Fue el gobierno de Leguía el que llevó a cabo una radical reforma de la policía en el Perú. La "Patria Nueva", en su afán modernizador, no podía dejar a esta institución de lado. Además, desde 1890, el país había sido testigo de varios desórdenes sociales provocados por la lucha sindical (obrera), el movimiento universitario y varias rebeliones campesinas en el interior. No podemos olvidar, de otro lado, las huelgas y los “paros” laborales: 1919 había sido testigo de dos grandes “paros nacionales” promovidos por obreros y estudiantes universitarios, el 13 de enero y el 19 de mayo. En estas violentas jornadas, las fuerzas del estado tuvieron serias dificultades en restaurar el orden social. No olvidemos, por último, el creciente aumento de la criminalidad por la escasez de trabajo y la cada vez mayor presencia de vehículos motorizados en las ciudades (había que controlar el tráfico).

Como sabemos, al asumir el poder en julio de 1919, Leguía tenía en mente efectuar reformas de largo alcance en el país. Estas, obviamente, podían provocar una serie de respuestas violentas de la población. Era impostergable contar con una policía bien capacitada, bien equipada y bien disciplinada. Por ello, en agosto de 1919 se reorganizó la Dirección General de Policía, que le dio una nueva estructura a la Gendarmería, y se formularon normas especiales para el Cuerpo y se creó una Escuela de Policía. Para tal efecto, se contrató con el gobierno español los servicios de dos misiones de la Guardia Civil española con fines de asesoría institucional: la primera al mando del coronel Pedro Pueyo (1921) y la segunda a cargo del coronel José Gil León (1928).

La estructura de la nueva Escuela de Policía tuvo tres secciones:

a. Superior o de Oficiales para los cuerpos de Guardia Civil, Seguridad y Vigilancia
b. Inferior o de Tropa y de aspirantes a clase de los mismos cuerpos
c. Especial de Aspirantes a la sección de Investigaciones y Vigilancia y a su anexa de Dactiloscopia.

La inauguración de la Escuela fue el 1 de de noviembre de 1922. Su primer director fue el coronel Pedro Pueyo, jefe de la misión española de la Guardia Civil.

En octubre de 1922 se formó la Brigada de Investigación y Vigilancia. Tenía una sección de resguardo presidencial, una de investigaciones y otra de extranjería, aparte de secciones destacadas en el Cuerpo de Seguridad y en la Dirección de General de la Guardia Civil y Policía y de la Dactiloscopia. En 1923 se reorganizaron la Dirección General de policía y las fuerzas de la Guardia Civil (dividieron para ellas el territorio en cinco regiones y distribuyeron los efectivos) y se disolvieron los escuadrones de la Guardia de Lima, el rural de Lima y el escuadrón Provincial para que sus efectivos pasasen voluntariamente a la Escuela a adquirir la instrucción policial española que los capacitara para formar los escuadrones de la nueva Guardia Civil. Otras reformas fueron:

1. Se prepararon diversas cartillas y reglamentos
2. Se dieron facilidades para el paso de jefes y oficiales del ejército a la Guardia Civil
3. Se estableció un servicio veterinario de las fuerzas de caballería dependientes del Ministerio de Gobierno (el antiguo Ministerio del Interior)
4. Se formó una asociación de Fondos Socorros Mutuos para los cuerpos de la Guardia Civil y Policía, Cuerpo de Seguridad e Investigaciones
5. Se fundó el Colegio de Huérfanos para los hijos del personal de la Guardia Civil y Policía (para su sostenimiento se usaron los fondos provenientes de las licencias de importación y uso de armas)
6. Por decreto del 21 de marzo de 1928 se instituyó el 30 de agosto como “Día de la Policía” bajo la advocación de Santa Rosa de Lima.
7. Se estableció el batallón de tráfico (para controlar el ya creciente tráfico vehicular de las ciudades, especialmente en Lima)
8. Se dispuso la construcción del Hospital de Policía. Mientras se terminaba su construcción e implementación (equipos hospitalarios y médicos), se dispuso que la Policía fuera atendida en el hospital Militar de Lima y en las salas independientes de los hospitales civiles, recibiendo atención por los médicos militares del Ministerio de Guerra o del de Fomento.

La primera constitución del Perú, la de 1823, en su artículo 165, decía: la fuerza armada de tierra está constituida por el Ejército, la Milicia Cívica y la Guardia de Policía. En otras palabras: las dos instituciones policiales que nacieron en la República, la Guardia Nacional y la Policía propiamente dicha, formaron parte de la Fuerza Armada por mandato constitucional.

La Guardia Nacional.- Fue organizada en 1825 por Bolívar. Compuesta por divisiones de infantería, caballería y artillería, su misión era, en primer lugar, conservar el orden público en cada una de las regiones y pueblos; en segundo lugar, constituir la reserva del Ejército para oponerse a cuartelazos internos (golpes de estado o conspiraciones políticas) e intervenir en conflictos internacionales. Sus jefes y oficiales, desde la clase de coronel, eran elegidos por asambleas de la Guardia Nacional. Las columnas de los “guardias nacionales” estaban sujetas a las directivas de las autoridades políticas del lugar; de esta forma, se convirtió en la fuerza más efectiva del siglo XIX, ya que las fuerzas de policía, como veremos, por su reducido número, no podían alcanzar todas las localidades.

Tanto prestigio tuvo esta institución que se fundaron dos periódicos con el nombre La Guardia Nacional (que existen en la Biblioteca Nacional). El primero apareció en 1844 y que tenía como lema “La guardia muere pero no se rinde”, famosa frase de Cambrone en la batalla de Waterloo. La lectura del número 7, del 9 de febrero de 1844, revela su noble espíritu de paz con una sabrosa información sobre la entrada a Ica, en acto brillante: la conducta de los guardias nacionales, llenando del todo las esperanzas que habían hecho concebir, le ha dado un justo derecho a la admiración y a la gratitud de los peruanos. En 1873 apareció el segundo periódico La Guardia Nacional, en el que se afirma: "Hay necesidad de una fuerza que con igual firmeza consolide la paz y garantice la libertad. Esa fuerza, es institución es la Guardia Nacional que, resumiendo en su seno todos los sanos elementos de la sociedad, es la más popular de las instituciones, porque es el pueblo mismo armado en guarda de sus propios intereses, de sus verdaderos derechos, que son las conquistas de la civilización".

La policía propiamente dicha.- Los primeros “policías” fueron los comisarios, los tenientes, los inspectores, los serenos, los celadores y los vigilantes destinados a las grandes ciudades como Lima, Arequipa y el Cuzco, y las fuerzas de infantería y caballería para el servicio rural, que más tarde, en 1852, se convirtió en fuerzas de Gendarmería.

Fue el gobierno de Echenique, el 14 de abril de 1852, que creó la Gendarmería. Se les dotó de carabinas, un arma ligera que le daba mayor comodidad al soldado, y de sables. El vestuario estuvo compuesto de levita, pantalón, capote, botín de paño marrón y corbatín, y los de caballería capa, caponas y morrión. El correaje igual al del ejército, lo mismo que el equipo de mochila, porta-capote, funda de carabina, alcayata y cantimplora. El problema es que los gendarmes no estaban en todas las ciudades, solo en las más grandes, y su presencia en el ámbito rural era muy escasa. Eso explica la importancia de la Guardia Nacional para restablecer el orden interno luego de conspiraciones militares o revueltas internas.

En 1873, el gobierno de Manuel Pardo reorganizó la policía y la dividió en tres ramas:

1. La “Organización del Vecindario” para resistir a los ataques de malhechores. Agrupó a los vecinos de las ciudades, villas y pueblos en barrios, a cargo de alcaldes y tenientes-alcaldes de barrio, elegidos por las respectivas circunscripciones, de conformidad con la convocatoria del subprefecto, gobernador o teniente gobernador.

2. La “Servicios Especiales de Policía” subdividida en 5 grupos:

a. Policía de seguridad en los mercados, paseos, teatros y camales.
b. Policía de establecimientos o empresas particulares como ferrocarriles, fábricas, industrias, etc. Que por su naturaleza deben costear su propia protección pero sujetas siempre a la ley y a las autoridades gubernativas.
c. Policía Rural, que se reglamentaría según la condición de cada provincia.
d. La Guardia de Cárceles en las capitales de departamento (antecedente de lo que fue la Guardia Republicana)
e. Policía de Puertos, cuya reglamentación correspondía al ramo de marina.

3. La “Organización de la Fuerza Pública Permanente” para conservación del orden, prevención de los delitos en las ciudades y servicios necesarios.

Durante los tiempos virreinales, el control “policial” lo ejercían los cabildos ya que una de sus funciones era velar por el orden público. Para este fin, en las zonas urbanas contaba con el trabajo del “Alguacil” quien, ayudado por los “alguacilillos”, se presentaba donde podía ocurrir algún disturbio o acto delincuencial o, simplemente, vigilar un espectáculo público; en las zonas rurales, estaba el “Alcalde de la Santa Hermandad” cuya labor, básicamente, se centraba en ubicar a los esclavos que se escapaban de sus dueños (los “cimarrones”) y se refugiaban en alguna zona inhóspita o en los célebres palenques (los refugios de los cimarrones).

Lo importante es destacar que, durante la Colonia, la labor policial era muy esporádica ya que, según los testimonios, aparte de alguna rebelión indígena en la sierra (las cuales eran sofocadas por el ejército virreinal) los casos de trasgresiones a la ley eran muy esporádicos. La alta delincuencia, el crimen pasional, casi no existía. Quizá los delitos contra la propiedad o el patrimonio eran relativamente frecuentes. Y la explicación es simple: muchas veces la ociosidad, por la falta de trabajo, empujaba a algunos individuos de apropiarse de lo ajeno; pero se trataba de robos menores. La vida, en realidad, era muy tranquila, salvo, lógicamente, en los años turbulentos de la Conquista o cuando sobrevino la lucha por la Independencia.

El sereno.- Desde las 7 de la noche, se estacionaba en las esquinas y tocaba o hacía sonar su pito de barro en figura de pajarito. A las 10 de la noche comenzaba a pregonar o cantar las horas que daban en las torres de las iglesias, con triste y descompensado sonido, diciendo:


Cuentan las crónicas que esta suerte de terceto se iba repitiendo de hora en hora hasta las 5 de la mañana. Los serenos contaban con una pobre vestimenta: un sucio poncho o raída capa; en los tiempos finales de la Colonia, un capotón de tela ordinaria, bien largo y ancho. Asimismo, se cantaban varias canciones sobre el sereno, como estas dos cuartetas:


Por último, el ramo que se cobraba por la vigilancia nocturna de la población conserva hasta hoy el nombre de serenazgo.

Para las celebraciones, en enero de 1935, se embanderaron casas y las calles, y las avenidas y plazas públicas con alegorías alusivas e iluminadas por las noches con reflectores y bombillas multicolores. Se dieron cita importantes personalidades continentales y representantes especiales de los municipios de las principales ciudades latinoamericanas. Concurrieron también los alcaldes de todos los consejos provinciales de la república a quienes el presidente Benavides ofreció un almuerzo en Palacio de Gobierno.

La gran fiesta se inició el 17 de enero de 1935, víspera de la efeméride con la recepción que en solemne sesión municipal ofreció el Alcalde de Lima, Luis Gallo Porras, quien declaró Huéspedes de Honor a todos los invitados. Se llevó a cabo un brillante desfile de carros alegóricos que congregó gran cantidad de público. El Presidente, con su familia, presenció el espectáculo desde los balcones de su residencia en la calle Belén 1034; el desfile se prolongó hasta altas horas de la noche.

Al día siguiente, el 18 de enero, se cumplieron los actos centrales del programa. Por la mañana, hubo una misa de Gran pontifical y Te Deum en la Catedral; por la tarde, sesión solemne en el Palacio Municipal; por la noche, la Gran Velada oficial en el Teatro Municipal con el discurso de orden a cargo del historiador José de la Riva-Agüero y Osma y declamación de poesías por José Gálvez.

Pero la celebración no se limitó a actos protocolares o festivos. También se tradujo en obras de progreso urbano:

1. Se culminaron las obras complementarias y de ornato de la Plaza San Martín.
2. Se construyó el primer tramo del Paseo de la República (desde el final de los jirones Unión y Carabaya hasta el Parque de la Exposición.
3. Se ejecutó y concluyó la avenida Salaverry, que unía la plaza Jorge Chávez con la avenida del Ejército (fue inaugurada el 5 de octubre de 1936).
4. Se construyó un nuevo puente sobre el río Rímac, el Puente del Ejército, constituido por una estructura de acero de 60 metros de longitud y 13 metros de ancho, fabricada en la planta Gute Hoffnunghuste. La obra fue construida por la firma alemana Ferrostaal-Essen e inaugurada el 31 de diciembre de 1936.
5. Se inauguró la pista del nuevo aeropuerto de Limatambo el 3 de diciembre de 1935.
6. Se implantó el sistema automático en el servicio telefónico de Lima y Miraflores que entró en funcionamiento el 13 de septiembre de 1936; luego se hizo extensivo, gradualmente, para el Callao, San Isidro, Barranco, Chorrillos, Magdalena y San Miguel.

Durante la administración del general Benavides, se construyeron Restaurantes Populares, amplios, decorados con motivos culturales y dotados de mobiliario sólido; había vajilla de buena calidad, así como equipos de cocina, hornos y calderas de gran capacidad, todo lo cual garantizaba una buena elaboración de alimentos y una perfecta higiene. Al mismo tiempo, un personal especializado de dietistas aseguraba el suministro de menús debidamente balanceados, según lo recomendado por al bromatología. De esta manera, en los Restaurantes Populares los sectores más modestos de la población (obreros, empleados, vendedores ambulantes) tenían acceso diario a una alimentación abundante y barata. También se creó un Patronato de Desayunos Gratuitos para ofrecer a los niños una ración matinal suficiente para afrontar el desgaste de las horas de estudio. Los Restaurantes Populares estaban en:

a. El Nº 1 estaba en la calle Huaquilla (Lima), inaugurado el 8 de abril de 1934 con capacidad para atender 800 comensales.
b. El Nº 2 estaba en al avenida Francisco Pizarro (Rímac), inaugurado el 27 de julio de 1935 con capacidad para atender a800 personas.
c. El Nº 3 frente a la Plaza Manco Cápac (La Victoria), inaugurado el 8 de abril de 1936 con capacidad para atender 600 personas por turno.
d. El Nº 4 en el Paseo Garibaldi (Callao), inaugurado el 14 de diciembre de 1935, tenía 3 comedores: uno para 400 y dos para 200 comensales cada uno.

Asimismo, en 1933, el gobierno se propuso una política sistemática para construir Barrios Obreros siguiendo las más modernas técnicas urbanísticas: viviendas amplias, de material noble, bien distribuidas, con jardines y comodidades tipo chalet, agrupadas en complejos urbanos dotados de campos deportivos, piscinas, diversos servicios y medios de recreación. Los que se construyeron fueron:

a. El Barrio Obrero Modelo del Frigorífico (Callao), inaugurado el 7 de marzo de 1936. Eran 118 casas construidas sobre un área de 36 mil metros cuadrados con sistema de agua propio por medio de un pozo artesiano. Tenía una escuela para 300 alumnos; un puesto de policía; un cine para 400 espectadores y una piscina de 8x18 metros; varios parques que sumaban 8 mil metros cuadrados; un centro cívico; y un mercado de abastos, con farmacia y consultorio médico incluidos.
b. El Barrio Obrero de La Victoria tenía 60 casas en un terreno situado en als inmediaciones de la Escuela de Artes y Oficios (Hoy Politécnico José Pardo), entre los jirones Andahuaylas, García Naranjo, 28 de Julio, Obreros y el antiguo callejón de la Huerta de Mendoza. Contaba con campos deportivos, piscina, agua potable y parques.
c. El barrio Obrero del Rímac, con 44 casas en las tierras de la Huerta Samar, sobre la margen derecha del río Rímac, vecino de la Alameda de los Próceres, arteria principal de la nueva urbanización del Rímac. También tenía campos deportivos y pileta de natación, calzadas con alumbrado y jardines circundantes.


En 1935, el gobierno le encargó al doctor Edgardo Rebagliati, especialista en derecho laboral, la tarea de diseñar un Seguro Social Obrero sobre la base de experiencias similares en otros países. De esta manera, el 12 de agosto de 1936 se promulgó la Ley Nº 8433 que establecía el Seguro Social obrero para cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte.

Finalmente, la primera piedra del Hospital Obrero de Lima fue colocada el 15 de marzo de 1938. El gran hospital quedó ubicado frente a la Alameda Grau, en terrenos de la antigua Huerta de Pellejo, sobre un área de 42 mil metros cuadrados. Su capacidad fue de 542 camas: 160 de medicina general, 160 de cirugía, 150 de tuberculosis, 60 de maternidad y 12 de emergencia. No preveía salas comunes sino camas repartidas en grupos de 4 y 8, con separación individual y camas independientes para enfermos que ingresaran de noche. La obra fue inaugurada el 3 de diciembre de 1939 con asistencia del presidente Benavides, bendiciendo el acto el arzobispo de Lima, el monseñor Pedro Pascual Farfán, en medio del entusiasmo general. Un periódico describió así el acontecimiento: Desde mucho antes de la hora indicada en las respectivas invitaciones para el acto de inauguración del Policlínico, sito en la avenida Grau, se hallaba estacionado numeroso público en los alrededores del Hospital, esperando la llegada del Jefe de Estado. Comisiones de las diversas instituciones de trabajadores se hallaban presentes con sus estandartes, dando un aspecto más animado al ambiente. Además, una gran masa popular aguardaba el arribo del Presidente. Otros policlínicos para obreros se construyeron en La Oroya y en Chincha.

José Luis Bustamante y Rivero (Arequipa 1894-Lima 1988) fue testigo, durante su gobierno, de la total inmadurez de la clase política para realizar acuerdos. A pesar de esta constatación, siempre se mantuvo respetuoso de la independencia de los poderes públicos así como de los partidos o facciones representadas en el Congreso. Esa fue su principal virtud democrática, pero también la causa del entrampamiento de su gobierno y su posterior caída.

El APRA, que dominaba en el parlamento, y el gobierno pusieron en práctica una política destinada a favorecer de manera inmediata y relativa a los grupos populares urbanos, actuando en forma casuística para captar más adeptos, pero cada agrupación por su propio lado. Sin embargo, no se implementó una política coherente capaz de modificar sustancialmente la calidad de vida de la mayoría de la población, como la universalización del voto (los analfabetos, la gran mayoría, no tenían derecho al sufragio), la reforma agraria o la aplicación de un régimen de control al capital extranjero, medidas que eran parte del plan mínimo del aprismo desde 1930.

Entre 1945 y 1948, el Poder Ejecutivo trató, a pesar de la crisis internacional derivada del fin del Segunda Guerra Mundial, incrementar el salario de los obreros y empleados -que representaba un porcentaje muy bajo de la población-, auspició el reconocimiento de algunas organizaciones sindicales, amplió la cobertura educativa y realizó una reforma universitaria. Al mismo tiempo, se subsidiaban los productos básicos del consumo popular entre otras mediadas de asistencia social. Todo esto llevó a un peligroso crecimiento del gasto público sin modificar el sistema de recaudación tributaria. Los apristas controlaban en las municipalidades la distribución de alimentos básicos descubriéndose favoritismos políticos y casos de corrupción. Todo esto deterioraba aún más la credibilidad del gobierno. De otro lado, Bustamante y Rivero mantuvo una política de control de cambios y estableció licencias para la importación, en un momento en que la crisis del mercado internacional determinaba una aparatosa caída del valor y volumen de las exportaciones mientras que las importaciones aumentaban dramáticamente. La odiosa inflación apareció y con ella se agudizaron las tensiones sociales y el reclamo del sector agro-minero exportador. El APRA, responsable en parte del populismo imperante, acusó al gobierno de ser el responsable de la crisis y originó un enfrentamiento muy peligroso contra el Ejecutivo. Bustamante y Rivero quedaba desprovisto de todo apoyo.

Como si esto fuera poco, en 1947 se produjo el asesinato del director del diario La Prensa, Francisco Graña Garland, vocero del sector exportador. El enfrentamiento se tornó ahora dramático. Los apristas eran acusados por el crimen. La Acción Nacional, que congregaba a los antiapristas, y dirigida por Pedro Beltrán y su nuevo asesor político, el ex-comunista Eudocio Ravides, provocaron el ausentismo parlamentario mientras que en el resto del país se producían huelgas, manifestaciones, tomas de tierras con la consiguiente represión política que anunciaba el quiebre del orden democrático.

El 3 de octubre de 1948, los apristas organizaron una rebelión armada de la escuadra en el Callao; poco antes había habido una sublevación antiaprista, encabezada por miembros de la Unión Revolucionaria. El Movimiento Cívico Independiente también integrado por Beltrán, dio a conocer su declaración de principios: Tanto el aprismo como el comunismo representan males igualmente peligrosos para el Perú y ambas agrupaciones llevan gérmenes de disolución y lucha de clases. Su diferencia en lo que a nuestro país se refiere solamente radica en que el comunismo no está manchado de sangre. La idea era organizar un frente principalmente contra el aprismo, a esta convocatoria se unieron la Acción Nacional, la Unión Revolucionaria, el Partido Demócrata, el Partido Social Republicano y el Partido Socialista Auténtico.

Todo esto llevó a la caída de Bustamante y Rivero. Para la oligarquía el presidente era demasiado débil para enfrentar la amenaza totalitaria del APRA. En su versión, el APRA era una secta internacional de carácter conspirativo cuyo mal disimulado propósito habría sido conquistar la totalidad del poder con el fin de establecer un régimen dictatorial de partido único. Para los apristas, el fracaso de la experiencia democrática, entre 1945 y 1948, era responsabilidad de Bustamante y Rivero quien -pese a ser elegido con votos apristas- trató de reducir permanentemente la influencia del partido y, finalmente, apoyar a la oligarquía e ilegalizar lo que era su base cierta de apoyo: el APRA; el error del APRA había sido su ciega confianza en Bustamante y Rivero. Luego de haber sido derrocado, Bustamante y Rivero declaró que la razón que llevó a la frustración de la democracia fue el bloqueo de su gobierno por parte del APRA, demagógica y hegemónica, y la oligarquía, una casta feudal y reaccionaria. Al régimen le quedaba poco tiempo de vida.

Al margen de estos entrampamientos políticos es justo mencionar que durante su gobierno, Bustamante y Rivero declaró, con gran repercusión internacional, la soberanía peruana sobre las 200 millas de mar territorial (1 de agosto de 1947). De otro lado, se construyó la Unidad Vecinal Nº3 como paso inicial para resolver el problema de la vivienda en Lima; se iniciaron los estudios y trabajos para la irrigación de los valles del Chao, Virú y Moche; se dotó de agua potable a más de 20 poblaciones; se implantó la enseñanza técnico-industrial; se terminó de construir el Hospital de Bravo Chico destinado a los enfermos de tuberculosis; se realizaron obras para ganar zonas desérticas y orientarlas a la agricultura como la irrigación de 1,700 kilómetros en las Pampas de Ensenada y Mejía (provincia de Islay en Arequipa); finalmente, se crearon la Corporación Nacional de Turismo y la Empresa Petrolera Fiscal.

El aparente clima de estabilidad política, le permitió al gobierno de Prado realizar algunas obras públicas de envergadura. En 1940 se realizó un Censo General, que arrojó una población de 6'207,966 habitantes para el país que, corregida y proyectada, alcanzó a 7'858,519. El censo, el último realizado bajo criterios raciales, también arrojó una serie notable de informaciones como que 1 de cada 41 peruanos tenía instrucción secundaria; universitaria 1 de cada 202; enseñanza técnica o comercial 1 de cada 336; y más de 5 años de educación primaria, el 11% de la población. Señalaba también que el 57% de los peruanos eran analfabetos y el 35% era monolingüe. En este contexto se promulgó, en 1943, la Ley Orgánica de la Educación Pública en la cual se incluyó a la Universidad y se desconocieron las reformas que se había emprendido durante el Oncenio de Leguía. Con respecto a los pobladores andinos trató de dotarlos de tierras y para su educación organizó un programa integral de alfabetización.

En Lima se inauguró el Hospital Obrero y se propició en el Rímac la construcción de barrios obreros. Se amplió la instalación del servicio de agua potable en algunas ciudades del interior como Huánuco y Chimbote. El turismo, siguiendo la política de Benavides, siguió cobrando impulso y se incrementaron los Hoteles de Turistas (Arequipa, Tingo María, Chala y Camaná) o quedando en construcción otros (Tumbes, Huaraz, Piura, Huánuco, Huancayo, Abancay, Cusco y Puno).


Dos hechos, sin embargo, causaron graves daños al país. El primero fue un terremoto que asoló Lima, Callao y balnearios el 24 de mayo de 1940; fue seguido por un maremoto en el Callao y hubo gran destrucción de viviendas y edificios públicos. El segundo fue el hasta hoy inexplicable incendio de la Biblioteca Nacional el 11 de mayo de 1943. De esta forma, la mayor colección bibliográfica y documental, reunida y protegida con tanto sacrificio luego del saqueo que sufrió durante la ocupación chilena, quedaba convertida en lodo y cenizas. El reto de la reconstrucción fue asumido por el historiador Jorge Basadre (Tacna 1903-Lima 1980). No faltaron los escépticos. Fueron muchos los intelectuales que dijeron y repitieron que el patrimonio cultural del país había quedado hecho cenizas para siempre. Pero Basadre, luego de cuatro años de titánica labor, demostró que ese tesoro era en buena parte recuperable a través de búsquedas en Lima, en provincias y en el extranjero. Así se formó la nueva colección en base a compras, canjes y donativos y, en un lapso de relativamente corto, se llegó a tener la base de una aceptable documentación peruana antigua y moderna. Para complementar esta labor y preparar rápidamente al personal técnico se creó la Escuela de Bibliotecarios, verdadera base de la nueva estructura de la Biblioteca Nacional. Por último, todas estas tragedias dieron pie para que a Prado se le sindicara a quien atraía todo tipo de dcesatres, es decir, de ser el "hombre de la mala suerte".


Finalmente, a pesar de su astucia política, Prado no pudo escoger a su sucesor como lo habían hecho los presidentes del Segundo Civilismo o como Benavides en su propio caso. En las elecciones de 1945 se hicieron presentes no sólo los partidos ya consolidados sino agrupaciones específicas y nuevas que buscaban un lugar en el juego político, como el Partido Social Republicano integrado por un grupo de intelectuales universitarios. La candidatura ganadora, la de José Luis Bustamante y Rivero, se hizo posible gracias a la concurrencia de diferentes grupos en medio de visibles -y peligrosas- concesiones políticas (como las "renuncias" de Benavides y Haya de la Torre).

Esta idea de un Frente Unico que culminó con la organización del Frente Democrático Nacional se realizó exclusivamente con fines electoreros, en el cual se reunieron: el APRA, los sindicalistas, la Acción Peruana, el Partido Socialista Peruano (de Luciano Castillo) y la Acción Democrática Peruana. El propiciador de este movimiento, que se inició en Arequipa, fue Manuel J. Bustamante de la Fuente. Reunía a todos los sectores que aspiraban a una real democratización de la vida nacional y le permitieran al APRA la legalidad para actuar en próximas elecciones. De este modo el Frente Democrático Nacional reconoció a Bustamante como el hombre ético, de prestigio intelectual, que había elaborado el manifiesto de la revolución de Arequipa que encumbró a Sánchez Cerro. El podía ser el personaje de una transición democrática para reorientar la política nacional. Las elecciones se celebraron el 10 de junio de 1945. Sólo votaron 450 mil electores, de los cuales 300 mil votos fueron para Bustamante y Rivero y 150 mil para el candidato oficial, el general Eloy G. Ureta. El Congreso tuvo una clara mayoría aprista, junto con gobiernistas y algunos comunistas.

Una vez en el poder, Prado desarrolló una hábil estratega para lograr el apoyo internacional. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial rompió relaciones con los países del Eje (Roma-Berlín-Tokio) y les declaró la guerra asociándose a los aliados. Cuando Estados Unidos ingresó al conflicto luego del ataque a la estación de Pearl Harbor, firmó un Tratado de Préstamos y Arriendos, por el que se congelaban los precios de las exportaciones peruanas a cambio de la reducción de los aranceles latinoamericanos. Declarándose amigo personal del presidente Franklin D. Roosevelt, Prado permitió la instalación de una base aérea en Talara a los Estados Unidos y deportó en masa, tonta e injustificadamente, a residentes alemanes y japoneses. Esta chauvinista posición le valió a su régimen, efectivamente, obtener el aval del gobierno norteamericano. Pero esta política de acercamiento a los aliados provocó resistencia por parte de algunos de sus colaboradores debido a una cierta simpatía del sector de la clase alta por el fascismo, simpatía que se fue esfumando durante el desarrollo de la guerra con las debacles de Mussolini y Hitler. Los hacendados, por su parte, estuvieron satisfechos con el curso de la guerra puesto que la demanda internacional trajo prosperidad al sector exportador.

La guerra mundial también hizo replantearse al Partido Comunista y al APRA. El primero, liderado por Eudocio Ravines, se alió al gobierno en su lucha, junto a los Aliados, contra el Eje, su principal enemigo ideológico a nivel internacional. Haya de la Torre también redefinió su posición frente a los Estados Unidos -léase imperialismo- en función del New Deal y la doctrina de la "Buena Vecindad". De esta forma, según el aprismo, se creaban las condiciones para una libre y equilibrada relación entre Indoamérica y los Estados Unidos en beneficio de ambos.

Simultáneamente a estos cambios políticos, el Ejército Peruano obtuvo, en 1941, su primer triunfo bélico en mucho tiempo. El conflicto con el Ecuador, cuyas tropas nuevamente invadieron territorios peruanos, fue el marco para propicio para que la población orientara su apoyo a las Fuerzas Armadas y al gobierno. Los puestos peruanos de Aguas Verdes, Lechugal, La Palma y varios sectores de la región oriental, así como los de Ecuador: Huaquillas, Chacras, Balsalito y Carcabón, se convirtieron en los focos iniciales de esta contienda bélica. La acción militar más importante fue la de Zarumilla (23 de julio de 1941) donde el ejército peruano al mando del general Eloy G. Ureta venció a las tropas ecuatorianas; todo culminó con la ocupación militar peruana de la provincia de El Oro y el sacrificio del héroe de la aviación militar José A. Quiñónez. Las tropas peruanas pudieron haber llegado hasta Guayaquil si Estados Unidos no interviene para arreglar el conflicto.


El 29 de enero de 1942 se firmó, bajo el patrocinio de la Conferencia de Cancilleres realizada en Río de Janeiro, el Protocolo de Paz, Amistad y Límites que lleva el nombre de aquella ciudad, el cual estableció una frontera definitiva, cuya delimitación en el terreno correría a cargo de una comisión mixta que cumplió su cometido poco después bajo el amparo de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro (Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile). En virtud de aquel incuestionable documento diplomático, acorde a las normas del derecho internacional, el Perú recuperó los territorios de Cocha Redonda (en el río Lagartococha), Lagartococha, Puerto Pichincha y Puerto Obando (en el río Aguarico); Rocafuerte, La Banda, Arcadia, San Antonio y Yasuni (en el río Napo); Vencedores (en el río Nashiño); Tarqui, Bellavista y Conocaco (en el río Corrientes); y Huachi, Pinches, Chambira, Andoas y Tonegrama (en el río Pastaza).


Es necesario aclarar que, años después, sólo quedaba por demarcar un estrecho tramo, de 78 kilómetros, ubicado en la Cordillera del Cóndor, habiéndose colocado los hitos respectivos en el resto de la extensa zona fronteriza. El problema es que diversas declaraciones ecuatorianas han pretendido desconocer el contenido del Protocolo de Río de Janeiro. En tal cortina de humo, Ecuador mantuvo una activa política de difusión internacional, incluyendo falsos mapas, reclamando suyos territorios peruanos en una amplia área que llega por el sur hasta los ríos Marañón y Amazonas. En este contexto se inscribieron las incursiones al territorio peruano por la Cordillera del Cóndor en 1981 y 1995.

Regresando al gobierno de Prado, el triunfo de 1941 acentuó sus buenas relaciones con los militares. El presidente aparecía en público con su uniforme de teniente de reserva para resaltar sus simpatías por las Fuerzas Armadas. El país, además, aún dolido por la derrota ante Chile y la posterior derrota diplomática en manos de Colombia, reaccionó ante la victoria con entusiasmo irrefrenable. El Congreso declaró a Prado "héroe nacional" y con esto su familia podía sacudirse del nefasto recuerdo que la memoria de los peruanos guardaba sobre la actuación de Mariano I. Prado durante la Guerra con Chile.

Prado aparecía así como un hombre de recursos que hizo de él uno de los políticos más eficaces del Perú moderno. Su astucia política y carisma personal lo acercó a los grupos populares y la coyuntura internacional favorable lo presentó como el gestor de una reducción de la presión popular y, por ende, de la represión gubernamental, pudiendo ofrecer una imagen, tanto nacional como internacional, de que en el Perú imperaba la democracia.

Luego del "Tercer Militarismo" republicano, representado por Sánchez Cerro y Benavides en los años 30, se intentó, desde el Poder Ejecutivo, designar al candidato a la Presidencia de la República. Así fue elegido, en 1939, Manuel Prado a su primer gobierno (1939-1945); pero este éxito también se debió al tácito apoyo del APRA y del Partido Comunista, en tanto que Prado era el representante de la tan buscada burguesía progresista, interesada en democratizar la vida del país. Se equivocaron.

En 1945, sin embargo, José Luis Bustamante y Rivero no fue "designado" por Prado para ocupar la primera magistratura de la nación; su triunfo se inició con el nacimiento del Frente Democrático Nacional. El régimen de Prado respondió al esquema conservador de los anteriores; esto es, mantuvo fuertes vínculos con la oligarquía, gobernó dictatorialmente, reprimió al APRA, limitó fuertemente la actividad sindical e implantó una política económica de laissez faire orientada a la exportación. Bustamante, en cambio, no encajó en este patrón. Su breve gobierno (1945-1948), representó el primer esfuerzo para ofrecer una alternativa reformista al APRA, aunque para llegar al poder necesitó el apoyo electoral del partido de Haya de la Torre. Por ello, la oligarquía conspiró con los genrales que les eran adeptos para llevar un golpe que eliminara a Bustamante y restaurara una dictadura militar de derecha con el general Manuel A. Odría a la cabeza.

La figura de Prado: Era Manuel Prado y Ugarteche (Lima 1889- París 1967) miembro de una de las familias más acaudaladas del país. El llamado "imperio Prado" se había formado desde finales del siglo XIX con inversiones urbanas en los sectores industrial, servicios públicos y financiero. Parte de él eran la fábrica textil de Santa Catalina, acciones en las empresas eléctricas y de teléfonos, y el Banco Popular. De otro lado, los hermanos Prado y Ugarteche eran hijos del presidente Mariano I. Prado, héroe de la Guerra con España de 1866 y presidente cuestionado durante la Guerra con Chile. De ellos, los más representativos eran Mariano (el empresario), Javier (el intelectual), y Jorge y Manuel (los políticos). Durante la República Aristocrática, el poder económico llevó a los Prado a la política siendo dirigentes importantes del Partido Civil.

Manuel Prado estudió en la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos y en la Escuela Nacional de Ingeniería, donde se graduó de Ingeniero Civil. Se inició en la política cuando participó en la revuelta militar contra el gobierno de Billinghurst acompañando al general Benavides en su asalto a Palacio de Gobierno. Fue diputado por Huamachuco (1919) y luego desterrado, como muchos civilistas, por el régimen de Leguía (1921) y permaneció en Europa hasta 1932. A su regreso ocupó la presidencia de la Compañía Peruana de Vapores y la dirección del Banco Central de Reserva.

La agricultura y la pesca.- El algodón, el azúcar y el arroz atrajeron la atención de los préstamos bancarios. A principios de los años 30 muchos azucareros utilizaron sus tierras para el cultivo del algodón, un producto que se recuperó rápidamente en el mercado internacional y su cultivo, en 1940, absorbía al 15% de la Población Económicamente Activa. El área dedicada a la siembra del azúcar se redujo en más de un 10%.

Por su lado, la expansión del mercado urbano demandó cada vez más productos de panllevar. El problema es que el crecimiento de las ciudades se hizo a costa de zonas agrícolas que antes las abastecían. Aquí la política crediticia debió apoyar la implementación de nuevas tierras de cultivo. Las incentivó en la costa central pero no en el sur andino o la sierra central ocasionando la lenta migración de sus pobladores a las ciudades costeñas. La demanda urbana quedó desatendida y se comenzó a recurrir a la importación de alimentos.

Un nuevo campo para el empresariado nacional fue la industria pesquera. En 1934 se estableció la primera fábrica de pescado en conserva y a finales de la década operaban tres o cuatro empresas. La harina y el aceite se obtenían como subproductos sobre la base de residuos. La meta de esta industria era abastecer el mercado local. El cambio a la exportación ocurriría la siguiente década. Lo importante es que el desarrollo de esta importante industria, que tendría un extraordinario auge en los próximos años, quedó reservada al capital nacional.

La minería y el petróleo.- En 1929 tres grandes empresas extranjeras -Cerro de Pasco Mining Company, Northern Peru Mining y Vanadium Corporation- tenían a su cargo casi el 100% de las exportaciones de metales (cobre, plomo, bismuto, oro, plata, zinc y vanadio). Pero la depresión de los treinta cambió el panorama. En 1935, la cuota de estas empresas descendió al 85% y en 1939 llegó por debajo del 70%. De todos los metales, el cobre fue el más golpeado por la crisis: tuvo excesiva oferta debido a la gran competencia internacional. En cambio los precios de la plata se recuperaron, y los del plomo y el zinc se mantuvieron estables en comparación al cobre. La década del 30 fue la del plomo y el zinc, que ayudaron a remontar la depresión, aunque la producción de metales tendió a declinar durante la siguiente década.


La explotación petrolera, como siempre, estuvo muy afectada por los intereses políticos. La exploración e inversión en este campo fue prácticamente nula. La época estuvo marcada por el temor de la International Petroleum Company a la nacionalización de los yacimientos de la Brea y Pariñas, tal como lo exigían los apristas, y a las elevadas presiones tributarias de los gobiernos. Por estos años tres nuevas empresas ingresaron en la industria: una foránea (Ganso Azul), una privada local (Compañía Oriente, del grupo Gildemeister) y una estatal (la Empresa Petrolera Fiscal); esta última demostró la incapacidad del Estado para determinar sus prioridades y escoger políticas precisas. En todo caso estas empresa tuvieron una producción muy reducida en comparación a la International.

Lo prioritario para su administración era poner fin al litigio con Colombia. Esto quedó "resuelto" en mayo de 1934 cuando se suscribió en Río de Janeiro un Protocolo confirmatorio. No obstante, en la opinión pública siempre quedó en polémica la cuestión colombiana, criticándose muchas veces la cesión del "Trapecio Amazónico".

En relación a los asuntos internos, el ambiente político se aclaró un poco gracias a una ley de amnistía que permitió un relativo acercamiento entre el APRA y el gobierno. Muchos presos políticos fueron liberados y se autorizó la circulación de los diarios clausurados. Las universidades, incluida San Marcos, reanudaron sus actividades. Todo parecía ir por buen camino hasta que llegó el 1936, año en que debía culminar el mandato de Benavides según el período para el que fue elegido Sánchez Cerro. Diversas candidatos se lanzaron, sin embargo, la Constitución prohibía la participación de los "partidos internacionales" -por su origen marxista- como el APRA y el Partido Comunista. Es por ello que el Jurado Nacional de Elecciones rechazó la candidatura de Haya de la Torre. Ante este escenario, Luis Antonio Eguiguren, quien había sido presidente de la Asamblea que promulgó la Constitución de 1933, salió vencedor en las elecciones. Pero su triunfo no fue reconocido al decidir el Congreso que se debió al endoso de votos apristas. El mandato de Benavides, ya abiertamente inconstitucional, se prolongó hasta 1939. Ahora la persecución al APRA y a los comunistas fue implacable. Otra vez desde el mismo gobierno, y con la complicidad del Congreso, se alentaba el militarismo.

Los inesperados seis años del segundo gobierno de Benavides tuvieron como lema Orden, Paz y Trabajo. A pesar de mantener una dictadura, el régimen hizo ampliar la asistencia social, la educación y, en la medida de lo posible, las obras públicas. En este sentido se construyeron diversos barrios obreros y restaurantes populares, y se crearon el Seguro Social Obrero y la Dirección de Trabajo y Previsión Social para resolver los problemas laborales. Se estableció la Dirección de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Salud Pública; en setiembre de 1935 se promulgó la ley que establecía el Ministerio de Educación Pública y se dio incentivos para la carrera magisterial mediante el sistema de concurso para cubrir las plazas vacantes, la estabilidad laboral y el incremento de beneficios del mutualismo magisterial (préstamos, pensiones, seguro y hospitalización). También se estudiaron importantes proyectos para la construcción de hospitales como el Obrero, el central Policlínico y postas médicas tanto en Lima como en provincias.

Compró moderno armamento, edificó cuarteles y reglamentó el Servicio de Movilizables ante cualquier peligro en la seguridad nacional. También se implementaron el Terminal Marítimo y Dique Seco del Callao; se construyó la Caretera Panamericana y la Carretera Central hasta Tingo María, declarándose el libre tránsito por el territorio nacional; y se terminaron de edificar los palacios de Gobierno y Justicia, ambos en Lima. El nuevo Código Civil quedó listo en 1936 que reconoció, por vez primera, el divorcio. Asimismo, se inició una política de fomento al turismo para lo cual se construyó el Hotel de Turistas de Tingo María y se avanzaron los de Piura, Huánuco, Chala, Cusco, Camaná, Puno, Huancayo, Huaraz, Arequipa y Abancay. Finalmente se preparó el Censo General que fue realizado recién en 1940 por el siguiente gobierno.

El general Óscar R. Benavides saltó a la fama cuando siendo coronel, en 1911, en un breve conflicto con Colombia, venció en la batalla de La Pedrera y capturó Puerto Córdova. Fue una victoria muy significativa pues el país vivía aún con la “resaca” de la derrota frente a Chile en la Guerra del Pacífico. Con ese prestigio fue llamado por los civilistas en 1914 para dar un golpe de estado contra el presidente Guillermo Billinghurst, cuyo régimen había entrado en un callejón sin salida por su disputa con el Congreso. Gobernó solo por unos meses hasta convocar elecciones en 1915; durante su primer breve mandato, estalló la Primera Guerra Mundial. Lugo viajó a Europa como “observador” en la guerra y defendió los derechos del Perú sobre Tacna u arica en la Conferencia de Versalles (1919).

Fue opositor al gobierno de Augusto B. Leguía. Por ello, renunció al cargo de embajador en Roma (1921) y se apartó de toda actividad pública, incluso a su llegada a Lima. Pero fue acusado de conspirar contra la Patria Nueva y, con otros opositores, fue desterrado a Australia. Cuando se dirigían al exilio en una nave peruana, con la ayuda de los demás exiliados, lideró una sublevación abordo y obligó al piloto a enrumbar la nave hacia Costa Rica. Luego pasó a Guayaquil, pero ante la imposibilidad de volver al Perú, viajó a Europa donde residió con su familia hasta 1930, año de la caída de Leguía.

Culminado el Oncenio, fue nombrado Embajador en Madrid (1930-31) y en Londres (1932). Pero cuando en 1933 asomó un posible conflicto con Colombia, fue llamado de emergencia y fue nombrado Director del Consejo de Defensa Nacional. Ese cargo desempeñaba el día que Sánchez Cerro cayó asesinado en el antiguo hipódromo de Santa Beatriz, justamente cuando el malogrado presidente pasaba revista a las tropas que se dirigían a la frontera con Colombia.

Como vemos, Benavides se fue perfilando como el hombre idóneo para “salvar al país” en momentos críticos. Sucedió en 1911, en la frontera con Colombia; en 1914, ante la crisis del gobierno de Billinghurst; en 1919, para defender los derechos del Perú sobre las provincias cautivas ante la opinión internacional; y ahora en 1933, ante el asesinato de Sánchez Cerro y la grave crisis política; para muchos, el Perú estaba en una virtual “guerra civil”.

Fueron las tensiones internacionales las que provocaron, sin ser ése el verdadero móvil, la trágica muerte del Sánchez Cerro. La firma del Tratado Salomón-Lozano con Colombia indignó a la opinión nacional, de manera especial a los loretanos, un grupo de los cuales, en setembre de 1932, se apoderó del pueblo de Leticia y expulsó a las autoridades del país vecino. Sorprendido ante el hecho Sánchez Cerro lo consideró obra de la oposición.

Tiempo antes, el líder de la Unión Revolucionaria había declarado a la agencia "Associated Press", lo siguiente: Nosotros no reabrimos la cuestión internacional arreglada por el ex-Presidente señor Augusto B. Leguía. Nosotros miramos tales cuestiones como hechos cumplidos, pues los arreglos hechos por el anterior Gobierno lo fueron a nombre del Perú y no a nombre personal de Leguía; nuestro único interés es la reorganización interna del país y el aseo de la casa. Pero ahora el panorama había cambiado. En su entusiasmo, los captores de Leticia no midieron las consecuencias provocando la protesta colombiana. El Perú se negó a presentar excusas y hubo algunos enfrentamientos fronterizos.


Como vemos, el desarrollo de los acontecimientos ocasionó el desapego de Sánchez Cerro al Tratado. La guerra era inminente y su gobierno decide movilizar 20 mil efectivos a la frontera. El momento trágico no tardaría en llegar. El 30 de abril de 1933 cuando Sánchez Cerro pasaba revista a las tropas en el hipódromo de Santa Beatriz un joven de filiación aprista le disparó a quemarropa con más de una decena de balas. El temor a que Sánchez Cerro pudiera organizar un partido que lograra tener más éxito con las masas empujó al asesino, o a quienes lo instigaron al crimen, eliminar físicamente a su principal adversario político. Asesinado el presidente, esa misma tarde el Congreso decidió nombrar al general Oscar R. Benavides para completar el período del difunto gobernante. El nombramiento era una clara violación constitucional pero se invocó la situación de emergencia. El militarismo continuaba.

El 8 de diciembre de 1931 se instalaba la Asamblea Constituyente y asumía la presidencia Sánchez Cerro. Su primer gabinete estuvo integrado por Germán Arenas, Presidente y Ministro de Fomento; Luis Miró Quesada, Relaciones Exteriores; José Manuel García Bedoya, Gobierno; Eufracio Alvarez, Justicia e Instrucción; José Cateriano, Hacienda; coronel Manuel E. Rodríguez, Guerra; y Alfredo Banavides Canseco, Marina. Pero a partir de ese instante, la aparente calma desapareció y los apristas iniciaron una feroz campaña de oposición y violencia que siempre encontró una reacción firme del gobierno en hacer respetar los resultados electorales. Este clima fue empeorando hasta desembocar, prácticamente, en una guerra civil.

El primer escenario de enfrentamiento fue el Congreso donde la "cédula parlamentaria aprista" (liderada por Manuel Seoane, Carlos Manuel Cox, Luis Heysen y Luis Alberto Sánchez) empezó sus debates con el oficialismo en medio de gritos, amenazas e insultos. Pronto circularon rumores de conspiraciones e intentos de asesinatos. El Congreso, entonces, aprobó una "ley de emergencia" destinada a reprimir cualquier desmán que a su juicio podía ocasionar el APRA. De este modo se cerraron sus locales, se clausuró su periódico La Tribuna y el 18 de febrero de 1932 fueron desaforados y luego deportados los parlamentarios apristas. Los principales líderes del "partido del pueblo" fueron perseguidos y varios de ellos pasaron a la clandestinidad. Haya de la Torre fue recluido en la isla de El Frontón.

De este modo surgía una relación, basada en el terror, entre el APRA y el Ejército. Su momento más sangriento fue la revolución aprista de Trujillo que se inició con la masacre de varios oficiales del ejército en el cuartel O'Donovan y culminó con la ejecución masiva de los cabecillas apristas en los muros de la ciudadela de Chan Chan. El gobierno culpó a la dirigencia aprista de instigar o participar directamente en esta frustrada revolución. Como si esto fuera poco, Sánchez Cerro sufrió un atentado contra su vida cuando salía luego de escuchar misa en la Iglesia Matriz de Miraflores. Un joven aprista le disparó con un revólver por la espalda y el presidente salvó milagrosamente. Pero estos hechos, todos ocurridos en 1932, el "año de la barbarie", no serían sino el preludio de otro aún más dramático: el asesinato del propio Sánchez Cerro.


Obra de gobierno.- En abril de 1933 quedó sancionada la nueva Constitución. El texto tuvo antecedente en el anteproyecto que realizó una comisión ad honorem nombrada por la Junta de Gobierno en agosto de 1931. La integraron Manuel Vicente Villarán, como presidente, Víctor Andrés Belaúnde, Diómedes Arias Schereiber, Carlos García Gastañeta, Carlos Doig y Lora, Jorge Basadre, José León Barandiarán, Toribio Alayza y Paz Soldán, Ricardo Palma, Luis Eduardo Valcárcel, Emilio Romero y César Antonio Ugarte.

Luego de la experiencia leguiísta, la nueva carta magna no contempló la reelección inmediata y amplió el período presidencial a seis años. Gozaban de derecho a sufragio los ciudadanos que supieran leer y escribir y el voto era secreto. El Estado protegía a la Religión Católica, sin embargo, las demás gozaban de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos. Se aplicaba la pena de muerte por delitos de traición a la patria y homicidio calificado. Contemplaba el "habeas corpus" y, entre los derechos fundamentales, estaban la libertad de asociarse y contratar; la inviolabilidad de la propiedad; la libertad laboral; no había prisión por deudas; la libertad de conciencia; el derecho de petición; la inviolabilidad de domicilio; la libertad de reunión; la libertad de prensa; la inviolabilidad de correspondencia; la libertad de tránsito; y el derecho de no ser expatriado.

En el orden interno, a pesar de la guerra civil, el régimen pudo realizar algunas obras. Una decisión inteligente fue la supresión de la "ley de conscripción vial" que tantos perjuicios ocasionó a los indios durante el Oncenio. En beneficio a los trabajadores se estableció el jornal extra por el 1º de mayo, el régimen de vacaciones, la construcción de restaurantes populares y el contrato individual de trabajo. Incluso se llegó a establecer un fondo especial para los desocupados. En el campo de la defensa nacional, y ante un posible conflicto con Colombia, se crearon la Jefatura Superior de Defensa Nacional y la Junta Económica de Defensa; se ordenó la construcción de cuarteles en La Perla, Juliaca e Iquitos; se dispuso la construcción del Hospital de Sanidad en Las Palmas; y se intentó renovar el material bélico. Finalmente, la educación se vio favorecida con la intención de construir escuelas modernas para mil alumnos cada una y la inauguración de 90 centros en todo el país, así como la creación de escuelas prácticas y especializadas.

Entre los candidatos que se presentaron, dos fueron los más importantes y entre ellos se decidía al futuro Presidente de la República: Luis M. Sánchez Cerro, por su partido la Unión Revolucionaria, y Víctor Raúl Haya de la Torre, por el Partido Aprista Peruano (P.A.P.). Los otros fueron Arturo Osores, ardiente enemigo de la dictadura de Leguía al que apoyaba la Coalición Nacional, y José María de la Jara Ureta, del Partido Unión Nacional. Pocas veces en la historia republicana hubo tanto entusiasmo y expectativa ante un proceso electoral.

De estas elecciones, de otro lado, no sólo debía salir el nuevo Presidente de la República, sino también un Congreso Constituyente que elaborara una nueva constitución que debía reemplazar a la de Leguía promulgada en 1920. Finalmente, la organización y conducción de los sufragios corrió a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (J.N.E.), presidido por el fiscal más antiguo de la Corte Suprema.

El resultado electoral.- Según "El Comercio", los comicios se llevaron a cabo con gran sentido de ecuanimidad. Ellas se caracterizaron por el respeto de unos ciudadanos con otros ciudadanos. Enormes masas de gente fueron a depositar sus sufragios y esperaron el turno correspondiente sin agresiones de ninguna clase. No hubo hechos de sangre ni abusos el día que fue ejercido el acto cívico. Alrededor de 300 mil electores depositaron sus votos a favor de los cuatro candidatos presidenciales y de una multitud de candidatos al Congreso.

De acuerdo a la información oficial, votó el 80% de los inscritos en el Registro Electoral. Los resultados fueron los siguientes: Sánchez Cerro 152 mil votos; Haya de la Torre 106 mil; José María de la Jara y Ureta 21,921; y Arturo Osores 19,653. Un examen de los votos apristas revela su marcado apoyo regional. Haya recibió casi el 44% de su votación total en los cinco departamentos del norte. Del 56% restante, el 30% lo obtuvo del populoso departamento de Lima (incluyendo el Callao) mientras que los otros 16 departamentos sólo contribuyeron con el 26% de sus votos.

La victoria del candidato "urrista" era contundente, había obtenido más votos que los otros juntos, sin embargo, mientras La Jara y Osores reconocían su derrota, los apristas denunciaron fraude electoral y llegaron a decir que Haya de la Torre era el "Presidente moral del Perú". La victoria de Sánchez Cerro era un golpe amargo para las legiones apristas que daban por descontado el triunfo de Haya. Habían sido convencidos de que había llegado el momento de cambiar el país en beneficio de ellos mismos. Su frustración era inmensa. Lo importante es que a partir de allí el Partido del Pueblo inició una cerrada oposición desde el recién instalado Congreso Constituyente y desde las calles. Este fue el inicio del odio aprista hacia Sánchez Cerro y de la violencia que se desató en el país que tuvo sus puntos más álgidos durante la Revolución Aprista de Trujillo (1932) y el asesinato de Sánchez Cerro (1933).

La noticia de la caída de Leguía fue acogida jubilosamente por Haya de la Torre en su exilio europeo e inmediatamente puso en acción sus planes para organizar en el Perú el partido aprista. Mientras llegaba, sus colaboradores registraron oficialmente al Partido Aprista Peruano y se formó un nuevo comité ejecutivo, al mando de Carlos Manuel Cox. Luego se fundaron varios periódicos apristas en todo el país, entre ellos La Tribuna, en Lima. Finalmente, este comité anunció la convocatoria al Primer Congreso Aprista Regional en Trujillo a fin de elaborar el programa del partido ante la justa electoral.

Haya regresó de su forzado exilio e inició su campaña recorriendo la costa norte pueblo por pueblo hasta cerrar su aventura electoral el 23 de agosto de 1931 en la Plaza de Acho de Lima, ante una inmensa multitud de trabajadores y limeños de clase media. El joven político trujillano, de apenas 36 años, antes de concluir su discurso, y para júbilo de sus seguidores, exclamó sólo el aprismo salvará al Perú. A partir de entonces, el APRA y Haya de la Torre iniciaron una tempestuosa, y a veces sangrienta, carrera que a lo largo de más de 50 años alcanzaría importante gravitación en el panorama político peruano.


A diferencia de Sánchez Cerro, Haya basó su discurso en un análisis detallado de los principales problemas del país. Utilizando sus ideas desarrolladas en El Antiimperialismo y el APRA, moderó sus anteriores llamados a la revolución y a la construcción del socialismo. Anunció la creación del "estado aprista", llamado a veces "estado antiimperialista", para aceptar correctamente las innovaciones traídas por el capitalismo extranjero. No somos -declaró- enemigos del capital extranjero; sin embargo, consideramos absolutamente necesario que el Estado lo controle para que su función en la economía nacional sea de cooperación y no de absorción.

La fascinación que ejercía Haya era su llamado a hombres o mujeres, jóvenes o adultos, obreros, empleados o desocupados, a la tarea de formar una empresa colectiva ("el estado antiimperialista") y ser protagonistas de la vida política. La idea era sacarlos del anonimato o del menosprecio. Al menos esa fue la idea de quienes votaron por Haya en 1931.

Pese a todo, el discurso de Haya, maquillado en muchos aspectos para estas elecciones, resultaba demasiado radical para la mentalidad política del país. Si bien sus repetidos ataques a las clases altas eran sólo retóricos, asustaron tremendamente a los grupos conservadores y por qué no a muchos artesanos y gente de clase media temerosa de perder sus pequeñas propiedades. De este modo la Iglesia, el Ejército y la oligarquía costeña no escatimaron esfuerzos para denunciar al APRA como un movimiento subversivo internacional que pretendía destruir la integridad nacional. Los apristas, sobre todo los más jóvenes, respondieron esos ataques con agresividad:

Un día como hoy, el 14 de noviembre de 1940, en Piedras Gordas, Ancón, durante las maniobras militares de la Segunda División Ligera del Ejército, en coordinación con la Aviación y la Marina de Guerra del Perú, el sargento segundo paracaidista, Lázaro Orrego Morales, cayó en tierra al no abrírsele el paracaídas en una maniobra con un grupo de paracaidista de nuestra aviación. Su muerte, la primera de un paracaidista peruano en cumplimiento del deber, marcó una fecha memorable en el calendario de nuestra aviación: "El Día del Paracaidista Peruano", todos los 14 de noviembre.

Fue el partido fundado por Sánchez Cerro poco antes de las elecciones de octubre de 1931. Fue un partido de enorme arraigo popular. El origen mestizo y provinciano de su líder, que fue capaz de pulverizar el edificio leguiísta, ejercía enorme fascinación entre los obreros y los grupos medios urbanos.

Sus bases doctrinarias tuvieron influencia italiana, tanto en la organización de las masas, la formación de sus fuerzas de choque, como en su sistema de represión. Su lema era el Perú sobre todo, lo que demostraba su clara vocación nacionalista propia de un militar que toma el poder, y como respuesta a las influencias "foráneas" representadas por el aprismo y el comunismo. Otro de los objetivos de la U.R. era mantener el orden público, aspecto muy importante en 1931, cuando el caos político y social arreciaba. Se proponía devolver la paz al país, para lo cual el papel del Estado debía seguir creciendo. Defendía la exaltación de ciertos valores (patria, honradez, religión, valor y superación espiritual), que sin duda tendían a la creación de una mística, propia de los fascismos europeos de entonces. Por ello, el Estado debía asumir el control de la educación y de la prensa como medios para orientar a las masas y formarlas dentro de los valores que debía difundir. También se comprometía a respetar y promover la propiedad individual para la producción, cuando los otros partidos de orientación marxista la cuestionaban o hablaban de la desaparición de la propiedad privada.


Aparte de esta nueva versión del autoritarismo, la Unión Revolucionaria no ofrecía nada novedoso para combatir la crisis. En ese sentido el discurso de Haya de la Torre fue más imaginativo. El programa de Sánchez Cerro era una readaptación de viejas propuestas políticas: impulso a la descentralización, presupuestos balanceados, una política de estabilidad monetaria, promoción a la inversión extranjera y proyectos de colonización de la selva. Tampoco le faltó al programa una cuota de populismo y demagogia: promesa en distribuir tierras y reivindicar a las "oprimidas" masas indígenas. Pero esto último, subrayaban, eran metas a largo plazo.

Su cúpula directriz estuvo conformada por una mezcla de antiguos políticos y jóvenes profesionales. Entre los primeros destacaban José M. García Bedoya, Clemente J. Revilla, Pedro A. del Solar y Eduardo Lanatta; entre los segundos Carlos Sayán Alvarez, Alfredo Herrera, Abelardo Solís, Luis A. Flores, Ernesto Byrne Valcárcel, Ernesto Delgado Gutiérrez, Elías Lozada Benavente, Manuel Mujica Gallo, Pedro Ugarteche y Guillermo Hoyos Osores. El diario El Comercio apoyó resueltamente la candidatura sanchecerrista así como José de la Riva-Agüero y Osma, antiguo fundador del Partido Nacional Democrático. Luego de la muerte de Sánchez Cerro, la Unión Revolucionaria perdió fuerza aunque siguió figurando hasta fines de la década de 1950 pero sin ningún tipo de representatividad.

Derrocado Leguía, subió al poder Sánchez Cerro al mando de una Junta Militar y se produjeron disturbios de obreros y universitarios, así como alzamientos militares en Arequipa y el Callao. La situación se puso tan crítica que Sánchez Cerro tuvo que dimitir. Una Junta de Notables acordó confiar el poder a Leoncio Elías, presidente de la Corte Suprema. Dos días después, Elías se vio obligado a entregar el mando al comandante Gustavo Jiménez. Los desórdenes continuaron hasta terminar la banda presidencial en manos de David Samanez Ocampo. Su principal objetivo fue realizar elecciones libres y restaurar el orden constitucional. De este modo, invocando la unión de toda la ciudadanía, Samanez Ocampo convocó a las elecciones generales de 1931, una de las más polémicas de nuestra historia republicana.

La figura de Sánchez Cerro.- El mayor mérito del coronel Luis M. Sánchez Cerro (Piura, 1889) era el de haber acabado con el "tirano" que gobernó al país durante once años. Hijo de un modesto escribano, había culminado sus estudios secundarios en el Colegio San Miguel de su ciudad natal; uno de sus amigos por aquella época fue Luis Antonio Eguiguren. Luego se trasladó a Lima y se graduó, en 1910, en la Escuela Militar de Chorrillos. Fue destacado a Sullana durante la tensión con Ecuador (1911), que culminó con el arbitraje del Rey de España.

Siendo teniente, participó activamente en el golpe que derribó a Guillermo Billinghurst en 1914. Fue en esta operación que, por herida de bala, perdió dos dedos de la mano derecha, lo que le valió el apodo de "el mocho". Promovido a capitán por el presidente Pardo fue enviado como agregado militar a la embajada del Perú en Washington. Retornó en 1918 y publicó en La Prensa un artículo titulado "Ejército y Armada" firmado con el seudónimo "Desaix", que fue considerado ofensivo por los alumnos de la Sección Superior de la Escuela Militar.

Como sargento mayor, sirvió en Loreto, Arequipa y Sicuani, y como juez militar en Cuzco. Desde la ciudad imperial encabezó un fallido pronunciamiento contra el régimen de Leguía y, gravemente herido, sufrió prisión en Taquile (1922). Separado del ejército, volvió como ayudante en el Ministerio de Guerra en 1925. Viajó a Europa en misión de estudios, se alistó en el ejército español y concurrió a la guerra sostenida en Marruecos. También estuvo en Italia y Francia. Al volver fue ascendido a teniente coronel y comandante del Batallón de Zarpadores de la guarnición de Arequipa.

Fue en ese puesto que encabezó la célebre revolución de Arequipa. Derrocado Leguía supo ganarse el apoyo del pueblo pero pronto se introdujo en los círculos sociales de la élite. Fue invitado a formar parte del exclusivo Club Nacional y la oligarquía pronto vio que podía contar con un candidato que tuviera el apoyo de las masas y el respaldo del ejército. El objetivo era frenar a las masas "comunistas" que seguían al APRA, especialmente ahora que el electorado había sido ampliado por la ley de reforma promulgada en 1931 que incluía a todos los varones adultos que supieran leer y escribir. La oligarquía se daba cuenta que si bien la nueva ley era bastante restrictiva en la zona andina, ahora no tenía el poder absoluto sobre el sistema electoral del que gozó durante el Segundo Civilismo.

En octubre de 1930 la Junta de Gobierno Presidida por Sánchez Cerro nombró una Comisión de reforma monetaria. El trabajo de la Comisión estuvo asesorado por el profesor norteamericano Edwin W. Kemmerer quien antes había reorganizado las finanzas de Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Kenmmerer llegó a Lima acompañado de varios técnicos de la más alta calidad. La tarea básica de la Misión fue evaluar la situación de la moneda y las funciones del Banco de Reserva respecto a ella. Varias fueron las recomendaciones finales de la Misión, lamentablemente la Junta de Sánchez Cerro sólo aceptó algunas, especialmente la reforma del Banco de Reserva.


Por ello, en abril de 1931 se creó el Banco Central de Reserva tomando a su cargo el activo y el pasivo del Banco de Reserva creado por Leguía. Su principal objetivo era mantener la estabilidad monetaria y regular el circulante, función que no tenía el anterior. Se había creado el mecanismo para que el gobierno pudiera manejar la política bancaria y el control o devaluación del tipo de cambio. Entre 1930 y 1933 se produjo una devaluación, para luego, hasta 1937, revalorizarse la moneda; entre 1938 y 1940 hubo otro proceso devaluatorio, pero durante los años cuarenta el signo monetario se mantuvo estable. La sistemática intervención del nuevo Banco tuvo mucho que ver en esto.

De otro lado, se amplió la Banca de Fomento con la creación del Banco Agrícola (1931), El Banco Industrial del Perú (1936) y el Banco Minero del Perú (1942). Pero como todos ellos dependían del Banco Central, terminaron privilegiando las actividades sólidamente establecidas o aquellas que garantizaban una alta rentabilidad. En la práctica no democratizaron el crédito por lo que no actuaron como una verdadera banca de fomento. El Banco Agrario, por ejemplo, dirigió sus préstamos a los valles de la costa norte y de Lima e Ica (el 98% de sus créditos). El Banco Industrial privilegió las actividades industriales con miras al mercado interno (así lo hicieron también el Banco Popular y el Banco Italiano, convertido ahora en el Banco de Crédito).

Los créditos a provincias no se distribuyeron en forma homogénea. La sierra sur y la Amazonía estuvieron sistemáticamente desatendidas. Después de Lima (entre el 70 y 75%), las zonas privilegiadas fueron la costa norte (10%) y Arequipa (7%). Como vemos, la concentración del crédito en Lima fue demasiado alta, favoreciendo el desarrollo de la industria capitalina y el centralismo.

Los años 30, afectados por la crisis mundial, marcaron un punto culminante en la presión por liquidar el Estado oligárquico con el ingreso de la clase media y los grupos populares a la política. El surgimiento de nuevos partidos radicales de izquierda y de derecha (el APRA y la Unión Revolucionaria, principalmente) y la expansión acelerada de los gremios obreros demostrarían la incorporación de estos grupos al juego democrático, sin embargo, el fenómeno se manifestó como exclusivo de los medios costeños y urbanos. Salvo en el caso del APRA, ninguno de los otros partidos logró movilizar a los campesinos.

Pero la irrupción de estos nuevos grupos no significó que se crearan niveles de participación adecuados para transformar al Estado peruano y darle un perfil más democrático. La elite exportadora, que ahora formaría un germen de burguesía empresarial, pareció estar mejor dispuesta a la negociación y a la apertura política, pero no vaciló en reprimir cualquier intento que pudiera poner en peligro su dominio sobre el Perú. Por ello, se escudó en militares como Sánchez Cerro o Benavides para seguir manejando al país. A lo largo de estos años, se recortaron las libertades públicas y sindicales y se persiguió a los partidos considerados subversivos o fuera del orden. Esa fue la esencia de este tercer militarismo.


La crisis mundial y sus efectos.- Las limitaciones del modelo exportador de productos primarios se hicieron patentes con la crisis de 1929. Dos de sus manifestaciones más importantes fueron la caída de los precios en el mercado mundial y la concentración de los capitales. Estados Unidos y Alemania disminuyeron su producción en un 50% entre 1929 y 1932. Esto hizo que se diera una contracción en la demanda de materias primas y que los precios de éstas cayeran.

Toda América Latina padeció la crisis. En el Perú, entre 1929 y 1932, el valor de las exportaciones de cobre se redujo en 69%, lanas en 50%, algodón en 42% y azúcar en 22%. Ahora se dejó sentir el endeudamiento dejado por el Oncenio de Leguía. El país tuvo que reducir sus gastos y disminuir la obra social. El presupuesto nacional que era de 50 millones de dólares en 1929, descendió a 16 millones en 1932, el año más duro de la crisis. La Libra Peruana desapareció y se creó el Sol de Oro como nueva moneda en 1930. Hubo una continua devaluación de la moneda y el costo de vida aumentó. Se emitieron bonos y la deuda pública quedó suspendida. El flujo de capital se hizo más lento y muy difícil la renovación de la capacidad instalada. Muchas empresas cerraron y el desempleo se extendió por todo el país. Para los grupos medios populares los años 30 significaron reducción de salarios, desocupación y auge de huelgas y revueltas.

La caída dura hasta 1933 y no se detiene hasta 1936, en que se inicia una leve recuperación. En esta coyuntura crítica el capital norteamericano pierde el dinamismo de los años 20 y el grupo exportador se debilita. Pero una suerte de burguesía nacional, interesada en el mercado interno, se deja sentir en el poder político. De otro lado, la crisis obligó a desarrollarse con autonomía respecto al mercado mundial e impulsar la industrialización. El Perú se reacomodó y, ante la ausencia de capitales foráneos, debió autofinanciar su recuperación. En 1939, por ejemplo, más del 40% de los ingresos públicos estaban cubiertos por los impuestos directos. Este esfuerzo permitió, por ejemplo, construir y culminar una serie de carreteras, asfaltadas o afirmadas, para articular algunas regiones del país. Se hicieron trabajos en la sierra sur, incluyendo Arequipa, y a principios de los 40 se culminó la Carretera Panamericana quedando unidas las ciudades de Lima, Trujillo y Arequipa. En 1934 había en el Perú 19,867 kilómetros de carreteras y en 1944 la cifra se elevó a 33,468. En otros aspectos, no hubo una política demasiado proteccionista para favorecer a la industria nacional, sin embargo, en 1940, se dio la ley 9140 mediante al cual el Ejecutivo se reservaba el derecho de estimular aquellas industrias que juzgara convenientes.

Un Estado cada vez más grande.- El Estado tuvo que seguir creciendo para atender las demandas sociales. Aparecen los ministerios de Educación, Salud y Agricultura. La reforma del Banco de Reserva y la ampliación de la Banca de Fomento le dieron a los gobiernos mayor injerencia en el manejo financiero. También el Estado se dejó sentir en el mundo empresarial (Corporación del Santa, Corporación del Caucho y CORPAC). Pero la burocracia también aumenta: entre 1938 y 1945 se incrementó en un 100%. Por último, este crecimiento estatal estuvo acompañado de un peligroso centralismo. Los Congresos Regionales desaparecieron y las decisiones se concentraron cada vez más en el Poder Ejecutivo de Lima. Nunca llegaron a funcionar los Congresos Departamentales contemplados en la Constitución de 1933. Tampoco existía la autonomía municipal. Por ello, ante la ausencia de instancias regionales o locales, se prefirió el "trato directo" entre el Estado y los gremios.

Hasta la década de 1980, los cementerios Presbítero Maestro y el Ángel estaban destinados a la clase media y mediana burguesía de Lima. En la actualidad, los muertos de las familias más solventes de Lima ya no se entierran en estos camposantos sino en algunos más caros y “distinguidos” como el Cementerio de La Planicie, los Jardines de la Paz, Campo Fe o el Parque del Recuerdo; o en el Cementerio Británico que es un repositorio para miembros de familias extranjeras prominentes. A este nivel se encuentra el Cementerio de La Planicie, con una construcción arquitectónica diametralmente opuesta a los cementerios generales de Lima, pues se trata de un edificio construido exprofeso, con nichos lujosos, repleto de mármoles y decorado con distinción. Por su lado, los otros cementerios están construidos en forma de jardines, siguiendo el modelo norteamericano.

Todos estos cementerios son los “formales”, construidos por distintas beneficencias o por empresas privadas, pero con todas las autorizaciones y licencias que se requieren para construir este tipo de repositorios de los muertos. Son los del mundo oficial, los que corresponden a los barrios de clase media y alta, del mundo que no está ligado a la informalidad, a la barriada, al pueblo joven. Son del mundo visible, es decir, de la superficie legal de Lima y del país.

Paralelamente, en los últimos 40 años, debido al crecimiento “informal” de Lima producto de la migración, han surgido más de 30 cementerios clandestinos tanto en los conos Norte, Sur y Este de la ciudad. Todos estos camposantos no tienen delimitación precisa, tampoco cerco alguno; son simples extensiones de desierto en el perímetro de las barriadas, donde en forma desordenada y caótica, entre grandes piedras, arena y basura, se han depositado los cadáveres de origen popular en pequeños túmulos, excavados en el propio arenal o entre las rocas circundantes y cubiertos apenas de un montón de tierra y arena coronados con una cruz de madera, con la inscripción del nombre del cadáver. Los mejor construidos tienen una frágil estructura de ladrillo con cemento, pero la mayoría son simples túmulos levantados en forma desordenada, en superficies variables de 2, 3 ó 4 hectáreas que cubre el cementerio clandestino.



Algunos ya han sido oficialmente reconocidos por las municipalidades de la jurisdicción, pero la mayoría son creación espontánea del pueblo marginal. El enterramiento en estos lugares no es gratuito: los deudos del muerto pagan alguna suma a la municipalidad o a la autoridad del pueblo joven. Sin embargo, estos costos son abismalmente menores que los que corresponden a un enterramiento en los cementerios oficiales.


Finalmente, muchas personas van a los cementerios aprovechando el silencio, el aislamiento o el descuido de las autoridades para robar tumbas. Otras, para protagonizar hechos sexuales, conductas eróticas o situaciones reñidas con la moral pública. En este último caso podemos citar el “escándalo” que se desató en Lima (en 1917) cuando un grupo de jóvenes intelectuales, entre los que estaba José Carlos Mariátegui, llevaron a la bailarina rusa Norka Rouskayya al cementerio Presbítero Maestro a bailar una danza macabra. El acto fue considerado un terrible sacrilegio.

Ubicado en la cuadra 10 de la avenida Tomás Marsano, fue fundado el 7 de septiembre de 1936 sobre un terreno donado por el señor Salvador Gutiérrez a la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, cuando lo que hoy es Surquillo era parte del distrito de Miraflores; la primera piedra fue colocada en una ceremonia presidida por el alcalde Eduardo Villena Rey. Al momento de crearse el actual distrito de Surquillo, el 15 de julio de 1949, durante el gobierno de Odría, el cementerio pasó a ser administrado por la nueva comuna.



El cementerio tiene 5 mil metros cuadrados, está dividido en 8 cuarteles y hay enterradas unas 7 mil personas, en su mayoría surquillanos. Al ingresar, lo que más destaca es una pérgola central donde se encuentra la escultura de un Cristo yacente, obra del escultor Teófilo Sotomayor. La tumba del personaje más notable enterrado en este camposanto es la que corresponde al ex presidente constitucional don José Luis Bustamante y Rivero, quien nos gobernó entre 1945 y 1948, y luego fue elegido presidente de la Corte Internacional de Justicia de Las Haya. El cementerio está abierto todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde; su guardián-administrador es el señor Justino Villegas.

Al promediar el siglo XX, la capacidad del "Presbítero Maestro" ya había llegado a su fin y la Beneficencia de Lima, al ver la demanda de una población que crecía cada vez más, ordenó la construcción de un nuevo camposanto sobre el terreno que correspondía al fundo Ancieta Alta. Las obras empezaron en junio de 1956 y se culminaron 3 años después.

El nombre de este cementerio se debe a la estatua que se levanta en medio de la plazoleta de enfrente: el Ángel del Juicio o de la Resurrección (escultura anónuma fundida en Francia en 1868), que está allí desde 1877. A la inauguración, que fue el 27 de junio de 1959, asistió el entonces presidente de la República, don Manuel Prado y Ugarteche, y diversas autoridades. Fue recién el 03 de julio de 1959 que el nuevo camposanto recibe a su primer “huésped”: don Juan Luis Uccelli Rainusso.



El Ángel tiene más de 200 mil metros cuadrados (20 hectáreas) y, como podemos observar, el ingreso al cementerio luce una elegante fachada donde se conjugan un mural pictórico de Fernando de Szyslo y una escultura de Joaquín Roca Rey. Al igual que en el viejo cementerio Presbítero Maestro, en este hay un área para muertos distinguidos a través de mausoleos, muchos de ellos en el suelo a la manera anglosajona y otros de estructura más tradicional, a la peruana. Hay espacios centrales, jardines y callejones o alamedas, a cuya vera se han construido nichos, en 5 ó 6 hileras, donde se han ido depositando los difuntos a lo largo de estos casi 50 años, en cantidades cada vez mayores, de modo que, pese a su modernidad, este camposanto está también casi saturado en la actualidad.

Entre las tumbas de los huéspedes más ilustres de este camposanto podemos encontrar la de Chabuca Granda, Luis Banchero Rossi, Lucha Reyes, Juan Velasco Alvarado (cuya tumba fue alguna vez dinamitada por terroristas en los 80), Akira Kato, Augusto Ferrando y otros conocidos personajes y políticos.

Antes de la construcción de este cementerio, los judíos eran enterrados en el antiguo Cementerio Británico de Bellavista; por ello, es posible encontrar hoy allí algunas lápidas escritas en hebreo y otras en alemán. La construcción del actual Cementerio Judío se remonta a la coyuntura de 1868, cuando la ciudad de Lima fue asolada por una epidemia de fiebre amarilla. Entre las 6 mil víctimas, hubo 10 judíos, quienes fueron enterrados, inicialmente, en el Británico del Callao.

La necesidad de darle sepultura judía a sus muertos y de atender a las viudas y huérfanos de los fallecidos movió a los judíos a asociarse para fines de beneficencia. De esta manera, como anota León Trahtenberg, se creó (abril de 1869) un directorio provisional presidido por Jacobo Herzberg y Miguel Badt. Esta sociedad se fundó oficialmente en 1870 con el nombre de "Sociedad Hebrea de Beneficencia" y fue reconocida oficialmente el 1 de julio de 1873, bajo la presidencia de Natazzius Hurwitz, acompañado de Paul Ascher y Jacobo Brillman. En marzo de 1875, se colocó la primera piedra del Cementerio Judío de Baquíjano, que en tuvo el nombre de "Campo Santo Israelita de Baquíjano". El nuevo camposanto ocupó un terreno vendido simbólicamente (donado) por el empresario ferrocarrilero Enrique Meiggs, ubicado en la chacra Baquíjano del valle de "La Legua" (que es el mismo terreno que ocupa el actual Cementerio Judío de Bellavista).

Pasaron unos meses hasta que se produjo el primer entierro judío en el camposanto. Se trató de la señorita Mila Rosenberg, de 27 años, soltera, alemana, que falleció el 7 de noviembre de 1875. Está enterrada en la tumba que figura con al letra K-1. En el siglo XX, un sector de la comunidad judía del Perú, de procedencia alemana y con ideas y rituales liberales, se congregaron en la Sociedad Israelita de Socorro Mutuo de los Judíos (1935). Luego, este grupo se asoció en base a la antigua Sociedad de Beneficencia Israelita que a partir de ese momento transformó su nombre en Sociedad de Beneficencia Israelita 1870, en homenaje a la fundación antecesora, la cual se hacía responsable de la propiedad y administración del Cementerio Israelita de Bellavista. Ya en la década de 1940, se integraron todos los sectores de la comunidad judía del Perú para administrar el Cementerio y cubrir su mantenimiento.

En la ex avenida Colonial del Callao, el Cementerio Baquíjano conserva los mausoleos más elegantes y costosos de nuestra provincia constitucional. Fue inaugurado por el presidente Castilla en 1862 y en él yacen 120 mil personas, en su mayoría chalacos. Se sabe que aún hay capacidad para casi 3 mil, por lo que en dos años no habrá sitio para más. ¿Cómo se inicia la historia de este camposanto?

Antes de la fundación del Baquíjano, en los primeros años de la República, la tradición da cuenta de que los chalacos enterraban a sus muertos en las huacas cercanas, especialmente en la que se situaba cerca del actual barrio de Chacaritas. El problema de este cementerio “informal” era su cercanía a los antiguos pantanos del Callao, y muchas de las tumbas que se excavaban terminaban llenas de agua y eran potenciales focos de infección. Asimismo, existía un pequeño cementerio en Bellavista, que hoy no podemos apreciar y que se encuentraba detrás del antiguo cine “Bellavista”.

Por ello, cuando en 1858 Lima y el Callao sufrieron las consecuencias de una epidemia de fiebre amarilla, las autoridades del puerto, encabezadas por el entonces director de la Beneficencia del Callao, Gregorio Hurtado, decidieron crear un cementerio moderno en uno de los caminos a Lima (hoy avenida Colonial); el terreno correspondía a unos potreros propiedad de Ignacia Ramírez de Arellano.

La primera piedra se colocó el 24 de octubre de 1859 y la obra fue inaugurada el 12 de diciembre de 1861: así nacía el Cementerio General de Baquíjano. A la ceremonia de inauguración asistió el propio presidente, el mariscal Ramón Castilla. Las cifras hablan que en su primer año de funcionamiento, se enterraron en el nuevo camposanto casi 12 mil cadáveres, víctimas, en su mayor parte, de la fiebre amarilla. En 1869, el antiguo cementerio de Bellavista fue cerrado.



En el Baquíjano se encuentran enterrados grandes personalidades chalacas y nacionales. Quizá el más importante sea el coronel Manuel Cipriano Dulanto, prócer de la Independencia, combatiente de Ayacucho, alcalde del Callao (1857), senador y prefecto del Callao, y gran benefactor de la ciudad de nuestro primer puerto; murió el 17 de Marzo de 1867.

También tenemos el mausoleo de los héroes chalacos, los que cayeron en la guerra del Pacífico. Está hecho de mármol, como la mayoría, pero por dentro la humedad está despellejando el techo. Urge una restauración. Seguimos caminando y vemos, en las tumbas y mausoleos, una diversa mezcla de estilos que combina modelos egipcios, góticos y modernos. Asimismo, está el concurrido mausoleo (casi un lugar de peregrinación) de Sarita Colonia y la tumba de los Héroes del Cenepa.

Después de pasear por este tesoro monumental nos preguntamos ¿cómo se financia la conservación del Baquíjano? Los ingresos provienen básicamente de la venta de los nichos. Hay también algunos “proyectos”, como la instalación de un paradero a unos metros de la entrada para evitar la aglomeración de gente en la puerta de ingreso; asimismo, emplear un solo estilo para decorar los nichos, con losetas grises, para guardar un diseño sobrio.

Al final de la avenida Zarumilla, en Bellavista, está el Antiguo Cementerio Británico, cuya distribución y estética no guarda relación con la de los demás cementerio católicos de nuestra ciudad. Se trata de un jardín de dos hectáreas, totalmente verde, con pocas esculturas pero sí buena cantidad de cruces. Todos sus “huéspedes” están bajo tierra, formando hileras a lo ancho del cementerio. Aquí no hay vendedores de flores ni “rezadores” que ofrezcan un responso a cambio de una propina.

Este camposanto abrió sus servicios en 1834 cuando el cónsul de Gran Bretaña en nuestra ciudad obtuvo la autorización del gobierno de Luis José de Orbegoso para la compra de un terreno en el Callao que sirviera como cementerio para los súbditos británicos protestantes en nuestro país. Para la administración del camposanto, el rey Jorge IV envío dinero a través de un acta del Parlamento Británico (1835) bajo la supervisión del Consulado Británico en el Perú; así nació la British Burial Ground Society (Asociación del Cementerio Británico) que funciona hasta hoy y que tiene la responsabilidad de ahora de los dos Cementerios Británicos: el Antiguo (Bellavista - Callao) y el Nuevo (Av. Colonial - Callao).



Lógicamente, el más interesante es el Antiguo Cementerio de Bellavista donde el visitante puede encontrar tumbas no sólo de ciudadanos británicos sino de muchas otras nacionalidades europeas, incluso de canadienses, estadounidenses, chinos y japoneses; además, personas de distintas religiones. Entre los personajes más destacados que están (o estuvieron) enterrados en este camposanto podemos citar:

1. El general Guillermo Miller.- Es, quizá, el personaje más destacado entre los que estuvieron enterrados. Fue un militar inglés que luchó por la Independencia de nuestro país y luego fue nombrado Mariscal del Perú. Murió a la edad de 66 años, el 31 de octubre de 1862, y fue enterrado originalmente en este camposanto. Luego, en 1826, bajo la presidencia de Augusto B. Leguía, sus restos fueron trasladados el Panteón de los Próceres.
2. William Hanam.- Este negro jamaiquino fue el cocinero del mariscal Miller; murió a los 60 años víctima de hidropesía.
3. El teniente William Russell Drummond.- Fue el primero en enterrarse en este cementerio; falleció debido a la amputación de una pierna el 1 de enero de 1835 cuando recibió un disparo de unos amotinados a quienes trataba de reducir.
4. Participantes en la Guerra del Pacifico.- Varios extranjeros murieron en el Combate de Angamos y otros sobrevivieron. Por ejemplo, Samuel MacMahon, ciudadano estadounidense y primer maquinista del monitor Huáscar quien presenció y sobrevivió el Combate de Angamos. En la misma guerra (en la batalla de Miraflores), falleció Bernard Fleming, nacido en Lima pero hijo de británicos; su cuerpo fue llevado al camposanto por sus colegas de batalla.
5. William Pitt Adams.- Encargado de Negocios de la Legación Británica y gestor de la creación del Cementerio.
6. Entre otros europeos y sus descendientes se encuentran familias como los Backus (fundadores de la famosa cervecería), los Lindley (Inca Kola) o los Oeschle (de la antigua tienda por departamentos; la familia del empresario ferrocarrilero Enrique Meiggs; los ingenieros escoceses que llegaron para construir el Ferrocarril Central, quienes murieron víctimas del paludismo; asimismo, tripulantes, oficiales y empleados de la Pacific Steam Navegation Company, cuya flota cubría los viajes desde nuestras costas hasta Europa.
7. Dora Mayer Loehrs.- ciudadana alemana que llegó al Perú en 1903, vivió en el Callao y dirigió la Asociación Pro Indígena; hizo amistad con Mariátegui, Abelardo Gamarra, Daniel Alomía Robles y José de la Riva Agüero, entre otros. Fue delegada del Perú al Primer Congreso Femenino Internacional, realizado en Buenos Aires (1910). Se nacionalizó peruana y murió el 7 de enero de 1959, a los 91 años de edad. Está enterrada en la tumba C-12. Fue una gran luchadora social, identificada con el Callao y publicó una gran cantidad de libros y artículos. Estuvo casada con el filósofo Pedro Zulen.
8. Víctor V. Norris.- Aventurero norteamericano que, según la tradición, es el creador del pisco sour y dueño del legendario Morris Bar. Está enterrado en el sector 4, letra C, número 5.

Hacia la década de 1950, el Antiguo Cementerio Británico quedó lleno y el 4 de septiembre de 1955 se compró un terreno en la avenida Colonial para construir un segundo cementerio, el Nuevo Cementerio Británico. Fue consagrado por el entonces obispo de las Islas Malvinas (Falkland Islands), el reverendo Bishop D. Ivor Evans, junto con los representantes de otras confesiones religiosas (luteranos, rusa ortodoxa, católicos y otras protestantes).

Este fin de semana, que se recordaban el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos, los cementerios de Lima se vieron atestados de gente que rendía homenaje a sus familiares o amigos ya fallecidos. Por ello, a propósito de estas fechas, iniciamos una pequeña serie sobre la historia de los cementerios en Lima, tanto los inaugurados en el siglo XIX como los construidos en la pasada centuria.

El arte mortuorio es bello, especialmente en los cementerios del siglo XIX. Nuestra ciudad tiene cuatro de dicha centuria: uno en los Barrios Altos (el Presbítero Matías Maestro) y tres en el Callao (el Británico, el Baquíjano y el Judío). Ellos albergan aristócratas, presidentes, inmigrantes, bebés que fallecían a las horas de nacidos, intelectuales y héroes caídos en guerras. Buena parte de nuestros personajes históricos están allí, bajo tierra o en nichos, pero el patrimonio material está a la vista de todos, en estos conjuntos monumentales que merecen ser cuidados y puestos en valor. Debemos dejar en claro que estos lugares son un espacio cultural, pues en ellos se mezclan costumbres, ritos, arte escultórico y vivencias de personajes aún vigentes.

¿Cómo nacieron estos cementerios decimonónicos? Todos sabemos que, durante el Virreinato, la costumbre era enterrar a los difuntos en los cementerios de las iglesias, más conocidos como “catacumbas”. Sin embargo, con las nuevas ideas de higiene y salud social aparecidas con la Ilustración, se vio la necesidad de construir camposantos fuera de la ciudad para evitar posibles enfermedades emanadas por los efluvios de los cadáveres; además, las iglesias de la Lima de entonces ya no se daban abasto para continuar con los enterramientos.

Fue en este contexto que, durante el gobierno del virrey Abascal, se fundó, el 31 de mayo de 1808, el Cementerio Presbítero Maestro, que cumple este año 200 años de actividad y que ha sido declarado monumento histórico del Perú y de América. Está ubicado en el jirón Ancash (cuadras 16, 17 y 18). Este cementerio, el más antiguo de nuestra ciudad, era conocido con el nombre de Cementerio General; en agosto de 1923, a propuesta del Inspector de cementerio, monseñor Belisario A. Philipps, se le cambio el nombre por Cementerio “Presbítero Maestro”.


Regresando a la historia, esta obra respondía a la necesidad de fundar un cementerio que pudiera albergar a los difuntos de Lima que cada vez crecía más, haciendo impostergable la construcción de una ciudad para los muertos, cuya ubicación se planificó cuidadosamente. Siguiendo las normas de salubridad de la Europa del neoclásico, era necesario un terreno con ciertas características, como por ejemplo una adecuada disposición de los vientos –para evitar olores y efluvios indeseados– y que sobre todo se hallara lo suficientemente distante de la capital. Finalmente se tomó la decisión de construirlo hacia el este, en lo que se conocía con el nombre de Pepinal de Ansieta, a unos dos kilómetros del centro de Lima.

De este modo, se diseñó el Cementerio General, nombre escogido para reforzar la idea de que todos somos iguales ante el Creador. Se inauguró en 1808, pero los primeros entierros fueron temporales pues los limeños tardaron mucho en acostumbrarse a usar un lugar tan alejado de los espacios sagrados que desde siempre habían estado asociados a sus muertos. Para demostrar que no era forzoso el sepulcro en una iglesia, el obispo don Manuel González de la Reguera dispuso que sus restos fueran inhumados en el flamante cementerio, aunque posteriormente fue trasladado a la cripta de la catedral, como correspondía a su alta investidura. Se iniciaron entonces las famosas romerías, muchas veces con los féretros en hombros desde las viviendas que se encontraban concentradas en la vieja ciudad amurallada, propiciándose al mismo tiempo una nueva ruta hacia la portada de Maravillas.



Actualmente, tiene un área de más de 150 mil metros cuadrados; existen en él 374 cuarteles de nichos, en los cuales están inhumados a perpetuidad más de 200 mil difuntos; asimismo, tiene 685 tumbas, 393 mausoleos-capillas y 72 monumentos históricos. El “Presbítero” es una ciudad mortuoria. Comprende avenidas, cuarteles y edificios que obedecen a un modelo europeo. Tanto en sus lápidas como en sus mausoleos aparecen símbolos que permiten conocer el estatus del individuo y los gustos mortuorios de sus familiares. Como todo cementerio, depende de la Beneficencia y tiene sus problemas. Quizá el principal de ellos es el poco mantenimiento debido al escaso presupuesto y el olvido de los familiares. A ello se debe que algunos mausoleos estén abiertos y que no pocas esculturas estén quiñadas, sucias, se hayan desprendido de su sitio o, simplemente, hayan desaparecido.

Con el advenimiento de la República, las constituciones y demás leyes peruanas establecían claramente que nuestro país era católico y que favorecía oficialmente el culto de la religión católica. Sin embargo, al promoverse, al mismo tiempo, la inmigración de extranjeros, especialmente de europeos, surgió el problema de la sepultura de los no católicos (europeos protestantes y judíos, por ejemplo). Por ello, en 1827, al construirse en Arequipa el nuevo Cementerio General, se destinó un local especial para al sepultura de los protestantes, separados del resto mediante un muro y una puerta. El problema es que en Lima todavía no existía un cementerio no católico. El primero de ellos fue el Cementerio Británico, del cual hablaremos mañana.

El más cercano antecedente del cable apareció en 1983 con la fundación del canal 27 UHF (Ultra High Frecuency), pues era una señal restringida a los aparatos de televisión que podían recibir esa señal y que contaban con una antena circular. El propietario del negocio era el empresario José Luis Banchero, quien instaló el trasmisor en el Morro Solar y emitió una señal de prueba. La idea era que, con el tiempo, el público, gracias a estas primeras señales gratuitas, se suscribiera al servicio y adquiriera su decodificador. La señal, que se trasmitía en horario nocturno, era de videos musicales y películas sin cortes comerciales; el "gancho", para la juventud ochentera, vino cuando después de la medianoche el canal empezó a emitir películas eróticas y picarescas; gran expectación causó, por ejemplo, ver en televisión Emmanuelle 2, con Sylvia Kristel. Todo un acontecimiento. Pero al final, el negocio nunca se concretó con el sistema de suscriptores, y el canal languideció hasta desaparecer.

En Lima aparece formalmente el cable en 1989 gracias a la compañía Telecable, fundada por los Delgado Parker (antes había funcionado un sistema de cable ilegal o “pirata” en la ciudad de Iquitos). De esta manera, se difundió el nuevo servicio a medida que se expandía el cableado urbano. En un principio, no todos los distritos estaban cableados. Solo San Isidro y algunas zonas de Miraflores pudieron disfrutar viendo canales del exterior. Además, la instalación no era barata: 150 dólares; y una mensualidad de 40 dólares. En 1993, apareció Cable Mágico, de la compañía Telefónica, y la competencia acelera la expansión del servicio que termina dándole la ventaja a Cable Mágico hacia 1995. La tarifa mensual también se redujo a 35 dólares (sin costo por instalación) por un paquete de casi 80 canales, existiendo otros “paquetes” con menos canales a precios más cómodos. No olvidemos, de otro lado, que , hacia el 2000, se calculó en más de 30% la instalación clandestina de cable en Lima. Por último, debemos decir que otras compañías de cable más modestas, algunas de ellas ilegales, han funcionado en forma intermitente en las ciudades del interior con relativo éxito.

El cable vino a cubrir una serie de expectativas. La primera, y más importante, fue la ventaja de ver en directo la realidad mundial, ser testigos de la “globalización” y ampliar nuestra visión del planeta. En ese sentido el cable complementó, de manera más cotidiana y barata, lo que a partir de los noventa significó la “Internet”. De hecho el cable le permitía al público estar en contacto con el mundo. A otro nivel el cable fue el refugio de miles de peruanos frente a la crisis de la televisión abierta. Como bien sabemos, la calidad de los programas se deterioró a niveles nunca vistos (programas vulgares, sin contenido formativo y que muchas veces trastocaban los valores más elementales); del mismo modo, la manipulación de la información por una televisión “comprada” por el fujimorismo obligó al público a refugiarse en la información que venía de las cadenas internacionales de noticias o de algún canal nacional de cable independiente (como Canal N, por ejemplo, aparecido en 1999). Lo cierto es que el servicio de televisión por cable se fue consolidando en el país, aunque la tarifa mensual sigue siendo alta (120 soles) en comparación a otro países sudamericanos en los que por un paquete, de 80 ó 90 canales, se paga menos de 20 dólares.

El gobierno militar del genral Juan Velasco fue explícito en declarar que había que destruir a la oligarquía. Una de las formas de hacerlo fue a través de la reforma agraria, la cual despojó de sus haciendas (y todo lo invertido en ellas) a los gamonales y terratenientes, integrantes del poder económico a través del dominio de la tierra. Lo mismo se hizo con los empresarios pesqueros cuando les confiscaron sus bolicheras, y a muchos industriales con el establecimiento de la "comunidad industrial". Similar efecto tuvo las medidas confiscatorias sobre las cuentas bancarias en dólares, en valores y la apertura de las cajas fuertes de los bancos. Los militares quisieron destruir el poder económico de este grupo en un afán de romper el antiguo orden social, al que consideraban un rezago colonial y feudal.

Pero la clase alta no desapareció en el Perú sino que fue cambiando su composición. Entre 1970 y 2000, muchos dejaron de estar pero otros se plegaron a ella. Entre los llamados “nuevos ricos” estuvieron quienes procedían del imperio del comercio de subsistencias (como los comerciantes mayoristas de La Parada); los miembros de las Fuerzas Armadas enriquecidos por haber ingresado al desempeño de cargos importantes en las múltiples empresas estatales que se crearon o en las que se nacionalizaron en los 70; los políticos que lucraron del ejercicio del poder y se beneficiaron de algunas prebendas durante los 80 y 90; y no podríamos omitir el caso de muchos que hicieron dinero al vincularse a prácticas ilícitas como el contrabando y el narcotráfico. También se sumaron a este grupo, ahora heterogéneo, empresarios que, gracias a su trabajo honesto, acumularon fortuna en algunos rubros como la minería, la industria textil, los medios de comunicación o el negocio de la construcción. Ellos fueron los que generaron el mayor número de puestos de trabajo. No debemos olvidar, además, que muchas familias vinculadas al sector informal se convirtieron en prósperos empresarios.

Lo cierto es que este grupo treminó reuniendo a gente con mucho dinero que se caracterizó por tener grandes residencias en lugares o barrios exclusivos como Monterrico, Las Casuarinas, La Planicie o La Molina; casas de veraneo en los balnearios del sur, especialmente en las playas privadas; autos de lujo; hijos en colegios caros; servicio particular de seguridad; viajes constantes al exterior, especialmente a Miami, el nuevo punto de referencia de la alta burguesía latinoamericana; y cuentas bancarias en el extranjero. En suma, abundancia en todo aquello que se considera “signos exteriores de riquezas”. Esta nueva clase social quiso reemplazar a la antigua oligarquía, sin embargo, podría decirse que surgió una real plutocracia, pues se esgrimía como elemento de presunción social el dinero. Todo lo anterior no significó la desaparición absoluta de los antiguos integrantes de la oligarquía; hubo quienes salieron o “huyeron” del país y se establecieron en el extranjero (Ecuador, Venezuela o Estados Unidos), pero volvieron al término de la dictadura militar y reasumieron tímidamente su papel directivo en la sociedad, aunque ya con la competencia de los nuevos grupos, con los cuales debieron alternar. A su reingreso buscaron reinsertarse en algunos partidos políticos como Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, el Movimiento Libertad o el fujimorismo.