Por una parte las autoridades de la PUCP manifiestan y nos envian por mail:
Poder Judicial no ha negado derecho de la PUCP a administrar autónomamente sus bienes
En relación al comunicado publicado hoy por el Arzobispado de Lima en diversos medios, la Universidad Católica informa que el Poder Judicial no ha negado el derecho de la Universidad a administrar autónomamente sus bienes. La Corte Suprema solo se ha pronunciado sobre un asunto incidental sin relevancia, ya que el tema de fondo está a cargo del Tribunal Constitucional. Esta instancia será la que decidirá si se concede la acción de amparo que la PUCP ha interpuesto para resguardar sus derechos constitucionales o para determinar si debe revisarse alguna de las etapas del proceso desarrollado hasta el momento.
La primera etapa de la controversia legal que sigue la Pontificia Universidad Católica del Perú está cerca de su conclusión pues, luego de que el pedido de acción de amparo ha pasado por las instancias correspondientes y de que se han realizado los trámites judiciales pertinentes, el expediente del caso se encuentra en el Tribunal Constitucional donde será analizado y revisado por sus magistrados en pleno.
Luego de esta importante etapa, continuarán los otros procesos judiciales para resolver el tema de fondo sobre la administración de los bienes heredados a la PUCP por don José de la Riva-Agüero. Estos procesos, iniciados hace unos meses por la persona designada por el Arzobispado y por el rector de la Universidad respectivamente, siguen su curso normal.
La PUCP, como institución profundamente católica y respetuosa del Estado de derecho, se mantiene firme en su decisión de defender la autonomía universitaria y renueva su confianza en la justicia peruana.
Por la otra parte:
La Oficina de Prensa del Arzobispado de Lima informó que la persona designada por el Arzobispo de Lima para integrar la Junta Administradora de los bienes legados por el intelectual José de la Riva Agüero a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ha interpuesto "una demanda judicial para que el órgano jurisdiccional declare la certeza de su derecho, que sin cuestionar la autonomía universitaria ni la propiedad de los bienes de la Universidad, representa una carga a estos últimos en lo que se refiere a su administración".
"Como es de conocimiento público, la Pontificia Universidad Católica del Perú se negó a que la persona designada por el Arzobispo de Lima ejerciera la función encomendada por José de la Riva Agüero en la Junta Administradora de sus bienes, dispuesta en sus testamentos. Adicionalmente, inició un proceso judicial para que sea amparada su pretensión, y solicitó una medida cautelar que la Corte Superior de Justicia dejó sin efecto. Asimismo, el Juez de Primera Instancia declaró improcedente la demanda", indica la nota.
La Oficina explicó que "con el objeto de reafirmar la posición del Arzobispado de Lima, se decidió solicitar la opinión de tres calificados juristas españoles, Juan Vallart de Goytisolo, Luis Díez-Picazo Ponce de León y Eduardo García de Enterría, quienes después de un concienzudo análisis emitieron un dictamen concluyendo que el Arzobispo mantiene vigentes sus facultades en dicha Junta dispuesta con carácter perpetuo e insustituible en los testamentos citados, y que éstos, como expresiones de última voluntad, deben ser respetados y no interpretados libremente".
"Como consecuencia de ello, el 12 de mayo último la persona designada por el Arzobispo en la Junta de Administración ha interpuesto una demanda judicial para que el órgano jurisdiccional declare la certeza de su derecho, que sin cuestionar la autonomía universitaria ni la propiedad de los bienes de la Universidad, representa una carga a estos últimos en lo que se refiere a su administración", indicó.
Hace poco más de un año, algunas versiones periodísticas informaron que el Arzobispado de Lima pretendía intervenir en la administración de los bienes de la PUCP. En un comunicado, el representante del Arzobispado, Walter Muñoz, explicó que la PUCP desconoce la existencia de la Junta de Administración de dicho patrimonio.
La Junta de Administración funcionó durante 50 años velando por la buena administración de la citada herencia, pero en 1994 sus integrantes Salomón Lerner, entonces rector de la PUCP, y Carlos Valderrama, nombrado por el entonces Arzobispo de Lima, "convinieron en que la intención de Riva Agüero los conducía a acordar que la Universidad debería ser quien administrara sus bienes, y que la junta sólo administraría las mandas testamentarias".
Según Muñoz, ambos habrían modificado la voluntad de Riva Agüero y Osma, interpretándola a su manera y desconociendo la participación de la junta en las sesiones anuales, lo que va en contra de lo que fue el deseo del intelectual.
El Cardenal Juan Luis Cipriani, Gran Canciller de la PUCP, se comprometió entonces a "cumplir con el legado de Riva Agüero, que establece una Junta de Administración a perpetuidad e insustituible".
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Y continua la lucha por manejarlo todo....
junio 09, 2009PRONUNCIAMIENTO DE LOS OBISPOS DE LA AMAZONÍA ANTE EL PARO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS
junio 09, 2009
PRONUNCIAMIENTO DE LOS OBISPOS DE LA AMAZONÍA
ANTE EL PARO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS
Como Pastores de las comunidades católicas en la Amazonía queremos dirigirnos a la opinión pública para expresar nuestra posición ante el paro de las comunidades nativas.
1. La región amazónica es rica en culturas milenarias y en biodiversidad.Ella es fuente de vida y esperanza para la humanidad. Por eso la consideramos uno de los mejores regalos de Dios porque el Perú es uno de los ocho países mega-diversos del planeta. La Amazonía tiene 31 de las 114 zonas de vida o ecosistemas mundiales, 95 % de los bosques del País y un importante potencial de recurso hídrico e hidroenergético. Este hecho nos exige a todos los peruanos y peruanas la responsabilidad de “cultivar la tierra y cuidarla” (Gen. 2) para bien nuestro y de las generaciones futuras.
2. Por eso como anunciadores “de la vida, queremos insistir que, en las intervenciones sobre los recursos naturales, no predominen los intereses de grupos que arrasan irracionalmente las fuentes de la vida, en perjuicio de naciones enteras y de la propia humanidad” (DA 471).
3. Desde esta perspectiva constatamos cómo, en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión en plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros.
4. Para nadie es desconocida la contaminación de los ríos con el plomo y otros metales pesados como efecto de una actividad minera (formal e informal) y la extracción de petróleo, de manera irresponsable. Somos testigos, además, de la tala indiscriminada de la madera sin ningún tipo de control.
5. Podemos afirmar que no se atiende el clamor de las poblaciones indígenas y ribereñas que desean un desarrollo integral, desconociendo el Estado el uso y ocupación de esas tierras por generaciones. En la práctica no se ha tomado en cuenta el derecho de los pueblos amazónicos a ser escuchados, como lo indica la Constitución Política del Estado y el Informe de la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios de la OIT, publicado en febrero del 2009. En dicho Informe se
insta al Gobierno Peruano a avanzar de inmediato en el diseño de mecanismos apropiados de participación de los pueblos indígenas y lo 2 exhorta a consultarles antes de la adopción de medidas que los afecten directa o indirectamente.
6. Debemos expresar que “la Iglesia... valora especialmente a los indígenas por su respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano” (DA 472).
7. Acontecimientos como el que estamos viviendo actualmente en la amazonía nos expresan la pretensión de disponer, de manera inhumana y cruel, de las posesiones de las poblaciones ribereñas y amazónicas por no tener, en su propio País, el amparo legal necesario para defender sus justos reclamos. De esta manera se les condena al desarraigo de sus tierras y a ser asalariados en la siembra de la caña de azúcar, la palma aceitera y en las explotaciones mineras y de hidrocarburos.
8. Las normas legales que el Estado ha promulgado en el 2008 (especialmente dos Leyes y siete Decretos Legislativos) no aportan al desarrollo integral de la población amazónica. Por el contrario surgen serias amenazas de mayor pobreza en la región.
9. No queremos violencia. Nos gustaría no apoyar el paro actual. Pero no da la impresión de que el gobierno y el Congreso no muestran la intención de dialogar y buscar soluciones. Y así comprendemos la desesperación de las poblaciones indígenas y la creencia cada vez más extendida de que se compra a algunos de sus líderes para provocar la desunión y hacer ineficaces sus justos reclamos.
Esta desesperación y desunión hace que en su necesidad de ser escuchados acepten el apoyo de algunas asociaciones y grupos politizados que aprovechan la oportunidad para presentar otras peticiones o reclamos que de ninguna manera nosotros apoyamos.
10.Ante este delicado panorama invocamos al Señor Presidente Constitucional de la República, la derogatoria de dichos dispositivos legales y contribuya a la reformulación de su contenido con la participación de las poblaciones indígenas. Así mismo invocamos a estas poblaciones amazónicas y a sus líderes a unirse para buscar juntos el Bien Común. Consideramos necesaria una Mesa de auténtico Diálogo conformada por todos los actores sociales para la solución pacífica y armoniosa del conflicto creado.
3 A manera de conclusión, reafirmamos con los Obispos de América Latina, la necesidad de “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario,
basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología humana y natural, que se fundamente en el Evangelio de la justicia, la
solidaridad y en el destino universal de los bienes...” (DA 474c).
5 de mayo del 2009
Mons. José Luis Astigarraga,C.P.O.F.M.
Obispo del Vicariato de Yurimaguas
Mons. Alberto Campos,
Obispo del Vicariato de San José de Amazonas
Mons. Santiago García de la Rasilla, S..J.
Obispo del Vicariato de Jaén
Mons. Gerardo Zerdin, O.F.M.
Obispo del Vicariato de San Ramón
Mons. Gaetano Galbusera, S.D.B.
Obispo del Vicariato de Pucallpa
Mons. Francisco González, O.P.
Obispo del Vicariato de Puerto Maldonado
Mons. Julián García, O.S.A.
Obispo del Vicariato de Iquitos
Mons. Juan Tomás Oliver, O.F.M.
Obispo del Vicariato de Requena
(Válido sin firmas)
ANTE EL PARO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS
Como Pastores de las comunidades católicas en la Amazonía queremos dirigirnos a la opinión pública para expresar nuestra posición ante el paro de las comunidades nativas.
1. La región amazónica es rica en culturas milenarias y en biodiversidad.Ella es fuente de vida y esperanza para la humanidad. Por eso la consideramos uno de los mejores regalos de Dios porque el Perú es uno de los ocho países mega-diversos del planeta. La Amazonía tiene 31 de las 114 zonas de vida o ecosistemas mundiales, 95 % de los bosques del País y un importante potencial de recurso hídrico e hidroenergético. Este hecho nos exige a todos los peruanos y peruanas la responsabilidad de “cultivar la tierra y cuidarla” (Gen. 2) para bien nuestro y de las generaciones futuras.
2. Por eso como anunciadores “de la vida, queremos insistir que, en las intervenciones sobre los recursos naturales, no predominen los intereses de grupos que arrasan irracionalmente las fuentes de la vida, en perjuicio de naciones enteras y de la propia humanidad” (DA 471).
3. Desde esta perspectiva constatamos cómo, en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión en plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros.
4. Para nadie es desconocida la contaminación de los ríos con el plomo y otros metales pesados como efecto de una actividad minera (formal e informal) y la extracción de petróleo, de manera irresponsable. Somos testigos, además, de la tala indiscriminada de la madera sin ningún tipo de control.
5. Podemos afirmar que no se atiende el clamor de las poblaciones indígenas y ribereñas que desean un desarrollo integral, desconociendo el Estado el uso y ocupación de esas tierras por generaciones. En la práctica no se ha tomado en cuenta el derecho de los pueblos amazónicos a ser escuchados, como lo indica la Constitución Política del Estado y el Informe de la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios de la OIT, publicado en febrero del 2009. En dicho Informe se
insta al Gobierno Peruano a avanzar de inmediato en el diseño de mecanismos apropiados de participación de los pueblos indígenas y lo 2 exhorta a consultarles antes de la adopción de medidas que los afecten directa o indirectamente.
6. Debemos expresar que “la Iglesia... valora especialmente a los indígenas por su respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano” (DA 472).
7. Acontecimientos como el que estamos viviendo actualmente en la amazonía nos expresan la pretensión de disponer, de manera inhumana y cruel, de las posesiones de las poblaciones ribereñas y amazónicas por no tener, en su propio País, el amparo legal necesario para defender sus justos reclamos. De esta manera se les condena al desarraigo de sus tierras y a ser asalariados en la siembra de la caña de azúcar, la palma aceitera y en las explotaciones mineras y de hidrocarburos.
8. Las normas legales que el Estado ha promulgado en el 2008 (especialmente dos Leyes y siete Decretos Legislativos) no aportan al desarrollo integral de la población amazónica. Por el contrario surgen serias amenazas de mayor pobreza en la región.
9. No queremos violencia. Nos gustaría no apoyar el paro actual. Pero no da la impresión de que el gobierno y el Congreso no muestran la intención de dialogar y buscar soluciones. Y así comprendemos la desesperación de las poblaciones indígenas y la creencia cada vez más extendida de que se compra a algunos de sus líderes para provocar la desunión y hacer ineficaces sus justos reclamos.
Esta desesperación y desunión hace que en su necesidad de ser escuchados acepten el apoyo de algunas asociaciones y grupos politizados que aprovechan la oportunidad para presentar otras peticiones o reclamos que de ninguna manera nosotros apoyamos.
10.Ante este delicado panorama invocamos al Señor Presidente Constitucional de la República, la derogatoria de dichos dispositivos legales y contribuya a la reformulación de su contenido con la participación de las poblaciones indígenas. Así mismo invocamos a estas poblaciones amazónicas y a sus líderes a unirse para buscar juntos el Bien Común. Consideramos necesaria una Mesa de auténtico Diálogo conformada por todos los actores sociales para la solución pacífica y armoniosa del conflicto creado.
3 A manera de conclusión, reafirmamos con los Obispos de América Latina, la necesidad de “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario,
basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología humana y natural, que se fundamente en el Evangelio de la justicia, la
solidaridad y en el destino universal de los bienes...” (DA 474c).
5 de mayo del 2009
Mons. José Luis Astigarraga,C.P.O.F.M.
Obispo del Vicariato de Yurimaguas
Mons. Alberto Campos,
Obispo del Vicariato de San José de Amazonas
Mons. Santiago García de la Rasilla, S..J.
Obispo del Vicariato de Jaén
Mons. Gerardo Zerdin, O.F.M.
Obispo del Vicariato de San Ramón
Mons. Gaetano Galbusera, S.D.B.
Obispo del Vicariato de Pucallpa
Mons. Francisco González, O.P.
Obispo del Vicariato de Puerto Maldonado
Mons. Julián García, O.S.A.
Obispo del Vicariato de Iquitos
Mons. Juan Tomás Oliver, O.F.M.
Obispo del Vicariato de Requena
(Válido sin firmas)
