Según informaron muchos medios de comunicación, la detención del abogado Carlos Rivera, del IDL (Instituto de Defensa Legal), ocurrió por una orden judicial emitida en un proceso judicial que se habría originado por una denuncia presentada por la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) contra Rivera, por presunta falsificación de documentos (delito de contra la fe pública).

En ese sentido, según lo informado por RPP Noticias el día de hoy, el propio Carlos Rivera indicó que hubo “una absoluta ‘ligereza’ de la ONPE en formular la denuncia penal que se basa en la acusación de una sola persona y sin pruebas.”
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Lo ocurrido el pasado 5 de junio en Bagua ha sido una atroz matanza entre ciudadanos peruanos, situación respecto a la cual nuestra clase política y dirigencial, prácticamente en su conjunto, tiene una inmensa responsabilidad.

Son responsables quienes se empecinaron hasta el final en no atender las legítimas demandas de los ciudadanos miembros de las comunidades amazónicas; tratándolos como ciudadanos de segunda o tercera clase, como ignorantes o estúpidos manipulables, como salvajes o terroristas, como gente que no merece ser escuchada. Son también responsables aquellos que, siendo nuestros representantes y teniendo el poder para ello, pudieron haber encontrado una solución oportuna al problema en el ámbito parlamentario, pero que ―ya sea por seguir consignas palaciegas, por estar incapacitados para el diálogo civilizado o por no estar en su lugar cuando se los necesitaba― prácticamente generaron las condiciones para que la violencia termine por estallar. Y, por supuesto, también tienen su cuota de responsabilidad aquellos dirigentes indígenas intransigentes o maximalistas que, alentando a la insurgencia, empujaron a sus hermanos a la muerte.
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