todos los actos jurídicos presumen legítimos y quien lo niega debe probarlo con hechos contundentes e inobjetables.

EL TC DICE QUE EL COPNSEJO ENCARGADO DE DESIGANAR AL ARBITRO DEJO DUDAS SOBRE SU IMPARCIALIDAD. ¿CONSIDERA QUE ESAS DUDAS JUSTIFICAN LA ANULACION?
La designación del arbitro sin el voto o la presencia del miembro del consejo cuestionado no se puede prestar a conjeturas. La resignación fue legitima porque el ( el miembro del consejo) no vino y no tuvo participación en el proceso. Y quien niega la legitimidad no lo conjeturas sino en hechos concretos.

¿ES USUAL QUE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR SEAN ABOGADOS Y, POR LO TANTO, TENGAN CLIENTES SUYOS INVOLUCRADOS EN LOS ARBITRAJES?¿ESO NO IMPLICARIA QUE SIEMPRE SE PODRIAN CUESTIONAR SUS DECISIONES?
Seria imposible que los miembros del consejo no tengan algún contacto. Yo no quiero decir que los consejeros son respetables por el hecho de estar en el consejo, porque yo soy parte del consejo, pero se que son de una conducta intachable. Es la trayectoria de uno la que permite llegar al consejo y la que ser lo mas autocrítica con uno mismo y las mas mínimas duda, excusarse. Yo por ejemplo, cuando ha habido casos de conflictos de intereses, me he inhibido y dejado constancia en el acta. En el caso en cuestiona, el abogado implicado no fue y no participa en la elección del arbitro.
No decidid nada.

ENTONCES, ASU ENTENDER ¿ESE ARGUMENTO NO ES VALIDO PARA JUSTIFICAR UNA FALTA DE IMPARCIALIDAD?
Exacto. Del expediente, rescato el voto contrario del magistrado del TC Oscar Urviola, quien dice que la simple apariencia no es suficiente. Para invalidar el laudo debieron probarlo y no especular. Yo quisiera que la sentencia hubiera sido el voto impecable del doctor Urviola…

¿USTED SIENTE QUE LA SENTENCIA DEL TC, CON CUATRO VOTOS A FAVIOR Y TRES EN CONTRA, ES ESPECULATIVA?
Si, y no solo especulativa. Además , no agotaron las vías previas , que es el recurso de anulación, y violaron el principio de buena fe…..

DENTRO DEL CENTRO DE ARBITRAJE, ¿QUIEN CONTROLA QUE SE RESPETE LA BUENA FE Y LOS PRINCIPOS ETICOS ¿¿USTEDES, EL CONSEJERO SUPERIOR?
Exactamente. Nosotros revisamos los laudos ni podemos decir quien esta equivocado en la controversia porque no somos una corte superior de justicia. Cuando se formulan recusaciones (denuncias en las formas o en la designación del arbitro) revisamos si estas fueron fundadas o no. Pero en este caso, quienes formularon la demanda ante el TC no hicieron una recusación del árbitro cuando se enteraron de su designación. (2006).

¿DESCONFIARON PERO NO DENUNCIARON?
Exacto. Esto es importantísimo, porque el arbitraje no es un instrumento en el que uno pueda guardar un dato que considera malo sacarlo a la luz cuando la resolución es desfavorable. No se puede esperar a conocer el fallo para pedir la anulación, como ellos hicieron hay un evidente apartamento del principio de la buena fe. Al no apelar habían demostrado que estaban conformes. Primera contradicción. Y luego formulan un amparo, lo pierden y no apelan, sino que plantean un nuevo amparo con otro argumento contrario. ¿Cómo un juez que percibe todo esto puede fallar a favor de ellos?

LOS DEMANDANTES INICIARON UN PROCESO EN EL PODER JUDICIAL, PERO EL JUEZ LES DIJO QUE AGOTARON PRIMERO LA VIA PREVIA
ASCII es , ellos pidieron un amparo pero el juez les dijo que el procedimiento correcto era que pidan una anulación. En cambio ellos decidieron ir al TC.

EN SU SENTENCIA EL TC DICE QUE NO ERA NECESARIA QUE HICIERAN UN PROCESO DE ANULACION
El demandante pudo pedir nulidad por indebida designación del árbitro al cuestionar a quienes designaron a ese árbitro (al consejo), pero el TC le justifica que se salte eses requisito. Normalmente, el TC pide que se agoten los procesos previos, sin embargo, en este caso contradijeron ello.
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abril 11, 2011

Condenan a un Padre a Indemnizar a Su Hijo por el Daño Moral Causado por No Haberlo Reconocido

Categoría: DERECHO DE FAMILIA — gcornejo @ 10:32 — Visto: 227 veces
Condenan a un Padre a Indemnizar a Su Hijo por el Daño Moral Causado por No Haberlo Reconocido

Tras remarcar que configura una obligación de los padres reconocer a sus hijos, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil condenó a un hombre a indemnizar a su hijo por el daño moral causado por no haberlo reconocido.

Tal decisión fue adoptada por los jueces que integran la Sala H, quienes remarcaron que “el derecho a reclamar la reparación del daño causado responde al principio de raíz constitucional alterum non laedere (art. 19, Const. Nac.; arts. 1109, 1113, 1077 y 1078, Cód. Civil)”, sumando a ello “el mejor interés del niño, concepto marco reconocido junto a un amplio catálogo de derechos fundamentales destinados al universo infancia en la Convención de los Derechos del Niño”.

En los autos caratulados “L., A. N. c/ F., M. H. s/ filiación”, los jueces entendieron que “los padres tienen un conjunto de obligaciones para con sus hijo, entre las que se destacan como derechos de estos últimos, la personalidad jurídica, el derecho al nombre o el derecho a conocer su identidad biológica y donde el incumplimiento se convierte en un hecho generador de responsabilidad”.

Los magistrados remarcaron que “a pesar de que el resultado de ADN arrojó un contundente 99,99999% de probabilidad de paternidad, no puso fin al pleito reconociendo lo innegable, limitándose a esperar el dictado de la sentencia que hizo lugar a la demanda y poniendo en duda en los agravios la seriedad del informe cuando fue él quien propuso la institución en donde se realizaron los estudios”.

En la sentencia del 23 de diciembre de 2010, los camaristas resolvieron que “si bien no existe una norma expresa, tanto la jurisprudencia como la doctrina han ido aceptando que la omisión del reconocimiento voluntario del hijo por parte del progenitor importa un obrar antijurídico, susceptible de producir un daño y, como consecuencia de ello, el hijo podría solicitar un resarcimiento por tal circunstancia”.

FUENTE: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 11, 2011

Pretende Congreso de Nuevo León beneficiar a hijos de concubinos

Categoría: DERECHO DE FAMILIA — gcornejo @ 10:26 — Visto: 198 veces
Pretende Congreso de Nuevo León beneficiar a hijos de concubinos

Monterrey, N.L. / Abril 4.-
Para beneficiar a los hijos nacidos en concubinato, la Fracción Legislativa del PAN presentó una iniciativa de reforma y adición al Código Civil del Estado para que se acorte de cinco a dos años la legalidad de dicha unión.

La iniciativa fue presentada por la Diputada Jovita Morín Flores este lunes en la sesión ordinaria del Congreso Local y turnada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

El documento presentado por Morín Flores sugiere una reforma el artículo 291Bis, el segundo párrafo del artículo 291 Bis 1, el artículo 383 en su texto inicial y su fracción II, el artículo 1265 en su fracción V y el texto inicial del párrafo primero del artículo 1532 y se adiciona el artículo 291 Bis 2; todas disposiciones del Código Civil para el Estado de Nuevo León.

Con la iniciativa se pretende que, al acortarse el plazo para determinar legal la unión, los padres tengas derechos y obligaciones que beneficien a los hijos.

Jovita Morín explicó que en la actualidad se ha registrado un incremento de las uniones libres lo que en muchas ocasiones deja a la deriva a los hijos de las parejas nacidos bajo esta sociedad.
Detalló que en otras entidades como Distrito Federal, Aguascalientes y Zacatecas ya se cuenta con dicho plazo para considerar legal el concubinato.

EXIGEN TRANSPARENTAR DEUDA
El Diputado Hernán Belden, a nombre del Grupo Legislativo del PAN, solicitó que se publique en el portal del Gobierno del Estado información complementaria relativa al destino y refinanciamiento de la deuda pública.

Belden Elizondo presentó un Punto de Acuerdo dirigido al Gobernador del Estado para que gire instrucciones al Tesorero y que se detalle la deuda pública a la brevedad posible.
Detalló que la deuda estatal asciende a 32 mil millones de pesos.

“Actualmente la información es muy breve y queremos saber en donde se aplicó ese dinero y principalmente los refinanciamientos”, apuntó.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Hacienda del Estado para su estudio y análisis.
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abril 11, 2011

Ya son 88 los cuerpos encontrados en fosas en San Fernando

Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 10:24 — Visto: 198 veces
Ya son 88 los cuerpos encontrados en fosas en San Fernando

Por: El Universal
San Fernando, Tamps. / Abril 11.-
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que se encontraron otros 16 cadáveres en las fosas clandestinas ubicadas en San Fernando, Tamaulipas, con lo cual ya suman 88 cuerpos hallados desde el miércoles pasado.

El vocero de la Defensa, teniente coronel Francisco Enríquez, informó que se detuvo a una pesona, quien proporcionó información para la localización de nuevas fosas.

En un comunicado, la dependencia dio a conocer este domingo que el detenido “manifestó su participación en el secuestro y asesinato de pasajeros de autobuses los días 24 y 25 de marzo del presente año en San Fernando”.

El portavoz de la Sedena precisó que la persona fue detenida el sábado 9 de abril, como resultado de acciones de inteligencia en el municipio de San Fernando.

La Defensa dijo que a la persona le aseguraron un arma, casi 3 mil dólares y 22 mil pesos.

fuente: HORA CERO MEXICO
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abril 11, 2011

Detienen en París a tres mujeres que portaban el velo

Categoría: DERECHO RELIGIOSO — gcornejo @ 10:08 — Visto: 160 veces
Detienen en París a tres mujeres que portaban el velo


Participan de una manifestación contra una ley que prohíbe a las mujeres su uso en lugares públicos en Francia


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La policía francesa detuvo hoy a tres mujeres con velo (una con burka, otra con niqab y la tercera con hiyab) delante de la catedral de Notre Dame, en el centro de París.

La detención se produjo en el transcurso de una manifestación en contra de la prohibición del uso del burka (velo integral islámico) en lugares públicos en Francia, medida que entró hoy en vigor en Francia.

La manifestación había sido convocada por la asociación "No toque mi constitución" y reunió a un número indeterminado de personas delante de la catedral, lugar al que acudieron numerosos periodistas y donde había, como es habitual, muchos turistas.

Un portavoz policial aseguró que los arrestos no se produjeron por la vestimenta de las mujeres (el niqab deja ver los ojos y está afectado por la prohibición pero el hiyab deja libre el rostro) sino porque no habían pedido permiso para manifestarse.

La asociación convocante aseguró que había pedido los permisos necesarios pero que la prefectura se los habían denegado e invocó para ello la entrada en vigor de la ley.

La prohibición del velo integral que cubra todo el rostro en cualquier espacio público, incluida la calle, comienza a aplicarse hoy en el país en virtud de una ley que impone multas y cursos de ciudadanía para las infractoras, y penas de cárcel para quienes les obliguen a llevarlo.
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abril 11, 2011

Rechazan Demanda por Daños y Perjuicios contra Línea Aérea por el Síndrome de la Clase Turista

Categoría: DERECHO AERONAUTICO — gcornejo @ 10:05 — Visto: 370 veces

Rechazan Demanda por Daños y Perjuicios contra Línea Aérea por el Síndrome de la Clase Turista

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal rechazó un reclamo de daños y perjuicios contra una aerolínea presentado por una pasajera que padeció una trombosis venosa por la supuesta inmovilización del cuerpo durante el período del vuelo, al considerar que el daño padecido por la pasajera no es propio de la clase turista ni responde exclusivamente al tamaño o distancia entre los asientos de dicha clase.

En la causa “T. A. I. c/ Iberia Airlines of Spain s/ daños y perjuicios”, la sentencia de primera instancia rechazó la demanda promovida por la actora contra Iberia Airlines of Spain, con el fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios que alegó haber sufrido en un viaje a España realizado en la aerolínea demandada, a raíz del cual padeció de una trombosis venosa profunda, conocida como “síndrome de la clase turista”.

Según la sentencia de grado, la actora no había demostrado la existencia de turbulencias durante el vuelo que excedieran los parámetros normales, la duración de aquéllas por el término de cuatro horas, la obligación impuesta por la transportadora de permanecer sentada con el cinturón de seguridad colocado durante ese lapso, la escasa separación entre las butacas de la clase turista que le habría impedido una adecuada postura corporal, ni la inmovilización prolongada de sus miembros inferiores o su contextura física como elementos determinantes de esa falta de movilidad.

En su apelación, la recurrente alegó que la responsabilidad del transportador encuadra en la teoría del riesgo creado, por lo que es de carácter objetivo, de modo que corresponde a la demandada acreditar la existencia de alguna causa de exoneración de responsabilidad.

Los jueces de la Sala III señalaron en relación al presente caso, que “según se desprende de las explicaciones del Cuerpo Médico Forense, basadas en bibliografía internacional sobre el tema, el denominado "síndrome de la clase turista", más allá de su nombre, puede asimismo tener lugar en pasajeros de primera clase, por lo que también de denomina "trombosis venosa profunda relacionada a viajes aéreos", provocada por la inmovilidad de los pasajeros durante largo tiempo”.

En base a ello, los camaristas destacaron que “el daño padecido por la actora no es propio de la clase turista ni responde exclusivamente al tamaño o distancia entre los asientos de dicha clase”, a la vez que “tampoco puede endilgarse a la demandada la circunstancia de no haber informado al pasajero sobre los inconvenientes que puede traer aparejada la inmovilización del cuerpo durante varias horas, los cuales han tenido debida difusión mediante diversos medios de comunicación”.

A lo mencionado, en el pronunciamiento del 21 de febrero pasado, los magistrados agregaron que “en casos de turbulencia -la que, por otra parte, no ha sido fehacientemente acreditada en autos-, respecto de los cuales no existen en nuestro país normas específicas (ver informe de fs. 238), es sabido que por razones estrictamente de seguridad los pasajeros deben permanecer en sus asientos con el cinturón abrochado, lo cual no impide realizar ciertos movimientos tendientes a evitar la "inmovilización" prolongada del cuerpo”.

Tras comprobar “la falta de demostración por parte de la actora de los hechos en los que fundó el incumplimiento de sus obligaciones que atribuye a la demandada (art. 377 del Código Procesal)”, la mencionada Sala ratificó la sentencia apelada.

FUENTE: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 11, 2011

Renunció después que fuera descubierto mirando pornografía

Categoría: DERECHO POLITICO — gcornejo @ 10:02 — Visto: 162 veces
Renunció después que fuera descubierto mirando pornografía

Dijo que había recibido un mail anónimo y cuando lo abrió apareció el video. La flaca excusa del diputado indonesio no lo salvó y tuvo que dar un paso al costado

Un diputado indonesio que fue sorprendido mirando pornografía durante una sesión en el Parlamento la semana pasada anunció hoy su dimisión.

"Quiero disculparme ante el PKS (Partido de la Justicia y la Prosperidad) y todos los diputados, la decisión la he tomado yo y no es debido a ninguna intervención o presión por parte de otras personas", manifestó Arifinto durante la conferencia de prensa que convocó en el Legislativo.

El político indonesio indicó que redimirá su conciencia siguiendo las instrucciones de los ulemas y con donaciones y otros actos caritativos.

Un fotógrafo captó el viernes pasado a este legislador del Partido de la Justicia y la Prosperidad, que defiende un papel central del islam en la sociedad, observando pornografía en una tableta durante una sesión parlamentaria.

El diputado explicó que había abierto un correo electrónico de un remitente anónimo y que apareció el video.

FUENTE; EL DIA ARGENTINA
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abril 11, 2011

Gadafi acepta una hoja de ruta de la Unión Africana para resolver conflicto en Libia

Categoría: DERECHO POLITICO — gcornejo @ 09:50 — Visto: 159 veces
Gadafi acepta una hoja de ruta de la Unión Africana para resolver conflicto en Libia



Agencias en Madrid | Mundo
2011-04-11 | Hora de creación: 23:11:57| Ultima modificación: 02:14:53

Batalla. Rebeldes transportan el cadáver de un seguidor de Gadafi,del que dijeron era de nacionalidad argelina. Foto: AP.

El presidente de Suráfrica, Jacob Zuma, informó ayer que el líder libio Muamar Gadafi, aceptó la hoja de ruta propuesta por la Unión Africana (UA), para buscar una salida negociada al conflicto en el país norteafricano, según destacó la cadena de Qatar Al Jazira.

Gadafi se reunió ayer en Trípoli con una delegación de alto nivel de la Unión Africana en el complejo de gobierno de Bab el Azizia, donde tiene su residencia el líder libio.

“Hemos completado nuestra misión con el hermano líder. La delegación del hermano libio aceptó la hoja de ruta presentada por nosotros (la UA)”, señaló Zuma, quien no reveló los términos del acuerdo que será presentado hoy en Bengasi a los delegados africanos a los rebeldes.

La UA pretende un alto el fuego con los antigadafistas, la creación de corredores para facilitar entrega de ayuda humanitaria y la apertura del diálogo entre el régimen de Gadafi y los opositores.

La delegación está integrada por los presidentes de Mali, Amadu Tumani Touré; Suráfrica, Jacob Zuma; República del Congo, Denis Sassu Nguesso, y Mauritania, Mohamed Uld Abdelaziz, así como por el ministro ugandés de Asuntos Exteriores, Sam Kutesa.

OPOSITORES. Los delegados de la UA viajarán a Bengasi, principal bastión de los antigadafistas, para entrevistarse con miembros del Consejo Nacional de Transición (CNT), con la misión de encontrar una solución que ponga fin a la sangrienta crisis libia que se inició hace ya casi dos meses.

Información de la cadena de Qatar Al Jazira, destaca que será hasta hoy cuando se amplíen los conceptos que integran la propuesta de paz de la UA, cuyo objetivo principal es frenar la ola de violencia en Libia.

FUENTE: CRONICA MEXICO
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abril 11, 2011

Reportan arresto del líder de Costa de Marfil

Categoría: DERECHO POLITICO — gcornejo @ 09:49 — Visto: 149 veces
Reportan arresto del líder de Costa de Marfil



Notimex en París | Mundo
2011-04-11 | Hora de creación: 08:51:15| Ultima modificación: 08:51:15


La embajada de Francia en Abiyán anunció que el presidente en funciones de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, fue arrestado hoy por fuerzas especiales francesas, de acuerdo con un reporte del diario Le Monde en su página web.

El reporte del rotativo coincide con declaraciones formuladas en París por un portavoz de Gbagbo, Toussaint Alain, quien añadió que el presidente saliente fue entregado a los líderes de la oposición.

La detención de Gbagbo se produjo después de que tanques franceses avanzaran hacia el complejo residencial del líder, luego de ataques de helicópteros de Francia y de la Organización de las Naciones Unidas.

Gbagbo se ha negado a ceder el poder a Alassane Ouattara, reconocido internacionalmente como el ganador de las elecciones presidenciales del año pasado.

FUENTE: LA CRONICA - MEXICO
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abril 11, 2011

Omitir la Presentación de la Declaración Jurada Configura Evasión Tributaria

Categoría: DERECHO TRIBUTARIO — gcornejo @ 09:46 — Visto: 281 veces
Omitir la Presentación de la Declaración Jurada Configura Evasión Tributaria

En la causa “Ortiz Bentos, Gustavo E. s/ Evasión Tributaria”, se investiga la presunta evasión en la que habría incurrido el contribuyente, a partir de la denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, donde sostuvo que entre otras irregularidades vinculadas a facturas o asientos en libros sólo había presentado la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente a 2004 y no así la de 2005, que acompañó posteriormente al inicio de la fiscalización.

La Sala III debió resolver una cuestión negativa de competencia suscitada entre el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata y el juez a cargo del Juzgado Federal de Quilmes.

El Juzgado Federal de Quilmes sostuvo que el período respecto del cual se habría materializado el delito impuesto a las ganancias correspondientes al año fiscal 2005, único con relación al cual el ajuste o determinación realizada era superior al umbral de punibilidad establecido por el artículo 1 de la ley 24.769 dicho juzgado no se hallaba en funcionamiento.

Luego de que el juzgado Federal de Quilmes declarara su incompetencia, el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata sostuvo que el delito a investigar recién se habría configurado cuando el contribuyente presentó la declaración jurada en la que falsea y oculta la verdadera realidad económico y su capacidad contributiva, encontrándose en dicha fecha el Juzgado Federal de Quilmes en pleno funcionamiento.

Al revisar la calificación preliminar del hecho materia de investigación, los jueces de la Sala III señalaron que “se trata del delito de evasión simple previsto y reprimido por el art. 1, de la ley 24.769 que describe que es punible el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional siempre que el monto evadido excediere la suma de cien mil pesos ($ 100.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de periodo fiscal inferior a un año”.

En base a ello, los camaristas entendieron que “corresponde estudiar cuándo se habría consumado el delito o materializado la acción típica que lo constituye”.

En la sentencia del 10 de septiembre de 2010, los magistrados resolvieron que corresponde otorgar competencia al Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, debido a que “la omisión de tal presentación tiene, al menos, aptitud ¯ con o sin otros elementos ¯ para motivar la realización de tareas de investigación que deriven en una fiscalización como la efectuada en autos y, también, porque es recién al momento de presentar esa declaración ¯ respecto al tributo de que se trate ¯ y no antes, que pueden materializarse las declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas referidas por la norma, con entidad en el caso”.

“Lo que la norma penaliza no es la presentación (engañosa o maliciosa) de la declaración ni la omisión de ella, en si mismas; sino la evasión del tributo superior a cierto límite económico, merituada del modo que expone”, agregando que “la presentación engañosa o la no presentación (de la declaración) pueden dificultar las actividades de fiscalización y control de la administración, pero no las impiden ni podrían hacerlo y es en ese sentido que no se las penaliza autónomamente”.

En base a ello, los jueces resolvieron que “si para la determinación de la competencia se tomase como criterio la fecha de la efectiva presentación de la declaración jurada ¯ aunque su plazo estuviese largamente vencido, como en el caso ¯ ello indirectamente derivaría en que el contribuyente pudiese saber y escoger el juzgado que entendería en el trámite de su imputación”.

fuente: ABOGADOS ARGENTINA
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abril 09, 2011

La cultura de 'tirarle' el problema a un tercero

Categoría: 1MEDIACION EN ARGENTINA — gcornejo @ 11:51 — Visto: 195 veces
La cultura de "tirarle" el problema a un tercero

Viernes 8 de Abril de 2011 | "Mucha gente cree que la única vía de solución es presentar una demanda", destacó el abogado Fernando Alberti. Que acepten la mediación es todo un desafío.

EN PLENA TAREA. Silva y Alberti atienden a una vecina de Villa Urquiza. LA GACETA / JUAN PABLO SANCHEZ NOLI

La mayoría de las causas de los conflictos que pasan por la mediación son problemas entre vecinos que demuestran un desinterés con respecto a los derechos del otro, afirman los mediadores. "La gente no dialoga porque hay una conflictividad impresionante en la sociedad y una cultura de que al problema lo debe resolver otro", explicó Viviana Grossman, jefa del Servicio de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo.

El año pasado la institución atendió 111 casos y, en lo que va del año, 14. "En el 60% de las situaciones logramos que la otra parte se presente a la mediación, lo cual es un gran desafío, y se llegó a un acuerdo en un 95% de los casos", explicó Grossman.

El espíritu de la mediación es instalar la práctica social del diálogo y evitar las confrontaciones. De esa manera se intenta ayudar a las partes a encontrar opciones alternativas para resolver los conflictos, aclaró la abogada Sara Laura Martínez, mediadora del Registro del Poder Judicial y docente de Teoría Sociológica en la Facultad de Derecho de la UNT.

El principal problema que ven Martínez y Grossman es la desaparición del diálogo entre los vecinos. "Los conflictos se resuelven en base a las necesidades de la gente, porque la solución parte de los interesados en vez de hacerlo de un tercero, como puede ser el juez", explicó Hugo Cabral, defensor del Pueblo.

"Mucha gente cree que ante un problema la única vía de solución es presentar una demanda, pero en realidad, muchas veces se puede llegar a un acuerdo dialogando. Nosotros no hacemos mediación, sino que somos facilitadores de diálogo entre los vecinos", explicó el abogado Fernando Alberti, quien recorre los barrios todas las semanas con el programa "El municipio en los barrios".

FUENTE: LA GACETA ARGENTINA
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abril 09, 2011

Se explora la vía de la mediación penal en un juicio por los conflictos de Arístregui

Categoría: 1MEDIACION EN ESPAÑA — gcornejo @ 11:49 — Visto: 306 veces
Se explora la vía de la mediación penal en un juicio por los conflictos de Arístregui

se tratará de abrir un diálogo por los continuos roces entre una familia y el resto del concejo

e.c. - Viernes, 8 de Abril de 2011 - Actualizado a las 05:20h

Pamplona. El Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona emplazó ayer a las partes encausadas en los conflictos vecinales en Arístregui a que se explorara la vía de la mediación penal para tratar de solucionar un juicio de faltas. Conviene recordar que las denuncias cruzadas entre una familia del concejo (la del expresidente) y el resto de vecinos han sido múltiples desde hace tres años y culminaron en octubre de 2010 con una gran trifulca en la que el expresidente del concejo, J.J.A.E. resultó apuñalado por otro vecino, F.U. T. El hijo de éste había sido agredido previamente por J.J.A.E. y también por su padre. Por ese asunto, F.U.T. estuvo en prisión, al igual que J.J.A.E., que ingresó en la cárcel tras salir del hospital. Luego el juez les puso en libertad bajo fianza con respectivas órdenes de alejamiento y la prohibición de que ambos pisaran Arístregui y se personaran en el juzgado.

Diez días antes de aquellos violentos hechos había habido una discusión por el ganado entre el padre de J.J.A.E., que golpeó a F.U.T. y a otro vecino. No era el primer conflicto entre ellos y ayer precisamente debían juzgarse esos hechos en un juicio de faltas. La juez apostó por derivar el caso a la mediación penal, un proceso cuidadoso en el que mediante el diálogo se trata de llegar a un entendimiento con las partes y que también acaba en sentencia. Primero, el servicio de mediación deberá comprobar si en este caso de Arístregui se dan las condiciones imprescindibles para
establecer esta vía. De momento, la mediación sólo se aplica en el presente procedimiento (el juicio de faltas de ayer) y, si el diálogo prosperara y las partes pudieran llegar a un consenso, se podría extender a las causas restantes. La mediación penal es un proceso al que se accede de forma voluntaria, con el consentimiento de las partes, y que tiene por delante un reto grande en el concejo de Arístregui.

fuente: DIARIO DE NOTICIAS ESPAÑA
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abril 09, 2011

CANTABRIA: Abandonen la sala... que el techo del Juzgado se cae

Categoría: DERECHO JUDICIAL — gcornejo @ 11:47 — Visto: 149 veces
CANTABRIA: Abandonen la sala... que el techo se cae



09.04.11 - 00:10 -
ÁLVARO SAN MIGUEL | SANTANDER.
Los ciudadanos sufren la nula accesibilidad de las instalaciones y los funcionarios trabajan entre goteras, suciedad y desorden

Los juzgados de Laredo y Santoña, tal como denunció Tolosa, están en condiciones deplorables
Techos con goteras, ventanas que se cierran con cinta adhesiva, paredes desconchadas y lavabos que hacen las veces de trasteros. No exageraba el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, cuando denunció el jueves las «serias deficiencias» de los juzgados de Laredo y Santoña, que son instalaciones dignas de cualquier pequeño país del Tercer Mundo.
El edificio de tres alturas que acoge el Juzgado de Laredo carece de ascensor. Para cualquier persona con escasa movilidad representa un auténtico desafío acceder a la Fiscalía, ubicada en la tercera planta, y son los propios funcionarios los que han tenido que subir a pulso a alguna persona en silla de ruedas.
Mientras camina por este departamento, sorteando con naturalidad los amasijos de cables que cubren el suelo, uno de los trabajadores explica que no se cumple la normativa de prevención de riesgos laborales. No da mucha importancia a las ventanas que se cierran con cinta adhesiva o a los estores fabricados por ellos mismos con papel de embalar para aliviarse del azote del sol. Aunque no es de extrañar que no se quejen en las oficinas, porque en la mismísima sala de juicios las cortinas cuelgan a duras penas de una anilla, y tras la puerta se amontonan las que ya perdieron todos sus anclajes.
La imagen pasa de triste a tristísima cuando se accede a uno de los baños que comparten los funcionarios y los visitantes en la primera planta. No sólo causa asombro el estado de una de las paredes, en la que se puede ver el momento exacto en que los obreros se quedaron sin azulejos: también es memorable la visión de un viejo ordenador abandonado entre los lavabos y los urinarios.
Pasando por alto algún desconchón en las paredes o la madera mellada de puertas y ventanas, las zonas de visita no resultan alarmantes. Pero en las áreas restringidas la cosa cambia. Las pruebas se amontonan en las escaleras y en los pasillos, junto a sillas rotas y enmohecidas. Y en el archivo principal, donde se guardan los documentos antiguos, una enorme y oscura mancha de humedad amenaza con devorar cualquier resto de tinta de los papeles de trámites judiciales.
De juzgado de guardia

El Juzgado de Santoña no le va a la zaga al de Laredo, aunque las zonas de mayor tránsito lo disimulan bien. Además, cuenta con un ascensor que, según explica una empleada, funciona siempre que no se inunde mucho el fondo del habitáculo.

Uno de los funcionarios llegó a Santoña varios meses atrás, procedente de un juzgado vasco. «Lo primero que hice fue pintar la pared porque estaba llena de mierda», afirma. Después, diseñó indicadores para que los visitantes pudieran encontrar las distintas dependencias e, incluso, se llevó las cortinas de la oficina para lavarlas en su casa. Sin embargo, el mayor problema que sufren en este Juzgado son las temperaturas extremas. «La calefacción se estropeó y compramos algunas estufas, pero en verano es un auténtico horno y tuvimos que poner ventiladores», cuenta resignada otra trabajadora pública.

En el último piso, un cubo lleno de mugre rebosa bajo una gotera y los cascotes que se desprenden del techo se acumulan a su alrededor. Después de atravesar una puerta cerrada con llave espera un espectáculo surrealista. Bolsas de basura llenas de ropa falsa se alternan con archivadores desparramados por el suelo, una raqueta de tenis, zapatillas deportivas o un televisor de plasma.
Los empleados de ambas sedes judiciales dicen que sacan los casos adelante pese a que no cuentan siquiera con una sala de detenciones y, lo que es peor, «aunque nos manden el material de oficina con cuentagotas».

FUENTE: EL DIARIO MONTAÑES ESPAÑA
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abril 09, 2011

El Gobierno fortalece el acceso a la mediación para aliviar el sistema judicial

Categoría: 1MEDIACION EN ARGENTINA — gcornejo @ 11:45 — Visto: 165 veces

El Gobierno fortalece el acceso a la mediación para aliviar el sistema judicial


08/04/2011 - El ministro de Justicia inauguró una sede de tres plantas para fortalecer la instancia prejudicial de la mediación. De esta manera "favorecemos el acceso de los sectores populares a la Justicia y descongestionamos los tribunales para responder a la demanda de mayor celeridad en los procesos", dijo

El ministro de Justicia, Julio Alak, inauguró hoy el nuevo edificio de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, para fortalecer el acceso gratuito a esta instancia prejudicial obligatoria y agilizar el sistema de administración de Justicia.

En la nueva sede, ubicada en la Av. Córdoba 1156 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dictarán cursos y jornadas de capacitación a nuevos mediadores y también se ofrecerá patrocinio jurídico gratuito, por parte de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA).

Tras el corte de cintas, el ministro resaltó la importancia de la mediación como una “herramienta valiosísima que permite solucionar problemas familiares, vecinales y comunitarios de manera pacífica”, y enfatizó que se trata de “una forma alternativa de resolver los conflictos sin llegar a la vía judicial, esto es, con apoyo profesional, fomentando la cultura del diálogo y restaurando las relaciones humanas y sociales”.

“Esta inauguración no hace más que dar cuenta de un país en crecimiento y de un Estado fuerte, capaz de realizar grandes inversiones en infraestructura y en el mejoramiento permanente de los servicios esenciales, como es este caso de la Justicia, para satisfacer las demandas de la sociedad en todos los terrenos”, destacó Alak.

Además explicó que el edificio “cuenta con tres plantas de 1.000 metros cuadrados que cubren todas las necesidades de este organismo, creado para el funcionamiento de un instrumento clave para agilizar y optimizar el sistema de administración de Justicia”.

“La legislación vigente —agregó— establece que el Ministerio debe garantizar el acceso a la instancia de mediación prejudicial obligatoria, en forma gratuita, a los grupos más vulnerables de la población, a través de nuestros Centros de Mediación. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí y en todos los Centros de Acceso a la Justicia que estamos abriendo en las zonas de mayor vulnerabilidad social”.

Alak remarcó, entonces, el “beneficio fundamental” de la aplicación del instrumento de la mediación: “La descongestión del sistema judicial se traduce en mayores índices de eficiencia en los procesos que se tramitan, en la dedicación de mayores recursos humanos y en la afectación de más presupuesto a los litigios a los cuales se les da trámite”.

En ese sentido, el ministro precisó que “las estadísticas son elocuentes: sólo el 35% de los conflictos tratados en instancias de mediación llegan a la Justicia, en tanto que en dos tercios de esas controversias se alcanza acuerdo y se desalienta el juicio”.

"La inauguración de este edificio es, fundamentalmente, una medida de inclusión social y construcción de ciudadanía, porque fortalece las políticas de acceso a la Justicia para toda la población y, principalmente, de los sectores más vulnerables”, enfatizó Alak.

El titular de la cartera de Justicia sostuvo que “este acto sintoniza con las políticas que venimos desarrollando en el marco del Programa de Acceso a la Justicia para Todos, una herramienta de gestión valiosísima que permite acercar el servicio de Justicia a los sectores de la sociedad que aún no han sido beneficiados por la monumental tarea de reparación social que este Gobierno viene llevando adelante desde 2003”.

Ya son 18 los Centros de Acceso a la Justicia habilitados en zonas de alta vulnerabilidad social, en tanto que mañana será inaugurado otro en el barrio porteño de Floresta.

“En esos centros de gestión de soluciones prestamos servicios gratuitos de orientación jurídica, mediación y asistencia social y psicológica, además de brindar ayuda a los vecinos para tramitar documentos, jubilaciones y asignaciones familiares”, explicó Alak, quien además precisó se han atendido en forma personalizada y con seguimiento de profesionales del derecho y la salud, casi 50.000 consultas sólo en 2010 y lo que va de 2011.

Participó de la ceremonia, además de unos 200 profesionales del derecho, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, quien calificó de “sueño cumplido” la apertura de la nueva sede de la Dirección Nacional de Mediación, tras “casi 20 años desde la puesta en marcha del Plan Nacional de Mediación, en 1991”.

También asistieron el titular de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Juan Carlos Dupuis; el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez; la directora nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, María Uthurralt; el secretario de Asuntos Registrales, Oscar Martini; camaristas, magistrados y mediadores de la Ciudad de Buenos Aires.

La ley de Mediación y Conciliación (Nº 26.589) fue promulgada en mayo de 2010 por la presidenta Cristina Fernández. La norma prevé tanto la mediación pública, que es realizada por un mediador elegido por sorteo por la Cámara correspondiente, como la privada, en la que el mediador es elegido por las partes a propuesta de quien inicia la acción.

FUENTE: ROSARIO NET ARGENTINA
9 de abril de 2011 - Rosario - Argentina
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abril 09, 2011

EDUADR VINYAMATA DICE QUE LOS CONFLICTOS MAS QUE RACIONALES SON EMOCIONALES

Categoría: 1MEDIACION EN ESPAÑA — gcornejo @ 11:37 — Visto: 193 veces
CANTABRIA: Más que racionales, los conflictos son emocionales


El conflictólogo Eduard Vinyamata, experto en resolución de conflictos, participará hoy en las segundas Jornadas de Mediación que se celebran en La Vidriera de Maliaño

15.03.11 - 00:03 -
ÁLVARO SAN MIGUEL | CAMARGO.



«Conociendo los problemas de las pandillas se darán soluciones sin basarse en la represión»
«Hace unos años me harté de la vida que llevaba y comencé a estudiar conflictología». Así resume Eduard Vinyamata el primer conflicto que se aventuró a resolver: el que tenía consigo mismo. Desde entonces ha recorrido el mundo, desde Irlanda del Norte a Cuba, pasando por una Yugoslavia en guerra. Siempre tras el rastro de los problemas, sus pasos le llevan hoy a Camargo, donde participará en las segundas Jornadas de Mediación que se celebran en La Vidriera. No podría haber elegido un momento mejor ya que, desde ayer, Cantabria cuenta con su propia Ley de Mediación.

-¿Cuál es el conflicto más difícil que ha afrontado hasta ahora?
-Todos son complicados de resolver. Son tan heterogéneos que muchas veces es difícil ver una solución. A veces pensamos que un problema de escasa importancia a nivel personal tiene que ser más fácil de solucionar que un conflicto de gran envergadura, pero no es así. Al fin y al cabo, la solución es la misma: que las partes, sean personas o sean grupos, encuentren la manera de convivir.

-¿Puede existir mediación si una de las partes no sale beneficiada?
-Hay algunos casos en que las dos partes quieren lo mismo y, por tanto, el problema es irresoluble. Si conseguimos que tomen una actitud distinta habremos resuelto el conflicto sin resolverlo: lo habremos disuelto. Más que racionales los conflictos son casi siempre emocionales.

-¿Cómo se puede conseguir ese cambio de actitud?
-Por ejemplo, hay días en que todo sale mal y sufrimos un estrés transitorio. Por eso se habla de consultar los problemas con la almohada. Al día siguiente todo seguirá igual y nadie te habrá hecho el trabajo, pero habrá cambiado nuestra perspectiva.

-La teoría del conflicto defiende que éste conduce al progreso. ¿Está de acuerdo?
-Resolver un conflicto es como hacer ejercicio. Sudas y te fatigas, pero luego te duchas, descansas y al día siguiente eres más fuerte.

-Ha trabajado con los 'Latin Kings'. ¿Cómo fue aquella experiencia?
-Cuando me vi por primera vez con un jefe pandillero en Latinoamérica hice lo que la policía no hace, que es preguntar por qué pertenecía a la pandilla. Y después de darme tres razones le dije que si viviera allí también me haría de la pandilla. Hay que entender el contexto y comprender la inseguridad de determinadas zonas. Por eso crean núcleos cerrados: para protegerse mutuamente, para cobrar a fin de mes aunque tengan que asaltar un banco y para poder ligar. Conociendo sus problemas podemos aportar soluciones que no se basen en la represión.

-¿Ha perdido la esperanza con algún caso concreto?
-No. Aunque siempre buscamos un resultado positivo, lo importante es intervenir y hacer lo que creemos que debemos hacer, antes que el resultado en sí.

-¿Qué enfrentamiento le gustaría poder resolver?
-Todos, pero si tengo que elegir, sería un conflicto político y violento que dura ya muchos años, como es el judeopalestino.

-¿Qué opina del Servicio de Mediación de este ayuntamiento?
-Esta apuesta de Camargo por la mediación es una iniciativa muy buena. Indica que están aportando a la sociedad un recurso para mejorar la calidad de vida y denota una gran visión política en el sentido más noble de la palabra. Porque la política está para resolver problemas dentro de la sociedad.
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abril 09, 2011

Un servicio de mediación ayuda a resolver los litigios familiares

Categoría: 1MEDIACION EN ESPAÑA — gcornejo @ 11:12 — Visto: 158 veces
Un servicio de mediación ayuda a resolver los litigios familiares




Ourense - 08-04-2011

Ourense cuenta, desde el pasado 18 de marzo, con un programa experimental de mediación intrajudicial familiar para facilitar un acuerdo consensuado entre las partes en litigio, como en caso de divorcio o separación.

Un equipo compuesto por psicólogos y abogados es el encargado de ofrecer este servicio de carácter gratuito. Su éxito ya se ha testado en Santiago de Compostela, donde se han resuelto con conformidad el 93 por ciento de los casos desde su puesta en funcionamiento hace un año.
Presentación del Servicio de Mediación Familiar

Los beneficios de este servicio piloto en la provincia están enfocados tanto a la resolución de conflictos familiares, como a la agilización de la Justicia. 'Muchas veces, la sentencia no soluciona el problema', explica Arturo González, decano del Colegio de Abogados de Ourense, por lo que 'es mejor que se consensúe entre las partes para evitar problemas futuros, tanto en lo relativo a la ejecución de la sentencia, como en la modificación de medidas cautelares'.

La mediación es voluntaria y se rige bajo los principios de 'confidencialidad, conformidad e igualdad', indica González. Los acuerdos adoptados no tienen valor de sentencia, sino que el proceso judicial sigue su curso con normalidad hasta que las partes decidan paralizarlo. De los resultados logrados depende su extensión al resto de ciudades gallegas.

FUENTE: LA REGION ESPAÑA
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abril 09, 2011

Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón (BOA de 7 de abril de 2011).

Categoría: 1MEDIACION EN ESPAÑA — gcornejo @ 10:42 — Visto: 191 veces

Mediación familiar
08/04/2011
Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón (BOA de 7 de abril de 2011). Texto completo.

La Ley 9/2011 tiene por objeto regular la mediación familiar en Aragón como un servicio social especializado que pretende facilitar la resolución de conflictos derivados tanto de rupturas matrimoniales o de pareja como de cualquier otra problemática de carácter familiar.

Por mediación familiar se entenderá el servicio social consistente en un procedimiento extrajudicial y voluntario para la prevención y resolución de conflictos familiares en el ámbito del Derecho privado, en el que la persona mediadora, de una manera neutral, imparcial y confidencial, informa, orienta y asiste a las partes en conflicto para facilitar la comunicación y el diálogo entre las mismas, con el fin de promover la toma de decisiones consensuadas.

LEY 9/2011, DE 24 DE MARZO, DE MEDIACIÓN FAMILIAR DE ARAGÓN.

La presente ley regula la mediación familiar como procedimiento de resolución extrajudicial de los conflictos que se plantean en el ámbito familiar.

La familia, como institución social básica y viva, es y ha sido continuamente el centro de muchas y diversas problemáticas que no siempre pueden resolverse dentro de su propio ámbito.

Para dar respuesta a esta problemática es por lo que se han instrumentado en los últimos tiempos mecanismos alternativos a la resolución de conflictos por la vía judicial, como el de la mediación, que se van imponiendo como métodos prioritarios para solucionarlos. El sistema tradicional de acudir a las instancias judiciales para resolver las controversias derivadas de problemas familiares ha demostrado que, en muchas ocasiones, resulta poco efectivo para apaciguarlos, buscándose otras vías de resolución más cercanas a la voluntariedad y al consenso de las partes, pasando de la imposición al acuerdo y a la aceptación.

La mediación familiar desarrolla las posibilidades de actuación de las personas favoreciendo el diálogo, el acercamiento y la comprensión, para llegar a soluciones pactadas por las partes que al final suponen un mayor beneficio para todos los miembros de la familia, sobre todo para los menores y las personas más vulnerables.

Tampoco debe olvidarse que los problemas tratados a través del proceso de mediación no suelen evolucionar a formas más controvertidas de resolución, evitando y previniendo en muchas ocasiones situaciones familiares de malos tratos.

Por todo esto, se pretende con esta ley establecer un marco normativo favorable al desarrollo de la función mediadora ya que se ha mostrado como una garantía de respuesta a la conflictividad familiar y, por tanto, una figura que debe ser objeto de una especial atención por parte de instituciones públicas y privadas.

Hay que tener en cuenta los antecedentes normativos que, desde las instituciones comunitarias, se han aprobado en esta materia. Cabe citar como más destacados la Recomendación número R (98) I, de 21 de enero de 1998, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre la mediación familiar, desde la que se insta a los gobiernos de los Estados miembros a instituirla y potenciarla; el Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil, elaborado por la Comisión de la Unión Europea, que invita a los Estados miembros a examinar la posibilidad de elaborar modelos de soluciones no judiciales de los conflictos; o la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo Vínculo a legislación de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, que indica que debe tender a generalizarse la mediación como modelo de resolución de controversias.

A nivel estatal, la Constitución Española establece Vínculo a legislación en su artículo 39 que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la protección integral de los hijos, cualquiera que sea su filiación. En este sentido, la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, supuso un paso adelante en esta materia, concediendo a las partes la facultad de solicitar en cualquier momento al Juez la suspensión de las actuaciones judiciales para acudir a la mediación familiar y tratar de alcanzar una solución consensuada en los temas objeto de litigio.

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el artículo 71.34.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón establece como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Aragón la acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección especial. En este sentido, la Ley 12/2001, de 2 de julio Vínculo a legislación, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón, establece que los niños y adolescentes tienen derecho a una protección que garantice su desarrollo integral como personas en el seno de una familia, preferiblemente con sus padres. Asimismo, indica que la aplicación de los principios del Estado de Derecho a la protección de los menores conlleva una responsabilidad compartida entre sus padres y los poderes públicos. Es fundamental destacar la aprobación de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, que tiene por objeto garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, el derecho universal de acceso a los servicios sociales, como derecho de la ciudadanía, para promover el bienestar del conjunto de la población y contribuir al pleno desarrollo de las personas.

Especial importancia en la figura de la mediación tiene la Ley 2/2010, de 26 de mayo Vínculo a legislación, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, una norma aprobada por las Cortes de Aragón, pionera en aspectos fundamentales del Derecho de familia, que en su Preámbulo señala que la mediación familiar resulta un instrumento fundamental para favorecer el acuerdo entre los progenitores, evitar la litigiosidad en las rupturas y fomentar el ejercicio consensuado de las responsabilidades parentales tras la ruptura.

El artículo 4 de la mencionada ley establece que los progenitores podrán someter sus discrepancias a mediación familiar, con carácter previo al ejercicio de acciones judiciales. Añade que, en caso de presentación de demanda judicial, el Juez podrá, a los efectos de facilitar un acuerdo entre los padres, proponerles una solución de mediación y también podrá acordar la asistencia de los progenitores a una sesión informativa sobre la mediación familiar si, atendiendo a las circunstancias concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo. Asimismo, continúa el precepto señalando que, iniciado el procedimiento judicial, los padres podrán, de común acuerdo, solicitar su suspensión al Juez en cualquier momento para someterse a mediación familiar, acordándose dicha suspensión por el tiempo necesario para tramitar la mediación.

En este sentido, y para regular temporalmente un sistema que facilitara a las partes la consecución de acuerdos en el ámbito de las rupturas familiares, la disposición transitoria segunda de la citada Ley 2/2010 establecía un régimen provisional de mediación familiar hasta la entrada en vigor de la Ley de Mediación Familiar a la que se refiere la disposición final segunda, entendiendo por mediación familiar el servicio especializado consistente en un procedimiento extrajudicial y voluntario para la prevención y resolución de conflictos familiares en el ámbito del Derecho privado, derivados de la ruptura de la pareja, que afecten a menores de edad. Este ámbito de aplicación de la mediación familiar, de carácter temporal, tenía su fundamento en que el objeto de la Ley 2/2010 es regular las relaciones familiares en los casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, entendiendo, por tanto, que la mediación familiar debía comprender únicamente los conflictos familiares referidos a rupturas de parejas con hijos menores de edad. La corriente internacional actual, al igual que están haciendo numerosas Comunidades Autónomas, apuesta por una extensión de la aplicación de la mediación familiar a cualquier conflicto surgido en el ámbito de las relaciones familiares, considerando el objeto de la mediación de forma amplia.

Hay que señalar que la disposición final segunda de la Ley 2/2010 establece un plazo de tres meses desde su entrada en vigor para que el Gobierno de Aragón remita a las Cortes de Aragón un Proyecto de Ley de Mediación Familiar, en la que se regularán el funcionamiento, competencias y atribuciones de este instrumento alternativo a la vía judicial de resolución de los conflictos familiares.

Por otro lado, el artículo 7 Vínculo a legislación del Decreto 252/2003, de 30 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Servicios Sociales y Familia, atribuye a la Dirección General de Familia, entre otras competencias, la puesta en funcionamiento de un servicio de mediación, conciliación y orientación familiar.

El vigente Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 71.59.ª atribuye competencia exclusiva a nuestra Comunidad Autónoma en lo relativo a los medios personales y materiales de la Administración de Justicia. Mediante Real Decreto 1702/2007, de 14 de diciembre Vínculo a legislación, se hizo efectiva la transferencia en Administración de Justicia desde la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, localizándose orgánicamente en el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior.

Hay que tener en cuenta que la norma fundamental en la materia, esto es, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio Vínculo a legislación, del Poder Judicial, modificada en el 2003 y, últimamente, por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre Vínculo a legislación, coloca al lado de la oficina judicial la unidad administrativa a la que corresponderá la jefatura, ordenación y gestión de los recursos humanos, medios informáticos y demás medios materiales, atribuyéndose en el artículo 456.3 al Secretario judicial las conciliaciones, llevando a cabo la labor mediadora.

La Ley de Enjuiciamiento Civil, a la que se remite la Ley 2/2010 Vínculo a legislación, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, en su artículo 770 y siguientes regula las demandas de separación y divorcio, disponiendo que se sustanciarán por los trámites de juicio verbal, pudiendo las partes, de común acuerdo, solicitar la suspensión del proceso para someterse a mediación.

Es preciso, por tanto, reconocer al lado de la mediación extrajudicial la mediación intrajudicial como instrumento de apoyo y colaboración a la labor jurisdiccional desarrollada por Juzgados y Tribunales. Cuando ya se ha iniciado un proceso judicial de nulidad, separación o divorcio, el Juez puede decretar la suspensión de actuaciones si advierte que existen posibilidades reales de que las partes puedan llegar a un acuerdo y, para valorarlas, es importante que cuente con un coordinador de mediación que explore e informe.

La ley se compone de un total de treinta y cuatro artículos, estructurados en cinco capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.

El Capítulo I recoge las disposiciones de carácter general, el objeto y el concepto de la mediación familiar, remarcando su carácter extrajudicial y consensuado, y los conflictos susceptibles de mediación familiar, haciéndola extensiva a cualquier conflicto surgido en el ámbito de las relaciones familiares. El ámbito de aplicación de la ley se circunscribe a las mediaciones familiares que se efectúen por mediadores designados por el departamento del Gobierno de Aragón competente en mediación familiar. En el proceso de mediación destaca el interés superior de los menores de edad y la protección a las personas con discapacidad o aquellas en situación de dependencia. Este Capítulo también establece los fundamentos de la mediación familiar y analiza los principios generales por los que se rige, refiriéndose a la voluntariedad de las partes, no solo para iniciar y poner fin al procedimiento sino también para desistir de él en cualquier momento. La igualdad, confidencialidad, transparencia, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, carácter personalísimo y buena fe se enumeran como fundamentos básicos de todos los procesos de mediación.

El Capítulo II está dedicado al mediador familiar, regulándose los requisitos de titulación, formación y experiencia que éste debe cumplir, así como sus derechos y deberes.

El Capítulo III hace referencia a las fases a lo largo de las cuales se desenvuelve el procedimiento de la mediación, desde la reunión inicial al acta final, así como las funciones que debe desempeñar el mediador familiar en el ejercicio de su actuación. Se estima adecuado y suficiente que el plazo de duración del proceso de mediación sea de sesenta días, susceptibles de prórroga si se producen determinadas circunstancias que lo aconsejen, sin perjuicio de las especialidades en plazos de la mediación iniciada por la Autoridad Judicial. También trata de la sesión informativa previa a la que los Jueces pueden derivar a las partes. Se establece, además, la prohibición de acudir a mediación familiar cuando se esté incurso en determinados procesos penales o cuando se advierta la existencia de indicios de violencia doméstica o de género. Finalmente, se regulan los casos en que los acuerdos alcanzados por las partes deben ser ratificados judicialmente.

El Capítulo IV establece la organización administrativa y las competencias y funciones en materia de mediación familiar, erigiendo como órgano administrativo responsable del servicio de mediación familiar al departamento del Gobierno de Aragón que tenga atribuidas las competencias en el área de mediación familiar. Se permite que los Colegios Profesionales puedan llegar a colaborar en diferentes momentos. Se crea también el Registro de Mediadores Familiares de Aragón, donde podrán inscribirse todos aquellos profesionales que cumplan los requisitos establecidos en la ley. A su vez, se señalan los supuestos en los que el servicio de mediación tendrá carácter gratuito y cuándo será abonado por los interesados, de acuerdo a las tarifas que se establezcan reglamentariamente.

Finalmente, el Capítulo V describe el régimen de infracciones y sanciones en que puede incurrir el mediador familiar.

Artículo 1.-Objeto.

La presente ley tiene por objeto regular la mediación familiar en Aragón como un servicio social especializado que pretende facilitar la resolución de conflictos derivados tanto de rupturas matrimoniales o de pareja como de cualquier otra problemática de carácter familiar.

Artículo 2.-Concepto de mediación familiar.

Por mediación familiar se entenderá, a efectos de la presente ley, el servicio social consistente en un procedimiento extrajudicial y voluntario para la prevención y resolución de conflictos familiares en el ámbito del Derecho privado, en el que la persona mediadora, de una manera neutral, imparcial y confidencial, informa, orienta y asiste a las partes en conflicto para facilitar la comunicación y el diálogo entre las mismas, con el fin de promover la toma de decisiones consensuadas.

Artículo 3.-Ámbito de aplicación.

1. La presente ley será de aplicación a las mediaciones familiares que se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón por mediadores familiares designados desde el departamento competente en mediación familiar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. Para poder solicitar las actuaciones del servicio de mediación familiar, al menos una de las personas en situación de conflicto familiar debe tener residencia efectiva en Aragón.

Artículo 4.-Servicios de mediación familiar.

1. Existirá un servicio de mediación familiar, adscrito al departamento competente en mediación familiar del Gobierno de Aragón, que tendrá como finalidad la prestación de este servicio social de mediación en las condiciones y con los requisitos que se establecen en esta ley, así como proporcionar asesoramiento, ayuda y formación a las personas y entidades relacionadas con la materia.

2. Cuando la mediación se realice por iniciativa propia de los colegios profesionales, corporaciones locales u otras entidades públicas o privadas, se estará a lo dispuesto en su normativa reguladora.

3. Las mediaciones realizadas por particulares no inscritos en el Registro de Mediadores Familiares de Aragón se regularán por la legislación correspondiente al ejercicio de su actividad profesional.

Artículo 5.-Conflictos susceptibles de mediación familiar.

1. La mediación regulada en la presente ley podrá referirse a cualquier conflicto familiar surgido en el ámbito del Derecho privado.

2. Específicamente, la intervención del mediador familiar tendrá por objeto alguno de los siguientes aspectos:

a) Conflictos nacidos como consecuencia de una ruptura de pareja, existan o no menores afectados.

b) Controversias relacionadas con el ejercicio de la autoridad familiar o, en su caso, patria potestad y del régimen de guarda y custodia de los hijos.

c) Diferencias en lo relativo al régimen de relación de los menores con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas.

d) Situaciones derivadas de crisis de convivencia en el seno del matrimonio o de la pareja.

e) Desavenencias referentes a las relaciones entre personas mayores y sus descendientes.

f) Conflictos entre los miembros de la unidad familiar donde sea de aplicación la normativa de derecho internacional.

g) Los datos de las personas adoptadas relativos a sus orígenes biológicos, en la medida que lo permita el ordenamiento jurídico, alcanzada la mayoría de edad, o durante su minoría de edad representadas por sus padres o quienes ejerzan su autoridad familiar.

Salvo en los supuestos debidamente justificados, en los que esté en peligro la vida o la integridad física o moral de la persona adoptada, no se podrá facilitar la identidad de los padres biológicos en tanto en cuanto no se disponga de la autorización expresa de estos.

h) Problemáticas referidas al Derecho civil patrimonial o a la empresa familiar.

i) Cuestiones relacionadas con las sucesiones por causa de muerte.

Artículo 6.-Alcance de la mediación familiar.

1. La intervención del mediador familiar podrá versar sobre cualquier materia de Derecho privado susceptible de ser planteada judicialmente.

2. El proceso de mediación velará sobre todo por el interés superior de los menores de edad y protegerá a las personas con discapacidad o aquellas en situación de dependencia.

Artículo 7.-Principios generales de la mediación familiar.

Los principios generales que fundamentan la mediación son los siguientes:

a) Voluntariedad: el principio básico de la mediación es la voluntariedad, de manera que las partes, de forma completamente autónoma, deciden compartir las cuestiones familiares contenciosas con un tercero, siendo libres para desistir, en cualquier momento, de la mediación requerida.

b) Igualdad: ambas partes tienen los mismos derechos y obligaciones en el desarrollo del proceso de mediación.

c) Confidencialidad: todas las actuaciones que se deriven del proceso de mediación serán secretas y confidenciales, respetando la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal. Las partes no podrán solicitar la declaración en juicio del mediador familiar en calidad de perito o testigo, salvo que la Autoridad Judicial así lo disponga en función de la aplicación de la legislación específica correspondiente.

d) Transparencia: la comunicación entre las partes y el mediador familiar ha de estar regida por la mutua confianza entre ellos y la claridad y veracidad en el intercambio de información, a través de un procedimiento que facilite el diálogo y la participación.

e) Imparcialidad: el interés que se pretende proteger es el equilibrio entre las partes y la igualdad de oportunidades entre ellas, fundamentado en una actuación del mediador familiar completamente equitativa.

f) Neutralidad: las partes deben llegar a un acuerdo de manera independiente y consensuada, sin que el mediador familiar pueda imponer soluciones o medidas concretas, ni influir en las decisiones de las partes en conflicto.

g) Flexibilidad: la mediación no está sujeta a formas concretas de procedimiento sino que, al contrario, impregna su espíritu la ausencia de formalismos, lo que facilitará la consecución de acuerdos, sin perjuicio del respeto a las normas mínimas exigidas en la presente ley.

h) Carácter personalísimo: es obligado para las partes acudir personalmente a las sesiones, sin que puedan celebrarse a través de representantes o intermediarios.

i) Buena fe: el principio de buena fe entre los participantes fundamenta por completo el proceso de mediación.

Artículo 8.-El mediador familiar.

1. El mediador familiar deberá poseer una titulación universitaria y acreditar la formación específica en mediación, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

2. La homologación de entidades susceptibles de impartir la formación en mediación familiar a que se refiere el apartado anterior, así como la aprobación de los correspondientes programas docentes, corresponderán al departamento competente en mediación familiar del Gobierno de Aragón.

3. El mediador familiar deberá figurar inscrito en el Registro de Mediadores Familiares de Aragón. Además, tendrá que colegiarse en el correspondiente colegio profesional, excepto que se trate de un empleado público al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma que ejerza las funciones de mediador familiar en el desempeño de su puesto de trabajo.

Artículo 9.-Derechos del mediador familiar.

El mediador familiar tiene los siguientes derechos:

a) Rechazar las solicitudes de mediación cuando, por causas razonadas, se presuma que no van a alcanzarse los fines perseguidos por ésta.

b) Dar por finalizada la mediación cuando existan motivos que demuestren la ineficacia del procedimiento.

c) Actuar con independencia y libertad en el ejercicio de sus funciones.

d) Solicitar la asistencia de técnicos y colaboradores cuando su presencia sea indispensable para garantizar los objetivos de la mediación.

e) Recibir de las partes los antecedentes administrativos y judiciales que se consideren necesarios para el buen desarrollo del procedimiento.

f) Percibir los honorarios que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 10.-Deberes del mediador familiar.

El mediador familiar tiene los siguientes deberes:

a) Intervenir en los procedimientos de mediación que le sean derivados desde el departamento competente en mediación familiar del Gobierno de Aragón en los términos que señala la presente ley.

b) Facilitar la comunicación y la consecución de acuerdos y compromisos entre las partes.

c) Cumplir con las normas deontológicas que se establezcan por su colegio o asociación profesional.

d) Garantizar una imparcialidad y neutralidad absolutas.

e) Mantener la confidencialidad necesaria sobre la información obtenida durante el procedimiento de mediación, excepto si comporta amenaza para la vida o integridad física o psíquica de una persona.

f) Salvaguardar sobre todo el interés superior de los menores de edad y atender a las especiales circunstancias de las personas con discapacidad o aquellas en situación de dependencia.

g) Abstenerse de intervenir cuando exista, con cualquiera de las partes, relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o se tenga o se haya tenido algún tipo de relación personal, afectiva o profesional que menoscabe el ejercicio de sus funciones.

h) Informar a las partes sobre el coste o gratuidad, en su caso, del servicio de mediación.

i) Denunciar ante las autoridades administrativas o judiciales los casos en que pueda apreciarse que, por alguna de las partes, se esté cometiendo cualquier actuación ilícita.

j) Abstenerse de intervenir cuando tenga intereses económicos, patrimoniales o personales en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudieran influir los resultados de la mediación.

k) Redactar, firmar y entregar a las partes el documento de aceptación, las actas y los justificantes de la celebración y asistencia a las reuniones.

Artículo 11.-Responsabilidad del mediador familiar.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley, siempre que comporte una actuación u omisión constitutiva de alguna de las infracciones administrativas previstas en su Capítulo V, dará lugar a la imposición de las sanciones correspondientes, previa tramitación del oportuno procedimiento.

Artículo 12.-Momento para plantear la mediación familiar.

El proceso de la mediación podrá plantearse:

a) Antes de iniciar cualquier actuación judicial.

b) Durante el desarrollo de cualquier actuación judicial, momento en el cual el proceso judicial podrá quedar suspendido.

c) Después de haber finalizado el proceso judicial.

Artículo 13.-Inicio de la mediación familiar.

1. La mediación podrá iniciarse:

a) Por solicitud escrita de ambas partes.

b) A iniciativa de una de las partes. En este supuesto, la otra parte deberá manifestar su aceptación dentro del plazo de quince días hábiles desde que se la haya citado a tal efecto.

c) A instancia de la Autoridad Judicial.

2. No podrá llevarse a cabo una nueva mediación sobre el mismo objeto hasta que no transcurra el plazo de un año desde que la anterior fue intentada, salvo que hubiera concluido sin acuerdos o que la Autoridad Judicial determine que deba practicarse de nuevo por concurrir especiales circunstancias familiares que así lo aconsejen.

3. En ningún caso cabrá acudir a la mediación familiar cuando se esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de la otra parte o de los hijos o hijas, y se haya dictado resolución judicial motivada en la que se constaten indicios fundados y racionales de criminalidad. Tampoco procederá cuando por la Autoridad Judicial se advierta la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género.

Artículo 14.-Especialidades de la iniciación de la mediación familiar por la Autoridad Judicial.

1. En los procesos de nulidad, separación o divorcio y en los que versen sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores a que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Civil, la competencia para la organización y funcionamiento de la iniciación de las actuaciones de mediación intrajudiciales en Juzgados y Tribunales reguladas en este artículo corresponderá al departamento con competencia en la Administración de Justicia.

2. En el supuesto del apartado anterior, en caso de presentación de demanda judicial, el Juez podrá, a los efectos de facilitar un acuerdo entre las partes, proponerles una solución de mediación. Asimismo, el Juez podrá acordar la asistencia de las partes a una sesión informativa sobre la mediación familiar si, atendiendo las circunstancias concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo.

3. La sesión consistirá en una reunión de las partes con un técnico especializado dependiente del departamento competente en materia de Justicia, que les informará sobre las ventajas que supone la figura de la mediación familiar, especialmente para los hijos menores de edad, así como del procedimiento y características del proceso de mediación.

4. Las partes podrán acudir a la sesión informativa previa asistidas por sus respectivos abogados.

5. Celebrada la sesión informativa, las partes podrán solicitar al Juez la suspensión del procedimiento, que será acordada por el Secretario Judicial con arreglo a la norma procesal civil, por el tiempo necesario para someterse a mediación familiar. El procedimiento judicial se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes o en caso de alcanzarse un acuerdo en la mediación.

6. Si las partes acuerdan someterse a mediación familiar, ésta se realizará siguiendo el procedimiento establecido en los artículos siguientes para la mediación extrajudicial, realizándose las actuaciones procedentes en coordinación con el técnico especializado dependiente del departamento competente en materia de Justicia.

Artículo 15.-Designación del mediador familiar.

1. El mediador familiar será designado, en los términos que se determinen reglamentariamente, por el departamento competente en mediación familiar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón entre las personas que figuren inscritas en el Registro de Mediadores Familiares de Aragón.

2. El ejercicio de la intervención regulado en el artículo 5.2.g) de esta ley será realizado por el órgano competente en protección de menores.

Artículo 16.-Reunión inicial.

1. El mediador familiar convocará a las partes a una primera reunión en la que les explicará, de manera comprensible, el procedimiento, los principios y los efectos de la mediación familiar, así como el coste o gratuidad del servicio.

2. En la reunión inicial, el mediador familiar y las partes deberán acordar las cuestiones que tienen que examinarse y planificar el desarrollo de las sesiones que puedan ser necesarias.

3. De la reunión inicial se expedirá un acta, en la cual se expresará el lugar y la fecha de inicio, la identificación de las partes y del mediador familiar y los datos más relevantes relacionados con el proceso de mediación.

4. El acta será firmada por las partes y el mediador familiar, entregándose un ejemplar a cada una de ellas. Cuando la mediación se haya iniciado por indicación de la Autoridad Judicial, el mediador familiar le hará llegar a ésta una copia del acta inicial de la intervención en el plazo máximo de cinco días hábiles.

Artículo 17.-Funciones del mediador familiar.

Durante el proceso de mediación, el mediador familiar debe desempeñar las siguientes funciones:

a) Restablecer la comunicación entre las partes en conflicto, posibilitando cualquier tipo de intercambio constructivo que conduzca a resoluciones consensuadas.

b) Procurar un compromiso de acción posterior que permita llevar a la práctica los acuerdos alcanzados, con especial significación de los que se refieran a su responsabilidad coparental.

c) Facilitar los mecanismos adecuados que establezcan una función preventiva ante el conflicto en gestación, recortando en lo posible los daños emocionales producidos entre los miembros de la unidad familiar, con especial atención a los menores.

Artículo 18.-Duración de la mediación familiar.

1. La duración de la mediación estará en función de las características del proceso y de su evolución sin que, en principio, pueda exceder de sesenta días, a contar desde la reunión inicial. Mediante propuesta razonada del mediador familiar, se podrá acordar una prórroga de la misma por el tiempo necesario para conseguir los fines de este procedimiento.

2. El mediador familiar podrá interrumpir el procedimiento o dar por finalizada la mediación cuando se observen indicios que permitan concluir que el proceso de mediación no está consiguiendo los fines previstos en esta ley.

3. En el supuesto de iniciación por la Autoridad Judicial, la duración no podrá exceder del plazo de suspensión del procedimiento acordado judicialmente o previsto en la legislación procesal.

Artículo 19.-Final de la mediación familiar.

1. La finalización del procedimiento de mediación se producirá cuando las partes alcancen un acuerdo total o parcial, cuando cualquiera de ellas desista de la mediación o cuando así lo decida razonadamente la persona mediadora por concurrir alguno de los siguientes supuestos:

a) Falta de colaboración de alguna de las partes.

b) Incumplimiento por alguna de las partes de las condiciones establecidas.

c) Inasistencia no justificada de alguna de las partes.

d) Cuando considere que el procedimiento no conseguirá los objetivos de la mediación.

2. Las actuaciones finalizarán con un acta en la que se harán constar los siguientes extremos:

a) Lugar, fecha de comienzo y finalización de la mediación y número de sesiones.

b) Identificación de las partes, del mediador familiar y de aquellas otras que hayan podido intervenir en el procedimiento.

c) Síntesis del conflicto y acuerdos alcanzados.

d) Imposibilidad, en su caso, de alcanzar acuerdos.

e) Otras observaciones y circunstancias que se estimen convenientes.

3. Del acta final se entregará un ejemplar a cada una de las partes. Cuando la mediación se haya iniciado por indicación de la Autoridad Judicial, el mediador familiar le hará llegar a ésta una copia del acta final de la intervención en el plazo máximo de cinco días hábiles.

Artículo 20.-Ratificación judicial de los acuerdos.

1. Los acuerdos entre los progenitores obtenidos en la mediación familiar, cuando se refieran a rupturas de la convivencia de los padres, deberán ser aprobados por el Juez, en los términos que, para el pacto de relaciones familiares, establece el artículo 3 Vínculo a legislación de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.

2. Tratándose de acuerdos sobre materias distintas, las partes podrán elevarlos a escritura pública o solicitar la homologación judicial de los mismos por el tribunal que conociere del litigio al que se pretende poner fin.

Artículo 21.-Órgano competente en materia de mediación familiar.

1. El departamento del Gobierno de Aragón responsable del servicio de mediación familiar será aquel que tenga atribuidas las competencias en mediación familiar, sin perjuicio de las que correspondan al departamento que tenga a su cargo la Administración de Justicia.

2. Los colegios profesionales podrán colaborar en la consecución de los objetivos de esta ley en las condiciones que se determinen.

Artículo 22.-Funciones del departamento competente en mediación familiar del Gobierno de Aragón.

Corresponden al departamento competente en mediación familiar del Gobierno de Aragón, sin perjuicio de las que correspondan al departamento que tenga a su cargo la Administración de Justicia, las siguientes funciones:

a) Regular y evaluar el procedimiento y las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de la mediación familiar.

b) Gestionar el Registro de Mediadores Familiares de Aragón.

c) Establecer las retribuciones de las personas mediadoras que presten sus servicios a través del Registro de Mediadores Familiares de Aragón.

d) Adjudicar los casos de mediación a las personas inscritas en el Registro de Mediadores Familiares de Aragón.

e) Homologar a las entidades autorizadas para impartir la formación necesaria para el desempeño de las funciones de mediador familiar.

f) Promover y difundir la figura de la mediación en el ámbito familiar.

g) Fomentar la colaboración con colegios profesionales, asociaciones sin ánimo de lucro, corporaciones locales y otras entidades públicas para facilitar el desarrollo de la mediación familiar.

h) Elaborar conjuntamente con el departamento competente en materia de Administración de Justicia una memoria anual sobre los resultados de la aplicación de la mediación familiar en Aragón.

Artículo 23.-Registro de Mediadores Familiares de Aragón.

1. Se crea el Registro de Mediadores Familiares de Aragón, adscrito al departamento competente en mediación familiar. Reglamentariamente se establecerá su sistema de organización y funcionamiento.

2. El servicio de mediación familiar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se prestará por los profesionales inscritos en el Registro de Mediadores Familiares de Aragón.

3. El personal técnico en mediación familiar al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón atenderá los casos, situaciones y supuestos que se determinen.

Artículo 24.-Coste de la mediación familiar.

1. El servicio de mediación será gratuito en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que, en atención a la concurrencia de especiales circunstancias económicas o sociales de los interesados, así lo determine el departamento competente en mediación familiar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

b) En el supuesto de iniciación de la mediación por la Autoridad Judicial, los solicitantes deberán tener reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita conforme a su normativa reguladora.

2. En cualquier otro supuesto, el servicio será abonado por los interesados según las tarifas que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 25.-Definición y tipos de infracciones.

1. Se consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas por la presente ley que sean imputables a la persona mediadora en el ejercicio de las funciones de mediación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que pueda incurrir.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy graves.

Artículo 26.-Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves:

a) No comunicar al Registro de Mediadores Familiares de Aragón la información correspondiente en la forma que se determine reglamentariamente.

b) No informar a las partes, con carácter previo al inicio del proceso, sobre el coste de la mediación en los supuestos de no gratuidad.

c) No entregar a las partes una copia de las actas inicial y final.

d) Incumplir cualquier deber de los señalados en el artículo 10 de la presente ley, cuando dicho incumplimiento no esté calificado como infracción grave o muy grave.

Artículo 27.-Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves:

a) Rechazar la iniciación o abandonar la función mediadora iniciada, cuando no concurra causa justificada.

b) Incumplir el deber de abstenerse de intervenir cuando concurra causa de abstención.

c) Incurrir en grave falta de respeto hacia las partes sometidas a mediación.

d) Excederse, sin causa justificada, del plazo fijado en el artículo 18 de la presente ley para el desarrollo del proceso de mediación.

e) Cometer la tercera falta leve en el término de un año.

f) No dar respuesta a las quejas o reclamaciones debidamente presentadas.

Artículo 28.-Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones muy graves:

a) Cobrar compensaciones económicas u honorarios o gastos por la actividad mediadora en aquellos supuestos en que las partes tengan reconocida la gratuidad de la misma.

b) Ejecutar actos que supongan una discriminación por razón de sexo, raza, religión, lengua, lugar de nacimiento o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de las partes sometidas a mediación.

c) Abandonar la función mediadora sin causa justificada, si además comporta un grave perjuicio para las personas menores implicadas en el proceso y las personas dependientes.

d) Incumplir el deber de confidencialidad y secreto profesional.

e) Incumplir los deberes de neutralidad e imparcialidad regulados en esta ley.

f) Adoptar acuerdos manifiestamente contrarios a Derecho que causen perjuicio grave a las partes sometidas a la mediación.

g) Cometer una infracción, cualquiera que sea, cuando el autor haya sido sancionado por resolución firme por la comisión de dos faltas graves en el término de un año.

h) Participar en procedimientos de mediación estando suspendido para ello o ejercer la mediación familiar prevista en la presente ley sin estar inscrito en el Registro de Mediadores Familiares de Aragón.

i) Comenzar o proseguir la mediación en aquellos supuestos expresamente excluidos en el artículo 13.3 de la presente ley.

Artículo 29.-Prescripción de las infracciones.

Las infracciones contempladas en la presente ley prescribirán a los seis meses si son leves, al año si son graves y a los dos años si son muy graves.

Artículo 30.-Sanciones.

1. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con:

a) Apercibimiento o amonestación por escrito.

b) Multa de hasta 300 euros.

2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con:

a) Suspensión temporal para ejercer como persona mediadora por un período de entre tres meses y un año.

b) Multa desde 301 hasta 6.000 euros.

3. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con:

a) Suspensión temporal para ejercer como persona mediadora por un período de entre un año y un día y tres años.

b) Multa desde 6.001 hasta 15.000 euros.

Artículo 31.-Graduación.

Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

a) La gravedad del perjuicio psíquico, moral o económico ocasionado a las partes del procedimiento de mediación, cuando no se haya tenido en cuenta para tipificar la infracción.

b) El grado de intencionalidad o negligencia en la acción u omisión.

c) El beneficio económico obtenido por la persona infractora, de forma que la sanción que se le imponga no sea inferior al beneficio obtenido con la comisión de la infracción.

d) La trascendencia social de la infracción.

e) La reincidencia o reiteración cuando no se haya tenido en cuenta para tipificar la infracción. Se entenderá que existe reincidencia cuando se haya cometido, en el término de un año, más de una infracción de la misma naturaleza, declarado así por resolución firme en vía administrativa.

f) El incumplimiento de advertencias o requerimientos previos por la Administración.

g) La gravedad del riesgo o peligro creado para las partes o personas implicadas en el procedimiento.

Artículo 32.-Órgano competente.

La competencia para la imposición de las sanciones previstas en la presente ley corresponderá, en caso de faltas leves, al director general competente en mediación familiar y, en caso de faltas graves y muy graves, al consejero competente en dicha materia.

Artículo 33.-Prescripción de las sanciones.

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.

Artículo 34.-Procedimiento sancionador.

La tramitación de los expedientes sancionadores derivados de la comisión de infracciones previstas en la presente ley se ajustará al procedimiento general establecido para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Disposición adicional primera.-Difusión de información sobre el servicio de mediación familiar.

Por parte de los departamentos competentes en materia de mediación familiar y de Administración de Justicia se realizarán las actuaciones oportunas para difundir la información sobre el servicio de mediación familiar por todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

Disposición adicional segunda.-Términos genéricos.

Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado de la presente ley se entenderán referidas también a sus correspondientes en femenino.

Disposición transitoria única.-Designación de mediadores familiares.

Mientras no esté en funcionamiento el Registro de Mediadores Familiares de Aragón, las mediaciones de carácter gratuito a que se hace referencia en la presente ley se efectuarán por el servicio de mediación que gestiona la Dirección General de Familia.

Disposición final primera.-Desarrollo reglamentario.

Se autoriza al departamento competente en mediación familiar a aprobar las órdenes de desarrollo de la presente ley que sean necesarias para su correcta aplicación.

Disposición final segunda.-Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
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abril 09, 2011

CONFLICTO PORQUE QUINCEAÑEARA NO QUERIA BAILAR CON SU PADRE SINO CON SU PADRASTRO

Categoría: 1MEDIACION EN ARGENTINA — gcornejo @ 10:18 — Visto: 205 veces
CONFLICTO PORQUE QUINCEAÑEARA NO QUERIA BAILAR CON SU PADRE SINO CON SU PADRASTRO

Batallas barriales que se solucionan dialogando

Viernes 8 de Abril de 2011 | Acostumbrados a las peleas y a las denuncias policiales, hay vecinos que redescubren el valor de los acuerdos gracias a la mediación. Un equipo de profesionales recorre las calles con una misión: interceder para que los conflictos se solucionen. Un vals controversial, ovnis en el techo y ruidos molestos

En Ciudad Oculta (Villa 9 de Julio) no había nadie oculto ese día. Una de las adolescentes de ese barrio lleno de carencias festejaba sus 15 años; era un hecho importante para un vecindario en el que hay chicos que no saben qué es un cumpleaños. Pero la fiesta estaba demorada: la agasajada quería bailar el vals con su padrastro (está en pareja con su mamá desde que ella tenía tres años) y no con su padre. Su progenitor, en cambio, exigía que ella bailara sólo con él. Aunque parezca inverosímil, el conflicto fue resuelto por abogados. Ellos, apelando al diálogo, convencieron a la chica de que danzara con los dos, y a su papá, de que fuera más flexible. Así, Ciudad Oculta tuvo su fiesta.

¿Por qué se pelean los vecinos? En cuanto escuchan la pregunta, aquellos que suelen mediar en los conflictos barriales exclaman "¡uff!". Según ellos, el diálogo es un valor que está desapareciendo e, infinidad de veces, las personas recurren a las comisarías para resolver un inconveniente tan sencillo como que el perro del vecino ladre durante la siesta.

El abogado Fernando Alberti y el estudiante de Derecho Francisco Silva recorren todas las semanas un vecindario distinto de la ciudad. Ellos acompañan el trailer sanitario del programa "El municipio en los barrios" y su función es brindarles asesoramiento legal a los vecinos. La anécdota del cumpleaños de 15 les pertenece y tienen muchas más. Alberti relata algunas en la esquina de Maipú y Colombia, junto al trailer.

"Hace algunas semanas, en el barrio Seoc III, un hombre denunció en la comisaría a otro porque su pared se estaba llenando de humedad. Resulta que el denunciado estaba haciendo una obra y había amontonado tierra sobre la medianera. El enojo era tal que ni siquiera se hablaban. Finalmente convencimos a uno de que pusiera la tierra en otra parte y al otro de que levantara la denuncia. Al final, entre los dos terminaron trasladando la tierra", apunta Alberti.

Ovnis ruidosos

Trabaja como mediadora desde 1996, pero, a pesar de que escuchó de todo, hay dos situaciones que a Viviana Grossman (jefa del Servicio de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo) se le vienen inmediatamente a la cabeza. La primera: una mujer denunció que los ruidos molestos que hacían los ovnis que aterrizaban en su casa no la dejaban dormir y les pidió que intervengan para que pudiera descansar. En realidad, el ruidoso era su vecino. Tras la intervención del equipo de mediadores, el hombre accedió a ser un poco más silencioso y ella no se volvió a quejar, convencida de que los extraterrestres habían decidido respetar su sueño.

La segunda: "hace poco tuvimos un caso especial: una mujer denunció a su vecino porque hacía mucho ruido cuando se levantaba temprano por la mañana. Evidentemente, las paredes que separaban los dúplex no aislaban los ruidos, porque ella había logrado grabar los sonidos que la molestaban: los placares al abrirse, la ducha... Luego de tres audiencias -un proceso bastante largo para el promedio de las mediaciones- llegaron a un acuerdo: él accedió a ponerles topes a las puertas y a sacar la ropa del placard la noche anterior para no tener que abrirlo y cerrarlo", recuerda.

De acuerdo con las estadísticas del servicio que dirige Grossman, la mayor parte de las quejas son por cuestiones de medianeras, de humedad y por ruidos molestos. La Policía coincide con ella. Pero hay otras situaciones que si bien no llegan a una denuncia o a una mediación, reflejan lo que la abogada Sara Laura Martínez (mediadora del Registro del Poder Judicial) califica como falta de interés por los derechos del otro. "Hay un hombre que va al banco con un bastón; obviamente le dan prioridad -relata-. Un día me contó, entre risas, que él nunca usa bastón y que vive frente al banco; lo hace sólo para no tener que esperar en la cola".

FUENTE: LA GACETA ARGENTINA
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abril 09, 2011

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes cuenta con un servicio de mediación familiar

Categoría: 1MEDIACION EN ESPAÑA — gcornejo @ 10:14 — Visto: 183 veces
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes cuenta con un servicio de mediación familiar

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes cuenta con un servicio de mediación familiar cuyo fin es resolver los conflictos familiares y de pareja, basándose en el diálogo y la comunicación. Un profesional experto en mediación ayuda a que las familias y las parejas lleguen a acuerdos, logrando soluciones adecuadas a los conflictos. Este servicio es gratuito.

“Se trata de crear un espacio de diálogo y entendimiento, en el que el prime el respeto”, explica la concejala de Servicios Sociales, María Luisa Suárez. “Es importante destacar que el Servicio de Mediación Familiar no consiste en asesoramiento legal o psicológico, sino una manera de llegar a acuerdos, aprendiendo a conocer la realidad, descubriendo en uno nuevas capacidades”, afirma la concejala.

FUENTE: NOTICIAS DE MADRID ESPAÑA
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abril 09, 2011

La Ley de Mediación permitirá solventar conflictos sin llegar al juez

Categoría: 1MEDIACION EN ESPAÑA — gcornejo @ 10:13 — Visto: 209 veces
La Ley de Mediación permitirá solventar conflictos sin llegar al juez

EFE
Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Mediación, que ahora se enviará al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria, y con el que se permitirá a los ciudadanos llegar a acuerdos extrajudiciales para solucionar sus diferencias sin necesidad de acudir a un juez.

Así lo ha anunciado tras el Consejo de Ministros el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha destacado que el principal fin de esta ley es reducir la carga de trabajo de los tribunales mercantiles y civiles, que al año reciben alrededor de 500.000 asuntos.

La iniciativa, aprobada por el Ejecutivo a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, está enmarcada en el Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012 y se establece para asuntos civiles y mercantiles en conflictos nacionales o transfronterizos, y excluye expresamente la mediación laboral, penal y en materia de consumo.

Los acuerdos extrajudiciales son muy conocidos en otros países europeos y en el ámbito anglosajón, ha subrayado el ministro, que ha añadido que se trata de "un proceso de agilización muy importante en el capítulo de modernización de la justicia".

Someterse a la mediación será voluntario, excepto en los procesos de reclamación de cantidad inferiores a 6.000 euros, en los que se exigirá el inicio de la mediación, al menos, mediante la asistencia a la sesión informativa gratuita como requisito previo para acudir a los tribunales.

Asimismo, nadie estará obligado a concluir un acuerdo ni a mantenerse en el procedimiento de mediación, pero la solicitud de inicio de la mediación interrumpe la prescripción o caducidad de acciones judiciales.

El procedimiento garantiza la confidencialidad y la imparcialidad del mediador entre las partes, sin que éste pueda imponer solución o medida concreta alguna, y se fija un plazo máximo para la mediación de dos meses, prorrogable por otro más.

El proyecto establece también que la configuración del acuerdo de mediación será un título ejecutivo equiparable a los laudos arbitrales y a tal fin introduce en la Ley de Enjuiciamiento Civil las reformas precisas.

Respecto al mediador y para garantizar su profesionalidad, la ley regula un estatuto mínimo para su figura, en el que se contempla que debe tener un seguro de responsabilidad civil, y estar inscrito en un registro público y de información gratuita para los ciudadanos.

El estatuto recogerá los derechos y deberes de los mediadores y el de los servicios e instituciones de mediación, que igualmente deberán inscribirse en el registro.

Además, la ley permitirá el desarrollo de la mediación a través de medios electrónicos, siempre que se garantice la identidad de los intervinientes y el respecto a los principios de mediación.

Fuente: ADN ESPAÑA
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abril 09, 2011

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles para aligerar el trabajo de los tribunales

Categoría: 1MEDIACION EN ESPAÑA — gcornejo @ 10:07 — Visto: 197 veces

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles para aligerar el trabajo de los tribunales

Nota de prensa

Consejo de Ministros


GABINETE DE COMUNICACIÓN MINISTERIO DE JUSTICIA
CORREO ELECTRÓNICO
prensa@mjusticia.es

www.mjusticia.es
SAN BERNARDO, 45
28071 - MADRID
TEL: 91 390 22 47
FAX: 91 390 22 44





▪ La iniciativa, enmarcada en el Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012, contribuirá a la solución de conflictos en el ámbito extrajudicial y reducirá la carga de trabajo de los tribunales al
permitir a los ciudadanos solucionar sus diferencias sin necesidad de acudir al juez 8 de abril de 2011. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el proyecto de ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.

La iniciativa, que se enmarca en el Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012, representa un
importante impulso normativo para aliviar de carga de trabajo a juzgados y tribunales mediante la resolución de este tipo de conflictos en el ámbito extrajudicial. Por tanto, los ciudadanos podrán resolver sus diferencias sin necesidad de acudir a un juicio.

Circunscrita al ámbito de competencias del Estado, la Ley de Mediación articulará un marco mínimo para el ejercicio de la mediación sin perjuicio de las disposiciones aprobadas por las Comunidades Autónomas.

Asimismo, el proyecto viene a incorporar al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación transfronteriza en asuntos civiles y mercantiles.

Principales características de la Ley de Mediación
■ Se establece para asuntos civiles y mercantiles en conflictos nacionales
o transfronterizos. Se excluyen expresamente la mediación laboral, penal
y en materia de consumo.

■ Las instituciones y servicios de mediación establecidas o reconocidas
por las diversas administraciones podrán asumir las funciones de
mediación, dando continuidad a la tarea que ya vienen desempeñando.

■ Someterse a la mediación será voluntario, excepto en los procesos de
reclamación de cantidad inferiores a 6.000 euros, en los que se exigirá el
inicio de la mediación, al menos, mediante la asistencia a la sesión
informativa gratuita, como requisito previo para acudir a los tribunales.

■ Nadie estará obligado a concluir un acuerdo ni a mantenerse en el
procedimiento de mediación.

■ La solicitud de inicio de la mediación interrumpe la prescripción o
caducidad de acciones judiciales.

■ El procedimiento garantiza la confidencialidad y la imparcialidad del
mediador entre las partes, sin que éste pueda imponer solución o medida
concreta alguna.

■ Se fija un plazo máximo para la mediación de dos meses, prorrogable
por otro más.

■ El proyecto establece la configuración del acuerdo de mediación como
un título ejecutivo equiparable a los laudos arbitrales y a tal fin introduce
en la Ley de Enjuiciamiento Civil las reformas precisas.
Estatuto del mediador

Para dar garantías de profesionalidad y calidad a la actividad, se regula
un estatuto mínimo del mediador, con las siguientes condiciones para
ejercer como tal:

■ Tener un seguro de responsabilidad civil.

■ Estar inscrito en un registro público y de información gratuita para los
ciudadanos.

Se regulan también los derechos y deberes de los mediadores y el de los
servicios e instituciones de mediación, que igualmente deberán inscribirse
en el registro.

La ley permitirá también el desarrollo de la mediación a través de medios
electrónicos, siempre que se garantice la identidad de los intervinientes y
el respecto a los principios de mediación.
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abril 08, 2011

Decreto de Urgencia Nº 061-2010 Determinan los alcances de la Ley Nº 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor

Categoría: DERECHO DEL CONSUMIDOR — gcornejo @ 03:28 — Visto: 442 veces
Decreto de Urgencia Nº 061-2010 Determinan los alcances de la Ley Nº 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor


Determinan los alcances de la Ley Nº 29571 Código de Protección y Defensa del

Consumidor

DECRETO DE URGENCIA Nº 061-2010

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 65 de la Constitución Política del Perú, dispone que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios; para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado; asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población;

Que, en ese contexto resulta de interés nacional la adecuada protección y defensa de los consumidores, lo que representa un principio rector de la política social y económica del Estado.

Que, la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, contempla en el numeral 54.1 de su artículo 54 que en el caso de los contratos de consumo que celebren las empresas prestadoras de servicios públicos, que se encuentren sujetos o no a regulación económica, la aprobación administrativa de las cláusulas generales de contratación están a cargo del organismo regulador competente, conforme a la ley de la materia y a las disposiciones que se emitan para dicho efecto;

Que, el numeral 66.7 del artículo 66 de la citada Ley, señala que los consumidores del servicio de transporte nacional en cualquier modalidad, pueden endosar o transferir la titularidad del servicio adquirido, a favor de otro consumidor plenamente identificado o postergar la realización del servicio en las mismas condiciones pactadas, pudiendo ser considerado como parte de pago según lo pactado, debiendo comunicar ello de manera previa y fehaciente al proveedor del servicio con una anticipación no menor a veinticuatro (24) horas de la fecha y hora prevista para la prestación del servicio, asumiendo los gastos únicamente relacionados con la emisión del nuevo boleto, los cuales no deben ser superiores al costo efectivo de dicha emisión;

Que, en consecuencia resulta necesario establecer el marco de aplicación de dichas disposiciones, considerando la libertad contractual y la defensa del proceso competitivo que implica una economía social de mercado, en concordancia con lo establecido por el artículo 65 de la Constitución Política del Perú;

Que, respecto a la aprobación administrativa de cláusulas generales de contratación, previstas en el numeral 54.1 del artículo 54 de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, corresponde precisar que ello será exigible respecto a los contratos de consumo celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos sujetos a regulación económica, teniendo en cuenta que los Organismos Supervisores carecen de competencias en el caso de servicios no regulados, en los que las relaciones comerciales deben regirse por las reglas de la oferta y la demanda;

Que, respecto del numeral 66.7 del artículo 66 de la citada Ley cabe señalar que en el mercado del transporte, el establecimiento de tarifas económicas y/o promocionales, ha tenido éxito respecto del incremento de las ventas de pasajes nacionales; este logro depende del hecho de que los pasajes adquiridos a dichas tarifas mantengan como términos para su venta las condiciones de: i) no ser transferibles y ii) no estar sujetos a cambios de fecha;

Que, la libre transferencia de la titularidad de los pasajes ofrecidos a tarifas económicas y/o promocionales, constituye un incentivo para que determinados agentes económicos o personas inescrupulosas, efectúen la compra indiscriminada de este tipo de pasajes, con la única finalidad de lucrar con la reventa de los mismos, encareciéndose así el costo real pagado por el usuario; asimismo, la transferencia de la titularidad de los pasajes ocasionaría informalidad en el servicio de transporte, en razón de que existe la posibilidad de que un tercero ajeno a la relación contractual incremente los precios de los pasajes obteniendo para el mismo una ganancia económica en desmedro de los usuarios, de las empresas de transporte y del Estado, sin asumir responsabilidades frente a los usuarios por los problemas presentados durante la prestación del servicio;

Que, liberar la venta de pasajes adquiridos a tarifas económicas y/o promocionales, podrá generar incertidumbre a las empresas de transportes sobre la cantidad de asientos ocupados por fecha, esta situación limitaría la posibilidad de que las mismas, puedan colocar más asientos a tarifas promocionales, mientras no se confirme la utilización de los asientos vendidos; esta situación juega en contra de los intereses de los consumidores finales, a quienes la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, pretende proteger;

Que, la existencia de cambios de fecha en los pasajes adquiridos a tarifas económicas y/o promocionales, ocasionaría la posibilidad de que los pasajes vendidos en temporada baja, puedan salir con un menor índice de ocupabilidad, ante esta posibilidad, las empresas de transporte se verían presionadas a elevar sus precios a fin de compensar cualquier riesgo de pérdida por los asientos no vendidos y, en consecuencia, desaparecerían las tarifas promocionales afectando significativamente la evolución positiva que ha tenido el tráfico aéreo en los últimos años;

Que, la situación generada por las disposiciones antes aludidas no se condice con la finalidad del Código de Consumo pues de un lado, se afectaría de manera indebida la actuación del libre mercado, y del otro, dicha situación podría comprender el incremento de las tarifas de transporte aéreo, carga que precisamente afectaría a los consumidores.

Que, corresponde al Estado promover la competitividad y dinamismo de los distintos sectores claves de la economía, siendo el transporte de pasajeros un mercado de especial

relevancia a nivel nacional, por generar beneficios directos a los consumidores y usuarios; así como, en general, a la actividad empresarial en el país; y, en particular, a la prestación de servicios relacionados con el turismo, con la consiguiente generación de empleo en ese sector y el crecimiento de la economía, así como emitir las medidas necesarias para precisar el alcance de los derechos de endoso, transferencia y postergación contemplados en el numeral 7 del artículo 66, de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor;

Que, en tal sentido resulta necesario dictar medidas extraordinarias, enmarcadas en los criterios constitucionales establecidos, y que permitan alcanzar la finalidad del Código de Consumo de manera adecuada frente a la imprevisible situación originada por la fórmula legal del texto aprobado, determinándose en ese sentido criterios de aplicación respecto de las disposiciones antes aludidas que impidan consecuencias de imposible reparación ulterior y que a su vez, eviten el retraso de entrada en vigencia del cuerpo legal en mención.

En uso de las facultades conferidas por el numeral 19 del artículo 118 de la Constitución

Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Determina alcance del numeral 54.1 del artículo 54 de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor

El numeral 54.1 del artículo 54 de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del

Consumidor, está referido únicamente a los contratos de consumo celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos sujetos a regulación económica.

Artículo 2.- Determina alcance del numeral 66.7 del artículo 66 de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor

2.1 Los derechos de endoso, transferencia y postergación contemplados en el numeral

66.7 del artículo 66, de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, se ejercen siempre que sean parte de las condiciones pactadas con los consumidores.

2.2 Las empresas prestadoras de servicios de transporte nacional deben cumplir con informar previamente y de manera clara las condiciones para el ejercicio de los derechos de endoso, transferencia y postergación.

Artículo 3.- Refrendo

El presente Decreto de Urgencia será refrendado por el Presidente del Consejo de

Ministros, por la Ministra de Economía y Finanzas, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo y por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de setiembre del año dos mil diez.
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abril 08, 2011

SENTENCIA DEL TC; PASAJEROS TIENE DERECHO A ENDOSAR O POSTGERGAR SUS PASAJES AEREOS

Categoría: DERECHO AERONAUTICO — gcornejo @ 03:24 — Visto: 510 veces
SENTENCIA DEL TC; PASAJEROS TIENE DERECHO A ENDOSAR O POSTGERGAR SUS PASAJES AEREOS


EXP. N.° 00028-2010-PI/TC
LIMA
YONHY LESCANO ANCIETA
APODERADO DE CONGRESISTAS
DE LA REPÚBLICA


SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 4 días del mes de abril de 2011, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Mesía Ramírez, Álvarez Miranda, Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Proceso de inconstitucionalidad interpuesto por don Yonhy Lescano Ancieta y otros congresistas de la República, que en conjunto superan el veinticinco por ciento del número legal de congresistas, contra el Decreto de Urgencia Nº 061-2010, emitido por el Poder Ejecutivo y publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de septiembre de 2010, que determina los alcances del numeral 54.1 del artículo 54º y del numeral 66.7 del artículo 66º de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

ANTECEDENTES

Argumentos de la demanda

Con fecha 15 de octubre de 2010, don Yonhy Lescano Ancieta y otros congresistas, que en conjunto superan el veinticinco por ciento del número legal de congresistas, demandan la inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia Nº 061-2010, que determina los alcances del numeral 54.1 del artículo 54º y del numeral 66.7 del artículo 66º de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, por considerar que vulnera el inciso 19 del artículo 118º de la Constitución; así como el inciso 1) del artículo 102º, sobre la atribución del Congreso de dar leyes; el artículo 65º que establece el deber del Estado de defender el interés de los consumidores y usuarios; entre otras disposiciones constitucionales.

Señalan los demandantes que el Presidente de la República promulgó el 1 de septiembre de 2010 el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que fue publicado al día siguiente en el diario oficial “El Peruano”. Sin embargo, tres días después (el 5 de septiembre de 2010) fue publicado en “El Peruano” el Decreto de Urgencia materia del presente proceso de inconstitucionalidad, que, bajo la apariencia de determinar los alcances de los numerales 54.1 del artículo 54º y del numeral 66.7 del artículo 66º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, dispone en realidad la inconstitucional modificación de dicho Código.

Citan al respecto los demandantes las referidas disposiciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor:

“Artículo 54.- Aprobación de cláusulas generales de contratación
54.1 En el caso de los contratos de consumo celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos, sujetos o no a regulación económica, la aprobación administrativa de las cláusulas generales de contratación está a cargo del organismo regulador competente, conforme a la ley de la materia y a las disposiciones que emita para dicho efecto”.

“Artículo 66.- Garantía de protección a los usuarios de servicios públicos regulados
66.7 Los consumidores del servicio de transporte nacional en cualquier modalidad pueden endosar o transferir la titularidad del servicio adquirido a favor de otro consumidor plenamente identificado o postergar la realización del servicio en las mismas condiciones pactadas, pudiendo ser considerado como parte de pago según lo pactado, debiendo comunicar ello de manera previa y fehaciente al proveedor del servicio con una anticipación no menor a veinticuatro (24) horas de la fecha y hora prevista para la prestación del servicio, asumiendo los gastos únicamente relacionados con la emisión del nuevo boleto, los cuales no deben ser superiores al costo efectivo de dicha emisión”.

Por su parte, el Decreto de Urgencia Nº 061-2010, objeto de este proceso constitucional, modifica, a juicio de los demandantes, el citado Código, con los siguientes términos:

“Artículo 1.- Determina alcance del numeral 54.1 del artículo 54 de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor
El numeral 54.1 del artículo 54 de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, está referido únicamente a los contratos de consumo celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos sujetos a regulación económica.

Artículo 2.- Determina alcance del numeral 66.7 del artículo 66 de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor
2.1 Los derechos de endoso, transferencia y postergación contemplados en el numeral 66.7 del artículo 66, de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, se ejercen siempre que sean parte de las condiciones pactadas con los consumidores.
2.2 Las empresas prestadoras de servicios de transporte nacional deben cumplir con informar previamente y de manera clara las condiciones para el ejercicio de los derechos de endoso, transferencia y postergación”.

De esta forma, según los demandantes, el Decreto de Urgencia cuestionado ha realizado dos modificaciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, bajo el “eufemismo” de “determinación de alcances”: en el numeral 54.1 del artículo 54º, referido a la aprobación administrativa de cláusulas generales de contratación en contratos de consumo celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos; y en el numeral 66.7 del artículo 66º, referido a los derechos de endoso, transferencia y postergación de boletos en el servicio de transporte público de pasajeros de cualquier modalidad.

Así, mientras que el numeral 54.1 del artículo 54º del Código disponía que las cláusulas generales de las empresas prestadoras de servicios públicos fueran aprobadas en todos los casos por el organismo regulador competente, se trate de servicios sujetos o no a regulación económica, el Decreto de Urgencia cuestionado (artículo 1º) restringe tal aprobación únicamente a las empresas de servicios públicos sujetos a regulación económica, con lo cual modifica el Código en forma encubierta, restringiendo sus alcances y realizando un vaciamiento de su contenido jurídico.

Con relación a los derechos de endoso, transferencia y postergación, contemplados en el numeral 66.7 del artículo 66º del Código, el referido Decreto de Urgencia señala, en su artículo 2º, que estos derechos se “ejercen siempre que sean parte de las condiciones pactadas con los consumidores”, con lo cual en realidad anula la disposición del Código, pues no alcanzará a regir en el ordenamiento jurídico, por más que esté en vigencia, ya que será una disposición que las empresas prestadoras de servicios de transporte nacional nunca incorporarán en sus contratos de adhesión, pues ellos mismos los configuran e imponen al momento de contratar con los consumidores.

Alegan los demandantes que el citado Decreto de Urgencia fue expedido sin cumplir los supuestos habilitantes previstos en el inciso 19 del artículo 118° de la Constitución, dado que no existía una circunstancia extraordinaria, imprevisible y que ponga en peligro la economía nacional o las finanzas públicas.

A juicio de los demandantes, el camino correcto que el Poder Ejecutivo debió seguir para modificar el Código en los aspectos contenidos en el Decreto de Urgencia Nº 061-2010, era enviar al Congreso de la República un Proyecto de Ley en tal sentido, al amparo de los artículos 107º y 105º (parte final) de la Constitución. Asimismo, el Presidente de la República tiene la potestad de solicitar que el Congreso le conceda la facultad de legislar a través de Decreto Legislativo. Además, el Presidente de la República lejos de presentar observación alguna sobre el Código de Protección y Defensa del Consumidor, lo promulgó el 1 de septiembre de 2010.

También, los demandantes sustentan que el Decreto de Urgencia Nº 061-2010 no cumple con los criterios para el dictado de decretos de urgencia señalados en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0025-2008-PI/TC. Entre otros criterios, mencionan la transitoriedad, para indicar que el Decreto de Urgencia Nº 061-2010 no cumple con ello, pues su contenido normativo no es transitorio, sino por el contrario, tiene “vocación de permanencia en el ordenamiento jurídico, es decir presenta un ánimo de modificar inconstitucionalmente lo regulado por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, de manera permanente e indefinida”.

Argumentos de la contestación de la demanda

Con fecha 20 de diciembre de 2010, la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia contesta la demanda, solicitando que sea declarada infundada por los siguientes argumentos:

El establecimiento de las tarifas económicas y/o promocionales por parte de las aerolíneas, ha tenido éxito respecto del incremento de las ventas de pasajes aéreos nacionales y este logro depende del hecho de que los boletos aéreos adquiridos a tarifas económicas y/o promocionales mantengan como términos para su venta las condiciones de:

a. No transferibles, y
b. No estar sujetos a cambio de fecha.

La aprobación del numeral 66.7 del artículo 66º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, implica que las empresas estarían impedidas de aplicar en sus términos de venta la prohibición de transferencia y de cambio de fecha. Sin embargo, la libre transferencia de la titularidad de pasajes ofrecidos a tarifas económicas y/o promocionales, constituye un incentivo para que personas inescrupulosas efectúen la compra indiscriminada de este tipo de pasajes, con la única finalidad de lucrar con la reventa de los mismos, encareciéndose así el costo real pagado por el usuario.

En consecuencia, la transferencia de la titularidad de los pasajes ocasionaría informalidad en el servicio de transporte, en razón de que existe la posibilidad de que un tercero ajeno a la relación contractual incremente los precios de los pasajes obteniendo una ganancia económica en desmedro de los usuarios, de las e